Crisis y reajuste
del control corporativo
en el sindicalismo petrolero mexicano
1989-2000
Jorge González Rodarte
Primera edición impresa.
Consejo Editorial de la LXV Legislatura Cámara de Diputados.
México, verano de 2022.
ISBN 978-607-8877-24-9
Esta investigación contó con el apoyo generoso de varios colegas y amigos que leyeron y comentaron versiones y avances del trabajo. En particular debo agradecer a Armando Rendón, Fabio Barbosa, José Rivera Castro y Luis Javier Garrido con quienes pude discutir el enfoque e interpretación y me beneficié de sus correcciones y referencias documentales. A todos ellos mi reconocimiento profesional por sus textos, orientaciones y actitud académica, que forman parte de este estudio. También agradezco a Ángel Bravo Flores por su valiosa ayuda para la elaboración de la estadística del conflicto.
PRESENTACIÓN
Se trata de un estudio del sistema de control político en uno de los organismos prototipo del corporativismo sindical en México, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). El trabajo se propone rastrear el desarrollo de los que a mi juicio son los principales componentes y las orientaciones predominantes en el sindicalismo petrolero, y que hasta la fecha forman parte de su quehacer gremial y político. Se estudian en su origen y desarrollo desde la formación de los primeros sindicatos en la industria, la lucha por la contratación colectiva, la creación del sindicato nacional y del proyecto de contrato, la formación de la CTM y la expropiación del petróleo.
Los componentes estructurales a destacar son: 1) la tradición solidarista y comunitaria; 2) la estructura federativa, tradiciones ambas heredadas del anarco-sindicalismo de la "acción directa" (Federación de Sindicatos de Tampico y Confederación General de Trabajadores); 3) la tradición de la participación sindical (subordinada) en la política partidaria y en el esquema de alianzas de la clase política en escala local, estatal y nacional, herencia de la línea estratégica de la "acción múltiple" representada por la Confederación Regional Obrera Mexicana; 4) la tradición del "nacionalismo revolucionario" desarrollado bajo el impulso de la unidad nacional impulsada por el gobierno cardenista, que dio origen a la formación de la Confederación de Trabajadores de México, y que situó al conflicto petrolero en el centro del proyecto de desarrollo nacional y de viabilidad del Estado que surge de la revolución mexicana. A partir de 1938 y hasta 1982, se consolida el modelo de control corporativo, proceso del cual destaco lo siguiente: 5) la subordinación del sindicato al PRI-Gobierno; 6) la corrupción derivada del contubernio con los funcionarios de la empresa y del Estado a través del control sobre el empleo y el contratismo; 7) la formación de una de las estructuras de control corporativo más poderosas -económica y políticamente- en la historia del sindicalismo mexicano; 8) la modificación de la relación de fuerzas operada en escala nacional a partir del predominio de la fracción neoliberal de la burocracia política que asigna un nuevo papel a la industria petrolera dentro de la estrategia de cambio estructural. Todos estos componentes forman el armazón institucional que se examina en este trabajo dentro de la coyuntura (crisis) que se abre con los acontecimientos de enero de 1989.
En este trabajo estudio en detalle el período 1989-2000, en donde destacan grandes acontecimientos: la violenta detención de la dirección nacional del STPRM encabezada por Joaquín Hernández Galicia alias "La Quina"; el reajuste laboral, contractual y sindical en el contexto de la política petrolera y laboral del nuevo grupo predominante en la burocracia política nacional encabezado por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo; las grandes movilizaciones de 1992 a 1994, el conflicto de la petroquímica; y los dramáticos cambios en el sistema político nacional (y en escala regional en las zonas petroleras) a partir de la insurgencia electoral de 1988 a 2000. Los aspectos que distingo en la coyuntura son: 1) la alteración de las reglas normales de negociación política, 2) los desplazamientos en la estructura del poder por el reacomodo de fuerzas y reorganización del sistema de alianzas corporativas en la industria y el país; 3) la modificación de la estructura laboral y productiva resultado de la aplicación de las políticas económicas gubernamentales; 4) el doble proceso desarrollado en la relación de fuerzas entre la burocracia sindical oficialista y la oposición político-sindical, que por una parte implicó el constante crecimiento de la insurgencia cívica-electoral en las localidades y distritos petroleros, y por la otra exhibió la crónica incapacidad de las corrientes sindicales opositoras para integrar una plataforma política común y candidaturas unitarias capaces de competir con éxito en los comicios sindicales.
En la primera parte estudio el conflicto en el plano nacional y sigo a los principales actores en el sindicato durante el período en el contexto de las condiciones económicas, políticas y sociales en la industria petrolera nacional. Se trata de reconstruir las múltiples trayectorias de la acción sindical y política en su fase conflictiva en cada nivel de organización: la dirección sindical nacional, las corrientes nacionales y regionales, funcionarios públicos y privados, partidos políticos, presentadas en forma de crónica.
La segunda parte consta de 32 monografías correspondientes a otras tantas secciones del sindicato petrolero y cuya exposición se organiza en cada una de las tres zonas geográficas tradicionales del sindicalismo petrolero: norte, centro y sur. Cada monografía consiste en una crónica construida con relatos de cada uno de los casos de conflicto registrados y en un procesamiento estadístico de la información presentado en tres cuadros resumen por sección acompañados de una descripción puntual de los contenidos desagregados. Estos cuadros son los que permiten elaborar los cuadros resumen de las demandas y formas de lucha por zonas geográficas, tipo de conflicto y contendientes que se exponen en las conclusiones generales de este trabajo. El objetivo es presentar un panorama detallado de la situación política y laboral imperante en el sindicato durante el proceso del primer “reajuste estructural” de la industria petrolera.
En las conclusiones generales se incluye un Post Scriptum donde señalo aspectos que me parecen centrales en la política petrolera y en el papel del sindicato hasta 2022, para afirmar que la sucesión de gobiernos panistas, priistas y ahora Morena no ha alterado el papel que el sindicato petrolero ha jugado y sigue teniendo en los entramados local, regional y nacional del pacto corporativo estado – sociedad.
PRIMERA PARTE
EL SINDICATO NACIONAL
DE LA QUINA A ROMERO DESCHAMPS
El pacto corporativo
I. El sindicalismo petrolero en perspectiva 1
La extracción y refinación en gran escala de hidrocarburos inicia alrededor de 1860 en Europa y –sobre todo- Estados Unidos, dando lugar a diferentes cadenas de uso industrial dentro de una innovación tecnológica que en los siguientes años aceleraron la urbanización (iluminantes y asfaltos) y la industrialización (gasolinas y lubricantes para maquinaria y equipo de combustión interna) en un proceso que desembocará trágicamente en el gigantesco esfuerzo mecánico de la guerra mundial de 1914-1918 con toda su parafernalia de aparatos de destrucción terrestres, navales y aéreos. A finales de la segunda década del siglo XX el mundo había cambiado económica, política y culturalmente. El petróleo ocupaba un lugar central en el comercio internacional y sus empresas eran el modelo más acabado de los grandes monopolios internacionales que, por lo tanto, tenían ya una posición estratégica en las relaciones políticas del sistema de naciones.
En 1917 las actividades petroleras en México se encontraban en plena expansión y alimentaban en buena parte el esfuerzo mecánico de la guerra europea, permitiendo que Estados Unidos no frenara su abasto interno. En ese año la producción de crudos en el país representaba el 16.8 por ciento del total mundial, ocupando el segundo lugar después de la producción estadounidense, que representaba el 65.3 por ciento. Hasta ese momento las empresas petroleras extranjeras se habían beneficiado de la legislación liberal porfirista, que había fomentado su desarrollo sin ningún tipo de controles, con plena exención fiscal y arancelaria, y con un control territorial mediante ejércitos privados que permitió que las actividades petroleras no fueran afectadas por los acontecimientos militares de la revolución mexicana. Eran enclaves coloniales para la exportación masiva de petróleo crudo y productos refinados.
1. Formación y evolución del monopolio estatal
En México, como en otros países latinoamericanos colonizados por España, la propiedad del suelo y el subsuelo correspondía a la corona española y, posteriormente, con la independencia, a la nación mexicana. Con la apertura porfirista a la inversión extranjera, particularmente en la minería y el petróleo, en 1884, 1892 y 1901 se expiden nuevas reglamentaciones legales que adoptan la concepción anglosajona de propiedad privada y libre explotación de los recursos del suelo y subsuelo. La constitución de 1917 regresa a la nación mexicana los derechos de propiedad sobre los recursos del subsuelo, con lo cual el sector petrolero y el nacionalismo mexicano quedan ligados inextricablemente. La oposición de las compañías petroleras a lo establecido en la Constitución de 1917 hace que los gobiernos surgidos de la Revolución adopten una doble estrategia gradual: afirmar los principios por medio de un régimen de concesiones y de reglamentación de las actividades de la industria, al mismo tiempo que progresivamente se incrementa el monto pagado por las empresas bajo el concepto de impuestos.
Las modificaciones en el mercado internacional del petróleo producto del surgimiento de nuevas zonas productoras, junto con el impulso al desarrollo de una nueva industria manufacturera orientada hacia la sustitución de importaciones, comenzaron a modificar el papel que se le asignaba al petróleo dentro de un nuevo modelo de desarrollo. En 1921 el 90 por ciento de la producción de hidrocarburos se destinaba a la exportación, mientras que en 1937 la exportación de crudo y productos derivados constituía el 53 por ciento de la producción total; el resto se destinaba al consumo interno. Desde el punto de vista económico la expropiación consolidó una tendencia que ya se prefiguraba desde años atrás: el petróleo no podía ser considerado sólo como una fuente de divisas o impuestos, sino como la principal fuente de energía de una economía que buscaba nuevas vías para su modernización. 2
Con la expropiación se establece un doble dispositivo institucional que por un lado es inherente a la soberanía y a la viabilidad de la nación mexicana (la propiedad de los recursos naturales por la nación) y por el otro se encuentra atado a un modo de desarrollo específico en un periodo histórico determinado (el monopolio de Estado sobre el conjunto de la industria petrolera). Ambos aspectos del arreglo institucional no se implican uno al otro de manera obligatoria, sino que respondieron a la emergencia de comportamientos, compromisos y actores que se desarrollaban en un nuevo entramado histórico, político y social (la consolidación del Estado corporativo y autoritario). A partir de 1940 México es excluido del mercado internacional de petróleo por las maniobras de las compañías expropiadas y la cuestión del pago de indemnizaciones, destinándose casi la totalidad de la producción al desarrollo de la industrialización y el mercado interno, con lo que se logra un desempeño notable del capitalismo a la mexicana en términos de los indicadores usuales del crecimiento: entre 1950 y 1970 el PIB tuvo una tasa media de crecimiento de 6.6 por ciento, con una inflación anual inferior al 4.5 por ciento.
Para inicios de los años setenta la política de sustitución de importaciones se encontraba ya en una fase de agotamiento cuyos signos más visibles eran la crisis agrícola y la perdida de la autosuficiencia alimentaria; la “terciarización” prematura de la economía con la proliferación de servicios no funcionales al crecimiento económico; el desarrollo acelerado del sector informal de la economía; el retraso tecnológico y prácticas organizativas obsoletas que colocaban a las empresas nacionales sin posibilidad de competir en el nuevo entorno internacional; y la perdida progresiva del papel motor que el gasto público había asumido durante varios años.
El desgaste de Pemex también se había hecho evidente, al disminuir el papel que se le había asignado dentro del modelo económico de ser una fuente de transferencias hacia otros sectores (por la vía de subvenciones y precios bajos) y al Estado bajo la forma de contribuciones fiscales. La falta de inversión sobre todo en los eslabones iniciales de la cadena productiva: exploración y producción (actividades upstream ), que se debió en buena medida al rechazo de los EUA de otorgar préstamos a Pemex con el argumento de que las compañías petroleras estaban dispuestas a regresar e invertir en Pemex, lo que provocó un nulo desarrollo tecnológico e incapacidad de abasto petrolero al mercado interno. Durante la presidencia de Miguel Alemán, en una situación similar a la que se vivía en los inicios de los años setentas en cuanto a las reservas y la producción, se encontró la salida de los “contratos de riesgo”, que en 1967 serían cancelados por anticonstitucionales.
Entre 1973 y 1975 el descubrimiento de importantes yacimientos en Chiapas y Tabasco en el contexto del alza espectacular de los precios internacionales del petróleo (el "primer choque"), condujo a un cambio radical porque el petróleo mexicano se convirtió en estratégico para los EUA frente a la OPEP. La inversión en exploración y producción llegó en grandes cantidades (la proporción del endeudamiento externo de Pemex, dentro del total de la deuda pública externa, pasó de .08 por ciento en 1970, a 22.4 por ciento en 1978) y permitió la inserción de México en el mercado petrolero internacional. El incremento en la presencia del petróleo en la economía nacional fue notable: en 1975 las exportaciones petroleras representaban el 4.8 por ciento del total nacional; en 1978 pasó al 31.4 por ciento y en 1982 al 77.6 por ciento. Entre 1975 y 1983 el porcentaje de Pemex en los ingresos fiscales del gobierno federal pasó del 6.8 al 36.6 por ciento. Entre 1976 y 1982, Pemex fue gravado entre 97 por ciento y 99 por ciento de su "ganancia bruta".
Esto significó un respiro transitorio (una "huida hacia adelante") que dejó sin resolver los problemas de fondo, ya que las exportaciones petroleras masivas se convirtieron entonces en el soporte de las políticas consistentes en la expansión del gasto público y en el endeudamiento externo, parte significativa del cual correspondió al mismo Pemex, que acumuló una deuda externa que para 1983 ascendía a 19 mil 800 millones de dólares, la mitad de lo cual se había contratado en 1981. De 1977 a 1981 se pagaron alrededor de 1 mil millones de dólares anuales por concepto de regalías y otros pagos por tecnología. Pemex se endeudó por dos prioridades centrales: para poder afrontar la importación masiva de tecnología necesaria para la exploración y producción de crudos, y para que los ingresos que era capaz de obtener se canalizaran al resto de la economía y, en algunos casos, remitidos de nuevo al exterior. En 1986 el 46 por ciento de los ingresos públicos correspondía a la carga fiscal de Pemex,
La crisis económica de 1982 tuvo sus detonantes en dos elementos externos que golpearon con singular violencia: la caída de los precios internacionales del petróleo y el aumento de las tasas internacionales de interés. La "petrolización" y el endeudamiento excesivo del país durante la segunda mitad de la década de los setenta provocaron que la tasa de crecimiento de la economía mexicana se redujera a cero, que la inflación llegara al 100 por ciento y que se tuviera que enfrentar dos devaluaciones monetarias y la salida masiva de capitales.
La respuesta en el corto plazo de la nueva administración de Miguel de la Madrid consistió en priorizar la negociación de la deuda externa, reducir la inflación por medio de la contracción del consumo y avanzar en el ajuste macroeconómico o "cambio estructural". Este último, que delineaba las políticas de mediano plazo, había sido establecido en sus objetivos específicos desde el Plan Global de Desarrollo en 1979: modificación del sistema de precios relativos, fin del intervencionismo estatal, prioridad del mercado para la asignación de recursos y para orientar la toma de decisiones, así como la apertura económica hacia el exterior. 3
En la industria petrolera durante el boom los elevados niveles de inversión y los gastos de operación implicaron un aumento de los créditos provenientes del exterior. La deuda externa de Pemex se elevó más del 600 por ciento entre 1977 y 1982. Los gastos derivados de la deuda, amortización y su servicio, llegaron a significar una cantidad equivalente a la mitad de los ingresos totales de la institución (70 por ciento del total de los ingresos por ventas). En 1981 la industria petrolera concentraba el 35 por ciento de la inversión pública total, y representaba el 31 por ciento de los ingresos del sector público, el 50 por ciento del ingreso total de divisas y el 40 por ciento del total de la deuda externa acumulada del sector público.
Para las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas la prioridad en política petrolera fue la reducción de la deuda externa: en 1984 descendió a 16 mil 500 millones, en 1988 a 12 mil 402, y en 1991 a 6 mil 500 millones de dólares. Resultado de estas medidas, se fortaleció la estructura financiera (relación entre patrimonio y activos totales) que pasó de 25 por ciento en 1982 a 60 por ciento en 1989; también aumentó la liquidez, pasando de números rojos a más de 50 por ciento. Para 1984 se tenía una operación superavitaria, antes del pago de impuestos. 4
Para financiar el pago de la deuda se mantuvo la política iniciada por López Portillo de compensar la caída del precio internacional del petróleo con el aumento del volumen exportado. En 1980 el precio del barril exportado (en dólares de 1994) era de 54 dólares, en 1982 había caído a 43, en 1986 a 27 y en 1994 a 16 dólares. Entre 1977 y 1994, el volumen de crudos producido por Pemex aumentó en 174 por ciento, el consumo interno en 77 por ciento y las exportaciones en 544 por ciento; en el mismo periodo la participación del crudo en el valor total de las exportaciones de Pemex se mantuvo por arriba del 90 por ciento.
La planta industrial fue duramente castigada al confinarla a la refinación de crudos pesados, implicando menor rendimiento y mayor daño al equipo por las altas concentraciones de carbón y azufre contenidas en las mezclas, mientras que los crudos ligeros, que implican mayor rendimiento y menor desgaste de la planta refinadora, se destinaban a la exportación. Entre 1980 y 1988 solo dos refinerías, las de Azcapotzalco y Salamanca mantuvieron sus volúmenes de productos refinados, mientras que las de Cadereyta, Madero, Minatitlán, Poza Rica, Reynosa, Salina Cruz y Tula la producción disminuyó. No obstante el lento crecimiento de la demanda interna, la capacidad de refinación pronto fue insuficiente y en 1991, año del cierre total de la refinería de Azcapotzalco y parcial de Poza Rica, 15 por ciento de las gasolinas eran importadas.
Los gastos de operación se redujeron drásticamente: en 1981 representaban el 28 por ciento de los ingresos, mientras que en 1984 habían bajado al 11 por ciento. La inversión en expansión cayó de 9 mil 300 millones de dólares en 1981, a 1 mil 500 millones de dólares en 1986 (año de la caída precios). La exploración y producción primaria también fueron afectadas por la caída de la inversión: mientras que en el periodo 1977-1981 se perforaron 418 pozos de exploración, durante 1982-1990 solo se perforaron 20. Para mantener la plataforma de exportación de crudos se realizó una sobreexplotación de instalaciones que fueron diseñadas para manejar volúmenes inferiores a los realmente explotados. Ante la falta de inversiones para readecuar instalaciones y procesos a los nuevos niveles de producción y mezclas de los yacimientos, y ante la necesidad de cumplir a toda costa con las metas de exportación en un momento de crisis financiera del Estado, las operaciones se realizan con gran despilfarro de crudo y gas y severos daños al ambiente en las zonas de extracción petrolera. 5 La falta de inversión en actividades de mantenimiento dio lugar a situaciones de grave riesgo tanto para los trabajadores petroleros como para la población en general, y que tuvieron como expresiones más dramáticas las explosiones de San Juanico en noviembre de 1990, del complejo Pajaritos en marzo de 1991 y de la ciudad de Guadalajara en abril de 1992, con saldo de varias centenas de heridos y muertos.
Desde mediados de la década de los ochenta quedaba clara la intención del grupo gobernante de retirar la participación estatal en la industria petrolera y concentrar las actividades de Pemex en la producción primaria para exportación. En función de esto se comenzó a impulsar un complicado esquema privatizador con distintas modalidades de asociación con empresas contratistas, filiales, subsidiarias, coinversiones y reclasificación petroquímica. En 1987 se funda la empresa Petróleos Mexicanos Internacional (PMI), 100 por ciento propiedad de Pemex, pero de nacionalidad holandesa con matriz en las Antillas Holandesas y por tanto no sujeta a la legislación nacional ni a la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Constaba de 6 empresas, tres de carácter instrumental (tenedoras de acciones españolas, inglesas y estadounidenses) y tres de servicios de comercialización en España, Europa y EUA. La dirección instrumental de PMI se encuentra en manos del Pierson Trust. En realidad viene a sustituir a las anteriores representaciones de Pemex en Londres, Madrid, Nueva York y Houston. En 1988 se funda Mexpetrol SA de CV. para exploración, perforación, transformación, compra de bienes y tecnologías y construcción de ductos, plantas o complejos petroquímicos en el mercado internacional. Siendo sociedad anónima de capital variable, participan Pemex (25 por ciento), Banco Nacional de Comercio Exterior (5 por ciento), IMP (5 por ciento) por el sector paraestatal, y 5 empresas privadas con el 13 por ciento cada una (65 por ciento en total): Bufete Industrial, Equipos Petroleros Nacionales, ICA, Lazagorta y Protexa. 6
En marzo de 1989 el gobierno federal anuncia la creación de un mecanismo llamado "arrendamiento financiero" mediante el cual los inversionistas particulares construirían, a petición expresa de Pemex, plantas procesadoras de petroquímicos básicos -de cuyas instalaciones serán propietarios-, para después arrendárselas a la misma Pemex, que pagaría una renta por su uso. En junio de 1991 se anuncia el proyecto de reestructuración que divide a Pemex en áreas: exploración y producción primaria, refinación, gas y petroquímica básica, petroquímica secundaria. Un mes después se anuncia la conversión de éstas áreas en empresas subsidiarias de Pemex. En los hechos la Dirección General de Pemex mantiene las decisiones estratégicas (asignación de recursos financieros e inversiones, planificación y evaluación), pero las decisiones operativas se realizan en cada una de las nuevas empresas, lo cual implicará negociaciones específicas sobre las condiciones de trabajo, muchas de las cuales se realizarán al margen del contrato colectivo.
La inversión en exploración y perforación primaria se reactiva durante 1990-1991 en una doble coyuntura: la guerra del Pérsico (que entre otras cosas revela la falta de capacidad de México para aumentar la producción de crudos) y los inicios de la negociación del Tratado de Libre Comercio. En 1991 el presidente Bush anuncia créditos para Pemex por 2 mil 800 millones de dólares para la reactivación de tres zonas: Reynosa Profundo, Paleocanal de Chicontepec y Sonda de Campeche (Cantarell, Abkatún). Las nuevas actividades se realizarán por medio de la contratación de empresas privadas, tanto para la exploración y perforación, como para la ampliación de las instalaciones, como fue el caso de la refinería de Tula en 1992, ante el cierre de la refinería de Azcapotzalco. En esta reactivación de la inversión ya no participa el sindicato como contratista para las obras realizadas, aunque si participan algunos líderes sindicales, pero como empresarios privados, señaladamente el nuevo dirigente del sindicato petrolero, Sebastián Guzmán Cabrera. 7
2. El corporativismo de Estado
El acuerdo político con el sindicalismo representado por la Casa del Obrero Mundial (COM) resultaría una alianza estratégica fundamental del naciente Estado revolucionario, ya que permitió a los constitucionalistas ampliar su base política con un principio de legitimidad capaz de dar sentido a la acción de gobierno y, con objetivos de largo plazo, estructurar las expectativas sociales en ebullición: el Estado revolucionario debe de buscar el bienestar común y la justicia social. Las ideas socialistas en el discurso político de la revolución, permitieron a los constitucionalistas incorporar las demandas campesinas y convertirlas en política agrarista y las demandas obreras y convertirlas en política laboral. El sindicalismo aportó una manera específica de acuerdo entre los actores sociales fundamentales del país y el Estado: el corporativismo. Los constitucionalistas aportaron el predominio militar y la formulación jurídico-política del pacto nacional.
Los artículos 27 y 123 constitucionales le asignan al Estado los papeles de empresario, árbitro y filántropo (benefactor), tutor de los derechos del trabajo (y de los derechos de las comunidades campesinas y de la propiedad), y defensor del nuevo orden frente a las asechanzas del antiguo representado por los terratenientes y las empresas extranjeras. El Estado es así el principal interlocutor de las clases sociales; también es el promotor de un determinado tipo de articulación y representación de los intereses y demandas en torno a un principio común encarnado en el texto constituyente: los derechos sociales. 8
En contraparte a la concepción liberal de que las relaciones laborales son consideradas como parte del derecho civil -esto es, se les toma como cualesquiera relaciones de intercambio voluntario entre particulares y su marco jurídico es el contrato-, en el artículo 123 se legisló sobre los mínimos de bienestar en la relación laboral, así como el derecho a la organización sindical y a la huelga. También se establecieron las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) como órganos competentes para la resolución de los conflictos obrero-patronales y para la fijación de los salarios mínimos estatales, siendo su composición de carácter tripartito, con representantes de los trabajadores, de los patrones y del ejecutivo estatal, siendo este último el que funge como presidente del organismo.
En la Ley Federal del Trabajo de 1931 se establece el principio de otorgar al Estado plenos poderes arbitrales en materia de trabajo, estableciéndose restricciones serias en el ejercicio de los derechos establecidos por el artículo 123 y retomando lo planteado por muchas reglamentaciones estatales del trabajo, las cuales reflejaban el cambio en la relación de fuerzas operado durante el proceso de pacificación y reorganización del modelo de modernización económico, que exigía un mayor control y certidumbre (de los empresarios) en las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo. En la ley reglamentaria el derecho de asociación también fue afectado, ya que se estableció el registro obligatorio de los sindicatos ante las autoridades del trabajo, con lo que se fortalece el control estatal sobre los sindicatos; se excluye a los sindicatos no oficiales y se impone la idea de sindicato único con varias modalidades: gremiales, de empresa, de oficios varios, de industria, nacionales de industria, federaciones y confederaciones, todas sujetas al registro. La representación exclusiva de la categoría profesional en cada unidad económica se aseguró también mediante la adopción de la cláusula de exclusión en sus dos modalidades: de admisión o ingreso, y expulsión o separación. Aunque formalmente se reconoció la pluralidad sindical dentro de la empresa, la obligación de celebrar contrato colectivo con los trabajadores del sindicato mayoritario (titularidad), permite una amplia discrecionalidad para la empresa en la definición de la contraparte (contratos de protección). El artículo 237 (derogado en 1970) establecía la posibilidad (que se cumplió con los trabajadores bancarios) de negar el registro a quienes la ley prohíba asociarse o sujete a reglamentos especiales.
En general la reglamentación del artículo 123 constituyó un instrumento complicado con que el trabajador difícilmente podía hacer valer sus derechos por si mismo, dado que la legislación contenía un gran número de formalidades y tecnicismos que propiciaron el surgimiento de un lenguaje extraño a los trabajadores para la discusión de sus asuntos, con lo que se dio pauta para la preeminencia de los intermediarios: los funcionarios sindicales y los abogados asociados a ellos, y por lo tanto, para la aparición de un tráfico con las necesidades de la población trabajadora que veía restringida fuertemente la posibilidad de obtención de la justicia que supuestamente la nueva legislación debería procurar. Por otra parte los mínimos establecidos en la ley en cuanto a las condiciones generales de contratación y de trabajo, se convirtieron en los topes a alcanzar por los trabajadores sindicalizados, y los límites de estabilidad con los que operaron las empresas durante todo el período "industrializador" hasta la década de los años setenta. 9
La extensión de las luchas por la contratación colectiva y por el reparto agrario a partir de 1917, hicieron más complejas las relaciones entre comunidades, trabajadores, empresarios y funcionarios gubernamentales, relaciones que eran mediadas por los jefes y gobernadores militares que formaban parte del bando vencedor, y que en algunos casos evolucionaron hasta convertirse en caudillos políticos representantes de posiciones ideológicas radicalizadas que fluctuaban entre un anticlericalismo militante, un socialismo reformista y un sentido práctico para los negocios (en casi todos los casos evolucionaron hasta convertirse o mejorar en su papel de prósperos empresarios, lo cual no necesariamente estaba reñido con la ideología).
El proyecto político se construyó en la acción coyuntural de obtención, ejercicio y defensa del poder, y en la amalgama política de las definiciones ideológicas radicales plasmadas de la legislación liberal y social (que llegó a un punto límite con la cristiada), con el sentido práctico de la dupla Obregón-Calles para encabezar y aprovechar en su favor las alianzas corporativas nacionales y negociar la reglamentación y aplicación de los preceptos constitucionales, neutralizándolos y adecuándolos a los intereses de los "modernos" grupos gobernantes y empresariales, representantes del "interés nacional". Junto con esto, la transformación de la burocracia militar en burocracia política operada durante todo el período 1920-1946 se apoyó también en el control de los caudillos políticos sobre un ejercito profesional garante de la estabilidad política en el país, y en el acuerdo sobre el principio de no-reelección que hizo de la intermediación política un mecanismo eficaz para la promoción y renovación de las élites.
El cardenismo representó la culminación de este proceso que significó desplazar al ejercito como institución eje de la estabilidad política, sustituyéndolo (que no eliminándolo) con el pacto corporativo representado por la integración de la CTM, la CNC y los trabajadores al servicio del Estado en el partido oficial. El acontecimiento clave fue la expropiación petrolera, que apuntaló el sector estatal de la economía, dotando al Estado de instrumentos poderosísimos para asegurarle la rectoría indiscutida en la orientación del desarrollo económico capitalista, o "economía mixta", subordinó las organizaciones sociales al PNR, y fortaleció la rectoría política indiscutida del presidente bajo la idea de la unidad nacional. El resultado fue un sistema político autoritario (el “ogro filantrópico”) constituido por: 1) el control gubernamental sobre las asociaciones de interés, en particular los sindicatos, por medio de la compleja red de acuerdos corporativos entre las organizaciones sociales y el Estado en los diferentes niveles de gobierno y reglamentación legal: municipal, estatal, federal; 2) la integración vertical y obligatoria de las organizaciones de las masas de trabajadores del campo y la ciudad en el partido del Estado revolucionario; 3) la subordinación del partido oficial a la figura presidencial, que aparece como supremo arbitro de un sistema de representación de intereses basado realmente en la negociación corporativa y el compromiso consensual y formalmente en un sistema electoral de partidos con mayoría calificada.
Estaban dadas las condiciones para la aplicación del modelo de sustitución de importaciones: un Estado con un amplio control y respaldo social en sus objetivos de corto y largo plazo, con capacidad de mediación obligatoria en la organización de la producción de bienes y servicios, en donde las categorías sociales se compartimentan en organizaciones de clase, profesionales y sociales, que negocian demandas específicas en la localidad, el municipio, el estado y la federación, y con una gran capacidad de intervención y planeación económica en todos los niveles de la producción de bienes y de servicios: salarios, precios, utilidades, insumos, distribución, política fiscal, disciplina del trabajo, política social. El tejido social se organiza jerárquicamente, va de la categoría singular (sindicatos, comunidades, ejidos, asociaciones empresariales), a las corporaciones y confederaciones nacionales, y de ahí a los grandes acuerdos nacionales.
En los distintos niveles de organización social, los acuerdos se obtenían a través de los procedimientos de reparto agrario, de conciliación y arbitraje laboral y la realización de políticas sociales en los programas de gobierno. En todos los casos es el Estado el que otorga un reconocimiento jurídico a su interlocutor; también otorga un reconocimiento político a los dirigentes por medio de las cuotas de representación, vía partido, de las organizaciones sociales en los cabildos municipales y las legislaturas estatales y federales, así como en las distintas funciones y niveles de gobierno. El modelo laboral funcionó porque al colocarse en el centro el desarrollo del mercado interno, el consumo de los trabajadores se volvía indispensable. A su vez el predominio político autoritario del gobierno le permitía determinar quienes quedaban protegidos o excluidos de los beneficios sociales, asegurándose así la lealtad y la disciplina entre los trabajadores. 10
3. Una federación oligárquica
El proceso de unificación que conduce a la formación del sindicato nacional en 1936 y al proyecto de contrato único que da lugar al enfrentamiento de grandes proporciones que culmina con la expropiación de la industria en marzo de 1938, es el resultado de más de 25 años de una lucha permanente -desde la fundación en 1911, en Tampico, de la primera organización de los trabajadores de la industria petrolera- para imponer los sindicatos de gremio, de empresa, locales y regionales, y proteger los derechos laborales mediante la contratación colectiva en el conjunto de la industria de los hidrocarburos. En este periodo los trabajadores desarrollaron una amplia gama de procedimientos de lucha y orientaciones generales de la acción, que eran partes de un proceso cuya culminación en 1936-1938 logró integrar un conjunto de tradiciones gremiales y orientaciones políticas de la acción que -junto con la importancia económica, política y en el imaginario social (estratégica) de la industria petrolera nacionalizada- formaran parte de la cultura política (cívica) del sindicalismo petrolero durante los siguientes 60 años de su actividad, haciéndolo uno de los modelos más acabados del sistema de representación corporativa en México.
De la practica sindical anterior a la formación del STPRM, y cuya tradición se conserva hasta la fecha, podemos destacar en primer lugar el solidarismo de obras de beneficio social y organizaciones de ayuda mutua, que permite que se establezcan firmes vínculos entre el sindicato y las comunidades poblacionales en las zonas petroleras. El STPRM también heredará la estructura federativa basada en la amplia autonomía de los sindicatos -y posteriormente secciones- frente al poder estructurado en escala regional y nacional. Estas dos orientaciones derivan del anarco-sindicalismo de la "acción directa" en el periodo que abarca a la Federación de Sindicatos de Tampico (desaparecida en 1921) y a la Confederación General de Trabajadores (CGT) a lo largo de la década de los años veinte y la primera mitad de los años treinta.
Otra orientación importante que viene de este periodo es la participación política del sindicato en la contienda electoral por los cargos en la administración pública local y por la representación parlamentaria en los niveles estatal y nacional, y que es herencia de la línea estratégica de la "acción múltiple" representada por la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) desde finales de la segunda década hasta mediados de los años treinta, y que implicó la imbricación sindical (subordinada) en la política partidaria y en el esquema de alianzas de la clase política en escala local, estatal y nacional. Finalmente la tradición del "nacionalismo revolucionario" desarrollado bajo el impulso de la unidad nacional impulsada por el gobierno cardenista, que dio origen a la formación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que situó al conflicto petrolero en el centro del proyecto de desarrollo nacional y de viabilidad del Estado que surge de la revolución mexicana, y que brindó la justificación ideológica para la alianza subordinada del sindicalismo corporativo con el poder presidencial. 11
Con la fundación del sindicato nacional, el acuerdo federativo se había operativizado en los hechos por el predominio político que sobre el resto de las secciones tenían aquellas que agrupaban a los trabajadores de las zonas productoras y procesadoras más importantes hasta principios de los años setenta. A partir de 1947 esta situación se formaliza mediante un acuerdo entre las direcciones de las tres secciones más importantes del sindicato: la 1 de Ciudad Madero, la 30 de Poza Rica y la 10 de Minatitlán, para integrar conjuntamente el Comité Ejecutivo General, al tiempo que se rotaría la Secretaria General entre los líderes de las tres zonas: norte, centro y sur, representadas por las secciones predominantes. De esta manera se consolida un sistema de equilibrios políticos y alianzas que monopoliza la representación sindical y política en cualquier nivel: local, regional y nacional.
Las tres grandes zonas en las que se divide el sistema sindical petrolero fueron integradas a la dirección nacional por medio de la figura de los coordinadores políticos de las zonas, quienes son los líderes seccionales con mayor fuerza regional, que ocupan e influyen en distintos cargos de representación gremial (seccionales, regionales y nacionales) y política (gobiernos, legislaturas y tribunales locales, estatales y federales). Los coordinadores políticos de zona extienden su influencia fuera del ámbito petrolero, imponiendo y controlando a las dirigencias locales y regionales de la CTM, del PRI, e incluso de las organizaciones patronales, religiosas y cívicas.
Este sistema de control se organiza desde la base por centenas de funcionarios sindicales revestidos con una serie de atribuciones para la gestoría, que los convierten en intermediarios indispensables para el conjunto de trabajadores, ya que se encargan del reparto de trabajo, de autorizar los movimientos escalafonarios, ocupación de puestos de nueva creación, tramitación de préstamos, de permisos, de vacaciones, de pensiones por jubilación, créditos para vivienda, becas para hijos de trabajadores, etcétera. Estos funcionarios sindicales operan en tres niveles, nacional, seccional y departamental, y son los instrumentos directos que aseguran la disciplina sindical y la información necesaria para la toma de decisiones.
En las secciones el control político en el STPRM opera mediante la formación de los "grupos mayoritarios", que constituyen espacios de negociación de intereses en donde se establecen pactos o alianzas para la asignación de cuotas de poder y cargos seccionales. La oposición para sobrevivir debe jugar las mismas reglas, formando frentes y grupos locales, buscando apoyos en la dirección nacional y en las autoridades políticas, y moviéndose dentro de los límites ideológicos tolerados por el sindicato; de no ser así será enfrentada y excluida violentamente de los órganos de dirección y deliberación sindicales.
La representación se establece desde abajo mediante la constitución de grupos de interés a partir de relaciones familiares, étnicas, religiosas, territoriales, gremiales y políticas, que pueden verse como rangos o modalidades dentro de una escala. En un primer nivel, de interacción cara a cara, las formas específicas que asume la representación son el "hombre fuerte", el que “va al frente” e impone, y el "líder de opinión", el que habla y convence. El liderazgo se construye dentro de grupos de afinidad (clanes familiares, núcleos poblacionales, profesionales, étnicos y/o religiosos) con capacidad de formular demandas comunes e integrarse en coaliciones para formar colectividades con mayor complejidad organizativa. Conforme se avanza en esta ruta las dos figuras de hombre fuerte y líder de opinión se funden en una sola, ya que en su carácter de representantes acuerdan y forman parte de un grupo (comité) que decide y negocia a nombre de grupos de representados.
En la organización sindical el representante se convierte en el intermediario obligado para la formulación de las demandas y para asegurar las conductas derivadas de su gestión y solución, adquiriendo entonces una autonomía relativa en su hacer institucional (discrecionalidad) que impulsa la conversión del grupo de interés en clientela política (corrientes o grupos sindicales). El liderazgo se institucionaliza en la figura de los cuadros sindicales dentro una jerarquía organizada en última instancia de acuerdo con el peso de las clientelas representadas y se ejerce bajo un principio federativo que establece distintos rangos de interacción y alianzas sobre un territorio y población limitada.
La coalición de hombres fuertes se mantiene bajo la primacía de uno de ellos, convertido en "líder moral" de un grupo (corriente) mayoritario, que ejerce el poder dentro de un sistema de autoridad donde en cada nivel existe una autoridad personal qué solo responde a la autoridad superior y en cuya esfera de competencia ejerce la autoridad de manera patrimonial, subordinando a sus intereses los de sus representados (oficios, departamentos, secciones), y haciendo un uso (apropiación) privado de la gestión de los bienes y servicios colectivos, que son distribuidos mediante una selección preferencial y excluyente o "favores personales" cuya concesión es objeto de una exigencia de retribución (asistencia a asambleas, movilizaciones, elecciones, "obras sociales", etcétera). El “líder moral” se constituye así como un intermediario entre la sociedad local o el grupo y las autoridades formales y superiores del sistema de poder sindical y político.
El sistema de liderazgo, basado en la relación paternalista y clientelar entre los trabajadores y los líderes, abarca la totalidad de la vida social (la "familia petrolera") e impide el surgimiento de una voluntad opositora, salvo en el caso de los enfrentamientos intergremiales (faccionales) o de movimientos de trabajadores formalmente excluidos (despedidos, transitorios, técnicos y profesionistas). En las localidades, los dirigentes seccionales instauran un verdadero caciquismo patriarcal que les permite intervenir en actividades tan disimbolas como el apadrinamiento de los nuevos hijos, el patrocinio de las festividades religiosas, asesoría en la creación y expansión de negocios, nombramiento de funcionarios públicos locales, y otorgar toda clase de favores y promover un apoyo incondicional y una base social que no se limita a los sindicalizados, sino que llega a los diversos estratos y sectores sociales. Desde sus orígenes el sindicalismo petrolero es un modelo de amalgamiento de lo rural y lo urbano, de la representación tradicional con la organización burocrática, y de una cultura política híbrida resultado de una industria petrolera que se construye como un enclave industrial omnívoro en territorios y comunidades agrícolas
El sistema de relaciones clientelares, así como los intereses económicos en juego, aumentan la capacidad de maniobra de los cacicazgos y grupos locales y regionales, entrando en relación con los grupos políticos regionales y nacionales al frente de la administración de la empresa (complicidades en la corrupción) y de la administración pública estatal y federal (apoyos electorales y políticos). La imbricación del sindicato con la vida política nacional y con la corrupción en la empresa, provoca que el sistema de alianzas se desarrolle en medio de violentos enfrentamientos e incluso asesinatos entre los líderes locales, (que van minando el sistema triseccional y abriendo el camino para el control hegemónico del grupo de la sección 1, encabezado por Joaquín Hernández Galicia "La Quina" y Salvador Barragán Camacho). La estabilidad se mantiene a nivel seccional mediante la rotación de los cargos sindicales y de representación política entre los miembros del núcleo principal del grupo hegemónico local, quienes se mantienen unidos por acuerdos de beneficios económicos y políticos mutuos (compensación recíproca diferida) bajo el predominio del "hombre fuerte" local, quien puede o no ocupar formalmente cargos sindicales, lo que es indiferente para el ejercicio de la autoridad real.
El contrato colectivo de trabajo (CCT) amplía aún más las posibilidades de poder económico y político -legítimo e ilegítimo- para el sindicato y sus dirigentes. En 1947 se establecen dos concesiones determinantes para el futuro de la organización gremial y de la industria. En primer lugar se formaliza que el personal de nuevo ingreso a la empresa, excepto el de confianza, debería proceder del personal sindicalizado o del que el sindicato proponga. Los estatutos generales, confieren al sindicato amplias facultades para organizar la distribución del trabajo, cubrir las plazas vacantes temporales y definitivas, y proporcionar a las empresas contratistas el personal solicitado, por lo cual el negocio es realizado en contubernio entre líderes y funcionarios de la empresa, mediante el cual se trafican y venden las plazas, sobre todo transitorias, obligando a éstos trabajadores a participar en las "obras sociales", en los actos de apoyo a candidatos y en la formación de grupos de choque utilizados en contra de la oposición.
En el mismo año 1947, se firma también la muy famosa cláusula 36 del CCT, que establece que PEMEX puede contratar con particulares aquellas obras que a juicio de la empresa sean incosteables para realizarlas con sus propios recursos, como son la construcción de instalaciones, y la transportación, exploración y perforación marítima y lacustre. Desde entonces el sindicato petrolero interviene de dos formas, una como intermediario, cuando no cuenta con la capacidad tecnológica necesaria, y otra, en forma directa a través de compañías contratistas pertenecientes al sindicato o a prestanombres de los líderes, y son básicamente de transporte, perforación, construcción y maquila (industriales).
Las preferencias en las concesiones de contratos de servicios, el monopolio en la contratación laboral y la creación de empresas hace posible el enriquecimiento por medio de la corrupción, tanto de funcionarios de la empresa que se convierten en contratistas o cobran un soborno a cambio de la asignación de contratos, como de los funcionarios sindicales, que también se convierten en contratistas, además de cobrar cuotas a las empresas privadas por los trabajadores empleados por debajo de lo señalado en la LFT y el CCT. En 1960 se establece un acuerdo entre la empresa y el sindicato para que éste obtenga el dos por ciento del valor de los contratos otorgados a empresas privadas para la construcción de nuevas instalaciones petroleras. En realidad se trataba de que el gobierno concedía una compensación por el desplazamiento de personal sindicalizado cuando se contrataran los servicios de compañías con trabajadores que no pertenecieran al STPRM. Según se asentó en los estatutos, estos ingresos deberían ser destinadas a la realización de obras sociales. Aunque siempre fue voz pública que estos fondos sirvieron también para el enriquecimiento ilícito de líderes y funcionarios, también alcanzó para financiar el proyecto de empresas sindicales impuesto durante el quinismo . 12
El papel estratégico y la riqueza de la industria petrolera permitieron que los beneficios del contrato colectivo llegaran no solo a las direcciones sindicales, sino también a los trabajadores de planta, quienes mantuvieron una situación económica estable y mucho mejor que otros trabajadores locales en cuanto a las condiciones laborales y los niveles de ingreso salarial y prestaciones, con posibilidades de prestamos y oportunidades para emprender un negocio, comprar un inmueble y garantizar la educación de los hijos, con servicios médicos y jubilaciones decorosas. El CCT representaba para los petroleros y la población en general, la evidencia de la promesa cumplida de justicia social por parte del Estado de Revolución. Pero los beneficios -que se derraman en las regiones por la creación de nuevas empresas asociadas a todo el circuito de las actividades industriales y de servicios, así como al crecimiento del comercio local y regional- se distribuyen siempre de manera piramidal y diferenciada. Los perjuicios también se distribuyen de manera diferenciada, pero en una escala contraria.
La gestión del instrumento contractual permite a las direcciones sindicales la manipulación -y el enfrenamiento- de las diferentes categoría de trabajadores. El sindicato divide a sus miembros en distintas categorías de socios, distinguiendo a los trabajadores de planta de aquellos que por distintas razones mantienen una relación temporal con la empresa y con el sindicato, como es el caso de los reajustados, comisionados, jubilados y supernumerarios. Esta última categoría agrupa a los trabajadores transitorios sindicalizados, quienes para pretender ocupar una plaza de planta, desde 1971 deberán reunir una serie de requisitos determinados por la "militancia sindical", que en realidad consiste en la plena disponibilidad de los transitorios a los requerimientos de los líderes sindicales.
Existen distintos tipos de cuotas pagadas obligatoriamente por los trabajadores: general, seccional, para fondos de resistencia, para ayuda por jubilación o defunción de socios activos, y abarca a todas las categorías de trabajadores: activos, comisionados, jubilados y transitorios. Los estatutos facultan a las direcciones seccionales para recaudar cuotas sindicales, realizar pagos y compras, y suscribir todo tipo de créditos para financiar la creación y fomento de tiendas de consumo, cajas de ahorro, funerarias y otras obras similares, por lo cual concentran una suma considerable de recursos manejados con completa discrecionalidad y en contubernio con los grupos dirigentes en las secciones y el Comité Ejecutivo General del sindicato (CEG), quienes manejan los negocios sindicales como patrimonio privado. En las cajas de ahorro los trabajadores participan obligadamente mediante descuentos de sus salarios que se convierten en acciones que en teoría les reditúan un porcentaje anual. El endeudamiento de los trabajadores los hace dependientes de los líderes locales, a quienes deben de prestar apoyo en elecciones y actos sindicales y políticos, así como trabajo gratuito, a cambio de facilidades para préstamos.
Las tiendas de consumo pretendían poner al acceso de los petroleros artículos de consumo doméstico a precios accesibles, sin embargo funcionaron como negocios particulares de los líderes sindicales, lo mismo que las unidades productivas, ranchos, granjas y otras propiedades agrícolas adquiridas bajo la consigna de la "revolución alimentaria" encabezada por La Quina durante el sexenio de José López Portillo, y en las que se obligaba a trabajar gratuitamente a los trabajadores, sobre todo los transitorios, para hacer méritos sindicales con "obras sociales" que tuvieran consecuencias para la obtención de contratos de trabajo. 13
4. Del sindicalismo rojo al tricolor
Para llevar a cabo la expropiación en todas las refinerías y campos petroleros se formaron Consejos Locales de Administración que se encargaron de mantener en funcionamiento la industria nacionalizada, quedando al frente de ellos los trabajadores más antiguos y los dirigentes sindicales, por lo cual se movieron los escalafones en forma ascendente para cubrir los cargos de jefes de departamento. En cada una de las secciones los secretarios generales, secretarios de trabajo y presidentes de los consejos de vigilancia, se hicieron cargo de la administración en las instalaciones expropiadas. Estas medidas tuvieron un doble efecto: por una parte, se logró mantener el funcionamiento de la industria no obstante el retiro de los mandos medios y superiores que durante años se habían hecho cargo de la dirección operativa de las empresas; por la otra, la participación de los dirigentes obreros en la dirección de la industria, dio lugar a la creación de una nueva capa de administradores que concentraban el mando empresarial en las instalaciones sin abandonar la influencia que mantenían sobre las secciones sindicales, recurriendo incluso al uso de la violencia para imponer sus decisiones. Este doble mando permitió una imbricación entre los intereses de la empresa, los intereses sindicales y los intereses particulares de los funcionarios, generándose en corto tiempo una estructura de corrupción que influye en el funcionamiento de la industria y determina las relaciones entre el sindicato y la empresa.
La participación de los trabajadores en la dirección operativa de las industrias no solo se llevaba a cabo en las actividades petroleras. Durante los años 1939 y 1940 uno de los problemas más importantes en el debate laboral nacional fue el de la llamada "administración obrera" en el rastro del Distrito Federal, algunas empresas textiles y los ferrocarriles. En la industria petrolera no se trataba de entregar la administración al sindicato, sino sacarlo de ahí e incorporarlo al consejo de administración, manteniendo el gobierno el control de la industria. A partir del decreto de expropiación el sindicato participaba en el consejo de administración de la industria en una proporción de 3 consejeros de 9 en total, proporción que después se modificó a 4/9 como resultado de la II Convención del STPRM realizada en junio de 1939, donde –como resultado de las presiones gubernamentales- se acordó también que la industria debería ser directamente controlada por el gobierno y que la administración obrera no era posible tanto por la situación internacional (la guerra mundial) como la nacional (sucesión presidencial). Este modelo fue bautizado por el director de la Distribuidora de Pemex, Jesús Silva Herzog, como "régimen administrativo de cooperación gubernamental y obrera". 14
Otro aspecto que no quedaba resuelto con el proceso expropiatorio era el relativo a las demandas laborales de los trabajadores. El problema de los salarios se complicó con la falta de unificación de las diferentes denominaciones para trabajos similares en las distintas empresas, razón por la cual se creó una Comisión Niveladora de Salarios, que se ocupó de la negociación. La falta de resultados provocó que los trabajadores de la sección 1 en Ciudad Madero realizaran en mayo de 1939 un paro en el Departamento de Calderas de la refinería en protesta por recibir un salario menor al tabulado en la zona centro. La respuesta fue una campaña en la prensa nacional en contra de los paristas, acusándolos de "saboteadores" y "agentes de las compañías". El propio presidente Cárdenas dirigió un telegrama a los líderes sindicales apremiándolos a evitar "actividades de esta naturaleza que constituyen típicos actos de sabotaje".
En octubre de 1939 se iniciaron los trabajos de la comisión que se encargaría de formular el contrato colectivo de trabajo (CCT) de la industria; en diciembre del mismo año las pláticas fueron interrumpidas por el presidente Cárdenas quien exigió a los líderes nacionales "salvar a la industria de la bancarrota mediante una completa reorganización", que equivalía a pedirles un plan de reajuste de la planta laboral. El 28 de febrero de 1940, Cárdenas presentó al CEG del sindicato y a los 32 secretarios seccionales un memorándum conocido después como "los 14 puntos", en donde planteaba dos grupos de medidas para la reorganización de la empresa; por una parte, un reajuste general de personal, supresión de horas extras, de pago de vivienda y limitación de prestaciones; por la otra, centralización de mandos, nombramiento vertical de funcionarios, aumento en las facultades de superintendentes y gerentes, plena libertad para movilizar al personal, limitación del escalafón ciego y criterios de calificación técnica para puestos de mando. El descontento de la base trabajadora no se hizo esperar, acusando a los funcionarios de ser causantes del despilfarro de recursos por su ineficiencia y corrupción. Sin embargo la decisión del gobierno federal estaba tomada y se promovió una campaña de prensa acusando a los trabajadores petroleros de "traidores a la patria". También se movilizó en su contra a los sindicatos de burócratas, mineros, textiles y las organizaciones adheridas a la Confederación Nacional Campesina (CNC).
El 25 de julio de 1940, Pemex presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) una demanda por "conflicto de orden económico" en contra del STPRM con el fin de asumir definitivamente el control gubernamental sobre la industria, imponer un CCT basado en los "14 puntos" del presidente Cárdenas, y negar su condición de "patrón sustituto" (a diferencia de lo que sucedió en los ferrocarriles) con el fin de desconocer la antigüedad de los trabajadores en las antiguas compañías en vista de los reajustes anunciados. Por su parte la JFCA resolvió inmediatamente a favor la petición patronal de prohibir huelgas y paros "de acuerdo a la Ley". Unos días después las distintas empresas petroleras se fusionaban creando una sola entidad estatal: Petróleos Mexicanos. El sindicato respondió con amenazas de realizar paros de actividades por lo que la campaña en su contra se recrudeció. Dentro del STPRM las posiciones se dividieron y la dirección nacional perdió autoridad. Muchos de los nuevos funcionarios de la empresa salidos de las filas sindicales, aprovecharon las ventajas de la nueva situación y presionaron a la dirección nacional para moderar sus políticas.
A principios de agosto del mismo año se firmó un "Convenio de Emergencia" entre el STPRM y Pemex que, dejando en pié la mayoría de las medidas gubernamentales, integraba al sindicato en la negociación de las áreas afectadas por el reajuste de personal; sin embargo ante la ausencia de avances concretos, el 13 de septiembre, con los votos a favor del gobierno y la empresa, la JFCA dio por terminado el "Convenio de Colaboración", con lo que se excluía toda participación del sindicato en la reorganización de la empresa. El día siguiente, 14 de septiembre, se realizó una asamblea con más de 6 mil trabajadores encabezados por las secciones 4 de la refinería de Azcapotzalco y 30 de Poza Rica, en donde se votó la huelga general en la industria y la ruptura con la CTM, a la que acusaban de haberse subordinado totalmente al gobierno federal. En respuesta las direcciones seccionales de la zona norte, encabezadas por la sección 1 de Ciudad Madero, desconocieron los acuerdos de la asamblea y acusaron a los líderes nacionales del STPRM de pretender participar en los reajustes de personal con el fin de eliminar a los grupos opositores, llamando a una convención extraordinaria para decidir sobre la conducta de la dirección nacional.
Por su parte la dirección de la CTM, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, acusó a los descontentos de ser manipulados por "políticos contrarevolucionarios al servicio de las compañías imperialistas", al mismo tiempo que prácticamente secuestró a los dirigentes nacionales petroleros hasta que el 21 de septiembre éstos aceptaron firmar un documento en el que manifestaban su conformidad con el reajuste planteado y ratificaban su militancia en la CTM, a la que se le solicitaba su colaboración para la reorganización de la industria. Un día antes, el presidente Cárdenas había dirigido un telegrama público al líder de la sección 1 exigiendo se tomaran medidas disciplinarias en contra de la dirección nacional.
Una vez que la prensa nacional comenzó a publicar las listas de los obreros y empleados “reajustados” en las distintas dependencias de la empresa, los trabajadores de la refinería de Azcapotzalco decidieron estallar unilateralmente un paro de ocho horas el 28 de septiembre de 1940, mismo que fue violentamente reprimido por la intervención del ejercito federal y de las fuerzas policíacas de la capital. Todos estos acontecimientos implicaron una grave derrota para el sindicalismo petrolero que nada pudo hacer frente a los más de cinco mil despidos que implicó el reajuste de la industria. En el mes de diciembre del mismo 1940, y en una de sus primeras medidas de gobierno, el nuevo presidente Manuel Ávila Camacho expidió una iniciativa de ley que suprimía la Administración Obrera en los Ferrocarriles Nacionales de México, instaurando en su lugar una administración similar a la de Pemex, con lo que se cerraba este capítulo importante de la historia del sindicalismo en nuestro país. 15
La corrupción imperante en el manejo administrativo de la industria provocó que durante 1942 el STPRM realizara una campaña de denuncias en contra de los malos manejos en la compra de material y maquinaria sin ninguna planeación, y en las concesiones a funcionarios de Pemex para controlar el transporte y el manejo de gasolina. Este mismo año se firmó por fin el contrato colectivo para la industria petrolera, mediante el cual la empresa mantuvo el control de la contratación del personal de confianza, así como una mayor libertad en el manejo y traslado de personal. El sindicato por su parte, logró el reconocimiento a la antigüedad de los trabajadores y el derecho a que en caso de muerte del trabajador la plaza fuera asignada al pariente más cercano.
En agosto de 1946 el sindicato emplaza a huelga por revisión de CCT, realizándose paros de labores en distintas instalaciones de la industria. En diciembre del mismo año se firma un acuerdo, que inmediatamente después es desconocido por la empresa al no ser aprobado por el nuevo presidente Miguel Alemán. En respuesta el sindicato organiza en el mismo mes un paro general que fracasa al no ser acatado por todas las secciones. Un día después, el 20 de diciembre, el presidente Alemán expide un decreto por medio del cual instruye a la empresa para que proceda al despido de los trabajadores considerados responsables del paro de actividades, y haga el planteamiento ante las autoridades laborales de un conflicto de orden económico, solicitando un reajuste considerable de personal y de salarios en toda la industria, así como modificaciones a varias cláusulas del CCT.
Resultado de estos acontecimientos, en enero de 1947 se realiza una convención nacional sindical en la que se acepta la renuncia del dirigente nacional, Jorge Ortega, y se nombra en su lugar a Antonio Hernández Abrego, de la sección 1 de Ciudad Madero, quien de inmediato ratifica la pertenencia del sindicato a la CTM, afiliación que había sido puesta en entredicho por la política de la dirección cetemista encabezada por Fidel Velázquez, orientada a profundizar las alianzas con el Estado y los empresarios, y que se manifestaría de manera clara en el IV congreso nacional de la central, realizado en marzo del mismo año de 1947, donde se abandonó el lema "Por una sociedad sin clases", sustituyéndolo por el más conservador de "Por la emancipación de México". En los años siguientes el movimiento obrero organizado abandona el discurso nacionalista sustituyéndolo por el pacto entre el Estado benefactor y autoritario, y las organizaciones sindicales del país.
En el mes de junio del mismo 1947 se firma, sin consultar a la base trabajadora, un convenio con la empresa mediante el cual se modificó el contrato firmado anteriormente, introduciéndose dos aspectos que modificarían la vida del sindicato en los siguientes años: por una parte, el establecimiento de la cláusula 36 del CCT que daba vida al contratismo en Pemex a través del involucramiento del sindicato en la ejecución de obras productivas y en la intermediación para la contratación con empresas privadas, con lo cual se iniciaba la transformación de los líderes sindicales en contratistas. El otro aspecto importante se refería a la homogeneización de las condiciones de trabajo heredadas de las compañías extranjeras, con lo cual se eliminaba una importante fuente de conflictos entre los trabajadores y la empresa.
La empresa, amparándose en el contrato firmado en el mes de junio, pretendía que los trabajadores que ganaban los salarios más altos en la industria pasaran al régimen de confianza, situación que afectaría al 35 por ciento de los sindicalizados, al mismo tiempo que, utilizando el derecho de movilización de personal, había trasladado unilateralmente a otras localidades a dirigentes que se habían opuesto a la firma del convenio. El descontento de los trabajadores crece y a fines de 1947, en la Quinta Convención Nacional Extraordinaria, destituyen a Hernández Abrego, eligiendo en su lugar a Eulalio Ibañez, al mismo tiempo que deciden su salida de la CTM, distanciándose con esto del sindicalismo oficial que se estaba implantando y en cambio buscaron agregarse a una corriente más independiente mediante la firma de un pacto de solidaridad con los sindicatos de mineros y ferrocarrileros, y la afiliación del sindicato petrolero a la Asociación de Obreros y Campesinos de México, antecesora de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM).
Dos años después, en julio de 1949, el sindicato presenta un emplazamiento de huelga por revisión del CCT, sin llegar a estallarla. Esto provoca el descontento laboral, al grado que el Consejo de Vigilancia del sindicato destituye temporalmente al Comité Ejecutivo General. Una vez restituido en el cargo, el secretario general, Eulalio Ibañez acusa al gobierno federal de estar interviniendo en la vida sindical por medio de líderes locales cooptados. No era esta la única intromisión ya que a su vez la Secretaría del Trabajo federal hace correr el rumor de que Ibañez y los principales dirigentes del sindicato habían aceptado ocho millones de pesos por firmar el acuerdo que impidió la huelga.
En diciembre del mismo año el sindicato realiza su Sexta Convención Nacional para llevar a cabo la elección de dirigentes una vez finalizado el periodo del CEG encabezado por Ibañez. La división interna producida por los acontecimientos de los meses anteriores, provocó que la asamblea fuera boicoteada y expulsados de ella la mayor parte de los delegados, imponiéndose una nueva directiva por una minoría de representantes apoderados del local por la fuerza, con el apoyo de la policía y el reconocimiento inmediato de la Secretaría del Trabajo del nuevo CEG encabezado por el líder de sección 10, Demetrio Martínez, quien tiempo atrás había sido acusado de malversación de fondos sindicales y de venta de plazas. 16
La nueva dirección nacional había sido impuesta mediante la intervención directa del gobierno federal en uno más de los violentos “charrazos” de la época. A partir de entonces el sindicato petrolero iniciaría una nueva etapa en donde la corrupción sindical alcanzaría niveles extraordinarios, y que otorgaría a las direcciones locales y nacionales un amplio poder económico, y el control político absoluto resultado de la represión a todo tipo de oposición interna.
No obstante el férreo control sobre las bases trabajadoras en la industria petrolera, en 1958 los trabajadores de las secciones 34 y 35 del Distrito Federal, agrupados en el Movimiento Depurador del Distrito Federal, impugnan el acuerdo firmado por la dirección nacional encabezada por Felipe Mortera Prieto, mediante el cual se prorrogaba por 14 meses la revisión del CCT. Después de amplias movilizaciones, paros laborales y una huelga de hambre, los trabajadores logran la destitución de los comités ejecutivos de las secciones 34 y 35, así como un aumento en los salarios y las prestaciones. La respuesta autoritaria del gobierno de Adolfo López Mateos al ascenso de la lucha sindical entre los trabajadores ferrocarrileros, maestros, electricistas, etcétera, se manifestó en la toma de las instalaciones petroleras por el ejercito y el encarcelamiento de los principales dirigentes opositores. 17
5. La hegemonía del quinismo
La carrera política de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, se inicia a finales de los años cuarenta cuando participa en la sección 1 de Ciudad Madero con el grupo político encabezado por Ignacio Pacheco León, quien disputaría y ganaría el liderazgo del grupo mayoritario local, por lo que en 1953 es nombrado secretario nacional. Mientras Pacheco León viaja a la ciudad de México a hacerse cargo del sindicato, La Quina permanece en Ciudad Madero sintiéndose relegado, y en 1954 forma el Grupo Unificador Revolucionario Nacionalista junto con el que a partir de entonces sería su principal aliado, Salvador Barragán Camacho, alias El Negro . En los siguientes años el crecimiento del grupo quinista les permitiría una serie de acuerdos con el grupo mayoritario para compartir con ellos los cargos dentro del comité seccional.
Desde esos años La Quina propone un programa político que retoma la tradición solidarista mediante la creación de tiendas de consumo para los trabajadores, ligadas a unidades productivas de artículos de consumo popular. Otro elemento -que le permite aumentar la eficacia de su equipo en la tarea sindical-, fue la exigencia a los funcionarios sindicales de cubrir un horario de tiempo completo para la realización de las gestiones demandadas por los trabajadores. Con este programa y desde la sección 1, la más importante del sindicato, La Quina y sus amigos iniciarán el camino hacia la dirección nacional. En 1958 el Grupo Unificador gana la mayoría en la sección 1 aprovechando el descontento de la base trabajadora por la prorroga de la revisión contractual decidida unilateralmente por la dirección nacional. En 1959 La Quina es electo secretario general seccional. 18
En ese mismo año ocurren dos acontecimientos que tendrán una importancia decisiva para el ascenso del quinismo como corriente predominante dentro del sindicalismo petrolero. Por una parte, el líder de la sección 10 de Minatitlán, Felipe Mortera Prieto pierde la mayoría en su sección en una cerrada votación en donde la decisión correspondió a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Fernando López Arias, político veracruzano que fue gobernador de su estado, y quién favoreció al grupo encabezado por Sergio Martínez Mendoza, que desde entonces predominó en la zona sur. Por otra parte, la misma PGR realiza una acción judicial en contra del superintendente de Poza Rica, Jaime J. Merino, acusándolo de fraude contra Pemex, con lo que se pone fin a uno de los cacicazgos más poderosos dentro de la industria, y que tenía como su brazo sindical al líder de la sección 30, Pedro Vivanco, que en ese momento se desempeñaba como secretario general del sindicato y que tendría desde ese momento una progresiva perdida de autoridad que abre el paso al liderazgo de Samuel Terrazas Zozaya en Poza Rica. 19
En esta coyuntura de renovación de los liderazgos en las secciones hegemónicas, La Quina es designado en 1961 nuevo secretario general del STPRM. Casi cuarenta años después Hernández Galicia afirmaba en una entrevista que el presidente López Mateos “no me quería, hizo cinco recuentos para que no llegara y en todos gané. Tuvo que doblar las manos”. 20
Durante los años sesenta el grupo de La Quina se consolida como un aparato político que al mismo tiempo que impone cada vez mayor control sobre la organización sindical, gana también una mejor imagen política ante los trabajadores mediante la aplicación del programa de "obras sociales" y la defensa de demandas como la aplicación del "reparto de utilidades" por Pemex, y la defensa del control estatal sobre la industria, como fue el caso del intento del gobierno de Adolfo López Mateos para privatizar la producción del polietileno. El programa de obras sociales, denominado "revolución obrera", consistió en desarrollar la práctica que La Quina llevaba a cabo desde los inicios de su liderazgo nacional, en los años sesenta, cuando creó en Ciudad Madero, Salamanca y Poza Rica todo un sistema de tiendas de consumo, cajas de ahorro, y empresas de todo tipo, apoyado por la "militancia sindical" o trabajo no remunerado de trabajadores y familiares que pugnan por la obtención de una plaza de planta o transitoria.
El periodo de Gustavo Díaz Ordaz transcurrió en medio de un sordo enfrentamiento con el director de la empresa, Jesús Reyes Heroles, quién trató de restar poder a La Quina : por una parte, apoyando al líder de la sección 30, Samuel Terrazas Zozaya, quien fue secretario nacional en el periodo 1967-1970; y por la otra, limitando la acción del sindicato en la industria, cancelando numerosos contratos de exploración y perforación y ocasionando por esto grandes pérdidas económicas al sindicato. Finalmente La Quina logró sortear la amenaza de ver desplazada su influencia sobre el sindicato por la confluencia de dos circunstancias que jugaron a su favor: por una parte, la crisis política derivada de los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968 que obligaron al presidente Díaz Ordaz a cerrar filas con el sindicalismo oficial; por la otra, el alineamiento de Hernández Galicia con la precandidatura presidencial del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien en la recta final hubo de disputarla con el secretario de la Presidencia, Emilio Martínez Manautou, con quien a su vez se había alineado el director de Pemex, Reyes Heroles. 21
Con el nombramiento de Salvador Barragán Camacho al frente del STPRM en 1970, la corriente quinista consolida su hegemonía en el sindicato, manteniendo una fuerte alianza con el gobierno de Luis Echeverría. En 1971 se incluye en el CCT la obligación de la empresa de aportar recursos económicos a las secciones para cooperativas, tiendas y actividades agropecuarias; también se modificaron los estatutos para que todas las secciones sindicales formaran cooperativas de consumo, instalaran tiendas y almacenes y desarrollaran actividades agropecuarias cuyos productos deberían comercializarse en las tiendas de consumo.
En 1972 el quinismo asesta dos fuertes golpes a sus opositores en dos secciones importantes, la 30 de Poza Rica y la 35 de Azcapotzalco. En la primera, y a pesar del amplio descontento de los trabajadores con la medida decidida desde el CEG, se destituye arbitrariamente al secretario seccional, Donaciano Ortíz Hernández, ligado a la influencia de Samuel Terrazas Zozaya, con lo cual este último es desplazado por el grupo encabezado por Heriberto Kehoe Vincent, en ese momento aliado a la corriente quinista. En la sección 35 se monta también una asamblea amañada para destituir al secretario seccional, Miguel Méndez López, e imponer a Francisco Rivera Maciel, lo que provoca la inmediata reacción de los trabajadores quienes realizan un acto frente al local sindical nacional, y concitan el apoyo de otros agremiados de las principales secciones del país, ante lo cual el secretario nacional, Barragán Camacho, convoca a un pleno de secretario seccionales en donde se acuerda solicitar la orden de aprehensión en contra de Méndez López, y aplicar (mediante una reforma estatutaria decidida ahí mismo) sanciones a distintos trabajadores de la sección 35 por los cargos de allanamiento, difamación y calumnia. 22
En la revisión contractual de 1973 se implanta la semana de 40 horas en la industria petrolera; en ese mismo año se modificó el sistema electoral estatutario, pasando de la elección cargo por cargo a la elección por planillas en los comités seccionales y nacional. Hasta ese año los estatutos señalaban como sistemas de votación los siguientes: escrutinio secreto para los cinco principales cargos de los comités seccionales (aunque con la firma del votante en la boleta), nominal a pase de lista y por voz propia, a mano alzada, y plebiscito por agrupación de votantes. En 1976 el artículo se modificó estableciéndose una jerarquía en los procedimientos, dándose prioridad al sistema de mano alzada, seguido por el plebiscito, nominal, y al final el escrutinio, aunque con el nombre, departamento, número de ficha y firma de cada votante en la boleta. La realización de asambleas depende hasta la fecha de la autorización de los líderes, por lo que especialmente en las electorales, la base trabajadora se encuentra imposibilitada para llevar adelante iniciativas y propuestas diferentes a las de la dirección sindical. También ha sido uso común utilizar trabajadores transitorios para legitimar elecciones y decisiones por aclamación en la asamblea. Por este procedimiento fueron depuestas numerosas direcciones seccionales contrarias a la línea quinista predominante. 23
En junio de 1976, en una asamblea manipulada, fue depuesto el dirigente de la sección 34 del Distrito Federal, Octavio Rivas Gómez. Esta sección era prácticamente la única que, ante la ausencia de un "hombre fuerte", había mantenido una vida interna relativamente democrática con existencia de distintos grupos sindicales en competencia por medio del voto secreto, lo que le otorgaba una relativa autonomía respecto a la dirección nacional. El golpe al comité seccional fue acompañado por la utilización de golpeadores en contra de los trabajadores que manifestaron su descontento. Dos años después, durante la 15 Convención Ordinaria del sindicato celebrada en diciembre de 1979, se decidió, por encima de los estatutos, dividir a la sección 34 creando una nueva, la 45, que agrupaba a los más de 1 mil trabajadores del Hospital Central de Concentración de Pemex.
En marzo de 1977, poco después de haber tomado posesión de la secretaría general del STPRM, es asesinado el líder de la sección 30 de Poza Rica, Heriberto Kehoe Vicent. Según la versión oficial, se trató de una venganza personal de un trabajador despedido –que sospechosamente fue asesinado también en el lugar de los hechos-, aunque otras versiones hablaban de móviles políticos relacionados con La Quina . El cargo de líder seccional y de secretario general nacional del sindicato fue heredado por el diputado federal Oscar Torres Pancardo, hombre cercano a La Quina ; aún así este último fomenta el fortalecimiento de otra tendencia local encabezada por Efraín Ríos Hernández, con el fin de ampliar el control sobre las secciones de la zona centro y evitar el surgimiento de un liderazgo fuerte en la sección 30.
Como resultado de los grandes descubrimientos de yacimientos petrolíferos realizados durante los últimos años de la administración de Luis Echeverría, en julio del mismo año 1977 se inician las concesiones para la contratación en actividades de perforación terrestre, obteniendo el sindicato la prerrogativa de que 40 por ciento de los contratos se celebraran por medio de la Comisión Nacional de Contratos del sindicato, al frente de la cual estaban Ricardo Camero Cardiel, en ese tiempo secretario del Interior y Carlos Romero Deschamps, secretario de Ajustes y apoderado legal de la Comisión. Pocos meses después Pemex otorga a un empresario cercano a La Quina , Sergio Bolaños, un contrato para transporte de petróleo en cinco barcos durante cuatro años, al cabo de los cuales la paraestatal se haría cargo de ellos. El empresario simplemente se limitó a gestionar un crédito para la compra de los barcos, mismo que pagó solo con las cuantiosas ganancias obtenidas por los fletes. Un negocio redondo en el que Bolaños no tuvo que desembolsar ni un solo centavo para su realización (años después, durante la administración del presidente De la Madrid, otro empresario, Isidoro Rodríguez –padre del personaje homónimo apodado “el Divino”, acusado de un cuantioso fraude- realizó otro negocio casi en los mismos términos gracias a la obtención de contratos de flete con la paraestatal. Este asunto dio lugar a una querella judicial del sindicato petrolero en contra del entonces director de Pemex, Mario Ramón Beteta).
En la Convención Ordinaria del sindicato celebrada en 1977, se creó expresamente para La Quina el cargo de director de Obras Revolucionarias, Sociales y Políticas, encargado de administrar el Fondo de Obras Sociales formado en parte con los porcentajes captados de los contratistas de Pemex y con aportaciones pactadas con la empresa. Desde su nuevo cargo, La Quina mantuvo un contacto permanente con los comités seccionales integrados en los proyectos de "obras sociales", que implicaron grandes inversiones de dinero decididas discrecionalmente por Hernández Galicia. El control sobre los comités seccionales también se realizó por la presencia de cientos de "comisionados" de toda la confianza de La Quina presentes en la totalidad de las secciones realizando funciones de gestión y representación de la dirección nacional.
Dos años después se acuerda modificar los estatutos para hacer posible la reelección de Salvador Barragán Camacho en el cargo de secretario general del STPRM y permitir que, por única vez, se alargue el nuevo periodo de tres a cinco años, con el argumento de sacar adelante el proyecto de "revolución obrera agropecuaria" encabezado por La Quina , el cual tenía tres objetivos centrales de su acción: el apoyo a los municipios en la realización de obras para beneficio de la comunidad; realización de obras para beneficio de los agremiados como cines, teatros, funerarias, centros recreativos, viviendas y tiendas de consumo; y asistencia técnica y financiera a distintos proyectos de desarrollo agropecuario. Curiosamente quien propone en la Convención, por ordenes de La Quina , la reforma estatutaria para hacer posible la reelección de Barragán Camacho, es un delegado de la sección 10: Sebastián Guzmán Cabrera. 24
El golpe final que asegura al grupo quinista el control absoluto sobre el sindicato petrolero se llevó a cabo en diciembre de 1980, cuando -amenazado de ser acusado públicamente de corrupción y malversación de cuotas sindicales- el líder de la sección 10 de Minatitlán (desde mediados de los años sesenta) y senador de la República, Sergio Martínez Mendoza, anuncia su renuncia y jubilación, quedando como sucesor al frente del grupo mayoritario de la sección Sebastián Guzmán Cabrera -en ese momento aliado de La Quina - y en la secretaria general seccional, David Ramírez Cruz. El 8 de julio de 1981 el mismo Guzmán Cabrera publica un desplegado en la prensa en el que invita al CEG y al Consejo Nacional de Vigilancia a participar en las propuestas para plazas de nueva creación. Esta decisión provoca que la autonomía seccional quede virtualmente anulada en la zona sur, la de más importante expansión en esos los años del boom petrolero, al tiempo que comienza a ser copada por cientos de trabajadores designados por la corriente quinista y provenientes de las secciones sindicales de la zona norte.
En el mismo año de 1980, el director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, decide abrirles otra vía de enriquecimiento a los líderes sindicales por medio de la concesión de derechos de comercialización de los remanentes de petróleo producto de los derrames y "asientos" en los tanques de almacenamiento, o gasolina "slop", que es vendida a empresas estadounidenses. En muestra de agradecimiento por los favores recibidos, el sindicato petrolero decide en 1981 comprar y regalarle al presidente López Portillo la residencia que desde años atrás ocupaba en la playa Pichilingue, de Punta Diamante en Acapulco, Guerrero, propiedad del empresario Melchor Perrusquía. La residencia constaba de ocho recamaras, ocho baños, alberca, playa privada, cancha de tenis y tenía una extensión de 4 mil 200 metros, y en ese momento tuvo un costo de nueve millones de pesos a cargo del sindicato petrolero, cuestión que se mantuvo en secreto saliendo a la luz pública casi 20 años después. 25
6. El enfrentamiento con el gobierno federal
La sucesión presidencial de 1982 estuvo marcada por la gran crisis derivada del desplome de los precios internacionales del petróleo y el aumento a niveles de castigo de las tasas internacionales de interés. También significó el desplazamiento de la vieja clase política formada en la retórica del nacionalismo revolucionario y el ascenso de un nuevo sector de técnicos formados en la escuela monetarista de las universidades estadounidenses y en las instituciones financieras estatales: los llamados tecnócratas neoliberales.
La nueva orientación de la política gubernamental no fue percibida claramente por la dirección sindical petrolera, que por un tiempo se atuvo a las tradicionales reglas de la política mexicana. En 1981, durante la campaña electoral de Miguel de la Madrid en Ciudad Madero, La Quina , al ofrecerle el apoyo de los petroleros, lo declara "candidato del porvenir, de la confianza y trabajador petrolero de planta". Sin embargo las relaciones con el nuevo gobierno se empezaron a enfriar desde la revisión contractual de 1983, en la que los resultados estuvieron muy por abajo de revisiones anteriores. Además, la bandera de "renovación moral" de la nueva administración toma como uno de sus temas centrales la corrupción en la industria petrolera durante los años del boom , involucrando en particular a La Quina y al ex-director de Pemex y en ese momento senador, Jorge Díaz Serrano, al que se le fincó un juicio penal y se le desaforó de su cargo parlamentario, encarcelándolo en julio de 1983.
Meses antes, en abril del mismo año, el nuevo director de Pemex, Mario Ramón Beteta, al comparecer en la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, expuso el plan de modernización de lo que anunció como "el nuevo Pemex", donde hizo un recuento de la corrupción, el dispendio, las importaciones innecesarias que, según consideró, "rebasan el marco de tolerancia que en otra situación pudiera tener explicación, pero en tiempos de escasez no tiene justificación”. La puesta en práctica de la modernización consistió en realizar cambios de importancia en la estructura jurídica administrativa de la empresa, suprimiéndose algunas gerencias y creándose otras; más de 100 órganos administrativos fueron eliminados y se reestructuró completamente el Instituto Mexicano del Petróleo.
A todas estas acciones se opuso la dirigencia petrolera encabezada por La Quina . En septiembre de 1983 se realizó una reunión plenaria del CEG y los secretarios seccionales en donde se ratifica el apoyo a La Quina y Barragán Camacho ante los cada vez más frecuentes ataques en su contra, particularmente de parte de los grupos petroleros opositores, el Movimiento Nacional Petrolero (MNP) y el Movimiento Petrolero Independiente "Lázaro Cárdenas" (MPI-LC). En esa reunión Barragán Camacho anunció que la Comisión Nacional de Fiscalización y Auditoría practicaría arqueos para comprobar "la honestidad del CEG". En declaraciones a la prensa La Quina denunció que las acusaciones en su contra eran una "campaña orquestada" por algunos secretarios de Estado (presumiblemente Carlos Salinas).
En esos mismos días el CEG presenta una denuncia penal contra el antiguo secretario nacional de Previsión Social, Hector García Hernández "El Trampas", por fraude de más de 1 mil millones de pesos. El Trampas es localizado en el mes de septiembre de 1983 en Estados Unidos, donde es secuestrado y traído a México por pistoleros al servicio de La Quina , siendo entregado a las autoridades judiciales. Con esta acción La Quina pretendía aparecer ante la opinión pública como el principal interesado en limpiar los manejos sucios en el sindicato; sin embargo, también se hizo evidente que el líder petrolero contaba con una fuerza armada propia capaz de actuar por encima de la legalidad vigente.
El mismo día en que La Quina entregaba a las autoridades al dirigente detenido, el líder de la sección 30, ex-secretario nacional y en ese momento presidente municipal de Poza Rica, Oscar Torres Pancardo, muere en un accidente automovilístico que despertó muchas sospechas en la opinión pública, sobre todo por el hecho de que el chofer del dirigente -que había sobrevivido al accidente- decidió en ese momento “suicidarse” de un balazo en la cabeza. Algunas versiones al respecto señalaban que el líder muerto se preparaba a encabezar una coalición nacional en contra del quinismo. En octubre del mismo año es destituido por el CEG el secretario general de la sección 10, David Ramírez Crúz, quien había manifestado abiertamente su desacuerdo con La Quina ; en su lugar es nombrado Sebastián Guzmán Cabrera, dirigente real del grupo mayoritario en la zona sur y, en ese momento casi seguro próximo secretario nacional, tanto por su cercanía a La Quina, como por que le correspondía a la sección 10 en la rotación triseccional.
Como consecuencia de la inmensa deuda externa de Pemex resultado de los desmesurados gastos realizados durante el periodo del boom en la administración de López Portillo, y que llegó a representar, en 1982, el equivalente a más de la mitad de los ingresos totales de la institución, durante el gobierno de Miguel de la Madrid se redujo drásticamente la desordenada expansión del periodo anterior. La inversión en la expansión de la planta y en actividades de exploración y perforación fue frenada radicalmente, pasando de 9 mil 300 millones de dólares en 1982, a alrededor de 1 mil 500 millones de dólares en 1986, como resultado también del desplome del mercado internacional de crudos en ese mismo año. Por otra parte, los gastos de operación pasaron del 28 por ciento de los ingresos al 11 por ciento, siendo el área más castigada la de mantenimiento, lo que dio lugar a una serie de accidentes -con saldo de decenas de muertos y heridos entre los trabajadores- provocados por el deterioro de las instalaciones, el más grave de los cuales fue la explosión en las instalaciones de San Juan Ixhuatepec en noviembre de 1984.
El 1 de enero de 1984, de manera sorpresiva, el gobierno federal reformó la Ley de Obras Públicas, eliminando la participación de terceros como contratistas y obligando a la adjudicación de los contratos por medio de convocatorias a licitaciones públicas. En el caso de Pemex esto significaba la cancelación de adjudicaciones de contratos, así como de la cesión a terceros y subcontratación, prácticas recurrentes del sindicato. Inmediatamente La Quina y Barragán Camacho buscaron entrevistarse con el presidente de la Madrid, quien les manifestó cierta disposición para flexibilizar la aplicación de las nuevas reglas en la industria petrolera, mediante la conversión de las comisiones de contratos nacional y seccionales en entidades con personalidad jurídica independiente de la empresa y del sindicato y con capacidad para realizar contratos de obras de mantenimiento y expansión. En septiembre del mismo año Pemex decidió suspender el pago al sindicato del dos por ciento del valor de las obras contratadas. A partir de entonces la Comisión de Contratos tendría que competir con las compañías privadas para obtener la obras, aunque en franca desventaja por falta de infraestructura, ya que su función siempre fue meramente intermediaria, de subcontratación.
Ante lo que la dirección sindical petrolera percibía como una embestida frontal contra el sindicato por parte del gobierno encabezado por el titular de SPP, Carlos Salinas, La Quina realiza una serie de maniobras políticas: por una parte, adelantando las elecciones seccionales al mes de marzo de 1984, abriéndose a negociar con sectores de las oposiciones locales; y por la otra, alterarando –por primera vez en la historia del sindicato nacional- la rotación triseccional y asignando en la Convención Nacional de diciembre del mismo 1984 la secretaría general del sindicato a una gente de toda su confianza y representante de la sección 1, José Sosa Martínez. En la misma convención se nombró a La Quina "secretario general suplente" (cargo que no existía anteriormente) a la vez que se le ratificó al frente de la dirección de Obras Sociales y Revolucionarias; también se designó al entonces senador y secretario general saliente, Salvador Barragán, al frente del Consejo General de Vigilancia, al cual se le otorgaron facultades extraordinarias para el mantenimiento de la disciplina sindical. Al mismo tiempo se decidió modificar las siglas del sindicato agregándole el término "revolucionario". Por su parte el aspirante frustrado a la dirección nacional, Sebastián Guzmán Cabrera, fue compensado con el nombramiento de “coordinador político nacional”, cargo también hasta entonces inexistente y sin ninguna atribución política real. 26
Sintiéndose fortalecido por el control de los principales cargos en el sindicato, La Quina inicia una ofensiva con la que rompe las reglas no escritas de la política mexicana. En las elecciones federales de 1985, el quinismo promueve de manera encubierta el voto plurinominal en favor del PST. En enero de 1986, durante el saludo anual al presidente de la República, el secretario nacional José Sosa Martínez advirtió, de manera inusitada, a Miguel de la Madrid que "si se hunde Pemex, se hunde usted, nos hundimos todos, se hunde el país". En marzo del mismo año, La Quina pidió a los trabajadores petroleros de Ciudad Madero todo el apoyo "para enfrentarme al gobierno, a los ministros, al director de Pemex y luchar por la autonomía del sindicato". Dos meses después La Quina llama al director de la empresa, Mario Ramón Beteta, "banquero de cuarta categoría". En septiembre el sindicato dirige una comunicación al entonces presidente del CT, Rafael Rivapalacio Pontones, protestando por los recientes aumentos al precio de la gasolina y de otros productos de Pemex, argumentando que los trabajadores saldrían fuertemente afectados. La virulencia del enfrentamiento parece amainar cuando poco tiempo después, Beteta es nombrado candidato a la gobernatura del estado de México y su lugar fue ocupado por Francisco Rojas.
Según información publicada tres años después por el reportero de Punto, H. Cazares Cámara, en 1986 se había realizado un primer intento por detener a los líderes petroleros, que fracasó al ser descubiertos los encargados de la operación por agentes de seguridad de La Quina . Los "operadores" fueron detenidos y encarcelados en Ciudad Madero, en octubre del mismo año. En su declaración judicial, los detenidos afirmaron que las armas y las granadas de mano con las que supuestamente amagarían a los líderes petroleros, se las habrían proporcionado personal militar del 77 batallón. El asunto no trascendió a la prensa ya que los mismos dirigentes petroleros y el Ejército se encargaron de silenciarlo. A raíz del incidente, el aparato de seguridad de los petroleros se intensificó aún más, incrementándose la importación de armas automáticas.
En 1987, una vez que Carlos Salinas había sido designado candidato a la presidencia, La Quina declaró a la prensa que Salinas no era su candidato, pero que en la medida en que Fidel Velázquez lo había apoyado, los petroleros se disciplinarían y votarían por el PRI, cuestión que reafirmará públicamente frente a Salinas en un acto de apoyo a su candidatura, en donde Salinas contestó recordando las palabras de Plutarco Elías Calles en la fundación del PNR, que "en México se acabaron los tiempos de caciques y caudillos, y solo perduraran las instituciones". Algunos miembros del CEG del SRTPRM, como Alfredo Pliego Aldana, promueven y participan abiertamente en mítines a favor de la candidatura independiente de Cuahutémoc Cárdenas. A su vez Salinas, en un acto con la dirigencia del SME, afirmó que "las alianzas políticas que se hacen con mi partido, tendrán una respuesta positiva en los hechos.., las que se hacen contra mi partido tendrán que atenerse a las consecuencias".
Tratando de evitar la intervención del candidato priísta en la renovación de la directiva nacional, La Quina decide adelantar una vez más las elecciones seccionales, reeligiendo a la mayoría de los secretarios generales y nombrando como convencionistas a sus incondicionales. También se obliga a la jubilación forzosa del líder de la sección 10, Sebastián Guzmán Cabrera, amagándolo con acusarlo penalmente por el delito de venta de plazas, con lo que se pretendía eliminar el último de los cacicazgos regionales que pudiera poner en entredicho el liderazgo del grupo de Ciudad Madero.
En noviembre de 1987, en la convención nacional del SRTPRM, se modificaron los estatutos para ampliar de tres a seis años la gestión del secretario general, siendo nombrado por tercera ocasión Salvador Barragán al frente del sindicato para el periodo 1988-1994. En ocasión del 50 aniversario de la expropiación petrolera en marzo de 1988, el SRTPRM publicó un desplegado en el que rechaza la posible privatización de la petroquímica, recordando que ya en el periodo de López Mateos se intento hacer lo mismo con el polietileno, cuestión que se impidió por la acción decidida de La Quina , recordando que en aquel momento el entonces secretario de Industria y Comercio, Raúl Salinas Lozano (padre de Carlos Salinas), se había negado a firmar el decreto privatizador. Un mes antes de las elecciones federales, Salvador Barragán declara que en el sindicato no se obliga a nadie a votar por el PRI y que, "como en todos lados, habrá uno que otro que no apoye al candidato Carlos Salinas".
Según los resultados oficiales de la votación del 6 de julio de 1988, en casi todos los distritos petroleros Carlos Salinas pierde, mientras que son electos la mayor parte de los diputados y senadores propuestos por el sindicato. En el estado de Hidalgo, de seis distritos, Carlos Salinas y el PRI perdieron en uno solo: el III, con cabecera en Tula. En Guanajuato, el PRI solo perdió los distritos IV y VI correspondientes a las zonas petroleras de Irapuato y Salamanca. En Veracruz, el PRI perdió en los distritos III, XIV y XV, con cabeceras en Poza Rica, Minatitlán y Coatzacoalcos. En las zonas petroleras de Tabasco y Tamaulipas, el PRI logró ganar, aunque con una ventaja muy reducida. En Campeche el PRI gano por escaso margen en el distrito I, mayoritariamente petrolero, y arrasó en el II, no petrolero. En Salina Cruz, Cárdenas ganó en un gran número de casillas. En el D.F., en el distrito 28, que comprende la zona petrolera de Azcapotzalco, Cárdenas duplicó la votación del candidato oficial.
Una vez instalada la nueva legislatura federal, en octubre de 1988, siete legisladores petroleros miembros del PRI, presentaron en la Cámara de Diputados una denuncia contra el entonces gobernador del estado de México, Mario Ramón Beteta, por supuestas irregularidades durante su gestión al frente de Pemex en la venta de barcos petroleros, la que finalmente fue desechada por la mayoría priísta en la legislatura. Unos días después, el 10 de noviembre del mismo año, es asesinado el líder de la sección 14 en Ciudad Pemex, Tabasco, Lenin Falcón Méndez, en ese momento enfrentado al grupo de Ciudad Madero, al que se atribuyó el hecho. El 10 de diciembre la prensa nacional informó del descubrimiento de un contrabando de armas en la frontera de Tamaulipas supuestamente dirigido a los dirigentes petroleros en Ciudad Madero. En respuesta a las acusaciones en la prensa, en una conferencia de prensa realizada en Tampico el 15 de diciembre de 1988, La Quina afirmó que “debemos obedecer al presidente cuando haga cosas buenas, pero cuando haga cosas malas nunca. El partido no tiene por qué consultar al Ejecutivo, sino decirle que hacer tomando las ideas del pueblo”. 27
Durante la salutación que con motivo del nuevo año 1989 los dirigentes del SRTPRM hicieron al director de Pemex, Francisco Rojas, este exhortó a los trabajadores a trabajar juntos olvidando diferencias, porque no obstante las dificultades de los últimos dos años, se han entregado buenos resultados. En representación del Comité Ejecutivo General, el secretario de la sección 30, E. Rodríguez García hizo hincapié en la necesidad de aumentar los programas de exploración y perforación para elevar las reservas que aseguren la continuación de los planes de expansión de la empresa. 28
En esos mismos días se conocieron las declaraciones a la prensa del diputado federal del PRI por Atlacomulco, estado de México, J. Almazán Delgado, en las que afirmaba que La Quina y Salvador Barragán eran "cuchillitos de palo, que no cortan pero que bien friegan", a propósito de las nuevas pruebas presentadas por el SRTPRM respecto a la demanda de juicio penal contra el ex-director de Pemex, Mario Ramón Beteta, por fraude, a pesar de que ésta pasó por diferentes instancias: PGR, Comisión Legislativa, Comisión Permanente y Cámara de Diputados, por lo que, según el diputado, se trataba de un caso juzgado. 29
7. Conclusiones
Desde 1912 los gobiernos revolucionarios habían intentado controlar las actividades de las compañías a través de impuestos, pero los límites definitivos fueron fijados por la Constitución de 1917 que, por una parte, reforma la legislación liberal anglosajona retomando la tradición colonial española de la propiedad original del Estado sobre el suelo y el subsuelo en el territorio nacional, y por la otra, hace al Estado garante y tutor de los derechos y las obligaciones sociales del trabajo y del capital. Las empresas rechazaron en todo momento cualquier limitación gubernamental a la propiedad privada escalando el enfrentamiento hasta la amenaza y hostigamiento militar de la armada estadounidense. El conflicto entra en una tregua a partir de 1921 -año en el que se alcanza el mayor volumen de producción de crudos, y que no se volvería a alcanzar hasta 1978, en pleno boom petrolero-, como resultado de las drásticas modificaciones en el mercado mundial causadas por el inicio de la producción a gran escala en Venezuela y el cercano oriente, y que en México causaron el cierre de empresas y el desmantelamiento de las instalaciones para su traslado a las nuevas zonas productoras. A partir de este año la producción para el mercado internacional disminuiría paulatinamente, frenándose la exploración y apertura de nuevos campos y sometiendo los existentes a una sobreexplotación de las reservas. Esta tregua duraría hasta los inicios del conflicto obrero-patronal cuyo desenlace fue la expropiación de 1938.
Dentro del modelo de sustitución de importaciones, la industria petrolera operaba con dos componentes institucionales centrales: la propiedad de la nación y el monopolio del Estado. Será hasta mediados de los ochenta cuando el segundo componente será puesto en cuestión en las normas y en los hechos. Desde 1938 la política petrolera se concentró en el abasto de productos refinados para el desarrollo de la industrialización y el mercado interno protegido, abandonándose casi en su totalidad la participación en el mercado internacional. Esto provocó en el mediano plazo un nulo desarrollo tecnológico y ningún crecimiento de las actividades de exploración y perforación. A finales de los años sesenta, entre los signos de la crisis del modelo económico, al desabasto alimentario (el paso de la exportación a la importación de productos agrícolas), se le sumaba la incapacidad de abasto petrolero al mercado interno de gasolinas y petroquímicos, con lo que Pemex se convertía en una empresa importadora de productos refinados.
Esto obligó a que a la inversión gubernamental en exploración y perforación se reactivara a principios de los setenta. En 1976 se inicia la producción en los nuevos y ricos campos petroleros del sureste mexicano, y a finales de la década en la plataforma marítima de la costa de Campeche. El explosivo crecimiento de la producción reinserta al petróleo mexicano con el mercado mundial, y se da en una nueva coyuntura en la que, por primera vez, un cartel de Estados productores se opone al cartel de las grandes empresas petroleras, fijando políticamente los precios internacionales del petróleo. Durante casi cinco años los países productores se convierten en “nuevos ricos”, hasta que la bonaza va debilitando el acuerdo político por el aumento incontrolado de la producción en busca de mayores ganancias, dentro de un mercado que había iniciado ya el cambio hacia las nuevas tecnologías de la microelectrónica, la ingeniería genética, la cibernética, la informática y la comunicación, y sus aplicaciones en la automatización y robotización industrial, en la sustitución y ahorro de las fuentes energéticas, y en los cambios de la estructura financiera internacional.
En México la administración gubernamental de la nueva riqueza consistió en concentrar todo el esfuerzo en el aumento de la producción de crudos para el mercado internacional, apoyándose en la transferencia desde el exterior de la moderna y costosa tecnología necesaria para la exploración y extracción en los campos productores en alta mar, misma que era pagada con un crecimiento incontrolado del crédito externo, al tiempo que con el incremento de las exportaciones se podía captar un gran número de divisas para financiar el gasto gubernamental. La bonanza llegó a su fin en 1982 en medio de la gran crisis provocada por la caída de los precios internacionales del petróleo y el aumento hasta niveles de castigo en las tasas internacionales de interés. Las consecuencias para México fueron devastadoras, frenándose por completo el crecimiento y llegando a su fin el modelo de desarrollo iniciado desde la década de los cuarenta. En el nuevo escenario de la globalización neoliberal, la política petrolera gubernamental puso el acento en la reducción de la deuda externa por la misma vía de obtener divisas a partir del aumento en la exportación de crudos no obstante los bajos precios internacionales. Por otra parte se canceló la inversión en exploración, perforación, mantenimiento y desarrollo tecnológico, sometiéndose a la planta instalada (que, salvo en las nuevas zonas productoras, era prácticamente la misma que se había expropiado en 1938) a un uso intensivo.
Salvo el esfuerzo en el aumento de la extracción de crudos, la inversión se concentró durante los años ochenta en la construcción de los gigantescos complejos petroquímicos estatales, en donde en realidad se trataba de gastar un financiamiento pactado durante los años del boom , y proyectado para insertar un sector industrial “de punta” en el mercado internacional de derivados petroleros. Sin embargo la crisis de 1982 modificó totalmente los supuestos del proyecto petroquímico, y cuando finalizó la construcción de los grandes complejos, en los años 1989 a 1992, la tecnología con la que operaban tenía un rezago de varios años respecto a las pautas internacionales, además de que la mala planeación y la corrupción asociada, provocaría que la demanda de petroquímicos básicos e intermedios para la operación de las nuevas plantas se cubriera con importaciones.
La política gubernamental frente a esta situación consistió en impulsar la privatización de la petroquímica mediante la modificación de los criterios legales de clasificación de los productos petroquímicos de control exclusivo del Estado, y aquellos susceptibles de control privado. Esta modificación a la normatividad tendía a la reducción del monopolio estatal, y era acompañada de otras medidas en la misma dirección por medio del impulso al contratismo privado en las actividades de exploración, construcción, mantenimiento, así como producción de gas para consumo doméstico e industrial y como insumo para las nuevas plantas termoeléctricas, en lo que podemos calificar como una privatización encubierta.
Las medidas gubernamentales tendientes a la privatización de diversas actividades petroleras no solo ponían en cuestión el monopolio estatal en la industria de los hidrocarburos, también avanzaban en contra del monopolio sindical en la contratación de la fuerza de trabajo para la industria. La formación del sindicato nacional en 1936 integró en un solo organismo a las decenas de sindicatos de empresa y de gremio que desde 1911 agrupaban a los trabajadores al servicio de las compañías extranjeras, con una gran heterogeneidad y precariedad de las condiciones de trabajo y de contratación. En los dos años siguientes el sindicato petrolero se colocaría en el centro del gran proceso de reconstrucción institucional nacional que daría lugar a la formación de la Confederación de Trabajadores de México y de la industria petrolera nacionalizada. Para los trabajadores petroleros este proceso significaría también avanzar en la homogeneización, mejoramiento y estabilidad de la relación laboral. A principios de la década de los cuarenta el sindicato pasaría de ser un organismo gremial semi-autónomo, a una institución corporativa del Estado integrada de manera subordinada en la definición y (eventualmente) la ejecución de la política económica, social y electoral a través de la representación en el consejo de administración de Pemex, en las cuotas corporativas en las legislaturas locales y federales, en la administración municipal, y en la estructura del partido y de la CTM. A su vez la dirección sindical evolucionaría para convertirse en una burocracia sindical empresarial.
Esta subordinación del sindicato al PRI-Gobierno provocó que, desde sus orígenes y a través de toda su historia posterior, tuviera una doble imagen frente a la sociedad nacional. Por una parte, se trataba de un sindicato emblemático que en su organización y acción retomaba las tradiciones históricas del sindicalismo mexicano, señaladamente la estructura federalista y la autonomía seccional, el solidarismo como vínculo entre la acción gremial y social, y finalmente el nacionalismo como alianza con el Estado, dentro de un proyecto de justicia social en el cual el contrato colectivo de la industria petrolera aparecía como la expresión patente de la promesa cumplida de la revolución mexicana. Todos estos elementos hicieron que el sindicato adquiriera un peso político de primera importancia en las localidades y comunidades asentadas en las zonas petroleras, y en general en el país, por la carga histórica de la industria nacionalizada como referente simbólico de la unidad nacional. La otra imagen, la cara sucia del sindicato, tenía que ver con la corrupción derivada del contubernio con los funcionarios de la empresa y del Estado a través del control sobre el empleo y el contratismo. El sindicato petrolero se constituyó en un organismo prototipo del corporativismo de Estado, en donde la representación local, regional y nacional -en la que quizás sea la más importante actividad industrial en el país- se monopoliza a través de una federación oligárquica cohesionada por una estructura burocrática autoritaria y centralizada, cuya legitimidad deriva del reconocimiento presidencialista.
En la burocracia central (CEG) se encuentran amalgamados y garantizados diferentes intereses regionales organizados en un sistema federativo (nacional, regional y local) de alianzas basadas en el patrimonialismo y el clientelismo. El principio federativo evoluciona de la autonomía seccional al cacicazgo, que sigue siendo una suerte de autonomía, porque el cacique representa a su vez a una coalición de intereses con una base territorial definida (regional) y cuya influencia se extiende más allá de las relaciones gremiales, hacia las familiares, étnicas, religiosas, políticas y de negocios. El principio solidarista también evoluciona hacia el clientelismo y los negocios privados mediante el uso patrimonialista de los bienes y la gestión, y la participación del sindicato en la practica del contratismo. La representación se convierte así en una estructura de coptación que transforma a los dirigentes en receptores dependientes de los favores públicos y en agentes pasivos de la política del Estado, con una gran capacidad disciplinaria de las clientelas políticas (dentro y fuera del sindicato) y con férreos controles sobre la selección del liderazgo y la articulación de intereses (demandas).
El pacto corporativo toma cuerpo dentro del sindicato en el principio (plural y oligárquico) de rotación y de no-reelección del liderazgo nacional, lográndose un equilibrio duradero orientado por los principios del nacionalismo identificado con el Estado (y su representación, el presidente), la justicia social y los beneficios de la contratación colectiva para los agremiados y, de manera preferente, para la burocracia sindical. Esto implica que las demandas fundamentales son negociadas de manera cupular (corporativa) con la empresa, gobierno y partido oficial en una estructura decisoria piramidal, en cuya cúspide se encuentra la figura presidencial, de donde deriva toda legitimidad en el ejercicio de la autoridad.
Este equilibrio (inestable) se mantiene por el relativo nulo crecimiento de la industria hasta antes de los setenta, cuando se consolida el predominio de uno de los liderazgos corporativos más poderosos -económica y políticamente- del sindicalismo mexicano. Con el quinismo y la expansión de la industria al sureste, la burocracia central adquiere un predominio sobre las burocracias seccionales. El auge petrolero de 1976-1982 convirtió al STPRM -y a La Quina como influencia decisiva dentro del sindicato- en una fuerza importante con capacidad de acción coherente y unificada en el nivel regional y nacional. Su liderazgo nacional contaba entonces con la mayor autonomía lograda por algún liderazgo corporativo, la que se fue ampliando con la llegada de los tecnócratas al poder. Por esto la política gubernamental neoliberal de “ajuste estructural” para la industria, basada en la progresiva privatización de áreas de actividad, la reforma administrativa, la exclusión del sindicato de la gestión, el reajuste masivo de personal y la flexibilización de las condiciones de trabajo, chocaba con el liderazgo quinista.
Frente a esto la dirección del sindicato petrolero optó por escalar el enfrentamiento con la burocracia política. El conflicto rompió con las reglas no escritas de la relación entre el sindicalismo oficial y el gobierno federal. Por primera vez un dirigente sindical corporativo criticaba directa y abiertamente al presidente de la República, al tiempo que de manera encubierta promovía el voto anti-priísta en las elecciones federales. Y además lo realizaba desde la reivindicación histórica del nacionalismo revolucionario y de la industria nacionalizada. La división del PRI y los controvertidos resultados en las elecciones presidenciales de 1988 volvieron a situar al sindicato petrolero, cincuenta años después, dentro de un gran proceso de reconstrucción institucional en la industria y en el país, y también lo condujeron de un pacto corporativo de alianza subordinada, a una situación de sumisión total. Con la nueva administración federal los asuntos del sindicato pasaron a ser tratados en la Secretaría de Gobernación y la PGR, mientras que la relación de trabajo se negociaba en los departamentos de personal de las instalaciones y en las agencias de la JFCA.
II. Mecánica del quinazo 30
Durante el auge petrolero de 1977-1982, el 85 por ciento de los contratos y el 96.6 por ciento de la inversión autorizada para obras se adjudicaron directamente por los funcionarios de la empresa sin que mediara concurso alguno, lo que dio lugar a un crecimiento desmesurado de la corrupción en la que participaron funcionarios de la empresa, líderes sindicales y empresarios privados que se repartieron vorazmente los beneficios de la "abundancia" anunciada por José López Portillo. Por esto la nueva administración de Miguel de la Madrid ubicó a la industria petrolera como uno de los principales objetivos de la "renovación moral", fincándosele juicio penal y encarcelando al ex-director de Pemex, Jorge Díaz Serrano. La Quina por su parte trató de limpiar la imagen del sindicato mediante la denuncia penal y escandalosa detención de su ex-lugarteniente "el Trampas".
En 1983 Pemex realizó un diagnóstico de la relación laboral en la industria en el que se destaca como los principales problemas a resolver: 1) la pérdida de la empresa de los mecanismos de selección de personal; 2) el relajamiento de la disciplina laboral y 3) el excesivo personal, lo cual es resumido en una formulación de inicio: en Pemex el sindicato funciona como patrón y la empresa es vista como botín. Por esto el primer objetivo en cuanto a la relación laboral fue tratar de eliminar la influencia "corruptora" del sindicato, lo cual hasta antes del "quinazo" se realizaría por medio de la contratación directa de nuevo personal de confianza y de empresas privadas para la realización de distintas actividades que antes eran confiadas al sindicato. 31
En 1984, con las reformas a la Ley de Obras Públicas, se cancelan las adjudicaciones de contratos al sindicato, así como las prácticas de sesión a terceros y subcontratación. También se elimina el pago al sindicato del 2 por ciento sobre el valor de las obras contratadas, aunque La Quina logra negociar con el presidente Miguel de la Madrid que se mantenga esta cuota y una cierta flexibilización en la asignación de contratos, acuerdo que sin embargo se aplica parcialmente, cancelándose definitivamente después de la detención de La Quina en 1989.
Las reformas de 1984 escalaron el enfrentamiento entre el quinismo y el gobierno federal, manifestado en acontecimientos públicos como las amenazas al presidente Miguel de la Madrid ("se hunde Pemex, nos hundimos todos") en 1986, la solicitud de juicio político al gobernador mexiquense y ex-director de Pemex Mario Ramón Beteta en 1986-1988, las amenazas mutuas con Carlos Salinas y la publicación encubierta de panfletos amarillistas durante la campaña presidencial de 1988. Desde las elecciones federales de 1985, el quinismo promueve el voto plurinominal en favor del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). En 1988 Cuauhtémoc Cárdenas ganó la votación presidencial en la casi totalidad de los distritos petroleros, mientras que en la votación uninominal para el Congreso de la Unión los siete candidatos petroleros por el PRI ganaron fácilmente. Desde meses antes, durante la campaña, Salinas había amenazado abiertamente: “las (alianzas) que se hacen contra mi partido, tendrán que atenerse a las consecuencias”.
1. El uso autoritario de la violencia legítima
La noche del 9 de enero las instalaciones petroleras en el país fueron tomadas por efectivos militares en prevención de los acontecimientos del día siguiente. A las 8.30 de la mañana del 10 de enero de 1989, de manera sorpresiva se realizó la detención violenta de Joaquín Hernández Galicia “ La Quina ” por 50 elementos militares que lanzaron 3 granadas a una casa contigua, dispararon una bazooka contra la puerta y tomaron la casa de La Quina en Ciudad Madero en medio de un tiroteo en el que supuestamente murió el agente del Ministerio Público Federal, Antonio Zamora Rioja. La Quina fue sorprendido saliendo del baño envuelto en una toalla. También fueron detenidos en el domicilio el capitán naval G. Sánchez Suix; el ex-presidente municipal de Tampico, G. González García; el secretario de la sección 33, G. Méndez Izeta; y otros 7 ayudantes y guardias. Los soldados llevaron inmediatamente a los detenidos al aeropuerto de Tampico, donde los esperaba un Boeing 727 de la Fuerza Aérea Mexicana, que los trasladó al DF.
Testigos vecinos del lugar, entrevistados por distintos medios de prensa, dijeron que en la acción no participó ningún civil; los soldados llegaron a bordo de tres camiones militares y de inmediato dispararon al aire tomando por la fuerza la casa. No hubo ningún herido o muerto en el asalto que duro 25 minutos, al final del cual se trasladó a los detenidos en otro vehículo militar, quedando la casa sin ninguna vigilancia durante casi una hora, antes de la llegada de otro contingente militar que introdujo en la casa contigua, propiedad de la hija de La Quina , 11 cajas de madera que después fueron fotografiadas y filmadas conteniendo 200 rifles Uzi, 25 mil cartuchos y otras 17 armas de alto calibre. Los agentes del Ministerio Público Federal acusaron a La Quina de posesión, acopio e introducción de armas de calibres prohibidos por la ley. También lo acusaron del homicidio calificado del agente del Ministerio Público. En total fueron detenidas ese día 37 personas aparte de La Quina , entre ellas el ex-líder petrolero, José Sosa Montes y Sergio Bolaños Quezada, presunto prestanombres de La Quina al frente de la empresa contratista “Grupo Serbo”.
A la misma hora del operativo en Ciudad Madero, la casa de secretario general del SRTPRM, Salvador Barragán Camacho, en Ciudad Satélite, en la zona conurbana de la ciudad de México, fue tomada por soldados que entraron por la azotea y dispararon 15 balazos contra la puerta principal. Barragán se encontraba en las oficinas de Fidel Velázquez en la CTM, mismas que fueron rodeadas por soldados y policías capitalinos. A la medianoche, y escoltado por el secretario del Trabajo, A. Farell y el director del ISSSTE, E. Lozoya, Barragán Camacho fue trasladado al hospital de cardiología en Tlalpan, aquejado de una enfermedad del corazón y en calidad de detenido.
El agente del Ministerio Público Federal (MPF) muerto en la detención de La Quina , A. Zamora Rioja, nunca fue visto vivo por nadie. Pocos días antes de los acontecimientos en Ciudad Madero, Zamora Rioja había participado en la recaptura del narcotraficante G. Ontiveros "el greñas", en Chihuahua, donde surgió la versión de que el agente del MPF había muerto en el operativo, lo que fue desmentido por la PGR. Los trámites correspondientes fueron realizados por el subprocurador federal, J. Coello Trejo, quien se apersonó en la agencia del Ministerio Público en Tampico, desde donde dictó las actas correspondientes, sin que ninguno de los firmantes practicara ningún tipo de diligencia sobre el cadáver. La rapidez con la que se hizo todo, provocó que el acta de defunción fuera denegada por el oficial del registro civil de Tampico, porque los hechos no se habían realizado en esta localidad, sino en Ciudad Madero. La incineración inmediata del cadáver en una funeraria privada del DF se realizó por "decisión de la viuda" y sin que se hubieran presentado las actas de defunción y la autorización del MP de Tampico.
Al día siguiente muy temprano llegaron a Ciudad Madero 10 "funcionarios federales" con el objetivo de iniciar el levantamiento de actas en contra de los trabajadores que habían paralizado las instalaciones desde que supieron de la detención de sus dirigentes. También desde entonces el presidente municipal de Ciudad Madero, Cirilo Juárez Salierna, se mantenía recluido en las oficinas de la sección uno ante el temor de ser detenido. En la misma ciudad se supo de la sustitución (sin que se supiera qué autoridad lo ordenó) de los jefes policíacos y de seguridad, todos ellos gente de confianza de La Quina . A las 12.30, después de 24 horas de paro, se reiniciaron las labores en la refinería de Ciudad Madero que continuó bajo vigilancia militar.
Ese mismo día la Procuraduría General de la República emitió un comunicado afirmando que en la detención de los líderes petroleros se procedió de acuerdo a la ley, ya que estaban acusados de acopio e introducción ilegal de armas. Se informó también que en declaraciones ante el MP, tres de los guardaespaldas de La Quina acusaron a éste de "haber ordenado matar al ex-dirigente nacional Oscar Torres Pancardo en septiembre de 1983". También la fiscalía especial para el caso Manuel Buendía anunció que incrementaría las averiguaciones "sobre la hipótesis de la participación de Barragán Camacho en el asesinato" del periodista, solicitando la comparecencia del líder a fin de interrogarlo.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) por su parte, informó en un comunicado que el país no estaba viviendo un estado de emergencia, aunque las 36 zonas militares del país "se encontraban en estado de emergencia debido a la posibilidad de que grupos de inconformes trataran de incitar a la violencia", por lo que, a solicitud de Pemex, "se continuaba vigilando estrechamente refinerías, petroquímicas, centrales de almacenamiento y bombeo, gasoductos, estaciones de compresión, estaciones de bombeo, estaciones marítimas y pasos de ductos, así como las instalaciones eléctricas del país". El comunicado afirmaba también que la participación del ejército en la detención no fue ilegal ni violó la Constitución, y se basó en las atribuciones que las leyes le daban al máximo cuerpo armado. Este mismo día se conoció un comunicado de la Armada de México, informando que daba protección a instalaciones marítimas y puertos petroleros.
El 12 de enero se anunció que la PGR dispuso "congelar" las cuentas bancarias de los dirigentes del sindicato petrolero J. Hernández Galicia, S. Barragán C., J. Sosa M., S. Bolaños Q., J. Santoscoy, E. Ortega K. y del ex-senador por Tamaulipas, M.J. Canseco, entre otras 35 personas físicas y morales, que en conjunto representaban más de cien mil millones de pesos (44 millones de dólares). También se determinó el embargo precautorio de los activos de una docena de empresas pertenecientes al grupo Serbo y asociados, ante la querella presentada por la Secretaría de Hacienda por el delito de defraudación fiscal que, entre multas, recargos y gastos administrativos, ascendía a un total de 24 mil 243 millones de pesos. También se informó que la Policía Judicial Federal decomisó al ex-senador y líder de los petroleros, S. Barragán, un lote de joyas con un valor comercial de 3 mil millones de pesos; asimismo le fue asegurado un automóvil de fabricación canadiense con un valor de 75 mil dólares, así como otros 15 mil dólares y moneda nacional que tenía en efectivo; todo esto fue encontrado en el interior de varias maletas halladas en el interior de un automóvil Grand Marquis propiedad de Barragán, que se encontraba estacionado en las inmediaciones de la CTM.
De un total de 54 detenidos en relación con el caso de La Quina , únicamente nueve de ellos fueron puestos en libertad en los dos días siguientes, al comprobarse que no tenían participación en los hechos. Las consignaciones fueron las siguientes: a La Quina por homicidio calificado contra el agente del MP, Zamora Rioja y por introducción clandestina de armas de fuego reservadas para uso exclusivo del ejército, así como acopio de armas y resistencia de particulares; a S. Barragán por acopio de armas, reservadas para uso exclusivo de las fuerzas armadas; a J. Sosa M., R. Segovia Zárate, J.E. Kuri y G. Correa Bravo por portación de armas de fuego reservadas a las fuerzas armadas; y por distintos delitos relacionados con los anteriores se consignó al resto de los involucrados, a excepción de J. Santoscoy y S. Bolaños, quienes fueron acusados por defraudación fiscal. En un desplegado de prensa la PGR informó que la acción se determinó por las denuncias de introducción ilegal y acopio de armas; la intervención del ejercito se decidió por la peligrosidad y gran cantidad de guardaespaldas fuertemente armados que vigilaban el domicilio de La Quina , "lo cual se demostró con la balacera desatada en la cual perdió la vida el agente del MP, G.A. Zamora Rioja".
En la declaración preparatoria en el juzgado federal donde se le juzgaba, La Quina afirmó que tuvo que firmar los documentos que la PGR presentaba como aceptación de las acusaciones, porqué recibió amenazas de que nunca volvería a ver a su familia, la cual estaba secuestrada; rechazó todas las acusaciones que se le imputaban, y aseguró que era víctima de una conjura, de una maniobra difamatoria y sucia preparada por el gobernador del estado de México, Mario Ramón Beteta, en complicidad con el ex-secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, E. Pesqueira Olea, el director de Pemex, F. Rojas, y el Procurador General de la República, E. Alvarez del Castillo. Rechazó que el presidente Salinas le haya dado la espalda, y confió en que el Ejecutivo Federal se diera cuenta de "la conjura que se había levantado para manchar al régimen salinista", afirmando también que "no tenía razones para romper la alianza con el gobierno".
Para entonces en las tres ciudades tamaulipecas, Ciudad Madero, Altamira y Tampico, donde La Quina ejercía un amplio cacicazgo político, habían sido destituidos de sus cargos varios funcionarios del ramo judicial y policiaco, y se habían levantado actas administrativas y notariales en contra de los líderes de las secciones 10 y 31 por el paro de actividades, al tiempo que se corrió el rumor (que resultó falso) de la detención de los líderes de la sección 31, C. Vasconcelos Guevara y F. Tenorio Martínez.
El 13 de enero el juez octavo de distrito en materia penal, J.L. García Vasco, decretó la libertad bajo fianza de 28 de los 46 implicados en al caso de La Quina , ya que la penalidad de los delitos de encubrimiento y resistencia de particulares, no rebasaba los cinco años de prisión. La caución fijada oscilaba entre 100 mil y 2 millones de pesos; el juez informó también que en el caso de La Quina , Barragán y demás coacusados, el término constitucional para definir su situación jurídica se ampliaba a 72 horas a petición de los abogados defensores. En igual situación se encontraban S. Bolaños y J. Santoscoy (ex-subsecretario del Trabajo durante dos sexenios), entre otros. El abogado de ambos, Juan Velázquez Evers, indicó que Santoscoy era inocente del cargo de evasión fiscal, toda vez que se trataba solamente de un empleado de Bolaños, que "lo tenía en su despacho como una figura decorativa". Por su parte S. Barragán rendía su declaración preparatoria en el hospital donde era atendido, en la que afirmó ser inocente del delito de acopio de armas y de todas las acusaciones.
Un día después el comandante de la VII zona militar, J. Contreras G. informó que el secretario de la Defensa, A. Riviello B., había dado instrucciones para reforzar la vigilancia militar en las distintas instalaciones de Pemex en previsión de cualquier alteración o intento de sabotaje.
Ese mismo día la PGR, informó que se investigaba en torno a los dos jets ejecutivos franceses "Corvette" y la presunta posesión de tres yates de los líderes La Quina , Barragán y su cómplice S. Bolaños. La dependencia también anunció que podría presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de Barragán Camacho, ya que mientras en su última declaración patrimonial aseveró tener 200 millones de pesos, tan sólo en las joyas, armas y el vehículo blindado decomisados, se cuantificaron más de 3 mil millones de viejos pesos. En sus declaraciones a las autoridades judiciales, S. Barragán, negó haber poseído, comprado, portado o recibido armamento, así como haber tenido una carga impresionante de joyas en la cajuela del coche. Por su parte el coordinador jurídico del SRTPRM, C. Castro Esparza, informaba el 15 de enero que hasta ese momento se habían tramitado 53 amparos contra posibles aprehensiones de funcionarios sindicales.
El 16 de enero se anunció la búsqueda policíaca del ex-alcalde de Reynosa, ex-líder petrolero, ex-diputado federal y ex-presidente del PRI en Tamaulipas, J. Cruz Contreras, alias el "Padrino", a quien se acusaba de contrabando de armas para La Quina . La PGR también informó que se detectaron cuentas bancarias en los EUA por 3 mil millones de dólares a nombre de La Quina , Barragán, Bolaños y Cruz Contreras, así como retiros bancarios en la ciudad de México por más de mil millones de pesos, realizados por V. López y M. Estrada, presidente y secretario de la Comisión de Contratos del CEG. También se informó este día que los Tribunales de Justicia otorgaron amparo a más de 100 trabajadores del equipo de La Quina .
El día siguiente, 24 horas antes del término legal para dictaminar la situación jurídica, La Quina y dos coacusados guardaespaldas fueron declarados formalmente presos por el juez octavo de distrito en materia penal, acusados de los delitos de homicidio calificado, portación de arma prohibida, encubrimiento al acopio de armas y resistencia de particulares. Por su parte la SHCP, la PGR y la Procuraduría Fiscal de la Federación, investigaban una presunta evasión fiscal de los líderes presos por 10 millones de dólares, por introducción ilegal de 5 aviones y 6 helicópteros propiedad de la "honorable comisión de contratos" del SRTPRM.
El 22 de enero la PGR informó que se proseguía con la investigación en los Estados Unidos y Europa rastreando posibles propiedades y negocios de La Quina y asociados, en particular de S. Bolaños. Este día se conoció la revocación de la licencia al notario público 182, de Ciudad Madero, G. González Galván, a raíz de haber realizado el acta ocular de como quedó la casa de La Quina después de su aprehensión, solicitada por un grupo de petroleros encabezados por J.P. Ramírez, y en la que se constataba no haber encontrado ninguna huella de sangre que comprobara el asesinato del agente del MP, encontrándose en cambio varias cajas que contenían 250 metralletas Uzi y 30 mil cartuchos que presuntamente los soldados dejaron en la entrada de la casa. Este mismo día los abogados de La Quina , encabezados por R. Franco Guzmán, hicieron declaraciones a la prensa afirmando que contaban con pruebas de que el asesinato del funcionario judicial no se realizó en el lugar de la detención.
2. La unidad institucional de la clase política
Horas después de la detención de los dirigentes petroleros el 10 de enero, se celebró una reunión extraordinaria en Los Pinos, con la asistencia del Procurador E. Alvarez del Castillo, los secretarios de Gobernación, F. Gutiérrez Barrios; de Defensa, A. Rivielo B. y el director de Pemex, F. Rojas. Poco después llegó Fidel Velázquez quién permaneció en el lugar alrededor de 20 minutos, sin poderse entrevistar con el presidente Salinas. También se presentaron el secretario del Trabajo, A. Farell y el líder del SNTE, C. Jonguitud. Por la tarde estuvieron F. Solana y J. García Paniagua, así como el dirigente de la CCI, A. Garzón Santibáñez y el secretario de Desarrollo Urbano, P. Chirinos.
Por la noche, el director de Pemex, F. Rojas, informó la prensa que no existía peligro de desabasto, ya que con excepción de Azcapotzalco, las refinerías de Tula, Cadereyta, Salina Cruz y Ciudad Madero empezaron a laborar normalmente horas después de la detención, no obstante los paros promovidos por trabajadores petroleros en apoyo a los dirigentes detenidos. También informó que los centros petroquímicos de Pajaritos, La Cangrejera y Morelos, mantenían sus operaciones normalmente. Solo Agua Dulce y Cosoleacaque seguían sin operar hasta las diez de la noche. En relación con el abasto de gasolinas, el funcionario indicó que si los piperos no se presentaban a laborar el día siguiente, se alquilarían equipos de empresas privadas, o tal vez se utilizaría también al ejercito para garantizar el abasto.
El mismo día de la detención de La Quina , la fracción parlamentaria del PRI consideró que el gobierno federal había procedido de acuerdo con sus atribuciones constitucionales. Según el líder de los diputados priístas, D. Jiménez Morales, se trataba de un asunto judicial y no político. Lo mismo afirmó el líder de los asambleístas del Distrito Federal, F. Ortiz Arana.
Un día después la fracción del PRI defendió en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la detención de La Quina , sosteniendo que se trataba de un asunto judicial. Dando ejemplo de disciplina (y de traición a sus compañeros sindicalistas) el presidente de la Permanente, el senador cetemista E.M. González, negó el uso de la tribuna al dirigente y diputado petrolero, A. Barrientos Parra, que intentaba expresar la posición de su gremio, por lo que éste tuvo que hacer declaraciones a la prensa fuera del recinto parlamentario, afirmando que el sindicato buscaba que la LIV legislatura se hiciera eco de sus reclamos para que, en primera instancia, pudieran ver a los dirigentes presos que se encontraban incomunicados; sin embargo el líder sindical también reafirmó el llamado a que los trabajadores petroleros se reintegraran a sus labores, y reiteró su militancia en el PRI y la CTM.
En la Asamblea de Representantes del DF, la mayoría priísta -con la abstención del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó una propuesta del representante del PPS, H. Ramírez Cuellar, para que ese órgano se pronunciara por el rechazo a la violación de las garantías individuales, la liberación de los dirigentes presos y el freno a las agresiones al sindicato petrolero. Votaron a favor el Partido del Frente Cardenista de Liberación Nacional (PFCRN), el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Mexicano Socialista (PMS). A su vez el CEN del PRI, por medio de un comunicado de prensa leído por su presidente, L.D. Colosio, brindó su apoyo irrestricto "a las medidas tomadas por el gobierno federal para preservar la seguridad nacional y el estado de derecho, lo que no puede interpretarse como una agresión al movimiento obrero, sino solo a algunos dirigentes que transgredieron las normas legales". No obstante el golpe gubernamental contra el sindicato, el comunicado reafirmó lo que en la jerga priísta denominaban como "la alianza histórica del PRI con el movimiento obrero organizado", al mismo tiempo que calificó de "oportunistas" a "algunos" partidos de oposición por tratar de darle un tinte político a una acción de la justicia.
Mientras tanto se seguía manifestando el respaldo al presidente Salinas por parte de los hombres del sistema, como lo mostraban las declaraciones que el día 13 de enero hicieron los gobernadores de Tamaulipas, A. Villareal; Guerrero, J.F. Ruiz Massieu; y Morelos, A. Riva Palacio, apoyando la detención de los líderes petroleros. La fuerza de Salinas era creciente; ninguna resistencia fue suficiente para impedir el desmantelamiento sistemático del quinismo, pero ahora el enfrentamiento no se limitaba a un grupo de líderes, sino con los petroleros y sus aliados, razón por la que el gobierno recurrió a la militarización preventiva y disuasiva.
El mismo día 13 de enero el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral y director del Seminario de Derecho Penal de la UNAM, R. Carrancá y Rivas, consideró que los cargos contra La Quina no solo debían de ser por acopio de armas, sino también por conspiración y sedición, añadiendo que cada uno de los pasos del procedimiento en contra de los dirigentes petroleros se ajustaba cabalmente a la Constitución y no había arbitrariedad alguna en la acción del gobierno. A su vez el ex-regente del DF y ex-presidente del PRI, A. Corona del Rosal, después de entrevistarse con el presidente Salinas, afirmó que siempre "al principio de todo gobierno hay gente que quiere medir fuerzas", olvidando que "el gobierno de México es muy fuerte porque tiene la inmensa ventaja de que el poder lo usa dentro de la ley, no para violar la ley".
Por parte de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional (PAN), dos de sus dirigentes hicieron declaraciones horas después de las detenciones en Ciudad Madero: el diputado A. Martínez afirmó que no era reprobable la acción del ejercito y lo hecho por Salinas era una acción política acertada, mientras que A. Vicencio Tovar dijo que no consideraba que fuera ninguna revancha política y sí un castigo al gangsterismo sindical de ese gremio. A su vez el comité estatal del PAN en Jalisco planteó que ojalá no fuera una represalia política por las acusaciones a Beteta, mientras que el líder del PAN en Tamaulipas, R. Reyna, consideró que se trataba de vendettas de facciones de poder, por incumplimiento de compromisos y por la soberbia misma de La Quina Un día después, el 11 de enero, la dirección nacional del PAN, encabezada por su líder, Luis H. Alvarez, se reunió con el presidente Salinas, para exigir que la investigación en Pemex no se limitara a los líderes sindicales, y que también abarcara a los directivos de la empresa. El 15 de enero, el líder de la fracción panista en el Congreso del Estado de México, R. Pérez Rivas, afirmó que el Estado tenía la oportunidad histórica de sanear el sindicalismo mexicano de la corrupción y la violencia, pues de lo contrario serían las bases obreras las que tomarán la iniciativa, derivando el problema en un conflicto social; demandó en particular que las autoridades judiciales investigaran a los líderes cetemistas W. de la Mancha y Guadalupe Uribe, a quienes calificó de ser "el brazo armado de la CTM".
El mismo día 15 se conoció un comunicado de prensa del PDM, pidiendo todo el peso de la ley contra los dirigentes petroleros, afirmando también que aquellos que pedían su libertad estaban atentando contra el estado de derecho y, particularmente en el caso del FDN, se estaba actuando de manera oportunista.
En un discurso durante la comida que el 16 de enero el presidente Salinas tuvo en Los Pinos con los 31 gobernadores del país, el secretario de Gobernación, F. Gutiérrez Barrios, afirmó que sin excepciones se haría respetar el orden legal, y que las medidas contra los dirigentes petroleros, eran contra transgresores de la ley, y no contra el sindicato, o por aspectos de carácter político laboral. Cuatro días después el mismo funcionario ofreció una conferencia de prensa dando todas las garantías a los partidos políticos, aclarando que la intervención del ejercito en la detención de La Quina fue a petición del MPF y para evitar un enfrentamiento con los guardias armados.
Las reacciones de los empresarios no se hicieron esperar. En las siguientes horas después de la detención de los dirigentes petroleros se realizaron una serie de declaraciones por parte de distintos dirigentes patronales. El líder de la Canaco del DF, J.M. Valverde, apoyó a Salinas por mantener el principio de autoridad, considerando que era un primer paso para acabar con cacicazgos en los sindicatos. También afirmó que La Quina financiaba a otro candidato a la presidencia (que no era Cárdenas). Por su parte el presidente de la Concanaco, E. García Suárez, afirmó que La Quina era un delincuente, mientras que el líder de la Canacintra, J. Kahwagi Gastine, declaró que no abundaría hasta tener más información, aunque se manifestó en contra del paro en refinerías y gasolineras. El presidente de la ANIT, I. Muñoz Peredo, dijo que era posible que se tratara de una venganza política por las acusaciones en contra de Beteta, manifestándose también en contra del paro en refinerías y gasolineras. Las direcciones de la Canaco de Guadalajara, Ciudad Juárez y Torreón se pronunciaron porque se investigara al resto de los líderes sindicales, mientras que el líder del Comité Coordinador Empresarial (CCE) de Mérida afirmó que la detención representaba la imposición del estado de derecho en el país. Por su parte los representantes en Monterrey de la Canaco y Canacintra, afirmaron que si existía un ilícito, estaba justificada la acción.
Los empresarios aplaudieron de inmediato la medida. Un día después de la detención de los líderes petroleros, V.H. Bortoni, declaró que con decisiones como ésta, "es que la IP le toma confianza al gobierno, porque actúa con decisión". A su vez el líder de la Coparmex, J. Ocejo, opinó que el gobierno no debía ceder a las presiones que ejercidas por las centrales obreras para excarcelar a los líderes detenidos, porque de lo contrario "no estaríamos en un estado de derecho". Por su parte el presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la RM, C. Viveros, apoyó la detención "porque la prepotencia que caracterizó a los líderes petroleros había rebasado los límites de la tolerancia". Finalmente el líder de la Concanaco, E. García Suárez, declaró que con esta acción el gobierno daba fin a un cacicazgo que representaba un mal para el país y propiciaba la libertad y la democracia "que partidos de izquierda socializante estaban deteriorando".
La iglesia católica también se manifestó en apoyo al gobierno. El 11 de enero el presidente de la Comisión de Pastoral Social del episcopado mexicano, H. González Martínez, señaló que "era sano que se emprendieran acciones contra la corrupción", y que "no le constaba que se hubieran violado las garantías individuales". Por su parte el presidente de Comunicación Social del episcopado mexicano, G. Alamilla, afirmó que la detención de La Quina serviría para sanear parte de nuestro sindicalismo, que "no se ha caracterizado por ser muy honesto y trabajar en beneficio de los intereses de los trabajadores".
El 14 de enero un grupo importante de intelectuales y artistas apoyaron por medio de un desplegado las acciones gubernamentales en contra de la directiva del sindicato petrolero. Las firmas del documento eran encabezadas por gentes de indudable prestigio como Octavio Paz, José Luis Cuevas y Fernando Benítez.
3. La impotencia de la burocracia cetemista
El día de la detención de La Quina se realizó una reunión plenaria del Congreso del Trabajo (CT), citada originalmente para dar posesión al nuevo presidente del organismo cúpula, Cecilio Salas, quien al final del acto informó a la prensa que las 33 organizaciones del CT condenaron la acción en contra de la dirección sindical petrolera y acordaron solicitar una entrevista con el presidente Salinas para hacerle saber la protesta del movimiento obrero por el ataque a la institución sindical.
El máximo dirigente de la CTM, Fidel Velázquez, se encontraba en sus oficinas acompañando a S. Barragán Camacho. Desde ahí el viejo líder expresó a la prensa su enérgica protesta y exigencia de inmediata liberación de los líderes detenidos, “contra los cuales, si fuera el caso, existían los procedimientos legales”. También descartó que el presidente Salinas tuviera que ver algo en la acción, ya que siempre se había “manifestado por el respeto a la Constitución y las garantías individuales". Al mediodía intentó entrevistarse con Salinas, informando en la noche que no lo consiguió. Por la noche la CTM entregó un desplegado de prensa en donde afirmaba que no podía permanecer indiferente ante situaciones "que vulneran gravemente al movimiento obrero y al régimen de derecho en que vivimos los mexicanos y que pueden poner en peligro la paz civil que tanto nos ha significado construir y preservar". También el SRTPRM entregaba un desplegado de prensa denunciando que la detención formaba parte de los acuerdos entre el gobierno y la banca internacional para garantizar la entrega de la industria petrolera al capital extranjero.
Ese mismo día el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, J. Sánchez García, declaraba a la prensa que carecía de bases legales la detención de La Quina , por lo que se le debía dejar en libertad inmediata, y que si hubiere algo que perseguir se hiciera cuando éste se encontrara en libertad. También se conocieron las declaraciones del líder de la CIOAC, J.D. López, censurando la forma violenta en que se procedió por parte de las autoridades en la detención de La Quina
Al día siguiente, y después de que S. Barragán fuera trasladado al hospital de Cardiología en calidad de detenido, el discurso de la CTM se había modificado. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador E.M. González impide al diputado petrolero A. Barrientos Parra hacer uso de la tribuna, mientras que el secretario de Educación de la CTM, A. Romo, declaraba a la prensa que ante los problemas del país, lo principal consistía en “hacer valer un clima de unidad, concordia y de alianza entre obreros y gobierno, pues lo trascendental era enfrentar juntos los desafíos del desarrollo social y económico de México”. Romo informó también que el CEN de la CTM y del CT se habían declarado en sesión permanente, integrándose una comisión de dirigentes para entrevistarse con las autoridades competentes a fin de tener más información, poder elaborar un juicio y actuar en consecuencia. Horas más tarde, durante el pleno del CEN de la CTM, F. Velázquez informó que la defensa de los líderes presos se haría en el terreno jurídico y que el día 12 la directiva cetemista se reuniría con el presidente Salinas para la “salutación de año nuevo”, y para tratar el caso de los petroleros. Esa misma noche los sobrevivientes del CEG del sindicato petrolero daban un golpe de mano -con el acuerdo de F. Velázquez- violando los estatutos para nombrar como secretario general sustituto al senador y líder quinista R. Romero Cardiel.
Por su parte, el CT difundía un boletín de prensa en el que expresaba su consternación por la detención de "los compañeros petroleros", protestando enérgicamente por la violencia ejercida, violatoria el estado de derecho, y solicitaba la liberación de los detenidos. Señalan también que esperaban que estos acontecimientos no alterarán la relación del movimiento obrero con el Estado.
En el acto de salutación de año nuevo al presidente Salinas, el 12 de enero, A.G. Calderón, a nombre de la cúpula cetemista, dijo que "el compromiso que el jefe del Ejecutivo había contraído con los que menos tienen, y de que para ellos habría justicia aún antes de que volvamos a crecer", dejaba complacida a la CTM, la que reconocía "la talla humana y política del presidente". Por su parte el presidente Salinas, después de ensalzar la figura de F. Velázquez, afirmó que "se mantendrá la indestructible alianza con el sector obrero", asegurando que frente a los intereses generales de la Nación, no podía prevalecer ningún beneficio particular. Al final del acto A. Romo declaró a la prensa que el movimiento obrero jamás había respaldado actitudes delictuosas de ninguno de sus miembros, y que esta vez no iba a ser la excepción, aunque aclaró que en tanto se determinaba la legalidad o ilegalidad de la detención de los líderes petroleros, la CTM emprendería su defensa en el terreno legal. En esos momentos el secretario del Trabajo, A. Farell, informaba a F. Velázquez de la negativa gubernamental a reconocer al secretario general sustituto designado por el CEG del SRTPRM, el senador R. Camero Cardiel.
Esto no era lo que esperaba el máximo líder cetemista a cambio de su actitud sumisa ante la acción gubernamental en contra del sindicato petrolero, por lo que decidió mantener el apoyo a Camero. El 13 de enero el abogado general de la CTM. J.M. Calleja, informaba a la prensa que en una reunión de F. Velázquez con el secretario general sustituto de la SRTPRM, R. Camero Cardiel, en la que estuvieron presentes los asesores jurídicos de la CTM, se acordó defender al sindicato petrolero como organización y "no permitir intromisiones, vinieran de donde vinieran", que pretendieran dividirlo o desarticularlo; también se determinó que la defensa de los dirigentes detenidos sería fundamentalmente en el terreno legal.
De poco valió el apoyo cetemista a Camero, ya que el 16 de enero la STPS otorga la toma de nota al secretario del Interior J. Meléndez Maranto. Ese mismo día F. Velázquez, en la tradicional entrevista de los lunes -y momentos antes con corresponsales extranjeros-, afirmaba que "aquí no hay amistad que valga" a pregunta de que haría por su amigo La Quina . También informó que la CTM actuaría según lo decidiera el sindicato, y por lo pronto habían decidido que se les brindaría defensa legal. Según el viejo líder, las acciones contra los dirigentes petroleros eran el comienzo “de una depuración instrumentada por el presidente Salinas", y que en la CTM ya había comenzado, informando que se destituyó un dirigente corrupto (cuyo nombre no recordó) en el sindicato hulero del estado de México. El 17 de enero, después de una reunión en la CTM, el senador Camero, los dirigentes de la zona norte y los del D.F., decidieron brindar su "respaldo y reconocimiento" a J. Meléndez Maranto como secretario general interino.
Cuatro días después, el 20 de enero, se oficializa la postulación de Guzmán Cabrera para la secretaría general del STRPRM, siendo el encargado de hacerlo el secretario general interino J. Meléndez Maranto a nombre de los secretarios seccionales. Ese mismo día, al asistir al informe de gobierno del en ese momento gobernador del Estado de México –y también ex-director de Pemex acusado de corrupción por La Quina - M.R. Beteta, el líder de la CTM, F. Velázquez, declaró a la prensa que como consecuencia del caso de los petroleros, el gobierno había querido “iniciar una cacería de brujas”, rechazando que fueran necesarias más investigaciones, "porque los demás líderes son honestos". También desmintió las declaraciones que el día anterior el secretario general sustituto de la CTM, Blas Chumacero, había realizado, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el sentido de que SGC no llegaría a la dirección del SRTPRM y de que no habría imposición; "no es cierto", dijo F. Velázquez, afirmando que con toda seguridad SGC sería el líder nacional petrolero, "porque lo apoyan la mayor parte de las secciones del sindicato"; también dijo que no existía ningún enfrentamiento entre el movimiento obrero organizado y el gobierno. Este mismo día empezó a circular el órgano de difusión Ceteme, en donde se afirmaba que en la medida que el asunto de La Quina discurría por los cauces legales, la tensión se había ido reduciendo; el número dedicaba grandes espacios a la visita que la plana mayor cetemista hizo a Salinas en Los Pinos para la "salutación" de año nuevo, poniéndola como prueba de los buenos tiempos que vivía “la alianza gobierno-trabajadores”.
Las declaraciones de F. Velázquez sobre la cacería de brujas en contra de los líderes sindicales fueron refutadas de inmediato –el día 22- por el regente del DF, M. Camacho Solís, afirmando que no había tal y que lo de La Quina era un asunto penal. Negó también que Guzmán Cabrera fuera el candidato del gobierno.
Ese mismo día la CTM anunció la destitución de S. Barragán como secretario de Abasto de la central, y su sustitución por M. Alvarez, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Carne. También se anunció que en el curso de la semana en el CT se nombrarían a los líderes que sustituirían a Barragán como vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Legislación y miembro de la Comisión Ejecutiva del organismo cúpula, a J. Sosa como vicepresidente de la comisión de Asuntos Políticos, y a J.E. Ortega Kuri como secretario de la comisión de Asuntos Económicos y Sociales.
El 25 de enero la CTM emitió un boletín en el que se desmentía oficialmente “las versiones de una afirmación de F. Velázquez en Toluca, en la que aludía a la existencia de una ´cacería de brujas` contra los dirigentes sindicales”; también se desmentía al diario de debates de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que quedaron asentadas las declaraciones de Blas Chumacero donde aseguraba que no habría imposición en el SRTPRM.
Un día después, en una reunión de la cúpula cetemista, F. Velázquez explicó que el caso de los líderes petroleros "quedó terminado, ya que se encuentra en el ámbito jurídico, y ahí la CTM ya no puede hacer nada"; el máximo líder informó también que se iniciaría una depuración en las filas cetemistas a fin de "no dar argumentos al gobierno federal para intervenir en los asuntos internos de las organizaciones gremiales", puntualizando que en la celebración del Consejo Nacional de la CTM, a realizarse del 24 al 27 de febrero próximo, se lucharía para que el sindicato petrolero permaneciera en las filas de esta organización. Este mismo día se informó que F. Velázquez no volvería a dar sus acostumbradas conferencias de los lunes, y que solo contestaría por escrito a cuestionarios presentados con antelación por los periodistas.
La debilidad de la dirección nacional cetemista para poder enfrentar la ofensiva de la nueva administración encabezada por Carlos Salinas en contra del liderazgo petrolero, también tuvo que ver con la actitud de distintos integrantes de la cúpula sindical corporativa, quienes decidieron abandonar toda posibilidad de presentar un frente unido frente al gobierno federal, tratando de aprovechar la situación para negociar por separado su permanencia al frente de sus agremiados. Así, el mismo día de la detención de La Quina , el líder de la FSTSE, H. Domenzáin, justificó la detención de los líderes, además de que no se presentó a la reunión del CT. Por su parte la CROC de Jalisco y la CROM de Puebla, consideraron que debería de profundizarse en este tipo de acciones, afirmando que se trató de una acción legal, y que los líderes tenían que estar sujetos a la ley.
Dos días después, el 12 de enero, el líder de los telefonistas, F. Hernández Juárez, urgió al gobierno a que definiera claramente de que lo actuado contra los líderes petroleros no era una actitud de revancha ni una acción de represión en contra de las organizaciones sindicales; como lo hicieran otros dirigentes no cetemistas, prefirió no comprometerse, anunciando que el sindicato de telefonistas se movería en el ámbito que determinara el CT. Respecto a la vigilancia policíaca en algunos centros de trabajo de Telmex, dijo que el director le informó que estaban puestas porque se querían poner a salvo algunas instalaciones estratégicas ante posibles disturbios.
El 14 de enero se conocieron también las declaraciones de los líderes de la CCI, S. Azúa Jacob, y de la Liga de Comunidades Agrarias, F.A. Torres Torres, aplaudiendo la detención de La Quina , mientras que el día 16 del mismo mes el líder de la CROC, A. Juárez Blancas, declaraba a la prensa que el caso de los líderes petroleros "debe servir como ejemplo, porque si se cometieron errores, algún día se les tenía que poner un hasta aquí", afirmando que con los petroleros no se violó la autonomía sindical por que no se trató de una huelga o de otro conflicto laboral, sino de un problema individual; dijo también que "mientras más alto sea el puesto de un líder, más humilde debe ser uno", para que no le suceda lo que a La Quina .
4. La toma del sindicato
Ante la detención de los principales dirigentes, los cuadros medios de la burocracia sindical petrolera trataron infructuosamente de reorganizarse para mantener el predominio quinista aún y cuando sus principales líderes se encontraran encarcelados. Horas después de la detención de La Quina , el secretario particular de Barragán Camacho, V. de León, informaba a la prensa que el SRTPRM había girado instrucciones para que los trabajadores petroleros se reintegraran a sus labores y llevaran la lucha por los cauces legales. También informó que se realizó una reunión del Comité Ejecutivo General (CEG) del sindicato para abordar tanto el problema de la defensa legal de los detenidos -en relación con lo cual abogados del SRTPRM asesorados por J.M. Calleja, apoderado legal de la CTM, presentaron solicitudes de amparo en favor de los líderes detenidos, a quienes se les otorgó la suspensión provisional-, como el asunto de la sustitución temporal del secretario general nacional, que por estatutos deberían ocupar cualquiera de los secretarios generales adjuntos, pero como ambos se encontraban presos ( La Quina y Sosa Martínez), el cargo debería recaer en el secretario del Interior, José Meléndez Marato.
Barragán Camacho mientras tanto seguía recluido en el Instituto Nacional de Cardiología, donde su director, J. Soni Castañeda, informó a la prensa que su salud era delicada ya que sufrió un infarto, aunque descartó que estuviera en peligro su vida, aclarando, eso sí, que el líder pagaría los servicios de hospitalización, "ya que tiene el suficiente dinero para hacerlo como en otras ocasiones que ha sido atendido" en el citado nosocomio, donde se mantenía una vigilancia policíaca estrecha.
El día 11 el líder resucitado de la zona sur, Sebastián Guzmán Cabrera (SGC), fue inmediatamente designado por una asamblea seccional para el cargo de secretario general de la sección 10, que se encontraba vacante ante la precipitada huida del anterior secretario seccional quinista. Desde su discurso de toma de posesión de la dirección seccional, SGC comenzó a comportarse como virtual dirigente nacional, afirmando que llegaba a su fin la obra social que obligatoriamente realizaban los trabajadores, sobre todo los transitorios, y que "ahora sí la sección tiene autonomía". También se deslindó de la defensa jurídica de los dirigentes presos, afirmando que se trataba de una cuestión que las autoridades debían de investigar a fondo y el sindicato no debería interferir ni mucho menos plantear un conflicto laboral.
Ante la decisión manifiesta del gobierno de imponer a Sebastián Guzmán Cabrera al frente del sindicato, la burocracia quinista, atrincherada en el edificio del CEG en la ciudad de México, trató de adelantarse a los acontecimientos y, horas después del acto en Minatitlán, por encima de los estatutos, el senador por Tamaulipas, R. Camero Cardiel, hombre cercano a La Quina , era designado por el CEG secretario general sustituto del SRTPRM, “en tanto se definía la situación de los líderes detenidos”. En su primer discurso, Camero pidió cordura a los petroleros para no agravar la situación de los dirigentes presos.
Un día después Guzmán Cabrera declaró a la prensa que el gremio sería en adelante “profundamente leal y solidario con el presidente Salinas”, y con gran energía afirmó que era impostergable cesar el comercio con las plazas de los trabajadores y restablecer el trato digno a los mismos, no obligándolos a tareas indignas para ganarse el turno (dos años antes Guzmán Cabrera había sido acusado de enriquecerse con la venta de plazas, acusación que lo obligó al retiro mediante la jubilación forzosa). Ese mismo día, y como parte de la desbandada de dirigentes, se informó que se desconocía el paradero del anterior líder de la sección 10, Wilfrido Martínez Gómez, quien en ese momento era buscado por la justicia federal. Otro líder seccional desaparecido era el de la sección 36 de Reynosa, Tomás "Chito" Cano.
En vista de la decisión gubernamental de no reconocer el nombramiento de Camero Cardiel al frente del sindicato, el 13 de enero el vocero del CEG, F. Arreola, informó que el SRTPRM no emitiría declaración alguna durante tres días, pues sería F. Velázquez el que diera a conocer la postura de los petroleros y sus dirigentes; también se acordó realizar un congreso nacional extraordinario del sindicato petrolero con el objeto de ratificar al senador Camero en el cargo, y con ello "evitar que llegaran arribistas" a la dirección sindical, refiriéndose a SGC.
En contraparte, ese mismo día se conoció un comunicado de las siete secciones petroleras del sur de Veracruz (10, 11, 16, 22, 23, 26 y 31), haciendo un llamado para no interrumpir labores en las instalaciones de Pemex, al mismo tiempo que se pronunciaban en favor de SGC para que ocupara la secretaría general del SRTPRM; este último, después de una reunión con el superintendente de Cosoleacaque, F. Tapia Esparza, anunció que "iniciaría una lucha con el objeto de evitar el ausentismo en el sistema petrolero, y respaldar la política de progreso de la empresa, encabezada por (el director de Pemex) F. Rojas y el presidente Salinas". Pemex, por su parte, anunció que recontrataba a P. Salinas Aragón y A. Izquierdo Johnson, ambos gente de confianza de SGC (quienes fueron encarcelados cuatro años antes luego de comprobárseles que se dedicaban a la venta de plazas), y que el Departamento Jurídico de la empresa y la STPS investigaban en las diferentes plantas del país para determinar la responsabilidad de quienes incitaron al paro de labores el día en que se detuvo a los líderes petroleros. También anunció la empresa que las actividades en la industria se encontraban totalmente normalizadas.
Mientras tanto el intento de mantener el control por parte del grupo quinista fracasaba totalmente ante la intervención de la STPS, que negó la toma de nota al senador Camero, para finalmente otorgársela a J. Meléndez Maranto por un término de 30 días. En conferencia de prensa del 16 de enero, después de que el líder de profesionales y técnicos de la zona sur, C. Vega Olivares, leyera la toma de nota y reconocimiento por parte de la STPS, el nuevo secretario general interino afirmó que sólo se dedicaría a poner orden estatutario y a expedir la convocatoria para la elección de nuevo secretario general por medio de una convención extraordinaria (tres delegados por sección, votación a mano alzada, con el 66 por ciento del total), en un máximo de tres semanas, siendo que el siguiente dirigente nacional tendría que cubrir los dos años que faltaron a Barragán para concluir su periodo, afirmando también que estatutariamente nada impedía que S. Guzmán Cabrera pudiera encabezar la dirigencia nacional. En relación con el patrimonio sindical, Meléndez Maranto reconoció que finalmente cada sección era autónoma, y que los bienes de la sección 1, que controlaba La Quina , solo serían defendidos en la medida en que se demostrara la propiedad sindical de ellos. Ese mismo día se supo que más de 100 trabajadores de equipo personal de La Quina , encabezados por H. González Luna, pagador de la sección 1, obtuvieron un amparo contra acciones de la PGR.
El 17 de enero Pemex informó que más de 5 mil comisionados en las diferentes secciones del SRTPRM, deberían regresar a sus labores en los respectivos centros de trabajo, so pena de que sus contratos fueran rescindidos. Según trascendió, "fuentes de la empresa" consideraban que esta reubicación del personal comisionado influiría para que la elección de SGC se realizara sin sobresaltos, ya que la mayor parte era "gente de La Quina infiltrados en las secciones para asegurar el predominio político sobre el sindicato". Ese mismo día la STPS informó de una reunión del titular de la misma, A. Farell, con los dirigentes de la sección 10 encabezados por SGC, al final de la cual el funcionario gubernamental afirmó que "un sindicato que no tenga respaldo de sus bases no sirve a la clase trabajadora, al pueblo o al gobierno". Guzmán Cabrera por su parte, afirmó que para él "sería un honor presidir el sindicato para ratificar su lealtad a los intereses de la nación y solidaridad con la política del presidente Salinas.
La convocatoria a la convención nacional extraordinaria para el dos de febrero en el local nacional fue publicada el 19 de enero, al mismo tiempo que se difundía un documento firmado por los 32 dirigentes seccionales del SRTPRM donde se comprometen a ser "leales y solidarios" con la política del presidente Salinas, mantener la militancia en el PRI y la CTM, y apoyar la candidatura de SGC. Un día después, el 20 del mismo mes, el secretario general interino del SRTPRM, J. Meléndez Maranto, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que "por consenso de los 32 dirigentes seccionales se propuso como candidato único a SGC", firmándose también un convenio en el que se manifiestan solidarios con la política del presidente Salinas, y reafirman su militancia en el PRI y la CTM. En la misma ocasión el secretario general interino reconoció que entre la base trabajadora no existía mucho consenso con las medidas adoptadas por la dirección provisional. Aún así, el 23 de enero se publicó un desplegado de prensa firmado por 32 secretarios seccionales en apoyo al presidente Salinas y a la candidatura de SGC a la secretaria general del sindicato petrolero. El documento era avalado por los dirigentes de las secciones 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, y 48, apareciendo como responsable de la publicación, C. Romero Deschamps.
Según informes preliminares proporcionados por la SEMIP el 25 de enero, el gobierno federal consideraba la reducción de por lo menos el 20 por ciento de los trabajadores de las principales industrias paraestatales: CFE, Dina, AHMSA, Azúcar SA, Fertimex y Pemex; en esta última se pretendía una reducción de 20 mil empleados. Según información de Pemex, la empresa contaba en ese momento con 180 mil trabajadores, de los cuales 85 mil eran de planta; también Pemex informó que se estaba liquidando o reacomodando a cerca de 6 mil trabajadores que se encontraban comisionados con los principales ex-líderes de la cúpula del SRTPRM.
El 31 de enero el virtual dirigente del SRTPRM, SGC, acompañado del secretario general interino, J. Meléndez, ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que "para mí, el quinismo está liquidado", y que el asunto de Mario Ramón Beteta, "es un caso juzgado en el que hubo una intención tendenciosa de un grupo de personas de nuestra organización" ( 32 ); calificó de especulación la posible reprivatización de Pemex, y afirmó que "habrá una depuración de los dirigentes seccionales que fueron impuestos por La Quina " y un combate permanente contra el quinismo en el sindicato, entendido como "la concentración de los recursos sindicales en tiendas de consumo, en comisiones de contratos, en influencia de la muy reducida cúpula sindical (..) y en un control fincado en el ejercicio de una voluntad arbitraria, y quién no se sometía era acusado de vendeplazas o era acusado de corrupción o era jubilado sin previo aviso", por lo que su erradicación consistía, en la práctica, "en respetar la autonomía de las secciones, restituirle el respeto a los derechos de los trabajadores", y hacer que las entidades económicas realicen sus funciones en beneficio de los trabajadores; afirmó también que para "mis compañeros, la salida de La Quina del sindicato ha sido sentida como una verdadera liberación", asegurando que concluiría el período que le restaba a S. Barragán Camacho, pero propondría una enmienda a los estatutos para que haya reelección por una sola vez de tres años, "y buscaremos que vuelva a ser rotativo el cargo para acabar con cualquier posibilidad de cacicazgo o maximáto ".
A pesar de que la víspera había sostenido, en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros, que los diputados petroleros habían dejado de ser priístas, SGC corrigió esa afirmación, pues dijo que "ellos me hablaron por teléfono para decirme que rectificarían su conducta"; también dijo que tenía "una excelente relación con el secretario de Gobernación, F. Gutiérrez Barrios, la que se estrechó durante la gobernatura" del mismo funcionario en Veracruz, tiempo durante el cual SGC fue secretario estatal de la CTM. En la misma conferencia de prensa, SGC informó que La Quina y los otros detenidos tenían por lo pronto una suspensión de sus derechos sindicales por cinco años, y que otros 69 miembros del CEG, incluyendo a R. Camero Cardiel, habían sido suspendidos para dar oportunidad a la nueva dirigencia de proseguir los trámites encauzados; también dijo que desaparecerían la Comisión Nacional de Contratos y la Central de Abastos, ya que eran instrumentos manejados unilateralmente y para beneficio exclusivo del grupo quinista; puntualizó que subsistirían solo las comisiones locales de contratos "para que puedan concursar sin ventajas, en estricto apego a la Ley de Obras Públicas"; finalmente afirmó que su jubilación estaba en litigio en la STPS, por lo que aquella no llegó a consumarse, y que “fue retirado de circulación por disposición de quien dirigía el sindicato”, por lo que se le restituyó en el cargo que tenía en la sección 10 y cuya responsabilidad concluía hasta 1990.
5. La oposición antiquinista
La oposición tradicional antiquinista en el sindicato se encontraba agrupada desde la década de los setentas en dos corrientes nacionales: el Movimiento Petrolero Independiente Lázaro Cárdenas (MPI-LC) y el Movimiento Nacional Petrolero (MNP). Ante la detención de la dirección nacional mantuvieron en un primer momento una posición equívoca tratando de evitar una confrontación con el gobierno federal y aprovechar las contradicciones internas en la cúpula sindical para lograr participar en los cargos de representación. Así el 10 de enero el MPI-LC, a través de su dirigente M. Hernández Ayala, llamó a los petroleros a no parar actividades y a regresar a laborar normalmente, ya que el caso de La Quina “era estrictamente político, y si tenía armas en su poder debería de responder ante la justicia”.
El 14 de enero el también líder del MPI-LC, E. Alvarado Palacios, reveló a la prensa que el arresto de la dirección petrolera estaba planeado desde 1987, y que "las acciones de los militares se basaron en planos de todos los centros de poder de La Quina en México, proporcionados por el MPI-LC". Además consideró que "era una lástima que la izquierda estuviera apoyando a La Quina , lo que demostraba que no era una verdadera izquierda", denunciando también que el viejo líder comunista Valentín Campa "fue a ver a La Quina para pedirle 20 millones de pesos para apoyar a los trabajadores de Cananea".
Por motivo de estas denuncias a la prensa, el 16 de enero trabajadores simpatizantes de La Quina propinaron una golpiza en la refinería "21 de marzo" al líder del MPI-LC, S. Hernández Ayala, quién al salir del hospital de Pemex en Azcapotzalco, ofreció una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de funcionarios sindicales de Minatitlán; ahí denunció las siguientes acciones de enriquecimiento ilícito en la empresa y el sindicato: el coordinador de recursos humanos de Pemex, P. Cabrera, y el gerente de refinación, A. Melo González, comisionaban personal pagado por Pemex a las tiendas sindicales y a la formación de grupos de choque; el manejo totalmente discrecional del dos por ciento del pago a contratistas por obras de construcción y mantenimiento, formalmente destinado a obras sociales del sindicato; el seis por ciento del pago a contratistas por la transportación de productos, que se entregaba a la empresa de transporte Petromex, administrada por J. Barragán, hijo del líder infartado; contratistas en la exploración y perforación de pozos por medio del Grupo Serbo; seguros de vida obligatorios contratados con distintas empresas privadas; participación obligatoria en las cajas de ahorro, sin que por lo regular hubiera dinero para prestamos a los trabajadores; y cuotas y descuentos de entre el 13 y el 20 por ciento de las utilidades anuales de los trabajadores. En la misma ocasión el líder del MPI-LC también manifestó la disposición de su grupo para establecer una alianza con SGC "para repudiar el continuismo", representado por Camero Cardiel; el también líder del MPI-LC, M. Hernández, señaló que en la convención convocada se elegiría a SGC, restituyéndose el acuerdo estatutario violado por la elección de J. Sosa Martínez ( 33 ), y se iniciaría la democratización del sindicato.
Dos días después, el 18 de enero, los dirigentes de la Coalición Democrática "Eduardo Soto Inés" (integrante del MPI-LC), S. Hernández Ayala y E. Alvarado Palacios, reafirmaron que estaban dispuestos a apoyar a SGC para el liderazgo nacional, porque "es el único individuo viable para que se desarrolle un movimiento democrático en el sindicato; mencionaron que aún seguían fuertes varios miembros de la mafia quinista, entre los que destacaban A. López Ramos de la sección 38 de Salina Cruz, C. Romero Deschamps de la sección 35 de Azcapotzalco y Tula, G. Méndez Izeta de la sección 33 de Tampico, y H. Valladares Torres de la sección 34 en el DF, entre otros.
Sin embargo muy pronto las expectativas creadas entre los dirigentes opositores por el relevo en la dirección nacional del sindicato petrolero, hubieron de enfrentarse a la realidad de la vieja tradición del control corporativo. Así, 600 trabajadores de las plantas de embarques y reparto de la sección 34, realizan el 20 de enero un mitin en protesta por el nombramiento unilateral de delegados a la Convención Nacional, en una reunión de emergencia de incondicionales del líder seccional, H. Balladares Torres. En el mitin de la sección 34, el presidente del MPI-LC, M. Hernández Ayala, demandó respeto a los estatutos, que indicaban que se debía citar con 24 horas de anticipación a una asamblea para elegir delegados. El también líder del MPI-LC, S. Hernández Ayala, hizo un llamado al secretario general interino, J. Meléndez Maranto, para que aplicara los estatutos en la elección de delegados a la convención; también afirmó que la lucha contra los dirigentes seccionales quinistas se generalizaba en las secciones 45, 34 y 35, al mismo tiempo que denunció el asesinato del secretario del Trabajo de la sección 35, M.A. Pérez Jiménez, sugiriendo que podría tener móviles de venganza política por la prepotencia y corrupción del difunto; finalmente anunció un plantón en las instalaciones nacionales del SRTPRM.
Por su parte el MNP, encabezado por Hebraicaz Vázquez, viejo ex-secretario general de la sección 15, detenido por su militancia opositora en 1972 y a quien se rescindió el contrato y se aplicó la cláusula de excusión en 1978, mantuvo durante todos estos días un prudente silencio que muchos interpretaron como parte de un acuerdo con el gobierno federal para no impugnar el nombramiento de SGC al frente del sindicato ( 34 ).
6. Los trabajadores petroleros
Mientras la burocracia sindical y la oposición tradicional hacían todo lo posible para que los acontecimientos del 10 de enero no se tradujeran en un enfrentamiento con el gobierno federal, los trabajadores petroleros respondían con inmediatas movilizaciones. A las 10 de la mañana, una hora después de concluido el operativo militar para la detención de La Quina , los trabajadores de la refinería de Ciudad Madero -en donde se produce la totalidad de la gasolina para las aeronaves y se abastece a los estados del noreste del país- abandonaron las labores y se dirigieron al local de la sección 1 en la plaza Isauro Alfaro, donde iniciaron una asamblea extraordinaria que se declaró por tiempo indefinido en tanto las autoridades no liberaran a su dirección nacional. A la misma hora se inició el cierre de comercios y la paralización de actividades de todo tipo. Posteriormente grupos de trabajadores tomaron por los puentes de Tampico y del Chairel. En la ciudad de México, más de 10 mil trabajadores petroleros de las secciones 34, 35, 39 y 45 del DF y de zonas petroleras cercanas a la capital, incluidos los distribuidores de gasolina y diesel de la zona oriente de Azcapotzalco y de la zona sur de Barranca, realizaron un mitin en el zócalo del DF, donde se demandaba a gritos la libertad de La Quina .
En Poza Rica (sección 30) los trabajadores abandonaron las labores para realizar una asamblea a puerta cerrada; la misma situación se repitió en Naranjos (sección 25). En Minatitlán, 2 mil 500 trabajadores marcharon por las calles de la ciudad coreando consignas contra el gobierno, al tiempo que se paralizaban las labores en la refinería Lázaro Cárdenas, el complejo Morelos y otras instalaciones de Pemex. También se suspendieron labores en Nanchital, Agua Dulce, y otras instalaciones del sur de Veracruz. En Tabasco se pararon labores en el complejo petroquímico de Dos Bocas, realizándose un mitin en Villahermosa con asistencia de cientos de petroleros de las secciones 22, 31, 26, 44, 48 y 14, donde anunciaron que el día siguiente no se presentarían a laborar. En Monterrey 1 mil 350 trabajadores pararon labores en la refinería de Cadereyta, en donde retuvieron a 1 mil 500 empleados de confianza en protesta por las detenciones. Según la prensa nacional, las 7 más importantes refinerías del país: Azcapotzalco, Tula, Poza Rica, Ciudad Madero, Salamanca, Cadereyta y Reynosa, así como el complejo petroquímico de La Cangrejera, quedaron total o parcialmente paralizados por los trabajadores. Otros lugares en donde se reportaron paros de labores fueron: Cuernavaca, El Ebano, Zacatecas, Huauchinango (sección 39), San Martín Texmelucan (sección 46) y Puebla. En la mayoría de los casos, al abandonar los trabajadores las instalaciones, miembros del ejercito se hicieron cargo de su custodia.
El día siguiente a las 12.30 se reiniciaron las labores en la refinería de Ciudad Madero que continuó bajo vigilancia militar. Salvo en el caso de la sección 15 de Guadalajara, la mayoría de los petroleros se reintegraron a sus labores en las instalaciones de Pemex, aunque en las secciones 13 y 9 del estado de Veracruz, el 50 por ciento de los trabajadores se negaron a reanudar labores hasta en tanto no se resolviera la situación jurídica de los líderes presos.
El 12 de enero, mientras en Ciudad Madero se mantenía una "asamblea permanente de protesta" (aunque las actividades de la ciudad tendían a normalizarse), una marcha convocada por el SRTPRM y las fuerzas cardenistas en la ciudad de México se veía totalmente deslucida, con poca asistencia y con la ausencia de Cuahutémoc Cárdenas y de los integrantes del CEG petrolero. Como tituló su nota Hermann Bellinghausen: “cardenistas sin Cárdenas y petroleros sin dirigentes”. Según otras notas, a la manifestación asistieron unos 10 mil trabajadores de la sección 34 y algunos militantes de varios partidos de izquierda; en el zócalo se realizó un mitin con la intervención de G. Rivera Castillo, representante de los técnicos y profesionistas de la sección 34, quién ensalzó la labor realizada por La Quina ; también habló el diputado petrolero A. Pliego Aldana, quién afirmó que "el delito de La Quina fue defender a Pemex en contra de las transnacionales"; finalmente intervino el dirigente del Partido Mexicano Socialista (PMS), G. Ramírez Abreu, quién denunció que la intención era dividir Pemex en tres empresas para dejar las actividades de la exploración y la petroquímica en manos de la iniciativa privada.
En los siguientes días y ante los reiterados llamados de los dirigentes presos para que los trabajadores abandonaran las protestas y reanudaran las labores, las actividades se normalizaron en la totalidad de las instalaciones petroleras en el país, aunque en Ciudad Madero continuaba la asamblea general permanente de la sección 1 instalada desde el día de la detención de los dirigentes nacionales. El 16 de enero se realizó en el centro de convenciones de la misma sección 1 (conocido como el Quinódromo ) una asamblea con la asistencia de 15 mil personas de las secciones 1, 33 y 21, en la que estuvieron los secretarios de las nueve secciones de la zona norte y en la que se acordó dirigir una carta pública al presidente CSG y al dirigente nacional cetemista F. Velázquez, que firmaban, los dirigentes de las secciones de la zona norte: 1 (Ciudad Madero), J.J. García Rodríguez; 3 (Ebano), E. Ordaz Ortiz; 13 (Cerro Azul), S. Mar Casados; 21 (Camargo), F. Cortés Valadez; 25 (Naranjos), G. García García; 33 (Tampico), G. Méndez Izeta; 36 (Reynosa), D. Villalobos López; así como representantes de dos secciones de la zona sur: 42 y 47 en Ciudad del Carmen.
En la carta los líderes seccionales declaraban: 1) que ratificaban el pacto público que los dirigentes nacionales hicieron con CSG el 3 de enero de 1989; 2) su militancia en la CTM y el PRI; 3) su solidaridad con los postulados hechos por el presidente Salinas durante su campaña respecto a la nacionalización del petróleo; 4) que demandaban el cese del terrorismo político en contra de los dirigentes seccionales, para que de acuerdo a sus estatutos pudieran elegir por acuerdo mayoritario de las secciones del sindicato a sus nuevos dirigentes nacionales. Sin embargo un día después se anunciaba que después de una reunión en el local de la CTM en la ciudad de México, el senador Camero, los dirigentes de la zona norte y de las secciones del D.F., decidieron brindar su "respaldo y reconocimiento" a J. Meléndez Maranto como secretario general interino. Como resultado de esto el 18 de enero se levanta la asamblea extraordinaria permanente de la sección 1 entre gritos de inconformidad de los trabajadores por no respetar el acuerdo de que solo La Quina la levantaría.
Con estos acontecimientos queda desmantelada toda posibilidad de resistencia de los trabajadores petroleros ante las acciones del gobierno federal para asegurar el control del sindicato. A partir de aquí las acciones disidentes se llevarían a cabo por fuera de las instancias formales de representación sindical. Así, el 19 de enero en la sección 10 de Minatitlán se realizó un plantón de 5 mil eventuales en demanda de contratos y de que se renovara el comité seccional eliminando a los líderes venales, empezando por SGC, de quien rechazaban su nominación a la dirección nacional. En el acto los trabajadores apedrearon al vicepresidente del grupo mayoritario Frente Liberal Sindicalista, P. Aguilar S., y realizaron un bloqueo de calles aledañas al local sindical, encabezados por activistas integrantes del Movimiento Revolucionario Petrolero. Ese mismo día en la ciudad de Villahermosa se realizaba una marcha de trabajadores eventuales demandando la destitución de los líderes de las secciones 44 y 48, Oscar Aguilera Hernández y Raúl Charles Treviño, por corrupción.
7. El Frente Democrático Nacional
En las horas inmediatamente posteriores a los acontecimientos del 10 de enero, la fracción parlamentaria de la coalición opositora Frente Democrático Nacional (FDN) acusó al gobierno de romper el orden constitucional mediante una acción violenta e ilegal que constituía un precedente peligroso para el país. Los diputados de oposición firmaron un documento en donde llamaron a los mexicanos a condenar los sucesos y a movilizarse como patriotas en defensa de la nación, hasta restituir la legalidad y la constitucionalidad quebrantada por el gobierno de Salinas de Gortari. Ese mismo día se hizo público un documento presentado por C. Cárdenas y H. Castillo, dirigentes nacionales del FDN, en donde afirmaban que debieron haberse seguido los procedimientos y los cuerpos de autoridad que la ley establecía, señalando también que esas acciones represivas no aumentaban la seguridad pública ni aseguraban el régimen de derecho, sino que agudizaban el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos frente a las autoridades.
El 11 de enero el secretariado del PMS publicó un desplegado de prensa en el que reprobaba las detenciones, responsabilizando de ellas al presidente Salinas, y afirmando que los hechos eran resultado de la oposición de los líderes petroleros a la política entreguista de los gobiernos de M. de la Madrid y C. Salinas, así como de las denuncias hechas en contra de Beteta por corrupción; también hacía un llamado a la manifestación de protesta a realizarse el día 12 en la ciudad de México. Otros desplegados publicados el mismo día llamando a la manifestación, fueron del Partido Popular Socialista (PPS), exigiendo la inmediata libertad de los líderes presos, y del grupo "Corre la voz" reprobando la detención de los líderes petroleros y llamando a movilizarse en defensa de la industria nacional y los trabajadores. Este día se acordó un desplegado de prensa del FDN, Asamblea de Barrios, Unión de Colonias Populares (UCP), Unión Popular Nueva Tenochtitlán (UPNT) y Alianza Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), convocando a una manifestación en defensa del sindicato petrolero, no a la privatización de Pemex, alto a la arbitrariedad policíaca y destitución de los jefes policiales como Nazar Haro y García Paniagua.
A su vez la comisión política del FDN, encabezada por C. Cárdenas, anunció en conferencia de prensa que marcharían junto con los integrantes del sindicato petrolero para exigir que se definiera la situación de La Quina de acuerdo con las leyes. El mismo organismo afirmó que no podía permitir que se siguieran dando condiciones de inseguridad y que era obligación de las autoridades gubernamentales asegurar que se cumpliera la ley, y no que se violara por éstas mismas, por lo que amenaza con el retiro de las consultas para la reforma electoral pactadas con el gobierno federal por no haber condiciones ni ambiente para ello. Al final de la reunión de la citada comisión política, se conocieron las declaraciones del también dirigente nacional P. Muñoz Ledo, calificando a La Quina como “el primer preso político” de la administración salinista, y añadiendo que con ésta acción el PRI desaparecía como elemento de control sindical. Sin embargo en el PMS las declaraciones de C. Cárdenas provocaron respuestas encontradas. Por lo pronto el representante del PMS ante el IFE, J. Alcocer, señalaba que el retiro de su partido lo decidiría el Consejo Nacional, mientras que el secretario general del mismo, G. Rincón Gallardo, decía haber sido informado que el acuerdo del FDN era retirarse de los trabajos hasta en tanto no se liberara a los líderes detenidos.
Otros partidos de oposición se sumaron el mismo día al rechazo de las acciones gubernamentales. El líder del Partido Verde Ecologista, J. González Torres, afirmó que se trataba de una crisis interna que tal vez fuera mortal para el PRI, ya que no le quedaba más sustento que las fuerzas armadas y sólo hasta que éstas quisieran seguirle dando su apoyo. A su vez, la ex-candidata presidencial del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Rosario Ibarra de Piedra, señaló que se debía tratar conforme a derecho al líder petrolero, ya que se trataba de garantías para cualquier ciudadano mexicano, descartando también que el gobierno no conociera desde mucho antes los modos de vida del inculpado.
Para el día siguiente, 12 de enero, en el interior de las fuerzas políticas de la izquierda asociada al FDN, se profundizaba la polémica acerca de que posición tomar frente a la detención de La Quina . Por lo pronto ninguno de los dirigentes nacionales asistió a la manifestación de protesta. Este día se publicó un comunicado del secretariado del Consejo Nacional del PMS -leído la noche anterior a los medios- afirmando que la aprehensión de los dirigentes petroleros se debía al interés del gobierno por acabar con un grupo de líderes sindicales del país, que durante el anterior gobierno, y después con Salinas, “se opusieron a la política entreguista”. Según el mismo comunicado, en el fondo la detención de La Quina era una advertencia a las fuerzas democráticas del país que planteaban una reforma electoral acorde con los tiempos que se vivían, por lo que en ese momento lo importante era la defensa de los petroleros "agredidos" por el gobierno y la solidaridad con los trabajadores de Pemex, independientemente de las diferencias ideológicas que existieran entre los dirigentes sindicales y los socialistas.
Ese mismo día el secretario general del PMS, G. Rincón Gallardo, matizó tal apoyo, afirmando que la izquierda de México no apoyaba a La Quina y que su repudio era contra el gobierno que abusaba del poder y que, como hacía 20 años, sacaba a los soldados a las calles para violentar al pueblo y el marco constitucional: "GDO gobernó así y acabó como genocida", afirmaba Rincón Gallardo, planteando también que no tenía nada que ver la personalidad de La Quina , pues lo que estaba en juego era la violación del estado de derecho por parte del gobierno de Salinas, que en los primeros 45 días mostraba rasgos peligrosísimos de abuso del poder. Una posición diferente era la del viejo dirigente comunista V. Campa, afirmando que era injustificable la acción militar en contra del líder petrolero, pero que, afortunadamente para La Quina , los sindicatos estaban unidos en contra de la división de Pemex. Al mismo tiempo otros líderes del FDN explicaban el acontecimiento: I. García Solís, también viejo líder comunista, consideró que se trataba de una simple revancha política contra sus antiguos aliados, y que esto sería el detonante principal de una serie de situaciones represivas por suceder en el país; por su parte el cercano colaborador de C. Cárdenas, R. Pascoe Pierce, afirmó que la detención de La Quina se hizo a instancias de organismos internacionales que pusieron esto como condición para la renegociación de la deuda externa.
El 13 de enero se publicó una carta a la redacción de un periódico de circulación nacional, dirigida al Consejo Nacional de PMS, y firmada por J. Woldenberg, L. Valdés, U. Jarquín, R. Cordera, P. Pascual, A. Encinas, G. Hirales, A. Sánchez Rebolledo, L. Salazar, E. Provencio y R. Carrasco, todos ellos militantes del partido, rechazando el desplegado publicado por el secretariado del PMS, por considerar que no era posible olvidar la trayectoria de La Quina , y que la posición del PMS no podía depender de un "antigobiernismo primitivo" que pensaba que cualquier enemigo del gobierno era un aliado real o potencial, por lo que llamaron a que se hiciera un análisis suficiente de los graves sucesos ocurridos, y que se abandonara la pretensión de retirarse de las consultas programadas para la reforma de la legislación electoral, de la que el PMS había sido uno de los principales promotores.
El día siguiente se publicó en la prensa nacional el desplegado firmado por un importante grupo de intelectuales y artistas encabezados por O. Paz, J.L. Cuevas, F. Benítez y H. Aguilar Camín, en apoyo a las medidas del gobierno de Salinas en contra de los dirigentes petroleros. De inmediato los dirigentes del PMS, H. Castillo, J. Alcocer y A. Martínez Verdugo, criticaron esta posición afirmando que pretendían hacer "leña del árbol caído, pero se acercan al árbol floreciente de la corrupción que es el gobierno", callando ante la impunidad de los dueños de bancos y casas de bolsa, así como los funcionarios que cometieron robos multimillonarios y no fueron investigados, y sin tampoco decir nada de los múltiples asesinatos de luchadores sociales cometidos en los primeros 45 días de gobierno.
Mientras tanto en el PMS la diferencias internas se resolvían transitoriamente mediante una resolución del Consejo Nacional del organismo el 15 de enero, en la que se comprometía a mantener su participación en los foros de discusión sobre las reformas electorales, si el gobierno a su vez se comprometía a respetar la legalidad; también acordó condenar la aprehensión de los líderes petroleros, a la que calificó de "ilegal", pero considerando a los líderes procesados como representantes del "sistema corporativo oficial, corrupto y antidemocrático", contra el cual el PMS luchaba. El dirigente del PMS, H. Castillo, afirmó que las acciones gubernamentales no eran para detener la corrupción, sino para protegerla, y se preguntaba también, "¿por qué le pegan a La Quina y no a C. Jonguitud o a L. Rodríguez Alacaine?. Le pegan porque el sindicato petrolero estaba denunciando la reprivatización de la economía del país".
Por su parte el dirigente del FDN, P. Muñoz Ledo, declaró que la detención de La Quina demostraba que el gobierno en realidad combatía a sus enemigos, no a los corruptos, y que era falsa la pretensión de democracia, ya que se recurría al camino de la fuerza. En cuanto a las afirmaciones de que los trabajadores petroleros habían votado por C. Cárdenas en las pasadas elecciones federales, Muñoz Ledo consideró que en todo caso había sido por decisión propia de cada trabajador y no por instrucciones de La Quina . El PRT, a su vez, publicó un desplegado de prensa llamando a "defender al sindicato petrolero y democratizarlo sin defender a la burocracia quinista o a la nueva burocracia sindical que preparaba el gobierno de Salinas".
Sin embargo la polémica dentro de la izquierda continuaba. En conferencia de prensa el 16 de enero, los dirigentes A. Martínez Nateras, M. Perelló, J. Ortega y J. Meléndez, se manifestaron porque la "burocracia de los partidos de izquierda, inclusive Cárdenas y Muñoz Ledo, rectifiquen su actitud oportunista" en el caso de La Quina , ya que "la sociedad no entregará su apoyo incondicional a todo lo que haga o diga Cárdenas"; también informaron que definitivamente el dinero de los petroleros si llegó a la izquierda, recordando el caso de Aguilar Talamantes, quién por mucho tiempo gozó de la corrupción y se benefició del voto inducido hacia el PST por La Quina en 1985; concluyeron que "la izquierda no puede ser oposición a ultranza, ni rechazar todo lo que diga el gobierno, sin tener elementos suficientes para ello".
El asunto de La Quina había dividido a la izquierda nacional y puesto en duda el proceso de unificación, por lo que hubo de llegarse a un compromiso que no afectara la formación del nuevo partido. El 20 de enero el FDN acuerda participar en la consulta pública sobre reforma electoral y concertación entre los partidos políticos, con cuatro condiciones: transmisión en vivo de los debates, respeto a los derechos de los partidos políticos, depuración de funcionarios con antecedentes delictivos, y preservación de Pemex como empresa pública. El día siguiente, en un mitin en Iguala para promover la formación de un nuevo partido político con la participación de los diputados federales por el PFCRN, R. Wences Reza y F. Salgado Macedonio, C. Cárdenas demandó que el gobierno encabezado por C. Salinas combatiera a fondo el charrismo sindical, a los narcotraficantes y a aquellos que aún vendían plazas en Pemex.
Uno de los partidos que inicialmente participaron con el FDN durante las elecciones federales y que posteriormente decidió no continuar en la construcción del nuevo partido, era el ex–Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que en 1987 había cambiado su nombre a PFCRN para utilizar oportunistamente en su favor de la oleada cardenista. Este partido, encabezado por R. Aguilar Talamantes, desde principios de la década de los ochenta estableció una alianza con La Quina que le permitió beneficiarse, tanto de recursos monetarios que generosamente fluyeron desde las arcas del sindicato petrolero, como del voto inducido en su favor particularmente en las localidades petroleras del sur de Veracruz. En las elecciones federales de 1988 buena parte de los votos `petroleros a favor de la candidatura de C. Cárdenas se captaron a través del emblema del PFCRN, lo que permitió a este partido aumentar significativamente su representación en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, en el financiamiento federal a los partidos registrados.
Esto explica la actitud militante que en defensa de La Quina asumió este partido en los días posteriores a la detención de los dirigentes nacionales del sindicato petrolero. Así el 13 de enero, cuando en el PMS se discutía intensamente que posición adoptar en relación a los acontecimientos del sindicato petrolero, el PFCRN difundía un comunicado de prensa afirmando que en la detención de La Quina se violaron las garantías individuales y se trataba de una cacería contra una dirección sindical que hacía denuncias de corrupción oficial en contra del ex-director de Pemex. Tres días después, en su quinto pleno, el PFCRN acordó iniciar una jornada nacional en demanda de libertad a los "presos políticos" petroleros, por la defensa de la autonomía sindical y de la industria estatal, condicionando su participación en las consultas para reformar la legislación electoral, a que "el gobierno se comprometa a respetar las garantías individuales, las libertades democráticas y la libertad de expresión".
El 20 de enero el PFCRN anunció la realización de una jornada de lucha del 4 al 12 de marzo por la libertad de los líderes presos; éste último día se realizaría un referéndum nacional para "decidir si seguimos pagando la deuda externa", cuyos resultados serían ratificados en un gran mitin el 18 de marzo; también anunció la realización de una conferencia con la asistencia de 1 mil 500 trabajadores petroleros en la ciudad de Villahermosa para analizar el caso de La Quina y demandar su libertad. En esos mismos días y ante las acusaciones que en su contra realizaban distintos voceros de la izquierda política, el máximo dirigente del PFCRN, Aguilar Talamantes, reconoció públicamente haber recibido dinero de La Quina. En refuerzo a esto el diputado del PFCRN, F. Leyva Retama, informó que la relación de este partido con los petroleros se inició en 1983 por coincidir con ellos en el impulso a las empresas de interés social, la crítica a la política económica gubernamental y la no-sumisión al gobierno, por lo que recibir apoyo económico de los petroleros "no es nada corrupto".
8. Los sindicatos independientes y otras organizaciones sociales
En las horas posteriores a la detención de la dirigencia petrolera los sindicatos independientes se mostraron sorprendidos y trataron de deslindarse de La Quina , pero condenando la violencia ejercida. Así J. Ortega Arenas, líder de la Unidad Obrera Independiente (UOI), afirmó que el gobierno creaba "Frankensteins" en base a dádivas y puestos políticos y luego no sabía que hacer con ellos, afirmando también que los cacicazgos sindicales debían eliminarse quitando a las líderes privilegios económicos y políticos, no con el empleo del ejercito. Por su parte E. Pérez Arreola, líder del STUNAM, consideró que la detención de los líderes era un ajuste de cuentas dentro del PRI, e invitó a los líderes de la CT a estudiar la situación, "porque hay varias cosas que podemos hacer, no para defender a La Quina y asociados, sino al sindicato petrolero".
El 11 de enero se publicó un desplegado de prensa del Consejo Nacional de los Trabajadores (CNT), firmado por sus dirigentes, S. Ruiz Mora y A. Reyna Menchaca, condenando la detención de los líderes petroleros y llamando a realizar mítines y manifestaciones en protesta por esta acción del gobierno federal. En su documento, la CNT deploraba también la manera en que actuó el gobierno para la detención de los líderes petroleros, "pues no está en manos de las autoridades la depuración sindical, ya que con esto se viola la Constitución y la Ley Federal del Trabajo”; la organización se manifestó también en contra de los pronunciamientos de algunos artistas e intelectuales apoyando estas acciones del gobierno, porque "con ello se justifica no solo la agresión a las organizaciones laborales, sino a todas aquellas fuerzas democráticas que sean disidentes de la forma de actuar de las autoridades".
Tres días después, el 14 de enero, el vocero del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), D. López García, ofreció una conferencia de prensa en la que comentó que en el conflicto de los petroleros había elementos de carácter político, pero también una intromisión en la vida sindical, ya que "era probable que el gobierno intentara bloquear a los dirigentes cercanos a La Quina , para imponer una dirección más manipulable". A su vez el líder del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), A. Varela, expresó que el método usado para detener a los dirigentes petroleros no se ajustó a la legalidad, y que si el gobierno pretendía utilizar estos acontecimientos para desnacionalizar la industria petrolera, el SUTIN se opondría. Por su parte el dirigente de la Coordinadora de Trabajadores al Servicio del Estado, A. Ocampo, informó que este organismo apoyaría las movilizaciones que se hicieran en contra de los métodos anticonstitucionales utilizados por las autoridades para debilitar a los sindicatos, charros o independientes. Un día después el líder de la Federación Nacional de Asociaciones Sindicales (FNAS), S. Ruiz Mora, afirmó que los gobernantes en turno siempre supieron lo que hacían los líderes petroleros, y no solo lo aceptaban y consentían, sino que también lo apoyaban y protegían, por esto, "no es cierto que se les haya detenido por deshonestos y arbitrarios, sino porque estaban en contra de la política reprivatizadora y económica del gobierno".
Además de los sindicatos independientes otras organizaciones sociales se manifestaron en torno a la detención de los dirigentes petroleros. El 11 de enero el líder de la Unión de Vecinos y Damnificados "19 de septiembre" y de la Coordinadora Unica de Damnificados, A. Varas, declaró a la prensa que existía preocupación ante lo que consideraban una crisis de las estructuras políticas y una disposición a actuar con mano dura. El 13 de enero el presidente del Supremo Consejo Masónico de México, C. Vázquez Rangel, avaló la honestidad de los dirigentes presos, y en cambio calificó de "ladrón" al gobernador mexiquense R. Beteta, y censuró al titular de STPS, A. Farell, por su intento de intervenir en la autonomía del sindicato petrolero, al tiempo que demandó que fueran dadas a conocer públicamente las cartas de intención del FMI sobre la deuda externa del gobierno; también exigió que se impidiera "al clero establecer posiciones políticas". Estas declaraciones las hizo antes de reunirse con el regente del DF, M. Camacho Solís, para hacerle entrega de los símbolos masónicos. Ese mismo día Ofelia Medina y 200 asistentes a los Miércoles Culturales de la Universidad Obrera, publican una carta abierta al presidente Salinas, al secretario de Gobernación, F. Gutiérrez Barrios y al secretario de la Defensa, A. Riviello Bazan, manifestando el repudio al acto anticonstitucional de intervención militar en la aprehensión de los dirigentes del sindicato petrolero, y a todo acto de represión contra el pueblo de México.
9. Conclusiones
La detención de La Quina fue una acción que involucró a todo el poder del Estado. El ejército y la marina participaron desde una noche antes de la detención tomando las principales instalaciones petroleras del país, mismas que mantuvieron bajo custodia hasta el momento en que Sebastián Guzmán Cabrera tomo posesión del cargo de secretario general del sindicato en los primeros días de febrero de 1989. Durante los siguientes días después del "quinazo" también contaron con custodia militar y policíaca las instalaciones eléctricas y telefónicas en el país.
El operativo en la casa de La Quina en Ciudad Madero fue realizado por un comando militar que con lujo de violencia llevó a cabo las detenciones. Lo mismo sucedió en la casa de Salvador Barragán en la zona metropolitana de la ciudad de México, aunque éste había logrado escapar momentos antes para refugiarse en la sede nacional de la CTM, la cual fue sitiada por elementos militares y policíacos hasta lograr el traslado del dirigente nacional petrolero a un hospital en calidad de detenido. Los cargos en contra de los dirigentes petroleros fueron totalmente prefabricados: se les acusó de portación de armas de fuego reservadas para uso exclusivo de las fuerzas armadas y resistencia de particulares, cuando que según los testimonios de numerosos testigos los únicos disparos que se realizaron en las casas de La Quina y de Barragán Camacho fueron los realizados por los comandos militares encargados del operativo, además de que ellos mismos fueron los encargados de depositar las cajas de armamento que después serían utilizadas como pruebas de la supuesta resistencia.
A La Quina se le acusó también del asesinato de un agente del Ministerio Público que nadie vio con vida en el lugar de los hechos y cuyo cadáver fue incinerado apresuradamente después de una serie de turbias maniobras a cargo del suprocurador de la República, Javier Coello Trejo, para evitar los trámites judiciales correspondientes a la investigación del homicidio (tiempo después se supo que el hermano del funcionario "asesinado" fue nombrado funcionario en la dirección de recuperaciones de los bienes incautados al narcotráfico en la PGR, en donde en menos de un año amasó una fortuna que le permitió retirarse y asegurar un futuro próspero para la familia).
La acción del gobierno federal se caracterizó por la total arbitrariedad y atropello de las instituciones judiciales y políticas en las localidades en donde La Quina tenía un predominio político: Ciudad Madero, Tampico y Altamira, destituyéndose sumariamente a los mandos policiacos locales y sustituyéndoseles por funcionarios nombrados por las autoridades federales. Al notario público que, llevado por los familiares de La Quina , dio fe de la ausencia de resistencia armada por parte de los líderes petroleros, se le revocó su licencia en los días posteriores a la detención.
La dirigencia cetemista no fue informada del operativo en contra de La Quina , y el día de los acontecimientos, la prensa señalaba el desconcierto de Fidel Velázquez al intentar infructuosamente entrevistarse con el presidente Salinas, quién se negó a recibirlo. La debilidad de la burocracia sindical cetemista se hizo todavía más evidente a partir de que otros de los organismos del corporativismo sindical mexicano (FSTSE, CROM, CROC) se manifestaron en apoyo a las acciones del gobierno federal, así como las principales organizaciones empresariales (con excepción de la ANIT), la cúpula de la Iglesia Católica, el Partido Acción Nacional y, claro está, los diferentes sectores del aparato oficial priista, incluyendo legisladores, gobernadores y funcionarios federales.
En una primera reacción la CTM y el presidente del Congreso del Trabajo publicaron dos desplegados en la prensa nacional condenando los hechos y demandando la excarcelación de los dirigentes petroleros; sin embargo un día después la dirigencia cetemista había modificado su posición, afirmando que la defensa de La Quina se haría exclusivamente en el terreno jurídico, y que los acontecimientos, desde su punto de vista, no ponían en peligro la "alianza histórica" de la central con el gobierno federal.
A partir de aquí los esfuerzos de la CTM se orientarían no a la defensa de los dirigentes detenidos, sino a tratar de recomponer esta alianza. Así, el líder cetemista Emilio M. González, que en ese momento fungía como presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, negó el uso de la tribuna a los diputados petroleros para denunciar los hechos. Un día después 5 de los 7 legisladores representantes del STPRM (6 diputados y un senador), declaraban su adherencia a la política marcada por la nueva administración gubernamental, reafirmando su militancia priísta y cetemista. El día 12 de enero, en los discursos de la tradicional "salutación" de año nuevo los dirigentes cetemistas reforzaban su tradicional sumisión, destacando la "talla humana y política" del presidente Salinas y evitando cualquier mención de los acontecimientos. Unos días después, la CTM anunció la remoción de los dirigentes petroleros detenidos en los diferentes cargos que ocupaban en la dirección de la central y del Congreso del Trabajo.
El golpe a La Quina fue un paso muy importante en el proceso de legitimación del liderazgo de Salinas dentro del bloque hegemónico en el sistema político mexicano, que se continuó con otras dos acciones ejemplares (aunque sin la violencia y drasticidad del quinazo) con la caída de los liderazgos del SNTE (Carlos Jonguitud) y del sindicato de músicos (Venus Rey). En los tres casos -que podríamos denominar "charrazos contra los charros"- la sustitución de los cacicazgos sindicales no implicó una democratización de los organismos gremiales, sino su sustitución por liderazgos subordinados a la tecnocracia gobernante, y una demostración palpable de la debilidad del aparato corporativo tradicional frente al nuevo grupo predominante en el escenario político nacional.
El "quinazo" no solo provocó un cierre de filas dentro de la coalición dominante en el país, sino que alcanzó también a sectores que tradicionalmente habían mantenido posiciones críticas frente al poder establecido. Así, un numeroso grupo de intelectuales encabezados por Octavio Paz, Fernando Benítez y Héctor Aguilar Camín, se manifestaron en apoyo a las acciones gubernamentales. Incluso dentro del amplio frente de fuerzas de izquierda que se había agrupado en torno a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas se empezaron a manifestar fisuras, particularmente en aquellos grupos con fuerte presencia en los medios de comunicación masiva encabezados por gentes como Rolando Cordera, Arturo Martínez Nateras y otros.
La burocracia quinista intentó infructuosamente reagruparse después del golpe recibido, y ante la intención expresa del gobierno federal de imponer como sucesor en la dirección del sindicato petrolero a Sebastián Guzmán Cabrera, pretendieron realizar una maniobra por medio de la cual aseguraran mantener en la secretaría general del sindicato a un hombre cercano a La Quina . Según los estatutos sindicales el cargo debería recaer en los secretarios generales sustitutos, pero como ambos se encontraban presos ( La Quina y Jesús Sosa Martínez), le correspondía al secretario del interior José Meléndez Maranto, un hombre considerado débil y en posibilidades de ser presionado en favor de Guzmán Cabrera, por lo que el 11 de enero el CEG quinista designó al senador por Tamaulipas, Raúl Camero Cardiel, secretario general sustituto. Sin embargo, y a pesar del inicial apoyo de Fidel Velázquez a la designación de Camero, el gobierno federal, por medio de la STPS, consideró ilegal el nombramiento negando la "toma de nota", hasta que el 16 del mismo mes fue reconocido por las autoridades laborales José Meléndez, con la encomienda expresa de convocar a una convención nacional extraordinaria para elegir al que ya para ese momento era considerado el "candidato único por consenso de los 32 dirigentes seccionales" para ocupar la secretaria general del sindicato petrolero.
El día del “quinazo” los trabajadores espontáneamente abandonaron las instalaciones y salieron a las calles para expresar su protesta, siendo acompañados por las direcciones locales (años después una de las principales pruebas para calificar de "quinista" a un adversario político, sobre todo en los procesos electorales seccionales, era acusarlo de haber participado en los paros del 10 de enero de 1989). Por lo menos en 16 secciones pudimos documentar paros de labores, así como tomas de puentes, cierre de avenidas, mítines y otras movilizaciones masivas, entre ellas un gran acto en el zócalo del Distrito Federal. Al día siguiente los trabajadores (salvo grupos aislados en secciones como la 13 y la 15) hubieron de regresar a las labores ante la amenazante vigilancia de cuerpos policíacos y militares. Se sabía ya de la aprehensión del dirigente de la sección 31, mientras en la 10, 36 y 48, los líderes desaparecían y escapaban de sufrir lo mismo.
En el resto de las secciones y durante los 20 días siguientes a la detención de La Quina y asociados, de manera forzosa las direcciones sindicales renunciaron y se jubilaron una tras otra, presionadas por movilizaciones -en algunos casos violentas- de los trabajadores de base, o por amenazas de la empresa y el gobierno de procesarlos judicialmente por corrupción y otros delitos. Las secciones en donde se mantuvieron las mismas direcciones seccionales fueron, en primer lugar, la 35, feudo del próximo segundo hombre fuerte en la dirección nacional del STPRM, Carlos Romero Deschamps. También mantuvieron hasta por un año más sus cargos los viejos caciques de la zona sur en las secciones 11, 22 y 26. Otras secciones en donde no se sustituyó de inmediato a los líderes fueron la 13, 21 y 39.
El encargado del despacho:
Sebastián Guzmán Cabrera
III. El ajuste laboral: la mutilación del contrato y los despidos masivos.
La subordinación al gobierno salinista no solo convirtió al sindicato en aliado activo de la empresa para el reajuste masivo de personal y la aniquilación del quinismo como corriente hegemónica en el STPRM, también convirtió a la nueva dirección nacional de los petroleros en elemento de presión contra la cúpula nacional de la burocracia cetemista, ocupada en ese momento en tratar de recomponer la alianza con el gobierno en turno, puesta en entredicho por los hechos del 10 de enero de 1989.
El mismo 6 de febrero, día en que se reunió por primera vez con la nueva dirigencia petrolera, Fidel Velázquez hizo declaraciones a la televisión privada, en las que señaló que en la CTM habría cambios trascendentes pero "no atropellados", ya que estos dependían de que los trabajadores los pidieran. Por otra parte, en declaraciones a la prensa, el líder estatal de la CTM en Guerrero, P. Camarena Castro informó que "desde que se presentó el problema judicial de La Quina , la CTM tomó medidas para alertar a toda su dirigencia y revisar de inmediato sus prácticas, formas de organización y el tipo de liderazgo (..) Este estado de alerta fue comunicado y debatido en el Comité Nacional de la CTM, y en una reunión amplia con los secretarios generales de los sindicatos nacionales y federales, con el objeto de garantizar que se realice todo un proceso de depuración sindical con la participación de las bases trabajadoras". Al mismo tiempo el dirigente del SUTERM, L. Rodríguez Alcaine, declaró a la prensa que "no obstante que la detención de La Quina se hizo con estricto apego a las leyes, la acción se entiende como una agresión del gobierno al sindicalismo mexicano", aunque manifestó su apoyo a Salinas y también al anunciado aumento de las tarifas eléctricas, las cuales, según el líder sindical, están subsidiadas con un 42 por ciento de su gasto real. 35
El 17 de febrero se realizó la toma de posesión (pospuesta desde el 10 de enero) del nuevo dirigente del CT, Cecilio Salas (CGT), en sustitución de Jorge Sánchez (SME). En su discurso ante el presidente Salinas, Salas manifestó que "es necesario poner límites al sacrificio del pueblo", aunque matizó su discurso haciendo un llamado a reforzar la alianza del movimiento obrero con el Estado. 36
Por su parte, y en un comunicado previo a la asamblea de la CTM, F. Velázquez anuncia una depuración de dirigentes de la central, ya que hay líderes "que no han cumplido la misión de defender los intereses que se les han conferido". Ese mismo día 22 de febrero, se anunció el nombramiento de E. Pérez Arreola, líder del STUNAM, como asesor del presidente Salinas. 37
El 24 de febrero iniciaron los trabajos de la 109 asamblea general ordinaria del Consejo Nacional de la CTM, en donde el presidente Salinas informó que habría una nueva legislación laboral "para beneficio de los trabajadores". Ahí mismo, el dirigente de la Federación de Trabajadores del Estado de México (FTEM) y de la Coalición Nacional de la Industria Hulera, S. Pérez Tovar, afirmó ante el presidente de la República que "en la búsqueda de las necesarias soluciones socioeconómicas de nuestro país, destaca, señor presidente, su integridad, valor y decisión, y a nadie vamos a dejar que se interponga negativamente entre usted y la clase trabajadora, (ya que) ambos luchan por el bien de México". No obstante los trabajadores, aunque acarreados como porristas, dejaron sentir su crítica, recibiendo con una sonora rechifla al titular de la STPS, A. Farell, quién se refugió en amena plática, con risas y abrazos, con el nuevo líder del STPRM, Sebastián Guzmán Cabrera.
En el segundo día de actividades de la asamblea cetemista, el líder del PRI, L.D. Colosio, pronunció un discurso en el que reafirmó la línea salinista de demandar la completa subordinación de las fuerzas sindicales, denunciando que "los adversarios del sistema" intentaban la destrucción del movimiento obrero, pero "que quede claro: se toparán, resbalaran, ante la convicción revolucionaria de los obreros y su alianza con el PRI"; Colosio planteó también la necesidad de reflexionar en torno a la actuación de cada organismo, pero no con el afán de deteriorar su estructura sindical, "y menos en beneficio de nuestros adversarios".
A cambio de esa subordinación, la burocracia sindical siguió pidiendo posiciones políticas. A nombre de la CTM, el secretario de Acción Política, R. Ochoa Zaragoza, lamentó que dentro del PRI se hubiera limitado el derecho de la CTM a cargos políticos, aunque afirmó que todos los sindicatos cetemistas debían de afiliar masivamente al PRI a los trabajadores y a sus familias. A su vez A. Romo, secretario de Educación de la central, demandó para los cetemistas mayores posiciones políticas, cargos en el partido y responsabilidades en el gobierno, sobre todo en vistas de las próximas elecciones a realizarse en 14 entidades del país.
Antes de la llegada de Colosio, el líder electricista, L. Rodríguez Alcaine había propuesto "sacar a patadas a los corruptos de la CTM", lo que fue apoyado por numerosos líderes, casi todos ellos acusados de corrupción; el dirigente de la Unión de Artes Gráficas, Juan Ríos, tuvo que ser callado por F. Velázquez ante los gritos de "ratero, ratero, ratero" que proferían sus bases sindicales. Finalmente la anunciada depuración de la CTM no se concretó en ninguna acción específica.
No obstante que nadie lo declaró públicamente, se supo que en reuniones "secretas" durante la 109 asamblea de la CTM, F. Velázquez planteó la inquietud de que el gobierno trasladara al Apartado "B" del Artículo 123 constitucional a los trabajadores petroleros, aunque SGC realizó declaraciones en la asamblea cetemista rechazando la posibilidad de que los petroleros fueran cambiados de régimen legal. 38
El día 22 de marzo, en una conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca, SGC se declaró en contra de la privatización de Pemex y a favor de que el hidrocarburo siguiera siendo un recurso estratégico propiedad del Estado; también planteó la exigencia de que Pemex hiciera el menor daño posible a la ecología durante las operaciones de perforación marina, y desmintió que existiera represión en las secciones petroleras, "por el contrario, se han dado más facilidades a los trabajadores para que en un clima democrático y de plena autonomía, elijan a sus dirigentes". Informó también que se habían renovado las dirigencias de 32 secciones y que se estaban realizando auditorias en todas ellas para aclarar posibles desvíos, por lo que las entidades que manejaban recursos propiedad del sindicato, tendrían que aclarar su manejo. En relación con las tiendas propiedad del sindicato, aclaró que solo se mantendrían aquellas que fueran autofinanciables y que no reciban subsidio de la empresa; finalmente aclaró que el STPRM aspiraba a seguir manteniendo las posiciones políticas detentadas, pero siempre dentro del PRI, "porque tenemos el mismo derecho de hacer propuestas al igual que otros sectores priístas". 39
1. Cambio de régimen laboral de los técnicos y profesionistas
En los siguientes meses se desarrollaría una ofensiva auspiciada por la empresa tendiente a eliminar en la próxima revisión del CCT el régimen de sindicalización para los aproximadamente 11 mil técnicos y profesionistas al servicio de Pemex. Estas categorías de trabajadores habían logrado su sindicalización después de arduas luchas en la década de los setentas. En mayo de 1970 más de 700 técnicos y profesionistas se constituyeron en sindicato mediante asamblea realizada en Minatitlán, solicitando de inmediato su registro en la STPS, misma que se lo niega, por lo que solicitaron un amparo a la SCJN. El STPRM de inmediato los acusó de divisionistas y la empresa despidió o movilizó arbitrariamente a los dirigentes. Aún así el movimiento persistió y en abril de 1973 dirigen una carta al presidente Luis Echeverría solicitando su inclusión en la siguiente revisión del CCT y la reinstalación de sus dirigentes. En marzo del mismo año, el presidente Echeverría ordena la sindicalización de los técnicos y profesionistas en el STPRM, y el 12 de julio se firma un convenio entre el STPRM, encabezado por el secretario nacional, Sergio Martínez Mendoza, y PEMEX por medio de su director general, Antonio Dovalí Jaime, en el que se estipula un plazo improrrogable de 4 meses para integrarlos al sindicato.
Como para febrero de 1974 no se había avanzado en la sindicalización, un sector de los técnicos y profesionistas deciden integrarse al viejo sindicato independiente (formado en 1947 por un grupo de médicos) Unión de Profesionistas y Técnicos al Servicio de las Industrias de México. Otro sector se mantiene con la intención de integrarse al STPRM, aunque el proceso se frenaba por la pugna contra la empresa por el exceso de personal de confianza y la total discrecionalidad en la creación de nuevas plazas de confianza. En abril de 1974, varias secciones ligadas a La Quina, publican un desplegado de prensa criticando al CEG por tener una "actitud entreguista" con relación a las plazas de confianza, y de no defender los derechos laborales de los técnicos y profesionistas. En junio de 1974, la UPYTSIM realiza paros de labores secundados por cientos de técnicos y profesionistas en las plantas de Salamanca, Reynosa y Comalcalco, demandando la firma de un contrato colectivo, reclasificación y retabulación, aumento salarial y reinstalación de los dirigentes despedidos.
Para abril de 1975, según el comisionado nacional para técnicos y profesionistas, Alfredo Pliego Aldana, habían ingresado al STPRM 4 mil 227 de éstos. En este mismo mes el STPRM organiza un congreso de profesionistas petroleros al que se invita para la inauguración al presidente Echeverría; ahí se aprueba, por iniciativa de La Quina, la incorporación de los técnicos y profesionistas al PRI. Sin embargo las demandas más importantes relacionadas con la reclasificación y retabulación y la aplicación del CCT para cubrir los puestos vacantes y de nueva creación no se habían solucionado, por lo que en agosto y noviembre de 1975 los técnicos y profesionistas de la sección 24 en Salamanca y de la sección 1 en Ciudad Madero realizan paros de labores en protesta por la no solución a sus demandas.
En los meses de febrero y marzo de 1976, más de 4 mil 500 técnicos y profesionistas realizan una serie de paros de labores en las instalaciones de Poza Rica, Ciudad Madero, Azcapotzalco, Cerro Azul, Naranjos, El Ebano, Ciudad Pemex y Salamanca. Como resultado de estas acciones, el 18 de marzo de 1976 se firma un convenio mediante el cual se hace una reevaluación del escalafón para igualar los salarios de los empleados de confianza con aquellos de la misma categoría y nivel que pasaron al régimen sindical, al mismo tiempo que se modifican las cláusulas 3 y 7 del CCT para formalizar el cambio de régimen de confianza a sindical para los técnicos y profesionistas y se establece una comisión mixta empresa-sindicato para dictaminar el carácter de las plazas de nueva creación, estableciéndose restricciones sobre el personal de confianza: 10% del total de los trabajadores de planta y 5% de los trabajadores eventuales en la industria.
Sin embargo la recategorización de los técnicos y profesionistas tardaría aún dos años en aplicarse completamente, y será hasta 1978, y después de un paro de labores realizado en la sección 34, que se daría cumplimiento total al acuerdo firmado en marzo de 1976. En 1978 se forma el sindicato de médicos del PEMEX, del que 3 mil 400 miembros se incorporarían, 3 años más tarde, al STPRM. 40
Más de 10 años después, el 8 de mayo de 1989, las asociaciones de Ingenieros Petroleros y Mexicana de Arquitectos al Servicio de la Industria Petrolera, así como del Colegio de Ingenieros Petroleros, demandaron en carta abierta a Pemex y al sindicato que se iniciaran los trámites para dejar de pertenecer al régimen de sindicalizados y pasar a ser personal de confianza. En el documento los profesionistas planteaban que "perteneciendo al sindicato han tenido que atender asuntos distintos a su quehacer profesional como es su acción seccional, que incluye asambleas, marchas y otro tipo de apoyos sindicales". También denunciaban que los "procedimientos escalafonarios o sindicales, no siempre dan lugar a que el personal profesional de Pemex progrese con base en su capacidad y desempeño, mientras que en algunas ocasiones esto se logra con posiciones de privilegio conseguidas por militancia y actividades sindicales". El día 11 de mayo se informó que alrededor de 3 mil miembros de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México (AIPM), acordaron por votación unánime separarse de sindicato y solicitar a la empresa su traslado al régimen de confianza. 41
El día 16 de mayo, la dirigencia del STPRM denunció que desde la dirección de Pemex se alentaba a los técnicos para formar parte del régimen de confianza, pero que la empresa no estaba en capacidad de absorber a los 11 mil técnicos y profesionales. El STPRM consideró en su comunicado que esta situación era normal y sucedía cada vez que se aproximaba la revisión del CCT.
Por su parte el representante sindical de los técnicos y profesionistas de la sección 34, arquitecto F. Domínguez, denunció que personal de confianza de Pemex, presionaba a sindicados para que firmaran desplegados en favor del régimen de confianza, y que se estaba usando a la AIPM y al CIPM, organismos presididos por M. Ortiz de María y C. Cuéllar Angulo, subdirectores de Producción Primaria de Pemex y de Tecnologías de Explotación y Explotación, del IMP, respectivamente, "para hablar en favor de que los técnicos dejen de ser sindicalizados". El arquitecto Domínguez informó también que tanto a él como a su compañero A. Cruz Bencomo, a quienes la empresa consideraba "peligrosos" por su actividad sindical, los habían comisionado a provincia tratando de evitar su actividad en la ciudad de México para enfrentar las presiones de los funcionarios; también relató que en la Gerencia de Refinación de Oficinas Centrales "el gerente mandó pasar un escrito para convertir en personal de confianza a los técnicos y profesionistas, y a quienes se negaron se les sancionó de inmediato". Finalmente el arquitecto Domínguez negó que los 11 mil técnicos y profesionistas hubieran solicitado pasar a ser de confianza, afirmando que "todo es una maniobra de la empresa, que así pretende llevar a la práctica un supuesto programa de modernización, al mismo tiempo que se quita de encima a un gremio combativo". 42
El 1 de junio se publicó un desplegado de prensa firmado por el Departamento de Técnicos y Profesionistas de la sección 24, en el que manifiestan su rechazo a las declaraciones de las diferentes asociaciones de profesionistas que solicitaban el paso al régimen de confianza; reafirmando que no deseaban abandonar su carácter de sindicalizados, porque significaría renunciar "a los derechos conquistados a través de una ardua lucha"; también rechazan que se pretendiera adjudicar a la sindicalización de los técnicos y profesionistas los problemas por los que atraviesa la empresa, ya que éstos se originaron "en las políticas erróneas aplicadas en los últimos años". 43
Este mismo día se anunció la instalación de la comisión mixta revisora del CCT, que sería presidida por el dirigente sindical, J.C. Vega Olivares. Ahí mismo SGC anunció que el paso de los técnicos y profesionistas al régimen de confianza era ya una decisión tomada y que "será muy difícil para el sindicato petrolero detener la ejecución del proyecto de Pemex de incorporar al régimen de confianza entre 5 y 6 mil técnicos y profesionistas que ahora son sindicados. Muchos de estos últimos, sin embargo, ya realizan tareas propias del personal de confianza, dado que son por ejemplo supervisores y jefes de área, y participan en las labores de dirección"; aunque el líder nacional aclaró que el problema de los técnicos y profesionistas no sería materia de discusión en la siguiente revisión del CCT, sin embargo si precisó que las prestaciones de los que pasen a ser de confianza no serían afectadas y por el contrario se reforzarían; también dijo que en ese momento en el sindicato estaban agremiados alrededor de 12 mil técnicos y profesionistas, de los cuales entre 5 mil y 6 mil necesariamente tendrían que aceptar su cambio. 44
Un día después las declaraciones de SGC tuvieron respuesta en un comunicado de la Rama de Técnicos y Profesionistas de la sección 34, en el que consideran lamentables las afirmaciones de SGC, ya que éste justificaba que los técnicos y profesionistas sean desincorporados del sindicato; en el comunicado negaban desempeñar funciones de confianza (como lo aseguró SGC), porque su trabajo no era de dirección, vigilancia y fiscalización con carácter general, ya que sus funciones estaban especificadas, y en ningún caso se apegaban a lo establecido en la LFT para el caso de los trabajadores de confianza; también afirmaron que la productividad y eficiencia no estaban en pugna con el régimen sindical, como lo manejaba la administración de Pemex, y proponían que el problema se definiera en un foro público nacional con carácter resolutivo, en el cual participaran el gobierno, el sindicato, los trabajadores petroleros, los investigadores y el pueblo en general, para definir el rumbo de la industria petrolera. 45
2. El primer recorte del contrato colectivo
Las negociaciones entre el sindicato y la empresa para la revisión del CCT se iniciaron oficialmente el 12 de junio. Hasta este momento el sindicato había fijado en 25 por ciento el aumento salarial demandado; sin embargo se sabía que empresa y sindicato habían pactado ya la modificación de 82 de las 271 cláusulas del contrato colectivo, con el fin de "achicarlo y hacerlo más dinámico", con lo que de manera explícita, el sindicato se declaraba dispuesto a aceptar el desmantelamiento del contrato. Para compensar un poco se rechazaba "en forma tajante" la propuesta patronal de establecer horario discontinuo para los trabajadores y trasladar los servicios de salud al Seguro Social. Según declaraciones del vocero oficial del gremio, O. Hernández, no habría emplazamiento a huelga "dado que es una empresa prioritaria en la economía nacional y el desarrollo del país, por lo que sus trabajadores están comprometidos con el ejecutivo federal para superar los problemas y no para generarlos".
Las principales demandas se referían a aumentos económicos en indemnizaciones, becas, jubilaciones, antiguedad, así como mayor pago a los que laboraban tiempo extra, y ampliación de los fondos de ahorro y los servicios de salud. En la cláusula 51 bis se pedía incremento extraordinario en las prestaciones igual al que se otorgara a los de confianza, tales como bonos de actuación mensuales, trimestrales y anuales y los que en el futuro se llegarán a establecer. En la cláusula 166 se pedía aumento al financiamiento a la vivienda de 4.5 a 12 millones de pesos y que esta aportación se hiciera a través del Padrón Nacional Pro-Construcción de Casa del CEG del STPRM (de próxima creación). En la cláusula 268 se solicitaba elevar de 20 a 50 millones de pesos el pago mensual al CEG para gastos de viajes de sus integrantes. Otro grupo de demandas se refería a la necesidad de mayores programas de capacitación y a una mayor intervención del sindicato en los reajustes de personal y el maltrato a los operarios. 46
El 15 de julio de 1989 los secretarios de las secciones 11 de Nanchital y 31 de Coatzacoalcos, denunciaron que serían afectados más de 2 mil 600 trabajadores en sus respectivas secciones, al pasar a ser de confianza los técnicos y profesionistas. Por su parte los abogados laborales Amado Cruz Malpica y Abel Jiménez Hernández, que representaban en ese momento a más de 500 trabajadores despedidos en la zona desde enero anterior, denunciaron también que Pemex realizaba un estudio en la zona sur denominado "Programa de Cancelación de Plazas Extraordinarias y de Personal de Planta Excedente, Requerible o Sujeto a Reajuste", que significaría más recortes y despidos en las áreas de operación, mantenimiento, oficinas administrativas, proyectos y construcción de obras. ( 47 ) En respuesta a estos señalamientos, el líder nacional de los petroleros, SGC, durante un acto con los candidatos a diputados priístas en Jalapa, Veracruz, negó que hubiera despidos masivos en Pemex, pero aceptó que existía recorte de presupuesto y que se habían detenido algunas obras. 48
El 26 de julio Pemex anunciaba la suspensión total de liquidaciones y jubilaciones, debido a que "fue superado el presupuesto que se tenía asignado para ello"; la empresa informó que esto se debió a que "los quinistas" en masa pidieron su liquidación y que la mayoría de los transitorios despedidos le ganarían los pleitos en los tribunales a Pemex; así mismo, se anunció que no habría nuevas contrataciones en lo que restaba del año, y que en adelante sería minuciosamente estudiado cada caso de jubilación y liquidación, pues se jubiló personal que todavía no cumplía la edad requerida. Sin embargo, trabajadores transitorios despedidos desde principios de año, de la refinería de Azcapotzalco y de la de refinería "Miguel Hidalgo" de Tula, Hgo., denunciaron ese mismo día que seguía la venta de plazas en el sindicato a 1 millón y medio de pesos cada una, y que las juntas especiales 7 y 12 de la JFCA, se encontraban saturadas con las demandas de los petroleros, al tiempo que realizaban prácticas dilatorias y aumentaban los trámites "engorrosos" para desalentar al trabajador.
La firma del CCT se realizó en la STPS el 31 de julio; después de realizada, los funcionarios sindicales se trasladaron a Los Pinos en donde se reunieron con el presidente Salinas, el secretario del Trabajo, A. Farell, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, F. Hiriart y el director de Pemex, F. Rojas; éste último funcionario calificó de extraordinario el acuerdo logrado entre el sindicato y la empresa, "pues en él privaron la armonía, el respeto y la confianza entre trabajadores y administración". En un escueto boletín de prensa, la empresa informó de un aumento salarial del 12 por ciento, directo al salario, y un aumento de 2 por ciento en prestaciones, así como de la revisión de 271 cláusulas contractuales. El dirigente nacional del sindicato, SGC, rodeado de un fuerte cerco de seguridad, evadió realizar alguna declaración al respecto. 49
Al día siguiente, SGC realizó una conferencia de prensa en donde informó que habían sido 9 mil técnicos y profesionistas los que pasaron al régimen de confianza, ya que desempeñaban labores de administración, supervisión, fiscalización, vigilancia, "pues la modernización y eficientización de la empresa requiere contar con gente disponible en cualquier momento"; también confirmó que se modificaron 80 cláusulas del CCT y que 30 mil trabajadores transitorios habían perdido su ocupación. Según planteó el líder nacional, entre las cláusulas suprimidas se encontraban aquellas que obligaban a la empresa a destinar partidas presupuestales para las tiendas sindicales, para las actividades agropecuarias y para gastos de los dirigentes petroleros, aunque confirmó que el sindicato no dejaría de percibir el dos por ciento que aportaban los contratistas por cada obra realizada. Según afirmó SGC, el incremento de salarios pactado no lesionaba el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), pues estaba dentro de lo acordado con el gobierno federal.
Ese mismo día 1 de agosto, en un boletín de prensa, la Coalición Democrática Petrolera, señaló que con la firma del CCT, la dirección sindical entregó a la empresa la decisión de desemplear y contratar trabajadores a su arbitrio. Como contraparte, algunos articulistas iniciaron una campaña en contra de los servicios médicos de Pemex, planteando que existía exceso de personal sin utilidad especifica, que fomentaban la especulación y tráfico de incapacidades, permisos y atención a personas no derechohabientes, así como un incorrecto manejo de recursos y medicamentos, pero que con el nuevo CCT, "se acabo el privilegio ilegitimo de que gozaban los médicos" (J. Dueñas R., Excélsior); también se lanzaron denuestos contra los trabajadores que pasaron a ser de confianza: perforadores, técnicos, ingenieros, jefes de brigada, ayudantes de técnicos, jefes de departamento etc. acusándolos de tortuguismo, chantaje y “cobrar horas extras”. (J.M. Magaña, Nacional). 50
3. La alianza histórica
En los días que siguieron a la firma del CCT, los “grupos mayoritarios” del sindicato petrolero, con SGC a la cabeza, realizaron diversos actos electorales para el PRI en la zona Norte y Sur de Veracruz, que incluyeron la publicación de un desplegado en favor de los candidatos a diputados y presidentes municipales del PRI en el mismo estado. En un intermedio dentro de la campaña partidista, SGC declaró a la prensa que "México y nuestro sindicato se mantienen firmes como dueños de sus propios recursos", aunque también afirmó que "capitales extranjeros podrán participar en la petroquímica, aunque sólo asociados con capitales mexicanos". 51
Con motivo del 54 aniversario de la fundación del STPRM, se realizó una ceremonia conmemorativa el 15 de agosto en la que también se inauguró el centro deportivo y de convenciones de la sección 10 en Minatitlán, acto en el que estuvo presente el gobernador de Veracruz, D. Delgado. En el discurso principal, el dirigente nacional petrolero, SGC, afirmó que el gremio debía fortalecer siempre su alianza con el pueblo, con el Estado y con el gobierno del país, precisando que "esta alianza debe entenderse en los términos del mayor respeto hacia los derechos de los trabajadores, y como una suma de ideas, de conductas y de actos hacia los más altos fines que persigue el gobierno nacional". 52
Después de guardar silencio durante más de un mes, SGC ofreció una conferencia de prensa el 26 de octubre, donde afirmó que el sindicato no estaba interesado en participar, con recursos propios, en la industria petrolera, "porque la actividad empresarial no es la meta del sindicato, es la de velar por los intereses laborales". Consideró que la finalidad de la modernización de Pemex era erradicar dispendios, aprovechar los recursos óptimamente, combatir vicios, e implantar sistemas y métodos modernos, pero sobre todo, generar un cambio de actitud de la misma empresa; desde su perspectiva, el concepto de modernización no había traído aparejado el desplazamiento o despido de trabajadores, sino simplemente un mejor aprovechamiento de los recursos humanos. Finalmente se pronunció por la vigencia del PECE hasta marzo de 1990, cuando sería necesario hacer ajustes, inclusive a los precios de la gasolina. 53
Durante el mes de noviembre la CTM propuso, ante la acelerada pérdida del poder adquisitivo de la población trabajadora, una revisión de los salarios mínimos, ante lo cual el dirigente nacional petrolero se pronunció en contra, pues consideraba que "se podría poner en riesgo la concertación, se provocaría una mayor inflación, se generarían desajustes económicos y se rompería el PECE". También SGC negó que alguna de las modificaciones que se hicieron a las cláusulas del CCT petrolero hubieran afectado los intereses de los trabajadores, ya que por el contrario, éstos habían recibido mayores beneficios desde que se inició la administración de Salinas de Gortari. Así mismo se refirió al imperativo de modernizar a Pemex, ya que la industria petrolera debía actualizar su equipo de operación, porque de no hacerlo dejaría de ser competitiva y productiva y aumentaría el peligro para los trabajadores por el deterioro las condiciones de seguridad laboral. 54
Con motivo de las elecciones locales en el estado de Tamaulipas, el 17 de noviembre se realizó un acto de apoyo a los candidatos priístas en las instalaciones de la sección 33 en Tampico, donde el orador principal fue SGC, quien hizo un llamado a los trabajadores a votar en favor del PRI, "para seguir avanzando por el camino trazado por el presidente CSG". 55 Unos días después, en una ceremonia en la que el director de Pemex, F. Rojas Gutiérrez y el secretario del Trabajo, A. Farell, entregaron el conjunto habitacional "La Escalera" con 480 viviendas, de la sección 35, el líder nacional petrolero afirmó que para el sindicato era un orgullo tener a Farell como secretario del Trabajo, "pues ha sabido guardar el equilibrio que debe haber en las relaciones del movimiento obrero con el gobierno". 56
Por su parte Pemex difundió durante el mes de noviembre un comunicado en el que informaba que, con motivo de la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo durante los últimos seis años, había sido necesario la reprogramación de algunas obras, así como el retraso de los programas de expansión de la empresa, lo que había impulsado la necesidad de "hacer más con menos"; de esta manera, de los 70 mil 600 trabajadores y personal de la empresa empleado en sus proyectos y obras en marzo de 1988, se pasó a sólo 19 mil 207 trabajadores en mayo de 1989: 14 mil 133 de Pemex y 5 mil 74 de los contratistas, lo que significó una reducción del 73 por ciento en el personal ocupado en los proyectos de expansión de la empresa. 57
Aún y con esta información oficial, días después SGC rechazó que hubiera recorte de personal, ya que de lo que se trató fue de un "mero recorte presupuestal" que en consecuencia provocó la suspensión de algunas obras en proceso y ya no se contrato personal; informó también que la principales obras suspendidas se encontraban en el complejo petroquímico de Salina Cruz, el Morelos, Dos Bocas y la extensión de oleoductos en todas las instalaciones. 58
En los primeros días de enero de 1990, el CEG del STPRM y los 33 secretarios generales, acudieron a Palacio Nacional a cumplir con la tradicional ceremonia de saludo con motivo del año nuevo al presidente Salinas. El mandatario recibió un mensaje de solidaridad del sindicato petrolero y dio como respuesta un apoyo a "mi amigo SGC, quien ha estructurado una nueva relación entre empresa y sindicato", anunciando que "en el presente año se impulsarán los programas de mantenimiento preventivo y correctivo en la industria petrolera para abatir considerablemente los índices de riesgos de accidentes a los trabajadores de la industria petrolera". Posteriormente los líderes petroleros se entrevistaron con el director de Pemex, F. Rojas, en donde le toco pronunciar el discurso al secretario de la sección 11, de Nanchital, Veracruz, F.J. "Chico" Balderas, quien dijo que "todos estamos trabajando con mayores esfuerzos en incrementar la productividad y lo estamos haciendo con eficiencia, demostrando así nuestro interés por tener una empresa que siga siendo el sostén de la economía de nuestra nación, pero algunos funcionarios menores no lo han entendido y han malinterpretado sus órdenes", violando así el CCT. 59
El día 19 de enero Pemex instaló el fideicomiso que manejaría un fondo de 272 mil millones de pesos destinado a la edificación de 30 mil viviendas para los trabajadores durante el sexenio. Este fideicomiso formaba parte de un contrato firmado con la institución financiera Bancomer en el cual se incluía también el Fideicomiso de Cobertura de la Reserva para Indemnizaciones y Jubilaciones de los trabajadores petroleros. En el acto, el subdirector administrativo de Pemex, C. Santana, explicó que con esta medida los trabajadores podrían recibir créditos para la construcción y, a los recursos disponibles, podrían añadirse recursos complementarios de la institución bancaria cuando se requiriera acelerar la ejecución de los proyectos aprobados. 60
El 16 de febrero de 1990, y durante la ceremonia de entrega de 120 departamentos en el conjunto Rancho Alegre a la sección 31 en Coatzacoalcos, SGC afirmó que más de 25 mil trabajadores transitorios se verían beneficiados por la política sindical que "instrumenta la jubilación y mejoramiento de los niveles escalafonarios a los transitorios con más de 17 años de trabajar en la paraestatal. 61
A finales del mes de febrero la Policía Judicial Federal informó de la captura de la secretaria administrativa de Pemex, N.A. Castillo, acusada de un fraude superior a los 1 mil 500 millones de pesos. Según informó la PGR, la ex-funcionaria, junto con otros cinco ex-empleados, era perseguida desde cuatro meses antes. Según afirmó el subprocurador H. Castañeda Jiménez, la señora Castillo, al darse cuenta de que otros empleados de la pagaduría y del departamento de personal incurrían en irregularidades consistentes en la duplicación de contratos de trabajo, alteración de nóminas y la inclusión de nombres ficticios en las mismas para obtener pagos indebidos y prestaciones que no les correspondían, decidió por su cuenta hacer lo mismo durante el periodo de octubre de 1988 a octubre de 1989, fecha en la que fueron descubiertos los ilícitos al aplicarse una auditoria general en las oficinas centrales. De los implicados en el caso, se informó que aún continuaban prófugos dos de los señalados. 62
Unos días antes del 52 aniversario de la expropiación petrolera, SGC ofreció una conferencia de prensa para anunciar que en breve tiempo se reactivarían las actividades de rehabilitación y expansión en las instalaciones de los complejos Morelos y Nanchital, y de las refinerías de Salina Cruz y Cadereyta, por lo cual se reanudaría la contratación de personal obrero, sin especificar ningún monto. El líder también dijo que cualquier sacrificio que el cambio y la modernización de Pemex impusieran al sindicato, sería bien recibido, porque a la postre sería en beneficio del país. El 17 de marzo SGC ofreció otra conferencia de prensa en la que sostuvo que la relación con Pemex "va mejor que nunca, existe mayor respeto a los derechos de los trabajadores, y con la revisión contractual ha disminuido el ausentismo, se ha elevado la productividad y ya no existe la posibilidad de realizar negocios a la antigüita, y los despidos sólo se han dado entre los trabajadores eventuales y transitorios, no así entre la base sindicalizada". 63
4. Los despidos masivos
Durante el mes de junio de 1990 SGC anunció que no se emplazaría a huelga con motivo de la revisión de la cláusula salarial del CCT "por solidaridad al país" y porque se tenían abiertos los caminos del diálogo, la concertación y el entendimiento. También informó que en los siguientes días se entregarían pagos por concepto de reparto de utilidades a 135 mil petroleros, las que si bien no serían muy cuantiosas, el sindicato ya las había aceptado y firmado de conformidad. Las negociaciones se abrieron sin demanda específica de aumento por parte del sindicato, aunque el MPI-LC consideró que se debería luchar por un 25 por ciento directo y 5 por ciento en prestaciones.
A mediados de julio de 1990 se inició la entrega del reparto de utilidades en montos que fluctuaban de 80 mil a 145 mil pesos a los obreros de base y de 40 mil pesos para los transitorios en general. El MPI-LC, a través del dirigente M. Hernández Ayala, denunció que el reparto de utilidades consistía en una cifra muy baja y a destiempo, pues se debió entregar desde el 30 de mayo anterior como lo señalaba la LFT, además de que no representaba realmente lo que tuvo de utilidades la paraestatal, por lo que interpondrían un recurso de inconformidad ante la secretaría de Hacienda. El día 26 del mismo mes se firmó el convenio de revisión salarial que entraría en vigor el primero de agosto, con un aumento de 15 por ciento directo, y una retabulación de las 198 categorías, que lo elevaría hasta el 25 por ciento. 64
En un estudio realizado por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), y divulgado en el mes de noviembre de 1990, se establecía que entre 1987 y 1990, Pemex disminuyó en 21 mil 397 el número de trabajadores transitorios empleados, mientras que en el mismo periodo aumentó en 11 mil 461 el de trabajadores de planta, fundamentalmente administrativos; en 1987, la paraestatal llegó a tener el nivel ocupacional más alto en su historia con 178 mil 745 trabajadores (91 mil 760 de planta y 86 mil 985 transitorios), para después empezar a disminuirlo en los años posteriores, calculándose que en 1990 se contaba con 170 mil 809 trabajadores, de los cuales 103 mil 221 eran de planta y el resto, 67 mil 588, transitorios; según el estudio de la SEMIP, esta situación obedecía a la disminución de los programas de exploración y extracción de hidrocarburos, que es donde laboraba la mayor parte de los trabajadores transitorios. 65
Los despidos, ya fueran políticos o por reajuste de personal, afectaron a todas las categorías de trabajadores; como los más de 100 técnicos altamente calificados, quienes durante ocho años recibieron becas para especialización en refinerías de Europa y EUA, al término de las cuales fueron dados de baja, a pesar de que algunos de ellos contaban con una antiguedad de hasta 25 años en la empresa. Después de haber pasado por distintas instancias administrativas y haber entregado infinidad de oficios, su caso fue notificado por la Unidad de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República al director de Pemex, quién a su vez lo transfirió al sindicato, por corresponder a éste "proporcionar el personal sindicalizado que la industria requiera". El líder nacional no tomó en cuenta el asunto y ni siquiera accedió a recibirlos. 66
En el mes de enero de 1991, y con motivo del conflicto bélico en el golfo Pérsico, el comité ejecutivo del STPRM y los 33 secretarios seccionales se reunieron con el director de Pemex, F. Rojas Gutiérrez, el cual demandó a los líderes "extremar orden y disciplina, a fin de aumentar la seguridad de las instalaciones y observar todas las medidas que se establezcan para evitar riegos innecesarios". SGC por su parte anunció un "plan de 10 medidas" que tomaría el sindicato para proteger las instalaciones, entre las que se incluían la formación de comisiones de vigilancia en los centros de trabajo para impedir el tránsito de "personas extrañas" a la empresa; colaborar con el ejercito y las fuerzas navales en la revisión de vehículos; estar en disposición de presentarse a laborar en cualquier momento en caso de cualquier eventualidad; así como reafirmar su militancia priista y su solidaridad con la "propuesta pacifista" del PRI y del presidente Salinas. 67
El 18 de marzo de 1991, en ocasión del 53 aniversario de la expropiación petrolera, el gobierno federal anunció el cierre definitivo de la refinería "18 de Marzo" en Azcapotzalco, DF., por el motivo de la alta situación de peligro y la gran fuente de contaminación que representaba para los habitantes de la ciudad. Esta refinería había sido construida durante los años 1930-1931, y con el crecimiento de la gran urbe había quedado en medio de zonas densamente pobladas. Sus trabajadores pertenecían a la sección 35, y tanto la dirección seccional como la nacional, estuvieron de acuerdo con que los 5 mil 429 obreros y empleados adscritos a sus instalaciones fueran liquidados, salvo alrededor de 2 mil 600 que se encontraban en posibilidades de ser jubilados. La noticia provocó inmediatas protestas de los trabajadores que de pronto se encontraron en la situación de desempleados; sin embargo la decisión gubernamental, apoyada por la directiva sindical, se impuso férreamente, de tal manera que 3 semanas después, Pemex informaba que había concluido la liquidación de todos los trabajadores con montos por encima de lo que la ley señalaba, además de que se cancelaron las plazas respectivas, por lo que ya no sería posible que otros trabajadores las ocuparan; también se informó que posiblemente en 1992 se empezaría a construir otra refinería que sustituiría a la "18 de Marzo". 68
5. Nuevos recortes al contrato en 1991
Hacia el mes de julio se iniciaron las negociaciones para la revisión del CCT. Al respecto, el líder del MPI-LC, M. Hernández Ayala, denunció que sin emplazar a huelga y sin presentar tampoco un proyecto de revisión, el STPRM esperaba el aumento que la empresa quisiera otorgar, además de que se estudiaba la modificación de 84 cláusulas del CCT. Por filtraciones a la prensa de miembros de la comisión revisora del CCT, se supo que el sindicato aceptaba de nueva cuenta que miles de trabajadores técnicos y profesionistas pasaran a ser de confianza, principalmente mandos medios, entre ellos ingenieros, técnicos especializados así como médicos y enfermeras. 69
El día 30 de julio de 1991 se firmó el nuevo CCT en la STPS, que especificaba un aumento salarial de 19.5 por ciento directo al tabulador, así como dos por ciento en prestaciones. En su discurso ante A. Farell y C. Rojas, SGC dijo que el incremento salarial otorgado, era directo, y no iba, como antes, a otros rubros: "no distraemos partida alguna ni para obras sociales, ni para aspectos demagógicos, ni para fomentar cooperativas, cajas de ahorro, o fomento de ranchos"; también dijo que habría un aumento sustancial para los jubilados, sin especificar el monto. 70
En una maniobra política el CEG intentó ocultar el contenido de las modificaciones al CCT hasta después de las elecciones federales que se celebrarían el 18 de agosto para renovar la Cámara de Diputados. Sin embargo distintos periódicos de circulación nacional dieron a conocer algunos de los aspectos más importantes del nuevo contrato que entró en vigor a partir del primero de agosto: respecto al salario y prestaciones no se hacía extensivo el aumento salarial y los demás beneficios logrados en la revisión contractual al personal de confianza; se eliminaba el reparto de utilidades (cláusula 48) y se cambiaba por el concepto de rendimientos, pero el pago sería sólo de ocho días de salario promedio durante el año fiscal y siempre que se hubiera laborado 60 días cuando menos. En adelante, los trabajadores pagarían intereses del cuatro por ciento por los créditos hipotecarios, y de uno por ciento adicional para gastos de administración.
El contrato incluía un nuevo capítulo especial sobre capacitación y productividad, y nuevas condiciones para contratación y ascenso de personal; respecto a esto último, se establecieron condiciones para el ascenso tomando en cuenta la antiguedad, la aptitud, conocimientos y la conducta laboral; mientras que para ingresar a Pemex, sería requisito indispensable, como mínimo, la instrucción secundaría completa.
También se daba libertad absoluta a Pemex para modernizar instalaciones, ampliándose la posibilidad de contratar libremente trabajos en instalaciones de operación, y se suprimía la obligación de liquidar al STPRM el dos por ciento del costo total de los contratos de obra y servicios con terceros, aplicándose exclusivamente sobre el costo de la mano de obra.
En cuanto a las condiciones de trabajo y la seguridad en el empleo, se especificaba que la ocupación de vacantes, temporales y definitivas, se haría a criterio del patrón y de acuerdo con las necesidades del servicio; Pemex decidiría en torno a la asignación o no de ayudantes a los operarios de oficios y a los ayudantes de equipos automotores; se libraba a Pemex de las penalidades que frenaban los despidos injustificados, para ello se modificaron las cláusulas 27 y 28; se redujo de 55 a 45 días el descanso prenatal antes y del parto, (cláusula 90); se suprimieron los permisos especiales con reconocimiento de antiguedad por laborar en compañías contratistas; se redujeron los permisos sin prestaciones contractuales, de 365 a 189 días por cada dos años; finalmente, el sindicato aceptó que más de 5 mil técnicos y profesionistas sindicalizados, en su mayoría ingenieros de operación, mantenimiento y seguridad industrial, fueran transferidos al régimen de confianza. 71
Según S. Hernández Ayala, dirigente de MPI-LC, jubilado a la fuerza de la refinería de Azcapotzalco y asesor laboral de cientos de despedidos, la empresa se proponía mantener únicamente a 30 mil trabajadores, por lo cual las reformas al CCT redujeron sensiblemente las indemnizaciones y liquidaciones por despido y otorgaron a la empresa poderes plenos para suprimir puestos y departamentos. Con relación a lo primero, las cláusulas 23, 25 y 28 especificaban liquidaciones de cuatro meses de salario, más 20 días por año, más 20 por ciento sobre los cuatro meses y 20 días por año; además contemplaba 20 días extras por año de trabajo en caso de que Pemex se negara a reinstalar al trabajador: la reforma solo estableció cuatro meses y 20 días por año por antiguedad. La cláusula 90 impedía que las trabajadoras embarazadas pudieran ser despedidas, pero con la reforma se les liquida y niega el servicio médico.
En cuanto a lo segundo, la cláusula 22 decía: "El patrón no podrá reducir puestos ni suprimir departamentos sin comprobar previa y plenamente al sindicato que ha disminuido o se ha agotado la materia de trabajo que dio lugar a emplear a los trabajadores"; la reforma dice: "El patrón tendrá amplias facultades para modernizar sus instalaciones y simplificar sistemas o métodos de trabajo que permitan un efectivo incremento a la productividad". Hernández Ayala denunció también que algunos departamentos o talleres no desaparecían, solo cambiaban de nombre y continuaban con las mismas funciones pero con nuevos trabajadores contratados; el mismo representante afirmó que era el sindicato quién elaboraba las listas de despedidos y que en los próximos días se esperaba el despido de dos mil trabajadores de confianza. 72
El ocultamiento de los resultados de la revisión del CCT, provocó reacciones de protesta. El líder S. Hernández Ayala, informó que harían un llamado a los trabajadores a fin de que rechazaran los acuerdos tomados a sus espaldas. También el dirigente del Movimiento Democrático Petrolero, I. Hernández, afirmó que la irritación en el gremio era cada vez mayor, ya que se había pasado por encima de sus derechos, ya que aunque sabían que SGC había dado todas las concesiones a Pemex al no presentar proyecto de revisión, no emplazar a huelga y aceptar negociar el proyecto presentado por la empresa, nunca imaginaron que se llegara a dejar en su mínima expresión el contrato colectivo. Ante esta situación, desde el 15 de agosto los distintos grupos disidentes empezaron una campaña en los centros de trabajo informado sobre las mutilaciones del CCT, particularmente en lo que se refería a la supresión del reparto de utilidades
Por su parte el abogado laboral independiente, A. Alcalde, consideró "muy grave" que se jugara aún a las adivinanzas en las revisiones contractuales y que los trabajadores deban enterarse a través de circulares patronales de decisiones que les atañen; para Alcalde, el problema de fondo consistía en la imposibilidad de que los trabajadores participaran en las revisiones de su CCT, asunto que debería ponerse a debate, sobre todo en ese momento en el que tanto se hablaba de modernizar todas las estructuras productivas. 73
El 16 de agosto, y al final de una comida realizada en Minatitlán para celebrar el 56 aniversario de la fundación del sindicato petrolero, el director de Pemex, F. Rojas, desmintió que hubiera despidos masivos en la paraestatal, y anuncio que se encontraba en marcha un "plan de productividad y de estímulos" para recompensar al personal por su contribución a elevar la productividad dentro de la industria petrolera. A preguntas de los reporteros con relación a la situación de la petroquímica, Rojas contestó que "necesita estar bien integrada en cadenas productivas para poder competir en cualquier terreno y bajo las condiciones comerciales a las que nos enfrentaremos", refiriéndose a las negociaciones del tratado de libre comercio con EUA y Canadá. 74
Una vez concluidas las elecciones federales, en las que el STPRM logró obtener varias diputaciones (entre ellas la del propio SGC) bajo las siglas del PRI, los miembros del CEG sostuvieron una reunión el 30 de agosto con el presidente Salinas, en la que SGC informó al mandatario que el resultado de revisión del CCT había sido satisfactorio y que el documento era "justo y humano", y en él se habían sentado las bases de una relación "que ya no debería volverse a desvirtuar"; con relación a las diputaciones que quedaron en manos de líderes petroleros, SGC le externo al presidente que "nuestro partido nos ha dado algunos escaños en la Cámara: ahí estaremos, señor presidente, para apoyar sus iniciativas". Por su parte Salinas de Gortari, ratificó a la cúpula del sindicato petrolero su "decisión irrevocable de mantener vigente el artículo 27 constitucional, esto es, el petróleo continuará en manos del Estado". 75
En esos mismos días el MNP denunció que en una semana se habían despedido a más de 1 mil 400 trabajadores, principalmente transitorios en la refinería de Tula, Hidalgo; consultados al respecto por la prensa, voceros del STPRM negaron que hubiera despidos de personal sindicalizado, y que "seguramente se trata de transitorios a los que no se les dio más empleo, por haberse terminado las obras para las que fueron contratados". Sin embargo el MNP cuestionó esta postura y señaló que no contratar más a los trabajadores que venían laborando en los talleres era para dejar libre el camino a empresas privadas que según Pemex participarían bajo concurso, ofreciendo menores costos y tiempo en la construcción de obras de ampliación de la refinería de Tula, la cual jugaría un papel estratégico para el abastecimiento de petrolíferos a la ciudad de México, una vez que se había cerrado la refinería de Azcapotzalco. Hasta el mes de agosto, este recorte se sumaba, durante 1991, a los de Azcapotzalco (5 mil 400) y Poza Rica y Ciudad Madero (alrededor de 2 mil). 76
Durante el mes de octubre SGC informó que ante la situación económica del país, se incrementaría antes de que finalizara el año el precio de las gasolinas, y continuarían los reajustes de personal en Pemex por el agotamiento de pozos, principalmente en el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas; SGC indicó que los reajustes significaban "un acto de solidaridad" por parte del sindicato, para coadyuvar en la consolidación de los programas de modernización y expansión de la empresa, para “eficientar” sus servicios y poder competir en el ámbito internacional en igualdad de condiciones. Todos estos argumentos precedieron al anuncio del despido de unos 900 trabajadores de las plantas de Tampico y Coatzacoalcos. 77
En el mes de noviembre, la Secretaría de Programación y Presupuesto, filtró un documento a la prensa donde se planteaba que Pemex, el STPRM y las autoridades presupuestales negociaban la liquidación de cerca de 40 mil trabajadores petroleros de base, entre sindicalizados y de confianza. Según el documento, la reestructuración de la plantilla de personal de la industria petrolera contemplaba reducir el número de trabajadores de base de 85 mil a 35 mil antes de 1994; el mecanismo negociado entre autoridades y sindicato preveía que por cada 1 mil trabajadores sindicalizados despedidos, saldrían 100 de confianza, y que la contratación de personal para proyectos, obras y servicios pasaría a ser tarea de "empresas contratistas" con el fin de reducir la mano de obra hasta en 20 por ciento anual; para 1991, tendrían que haber sido liquidados 10 mil trabajadores. De 1989 a ésta fecha, 59 mil personas perdieron su empleo en Pemex: 5 mil por el cierre de la refinería de Azcapotzalco, 4 mil que habían sido reajustados y 50 mil transitorios. De acuerdo con la estrategia de reajuste de personal, las zonas productoras que serían las más afectadas eran Poza Rica, Ebano y Reynosa, las cuales hasta ese momento se encontraban prácticamente paralizadas. 78
Un mes después, en una entrevista de prensa, SGC reconoció que durante 1991, 25 mil trabajadores sindicalizados petroleros fueron liquidados, pero que todos los ajustes se hicieron por la necesidad de mejorar la industria y hacerla más productiva y eficaz, además de que más 35 mil trabajadores sindicalizados y 22 mil de confianza, podrían perder su empleo en los siguientes meses, dentro del proceso de modernización y simplificación de Pemex; también anunció el líder nacional que algunos servicios laborales podrían ser concesionados al sector privado, quedando para Pemex actividades relacionadas con la exploración, producción, refinación y comercialización del producto. 79
6. Despidos masivos y reducción de los programas de mantenimiento
A mediados de marzo de 1992 Pemex realizó el V Congreso Anual de Capacitación, Productividad y Desarrollo de Recursos Humanos, informándose ahí que se impartieron 5 mil 500 cursos de capacitación y adiestramiento en la ramas de petroquímica, producción primaria, transformación industrial y comercial, con lo cual se elevaron los índices de eficiencia, productividad y seguridad industrial, se redujeron los índices de accidentes y ausentismo laboral, se obtuvieron mayores niveles de producción y un mejoramiento de la calidad de los productos y se disminuyeron las fallas, los paros de emergencia y se promovieron ahorros en el consumo de materias primas. 80
Este discurso triunfalista no correspondía con la angustiante situación de las decenas de miles de trabajadores que repentinamente quedaban en el desempleo, lo que había generado un descontento generalizado que se expresaba en acciones que iban de las demandas individuales y colectivas en la JFCA, a las movilizaciones en las diferentes localidades y secciones. Según la oposición, al llegar SGC a la dirección nacional, los trabajadores petroleros sumaban 180 mil, 90 mil de planta y otro tanto eventuales. En marzo de 1992 eran 75 mil de planta y 5 mil transitorios, esto es, 100 mil despedidos en tres años. Por su parte la empresa y el sindicato informaban que de 1989 a 1992 se había liquidado un total de 48 mil trabajadores de planta y de confianza.
Los despidos se daban de distinta forma según las diferentes categorías: para los de planta, mediante la jubilación forzosa, liquidación por cierre de planta de trabajo (refinería Azcapotzalco), "reajuste" por reorganización de las unidades productivas; para los transitorios mediante la no recontratación o el cese por la cancelación y/o traslado a empresas contratistas de proyectos de expansión y mantenimiento. Esto hacía que las liquidaciones se realizaran con contabilidades individualizadas que en muchos casos se situaban por abajo de los derechos laborales contractuales y legales de los afectados, lo que daba lugar a la necesidad de tramitar demandas colectivas agrupadas por secciones, centros de trabajo y categorías.
Una cuestión que también se demandaba cada vez con mayor fuerza, sobre todo en los trabajadores transitorios, era la devolución de cuotas sindicales pagadas para una defensa gremial que nunca existió, o la compensación económica por el trabajo realizado en las "obras sociales" del quinismo, o la devolución de lo aportado a fideicomisos y fondos de ahorro, así como la no-suspensión de los servicios médicos y de los pagos por jubilación o muerte. Según denuncias de distintos trabajadores, los despidos se realizaban en forma verbal, sin ofrecer ninguna explicación del motivo del despido y dándoles a los trabajadores un plazo de una semana para recoger su liquidación en las oficinas administrativas, bajo lo amenaza de que si no se recogía en el lapso señalado, sus papeles pasarían a la JFCA "donde se les descontaría un porcentaje por gastos de administración".
El alud de demandas en contra de la empresa y del sindicato obligó a éste último a contratar un equipo de abogados encabezados por Víctor Méndez y Felipe Cisneros. La JFCA por su parte abrió dos juntas especiales (7 Bis y 12 Bis) que laboraban incluso en las tardes y los fines de semana, realizando alrededor de 50 audiencias diarias. Las oficinas centrales de Pemex se encontraban prácticamente dedicadas a apoyar al departamento jurídico y poco a poco comenzaron a quedar prácticamente copadas por las continuas movilizaciones de los trabajadores descontentos.
En una visita a Villahermosa que dio lugar a una marcha y un mitin de protesta encabezado por el MPI-LC, el dirigente nacional SGC defendió la política de despidos y dijo que la empresa no tenía ninguna responsabilidad con los trabajadores transitorios, mientras que a los de base "se les esta dando un trato superior a la Ley". En los mismos días el titular de la SEMIP, F. Hiriart Balderrama declaraba a la prensa que los recortes en Pemex continuarían "mientras siguiera sobrando personal". A su vez la empresa anunciaba medidas para reforzar la vigilancia en refinerías y complejos petroquímicos, así como su determinación de seguir avanzando en el "programa de modernización y productividad" que había propiciado la fusión de centros de trabajo, gerencias, subgerencias, superintendencias, departamentos y unidades, así como la extinción gradual de la subgerencia de Proyectos y Construcción de Obras. 81
El 3 de marzo se realiza en la Torre de Pemex un mitin que reúne a despedidos de distintas secciones del país; el día 6 se anuncia en otro acto en el mismo lugar la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Despedidos (CNTD). En los días siguientes la recién constituida organización anunció por medio de su dirigente I. Hernández Rojas que se realizaban pláticas con legisladores de oposición para lograr la comparecencia del director de Pemex en la Cámara de Diputados para que rindiera cuentas acerca de los miles de trabajadores despedidos en los últimos años, además de que los llamados "reajustes laborales" se habían reactivado en los últimos días y se esperaba una nueva oleada de despidos durante el próximo aniversario de la expropiación petrolera.
I. Hernández también dijo que en un supuesto acuerdo de mutuo consentimiento entre la empresa y el sindicato, se había acordado jubilar a quienes tuvieran entre 15 y 20 años de antiguedad, pero durante los reajustes solo se respetaba el derecho de jubilación a quienes completaban los 30 años de antiguedad, mientras que a todos los demás se les liquidaba. Los representantes de la CNTD también informaron que cada vez era mayor el número de despedidos que se integraban a esta organización, aunque reconocieron que muchos otros "buscaban su reinstalación por vía legal, ya fuera en forma individual o por paquete", lo que no contribuiría a solucionar el problema, por lo que esperaban un mayor crecimiento del organismo que aglutinaba a los despedidos injustamente. 82
El 18 de marzo, el MPI-LC publicó un desplegado de prensa firmado por su presidente, M. Hernández Ayala, dirigido al presidente Salinas, al titular de la STPS, al director de Pemex, y a la CNDH, en donde el líder opositor recordaba que él tenía un año con ocho meses de despedido, y el MPI-LC 23 años de lucha en el STPRM. En el documento se denunciaba también que la modernización ocultaba una "nueva mística empresa-sindicato" consistente en la imposición del dirigente nacional; el ocultamiento de los bienes del sindicato; la imposición de nuevos seguros de vida que resultaron un "jugoso" negocio para funcionarios sindicales y de la empresa; la continuación de contratos con compañías de transportación, construcción, perforación y desmantelamiento de instalaciones, propiedad de los actuales líderes; así como la compactación severa de la nómina -que afectaba a 100 mil trabajadores- por la no contratación de personal, por los reajustes, jubilaciones forzosas y despidos arbitrarios, junto con la perdida de conquistas y prestaciones en perjuicio de los obreros en activo. 83
En la ceremonia oficial del LIV Aniversario de la expropiación petrolera y ante el presidente Salinas, SGC aseguró que el sindicato petrolero vigilaba que Pemex cumpliera estrictamente con las obligaciones de indemnización pactadas en el CCT, en términos superiores a las que fijaba la LFT y que ningún trabajador, en ningún centro de trabajo, había sido separado de la empresa sin que se le cubrieran los montos establecidos contractualmente, aunque reconoció que la supresión de plazas generaba ataques, irritación y protesta; consideró que no había razón legal para la actitud asumida por ex-trabajadores que pretendían fomentar un clima de efervescencia social y cuya única motivación era regresar a los viejos tiempos de ausentismo sistemático, desorden generalizado y permanente chantaje a la empresa y el gobierno. Tras considerar a los opositores como enemigos de la industria nacionalizada, "agoreros del desastre y vanidades enfermizas", SGC rechazó el paternalismo que fomentaba la creación de plazas innecesarias. Al terminar el acto, en entrevista, SGC informó que en los últimos tres años sumaban 18 mil los jubilados y liquidados, de tal manera que a la fecha los sindicalizados eran aproximadamente 95 mil (la oposición hablaba de 80 mil). En el mismo acto el director de Pemex dijo que "había grupos que pretendían hacer del petróleo un patrimonio político personal". 84
El mismo día el ayuntamiento perredista en Morelia, Michoacán, organizó una ceremonia conmemorativa de la expropiación petrolera, en la que el orador oficial fue el ex-dirigente del PMS, A. Martínez Verdugo, quién denunció que más de 100 mil petroleros habían sido separados de la empresa y sus funciones entregadas a despachos y contratistas directamente transnacionales o asociados al capital extranjero, mientras para los trabajadores que lograron mantener sus plazas, sus salarios se habían reducido considerablemente con la complicidad del grupo sindical impuesto por el gobierno. 85
Dos días después la subdirección de Recursos Humanos de Pemex informó que durante 1991 se cancelaron 30 mil plazas y se reagruparon 2 mil 55 como parte del reajuste que continuaría durante 1992. En la subdirección de Producción Primaria se cancelaron 4 mil 40 plazas permanentes y 3 mil 81 extraordinarias, mientras que en Proyectos y Construcción de Obras el reajuste de personal había afectado a 5 mil 308 plazas y otras 450 en la zona marina. En la refinería de Azcapotzalco se jubilaron 2 mil 496 trabajadores y se liquidó a 1 mil 206 de planta y 2 mil 686 transitorios. En el complejo petroquímico Poza Rica se eliminaron 900 plazas más por la suspensión de la elaboración de petrolíferos. Según el mismo informe el reajuste incluyó la transferencia de 5 mil 156 técnicos profesionales y otros al régimen de confianza; a la par de la cancelación de plazas se procedió a una retabulación salarial y se estableció un nuevo sistema de ingreso y ascensos, por lo que desde febrero de 1992, se calificaba la aptitud, conducta laboral y antiguedad para la promoción del personal. 86
El 22 de abril de 1992 se suscitó una tremenda explosión en plena zona urbana de la ciudad de Guadalajara con saldo de varias decenas de muertos y heridos por motivo del derrame de grandes cantidades de gasolina que fueron a parar al drenaje de la ciudad. Numerosas voces de la sociedad imputaron el accidente a presuntas irregularidades dentro de Pemex en cuanto a la falta de mantenimiento en las instalaciones y el posible desvío de recursos en favor de negocios privados.
Inmediatamente SGC rechazó las acusaciones contra Pemex afirmando que la paraestatal no podía hacerse responsable de la forma en que manejaban sus instalaciones otras empresas privadas concesionarias de algún servicio; de esta forma, el líder nacional catalogó de "recurso político y sin seriedad la versión de que los recientes accidentes con gasolinas derramadas revelaban la existencia de un robo masivo de energéticos, y que por ello no se detectó ni se denunció el faltante que fue a parar al drenaje de Guadalajara"; dijo también que el mantenimiento que se había dado a las instalaciones "era el adecuado" y de acuerdo con las especificaciones del material que se manejaba; pese a considerar "temerario" decir que no ocurriría un nuevo suceso similar, el líder manifestó que "no hay riesgo de que explote Reynosa, Minatitlán, Nuevo Pemex, la Cangrejera o Poza Rica", pero si era necesario extremar el cuidado porque "éstos son avisos" de posibles nuevos siniestros a evitar.
A principios de mayo la STPS presentó una propuesta para un Acuerdo Nacional para Elevar la Productividad (ANEP); en relación a él, los líderes de la CROC, A. Juárez Blancas y de la CRT, M. Suárez, insistieron en que se asegurara en el acuerdo que al haber mejor y mayor producción, las ganancias serían repartidas en igualdad a los trabajadores y a los industriales, "porque siempre eran estos últimos los que salían ganando". Al respecto SGC dijo que con la puesta en marcha del ANEP, "México estará en capacidad de competir en el extranjero, además habrá mejores salarios". También propuso que independientemente de la constitución del ANEP, "debe actualizarse la Ley Federal del Trabajo para que el país alcance una plena transformación, además de mejorar las relaciones obrero-patronales". Unos días después el presidente Salinas emplazó a Pemex para que en un plazo máximo de 30 días, presentara un programa de reestructuración a fondo. 87
Mientras tanto el STPRM publicaba un desplegado en la prensa felicitando a G. Borrego Estrada por asumir la presidencia del CEN del PRI, mientras SGC participaba en la campaña proselitista de D. Carrasco Altamirano a la gubernatura de Oaxaca.
A finales de mayo los conflictos derivados de los despidos masivos en las instalaciones de la zona sur habían logrado establecer formas de coordinación que trascendían la localidad y la sección para constituirse en frentes regionales en movilización (marchas) desde Tabasco hacía el D.F. (ver capítulo ). Al mismo tiempo la CNTD y los diputados de oposición presionaban desde la Cámara de Diputados para lograr la comparecencia del director de Pemex, F. Rojas y, en su caso, su destitución por la brutalidad de los despidos en la industria.
En respuesta, SGC, de visita en la sección 38 de Salina Cruz, acusaba a los trabajadores movilizados de formar parte de una campaña desde el exterior del país tendiente a "debilitar la posición de Pemex como empresa de Estado", y negaba que fuera necesaria la comparecencia de F. Rojas ante la Cámara de Diputados, y mucho menos su renuncia. También admitió que al ser una industria de alto riesgo, "Pemex es una bomba de tiempo", por lo que se tenían que extremar las normas de control de riesgos. Días después, en Jalapa, SGC declaraba que el sindicato rechazaba la pretensión de nacionales y extranjeros de privatizar Pemex, negando que hubiese pugnas entre altos funcionarios por la descentralización de la paraestatal, y reiterando que todos los despedidos habían sido liquidados por arriba de lo que marcaba la ley. También denunció que los tabasqueños en marcha al DF no eran trabajadores de Pemex, puesto que no se habían podido acreditar como tales.
Los líderes cetemistas, A. Romo Gutiérrez, senador y candidato a gobernador de Zacatecas, y J. Ramírez Gamero, gobernador de Durango, apoyaron la no comparecencia de Rojas en la Cámara, considerando que había intenciones perversas detrás de las criticas a Pemex con el fin de lograr la privatización de algunas de sus responsabilidades, por lo que exigieron "que la paraestatal quedara exenta de toda marcha y protesta colectiva". El presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, P. Ojeda Paullada, declaró no saber sobre las versiones de que en breve el gobierno de la República analizaría la posibilidad de volver a disminuir el numero de rubros de petroquímica básica bajo su control (lo cual en efecto se realizó en agosto de 1992, en el marco de las negociaciones del TLC). 88
A finales de mayo Pemex informó que ascendían a 9 mil los trabajadores despedidos en lo que iba de 1992. Unos días después el dirigente de la CNTD –y ya para entonces vocero de la llamada Marcha por la Dignidad realizada por despedidos de la zona sur-, I. Hernández, denunció que estaba en marcha un plan para despedir a 40 mil trabajadores más para que la empresa se quedara exclusivamente con una planta cercana a los 50 mil de los 90 mil con que contaba en ese momento. Por su parte representantes de trabajadores jubilados denunciaron que las pensiones de aproximadamente 10 mil de ellos iban en retroceso y acusaron a SGC de no querer recibir a una comisión de representantes y de haber bloqueado una entrevista con F. Rojas para exponerle sus problema, por lo cual buscarían una entrevista con el presidente de la República, para solicitarle también pusiera punto final al enriquecimiento del dirigente nacional de los petroleros.
El 11 de junio el secretario del Interior del STPRM, C. Romero Deschamps declaró que Pemex no había informado al sindicato sobre nuevos despidos. A su vez SGC afirmó frente a la prensa que era saludable la reestructuración de Pemex, negando que significara el primer paso de un proceso de privatización ya que el recorte de personal estaba plenamente justificado en el CCT. Según el líder nacional en ese momento Pemex contaba con 90 mil trabajadores, de los cuales sólo 53 mil quedarían empleados. En cuanto a los trabajadores de la marcha de Tabasco a la ciudad de México, repitió que se trataba de ex-trabajadores que tenían más de 10 años de no laborar y que el sindicato sólo defendía a trabajadores en activo. Unos días más tarde, reafirmó que si era necesario liquidar a más personal, el sindicato colaboraría.
Días después los organismos empresariales, la Canacintra y la Coparmex, resaltaron que la reestructuración de Pemex, era un paso más hacia la participación de la iniciativa privada en la paraestatal. 89
Hacia mediados de junio las múltiples manifestaciones de los despedidos habían encontrado un cauce unitario en las marchas del sureste del país hacia el D.F. Al paso de los contingentes en las distintas localidades se unían no solo despedidos, también jubilados, viudas, campesinos, pescadores y habitantes de las localidades afectados por las obras petroleras. La magnitud de los daños al empleo, a los ecosistemas, a las cadenas productivas y a los núcleos comunitarios se manifestaba dramáticamente en el éxodo petrolero a la capital del país.
El 18 de junio, el dirigente del MNP, H. Vázquez demandó el desconocimiento del CEG del STPRM ante “la incapacidad y desvergüenza” mostrada para resolver los problemas que afrontaba el sindicato, agregando que SGC ya no era representativo ni útil a nadie, por lo que solicitaba a las autoridades que cualquier propuesta de reestructuración fuera consultada con los trabajadores mediante el voto secreto y directo. Por su parte el dirigente de la CNTD, I. Hernández, consideró que la reestructuración de Pemex ocasionaría más despidos y fraccionaría al sindicato, pero también constituiría una oportunidad para acabar con la corrupción imperante en la dirigencia del organismo gremial, planteando que los días de SGC al frente del sindicato "estaban contados" porque ya había servido para lo que fue llamado y por lo tanto no tendría más cabida. 90
El 25 de junio el mismo dirigente I. Hernández informó a la prensa que los integrantes de la Marcha por la Dignidad había llegado a un acuerdo con la empresa y el sindicato para la solución de las demandas que habían dado origen a la protesta. Casi al mismo tiempo una nueva movilización hacia la ciudad de México -ahora denominada Marcha por el Respeto a los Derechos Laborales- se iniciaba en la ciudad de Villahermosa (ver capítulo VI).
Ante el ascenso de la protesta petrolera y no obstante el distanciamiento de la CTM con SGC, relatado líneas arriba, en el mismo mes el máximo dirigente cetemista, F. Velázquez, declaró a la prensa que la central a su cargo respaldaba las acciones que llevaba a cabo el sindicato petrolero con relación a los despidos, porque "se estaba actuando con apego al derecho". Días después SGC confirmaba en conferencia de prensa que en breve tiempo habría más despidos en Pemex, afirmando también que la generación de empleos no era responsabilidad del sindicato y que modernizar a Pemex implicaría que la industria contara únicamente con los empleos necesarios; también reiteró que en el sindicato se habían eliminado las fuentes de la corrupción, poniendo como ejemplo la cancelación del sistema de tiendas y de bonos -con excepción de la canasta básica- y la cancelación del porcentaje sobre los ingresos de los contratistas y sobre el 40 por ciento de las obras nuevas. Al denunciar que existía una embestida para apoderarse de la dirección del sindicato, SGC afirmó que "el sindicato está dividido en 36 secciones, pero no me puedo explicar como un sindicato que es acusado de no tener ya representatividad y presencia, es tan ambicionado por esos grupos minoritarios, minúsculos". 91
A mediados de julio se realizó una reunión plenaria de los 36 secretarios seccionales, los diputados petroleros y los miembros del CEG, en donde se acordó demandar la intervención del presidente de la República, de la PGR y de F. Rojas, para frenar los ataques de lo que llamaron "un pequeño grupúsculo de no más de 200 trabajadores", encabezado por I. Hernández Rojas "El Chimal", que habían agitado sobre todo a las secciones metropolitanas, la 34 y 35, y a los cuales se acordó aplicar la cláusula de exclusión. En su intervención ante el pleno, SGC afirmó que no renunciaría a su cargo y defendió la reestructuración aplicada por Pemex, y dijo que los reajustes de personal (80 mil según él, 130 mil según la CNTD) fueron por razones de supervivencia de la empresa; calificó las marchas de despedidos como actos denigrantes para los petroleros, acusando a I. Hernández Rojas de agitador profesional y de haber pedido el desafuero de los diputados federales petroleros, por lo que pidió a cada una de las secciones se levantaran para defender a su sindicato.
En general las intervenciones en el pleno fueron, según la información de la prensa, "largas, tediosas y del mismo corte": L. Mendoza, de la sección 35 fue el que propuso que se aplicara la cláusula de expulsión a los agitadores; el diputado y secretario general sustituto P. Pavón Vinales, señaló que habían sido tolerantes, "pero esto no quiere decir que estamos castrados"; el dirigente de la sección 48, acusó a funcionarios de Pemex (sin especificar), de apoyar a los agitadores. El 23 de julio se publicó en la prensa nacional un desplegado con las conclusiones del pleno de dirigentes del STPRM en donde, además de apoyar la política del presidente Salinas, "sin reservas", la cúpula petrolera anuncia que se pondría freno a los ataques de que son objeto, con "la fuerza de los trabajadores organizados" en contra de "la intimidación, la agitación profesional y los escándalos en la vía pública".
Ese mismo día Pemex emitió dos comunicados de prensa: uno contra los despedidos, acusándolos de hacer una campaña de presiones y chantajes contra la paraestatal. También afirmaba la empresa que los marchistas de Tabasco y del sur de Veracruz que se dirigían a la ciudad de México, ya habían sido indemnizados conforme a la ley, pero que los dirigentes de "un partido de oposición" (sin especificar cual) les habían hecho creer que podían conseguir más, haciéndolos acompañar por ejidatarios y pescadores de Tabasco -cuyas afectaciones, según la empresa, ya se habían negociado "con los representantes legítimos locales"-, ex-trabajadores de empresas contratistas -y por lo tanto, según Pemex, sin obligaciones laborales de la institución-, campesinos con reclamaciones agrarias, "ambulantes, peluqueros y desocupados". La paraestatal señalaba por último que se sujetaría a la decisión de los tribunales laborales sobre cualquier reclamación. 92
El otro comunicado se refería al plantón instalado frente a la puerta de las instalaciones de Pemex en Tlanepantla-Ixhuatepec, en el estado de México, por colonos asentados en la vía de ferrocarril y en proceso de reinstalación en cuanto se llegara a algún acuerdo con el municipio de Tlanepantla. La empresa acusó al dirigente local del PRD, V. González Rodríguez, de encabezar las presiones en su contra, explicando que a partir del accidente del 22 de noviembre de 1990, Pemex entregó al gobierno del estado de México 25 mil millones de pesos para obras de mejoramiento colectivo en la zona, quedando pendiente la reubicación de los colonos que invadieron el derecho de vía del ferrocarril, para lo cual la empresa aportó el 50 por ciento del valor de los terrenos a donde serían trasladados, quedando solo pendiente el acuerdo entre el municipio y los vecinos sobre su ubicación, por lo que declaraba no tener ningún compromiso respecto de los colonos. 93
En estos mismos días el presidente Salinas realizaba una visita oficial en Londres. Ahí, frente a un grupo de banqueros reunidos en el Banco de Inglaterra, afirmó que el Estado mexicano no permitiría contratos de riesgo en la exploración, explotación y producción del crudo; en esta materia, aseguró, los postulados constitucionales se respetarían de manera irrestricta. En relación con la reestructuración de Pemex, precisó que no significaba privatización, aunque también les dijo que se incrementarían los contratos por servicios y la inversión extranjera en la petroquímica secundaria. 94
El 27 de julio se firmó, ante la presencia del titular de la STPS, A. Farell Cubillas, el acuerdo de revisión salarial que establecía un aumento de salario de 14 por ciento para trabajadores en activo y jubilados, a partir del primero de agosto. Durante el acto, el director de Pemex, F. Rojas, elogió la solidaridad de los trabajadores petroleros para hacer realidad, a la mayor brevedad posible, la reestructuración de la empresa. Por su parte el líder del STPRM, SGC, elogió la política obrerista del presidente Salinas y reiteró su apoyo a los planes de modernización de la empresa, reafirmando que "es tiempo que se abandonen viejos conceptos del sindicalismo paternalista y obsoleto"; también dijo reconocer el esfuerzo de Pemex al concederles el aumento salarial. 95
El 11 de agosto Pemex distribuyó un boletín en el que se informaba que el programa de ajuste de personal -en el que se consideraban otros 30 mil despedidos en lo que restaba del año- se suspendía ante la falta de recursos para el pago de las liquidaciones correspondientes y por el programa de reestructuración mediante el cual se creaban cuatro nuevas empresas filiales de Pemex: Exploración y Producción; Refinación; Gas y Petroquímica Básica; y Petroquímica. Según informaciones publicadas en la prensa nacional, hasta enero de 1992, la paraestatal contaba con una planta laboral de 154 mil 555 trabajadores distribuidos en las siguientes áreas: exploración y producción petrolera contaba con 46 mil 407 trabajadores; refinación, 30 mil 470; petroquímica, 24 mil 785; marina, 6 mil 845; y ventas, 16 mil 413. 96
El 9 de septiembre se conoció en la prensa un documento del director de finanzas de Pemex, E.M. Giacoman, donde se afirmaba que la partida extra por 385 mil millones de pesos para liquidar a 45 mil 600 trabajadores, no había sido autorizada por la SHCP, por lo que quedaba suspendida la liquidación prevista para el segundo trimestre de 1992; de acuerdo con el documento, en enero de 1992 había 154 mil 555 trabajadores en la paraestatal y para mayo solo quedaban 136 mil 207, de los cuales 36 mil 363 laboraban en el área de explotación; 25 mil 887 en el área administrativa; 24 mil 928 en refinación; 24 mil 622 en petroquímica; 15 mil 932 en ventas; 6 mil 466 en marina; y 2 mil en exploración petrolera. 97
Durante el mes de agosto de 1992 se realizaron en el D.F. dos plantones masivos de trabajadores petroleros, uno en el zócalo capitalino de los contingentes marchistas de Tabasco y el sur de Veracruz, y otro en la Torre de Pemex, de trabajadores de distintas secciones del país. El 6 de septiembre se levanta el plantón en el zócalo mediante un acuerdo muy controvertido que dará lugar a enfrentamientos y acusaciones de fraude contra dirigentes del PRD en Tabasco. El 23 de septiembre se levanta el segundo plantón también mediante un acuerdo poco claro que dará lugar a que días después los abogados de los trabajadores sean detenidos por las autoridades judiciales, acusados de fraude por la empresa (ver capítulo VI).
En el mes de diciembre, y en conferencia de prensa ante corresponsales extranjeros, el coordinador de Finanzas de Pemex, M. Giacoman, dijo que la paraestatal se quedaría con 125 mil trabajadores. Unos días antes el director de Pemex, en comparecencia en la Cámara de Diputados, dijo que la empresa contaba con 137 mil trabajadores, lo que significaba que se contemplaba despedir a 12 mil trabajadores más.
Al iniciarse la última etapa de reajustes correspondientes a 1992, otros 132 trabajadores fueron liquidados, ahora del área administrativa de lo que fue la Subdirección de Petroquímica y Gas; los despedidos denunciaron que se les engañó, ya que les pasaron una lista para que se anotaran sí estaban en vísperas o listos para jubilarse, pero al siguiente día, grande fue su sorpresa al recibir sus cheques de liquidación. También en este caso, la participación del sindicato en la defensa de sus agremiados fue nula. 98
Unos días después, a principios de enero de 1993, y con motivo del saludo que el sector obrero ofreció al presidente Salinas por el año nuevo, SGC informó que el recorte de personal "llegará hasta donde la modernización de la empresa y el sindicato lo requieran", y que era "difícil precisar" el número de trabajadores con que finalmente quedaría constituida la planta laboral de Pemex. 99
En marzo de 1993 se realizó el seminario "Petróleo: desarrollo y perspectivas, democracia sindical y derechos de los trabajadores", organizado por el MNP, UAM-I, Fundación Friderich Ebert y el SUTUAP, en donde el líder del MNP, H. Vázquez, demandó que Pemex y el gobierno "explicaran por qué se quiere vender la petroquímica secundaria, reconocida como el mejor negocio de la industria petrolera, con una rentabilidad diez veces superior a la que daban la gasolina diesel y el combustóleo"; también explicó que había un acelerado contratismo de la paraestatal que dejaba en el desempleo a miles de petroleros capacitados, técnicos y profesionistas, mientras que a las empresas extranjeras se les permitía traer a su propio personal. También informó que mientras la plantilla laboral se había reducido en 90 mil trabajadores (120 mil según SGC), la nómina de personal de confianza se había incrementado en 300 por ciento; finalmente denunció que a C. Romero Deschamps se le permitía mantener en la refinería de Azcapotzalco un contingente 180 golpeadores. 100
7. Conclusiones
Una vez eliminado el quinismo como fuerza política en el sindicato, se procedió a desmantelar el andamiaje jurídico establecido en el contrato colectivo de trabajo. En las revisiones de 1989 y 1991 se modifican 141 cláusulas de un total de 271. Entre las principales mutilaciones que sufre la relación contractual podemos destacar las siguientes:
En cuanto a las prerrogativas sindicales, se suprimió la obligación de la empresa en destinar partidas presupuestales para las tiendas sindicales, obras sociales, cooperativas, cajas de ahorro, actividades agropecuarias y gastos de los dirigentes petroleros; y se dio libertad absoluta a Pemex para modernizar instalaciones y de contratar libremente trabajos de exploración, perforación, mantenimiento y ampliación de instalaciones, quedando Pemex con la exclusividad de la operación y mantenimiento normal. También se suprimió la obligación de liquidar al STPRM el 2 por ciento del costo total de los contratos de obra y servicios con terceros, aplicándose exclusivamente sobre el costo de la mano de obra.
En cuanto a las condiciones salariales y de prestaciones, en 1989 se otorgó un aumento de 12 por ciento directo al salario y de 2 por ciento en prestaciones; en 1990 el aumento fue de 15 por ciento más 10 por ciento al tabulador; en 1991 el aumento es de 19.5 por ciento al salario y de 2 por ciento en prestaciones, aunque especificándose que el aumento y los demás beneficios logrados en la revisión contractual no se hacía extensivo al personal de confianza; en 1992 el aumento es de 14 por ciento global. Se eliminó el reparto de utilidades cambiándose por el concepto de rendimientos, pero el pago sería sólo de ocho días de salario promedio durante el año fiscal y siempre que se hubiera laborado 60 días cuando menos. En adelante, los trabajadores pagarían intereses del 4 por ciento por los créditos hipotecarios, y de uno por ciento adicional para gastos de administración.
Las reformes al contrato incluyeron un nuevo capítulo especial sobre capacitación y productividad, y nuevas condiciones para contratación y ascenso de personal. Respecto a esto último, el ascenso dependerá de la antiguedad, la aptitud, conocimientos y la "conducta laboral" (que sustituye a la "militancia sindical"), mientras que para ingresar a Pemex, sería requisito indispensable, como mínimo, la instrucción secundaría completa. En cuanto a lo primero, las comisiones mixtas de productividad y capacitación son sustituidas por los círculos (de calidad) locales y regionales también llamados Grupos Naturales de Trabajo, al tiempo que se elimina al sindicato de los cambios tecnológicos y de organización de la empresa, la que solo tiene obligación de avisar al sindicato de los despidos o reacomodos. A partir de 1991 se anunció el Plan Maestro de Productividad de Pemex, que planteaba la realización de un Diagnóstico Integral de Capacitación-Productividad por centro de trabajo, a partir de la evaluación del desempeño (desplazamiento de cada unidad de producto entre los departamentos) y la medición de los costos de operación. 101
En cuanto a las condiciones de trabajo y la seguridad en el empleo, se especificó que la ocupación de vacantes -temporales y definitivas- se haría a criterio del patrón y de acuerdo con las necesidades del servicio; Pemex decidiría en torno a la asignación o no de ayudantes a los operarios de oficios y a los ayudantes de equipos automotores. Se libró a Pemex de las penalidades que frenaban los despidos injustificados y se redujo de 55 a 45 días el descanso antes y después del parto. Se suprimieron los permisos especiales con reconocimiento de antiguedad por laborar en compañías contratistas; se redujeron los permisos sin prestaciones contractuales de 365 a 189 días por cada dos años. Finalmente, el sindicato aceptó que más de 15 mil técnicos y profesionistas sindicalizados, en su mayoría ingenieros de operación, mantenimiento y seguridad industrial, fueran transferidos al régimen de confianza.
Las reformas al CCT redujeron sensiblemente las indemnizaciones y liquidaciones por despido y otorgaron a la empresa poderes plenos para suprimir puestos y departamentos. Con relación a lo primero, el contrato especificaba liquidaciones de cuatro meses de salario, más 20 días por año, más 20 por ciento sobre los cuatro meses y 20 días por año; además contemplaba 20 días extras por año de trabajo en caso de que Pemex se negara a reinstalar al trabajador. La reforma solo estableció cuatro meses y 20 días por año por antiguedad. El contrato anterior a 1989 impedía que las trabajadoras embarazadas pudieran ser despedidas, pero con la reforma se les liquida y niega el servicio médico.
En cuanto a lo segundo, el contrato especificaba que "el patrón no podrá reducir puestos ni suprimir departamentos sin comprobar previa y plenamente al sindicato que ha disminuido o se ha agotado la materia de trabajo que dio lugar a emplear a los trabajadores"; la reforma estableció que la empresa "tendrá amplias facultades para modernizar sus instalaciones y simplificar sistemas o métodos de trabajo que permitan un efectivo incremento a la productividad". Según denunció la oposición en el sindicato, algunos departamentos o talleres no desaparecían, solo cambiaban de nombre y continuaban con las mismas funciones pero con nuevos trabajadores contratados, mientras que era el sindicato quién elaboraba las listas de despedidos.
El recorte de personal durante el periodo en que Sebastián Guzmán Cabrera estuvo al frente del sindicato fue verdaderamente brutal. Es difícil establecer con precisión el número de trabajadores reajustados, ya que durante todo el periodo estudiado se desató una autentica guerra de cifras proporcionadas por la empresa, el sindicato y las corrientes opositoras, en donde la información proporcionada por las mismas fuentes era contradictoria la mayoría de las ocasiones. Sin embargo cruzando la información parcial generada en las secciones, con aquella que provenía de los actores (contendientes) y de diversos estudiosos del tema, podemos aventurar el siguiente panorama.
En 1988 se calculaba en alrededor de 240 mil el total de trabajadores empleados en el conjunto de la industria petrolera estatal (incluyendo petroquímica) y las empresas contratistas (construcción). Ese mismo año Pemex contrataba 70 mil 600 plazas (casi en su totalidad transitorias) en sus proyectos y obras; un año después las plazas en la misma área se había reducido a 19 mil 207, de las cuales 14 mil eran de Pemex y 5 mil 207 de las empresas contratistas; por tanto en esta sola área durante 1988-1989 se despidió a más de 50 mil trabajadores, la mayoría transitorios de las empresas contratistas que trabajaron en las obras de construcción de los grandes complejos petroquímicos (salvo el Morelos, que se terminaría en 1991). 102
A finales de 1989 la plantilla laboral se había reducido a 197 mil, de los cuales 95 mil eran trabajadores sindicalizados, 87 mil transitorios y 15 mil de confianza. En 1991 eran 183 mil en total, de los cuales se contabilizaban 89 mil sindicalizados, 53 mil transitorios y 41 mil de confianza. A finales de 1993 se estimaba en 120 mil el total de trabajadores en la industria, de los cuales 67 mil eran sindicalizados, 20 mil transitorios y 33 mil de confianza. Esto significó que de 1988 a 1993 la plantilla laboral se redujo en 120 mil plazas.
Los despidos se realizaron de distinta forma según las diferentes categorías: para los de planta sindicalizados (13 mil despidos y 15 mil técnicos y manuales reclasificados como de confianza de 1989 a 1993), mediante la jubilación forzosa o "anticipada" y la liquidación por cierre de planta de trabajo y/o reorganización de las unidades productivas. Las jubilaciones y liquidaciones de los trabajadores de planta sindicalizados se realizaron de manera expedita y respetando las condiciones establecidas por la legislación laboral y el contrato colectivo, y en muchos casos los montos recibidos superaron los mínimos establecidos, razón por la cual se pudo evitar las explosiones masivas de descontento en este importante sector de trabajadores y su posible concurrencia en las grandes movilizaciones de los transitorios.
Los grandes afectados por los despidos masivos fueron los trabajadores transitorios (110 mil despedidos de 1988 a 1993), quienes quedaron excluidos prácticamente en su totalidad de la nómina de la paraestatal mediante la no recontratación o el cese por la cancelación y/o traslado a empresas contratistas de proyectos de expansión y mantenimiento. Las diferentes modalidades de contratación con Pemex, con el sindicato y con las empresas contratistas permitieron que las liquidaciones se realizaran con contabilidades individualizadas que en la mayoría de los casos se situaron por abajo de los derechos laborales contractuales y legales de los afectados, y que a partir de 1991 provocaron la necesidad de tramitar demandas colectivas agrupadas por secciones, categorías, centros de trabajo, etc., a cargo de abogados y líderes de la oposición sindical y política, ante la indiferencia y rechazo de parte de las direcciones sindicales seccionales y nacional.
Durante el mismo periodo los trabajadores de confianza aumentaron en 18 mil, de los cuales 15 mil fueron los técnicos y manuales reclasificados, así como 3 mil contrataciones más. Los despidos, reclasificaciones y nuevas contrataciones modificaron radicalmente la composición de la plantilla laboral. En 1989 los trabajadores sindicalizados representaban el 48.2 por ciento del total, mientras que en 1993, a pesar de los miles de despidos, representaban el 55.8 por ciento. Los trabajadores transitorios representaban el 44.2 por ciento en 1989 (54.3 por ciento un año antes), mientras que en 1993 la proporción bajó al 16.6 por ciento. Los trabajadores de confianza aumentaron su porcentaje en el total, de 7.6 por ciento en 1989 a 27.6 por ciento en 1993.
La mutilación del contrato colectivo y los despidos masivos provocaron una expansión de los conflictos, que sin embargo se mantuvieron separados, divididos entre centros laborales, categorías de trabajo y entre corrientes políticas. En todo momento la actitud del sindicato fue desentenderse del problema; Guzmán Cabrera durante el primer año de su gestión repetidamente trató de negar que se estuvieran realizando despidos masivos, para después convertirse en el más firme defensor de la política de la empresa afirmando que simplemente se trataba de los "costos" que se tenían que pagar para modernizar la industria petrolera. En 1992, en plena expansión de la movilización nacional de los trabajadores transitorios, el líder nacional afirmaba que se trataba de agitadores encabezados por partidos "de oposición" que nada tenían que ver con los trabajadores de la paraestatal.
La falta de acción sindical en defensa de sus agremiados dio como resultado que a partir de 1992 el conflicto planteado inicialmente en contra de la empresa se extendiera hacia el sindicato. Junto con las demandas de reinstalación y/o indemnización legal, otras cuestiones que se demandaron cada vez con mayor fuerza por parte de los trabajadores transitorios fueron la devolución de cuotas sindicales pagadas para una defensa gremial que nunca existió (al contrario), la compensación económica por el trabajo realizado en las "obras sociales" del quinismo y la devolución de lo aportado a fideicomisos, fondos de ahorro, seguros de vida, proyectos de vivienda, y otros programas desaparecidos en los recortes contractuales y que por años funcionaron como negocio de los altos mandos sindicales.
El alud de demandas en contra de la empresa y del sindicato obligó a éste último a contratar un equipo de abogados encargado, no de gestionar las demandas de los trabajadores, sino de entorpecerlas por medio de argucias legales. La JFCA por su parte abrió dos juntas especiales (7 Bis y 12 Bis) que laboraban incluso en las tardes y los fines de semana, realizando alrededor de 50 audiencias diarias. Las oficinas centrales de Pemex se encontraban prácticamente dedicadas a apoyar al departamento jurídico. Durante casi todo 1992 las oficinas centrales quedaron prácticamente copadas por las continuas movilizaciones de los trabajadores descontentos.
IV. El ajuste sindical
La X Convención Nacional Extraordinaria del STPRM -realizada el 2 de febrero de 1989- fue previamente copada por entusiastas porras de integrantes de la sección 10 de Minatitlán y de la sección 34 del DF. Los mismos trabajadores que el 10 de enero realizaron un acto en el Zócalo capitalino para exigir la liberación de La Quina , se presentaron a apoyar a SGC, en quien reconocían –según decía la manta que portaban- a un representante de la "política moderna". La convención fue inaugurada por F. Velázquez, quién llamó a los petroleros a "superar etapas pasadas, corregir errores y enmendar fallas" con el fin de estrechar los vínculos de amistad sincera y franca con las instituciones públicas y nuestra central". El primer "error" se corrigió de inmediato aprobando por unanimidad eliminar el adjetivo "Revolucionario" del nombre del sindicato y -para que no quedara duda de cuál era la nueva línea- obsequiando a cada uno de los asistentes un ejemplar del libro "El reto", de C. Salinas de Gortari.
Otro acuerdo fue formalizar la creación de la sección 48, con sede en Villahermosa, Tabasco. Posteriormente, por aclamación y sin objeción alguna, se aprobó la elección de S. Guzmán Cabrera y el nuevo CEG -que presidiría el sindicato hasta la conclusión del periodo legal de S. Barragán Camacho en diciembre de 1991- en el que participaban algunos representantes de la cúpula quinista ya convertidos a la "política moderna", destacadamente uno de los hombres más cercanos a La Quina : C. Romero Deschamps, quien presidió la mesa electoral. En su discurso de toma de posesión, SGC delineó las nuevas reglas del juego: descentralización del sindicato, conservación intacta de los beneficios otorgados por el actual CCT, estrecha alianza con el Estado y militancia en el PRI y la CTM. También afirmó que "no volveremos a caer en el aventurerismo ni en el infantilismo político". 103
Cuatro días después, el 6 de febrero, SGC, los 32 líderes seccionales y los miembros del nuevo CEG, visitaron a F. Velázquez en las instalaciones de la CTM, a quién reafirmaron su militancia priísta y cetemista. En el acto SGC aseguró que "los petroleros nos sentimos estimulados de llegar a nuestra casa"; también ordenó a los representantes de las 32 secciones petroleras pagar puntualmente las cuotas a la CTM. F. Velázquez, a su vez, los felicitó por su institucionalidad que impidió que el gremio "sufriera quebrantos". Después de la reunión en la CTM, más de 300 dirigentes petroleros encabezados por SGC se dirigieron a las oficinas del director de Pemex, F. Rojas. Ahí el funcionario los exhortó a solidarizarse con los esfuerzos del presidente Salinas para renegociar la deuda externa, asegurándoles que "el Estado mantendrá a través de Pemex la exclusividad en la explotación de la petroquímica básica y se impulsará, sin aflojar el paso, el mantenimiento de la planta industrial"; también atacó a los dirigentes detenidos acusándolos de "actitudes retrógradas y ausencia de vocación de servicio público, confundiendo sus ambiciones personales con los objetivos de la nación". 104
Una vez formalizado el cambio de directiva nacional del STPRM, se pusieron en práctica dos líneas estratégicas de política sindical: la descentralización sindical y la reconstrucción del sistema de alianzas al interior del sindicato.
1. Privatización de los bienes sindicales y reconstrucción del sistema de alianzas
de alianzas
La descentralización sindical consistió, en primer lugar, en eliminar el papel de la Dirección de Obras Revolucionarias, Sociales y Políticas (cargo creado expresamente para La Quina desde 1979) para la administración centralizada de los recursos obtenidos de los contratistas de Pemex y de las aportaciones pactadas con la empresa, trasladando a las secciones el control sobre contratos, plazas, fondos sindicales, tiendas, ranchos, servicios, y administración de fideicomisos formados con la participación del 10 por ciento de las utilidades de Pemex. Como buena parte de las empresas del sindicato tenían sentido como parte de un sistema nacional de producción y abasto, al desaparecer este la mayoría de los negocios dejaron de ser rentables, por lo que se decidió su venta. Con esto las direcciones locales dispusieron de un botín millonario sin ningún tipo de controles centralizados, que provocó enconadas disputas en las secciones, dejando así a la dirección nacional con manos libres para imponer las reformas contractuales necesarias a la política gubernamental para la industria petrolera (despidos masivos, flexibilización de puestos y categorías laborales, desconcentración en cuatro empresas autónomas, privatización progresiva de los servicios de exploración, perforación, transporte, comercialización y mantenimiento).
En segundo lugar se trasladó a las secciones la gestión sobre las plazas de trabajo, que básicamente consistió en los siguientes años en la administración del recorte de personal (no cuantos , que estaba ya definido unilateralmente por la empresa, sino quienes serían despedidos). Con esto se pretendía también adelantarse a los previsibles conflictos por venir, responsabilizando a las directivas seccionales de mantenerlos en un plano local y que no trascendieran al plano nacional. Las cosas se dieron de manera diferente ya que los funcionarios locales de la empresa y el sindicato quedaron rápidamente rebasados por el alud de demandas por los despidos masivos, que dieron lugar a las grandes marchas nacionales hacia la ciudad de México, fundamentalmente de trabajadores de la zona sur. Sin embargo estas grandes movilizaciones fueron presas de los particularismos y de las rivalidades y enfrentamientos de los liderazgos locales, regionales y partidarios.
En tercer lugar se impulsó una separación entre los trabajadores de base y los transitorios. Una vez finalizada la convención petrolera y formalizada la elección de la nueva directiva sindical, se realizó una reunión del CEG con los 32 representantes seccionales, en donde SGC les advirtió que no quería más explotaciones en contra de los trabajadores "meritorios", por lo que quedaba eliminado el trabajo gratuito en las obras sociales. Esto no significó una posición altruista en contra de la explotación de trabajadores transitorios en busca de una plaza, sino un intento por zafar al sindicato de toda responsabilidad laboral con ellos en vista de los próximos despidos masivos y de la venta de los bienes sindicales. 105
El STPRM anunció desde el 9 de febrero que se realizaban auditorias en la Central de Abastos en Ciudad Madero (desde donde se distribuían productos de y a todas las secciones), la Comisión Nacional de Contratos, y la Dirección Nacional de Obras Sociales y Revolucionarias (granjas, tiendas y diversos negocios). A propósito de los bienes sindicales del llamado "sector social", el día 12 del mismo mes, el director general del Grupo Industrial de la CTM que integraba -entre otras empresas- a Nueva Nacional Textil-Nunatex, Bicicletas Cóndor, Grupo Textil Cadena, Confecciones de Occidente, y el 25 por ciento del holding de Rassini, J. Leypen Garay, declaró a la prensa que las empresas del sector social eran la alternativa, ya que el grupo que encabezaba, tuvo en 1988 utilidades por 10 mil millones de pesos, y que los 3 mil trabajadores empleados en las nueve empresas cetemistas, recibieron utilidades que iban de dos a tres meses de su salario. 106
Desde la cárcel La Quina defendía su programa de empresas sindicales. El día 15, en comparecencia ante el juzgado octavo de Distrito en Materia Penal, reafirmó su inocencia y su honestidad, afirmando que si no fuera así, el sindicato no contaría con 500 mil millones de pesos "para apoyar a los campesinos y las clases medias populares". 107 Por su parte el 23 de febrero SGC realizaba declaraciones a la prensa afirmando que el caso Beteta había sido concluido y que las tiendas sindicales subsistirán, pero sin financiamiento de la empresa; sobre la flota petrolera de Pemex, dijo que se buscaría que creciera. 108
La segunda línea estratégica se refiere a la destrucción del quinismo como corriente hegemónica, la reconstrucción del sistema de alianzas (que también incluiría a connotados quinistas) y el fortalecimiento del liderazgo de SGC. Aquí encontramos las siguientes acciones principales: el control sobre los representantes petroleros en el Congreso de la Unión, y las renuncias y jubilaciones forzosas de aquellos líderes seccionales que no alcanzaron a dar el paso hacia la "política moderna".
En la reunión con F. Velázquez el 6 de febrero, los diputados petroleros, J. Barba y J. Ruiz Becerra, afirmaron que los también legisladores quinistas, el senador R. Camero Cardiel (quién intentó imponerse como nuevo secretario general) y el diputado A. Barrientos (que encabezó la ofensiva contra M.R. Beteta), "pintaron su raya (que era una manera coloquial de decir que habían sido excluidos del grupo petrolero en el Congreso de la Unión) y no sabemos que va a suceder con ellos", al tiempo que señalaban que los declarantes, así como sus otros compañeros de curul (V. Torres Ruiz, J. Camacho Cabrera, y V. Sequera), "seguiremos fielmente la línea que marque el sindicato petrolero y su nueva dirigencia", al tiempo que reafirmaban su militancia priísta y cetemista.
Según la oficina de prensa del STPRM, hasta el 8 de febrero habían presentado su renuncia y pedido su jubilación, cinco líderes seccionales: T. Cano Charles de la sección 36 en Reynosa, Tamaulipas; O. Bocanegra Durán de la 14 en Ciudad Pemex, Tabasco; E. Ordáz de la 3 en El Ebano, San Luis Potosí; A. López Ramos de la 38 en Salina Cruz, Oaxaca; y R. "El Chato" Miranda de la 29 en Comalcalco, Tabasco. El día 9 de febrero se expidió un boletín del STPRM informando de la renuncia y solicitud de jubilación del líder de la sección 34 (Azcapotzalco y oficinas centrales), H. Valladares Torres. 109
El 15 de febrero se supo que el STPRM decidió regresar al "Trampas" los bienes (casas, ranchos, predios, cuentas bancarias) por más de 1 mil millones de pesos (avalúo de 1983), que quedaron en poder del sindicato cuando -como señalamos en la introducción a éste estudio- el ex-líder petrolero fue detenido en McAllen, Texas el 8 de septiembre de 1983 acusado de fraude en contra del SRTPRM y sentenciado a 10 años de prisión. 110
El nuevo líder nacional SGC, en conferencia de prensa el 16 de febrero informó que para esas fechas se habían dado "cambios" en las direcciones de las secciones 36, 38, 29, 23, 47, 34, y se encontraban en proceso la 3 de Ebano (renuncia Eusebio Ordáz), 33 de Tampico (Genaro Méndez) y 42 de Ciudad del Carmen (Clemente Guzmán); en la misma conferencia, SGC se vio obligado a defender al líder de la sección 35 y secretario de Organización del CEG recién nombrado, C. Romero Deschamps, de las acusaciones de corrupción y cacicazgo en la sección, así como a declarar que se atenderían las "quejas de inconformidad" en la recientemente creada sección 48 de Villahermosa, en donde la disputa por la dirección seccional amenazaba con provocar enfrentamientos violentos. 111
El día 21 del mismo mes el CEG informaba de la renuncia de J. García Rodríguez a la secretaria general de la sección 1 y a la empresa "por así convenir a sus intereses". Según el mismo comunicado, con ésta sumaban ya 14 renuncias o "jubilaciones voluntarias" de los principales allegados a La Quina. ( 112 ) Sin embargo un día después, en una carta abierta dirigida al presidente CSG, firmada por el "renunciado" secretario de la sección 1, J. García Rodríguez, "por acuerdo de la pasada asamblea general extraordinaria seccional", se denunciaba a SGC por haber ordenado una serie de renuncias y jubilaciones masivas de dirigentes sindicales sin consentimiento de la base trabajadora, violando los estatutos y autonomía de cada sección, "siendo el caso más reciente el de la sección 1, lo que no aceptan los trabajadores", por lo que responsabilizaban a SGC de las amenazas y de cualquier agresión física y moral en contra de los integrantes de la sección 1. 113
El 23 de febrero, SGC declaró a la prensa que con los líderes renunciantes en realidad se estaba siendo complaciente con ellos, porqué hasta podía consignárseles por no rendir cuentas claras; informó también que seguían las auditorias y de ahí se desprenderían decisiones sobre posibles actos de corrupción. 114
El 25 de febrero, mientras se realizaba la asamblea del Consejo General cetemista se informó que el ex-secretario general interino del STPRM, José Meléndez Maranto, hasta ese momento secretario del Interior y de Acuerdos del CEG, había presentado su renuncia después de haber solicitado su jubilación; en el sindicato se comentó que esto era resultado de sus vacilaciones para ocupar el cargo máximo y convocar al congreso extraordinario en que fue electo SGC. El mismo día se entregó un escrito al CEG, firmado por más de 2 mil trabajadores de planta, pidiendo la renuncia del líder de la sección 30 de Poza Rica, E. Rodríguez García, por el motivo de haber sido quién coordinó “el plan para jubilar a SGC” meses atrás, para así ocupar el liderazgo de la CTM estatal, a pesar de lo cual, en ese momento se ostentaba "como el campeón de la lealtad" con SGC. Entrevistado durante la asamblea cetemista, el líder E. Rodríguez García afirmó desconocer que se pidiera su renuncia, pero en caso de que se la solicitaran "por el bien del sindicato, tengo la edad, la antiguedad y mis servicios completos, así que no hay ningún problema".
El mismo 25 de febrero se publicó un desplegado de prensa firmado por los miembros del CEG del STPRM: SGC, C. Romero Deschamps, R. Amador Castro, y F. Brindis Ortiz; por los integrantes del Consejo General de Vigilancia: P. Pavón Pinales, R. Hidalgo Ledezma y H. Fernández Abdala; y por los líderes de las secciones 3, 10, 11, 14, 22, 23, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 38 y 47, en el que se denunciaba a los principales responsables de los negocios sindicales por parte del grupo quinista: Victorino López Reyes, al frente de la Comisión de Contratos; Juan Díaz Guerrero, Comisión Nacional de Vivienda; Ricardo Camero Cardiel, Central de Abastos; Hugo Barba Islas y Mauro Oviedo Estrada, trabajos de la flota petrolera; José Sosa Martínez, Cooperativa de Transporte de los Jubilados; "Pepe Pérez" y Domingo Soto, ranchos agrícolas y ganaderos.
También se denunciaba en el mismo desplegado que las secciones de la zona sur y sureste (10, 11, 22, 26, 38, y 44) tuvieron que recibir durante los años ochenta miles de trabajadores de nuevo ingreso provenientes de Ciudad Madero, en detrimento de los trabajadores locales, "lo que fue permitido por las direcciones seccionales bajo amenaza de ser destituidas fulminantemente o difamadas como vende plazas"; igual sucedió en las secciones de nueva creación, como la 42 y la 47, que agrupaban a los trabajadores de barcazas y de perforación marina en la Sonda de Campeche. Finalmente se señalaba "al grupo que aún está apoderado de la sección 1", encabezado por J. García Rodríguez y G. López Quintero (Comisión de Vigilancia), calificados como "guardianes quinistas encargados de impedir que se conozcan las cuentas de la sección 1". 115
El 26 de febrero, y en una asamblea copada por trabajadores transitorios que degeneró en un enfrentamiento en medio del cual tuvo que abandonar la sesión el presidente del Consejo Nacional de Vigilancia, fue impuesto por la fuerza como nuevo dirigente de la sección 34, A. Medina Hernández. 116
2. Una oposición testimonial
El día 12 de abril de 1989 más de cien trabajadores de la sección 35, iniciaron un plantón frente al local del sindicato nacional en la plaza de San Fernando, que posteriormente se transformó en una huelga de hambre en demanda de restitución en sus puestos al personal movilizado y a los trabajadores que fueron obligados a jubilarse a raíz de que exigieron el saneamiento del sindicato, además de exigir una auditoria a su sección.
El mismo día, pero de manera separada, se anunció la integración de la Coalición Nacional Petrolera, que agrupaba a trabajadores de las secciones 1, 14, 30, 34 y 48, y que pugnaría por el respeto a la democracia, a la autonomía sindical y a los derechos contemplados en el CCT. En conferencia de prensa los dirigentes de la Coalición, R. Reyes Betncourt, de la Sección 30, S. Hernández Ayala, de la 34; J.M. Arzápalo Velázquez, de la 48; A.H. López, de la 14 y E. Alvarado, de la sección 1, denunciaron que SGC llevaba a cabo una fuerte represión, que iba desde negar trabajo, otorgar permisos no tramitados, jubilaciones forzosas, y la liquidación y movilización masiva del personal; todos esos procedimientos negativos estaban apadrinados por el individuo más prepotente incrustado en el CEG, Raúl Salinas Aragón. Los dirigentes opositores exigieron que participara directamente la base en las auditorias que se realizaban en ese momento; también plantearon que se practicara una auditoria a SGC, ya que se presumía un enriquecimiento ilegítimo a partir del contratismo. Finalmente anunciaron la realización de un mitin, para el 12 de mayo, en las oficinas centrales de Pemex, “para dar inicio a una nueva etapa en la lucha de los trabajadores de este gremio, en pos de la democracia sindical”. 117
Ante estas acciones opositoras, la dirección sindical encabezada por SGC inició una contraofensiva. Así, el día 13 de abril se realizó una marcha de trabajadores de la sección 34, de las oficinas de Pemex al local nacional, encabezados por el recientemente impuesto secretario seccional, A. Medina Hernández. Al llegar al local del CEG, se realizó un mitin en el que se apoyó a la dirección nacional en su “lucha por la depuración del sindicato”, así como a la “tarea patriótica del presidente Salinas”. En el transcurso del mitin, SGC salió del local sindical para encontrarse con los trabajadores de la sección 34 y les aseguro que aun cuando existía disidencia en la misma, “no habrá persecución ni sanciones en contra de trabajadores y empleados por más que se lo merezcan, porque hay respeto a la opinión de los demás”; asimismo dijo que “no dejemos que se nos confunda y se nos arrebate la bandera de la honestidad y transparencia, por lo cual ustedes compañeros deben ser los mejores testigos, los mejores colaboradores de esta nueva etapa de integridad, honradez y lealtad al sindicato”.
Después del mitin, SGC dio una conferencia de prensa, en donde aseguro que aun había problemas en la sección 1, de Ciudad Madero, pero que ya las 33 secciones habían presentado una demanda penal contra quienes resultaran responsables por amago a la población para que apoyara a los grupos quinistas; esos grupos, afirmo SGC, “impiden la libre organización y participación de empleados y trabajadores para que elijan, de manera democrática, a sus verdaderos representantes”; también acusó a los trabajadores que tenían tomadas las instalaciones sindicales de Ciudad Madero, de quinistas, terroristas y porros, y de tener la intención de querer atacar las instalaciones de Pemex; en cuanto a la recién creada Coalición Nacional Petrolera, SGC dijo que “está integrada por unos ilusos de la sección 30 o de la 14, que además no van a arrebatar la bandera de limpieza que el CEG ha enarbolado desde que tomó posesión”; finalmente amenazó con pedir el desafuero y consignación del senador R. Camero Cardiel, si al concluir la auditoria se encontraban irregularidades en la Central de Abastos. 118
Unos días después SGC, quien durante 16 años estuvo al frente de la cetemista Federación de Trabajadores de Veracruz y que en cuatro ocasiones se reeligió como secretario general de la sección 10 del sindicato petrolero, aseguró en conferencia de prensa, que no pensaba reelegirse en el cargo de secretario general nacional del STPRM. 119
Los trabajos del "Foro Petróleos Mexicanos: Trayectoria y Perspectivas para el Desarrollo Independiente del País", se iniciaron el 5 de julio en la Cámara de Diputados. Este foro fue resultado de la iniciativa de una serie de grupos de obreros, técnicos y profesionistas independientes, en coordinación con diputados de oposición, y tuvo como objetivo analizar la situación que privaba en ese momento en la paraestatal y los posibles cambios al CCT. Las actividades se iniciaron con la denuncia de que el CCT se estaba revisando entre el STPRM y Pemex sin realizar asambleas y sin que los trabajadores conocieran el pliego de peticiones, y de que en realidad lo que se estaba fraguando era la mutilación del CCT en cosas tan importantes como la suspensión de ascensos, la anulación del tiempo extra, la libre movilidad de los puestos y adscripciones por parte de la empresa, la expulsión del sindicato de técnicos y profesionistas y la disminución de derechos en todos los órdenes. También se denunció que la industria petrolera, la más importante del país, "ha entrado en un proceso desnacionalizador, modernizador en forma unilateral, con un criterio sujeto a los designios del capital internacional y con la clara intención de lesionar a los trabajadores".
Como resultado de las discusiones entre los trabajadores petroleros, académicos y simpatizantes, se acordó exigir se prorrogara, hasta por un año, el CCT vigente, salvo en el caso del tabulador que debería ser aumentado en 30 por ciento; se descalifique a SGC como representante gremial por permitir la permanente intromisión de las autoridades en la vida sindical; se promueva el uso racional de los hidrocarburos respecto al ecosistema; el respeto a la sindicalización de los técnicos y profesionistas organizados hace casi 11 años; una mayor eficiencia administrativa; y mayor información sobre lo que sucede en Pemex y sus empresas subsidiarias. También se acordó que los trabajos se convirtieran en un foro de discusión permanente y nacional, así como llevar a cabo las acciones necesarias para informar regionalmente a los petroleros del intenso golpe previsto desde hacía seis meses, por lo menos, contra sus conquistas fundamentales. Finalmente el foro hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para formar un frente que pudiera parar el golpe contra los trabajadores. 120
En los siguientes días después de concluido el foro, se siguió manifestando la inconformidad de diversos sectores de los trabajadores petroleros, tanto con la forma en que se realizaba la negociación del CCT, como con la manera en que se llevaba a cabo la designación de las directivas seccionales. El 12 de julio, I. Hernández, dirigente de Tendencia Democrática de la sección 35, también participante en foro, afirmó que los trabajadores petroleros habían perdido capacidad de negociación para defender el CCT desde que llegó al poder SGC; el mismo dirigente anunció la realización de una sesión del Foro Permanente de Defensa de la Industria Petrolera y su Organización Sindical, el 21 de julio en Ciudad Madero. 121 En esta misma sección y ante la abrumadora votación en las elecciones realizadas en Ciudad Madero, el CEG del STPRM se vio obligado a reconocer a la nueva directiva seccional encabezada por N. Villaseñor, con lo cual se marcaba una excepción en la cadena de imposiciones de comités seccionales que la directiva nacional realizaba en la mayoría de las secciones.
El día 14 de julio se publicó un desplegado en la prensa firmado por los técnicos y profesionistas de la sección 34, dirigido al presidente de la República, en el que denunciaban que Pemex y el STPRM estaban contraviniendo la Constitución, la LFT y los estatutos del sindicato al no tomarlos en cuenta en la negociación para pasar a trabajadores de sindicalizados al régimen de confianza. En el documento se hacía un llamado a los trabajadores petroleros a oponerse a la mutilación del CCT, a la solidaridad de los diputados de la LIII legislatura, de los trabajadores del país y del pueblo en general. Finalmente se exigía una negociación directa entre los representantes de los técnicos y profesionistas y Pemex, así como un aumento salarial del 35 por ciento. 122
El mismo día el dirigente de la Coalición Nacional Petrolera, S. Hernández Ayala, planteó que al igual que en Ciudad Madero, en el resto de las secciones del sistema petrolero debía haber elecciones limpias, a través del voto secreto y directo. También denunció que las pasadas elecciones en las secciones 14, 24, 30, 34 y 48 fueron fraudulentas, quedando de nueva cuenta quinistas que tenían años ocupando cargos sindicales y que se mantenían en el poder mediante una nueva alianza con el grupo encabezado por SGC, por lo cual continuaban las viejas prácticas corruptas de venta de plazas, robo de las cuotas sindicales, imposición de nuevos seguros de vida y descuentos arbitrarios a los trabajadores. 123
El 27 de julio, los dirigentes de la Coalición Nacional Petrolera, A. Sosa Orozco, G. Castellanos y F. Jiménez, realizaron una conferencia de prensa en la que acusaron al CEG de llevar a cabo en forma secreta y de forma unilateral la revisión del CCT. Los dirigentes también denunciaron que SGC, en una reunión realizada con ellos mismos, les manifestó "que los trabajadores petroleros aún no están capacitados para la democracia y que hacer del conocimiento de las bases la actual revisión contractual, hubiese provocado graves conflictos dentro del gremio". Tres días después S. Hernández Ayala, también dirigente de la Coalición Nacional Petrolera, denunció que el CCT negociado entre el sindicato y Pemex, que aún no se había dado a conocer, sufrió muchas modificaciones en perjuicio de los trabajadores, principalmente en las cláusulas 3, 7 y 22 y la supresión de otras. Por ejemplo, se eliminó la 265 con lo que dejaran de fomentarse obras agropecuarias, "que utilizaba La Quina para enriquecimiento ilícito", y la 266 sobre el reparto de la canasta básica de alimentos. 124
El día 28 del mismo mes se publicó un desplegado de los técnicos y profesionistas de la sección 1, protestando porque se les había marginado de todo lo relacionado con la revisión contractual, ya que no habían tenido "ni información ni participación ni mucho menos oportunidad de presentar propuestas"; también planteaban su preocupación y alarma por los rumores no desmentidos de que los profesionistas y técnicos pasarían a ser de confianza. 125
Una vez conocido los resultados de la revisión contractual, el 7 de agosto de 1989 los técnicos y profesionistas de la sección 34, amenazaron con ampararse contra Pemex y el sindicato por haberlos trasladado al régimen de confianza sin consultarlos; en conferencia de prensa anunciaron una serie de acciones que iniciarían con la realización de asambleas departamentales en las diferentes secciones, para que los técnicos y profesionistas "definan cuál es el camino que quieran seguir", uno de los cuales podría ser la formación de un nuevo sindicato; también denunciaron que trabajadores que se pronunciaron contra la medida de que fueran de confianza habían sido objeto de hostigamiento por parte de la empresa. 126
El 25 de agosto, profesionistas que laboraban en las instalaciones de Pemex en el D.F., Ciudad Madero, Cadereyta, Reynosa, Poza Rica, Salamanca, Tula, San Martín Texmelucan, La Cangrejera, Minatitlán, Nanchital, Cosoleacaque, Morelos, Villahermosa, Ciudad Pemex, Cactus, Salina Cruz y Sonda Marina de Campeche, anunciaron la formación de un Sindicato Nacional de Profesionistas al Servicio de Pemex, el cual demandaba, como primera medida, la nulidad del convenio administrativo sindical, mediante el cual perdieron su calidad de sindicalizados los técnicos y profesionistas; también denunciaron que los dirigentes de los profesionistas democráticos de la sección 34, F. Domínguez, A. Cruz, A. Fragoso, J. Millán y S. Osorio fueron enviados a lugares muy distantes de su residencia, sin ninguna explicación, y como parte de un clima de terror instrumentado por la empresa contra los trabajadores técnicos y profesionistas disidentes. 127
Por su parte la Coalición Nacional Petrolera denunció el 2 de septiembre que, como parte de las reformas aplicadas al CCT en Pemex, la empresa había incrementado los recortes de personal, lo cual contradecía lo afirmado por la empresa el 25 de julio, de que los despidos habían cesado por falta de presupuesto. También denunció la compactación del escalafón en "bloques", los cambios excesivos al régimen de confianza de personal sindicalizado y la pérdida de materia de trabajo, demandando una auditoria de la Contraloría General de la Federación en la distintas áreas y subdirecciones donde se realizaban jugosos negocios con los recursos de la empresa. Entre otras acusaciones, se dijo que funcionarios de la empresa y dirigentes del sindicato lucraban con los descuentos injustos a los trabajadores, con la imposición de seguros de vida fantasmas, cuotas adicionales, cajas de ahorro decididas unilateralmente, contratación de personal al margen del contrato colectivo, jubilaciones especiales a incondicionales, otorgamiento de salarios indebidos y viáticos injustificados a dirigentes sindicales, todas éstas acciones realizadas por la Coordinación de Recursos Humanos de Pemex. 128
El día 5 de septiembre se publicó un desplegado de prensa firmado por 130 trabajadores médicos, ingenieros y profesionistas de diversos centros de trabajo del sistema petrolero, en el que informaban que habían presentado demandas individuales ante la JFCA, en las que solicitaban la anulación del convenio entre sindicato y Pemex, que pasó al régimen de confianza a trabajadores médicos, técnicos y profesionistas. Asimismo, la suspensión de cualquier movilización arbitraria y de las medidas represivas contra los inconformes, así como las disposiciones administrativas que cambiaban condiciones de trabajo, lugar, horario y jornada semanal. En el mismo desplegado denunciaban que la empresa trataba de dividir a la base trabajadora ofreciendo, a quienes se disciplinaran, toda clase de prestaciones y sobresueldos que en realidad eran temporales, pues tan pronto el personal pasara a ser de confianza se les retirarían esas prestaciones; el documento finalizaba llamado a los trabajadores a luchar por la anulación del "oprobioso convenio de desindicalización".
Al respecto, el grupo parlamentario del PRD señaló, en conferencia de prensa, que ese convenio era una agresión a los derechos adquiridos por los trabajadores, ya que establecía un precedente para los sindicalizados del país, puesto que había ya el ejemplo de que podían derogarse las conquistas laborales a partir solo de acuerdos entre la patronal y las direcciones sindicales oficialistas. 129
Un día después del incendio en las instalaciones sindicales nacionales el 20 de septiembre de 1989, y durante un acto programado por el DDF, SGC afirmó en entrevista con la prensa, que la disidencia en Pemex ya había desaparecido, ya que la Coalición Nacional Petrolera, "tengo entendido que se desintegraron", pues después de la revisión del CCT "no han dado señales de vida". 130
En enero de 1990, al cumplirse un año de la detención de La Quina, el líder del Movimiento Petrolero Independiente Lázaro Cárdenas (MPI-LC), S. Hernández Ayala, declaró a la prensa que SGC debería de renunciar a la secretaría general del sindicato petrolero más por verguenza que por motivos de salud, ya que su gestión al frente del gremio se había caracterizado por el absoluto entreguismo al gobierno sin importarle los intereses de los trabajadores. El líder disidente denunció que los métodos antidemocráticos y pervertidos de la dirección sindical eran los mismos que impuso La Quina en su reinado, y que la retórica del líder petrolero había llegado hasta el ocultamiento ilegal y antiestatutario del manejo de fondos sindicales con el pretexto de conservar la tranquilidad en el organismo, anunciando que presentarían una denuncia penal contra el CEG por la violación de sus derechos laborales, además de que se realizarían movilizaciones a lo largo y ancho del país para luchar por la verdadera democratización del sindicato y por recuperar los derechos perdidos en la última revisión del CCT. 131
Ninguna de estas críticas hacían mella en el ánimo del SGC, quien realizaba una campaña de declaraciones ensalzando lo que desde su punto de vista era una “excelente relación” entre la empresa y el sindicato. Pero los líderes opositores no veían la situación con el mismo optimismo que el dirigente nacional. Así, el dirigente de Ciudad Madero, y en ese momento diputado federal por el PRD, A. Pliego Aldana, sostenía que "el peor dirigente que ha tenido el sindicato petrolero es SGC, porque actuaba como los guardias blancas de hace 50 años y entregó y vendió a los trabajadores"; además, agregaba el legislador (quién fuera de los hombres más cercanos a "La Quina"), "el esfuerzo por integrar nacionalmente a la industria petrolera en torno a Pemex, ha comenzado a desmantelarse"; como ejemplo de lo anterior, Pliego Aldana citó la creación de las empresas Mexpetrol y PM Internacional, así como la arbitraria reclasificación de productos derivados de la petroquímica.
Por su parte, quien fuera dirigente de los trabajadores técnicos y profesionistas durante más de diez años, A. Cruz, afirmó que antes, a pesar de la "nefasta presencia de La Quina, podíamos decir que el STPRM era un sindicato; hoy ya no, es un departamento de personal más de la empresa". A su vez los líderes del MPI-LC y de la CNP, los hermanos S. y M. Hernández Ayala, plantearon que la caída del grupo Madero no se había traducido en cambios de fondo dentro de la vida sindical, y que si antes existía un balance entre los trabajadores de confianza y los sindicalizados, ahora se había dejado abierta la posibilidad de que la empresa contratara a cuanto trabajador de confianza desee; los dirigentes afirmaron que las modificaciones del CCT no quedaron sin recompensa para SGC, ya que éste formó, el 9 de junio de 1989, una empresa de construcción llamada "Proyectos y Construcciones Sociales 18 de Marzo, SA de CV", cuya razón social estaba orientada a realizar todo tipo de obras de construcción, mantenimiento y otras en exclusiva para Pemex.
En ocasión del 52 aniversario de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1990 se publicó un desplegado del MPI-LC en el que, además de reafirmarse las acusaciones planteadas líneas arriba, se realizaba un balance de la última revisión del CCT, afirmando que se había despejado el camino para la privatización de diversas actividades de la empresa por la vía de los contratos libres en la exploración, perforación y todas las obras conexas; la construcción, desmantelamiento y mantenimiento de instalaciones; la distribución y el transporte de productos; así como la reclasificación de 15 productos de la petroquímica primaria para pasarlos a la secundaria. Al recortarse el gasto corriente, ya no se cubrían las vacantes de personal sindicalizado y de confianza, y se quitaba el tiempo extra y la posibilidad de ascensos a los trabajadores. Ante esto, continuaba el desplegado, "SGC declara que cualquier sacrificio será bienvenido por los trabajadores". ¡Claro!, concluye el documento, "él tiene asegurado su futuro como próspero contratista de Pemex en trabajos proporcionales a su entreguismo sindical". 132
3. El control sindical: imposición y corrupción de líderes seccionales
Al final de la ceremonia del 54 aniversario de la fundación del STPRM el 15 de agosto de 1989, se entregó a SGC de “un testimonio de lealtad” por parte del recientemente electo comité ejecutivo local de la sección 1 de Ciudad Madero, encabezado por su secretario general, N. Villaseñor Villafuerte, con lo cual se suponía quedaba superado el conflicto entre la sección y el CEG. 133
Un mes después -y de manera misteriosa- a las 0.30 horas del 20 de septiembre se registró un incendió que destruyó el tercer piso del local nacional del STPRM, en donde se encontraban las oficinas de las secretarias General, del Trabajo, de Higiene, de Organización y Estadística, así como el Departamento Jurídico y la Comisión Pro-Construcción de Viviendas, por lo cual se perdieron números archivos y documentos. Sobre los hechos, SGC declaró que el sindicato no tenía "enemigos como para querer incendiar su sede", y que el siniestro fue resultado de un corto circuito; dijo también que los archivos perdidos "no tenían gran importancia, ya que los documentos de auditoria se encontraban en otro sitio".
Al respecto el dirigente de la Coalición Nacional Petrolera, S. Henández Ayala, denunció que era muy sospechoso que en vísperas del anuncio de los resultados de auditorias en el sindicato, se hubieran quemado los documentos jurídicos que podrían haber puesto en entredicho la honestidad de algunos líderes "que a pesar de su dudosa acción, se mantenían enquistados en puestos de dirección". Según el líder opositor los incendios en las oficinas sindicales y administrativas eran una práctica que se realizaba con cierta frecuencia para limpiar todo vestigio de corrupción, citando los casos del incendio del centro administrativo durante la gestión de J. Díaz Serrano, del local de la caja de ahorros en la sección 34 en 1974, y la sección 35 en 1975. 134
Durante el mes de noviembre de 1989 un periódico local de Veracruz difundió la noticia de que SGC renunciaría a su cargo por "problemas de salud", y que podría ser sustituido por el ex-líder recientemente liberado, H. Hernández "el Trampas", por el dirigente de la sección 11, F. Calderón, por el dirigente de la sección de Minatitlán, P. Pavón, o por C. Romero Deschamps de la sección 35. Ante estos rumores, los secretarios seccionales realizaron un pleno urgente para manifestar su apoyo al líder nacional, acordando un comunicado que fue dado a conocer a la opinión pública por el vocero de prensa del sindicato, J.M. Padrón Lara, en el que desmentían la supuesta renuncia. Unos momentos antes de la realización del pleno, SGC ofreció una entrevista de prensa en la que reconoció que "varios de los actuales dirigentes de Coatzacoalcos y Minatitlán tratan de revivir sindicalmente a `El Trampas´, para tratar de imponer el clima de prepotencia que se vivía en la época de La Quina"; el líder nacional criticó el hecho de que "El Trampas" hubiera cumplido solamente dos años de la condena de 10 que le fijaron las autoridades judiciales, lo que hacía pensar en su enorme poder económico que sobrepasa la imaginación de cualquiera; pese a ello afirmó que el sindicato petrolero no pretendía hacer ninguna investigación al respecto, "porque esas ya son cosas del pasado". 135
En una entrevista realizada en el mes de diciembre con motivo del anuncio de suspensión de obras de expansión de Pemex, SGC dijo que al realizarse auditorias en cada una de las secciones del gremio, "se encontraron bastantes diferencias entre lo que había y lo que debe haber, pero no se ha procedido porque la mayoría de los responsables están fuera tanto del alcance del sindicato como de las autoridades judiciales correspondientes". 136
En la medida en que continuaban los rumores sobre la posible renuncia por enfermedad de SGC, éste tuvo que realizar otra conferencia de prensa en enero de 1990 para desmentir las versiones, afirmando que "no soy superman, pero tampoco me estoy muriendo para tomar esa determinación"; a una pregunta sobre las auditorias practicadas a los bienes del sindicato, el líder nacional contestó que "encontramos faltantes y anomalías, pero hemos decidido no emprender demandas (aunque) nos reservamos las acciones penales (ya que) no queremos que esto sea motivo para que haya intranquilidad en el sindicato".
Unos días después, y en otra conferencia de prensa, SGC comentó que a casi un año de haber tomado posesión como máximo dirigente petrolero, se había logrado la autonomía y la democratización sindical, abandonándose "las prácticas negativas y sistemas de solapación que denigraban la imagen de los trabajadores de la industria y dañaban los intereses de la nación", destacando que en su administración se logró recuperar "los fondos de ahorro y el aguinaldo que durante la gestión de "La Quina" habían desaparecido". También informó que durante los dos primeros meses después de haber tomado posesión del cargo se logro renovar, “por voto universal”, 28 de los 33 comités seccionales de la agrupación. Un día después, y al cumplirse un año de la detención de La Quina, SGC, en gira por Veracruz, dijo que la salida de La Quina del gremio petrolero significó la erradicación de viejos vicios que no beneficiaban a los trabajadores, y la recuperación de la moral en el sindicato, por lo que la corrupción en el interior del sindicato "era cosa del pasado". 137
En ocasión de cumplirse un año del nombramiento de SGC como máximo dirigente del sindicato petrolero, se publicó un desplegado firmado por los líderes de las secciones del país, en el que hacían un público reconocimiento por el cumplimiento de un año de "labor obrerista" del líder nacional. El mismo día se publicó otro desplegado de apoyo y felicitación de SGC al presidente de la República, por la firma de los acuerdos del paquete financiero del débito externo con los organismos internacionales, y por la reciente gira del primer mandatario por el extranjero. 138
Por su parte el senador tamaulipeco R. Camero Cardiel, decidió romper con varios meses de silencio y aceptó una entrevista de prensa en la que declaró que se encontraba alejado del sindicato y que no se sentía enemigo de SGC, no obstante las fricciones que con él se suscitaron. Interrogado sobre las afirmaciones del líder nacional en el sentido de que fueron encontrados "faltantes" en el resultado de las auditorias, el senador Camero afirmó que entregó buenas cuentas de la Central de Abastos del STPRM que él administraba, por lo que consideraba el asunto como concluido y "ya para mí hasta se olvidó". 139
El 11 de marzo se realizó una ceremonia en las instalaciones de la sección 49 en Cadereyta, N.L., para festejar su primer año de existencia pues antes era sucursal de la sección 1 de Ciudad Madero. Ahí, SGC afirmó que se habían erradicado los procesos amañados y las imposiciones, y por ello el CEG impulsaba la democratización de los cuadros directivos de todas las secciones. 140
Una vez concluido el proceso de revisión salarial, el CEG del STPRM decidió sorpresiva y unilateralmente adelantar al mes de octubre la convocatoria para elecciones de comités ejecutivos seccionales, prevista estatutariamente para diciembre. Esta acción fue dirigida a impedir que pudieran integrarse planillas opositoras únicas entre las diferentes corrientes políticas disidentes en las distintas secciones, ya que al acortarse drásticamente los tiempos electorales se hacía imposible el complejo proceso de negociaciones destinadas a la postulación de candidaturas comunes con suficiente representatividad para poder disputar con éxito los cargos directivos. La convocatoria atribuía a los comités seccionales salientes determinar las modalidades de los procesos electorales, con lo cual se permitía la manipulación de éstos de acuerdo a las condiciones específicas de cada sección, impidiéndose la votación secreta y universal, por medio de procedimientos de "mano alzada" en asamblea o "votación secreta" con cédulas que incluían nombre, número de ficha y firma del votante.
Los dirigentes opositores de las secciones 15, 24, 26, 29, 34, 35, 44 y 48: R. Olvera, R. Sánchez, L. Ortiz, J. Cabrera, A. Sosa, J. Alanís, F. Gutiérrez, A. López y L. Rosales, respectivamente, denunciaron que la convocatoria anticipada violaba los artículos 318 y 326 de los estatutos sindicales sobre las elecciones en las secciones, ya que el primero establecía que las elecciones serían en el mes de diciembre, y el segundo que las convocatorias deberían hacerse 20 días antes de los comicios. En conferencia de prensa, los representantes disidentes consideraron que con estas acciones del CEG se demostraba que las prácticas corruptas del "quinismo" no habían desaparecido del sindicato, ya que se continuaba con la imposición arbitraria de dirigentes seccionales y con los negocios fraudulentos por la vía de las compañías contratistas de los líderes gremiales (caso de la empresa de SGC) y del manejo personal de los bienes sindicales; por todo esto exigieron la invalidación de la convocatoria a elecciones seccionales realizada por el CEG, y la emisión de una nueva especificando comicios bajo el principio del voto secreto, universal y directo. 141
El líder del MPI-LC, M. Hernández Ayala, denunció que desde mediados de julio de 1990 había sido detenido en las oficinas administrativas de Pemex durante siete horas para investigación, además de que se había prohibido que se reunieran más de tres personas, dentro y fuera de las instalaciones de la empresa. 142
Por su parte el líder del MNP, H. Vázquez Gutiérrez, quién desde el 2 de julio anterior había sido reintegrado a Pemex como trabajador de confianza en el departamento de Higiene y Seguridad Industrial, denunció que SGC "no le había cumplido al presidente de la República", ya que continuaban las prácticas las tiendas de raya, la venta de plazas y la vejación a mujeres, además de que a los petroleros inconformes se les impedía reunirse, se les jubilaba a la fuerza o se les cambiaba arbitrariamente de centro de trabajo; el dirigente opositor afirmó asimismo que a todo lo anterior había que agregar el estilo entreguista de SGC para dejar en poder de la empresa el manejo del CCT, la violación de los estatutos con la complicidad de la Secretaría del Trabajo, la cerrazón al dialogo con la base y el lucro con los cargos sindicales, poniendo como ejemplo de lo anterior el hecho de que la reelección de los líderes seccionales "se estaba cotizando a 1 mil millones de pesos". 143
En respuesta a éstas acusaciones, SGC consideró que se trataba de personas que trataban de aprovechar la coyuntura electoral para tratar de desestabilizar al organismo sindical, pero que la solución estaba en los trabajadores a quienes ofreció democracia y total libertad, sin presiones de ninguna naturaleza. A la pregunta de los reporteros de ¿por qué no hay voto libre, secreto y universal en los centros de trabajo?, el líder nacional respondió: "porque las asambleas se constituyen en colegio electoral y estas determinan cómo han de llevarse a cabo las elecciones", razón por la cual las autoridades laborales estaban obligadas a ser respetuosas con la voluntad mayoritaria de los trabajadores. 144
En la mayor parte de las secciones se impuso la reelección de los mismos líderes locales que habían sido designados desde la "renovación" de la direcciones seccionales durante los meses posteriores a la detención de La Quina y Barragán Camacho, como fueron los casos, entre otros, de las secciones 1, 9, 24, 25, 33, 35, 36, 38, 44 y 47. En otras secciones se realizó un relevo de líderes oficialistas que ya no gozaban de la confianza del CEG y de la empresa, por medio de maniobras como las acusaciones penales (sección 3), las jubilaciones anticipadas (secciones 11 y 34), la solicitud de renuncia aprovechando movimientos opositores locales (sección 22), o el desconocimiento de la directiva seccional por acusaciones de fraude (sección 46). En los casos en que los líderes locales no logran reelegirse o imponer a su sucesor, las nuevas directivas seccionales recayeron en cuadros sindicales oficialistas provenientes del aparato central o de los "grupos mayoritarios" locales, casi todos ellos ex-quinistas reconvertidos a la "política moderna" del salinismo. Quizá la única excepción fue el caso de la sección 22 en donde se elige a un dirigente cercano al MNP. Por lo demás, los líderes opositores sufren de acciones represivas como los despidos injustificados (sección 35), los cambios de adscripción unilaterales (sección 48) y la intimidación violenta antes, durante y después de las asambleas electorales.
En el mismo mes de octubre es despedido el líder del MPI-LC en la sección 35, M. Hernández, después de una "enojosa" investigación administrativa, pero en realidad tras haberse negado a jubilarse bajo presión. En entrevista de prensa, el líder opositor dijo que el despido surgió inmediatamente después de haber denunciado la actitud represiva y antidemocrática de SGC en relación al adelanto de las elecciones seccionales, razón por la cual demandó en la JFCA su inmediata reinstalación, por considerar que su despido tenía causas políticas. 145
En otro golpe contra la oposición, en este caso en el bastión principal quinista, a fines de enero de 1991 los dirigentes de las secciones 25 y 33 presentaron una denuncia penal en contra del líder de la sección 1, N. Villaseñor Villafuerte, por el delito de administración fraudulenta en contra de la Sociedad de Solidaridad Social "Roger Gómez", acusándolo de haber vendido 1 mil cabezas de ganado propiedad del sindicato y quedarse con 4 mil millones de pesos. En cuanto supo de la acusación, N. Villaseñor huyó de Ciudad Madero, siendo detenido días después en la ciudad de México, de donde fue trasladado al estado de Veracruz en donde se le dictó formal prisión. En sus primeras declaraciones, el líder detenido planteó la versión de que se trataba de una venganza de SGC por haberse negado a entregarle 300 millones de pesos que le pedía como extorsión.
Mientras tanto en la zona sur, trabajadores disidentes de las secciones 10, 11, 22, 31, 44 y 47, anunciaron su incorporación al MNP a fin de sacudirse "la corrupción en que el gremio ha sido sumergido por SGC” y acabar con sus imposiciones y fraudes, así como exigir una profunda investigación a líderes seccionales en una serie de ilícitos. En conferencia de prensa agregaron que la inconformidad en el gremio petrolero, agudizada a raíz de las imposiciones en la mayoría de las 33 secciones del país, hizo posible la integración de representaciones regionales, luego de que las impugnaciones a las asambleas electorales no procedieron. 146
Al descontento de los trabajadores por la continuación de los despidos masivos en los distintos centros de trabajo y la imposición de líderes en las secciones, se sumaban los continuos casos de fraude con los bienes sindicales en las diferentes localidades. En el mes de abril, el líder del MNP, H. Vázquez Gutiérrez, informó que en las 33 secciones se presentarían demandas por malversación de fondos sindicales y por enajenar bienes del gremio sin consultar a la base. En conferencia de prensa el dirigente opositor acusó a SGC de ser más corrupto que La Quina, ya que con él la malversación de fondos sindicales, el autoritarismo y los viejos vicios sindicales se habían refinado, afirmando también que el líder nacional "vendía las plazas en 3 y 4 millones de (viejos) pesos", como lo denunciara el destituido y encarcelado ex-dirigente de la sección 1, N. Villaseñor. El dirigente del MNP, H. Vázquez, anunció asimismo que aspiraba a la secretaría general del STPRM, "ya que sé que las bases me apoyan, todos en el sindicato, a excepción de SGC y sus corifeos". 147
4. Reelección y debilitamiento de Sebastián Guzmán Cabrera en medio de
acusaciones de corrupción
Desde el mes de octubre, SGC había informado de la celebración de la Convención General del sindicato para el 2 de enero de 1992, donde se elegiría el nuevo CEG. Sobre su posible postulación para un nuevo periodo al frente del sindicato, SGC señaló que contaba con el apoyo de la casi totalidad de los dirigentes seccionales, agregando que la reelección no estaba peleada con la modernización, siempre y cuando fuera decisión de las mayorías y se fomente la creación de nuevos mandos dirigentes; "yo no veo por qué, para ser moderno, haya que evitar una reelección", sentenció el líder petrolero. 148
Días después la revista Proceso dio a conocer un informe elaborado por la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras, en el que se afirmaba que la empresa "Proyectos y Construcciones Sociales 18 de Marzo", propiedad de SGC y creada 4 meses después de que éste llegara a la secretaría general del sindicato, fue pensada por Pemex para sustituir a la desaparecida Comisión de Contratos del CEG. La empresa de SGC, que empezó sus operaciones con un capital autorizado de 20 millones de pesos, contaba para finales de 1991 con capacidad de realizar por lo menos unas 100 actividades diferentes relacionadas con la industria petrolera, como construcción y realización de todo tipo de obras civiles en general, estructuras de concreto y estructuras metálicas, mecánicas y eléctricas, compra-venta, suministro de agregados y triturados pétreos, e instalación de plataformas marítimas de perforación, entre otras. Según el informe referido, para el 11 de enero de 1991 la empresa de SGC tenía asignados 12 contratos de un total de 160 vigentes en ese momento. 149
Frente al panorama de corrupción, imposición de líderes, despidos masivos y mutilación de los derechos laborales, las corrientes de oposición dentro del sindicato continuaban reducidas a acciones meramente testimoniales y de denuncia, e incapacitadas para dar cauce unitario a las distintas movilizaciones que empezaban a desarrollarse en los diferentes centros de trabajo. En el mes de noviembre, M. Hernández Ayala, dirigente del MPI-LC, declaraba que los vicios y corrupción se habían agravado tanto, que las perspectivas de democratización sindical y fortalecimiento de la capacidad gestora se encontraban en su nivel más bajo durante la administración de SGC, quién tenía colocados en las secciones a sus incondicionales con el fin de que su reelección fuera un hecho.
Por su parte A. Pliego Aldana, ex-diputado federal y líder del Movimiento Democrático Petrolero, denunció que en la reunión plenaria de secretarios generales del sindicato realizada el 11 de noviembre, la sección 9 presentó una iniciativa para modificar los estatutos (artículos 161 y 216) con el fin de ampliar de tres a seis años el periodo del CEG, y el de los comités seccionales de dos a tres años.
A su vez, F. Gutiérrez, dirigente del Frente Democrático Sindical de la sección 35, y J.L. Nieto y R. Romero Maldonado, del Frente de Solidaridad Sindical 15 de Agosto de la sección 34, todos miembros del MNP, denunciaron que las asambleas para elegir a los delegados a la Convención General Ordinaria, donde se designaría nuevo secretario general, estaban llenas de irregularidades, con planillas ya "cocinadas" y "guaruras" (golpeadores) de SGC que impedían la entrada de los trabajadores a las asambleas sí no contaban de antemano con su voto de apoyo. 150
Durante el mes de diciembre, los mismos representantes del Frente de Solidaridad Sindical 15 de Agosto de la sección 34, denunciaron que en la próxima convención, se iban a cambiar los estatutos para dejar en estado de indefensión a los jubilados, al convertirlos en socios fraternos en vez de socios efectivos. En la misma conferencia de prensa, los representantes informaron que su corriente acordó apoyar la candidatura a la secretaria general del líder del MNP, H. Vázquez.
En los mismos días I. Hernández, del Movimiento Democrático Petrolero de la sección 35, denunció que "el quinista enquistado en el CEG", C. Romero Deschamps, se encontraba en la puja por la secretaría del Interior apoyado por la empresa, la cual impulsaba también a A. Michel, empleada de confianza, para la Tesorería; ésta última, según informó el representante del MDP, tramitaba prestamos pero cobrando como comisión el 30 por ciento del total: si se trataba un préstamo por un millón, ella sólo entregaba al trabajador 700 mil pesos. 151
Un día antes del inicio de la Convención Nacional, el líder del MNP, H. Vázquez Gutiérrez, informó a la prensa que solicitó una audiencia al presidente de la República, al secretario de Trabajo, y al secretario de Gobernación, para presentarles una encuesta levantada entre los trabajadores, donde se demandaba en la próxima elección voto secreto y directo y la no-reelección de SGC; el líder disidente anunció también, que después de instalada la Convención, presentaría su candidatura a la secretaría general del sindicato petrolero. Después de la reunión con los representantes de la prensa nacional, se realizó un mitin de trabajadores petroleros frente a la Torre de Pemex, en donde se dio a conocer la candidatura de H. Vázquez.
Ese mismo día, y por separado, SGC reiteró que se reelegiría "ya que los trabajadores así lo decidieron y no había además otro candidato". Respecto a la oposición a que siguiera al frente del sindicato, consideró que no existía disidencia en el STPRM y que quienes integraban "esos grupúsculos", ni siquiera eran trabajadores petroleros, sino despedidos, jubilados o liquidados que querían sembrar la discordia en la organización. 152
Ante extremas medidas de seguridad y con acceso limitado de asistentes se iniciaron los trabajos de la XX Convención Nacional Ordinaria del sindicato petrolero el 3 de enero de 1992. En el discurso de apertura, SGC se manifestó contra el despilfarro, la malversación y el paternalismo en la organización, y en favor de la modernización de "nuestra principal industria, por seguir apoyando la eficiencia y productividad", afirmando que "desafortunadamente nuestros recursos no son inagotables: son vastos, grandes, pero no infinitos. Nuestra conducta leal y patriótica en beneficio de todos los mexicanos debe ser la de apoyar el aprovechamiento racional y óptimo de esos recursos". Dijo también que "son intereses mezquinos, motivaciones descalificadas, actitudes malsanas, las de aquellos que quieren hacer creer que son los trabajadores o los dirigentes los que están provocando el despido y cese de los obreros sindicalizados", informando a la Convención que únicamente 172 artículos de los 500 de que se componía el CCT, fueron modificados "por que eran muy detallistas", pero "no hemos perdido ni un ápice en nuestros derechos de vacaciones, tiempo extra, tiempo laboral, jubilaciones, servicio médico, u otros derechos torales, por el contrario hemos alcanzado no sólo mejorías salariales, sino recategorizaciones, renivelaciones. Viéndolo con una óptica realista, nuestro sindicato ha entrado a la etapa de la modernidad, a la etapa del cambio de sus conceptos que le dan existencia sin perder ni un ápice de sus derechos".
El máximo líder petrolero concluyó su discurso planteando a los convencionistas que "en aras de la modernización de la industria petrolera mexicana, y para hacer más eficiente a Pemex, los trabajadores estamos dispuestos a hacer el sacrificio de enfrentar la perdida de fuentes de trabajo. El hacerlo no es señal de entreguismo o debilitamiento del sindicato, sino conciencia de que hay que hacer de Pemex una industria competitiva, que sirva a los intereses de la nación", comprometiéndose "a luchar por desterrar vicios, acabar con la corrupción en el sindicato y expulsar a todo aquel que vea al organismo como una oportunidad para salir de pobre".
La XX Convención del STPRM acordó la modificación de diversas cláusulas del estatuto del sindicato con lo que se sancionó, entre otras cosas, la desaparición de la herencia de plazas a familiares de trabajadores jubilados y fallecidos y se dieron de baja como socios activos del sindicato a los despedidos, supernumerarios y comisionados; también se aprobó que los trabajadores transitorios sólo pagarán de cuota 2.5 por ciento de su ingreso en vez de cuatro por ciento, quedando igual a los trabajadores en activo; que los afiliados del sindicato fueran los trabajadores en activo y los jubilados y; la reducción de cuando menos el 25 por ciento de las carteras que conformaban el CEG. Sobre esto último, la prensa informó que los nuevos miembros del CEG calificaron las modificaciones estatutarias como históricas, por lo que se "acallan los rumores mal intencionados en el sentido de que el sindicato aceptaría liquidar a los jubilados". 153
Desde el primer día se informó que "ya no era tiempo de que H. Vázquez pudiera presentar su candidatura a secretario general", por lo que el único candidato registrado era SGC. En el segundo y último día de trabajos de la Convención, SGC rindió protesta como nuevo secretario general por tres años ante el director de Pemex (antes se acostumbraba realizar una visita de cortesía después de la Convención). En su discurso de posesión reafirmó "que no habrá sacrificio que no hagan los petroleros, con tal de que la industria responda a los altos intereses del país"; pidió a F. Rojas que hiciera llegar ese mensaje al presidente y -dirigiéndose al líder del PRI, L.D. Colosio, quién fue el encargado de clausurar la Convención- recalcó que el espíritu de sacrificio de los petroleros era tal, que pese al cierre de la refinería de Azcapotzalco, los trabajadores de la zona votaron por el PRI en las pasadas elecciones legislativas, al igual que en Ciudad Madero, Salamanca, Reynosa, Minatitlán y en todas las zonas petroleras, por lo que "presumimos, con orgullo, que nuestros candidatos priístas triunfaron por amplio margen". 154
Según consideraron representantes de la oposición sindical, SGC aceptó que la empresa le impusiera más del 60 por ciento de los miembros del CEG: A. Michel Triana en la Tesorería, trabajadora de confianza, prestamista y ex-representante de la sección 34; J. Pulido Avendaño en Trabajo; F. Pacheco en Exterior; C. Robles Rendón en Organización y Estadística; C.J. Rivera en el Consejo Nacional de Vigilancia; y C. Romero Deschamps en Interior. De la confianza de SGC solo quedaron P. Pavón Pinales, secretario general suplente, y J.C. Vega, L.A. Lobato y P. Aguirre, asesores en el Consejo de Gobierno del sindicato.
Algo que resaltó en la Convención fue la ausencia de F. Velázquez, quien tradicionalmente asistía a inaugurar o clausurar, y que en esta ocasión declinó presentarse, a pesar de que la dirigencia petrolera lo invitó y esperaba que estuviera. Unos días después trascendió que en la planilla única que se presentaría al 12 Congreso Nacional Ordinario de la CTM, a celebrarse a partir del 25 de febrero, no se contemplaba que el STPRM contara con alguna cartera en el próximo comité ejecutivo de la central, modificándose radicalmente la situación anterior en relación con "La Quina", quien incluso llegó a figurar como uno de los candidatos a suceder a F. Velázquez. 155
Ante su fracaso para poder siquiera registrarse como candidato, el líder del MNP, H. Vázquez, informó que desconocía la reelección de SGC, porque la convención que lo ungió "carecía de toda validez legal y estatuaria", pues no contó con delegados democráticamente elegidos, sino incondicionales del comité saliente, por lo que anunció que solicitaría a la STPS que negara la toma de nota al nuevo CEG encabezado por SGC, afirmando que en caso de que se consumara la reelección por la vía jurídica, se traicionaría "las tesis del presidente Salinas de Gortari con relación a los sindicatos". En entrevista, el líder del MNP acusó al secretario del Interior del STPRM, C. Romero Deschamps, de haber cometido acto de "lesa patria", al ordenar los paros de las refinerías de Tula y Azcapotzalco el 10 de enero de 1989 en defensa de La Quina. A su vez el dirigente del Movimiento de Unificación y Solidaridad Sindical Independencia (MUSSI) de la sección 46, M.A. Machorro Nieves, declaró a la prensa que 28 de las 33 secciones del sindicato petrolero, simpatizaban con el MNP y que "tras la ilegal reelección de SGC, se sumarán otras más". 156
Con gran celeridad, un día después de que se le requirió, la STPS otorgó el reconocimiento al nuevo comité ejecutivo del sindicato petrolero con fecha 10 de enero de 1992. La reportera de La Jornada , A. Becerril, destacó en su reporte que la rapidez con que se otorgó la toma de nota, contrastaba fuertemente con el caso de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), sin dirección desde dos meses antes, debido a que las autoridades aún no decidían sobre el reconocimiento legal. 157
Una vez obtenido el reconocimiento a su reelección por parte de las autoridades laborales, SGC inició una serie de visitas a las diferentes secciones del STPRM. Así, en la sección 36 de Reynosa, dijo que la industria petrolera "sigue siendo la principal palanca de desarrollo en país, va a seguir siendo manejada por el Estado... y va a seguir creciendo más sana, seguramente con menos personal, pero más capacitado, más productivo y más competitivo"; también afirmó que en el sindicato se habían acabado los vicios y corruptelas y que "ahora no estamos en un programa oficial para expandirnos en tiendas, ranchos, industrias o granjas, sino atendiendo lo propio, porque por fortuna esas otras áreas están bien atendidas por el gobierno del presidente Salinas". 158
Después de visitar las secciones 1 en Ciudad Madero y 38 en Salina Cruz, SGC regresó a la ciudad de México para la ceremonia de toma de posesión del nuevo CEG en donde pronunció un discurso afirmando que "pese a los reajustes de personal y a la cancelación de plazas transitorias que han causado irritación o malestar, los trabajadores petroleros no ha perdido de vista que ello se hace en bien de la nación"; también denunció una campaña orquestada para desprestigiar al sindicato petrolero, "la cual no ha hecho mella en el ánimo de los trabajadores porque la actuación del comité saliente es incuestionable", y advirtió que a toda acción desestabilizadora se aplicarían estrictamente los estatutos sindicales, incluso la cláusula de exclusión.
Ante un auditorio lleno de delegados de las 33 secciones del sindicato, planteó que la dirección nacional se proponía "que haya una verdadera atención a los trámites ordinarios y a los problemas particulares de los trabajadores petroleros de todo nuestro sistema", para lo cual "tenemos un CEG que independientemente de su cuerpo de gobierno consta aproximadamente de 300 funcionarios en distintas comisiones"; finalmente SGC refrendó el compromiso de la alianza permanente con el gobierno, " ya que los petroleros, tienen confianza y lealtad al presidente Salinas de Gortari". A la ceremonia tampoco asistió, como era costumbre anteriormente, el líder de la CTM, F. Velázquez. 159
Un día después, el CEG en pleno visitó el local nacional de la CTM, en donde SGC enfatizó "que los mexicanos nunca aceptaremos que se privatice la industria petrolera nacional en beneficio de unos cuantos", declarándose en contra de que el petróleo fuera incluido en las negociaciones del TLC, "en virtud de que la perforación, extracción y comercialización del crudo es de y para los mexicanos". De ahí, los dirigentes petroleros se trasladaron a las oficinas centrales de Pemex para ofrecer el saludo de año nuevo al director de la paraestatal, F. Rojas, y reafirmar su "alianza y apoyo a los programas que impulsa el presidente Salinas de Gortari, así como con los objetivos de modernización, productividad y eficiencia que persigue Pemex". F. Rojas por su parte, exhortó a los trabajadores "a continuar por el camino de la unidad, más no del servilismo, porque en esa medida se incrementará la productividad", ofreciendo que mantendría "la cordialidad y mayor respeto a la independencia y autonomía sindical". 160
En el mes de octubre de 1992, y en momentos en que el sindicato había entrado de lleno al proceso de renovación de las directivas seccionales, SGC informó que no habría reelección en ninguna sección, para no repetir los vicios del "quinismo" y acallar los brotes de inconformidad a algunos disidentes, afirmando que las elecciones serían totalmente democráticas, pues 85 por ciento de las asambleas serían por la vía del escrutinio y del voto directo y que el sindicato había dejado de ser tierra de escándalo, y que ahora era un organismo dedicado exclusivamente al manejo de las relaciones laborales. 161
En el mes de diciembre del mismo año, SGC ofreció una conferencia de prensa en la que -como respuesta a las demandas de devolución de cuotas y exigencia de cuentas de los bienes heredados del quinismo - afirmó que el STPRM destinaba sus recursos al sostenimiento de la organización, así que carecía de posibilidades para devolver cuotas y pagar "militancias" sindicales. SGC aseguró que a su arribo al sindicato las finanzas estaban en "menos de ceros", por lo que eran "acusadores del quinismo , pero no podían ser responsables de esa etapa ante los trabajadores". A la pregunta de si los despidos masivos tenían consecuencias en la militancia priísta de los petroleros, SGC respondió que en las recientes elecciones en Veracruz, el PRI había ganado con amplio margen en poblaciones con fuerte presencia del gremio como Tuxpan, Poza Rica, Naranjos, Cerro Azul, Las Choapas, Agua Dulce, Minatitlán, Coatzacoalcos, Veracruz y Nanchital. Lo mismo sucedió en Huauchinango y San Martín Texmelucan en el estado de Puebla. 162
El 14 de marzo, por primera vez en décadas, parte importante de dirigentes del sindicato inician públicamente un movimiento en contra del secretario nacional del CEG. Ese día los líderes de 14 secciones, demandaron auditoria a todas las secciones y al sindicato nacional, durante el periodo que va de 1989 a 1992, así como informes del patrimonio sindical valuado en más de 200 millones de nuevos pesos tan solo en las 14 secciones consideradas y consistente en más de 100 ranchos, equipos de perforación, explotación y construcción, maquinaria agrícola, las 70 tiendas de consumo, la Central de Abasto del DF, funerarias, fábricas de jabón, de varilla y de ladrillo, que dejaron de ser propiedad del sindicato cuando llego al poder SGC; los líderes denunciaron que cuando tomaron la dirección de sus respectivas secciones recibieron las tesorerías sin fondos y con cuantiosas deudas. Todo esto fue denunciado ante SGC, quien les dijo que "apechuguen y cállense, lo pasado ya pasó, ustedes respondan de aquí en adelante, quienes terminaron la gestión son mis amigos, como lo serán ustedes". Los 14 secretarios generales impugnadores de SGC, y que amenazaron con interponer demandas penales, eran: de la sección 9, Rafael Vivanco; 13, Carlos Michel; 14, Roosevelt Luna; 15, Bernardo Zuñiga; 22, Heberto Sastre; 24, Guillermo Aguilera; 29, Felipe Ovando; 34, Antonio Barajas; 39, Enrique Gutiérrez; 42, Moisés Marín; 44, José del Pilar Cordova; 47, Martín Rueda; y 49, Víctor Compean. 163
La respuesta de SGC a la denuncia fue la destitución inmediata de los líderes la sección 9, R. Vivanco y de la sección 44, J.P. Córdova, enviando en su lugar a A. Blanco y a T. Chagoya, ambos integrantes de la sección 10 de Minatitlán, para administrar el CCT en las secciones y sustituir a los secretarios destituidos. Vivanco y Córdova, denunciaron que la medida era contra los estatutos y para intimidación de los otros secretarios seccionales, a quienes se presionaba para realizar un mitin en el D.F. de apoyo a SGC. En conferencia de prensa, los líderes destituidos informaron que los 14 secretarios se mantenían firmes en anteponer una demanda penal y en exigir la realización de una auditoria a los bienes sindicales; denunciaron también que un rancho de la sección 9, que se encontraba a nombre de José Sosa Martínez, después apareció a nombre de V. Guzmán, hijo de SGC, y que en la sección 44, se detectó un fraude por 30 millones de nuevos pesos; por último anunciaron que demandarían la intervención del presidente de la República. 164
En el mismo mes de marzo, el líder del MNP H. Vázquez, demandó a la STPS no avalar la destitución de los dos dirigentes seccionales y no convertirse en cómplice de los fraudes en el STPRM; pidió también investigar la cuantiosa fortuna del líder nacional petrolero, ya que desde que llegó a la dirección del sindicato en 1989, cobró de 4 a 6 mil millones de viejos pesos a los dirigentes quinistas de segundo y tercer nivel para no denunciar las anomalías encontradas, y en 1991 cobró mil millones a cada secretario que se reeligió. Finalmente anunció que el MNP se daría a la tarea de promover una convención nacional petrolera extraordinaria, donde los trabajadores definieran el destino de su organización y la manera de sanearla.
El 18 de marzo, en la ceremonia en Los Pinos, SGC evade a los reporteros y convoca a una conferencia para el día 24, misma que suspende la noche anterior, argumentando que "no le haría el juego a Hebraicaz Vázquez". Por su parte el líder de la sección 11, R. Hernández, declaró en el complejo petroquímico Morelos, que "se acabó todo, y ahora tenemos que ser honestos y respetuosos de los trabajadores". A su vez el dirigente de la sección 31, F. García Alemán, aseguró que ser líder sindical "ya no es negocio", pues apenas ganaban 2 mil nuevos pesos mensuales; ambos líderes eran acusados por la oposición local (FDSS) de fraude con bienes sindicales. En la sección 1, el presidente del Comité Pro Defensa de Bienes y Derechos Sindicales, A. Narváez Martínez, dijo que SGC envió a la cárcel al secretario electo, N. Villaseñor para poner a su incondicional, el diputado Suarez Mata, y que los bienes de la sección, calculados en 85 millones de nuevos pesos (200 camiones, la Central de Abasto Madero, 4 fábricas de masa y tortilla, restaurante, 2 parques de diversiones en la playa, 40 predios y la funeraria dejaron de pertenecer a la sección), como los de las 36 secciones, calculados en más de 300 millones, "se evaporaron". 165
Según una encuesta realizada por el MNP entre los trabajadores, 75 por ciento de los consultados demandaron la realización de elecciones democráticas, mediante voto secreto, directo y universal. Al dar a conocer los resultados, el líder del MNP, H. Vázquez, denunció el exceso de personal de confianza en Pemex y se manifestó en contra de la reelección de SGC, ya que "no representa los intereses de los trabajadores", además de que ha utilizado la misma maquinaria de La Quina para permanecer en el poder; señaló que los compromisos adquiridos en su toma de posición no habían sido cumplidos, y que sin consultar a la base archivó las auditorias, sin emprender demandas contra los responsables de fraudes en contra del patrimonio sindical; también informó que su organización había dirigido un escrito al presidente de la República, demandándole no nada más capacitación sino más democracia en el sindicato; en el documento denuncian ante el presidente que las viejas demandas de los trabajadores: voto universal y secreto y no reelección, no se habían cumplido. En respuesta a las acusaciones en su contra, SGC declaró a la prensa que "a mi me mando llamar el gobierno para apagar el fuego y reintegrar al sindicato, ya que había desviado el camino", añadiendo que "el sindicato no es corrupto, los corruptos fueron unos cuantos". 166
En los primeros días de mayo el ex-dirigente nacional J. Sosa Martínez, encarcelado el 10 de enero de 1989, fue liberado después de acogerse a los beneficios de la Ley de Normas Mínimas. El que fuera hombre de confianza de La Quina , era recordado por su intervención ante el presidente De la Madrid el 8 de enero de 1986, en la que advirtió que "si se hunde Pemex, por mala administración, nos hundimos todos, usted y el país". En noviembre de 1992 fue puesto también en libertad S. Bolaños, prestanombres de La Quina , después de llegar a un acuerdo con la SHCP, a la que pagó lo correspondiente por evasión de impuestos, delito por el que fue encarcelado. A la fecha todavía quedaban seis petroleros encarcelados con La Quina y Barragán; éste último, sentenciado a siete años de cárcel, tramitaba su liberación por medio de la misma Ley de Normas Mínimas, aunque todavía tenía un proceso pendiente por contrabando de joyas. 167
En respuesta a las acusaciones del MNP, SGC decidió aplicar la cláusula de exclusión a miembros de esa organización en distintas secciones, quienes fueron inmediatamente cesados por la empresa; ante esto, el MNP decidió realizar una huelga de hambre de 5 ayunantes en el costado del Angel de la Independencia a partir del 9 de junio, encabezada por el líder nacional del organismo opositor, H. Vázquez, junto con M.C. Fernández Torres, de la sección 10 de Minatitlán, J. C. García Vizcarra, de la sección 44 en Tabasco, J. E. Vilchis, de la Unidad Petroquímica de Texmelucan, y B. Fuentes García, éste último con 35 años de antiguedad; también se declaró en huelga de hambre en Villahermosa el dirigente local del MNP, R. Drovaillet Patiño.
En conferencia de prensa al iniciarse la huelga de hambre, H. Vázquez informó que fue llamado a Pemex, donde planteó sus demandas que consistían en: 1) alto a los despidos políticos por cláusula de exclusión; 2) alto a la represión; 3) alto a la corrupción de funcionarios sindicales y de la empresa; 4) auditoria externa y acción penal en contra de los dirigentes de la sección 36 de Reynosa: E. Yañez Treviño, N. Ortiz Castro, O. Ochoa Cantú y A. T. Rodríguez Saldívar, quienes fueron impuestos en sustitución de los "quinistas" T. Cano Charles y E. Vela Aguilar; 5) castigo por fraude por 6 mil 800 millones pesos del líder de la sección 46 del complejo petroquímico Independencia en S.M. Texmelucan, R. Castro Lozada (quién tomó posesión el 1 de enero de 1993); 6) castigo por nepotismo, uso privado de los recursos y venta clandestina de gasolina por parte del jefe de personal del Sistema Troncal Ductos Norte, área Monterrey, F. A. Cobos Labastida, y del agente de Trabajo, J. E. López Salazar; 7) castigo por enriquecimiento ilícito del líder de la sección 30 de Poza Rica, Ver., R. Amador; 8) liquidación legal para 25 mil despedidos en Tabasco, Chiapas, Veracruz y Campeche; y 9) respeto a los derechos laborales.
Después de nueve días de huelga de hambre, el 15 de junio el MNP resolvió levantarla después de haber llegado a un acuerdo con representantes de la empresa y del sindicato, mismo que fue firmado en la JFCA; los puntos del arreglo consistieron en: 1) reinstalación de cuatro de los ayunantes; 2) pago de salarios caídos para ayunantes; y 3) jubilación para uno con 90 por ciento del salario ordinario.
En la conferencia de prensa para anunciar lo anterior, H. Vázquez informó también de una encuesta que aplicaba Pemex para determinar, entre otras cosas, lo siguiente: "hombres fuertes" de la sección, periodos de hegemonía; registro de funcionarios seccionales; quién ejercía el mando hasta antes de 1989 y quién fungía como secretario seccional; información sobre los actuales 5 o 6 más importantes dirigentes seccionales, en relación al grado de control sobre las bases, cumplimiento de sus deberes sindicales, perfil de personalidad (inteligente-limitado, corrupto-honesto, formal-incumplido, cordial-agresivo, enérgico-calmado, vanidoso-modesto); los mismos datos para los opositores, más su relación con "partidos y grupos radicales ajenos al interés institucional". 168
5. Conclusiones
El desmantelamiento del contrato colectivo y la política de recorte brutal de la plantilla excedente pudieron realizarse gracias a la subordinación total del sindicato a las directivas gubernamentales. Una vez formalizado el cambio de directiva nacional del STPRM, el gobierno pone en práctica dos orientaciones generales de política sindical: la descentralización y la reconstrucción del sistema de alianzas al interior del sindicato.
La descentralización consistió en primer lugar, en eliminar el papel de la Dirección de Obras Revolucionarias, Sociales y Políticas (cargo creado expresamente para La Quina desde 1979) para la administración centralizada de los recursos obtenidos de los contratistas de Pemex y de las aportaciones pactadas con la empresa, trasladando a las secciones el control sobre contratos, plazas, fondos sindicales, tiendas, ranchos, servicios, y administración de fideicomisos formados con la participación del 10 por ciento de las utilidades de Pemex. Con esto los grupos locales dispusieron de un botín millonario sin ningún tipo de controles centralizados, que provocó enconadas disputas en las secciones, dejando así a la dirección nacional con manos libres para impulsar la política gubernamental para la industria petrolera (despidos masivos, desconcentración en cuatro empresas, privatización progresiva de los servicios de exploración, perforación y plantas petroquímicas).
También se trasladó a las secciones la administración sobre las plazas de trabajo, y que consistió en los siguientes años en la negociación sobre los términos del recorte de personal (no cuantos , que estaba ya definido unilateralmente por la empresa, sino quienes serían despedidos); con esto se impulsó una separación entre los trabajadores de base y los transitorios, y se pretendía también adelantarse a los previsibles conflictos por venir, responsabilizando a las directivas seccionales de mantenerlos en un plano local y que no trascendieran al plano nacional. Finalmente se eliminó el trabajo gratuito en las obras sociales, lo cual no significó una posición altruista en contra de la explotación de trabajadores transitorios en busca de una plaza, sino un intento por zafar al sindicato de toda responsabilidad laboral con ellos en vista de los próximos despidos masivos, expectativa que no se pudo cumplir y el conflicto contra el sindicato fue parte importante de la escalada de 1992.
La descentralización implicó también la desaparición de las comisiones de contratos (contratistas) del CEG y de las secciones, y su sustitución por empresas privadas sin ninguna relación institucional con el sindicato, pero cuyos propietarios eran prominentes líderes sindicales, particularmente Sebastián Guzmán Cabrera, quién en repetidas ocasiones fue denunciado como dueño de la empresa "Proyectos y Construcciones Sociales 18 de Marzo" -creada cuatro meses después de que llegara a la secretaría general del sindicato-, que empezó sus operaciones con un capital autorizado de 20 millones de pesos, y que para finales de 1991 contaba con capacidad de realizar por lo menos unas 100 actividades diferentes relacionadas con la industria petrolera, como construcción y realización de todo tipo de obras civiles en general, estructuras de concreto y estructuras metálicas, mecánicas y eléctricas, compra-venta, suministro de agregados y triturados pétreos, e instalación de plataformas marítimas de perforación, entre otras. También se denunció la existencia de la empresa GIMSA, beneficiaria de contratos de mantenimiento propiedad de José Cabrera, familiar del líder nacional.
Desde el inicio de su gestión al frente del STPRM, Guzmán Cabrera anunció que se realizarían auditorias en la Central de Abastos en Ciudad Madero (desde donde se distribuían productos a todas las secciones), la Comisión Nacional de Contratos, la Dirección Nacional de Obras Sociales y Revolucionarias (granjas, tiendas y diversos negocios) y en las diferentes secciones del sindicato. Hasta donde se pensaba llegar lo demostró la quema "accidental" del archivo jurídico y de la comisión de contratos del STPRM en septiembre de 1989. Los resultados de las auditorias nunca se conocieron, pero fueron utilizados tanto por Guzmán Cabrera, por las corrientes locales opositoras y por los trabajadores despedidos, como una amenaza y una denuncia constante en contra de las directivas seccionales. La única acusación que tuvo consecuencias penales inmediatas, fue la de un grupo de jubilados en contra de la dirección de la sección 1 en Ciudad Madero, último reducto del quinismo en 1991.
La amenaza de hacer valer las consecuencias judiciales de los resultados de las auditorias permitió al CEG controlar las negociaciones en la reestructuración del mando corporativo, ofreciendo como salida política las jubilaciones "voluntarias" y un discreto retiro que les permitiera a los viejos caciques gozar de las riquezas acumuladas a través de años de corruptelas. No todos los caciques lo entendieron así, y hubo por lo menos dos casos (Raúl Alvarez Jiménez en la sección 9 y Francisco "Chico" Balderas en la sección 11) en donde, antes que un retiro pactado, optaron por la drástica vía del suicidio (por lo menos esa fue la versión oficial). Sin embargo estos fueron casos extremos y en la mayor parte de las secciones se llegaron a acuerdos que mantuvieron estable la estructura de control político, no obstante los violentos enfrentamientos por el descontento entre la base trabajadora, particularmente jubilados y despedidos, por la apropiación privada de los beneficios económicos derivados de la venta de los bienes sindicales por parte de las direcciones seccionales.
En la mayoría de los casos las acusaciones se resolvieron por medio de las renuncias y jubilaciones forzosas (y en algunos casos la huida) de aquellos líderes seccionales que no alcanzaron a dar el paso hacia la "política moderna". Hasta julio de 1989 (seis meses después de quinazo) habían sido sustituidos 25 secretarios generales en las 32 secciones del sindicato, sin contar a la nueva sección 49. Las nuevas directivas seccionales recayeron en cuadros sindicales oficialistas provenientes del aparato central o de las negociaciones con los "grupos mayoritarios" locales, casi todos ellos ex-quinistas reconvertidos a la "política moderna" del salinismo.
En casi todos los casos se trató de cambios de fachada, ya que los cargos quedaron en manos de representantes de los grupos que tradicionalmente habían detentado el poder en las secciones. Los caciques u "hombres fuertes", antes alineados a La Quina , sólo cambiaron sus lealtades. Las pocas sustituciones notables se realizaron fundamentalmente en la zona sur y con la intención de desaparecer viejos liderazgos regionales que eventualmente pudieran disputarle la hegemonía a Guzmán Cabrera, como fueron los casos de la sección 22 de Agua Dulce, con Juan Ricárdez Vargas y sus hijos; la sección 26, Las Choapas, con Onésimo Escobar; y la sección 11, Nanchital, con Francisco "Chico" Balderas.
El cambio de lealtades implicó un reacomodo de fuerzas en los distintos niveles (delegación, sección, región, zona) del sistema corporativo sindical petrolero, en donde los grupos se constituyen como agregados o frentes políticos bajo el predominio de "hombres fuertes" o caciques locales que al imponer su autoridad hacia abajo tienen fuerza política para negociar una representación (coalición) mayoritaria hacia arriba, garantizando una relativa estabilidad o equilibrio impuesto. Al ser descabezado el grupo mayoritario y sus equivalentes en las secciones (coalición gobernante), desde el centro se coordinó la promoción anticipada de los cuadros dirigentes medios locales y nacionales, a los que se disciplinó por medio de la ostentación del apoyo estatal al nuevo CEG (intervención militar de las instalaciones, detención violenta de líderes sindicales, vigilancia policíaca en actos electorales).
La construcción de las nuevas coaliciones mayoritarias en las secciones provocó necesariamente rupturas y exclusiones que dieron lugar a enfrentamientos de gran violencia, que requirieron de la intervención de las fuerzas policíacas y militares para pacificar los ánimos, y de las instancias centrales del sindicato para mediar o imponer una solución a las partes, lo cual jugó en favor de la dirección nacional que pudo aprovechar las divisiones para imponer su autoridad, participando en las negociaciones locales y resolviendo en última instancia por medio de la imposición.
La prioridad para el CEG fue impedir que las direcciones seccionales fueran ganadas por coaliciones políticas con un grado considerable de autonomía respecto a la dirección nacional: sobre todo el peligro latente era la posibilidad de una coalición competitiva nacionalmente, apoyada en una amplia movilización de protesta laboral, y basada en la alianza del quinismo, el cardenismo y los grupos de la oposición sindical tradicional.
La dirección nacional se pudo apoyar en sus amplias atribuciones estatutarias conferidas desde la época del predominio quinista, para poder manipular selectivamente las reglas electorales según las condiciones particulares de cada sección, prevaleciendo los procedimientos tradicionales de control de las asambleas electorales mediante la utilización de trabajadores eventuales no sindicalizados, votaciones a mano alzada y por aclamación, o en urnas pero con los datos de identificación de los electores en cada boleta depositada, así como el reconocimiento de las elecciones por parte de representantes del CEG. Sin embargo en la sección 1 se tuvo que aceptar el procedimiento de voto universal y secreto (las urnas fueron custodiadas por el ejercito, que se encontraba en la localidad haciendo lo mismo en las instalaciones petroleras) y la elección y reelección de una dirección quinista disfrazada de salinista hasta su destitución y encarcelamiento por corrupción en 1991.
En octubre de 1990 se realizan elecciones y la efervescencia en el interior de las secciones abría la posibilidad de que las coaliciones opositoras locales se constituyeran en mayoría. Sin embargo el CEG decide unilateralmente adelantar el proceso de diciembre a octubre del mismo año, con lo que se abortó la posibilidad de coaliciones opositoras, lo cual quedó demostrado por la concurrencia de gran número de planillas que fragmentaron la posibilidad del voto opositor mayoritario.
En la mayor parte de las secciones se impone la reelección de los mismos líderes locales que habían sido designados desde la "renovación" de la direcciones seccionales durante los meses posteriores a la detención de La Quina y Barragán Camacho, como fueron los casos, entre otros, de las secciones 1, 9, 24, 25, 33, 35, 36, 38, 44 y 47. En otras secciones se realizó un relevo de líderes oficialistas que ya no gozaban de la confianza del CEG y de la empresa, por medio de maniobras como las acusaciones penales (sección 3), las jubilaciones anticipadas (secciones 11 y 34), la solicitud de renuncia aprovechando movimientos opositores locales (sección 22), o el desconocimiento de la directiva seccional por acusaciones de fraude (sección 46).
La fragmentación de la oposición en las secciones impidió la formación de nuevas mayorías. Los trabajadores se encontraban divididos en grupos por categorías (transitorios, de planta, técnicos y profesionistas, jubilados), afinidades partidarias (PRI, PRD), corrientes sindicales nacionales (MNP, MPI-LC, MDP-CNTD), regionales (Modetra, FDSS) y locales, y personalidades locales que en la mayoría de los casos habían sido excluidas de las nuevas coaliciones dirigentes. La pluralidad de intereses y fuerzas opositoras concurrentes requerían de largas y complicadas negociaciones para la formación de planillas alternativas o de pliegos de demandas comunes, por lo que estos intentos unitarios eran rebasados por la velocidad con la que se desarrollaban los acontecimientos.
Salvo los grupos ligados a corrientes sindicales y políticas nacionales de oposición, la mayor parte de los agrupamientos locales tuvieron una existencia efímera ligada al desenlace de conflictos planteados por demandas muy específicas con relación a los procesos electorales y a la corrupción en el manejo de los bienes sindicales. Aún y cuando estas demandas involucraban al conjunto de los agremiados en las secciones, cada grupo o corriente local decidió marchar por su cuenta, con sus propios ritmos y formas de lucha, por lo que la acción opositora tuvo una eficacia menor.
La división de la oposición y la ausencia de políticas comunes para el sector, permitió que el tejido corporativo armado en torno a los llamados "grupos mayoritarios" en la secciones no se alterara sustancialmente, ni por el proceso de renovación de mandos, ni por la extensión de los conflictos laborales y sindicales en las secciones. Hacia el interior el sindicato permaneció unido, y mantuvo en lo básico las reglas de funcionamiento de la red patrimonial y clientelar tradicional, con algunas restricciones dado el freno a la inversión (en 1993, en algunas secciones de la zona sur los dirigentes se quejaban de que ser funcionario sindical "ya no era negocio"); pero en relación con la empresa y el gobierno el sindicato perdió autonomía, convirtiéndose en un mero apéndice o en una especie de oficialía de partes para asuntos laborales.
Durante el periodo de Guzmán Cabrera se logró debilitar al sindicato, impedir el surgimiento de una oposición fuerte como alternativa real de dirección sindical y se dejó libre el camino para que el gobierno federal pudiera avanzar sin cortapisas en su proyecto de reestructuración de la industria. Aún así el descontento de los trabajadores se manifestó en una generalización de los conflictos que sin embargo, hasta principios de 1992 no lograron trascender el marco seccional. Los trabajadores de base (planta y jubilados) participaron sobre todo en conflictos intersindicales relacionados con la corrupción o la disputa entre los grupos por las direcciones locales. Los técnicos y profesionistas vieron impotentes como se imponía su recategorización a trabajadores de confianza. Los grandes afectados por el drástico recorte de personal, los trabajadores transitorios, desarrollaron importantes movilizaciones que no lograron contar con el apoyo mayoritario de los trabajadores de planta y tampoco construir una coordinación nacional que integrara a las distintas corrientes políticas locales, regionales y nacionales en un liderazgo alternativo capaz de enfrentar la política petrolera y laboral de la administración salinista.
Las grandes movilizaciones de 1992 alarmaron a la burocracia gobernante, por lo que el "liderazgo" de Guzmán Cabrera llegó a su fin, decidiendo aplicarle la misma receta con la que por años amagó a los líderes seccionales. El 14 de marzo de 1993, y en una insólita rebelión, 14 secretarios seccionales demandaron la realización de una auditoria a las secciones y al CEG durante todo el periodo de Guzmán Cabrera, particularmente en cuanto a la venta del patrimonio sindical, informando del inicio de una demanda penal por corrupción. Dos meses y medio después Guzmán Cabrera renunciaba al cargo y aceptaba un nombramiento en el gobierno federal, al mismo tiempo que los 36 secretarios seccionales publicaban en la prensa nacional un desplegado de apoyo unánime a la candidatura de Carlos Romero Deschamps, el nuevo "hombre fuerte". Todo como en los viejos tiempos.
La industria de las marchas
V. Movimientos contra las afectaciones ambientales causadas por Pemex en el sureste mexicano
Los grandes hallazgos de hidrocarburos en la región de Chiapas y Tabasco -anunciados en 1973- y posteriormente en la zona marina de la costa de Campeche y Tabasco –inicio de la perforación en la Sonda de Campeche del pozo Chac 1 en 1976-, en su combinación con las grandes alzas en los precios internacionales del petróleo resultado de la guerra árabe-israelí en octubre de 1973, marcaron el inicio del “auge” petrolero, haciendo posible que las reservas probadas de hidrocarburos en el país pasaran de 3 mil 106 millones de barriles de petróleo crudo en 1973 a 48 mil 084 millones en 1982, y de 10 billones 752 mil millones de pies cúbicos de gas natural a 75 billones 352 mil millones en el mismo período. En el mismo período la producción de crudo casi se cuadruplicó al tiempo que el sureste mexicano concentraba casi el 90 por ciento de la producción nacional de crudo, más del 80 por ciento del gas natural y más del 70 por ciento de los productos petroquímicos. 169
El boom petrolero convierte a Pemex en exportador de crudos y la crisis de 1982 lo sorprende con una exorbitante deuda externa y con megaproyectos de inversión ya emprendidos, sobre todo en la petroquímica básica y secundaria, así como en la construcción y operación de la gigantesca infraestructura (caminos, presas, oleoductos, plantas de perforación y bombeo, plataformas marítimas, etcétera) necesaria para mantener los altos volúmenes de producción. El gobierno hubo de gastar la deuda en los proyectos acordados, mientras que con la sobreproducción de crudos para la exportación pagaba (bajaba) el monto de la misma.
Hasta principios de los años setenta las áreas tradicionales de producción de crudos comprendía los viejos campos casi exhaustos expropiados a los extranjeros o descubiertos por Pemex entre 1938 y 1972: Poza Rica, Ebano, Pánuco, la antigua y la nueva Faja de Oro y su prolongación en el mar, así como algunos campos del sureste como El Plan, Nanchital y el distrito Comalcalco. El boom de los años setenta se ubicó en el área de Reforma en los límites de Chiapas y Tabasco, y en la cuenca del sistema hidrológico del Grijalva, que inició su producción en 1974 y cuyos campos principales eran Samaria, Cunduacán, Huimanguillo y Cárdenas. En 1979 comienza la producción en la Sonda de Campeche, zona marítima frente a las costas de Tabasco y Campeche. 170
De 1974 a 1988 Pemex aumentó su plantilla laboral de alrededor 100 mil empleados en el primer año a 240 mil en el último. En el mismo lapso el número de empleados temporales o transitorios se cuadruplicó al pasar de 32 mil a 130 mil, mientras que el número de empleados permanentes se duplicó al pasar de 50 mil a 97 mil. La mayor parte del explosivo aumento de trabajadores petroleros se dio en la zona sur, en donde solo de 1979 a 1988 se crearon más de 50 mil nuevos empleos. 171
La transformación industrial de los hidrocarburos se siguió realizando fundamentalmente en el sur de Veracruz, en la refinería de Minatitlán y en los grandes complejos petroquímicos de la Cangrejera, Morelos, Cosoleacaque y Pajaritos. Estos últimos en 1991 representaban el 69 por ciento de la capacidad instalada en la petroquímica estatal, mientras que los complejos en Tabasco (La Venta y Ciudad Pemex) y en la frontera con Chiapas (Cactus-Nuevo Pemex) representaban en el mismo año el 3.2 y el 12 por ciento respectivamente, dedicándose fundamentalmente al procesamiento primario. 172
El auge petrolero modificó drásticamente la relación entre los distintos sectores de la actividad económica en las nuevas zonas abiertas a la producción intensiva de hidrocarburos. En 1977 las actividades agropecuarias en Tabasco recibían el 11.79 por ciento de la inversión federal en la entidad, mientras que en 1982 era el 2.2 por ciento. En ese mismo lapso la inversión federal en las actividades industriales aumentaba del 68 al 93 por ciento. En 1982 el sector primario aportaba solamente el cinco por ciento del PIB estatal, mientras que las actividades petroleras representaban el 78 por ciento. 173
Desde 1988 Pemex frena los programas de exploración, perforación y expansión de instalaciones en el sureste del país, despidiendo a más de 50 mil trabajadores, la mayoría transitorios de las empresas contratistas que trabajaron en las obras de construcción de los grandes complejos petroquímicos -el último de los cuales, Morelos, se terminaría de construir en 1991- y de la infraestructura para la extracción, tratamiento y transporte de los hidrocarburos. A finales de 1989 la plantilla laboral se había reducido a 197 mil, y en 1993 se estimaba en 120 mil el total de trabajadores en la industria. Esto significó que de 1988 a 1993 la plantilla laboral se redujo en 120 mil plazas. Desde esos años la mayor parte del esfuerzo de inversión de Pemex se dirige hacia las instalaciones marítimas en el Golfo de Campeche operadas a través de contratos con grandes consorcios multinacionales.
1. Primeras reacciones contra las afectaciones
La rápida expansión de las actividades petroleras y la manera atropellada e irresponsable de realizarse tuvo un alto costo ambiental. Las labores para localizar pozos, abrir caminos y zanjas para tubería y construir edificios de diferentes tamaños, así como los mechones ardiendo todo el día arrojan residuos sobre las casas-habitación, los potreros y pastizales. Las instalaciones industriales producen emisiones de gases que provocan lluvia ácida y los desechos químicos en estado líquido son vertidos casi sin ningún tratamiento biodegradable en lagunas, arroyos y ríos. Tanto las actividades industriales como las de extracción requieren de un gran consumo de agua que proviene tanto de los sistemas hidráulicos a cielo abierto como de grandes perforaciones en el subsuelo. Las grandes obras de infraestructura carretera alteraron los procesos naturales de desagüe y las zonas pantanosas costeras fueron dragadas para abrir vías de paso para introducir equipo petrolero por medio de barcazas. Todas las actividades petroleras realizaron sin tomar en cuenta los problemas de alteración ambiental y las restricciones ecológicas fueron vistas como obstáculos superables para un proceso de desarrollo que se presentaba como inexorable. Los derrames de hidrocarburos producidos por la industria petrolera causan la muerte de los peces, afectando también la situación del ostión, cuya captura en el sistema de lagunas del Carmen, Machona, Tajonal y Mecoacán,, constituye el rubro más importante de la actividad pesquera en Tabasco. Las actividades petroleras causaron graves daños a las condiciones de vida y trabajo en las comunidades de campesinos y pescadores en la región. 174
Las primeras manifestaciones de protesta para obligar a Pemex a reconocer responsabilidad en la devastación ecológica, fueron realizadas en noviembre de 1976 por más de 7 mil campesinos habitantes de 19 ejidos y 11 rancherías en las localidades de Reforma, Juárez, Pichucalco, Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco, quienes constituidos desde septiembre del mismo año como Pacto Ribereño , demandaron a Pemex el pago de 4 mil 123 millones de pesos, monto de las afectaciones reclamadas. El 20 de noviembre fueron bloqueados diversos campos petroleros y tomadas las baterías de recolección y las maquinas compresoras. Dos días después más de 2 mil soldados intervienen las instalaciones deteniendo a 13 campesinos que permanecieron detenidos durante cinco días en el campo militar de Atasta. Un año después, en octubre de 1977, el Pacto Ribereño firma un convenio con Pemex mediante el cual se crea la Comisión Dictaminadora de Reclamaciones del Estado de Tabasco (CODIRET), integrada por Pemex, las secretarías de Patrimonio Industrial y Reforma Agraria, y el Gobierno del Estado, por una parte. Por la otra, de manera extraña, queda excluido el Pacto Ribereño como reclamante y su lugar es ocupado por la Liga de Comunidades Agrarias , la organización más importante en el estado de la Confederación Nacional Campesina (CNC-PRI), que de inmediato inicia las tramitaciones individuales.
Estas medidas no frenaron el uso depredador que Pemex hacía del territorio. En 1978 el presidente municipal de Paraíso denunciaba que la construcción de canales y dársenas del complejo portuario de Dos Bocas había contaminado las lagunas de Arrastradero y Mecoacán, y destruido el 90 por ciento de la fauna ostrícola en las granjas de las cooperativas pesqueras de la región. El año siguiente, campesinos de Jalpa de Méndez bloquean 19 pozos en perforación en protesta por la falta de indemnización por los daños causados, al mismo tiempo que la población ejidal de El Carmen solicita la intervención de la presidencia de la República ante la grave oxidación de los techos de lámina y cercas de alambre, así como la muerte del ganado en la zona.
En enero de 1982 millares de campesinos bloquearon las instalaciones del Complejo Petroquímico de Cactus, en el área industrial de Reforma, paralizando 23 equipos de perforación cuatro de reparación de pozos, nueve baterías cinco estaciones de compresión y dos plantas de inyección de agua, al mismo tiempo que impedían la entrada y salida de personal de Pemex. Ante la presencia amenazante del ejército, el gobierno del estado de Tabasco interviene logrando el retiro de los demandantes con la promesa del próximo pago de las indemnizaciones. En los siguientes meses Pemex realiza pagos por un total de 2 mil 50 millones de pesos, los cuales nunca llegaron a los campesinos afectados, por lo que a finales del mismo 1982 se reanudan las movilizaciones, ahora exigiendo también la renuncia y entrega de cuentas del asesor jurídico, Arturo Acosta Vela. En esos mismos días el presidente del Pacto Ribereño , miembro de la CNC y pastor de la Iglesia Presbiteriana, Eulogio Méndez Pérez, declara que desde el mes de junio anterior había recibido una oferta de siete millones de pesos por ocultar el fraude con las indemnizaciones. No sabemos por qué la tardanza para denunciar el hecho.
Estas soluciones turbias contribuyeron a que las movilizaciones continuaran en ascenso y en marzo de 1983 el dirigente del PRI estatal, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los integrantes del Pacto Ribereño para ofrecerse como mediador. Un mes después cientos de campesinos realizan un plantón impidiendo el acceso a más de 1 mil 400 pozos en exploración y la bomba de agua en el complejo de Dos Bocas, mismo que es violentamente disuelto mediante la intervención del ejercito que detiene a decenas de demandantes, quedando la mayoría de ellos presos durante los siguientes meses. En respuesta a las protestas el gobernador González Pedrero puso en marcha el Programa de Desarrollo de la Costa de Tabasco (PRODECOT) con una aportación inicial de Pemex por 1 mil 12 millones de pesos para frenar el deterioro de la zona. Mientras tanto el Pacto Ribereño -incluyendo a su dirigente Eulogio Méndez Pérez- decide abandonar la CNC y adherirse junto con sus simpatizantes a la Central Independiente de Obreros, Agricultores y Campesinos (CIOAC). En ese momento el Pacto Ribereño agrupaba a unos 10 mil campesinos de 24 ejidos y 13 rancherías de la zona de La Chontalpa. Ese mismo año las demandas por afectaciones en el estado de Tabasco sumaban casi 20 mil (involucrando alrededor de 14 mil hectáreas). 175
2. Participación en las grandes marchas de despedidos a la Ciudad de México
El empleo petrolero representó un alivio para las comunidades de campesinos y pescadores ante las graves afectaciones económicas a las actividades no petroleras, por lo que los despidos masivos iniciados en 1988 provocaron una auténtica situación de crisis económica y política particularmente en el estado de Tabasco, en donde a partir de las candidaturas opositoras de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador se logra poner en marcha una gran movilización social encabezada por el PRD, capaz de brindar apoyos importantes a las distintas protestas sociales en el estado y la región, a partir de una plataforma de defensa de los derechos sociales y políticos, y el combate a la corrupción. La respuesta a las diferentes acciones de protesta era en repetidas ocasiones el uso de la fuerza. En abril de 1989 son reprimidos por la policía ejidatarios indígenas de las comunidades de Oxiacaque, Olcuatitán, Tapotzingo y Tecoluta en el municipio de Nacajuca en Tabasco, quienes apoyados por el PRD demandaban indemnización por los daños provocados por las actividades petroleras en el campo Sen, así como la puesta en marcha de un programa de desarrollo social para los habitantes de las zonas afectadas. 176
En un contexto de movilización social por las afectaciones causadas por las actividades de Pemex, en 1991 se realizaron en Tabasco las elecciones federales y cuatro meses después las locales. En las primeras los operativos de “promoción del voto” y de “ingeniería electoral” permitieron un claro triunfo del partido oficial. En las segundas, el PRD logró contrarrestar los operativos fraudulentos con una extendida labor de vigilancia de los comicios que contó con la participación de distintas organizaciones civiles agrupadas en el Acuerdo Nacional para la Democracia (Acude) y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (Convergencia), quienes aportaron más de 400 observadores electorales, que pudieron documentar resultados favorables a la oposición en los municipios de Cárdenas, Nacajuca, Jalpa, Teapa y Centla. Aún así los cómputos oficiales dieron el triunfo al PRI en todos los municipios, por lo que durante los meses de diciembre de 1991 y enero de 1992, miles de ciudadanos tabasqueños encabezados por López Obrador realizaron una gran marcha de Villahermosa a la ciudad de México denominada Exodo por la Democracia , que logró la anulación de las elecciones en los municipios impugnados y la renuncia del gobernador Salvador Neme Castillo para dar lugar al interinato de Manuel Gurría Ordóñez. 177
En esos mismos meses se comienzan a realizar concentraciones masivas de trabajadores transitorios despedidos que encuentran canales de representación colectiva a través de grupos de abogados ligados a organizaciones como el Movimiento Petrolero Independiente (MPI-LC), el Movimiento Nacional Petrolero MNP, el Movimiento de los Trabajadores (MODETRA) y el Partido de la Revolución Democrática. La falta de respuesta de parte de las autoridades laborales y de la empresa provoca que las concentraciones se conviertan en abiertas movilizaciones que toman la forma de marchas, plantones y tomas violentas de instalaciones. A finales de abril el PRD estatal encabezado por Andrés Manuel López Obrador decide encauzar la protesta por medio de la que se conocería después con el nombre de Marcha por la Dignidad Petrolera hacia el Distrito Federal, que marcaría el inicio de una serie de marchas similares, que en su camino hacia la capital del país durante el resto del año incluirían a distintos grupos de trabajadores despedidos de diferentes secciones, junto con otros grupos de demandantes campesinos, pescadores y pobladores de comunidades afectados por la contaminación producida por las actividades petroleras.
La Marcha por la Dignidad Petrolera entró en la ciudad de México el 13 de junio después de una serie de incidentes que provocaron la división de los contingentes en dos agrupamientos enfrentados entre sí: el Exodo por la Dignidad Petrolera y la Coordinadora Nacional de Trabajadores Despedidos de Pemex (CNTDP). Ambos grupos mantuvieron campamentos y negociaciones separadas, con lo que se debilita la fuerza de la movilización y se logran acuerdos parciales, en el caso del Exodo el 21 de junio de 1992 y la CNTDP cuatro días después. Solo en el primer caso los acuerdos incluyeron una mención general a la reparación de los daños ecológicos provocados por las plantas petroleras. En esos mismos días se inició en Villahermosa una nueva movilización hacia la ciudad de México, ahora denominada Marcha por el Respeto a los Derechos Laborales , formada por más de 2 mil trabajadores despedidos de la zona sur, encabezados por el dirigente del PRD en Tabasco y agrupados en el Frente Democrático de Trabajadores Lázaro Cárdenas (FDT-LC).
El 21 de junio de 1992, al llegar a la ciudad de Cárdenas la Marcha por el Respeto a los Derechos Laborales , iniciada un día antes, se le unieron 120 pescadores de los 1 mil 500 afectados en la laguna Mecoacán por la contaminación causada por los barcos exploratorios de la paraestatal y por lo cual la delegación estatal de la Secretaría de Pesca había decretado una veda de 12 meses en ese sistema de lagunas debido a que realizaría trabajos de restauración ecológica. También se unió otro grupo de pescadores y desconchadores de ostión de las lagunas Machona, Carmen, Tajonal y Mechoacan, que reclamaban a Pemex una indemnización por la contaminación de sus cuerpos de agua. En declaraciones a la prensa del líder del FDT-LC, Omar Jasso García, se informó que representantes de la Secretaría de Gobernación platicaron en el camino con los pescadores de Mecoacán a quienes intentaron convencer de desistir de la marcha a cambio de que el gobierno estatal se hiciera cargo de sus demandas; según Jasso, la respuesta de los pescadores fue que su reclamo debería negociarse junto con el de los trabajadores despedidos. 178
La marcha encabezada por el FDT-LC arribó a la ciudad de México el 31 de julio con un contingente de más de 8 mil trabajadores, campesinos y pescadores, a pesar de que en el camino se habían separado por diferencias políticas más de 500 despedidos de la sección 11 de Nanchital encabezados por el dirigente perredista veracruzano Heriberto López. Una vez en la ciudad de México, los trabajadores agrupados en el FDT-LC decidieron instalarse en plantón en el zócalo capitalino. Durante las negociaciones llevada a cabo mientras el plantón transcurría, se analizaron los casos de los trabajadores ostrícolas y pescadores libres de Cárdenas, Tabasco. También se trató el caso de los campesinos del municipio de Huimanguillo y del ejido Emiliano Zapata en Tabasco, afectados por la retención de aguas en las instalaciones petroleras. Entre los campesinos y pescadores afectados por la contaminación, se encontraban en el plantón representantes de las poblaciones de Sánchez Magallanes, Chiltepec, El Banco, del municipio de Huimanguillo y de la laguna de Mecoacan, así como de los ejidos Emiliano Zapata, Pejelagarto, Paraíso y pescadores del Pacto Rivereño.
En los acuerdos del 6 de septiembre de 1992 que levantaban el plantón de 37 días encabezado por el FDT-LC en el Zócalo de la ciudad de México, Pemex distinguía los siguientes grupos de demandas: a) las reclamaciones de trabajadores ostrícolas y pescadores libres del poblado de Sánchez Magallanes, municipio de Cárdenas, Tabasco, en relación con lo cual la empresa afirmaba haber mostrado a los dirigentes de los reclamantes los convenios firmados con los cooperativistas y los pescadores libres con relación al sistema lagunar El Carmen-Tajonal-Machona, afirmando que los cooperativistas y los desconchadores, estaban recibiendo un salario diario de Pemex para que durante la veda de la captura de ostión se dedicaran a repoblar las lagunas; b) las afectaciones a 14 ejidos del municipio de Huimanguillo, Tabasco, en donde la empresa decía haber mostrado también los convenios suscritos con los comisarios ejidales respectivos para el pago de la indemnización que procediera, de acuerdo con los resultados de los estudios técnicos respectivos, aclarando que la empresa estaba dispuesta a revisar inconformidades en el lugar de los hechos, con la presencia de los interesados y de los representantes del gobierno de Tabasco; c) las reclamaciones del Pacto Ribereño en la zona costera de Tabasco, respecto a lo cual la empresa sostenía que ya había demostrado desde tiempo antes que no era la responsable de la salinización de miles de hectáreas en el municipio de Comalcalco, ya que la apertura de la llamada Boca de Panteones, en la laguna Machonas, se hizo desde 1975 a petición de los mismos pescadores para propiciar el cultivo de ostión, sin que hubiera alguna relación de esto con las actividades petroleras. 179
El 26 de enero de 1993, el jefe del departamento de Información y Relaciones Públicas de la paraestatal, Mario Martínez Rubio, informó que durante 1992 se erogaron 53 millones 581 mil nuevos pesos en el finiquito de 38 mil 191 reclamaciones presentadas por campesinos y pescadores de la zona sur, que comprende el norte de Chiapas, sur de Veracruz y Tabasco. A pesar de los pagos por indemnizaciones y apoyos a programas productivos en las comunidades, durante 1992 habitantes de las mismas cerraron 427 instalaciones en Tabasco, que en conjunto sumaron 1 mil 493 días de inactividad y representaron pérdidas para la empresa por 43 millones 143 mil nuevos pesos. También informó que hasta ese momento se hallaban "en diferentes etapas de solución" 8 mil 799 inconformidades que se analizaban "con equidad y justicia" en estrecha coordinación con diferentes instancias de los gobiernos estatal y federal. 180
3. Escalada y negociación. Bloqueo de instalaciones y cierre de caminos
En tanto se desarrollaban los acontecimientos relativos a las grandes marchas de trabajadores despedidos de Pemex a la ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite el 21 de mayo la recomendación 100/92 para la indemnización por afectaciones derivadas de la actividad petrolera en regiones de cultivos y cuerpos de agua, en razón de la cual se crea la Comisión Interinstitucional para la Atención de la Recomendación 100/92 de la CNDH (CIAR-100), encabezada por Noé Pascasio Rodríguez, quien meses después firma con los demandantes un convenio mediante el cual se instalarían módulos en las comunidades para agilizar los pagos por daños.
Un año después de firmado el convenio, su puesta en práctica avanzaba muy lentamente, por lo que el 27 de julio de 1993, 17 comunidades de la zona costera de Veracruz y Tabasco agrupadas en el Frente de Defensa de Campesinos y Pescadores (FDCP) bloquearon el acceso a los campos petroleros San Ramón, Cinco Presidentes, Rodador y Magallanes, en los que se localizaban más de 400 pozos en producción del distrito de Agua Dulce adscrito a la zona sur con sede en Villahermosa. En declaraciones a la prensa los dirigentes del FDCP, Miguel Rodríguez de la Cruz e Isidoro Martínez Carabeo, reclamaron que el pago por afectaciones se pagara "en efectivo y no en cheques".
Al mismo tiempo ejidatarios y colonos de otras 14 comunidades del municipio de Cárdenas habían decidido bloquear de manera permanente los accesos a las instalaciones de la empresa El Castaño, demandando pago por daños a sus cosechas, así como "un estudio serio" sobre el origen de una serie de temblores ocurridos en la zona desde inicios del año. La abundancia de redes de tubería hacía temer a los habitantes "una explosión similar a la de Guadalajara", según declaró a la prensa el representante de 10 colonias, Marcos Naranjo Estrada. Sobre este último aspecto Pemex emitió un comunicado en el que afirmaba que se habían revisado los dos tramos de vía que cruzaban el municipio sin haberse detectado anomalías.
El día 30 del mismo mes de julio el director de relaciones públicas de Pemex, Mario Martínez Rubio, aseguró que el plantón que realizaban campesinos de Cárdenas desde el pasado día 25, no afectaba de manera directa las actividades de extracción de hidrocarburos. A la misma hora que el funcionario realizaba las anteriores declaraciones, más de 500 campesinos cerraban los caminos a la Unidad Petroquímica de La Venta, Municipio de Huimanguillo, Tabasco, para exigir el pago por afectaciones de acuerdo al convenio CIAR-100 el cual, según el líder del PRD en Cárdenas, Margarito López, abarcaba a 3 mil productores afectados en la región. En el bloqueo de La Venta los representantes Leomedes García Jiménez y Pascual Alor Pérez, afirmaron a la prensa que el vocal ejecutivo de la CIAR/100, Pascasio Rodríguez, había retrasado los pagos, por lo que advirtieron que si en los siguientes días no se regularizaba la situación, los campesinos cerrarían "la batería La Cabaña, donde se localizan 40 pozos en producción". 181
El 5 de agosto se realizó en el palacio de gobierno estatal en Villahermosa una reunión de evaluación y avances de la recomendación 100/92 de la CNDH, donde el responsable de la CIAR-100, Noé Pascasio Domínguez, presentó los avances en los trabajos hasta ese momento, afirmando que los pagos por el concepto de indemnizaciones se estaban haciendo de manera individual a los campesinos afectados para que los recursos llegaran de manera directa sin intermediarios como el PRD, “que solo buscaba utilizar a los campesinos en cuestiones políticas y no defender sus derechos y sus intereses”. Pascasio informó también que hasta ese momento se habían pagado 44 millones 413 mil nuevos pesos a 8 mil 325 productores por daños a 36 mil 213 hectáreas en los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, y se habían concertado también apoyos económicos en tres grandes grupos: uno por 4 millones 457 mil nuevos pesos para reactivar la producción en 1 mil 853 hectáreas propiedad de 2 mil 202 agricultores; otro por 123 millones 542 mil nuevos pesos para 19 mil 585 productores propietarios de 109 mil 994 hectáreas; finalmente y por medio de la Comisión de Avalúos de Bienes e Inmuebles Nacionales y "las comunidades convertidas en contraloría social", se habían acordado pagos por 79 millones 700 mil 432 nuevos pesos a 12 mil 555 productores propietarios de 63 mil 251 hectáreas. En la misma reunión el segundo visitador de la citada Comisión, Luis Raúl González Pérez, afirmó que los gobiernos estatal y federal estaban trabajando en dar cumplimiento a la recomendación 100/92 para resarcir los daños petroleros al campo local. También estuvo presente en el acto el secretario de Gobierno estatal, Enrique Priego Espinoza.
Ese mismo día Pemex informó de una fuga de gas y aceite en el pozo Caparroso 912 en las cercanías del poblado Simón Sarlat, lo que provocó que los líderes de las principales organizaciones empresariales de Tabasco hicieron declaraciones a la prensa pidiendo aplicar "todo el rigor de la ley" en contra de los líderes perredistas que "manipulan a los campesinos tabasqueños" para mantener el bloqueo en contra de las instalaciones petroleras en la entidad. Así, el secretario general de la Unión de Expendedores de Gasolina de la entidad, Gustavo Enrique Zurita González, alertó sobre el posible desabasto e incremento del combustible en la zona sur del país, cuestión en la que coincidieron el representante de las gaseras en el estado, Ramón Magaña Romero, y el líder de los productores de cacao, Antonio Naranjo Cobián. A su vez el presidente de la Junta Coordinadora Empresarial estatal, José Antonio Burelo Hernández, señaló que ya era tiempo de que el PRD utilizara métodos adecuados para hacer valer sus demandas, porqué se había ganado el repudio de la población con los bloqueos y cierres de caminos. El líder del comercio organizado en la entidad, Juan Manuel Dominguez Baeza, acusó al PRD de manipular a los campesinos, mientras que el dirigente nacional de los productores de copra, José Antonio Tejeda García acusaba a los perredistas de "chantajistas y oportunistas". Finalmente el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles, Cesar Raúl Ojeda Zubieta, llamaba a "los partidos que estaban atrás de los bloqueos a solucionar los problemas sin afectar intereses ajenos".
El 16 de agosto del mismo 1993 arribó a la ciudad de México un contingente de más de 100 campesinos y pescadores de Tabasco encabezados por el líder del PRD Andrés Manuel López Obrador, sumándose al plantón que desde el 23 de julio sostenía en el zócalo capitalino otro contingente de cientos de petroleros despedidos agrupados en el Frente Nacional de Trabajadores Ex-Petroleros Desempleados AC (FNTEPDAC). En declaraciones a la prensa, López Obrador afirmó que "llegamos a la ciudad de México sin tener ningún contacto con el dirigente nacional del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, y porque el gobernador Gurría Ordóñez nos dijo que esos asuntos se tienen que ventilar con el gobierno federal". Al cuestionársele que la movilización tenía que ver con su campaña por la gobernatura estatal, contestó que en Tabasco, "por un lado atendemos demandas de los ciudadanos, y por otro nos encargamos de trabajar en la organización social, con miras a las elecciones de 1994". El dirigente perredista explicó que entre sus demandas estaban el pago de 10 millones de nuevos pesos a productores cañeros "como se acordó al término de la zafra", y apoyos para la actividad del cacao que en la entidad "está en crisis y absorbida por firmas extranjeras para la elaboración de chocolate y golosinas".
El 17 de agosto el subsecretario “B” del gobierno de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, anunció un acuerdo con el FDCP por medio del cual los integrantes de 14 comunidades de la costa tabasqueña se comprometieron a transferir una hectárea, de tres que tenían en el programa de recuperación de plantaciones, a otros grupos para que éstos las trabajaran. En el caso de pastizales, serían cinco hectáreas las cedidas. Según López Hernández con eso “quedaba de manifiesto la buena disposición del gobernador” Gurría Ordóñez para solucionar los problemas, con lo cual se levantaba el bloqueo a más de 400 pozos, una petroquímica y varias baterías en la entidad. En el mismo acto, la CIAR-100 "aceptó los acuerdos" anteriores y se comprometió a llevarlos a cabo conforme a su propio programa de trabajo, además de gestionar 3 mil becas para igual número de campesinos participantes en el acuerdo, así como 4 mil acciones de vivienda dirigidas a personas de escasos recursos. Estuvo presente como testigo el diputado federal perredista Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo. Mientras lo anterior sucedía en Villahermosa, en la ciudad de México el secretario de Gobernación del gobierno federal dirigía un llamado a López Obrador para que las demandas del campesinado tabasqueño fueran resueltas por las instancias gubernamentales de la entidad.
El mismo día el coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP) en Tabasco, Octaviano Félix Luciano, aseguró que López Obrador utilizaba a los campesinos para ejercer presión al gobierno y no para resolver sus verdaderos problemas. Agregó que en Tabasco había 49 mil productores de cacao, copra, plataneros y pimenteros y 20 mil petroleros, y "la marcha no llega ni a uno por ciento de tabasqueños". También dijo que en Tabasco si existían problemas agrarios, pero se estaban resolviendo a través del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). Por su parte el líder de la Central Campesina Independiente (CCI) estatal, Remedios Reyes Zapata, afirmó que "los verdaderos líderes campesinos están en Tabasco, y los problemas se resuelven aquí", proponiendo también que las autoridades de Pemex hicieran una investigación similar a la que en ese momento realizaban con los ex-petroleros para demostrar que las reclamaciones ya habían sido pagadas a los campesinos inconformes. 182
No obstante el acuerdo anunciado el 17 de agosto con el FDCP, distintas comunidades campesinas siguieron ejerciendo presión ante la lentitud en la tramitación de los pagos por afectaciones. El 19 de agosto campesinos del ejido Río Moncho bloquearon las instalaciones de Castarrical, donde se ubicaban 94 pozos, ocho de ellos en producción, así como una batería, en demanda de que el organismo del gobierno estatal, Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras (CODEZPET) cumpliera con el compromiso de resarcir los daños provocados por las actividades petroleras en la región de Comalcalco. A su vez los miembros del ejido Lázaro Cárdenas también de Comalcalco, continuaban con el bloqueo de más de 100 pozos ya que, según explicaba el comisario ejidal Cándido Lázaro Izquierdo, la CIAR-100 ofrecía pagarles 1 mil 300 nuevos pesos por hectárea, mientras que los afectados reclamaban 5 mil, "tal y como se establece en el Tabulador de Avalúo de Bienes Nacionales". Finalmente el comisario ejidal de la comunidad El Santuario, del municipio de Cárdenas, Jesús Hernández Córdova, informaba a la prensa que la CIAR-100 había suspendido injustificadamente los pagos a más de 500 campesinos afectados y se negaba a atender a otros 180 ejidatarios, lo que podría provocar que en cualquier momento volvieran a bloquear las instalaciones petroleras de la zona de La Chontalpa. 183
El 2 de septiembre campesinos y pescadores de 36 comunidades de la zona costera de los municipios de Cárdenas y Huimanguillo decidieron secuestrar a 15 empleados de la CIAR-100 reteniéndolos en el consultorio médico de Villa Benito Juárez del municipio de Cárdenas, con la exigencia de que Pemex y el titular de la Comisión, Noé Pascasio Domínguez cumplieran con las minutas acordadas en cuanto a la concertación con las comunidades para el pago de las indemnizaciones. Después de cinco días de retención ninguna autoridad se había presentado a dialogar con los campesinos, en tanto que un grupo de empleados de la CIAR-100 dirigieron un escrito al presidente de la CNDH, Jorge Madrazo Cuellar, donde le solicitaban su intervención a fin de que se garantizaran las garantías individuales de "todas y cada una de las personas que laboraban" en el organismo.
Por su parte la prensa local había difundido que existía una denuncia penal en contra del dirigente perredista Andrés Manuel López Obrador por el secuestro de los empleados. Este dirigente se encontraba en esos días en precampaña por la gobernatura del estado de Tabasco, y en uno de los actos proselitistas se suscitó un enfrentamiento con un grupo de simpatizantes del PRI encabezados por el titular de la CIAR-100, Noé Pascasio, quién (supuestamente en estado de ebriedad) intentó detener a López Obrador con el fin de presionar para la liberación de los empleados del organismo a su cargo secuestrados. El incidente tuvo un saldo de varios golpeados en ambos bandos y daños considerables en el hotel en donde se desarrollaba el acto electoral. Unos días después elementos de la Procuraduría de Justicia estatal, junto con la Dirección de Seguridad Pública rescataron por la fuerza a los empleados retenidos. 184
Unos días después, el 12 de septiembre de 1993, alrededor de 200 pescadores de la cuenca baja del río Coatzacoalcos, integrantes de las uniones de producción pesquera Río Calzadas, Langostino, La Puntilla, Centenario, Miguel Alemán, Altamar, Gavilán de Allende y Trópico de la Rivera, decidieron bloquear por 24 horas los accesos a la Dirección de Pemex-Petroquímica en la ciudad de Coatzacoalcos en demanda de pago de indemnizaciones por daños causados a causa de la contaminación generada por Pemex, creación de fuentes de empleo y descontaminación urgente del río Coatzacoalcos. Ante los acontecimientos el vocero de Pemex en la región, Rafael Marquet Martínez de Escobar, declaró a la prensa que la empresa había entregado a las autoridades estatales y municipales 1 millón de nuevos pesos para integrar un fondo revolvente dentro del "plan piloto creado a instancias del gobernador (de Veracruz) Patricio Chirinos". Por su parte el director de Asuntos Ecológicos del gobierno de Veracruz, Francisco Morossini Cordero, se trasladó al puerto de Coatzacoalcos para informar que las empresas instaladas en la región hacían fuertes inversiones para el tratamiento de sus aguas residuales y que dentro del plan piloto se realizaba la detección de las "artes de pesca" de 12 organizaciones para las cuales Pemex había destinado ya fuertes inversiones. 185
El 24 de enero de 1994 alrededor de 600 personas agrupadas en el Movimiento Democrático del Pueblo (MDP) realizaron un plantón frente al palacio de gobierno estatal en la ciudad de Villahermosa en donde el dirigente opositor Julio César Alvarez Santos reclamó (entre otras demandas de habitantes de comunidades de Macuspana y colonos del fraccionamiento La Selva) “el cumplimento de los acuerdos firmados con representantes de Pemex y el gobierno estatal el pasado 20 de octubre” para pagar indemnizaciones por los daños causados a miles de hectáreas por la lluvia ácida provocada por la contaminación petrolera en la zona de Ciudad Pemex. 186
En vista de que no obtenían ninguna respuesta a sus reclamos, el 17 de febrero los integrantes del MDP decidieron bloquear distintas instalaciones del complejo petroquímico de Ciudad Pemex. El 26 de febrero elementos de Policía Judicial Federal (PJF) intentaron desalojar el helipuerto del complejo petroquímico, donde se enfrentaron a la reacción inmediata de los campesinos que lograron secuestrar a 14 integrantes de la PJF a quienes desarmaron y amarraron a la entrada de las instalaciones, liberándolos posteriormente ante la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Con motivo de estos hechos el mismo día fue detenido el dirigente Julio César Alvarez de los Santos y declarado formalmente preso acusado de privación ilegal de la libertad, ataques a las vías de comunicación, daños en agravio de Pemex y pandillerismo.
La respuesta de los integrantes del MDP fue el fortalecimiento del bloqueo manteniendo retenes que impedían la entrada y salida de vehículos a las instalaciones petroquímicas. El 5 de marzo, cuando intentaba pasar por un retén -escondido con cobertores en el asiento posterior de su automóvil, que era conducido por su esposa a quien acompañaba su pequeño hijo- fue secuestrado por los campesinos demandantes durante 24 horas el ingeniero Antoiné Pine, secretario técnico de la superintendencia y segundo hombre en importancia en el complejo de Ciudad Pemex. El funcionario fue conducido al poblado San Carlos en donde fue liberado y obligado a regresar caminando hasta su casa.
No era el primer empleado de confianza a quien se retenía, pero sí el mas importante, por lo cual el secretario de Gobierno del estado de Tabasco, Enrique Priego Oropeza, fue abordado por la prensa a propósito de los acontecimientos, a lo que contestó que sabía del secuestro, "pero no de los motivos" de éste, ya que la información le había sido proporcionada por el diputado por Macuspana y viejo cacique de la sección 14 del STPRM, Gonzalo Guzmán Vázquez. Aún así dijo que la administración estatal estaba dispuesta a dialogar con los líderes de los campesinos inconformes y con sus asesores del PRD.
El día 11 de marzo, en la sesión del congreso local en la ciudad de Villahermosa, el (único) diputado panista denunció que la población del estado vivía "una terrible psicosis al no poder salir ni realizar sus actividades como ciudadanos libres". Ese mismo día el dirigente del MDP encarcelado, Julio César Alvarez, propuso -vía telefónica desde el penal de Villahermosa a un programa radiofónico- al obispo de Tabasco, Florencio Olvera Ochoa, mediara ante las autoridades para encontrar una solución al conflicto. Entrevistado al respecto el obispo rechazó la invitación por no querer ser ni juez ni protagonista.
Conforme el plantón se alargaba, en la entidad se corrían una serie de rumores destinados a formar una corriente de opinión en contra de la lucha del MDP. Por una parte se afirmaba que "algunos funcionarios de Pemex" se oponían a que las oficinas de Exploración y Producción se instalaran en Tabasco. Por la otra se propalaban versiones de explosiones, fugas de gas, derrames de aceite, etc. provocados por el bloqueo de más de 300 instalaciones a las que, según declaraba el vocero de Pemex, Mario Martínez Rubio, era necesario darles mantenimiento técnico.
El 14 de marzo, cuando se cumplían 37 días de bloqueo, el diputado federal por el PRD, Cuitláhuac Vázquez, declaraba a la prensa que el dirigente de los bloqueos en la zona petrolera de Macuspana, Julio César Alvarez, "la regó y actuó de manera precipitada y fuera de la ley, por lo que va a estar muy difícil sacarlo de la cárcel". Las negociaciones se realizaban entre representantes de Pemex, de la Secretaría de Gobernación, del gobierno del estado y los campesinos representados por legisladores locales del PRD. Las autoridades condicionaban la revisión del caso del dirigente del MDP al levantamiento de los bloqueos, lo que era rechazado por los campesinos. Ese mismo día 14 de marzo la madre y la esposa de Julio César Alvarez anunciaron una próxima marcha y plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno estatal o frente al Centro de Readaptación Social en el que se hallaba recluido el dirigente. 187
Según la percepción gubernamental la combinación de represión y negociaciones con los distintos organismos estatales y federales parecían desactivar las movilizaciones de las comunidades afectadas por las actividades petroleras, aunque por otra parte las protestas de los despedidos en las secciones del sur de Veracruz y del estado de Tabasco crecían en intensidad dando lugar a la intervención de las policías estatales y federales. En la ceremonia de conmemoración del 56 aniversario de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1994, el presidente Salinas y el director de Pemex F. Rojas, felicitaron a los trabajadores de Pemex en Tabasco "por su institucionalidad y reciedumbre" ante las "presiones". En su turno CRD sostuvo que en Tabasco los trabajadores petroleros habían sostenido la producción en medio de "permanentes bloqueos a pozos e instalaciones, de amenazas contra las familias y de secuestros", subrayando que "el clientelismo electoral se disfraza de justas reclamaciones, pero el chantaje y el cinismo sustituyen a la sensatez y al derecho". También aseguró que las liquidaciones masivas de personal habían terminado y "la tranquilidad y seguridad han vuelto a las familias petroleras, (y) los que quedamos, hacemos más que lo que hacíamos en 1990". CRD finalizó su discurso declarando que el sindicato se había democratizado y que solo existían pequeños grupos que con escándalo reclamaban privilegios, como en Tabasco. "Son pocos, pero hacen mucho ruido". 188
Aunque la movilización de las comunidades tendió a decrecer, todavía el 23 de junio de 1994, al mismo tiempo que en Villahermosa trabajadores despedidos se aprestaban a iniciar una nueva marcha hacia la ciudad de México, en el municipio de Macuspana los campesinos del ejido Narciso Mendoza bloquearon la carretera que conduce a la comunidad José Colomo, impidiendo el paso a vehículos de Pemex, en protesta por la falta de cumplimiento del dictamen de la CODEZPET que obligaba a la paraestatal a pagar los daños causados en 453 hectáreas de sus tierras afectadas por la existencia de pozos productores, bodegas y otras instalaciones. 189
Finalmente en el mes de abril de 1997 un grupo de campesinos llevó a cabo un bloqueo en las instalaciones petroleras de la comunidad Gregorio Méndez, del municipio de Cunduacán en Tabasco en protesta por la falta de respuesta de Pemex a sus reclamos de indemnización por los daños causados a las actividades agrícolas de la zona. El bloqueo fue desalojado violentamente por miembros del cuerpo policiaco estatal denominado Base de Operaciones Mixtas (BOM), deteniéndose en el lugar a nueve trabajadores afiliados al Sindicato de Terraceros de la CTM quienes, ajenos a los acontecimientos, esperaban el transporte que los debería conducir al su lugar de trabajo. A pesar de haberse aclarado públicamente el malentendido y haber Pemex presentado un escrito de desistimiento, los trabajadores siguieron detenidos dos meses después, en junio de 1997, según informó a la prensa el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB), Javier Núñez López, al denunciar que la reclusión de los trabajadores en la cárcel estatal era violatoria a las garantías individuales. 190
4. La Península de Atasta y el Proyecto Cantarell
Los registros de comunidades afectadas que las diferentes autoridades estatales, federales y Pemex realizaban para compensar los daños, pronto eran rebasados por la magnitud del desastre causado por las actividades petroleras. En los primeros días de diciembre de 1993 poco más de 800 pescadores y campesinos de las comunidades Dos Bocas, San Antonio Cárdenas, Nuevo Progreso y Atasta en la península de Atasta, iniciaron una marcha que denominaron Exodo por la Dignidad Campechana , en demanda de indemnización por la contaminación generada por Pemex en la zona; permisos para la pesca y comercialización de camaron blanco y siete barbas que se encontraban en veda permanente en la zona ribereña de más de 15 millas; inclusión de estos productores en el Procampo; y cancelación de expedientes penales levantados en contra de algunos de sus dirigentes.
Dos días después de iniciada la movilización funcionarios de la Sedesol, del gobierno de Campeche, del Ayuntamiento de Ciudad del Carmen y de Pemex se reunieron con representantes de los campesinos y pescadores de la península de Atasta, llegándose al acuerdo de continuar la pláticas en la capital del estado con el gobernador Jorge Salomón Aznar. A cambio de esto los demandantes aceptaban regresar a sus lugares de origen, no sin antes advertir que en caso necesario reiniciarían la marcha. 191
En las negociaciones con el gobierno del estado se logró el retiro de las acusaciones penales en contra de los dirigentes del movimiento de la península de Atasta y el acuerdo de que se apoyaría con recursos económicos a distintos proyectos productivos en las comunidades de campesinos y pescadores. Sin embargo el tiempo pasó y los apoyos prometidos nunca se entregaron, por lo que el 1 de marzo de 1994 aproximadamente 1 mil personas provenientes de las comunidades afectadas decidieron instalarse en plantón permanente en la Plaza de la República de la ciudad de Campeche, en donde recibieron múltiples apoyos de distintas organizaciones y comunidades del estado consistentes en el envío de cobertores, alimentos, medicinas y agua purificada.
Ante la movilización la posición del gobierno del estado fue contradictoria, pues mientras el gobernador Jorge Salomón Azar, en visita a la península de Atasta, aseguró que mediante movimientos de presión no se resolvería ningún problema, en la ciudad de Campeche el secretario de Gobierno estatal, Cruz Manuel Alfaro, ofreció que en breve se atenderían todas las demandas. El 7 de marzo alrededor de 1 mil 500 pescadores, campesinos y obreros marcharon por las principales calles de la ciudad de Campeche exigiendo la indemnización a los campesinos y pescadores de Atasta. La columna era encabezada por el diputado federal perredista Cuitláhuac Vázquez e incluía a militantes del Partido del Trabajo y del Partido del Foro Doctrinario. Frente al Palacio de Gobierno los marchistas realizaron un mitin en el que pidieron la renuncia del gobernador Azar, a quien atribuían el retraso en el pago a los afectados por la contaminación de Pemex. Ahí mismo se informó que la paraestatal había ofrecido pagar las indemnizaciones correspondientes en unos días más. 192
Los problemas ambientales en la península de Atasta derivaban de que en la zona marítima limítrofe, conocida como la Sonda de Campeche, se llevaban a cabo las actividades en gran escala para aumentar la producción de crudos, particularmente en el súper yacimiento de Cantarell. Descubierto en 1975 (uno de los yacimientos que lo forman) fue la base por la que se decidió el ingreso (regreso) de México al mercado mundial de crudos. El desplome de los precios internacionales del hidrocarburo en 1982 y la nueva caída en 1986, provocaron una reducción drástica en la inversión para la exploración y expansión de instalaciones, manteniéndose una política de sobreexplotación de los yacimientos en producción. Será hasta 1990, en el contexto de la guerra del Golfo Pérsico, que se reactiven las actividades exploratorias por medio de consorcios multinacionales: de 1991 a 1993 se descubren 38 campos y se perforan alrededor de 50, en el marco de lo que Pemex llamaba “programa de incorporación de nuevas reservas”. Ligado a esto, desde 1990 desembarcan en distintas localidades de la península de Atasta miles de toneladas de tubería y equipo para la puesta en marcha de lo que desde entonces se conoció como el “Proyecto Cantarell”, diseñado para mantener y aumentar los niveles de producción en los campos más importantes del país. 193
La sobreexplotación de los yacimientos quedo evidenciada cuando en 1993 estudios especializados revelaron que Cantarell entraba en franca declinación, ya que no se restablecía la energía natural del yacimiento, lo que dificultaba la extracción del hidrocarburo a pesar de que se calculaba en 35 mil millones de barriles el volumen de petróleo crudo contenido en él. Para el gobierno federal la disyuntiva era mantener el ritmo de producción en la Sonda de Campeche (más de dos terceras partes del total nacional en 1995) para asegurar otras tres décadas con los mismos volúmenes, o apurar la sobreexplotación hasta acabar en pocos años las reservas para obtener una rentabilidad en dólares en el corto plazo.
En 1995 el gobierno federal decide iniciar en Cantarell un gigantesco programa de “recuperación terciaria” sin precedentes en el país, consistente en aumentar artificialmente la presión de los yacimientos por medio de la inyección de nitrógeno para acelerar la extracción, lo que dio lugar a una larga discusión nacional sobre las consecuencias ambientales y productivas de las medidas adoptadas. A pesar de la oposición en contra, el gobierno federal mantuvo su proyecto inicial cortoplacista de elevar la producción del complejo Cantarell, que en los 15 años anteriores era de alrededor de 1 millón de barriles diarios, y que de 1996 al año 2000 aumentó en casi el 70 por ciento, hasta alcanzar en el último año la cifra de 1 millón 700 mil barriles diarios de crudo. 194
Para la realización del proyecto Cantarell, en 1997 la dirección de Pemex, sin consulta pública decidió otorgar al consorcio multinacional ICA – Fluor - Daniel un contrato para construir una planta de nitrógeno en la península de Atasta, planeada para el abastecimiento de los trabajos de perforación y extracción de crudo en el proyecto Cantarell, en el interior de la cual se construirá también una planta eléctrica de 400 megavatios (similar a la futura Mérida III ) para operar el nitrógeno, vendiéndose el excedente a la CFE. También se construiría una planta de compresión de gas en una plataforma marítima a cargo de otro consorcio multinacional formado por Westcoast Energy (45 por ciento), Marubeni (45 por ciento) y Consorcio de Fabricaciones y Construcciones (10 por ciento), con un valor de 375 millones de dólares. Las actividades de construcción se iniciaron sin haberse informado públicamente sobre los impactos sociales y sin haberse notificado a los grupos y comunidades afectadas. Ante las protestas de los ambientalistas por los graves problemas ambientales que se derivarían entre otras causas de la alta contaminación por ozono, la Semarnap convoca de manera precipitada y en un periódico local a una consulta pública en Ciudad del Carmen para ventilar el asunto brevemente en el ámbito local y darle “carpetazo”. 195
En octubre de 1997 se firma el contrato para la construcción de la planta de nitrógeno en Atasta con un consorcio de empresas de seis naciones. La garantía es a 18 años (tres de construcción de la planta y 15 de operación), lapso en el cual Pemex se compromete a consumir una cantidad cercana a 6.6 billones de pies cúbicos (1.2 mil millones de pies cúbicos por día) de nitrógeno para su inyección a Cantarell y otros yacimientos. Si la inyección de nitrógeno no funciona bien en los términos pactados, Pemex tendrá que cubrir con sus ingresos el importe de 15 años de consumo de nitrógeno. La construcción de la nueva planta de nitrógeno costaría 1 mil millones de dólares y se pagarían 3 mil millones más por la compra del nitrógeno durante 15 años. Además existían cargos fijos y variables adicionales por capacidad, operación y mantenimiento, así como otros costos razonables y documentados, todos negociables anualmente, por lo que resultaba imposible saber cual era el costo total, sobre todo porque Pemex no presentaba públicamente el convenio firmado por el consorcio. 196
A pesar de la total discrecionalidad con la que actuaba Pemex, en el ámbito nacional se escuchaban protestas y denuncias a través de organizaciones como Oilwatch , que convoca a jornadas de debate sobre la política petrolera a través de foros regionales en Villahermosa, Campeche y la ciudad de México, con la participación de por lo menos 20 grupos sociales para analizar la labor de Pemex, su funcionamiento político administrativo, proyectos como el de Cantarell y su planta de nitrógeno, así como elaborar un plan de acción para constituir un organismo ciudadano de vigilancia y propuesta de política petrolera. 197
Un nuevo actor en la península de Atasta apareció a fines de abril de 1998, cuando aproximadamente 80 trabajadores integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Terraceros e Irrigadores , bloquearon la recién iniciada construcción de las instalaciones para la planta de nitrógeno y la recompresora de gas, exigiendo la firma de un contrato colectivo de trabajo, según informó a la prensa el dirigente local del gremio, José Luis Cruz Bolainas. Unos días después los trabajadores lograban el establecimiento de relaciones contractuales entre el Sindicato Nacional de Terraceros y el consorcio ICA – Fluor - Daniel encargado de la construcción de lo que, según Pemex, sería la planta más importante en el mundo en su tipo. 198
El 30 de septiembre del mismo año se lleva a cabo la audiencia pública convocada por la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados sobre la inyección de nitrógeno al yacimiento de Cantarell. En ella los funcionarios y especialistas cercanos a Pemex defienden su posición frente a las críticas del Grupo Ingenieros Pemex Constitución de 1917, de la organización Oilwatch-Movimiento de Campesinos y Pescadores de la península de Atasta y otros especialistas e interesados. Ahí se plantea la propuesta de formar un comité colegiado de alto nivel profesional para elaborar un dictamen sobre el diferendo. El macroproyecto de planta de nitrógeno para Cantarell afecta el Area Protegida de Flora y Fauna de la Laguna de Términos, existiendo también el proyecto Granja Camaronícola Acua-Eco para construir grandes estanques y aprovechar la arena del área protegida para la obra civil de la planta, al mismo tiempo que se atenúa la oposición de las comunidades al proyecto de nitrógeno. A principios de 1999 el costo del proyecto Cantarell se elevaba a 15 mil millones de dólares, de los cuales ya se habían ejercido cerca de cinco mil millones. 199
Más de un año después 120 trabajadores que laboraban en la construcción de la planta de nitrógeno en la península de Atasta, realizaban plantones y bloqueos en los accesos de las instalaciones durante los días 13 y 14 de enero del 2000, en demanda de aumento salarial del 10 por ciento, reducción de la jornada de trabajo (que era de 10, 12 y más horas diarias), pago oportuno del tiempo extra, pago por tabulador de categoría y la renuncia del dirigente sindical Bernardo Cupil Galmiche. Desde el inicio de las actividades de construcción tanto habitantes de la zona (en contra de la contaminación en terrenos u zonas lacustres) como trabajadores de la planta (por firma de contrato colectivo y otras demandas salariales) habían realizado distintos bloqueos que en total sumaban 36 días en alrededor de dos años de que se iniciaran las actividades en Atasta. 200
A principios del mes de junio del mismo año 2000 alrededor de 1 mil 200 trabajadores de las obras de construcción de la planta de nitrógeno en la península de Atasta, realizaron un plantón frente a las oficinas de ICA Construcciones Pesadas en Ciudad del Carmen, en reclamo de pago del reparto de utilidades. Cuando se realizaba el acto de protesta, llegaron al lugar decenas de policías municipales al mando del director Julio Vázquez Moreno quien, por instrucciones del alcalde Luis Alberto Fuentes Mena, ordenó arremeter con lujo de violencia, disparos de armas y gases lacrimógenos en contra de los manifestantes, deteniendo a nueve de ellos quienes fueron golpeados antes de ser encarcelados. Al lugar en donde se encontraban los trabajadores detenidos llegó una comisión de cuatro de sus compañeros, los cuales fueron también detenidos, por lo cual los trabajadores decidieron secuestrar a los representantes de ICA, Flavio Torres Osorio y Jesús Benítez, hasta en tanto los trabajadores no fueran excarcelados, lo cual sucedió horas después. Sin embargo, según informó el dirigente de los inconformes, Luis Ramón Peralta May, las demandas que originaron el conflicto continuaban sin resolverse. 201
5. Otros sectores sociales afectados
De entre los grupos de campesinos movilizados en contra de las afectaciones ambientales cabe destacar a las comunidades chontales en el estado de Tabasco, que el 4 de julio de 1994 decidieron instalar un plantón permanente con 364 reclamantes en la Plaza de Armas de Villahermosa, para que Pemex los indemnizara por las afectaciones en el sistema lagunar de la zona indígena del municipio de Nacajuca, así como en cientos de hectáreas de cultivo. Según informó a la prensa el dirigente de los chontales, José Antonio de la Cruz, existían tres dictámenes sobre la contaminación de los cuerpos de agua y parcelas emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFECA), la CODEZPET y "técnicos de varias dependencias estatales", no obstante lo cual Pemex se negaba a pagar las afectaciones. El plantón se realizaba junto con colonos y taxistas agrupados en el Movimiento Urbano Popular (MUP), organización lidereada por el diputado federal perredista, Cuitláhuac Vázquez Hidalgo. El día 5 de julio los campesinos chontales realizan un acto frente a las oficinas de Pemex en Villahermosa. 202
La respuesta a las movilizaciones indígenas fue nula, por lo que el 18 de febrero de 1996 se publicó una carta a la redacción en la prensa nacional firmada por el presidente y el vicepresidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López e Ismael López Garcés, respectivamente, en la que denuncian que Pemex se había negado hasta esa fecha a pagar los daños ecológicos causados a los indígenas chontales en Tabasco, negándose a instalar medidas que eviten el deterioro ambiental. Tres días después el dirigente del MNP, Hebraicaz Vázquez, informó a la prensa que en una entrevista con el secretario privado del subsecretario de Gobierno, se sugirió la posibilidad de buscar "una negociación paralela" a la mesa de Tabasco para las demandas de los campesinos chontales. 203
Parte importante de los daños causados por Pemex tenían que ver con las actividades de las cooperativas pesqueras que tradicionalmente habían realizado sus labores en las zonas correspondientes a las costas de Tabasco y Campeche, que como hemos visto, se habían convertido en las principales áreas productoras del país. Es por esto que desde el 7 de septiembre de 1994 alrededor de 1 mil pescadores tabasqueños se instalan en un plantón -que duraría casi dos meses- frente al Palacio de Gobierno estatal en Villahermosa en demanda de pago de indemnizaciones y otros adeudos pendientes. 204
En el mes de mayo de 1997 los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CNIP) y la Federación de Cooperativas Camaroneras de los puertos de Campeche y Ciudad del Carmen, exigían a Pemex la apertura de la zona restringida para la pesca de camarón y que “dejara de utilizar al Golfo de México como su basurero particular”, debido a la creciente contaminación que acababa con las especies marinas. Otras organizaciones civiles de Campeche se unieron a la protesta acusando al gobierno estatal de “tibieza” por no exigir a la paraestatal una participación económica justa, ya que mientras la entidad aportaba el 74 por ciento de la producción nacional de hidrocarburos (1 millón 800 mil barriles diarios), de esa riqueza solo regresarían al estado de Campeche 95 millones de pesos durante 1997. 205
Más de dos años después, durante el mes de enero del año 2000, alrededor de 300 embarcaciones camaroneras se declararon durante varios días en paro y “plantón” en el puerto de Campeche, en protesta por el aumento en el precio del diesel marino, logrando que la SHCP y el nuevo director de Pemex, Rogelio Montemayor, intervinieran para bajar el precio de 2.89 pesos el litro a 1.85. El presidente de la CNIP, Agapito Cevallos Fuentes, al informar lo anterior, también dijo que se preveía la firma de un convenio con Pemex para evitar alzas posteriores. Sin embargo los acuerdos con Pemex no se cumplieron y a mediados de febrero el dirigente local de la CNIP, Calán Can, reportaba a la prensa que 240 de 300 barcos que componían la flota camaronera de los puertos de Ciudad del Carmen y Campeche habían paralizado sus actividades por incosteables. 206
Las fuentes de las afectaciones a las actividades productivas no petroleras, así como a la flora, fauna y población humana, no las constituían solamente las labores regulares de Pemex, sino también -y cada vez en mayor medida- los accidentes provocados por las restricciones presupuestales a las labores de mantenimiento y renovación de las instalaciones de operación. A finales de agosto de 1993 el delegado de la PGR en el estado de Campeche, Jorge Ortega Rosado, reportó el derrame de 70 mil litros de combustóleo depositados en un carro-tanque ferrocarrilero sobre el canal de desagüe Río de San Francisco en la ciudad de Campeche, causando serios daños ecológicos en la bahía aledaña. El delegado informó también que rendirían declaración sobre los hechos trabajadores de Pemex y de Ferrocarriles Nacionales. 207
La medianoche del 16 de febrero de 1995 se registró una serie de explosiones en los ductos de Pemex que afectaron viviendas de cinco comunidades aledañas a Plátano y Cacao en Tabasco. A las reclamaciones de los campesinos afectados Pemex no hizo ningún caso, por lo que más de un mes después del accidente, a partir del 25 de abril, realizaron durante tres días consecutivos un bloqueo en los accesos carreteros por Tabasco que impidió el paso a tres mil trabajadores de las refinerías de Cactus y Nuevo Pemex en Reforma, Chiapas. A raíz de esto logran entrevistarse con el secretario de Gobierno estatal, José Manuel Tellaechhe Bosch, quién les propuso pagarles 1 mil 500 pesos por la afectación de las viviendas, lo que fue rechazado por los afectados quienes amenazaron con cerrar el puente de Boca de Limón, que era el último lugar de acceso hacia las instalaciones de Pemex. 208
En un comunicado de prensa el 13 de noviembre de 1996, el director de Pemex A. Lajous, informó la rescisión de contrato al ingeniero de seguridad de las instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible en "La Encantada", Zacatecas, Eliut Galván Saldivar, a quién se acusaba de la fuga de hidrocarburo por los drenajes municipales el día 22 de octubre pasado, que estuvo a punto de convertirse en explosión en un área con 20 mil habitantes asentados. Según Lajous el asunto quedó controlado y se construiría una planta en el municipio de Guadalupe de la misma entidad. 209
En el mes de julio de 1997 se reportaron nuevos accidentes en las instalaciones petroleras. Por una parte un obrero murió al caer de un tanque de almacenamiento que surtía de gasolina al buque Nuevo Pemex III en la terminal de Pajaritos en Coatzacoalcos. También se supo de una fuga de 62 mil 800 litros de aceite (400 barriles) al reventar el cabezal de una válvula en la estación de rebombeo de Nuevo Teapa, Ver., principal centro distribuidor de crudo en el país; aunque el aceite se escurrió a un canal de aguas negras, la empresa informó que se recuperó el 80 por ciento y que no hubo daños al medio ambiente. 210
En abril de 1998, Pemex informó de un derrame de aceite de crudo en la ranchería Zaragoza, municipio de Comalcalco, Tabasco, que afectó a 15 mil metros de terreno. Según la empresa, el accidente se debió al robo de tubería en el oleoducto Castarrical-Tupilco. 211 En ese mismo año se atribuyen varios accidentes graves ocurridos en las instalaciones de Cactus, Ixhuatepec y otras, a deficiencias en las válvulas. Pocos meses ante la Asociación Mexicana de Válvulas denunció la venta a Pemex de válvulas usadas y reconstruidas como nuevas, así como diversas irregularidades en los concursos para la importación de válvulas chinas mediante triangulación a través de EUA. Anteriormente los trabajadores recuperaban las piezas y las reparaban en los talleres especializados de Pemex, sin embargo en los últimos años los trabajadores no tenían permiso para realizar estas tareas. 212
Junto con los accidentes, otra fuente de afectación ambiental tenía que ver con la corrupción existente en la industria, la cual era difícil de documentar por la falta de información pública de las actividades de la empresa y el secreto con el que se realizaban los convenios con las distintas empresas y consorcios contratistas. Sin embargo en el mes de enero del 2000 la organización defensora del medio ambiente Greenpeace denunció el fraude cometido por el grupo empresarial Urbis, dirigido por José Francisco Reyna Ulloa, quien cobró a Pemex más de 3 millones 800 mil pesos por el presunto tratamiento de 12 mil 933 toneladas de material contaminado que la paraestatal arrojó en 1998 a la represa Felipe Berriozábal, en el municipio de Ixhuatlán del Sureste en el estado de Veracruz. la empresa contratista solo revolvió los residuos de petróleo con la tierra con el fin de esconderlos, sin realizar la limpieza para la que fue contratada. Ante las denuncias de los pobladores de la zona, el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles realizó una investigación al respecto demostrándose que Urbis (fundada poco antes de obtener este contrato con Pemex) no cumplió con el tratamiento de los residuos ni con la restauración del suelo, al mismo tiempo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tampoco ejerció su tarea de monitorear el proceso de limpieza y restauración, recomendándose una serie de medidas entre las que destacaban la realización de una auditoria ambiental con un equipo interdisciplinario y la intervención de una empresa altamente calificada para reparar los daños causados y prevenir posibles accidentes; evitar más sitios clandestinos de deposición que alteren el medio ambiente y la salud humana, así como tomar muestras de relleno de la fosa de Felipe Berriozábal para comprobar si efectivamente fueron removidos los residuos de hidrocarburos y otros contaminantes, y en caso de que el material no cumpliera con los máximos permisibles, se llevaran a un confinamiento controlado. Otra recomendación era realizar un estudio epidemiológico entre la población, así como en flora y fauna terrestre y acuática. 213
Las afectaciones a la población no solo tenían que ver con la contaminación de los cuerpos de agua y los territorios agrícolas, sino también con las condiciones en las que los trabajadores empleados por Pemex realizaban sus labores cotidianas. En el mes de abril de 1997 se difundió en la prensa una denuncia de la organización ecologista Greenpeace sobre la situación de los “chaperos”, que eran campesinos que trabajan en el desasolve de lagunas y pantanos retirando chapopote acumulado por la actividad de Pemex, muchos de ellos menores de edad, quienes se lavan el cuerpo con gasolina diesel a riesgo de provocarse enfermedades cancerígenas. En conferencia de prensa el director de la región sur de Pemex Exploración y Producción, Ricardo Palacios Calva, se deslindó de la actividad de los chaperos, argumentando que ellos trabajaban para empresas contratistas (sin especificarlas), aunque apuntó que tomaba nota del asunto y comunicaría a las empresas “el exhorto a no contratar menores de edad”. 214
Las consecuencias de la contaminación ambiental provocada por Pemex en los núcleos poblacionales del sureste mexicano es algo sobre lo que se tiene poca información por la falta de estudios especializados al respecto Sin embargo poco a poco diversas organizaciones académicas, profesionales, religiosas, político-sociales, no gubernamentales, etcétera, se encuentran documentando los hechos, aún en contra del deliberado ocultamiento de éstos por la parte oficial. En un estudio presentado en septiembre de 1999 por especialistas de la Universidad Juárez de Tabasco, se señalaba que de 1985 a 1994 se habían detectado 183 casos de leucemia infantil en los 13 municipios petroleros del estado y únicamente 10 casos en los cuatro municipios restantes, por lo cual concluían que el aumento de la enfermedad estaba directamente relacionado con las actividades petroleras. Los resultados del estudio se presentaron en un foro organizado por la Cámara de Diputados estatal, en donde se encontraba presente el director de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Tabasco, Gustavo Oláiz. Entrevistado al final del acto, el funcionario afirmó que se estudiaría el asunto, pero manifestó escepticismo de que los hidrocarburos fueran los únicos factores causantes de la leucemia, ya que se deberían incluir más elementos para su estudio como el uso de los agroquímicos. En el mismo evento se encontraba el director para México de Greenpeace , Alejandro Calvillo, quien dijo a su vez que existían muchos estudios que demostraban que la presencia del cáncer estaba relacionada con los hidrocarburos, por lo que se trataba de resultados sistemáticos que no deberían descartarse. 215
6. Conclusiones
La explosión petrolera en el sureste mexicano alteró drásticamente las relaciones económicas y políticas locales en una región de fuerte actividad agropecuaria y ganadera, y que hasta antes del auge tenía un mínimo desarrollo industrial, salvo el enclave petrolero de la zona Minatitlán-Coatzacoalcos. La construcción de la infraestructura para los campos productores y los complejos industriales en el área de Reforma y en la cuenca del Grijalva a partir de 1974, y de la costa de Tabasco-Campeche a partir de 1979, provocó un incremento de la inmigración por el gran crecimiento del empleo petrolero (para 1980 se calculaba que los empleos petroleros en el estado de Tabasco eran ocupados en un 59 por ciento por trabajadores provenientes de otros estados y solo el 41 por ciento por trabajadores de la entidad) y de las actividades comerciales y de servicios en los nuevos polos de desarrollo. Sin tomar en cuenta el entorno comunitario y ambiental la gran derrama de inversión dio lugar a una urbanización arbitraria, promotora de la especulación, la corrupción y los buenos negocios de las oligarquías locales, asociadas al poder político y beneficiarias del proceso de privatización del sector paraestatal de la economía
Los grandes afectados del boom fueron los pequeños productores integrantes de las comunidades, ejidos y cooperativas que de un momento a otro fueron protagonistas impotentes de la drástica caída de las actividades agrícolas y pesqueras como resultado de la afectación del territorio por las instalaciones de explotación. Las afectaciones más importantes las podemos agrupar, por una parte, en las que se refieren a las afectaciones a las tierras de cultivo, que incluyen los derrames de petróleo crudo, sal, aceite libre y emulsiones por deficiencias en los sistemas de mantenimiento de pozos y ductos, así como los efluentes de las plantas deshidratadoras y desaladoras; también el mal manejo de sustancias químicas abandonadas en los campos y esparcidas por las lluvias, la contaminación atmosférica por quema de gas tanto en separadores y compresores como en quemadores o “mechones”, así como la inundación de tierras de cultivo y pastizales provocadas por la construcción de caminos de acceso. Por otra parte, en lo que se refiere a las actividades pesqueras, destaca la destrucción de bancos naturales de ostión a causa de obras de dragado en los cuerpos de agua, así como los daños provocados por la destrucción de barreras naturales en los sistemas lagunares.
Dos años después de iniciadas las actividades de extracción de crudos en la zona de Reforma y la cuenca del Grijalva, se constituye el Pacto Ribereño con el objetivo expreso de concentrar las reclamaciones por afectaciones, pactándose en 1977 la formación de una comisión estatal (CODIRET) que logra frenar la protesta a través de la tramitación individual de las indemnizaciones. Otro aspecto que ayuda a reducir el descontento es la absorción de fuerza de trabajo realizada por las actividades de construcción de la infraestructura. Finalmente también juega un papel importante la coptación de los liderazgos sociales beneficiados por la vía de la corrupción de la derrama económica en “los años de la abundancia”.
Sin embargo Pemex y el gobierno federal y estatal mantienen su actitud de no reconocer responsabilidad en el respeto al equilibrio ecológico y poblacional. Esto, junto con el inicio de las actividades en la costa de Tabasco-Campeche, provoca que a principios de los años ochenta la movilización social se reactive incluyendo un nuevo tipo de acciones: los bloqueos a las instalaciones y a los caminos. La respuesta gubernamental es una combinación del uso de la fuerza y de la negociación a través de la formación de un nuevo organismo estatal (PRODECOT) encargado de las tramitaciones individuales, por lo que de nueva cuenta se logra desactivar la protesta social. Cabe destacar que es al calor de estos acontecimientos que se comienza a construir un fuerte liderazgo local encabezado por el entonces dirigente estatal del partido oficial, Andrés Manuel López Obrador, quien ante el cambio de los vientos políticos resultado de la renuncia del gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, poco a poco se orienta por una estrategia de amplia movilización social con una fuerte base de apoyo formada por las comunidades afectadas por las actividades petroleras.
Las jornadas electorales federales y locales de 1988 son marcadas por la coincidencia de dos procesos: por una parte, la consolidación del liderazgo político de López Obrador y la formación de la corriente democrática y la candidatura nacional de Cárdenas; por la otra, el inicio de los despidos masivos resultado de la restricción presupuestal, por lo que el descontento se incrementa dando lugar a las grandes marchas de trabajadores despedidos de Pemex a la ciudad de México, que en oleadas sucesivas continuarían fluyendo masivamente por lo menos durante tres años más. Desde las primeras negociaciones entabladas con el gobierno federal en 1992 la agenda ambiental es planteada por los demandantes y desestimada por Pemex, por lo que se recurre a la CNDH quien emite una “recomendación” que da lugar a la formación de una nueva comisión intergubernamental (CIAR-100) que instala módulos en las comunidades para la tramitación individual de las afectaciones.
Sin embargo la magnitud de los daños, así como el manejo político de la asignación de indemnizaciones provoca una escalada de la protesta contra las afectaciones ambientales a partir de la confluencia con los dos procesos señalados: por una parte, el conflicto planteado por los agrupamientos de miles de trabajadores despedidos de Pemex y cuyas principales armas de lucha fueron las grandes movilizaciones a la ciudad de México; por la otra el movimiento cívico-político encabezado por el PRD que en las elecciones estatales de 1991 logró enfrentar el derroche de recursos de acarreo y corrupción de la maquinaria oficial logrando la anulación de las elecciones en los municipios impugnados y su sustitución por comités municipales pluripartidistas, así como la caída del gobernador y su sustitución por un interino.
Al encontrarse con la cerrazón y manipulación gubernamental, las protestas en contra de las afectaciones ambientales aumentan su drasticidad yendo del bloqueo de instalaciones y el cierre de caminos al secuestro de funcionarios de Pemex, de empleados de los organismos gubernamentales encargados de la tramitación de las indemnizaciones y –el caso extremo- la detención y desarme de policías judiciales federales. La respuesta gubernamental fue el desalojo violento de los bloqueos y el encarcelamiento de algunos de los dirigentes visibles, así como el descongelamiento de recursos para el pago de las indemnizaciones individuales. También por primera vez aparecen como actores en el conflicto las organizaciones sociales y empresariales oficialistas llevando a cabo una campaña de denuncia pública en contra de la protesta social, acusando a sus promotores -y en particular al PRD- de provocar el caos económico en la región. Estas acciones, junto con la progresiva división y enfrentamiento entre los liderazgos del PRD, dieron por resultado el agotamiento de la etapa álgida de la movilización en la zona de Reforma y la cuenca del Grijalva.
En estos mismos años y a raíz de la coyuntura abierta por la guerra de Irak en 1990, el gobierno federal toma la decisión estratégica de frenar la exploración y apertura de nuevos campos productivos para centrar todo el esfuerzo de inversión en la sobreexplotación de los campos existentes en el sureste del país, particularmente en lo que desde entonces se conoció como el “mega proyecto” Cantarell, para lo cual se establecen convenios con distintos consorcios multinacionales capaces de concentrar la tecnología y los recursos de inversión necesarios para la expansión de las instalaciones en la plataforma marítima de la Sonda de Campeche. A partir de 1995 se inicia un gigantesco programa para aumentar artificialmente la presión de los yacimientos exhaustos por medio de la inyección de nitrógeno, programa que provoca una gran oposición nacional por las consecuencias y peligros de centrar todo el esfuerzo productivo en agotar en el corto plazo las reservas de hidrocarburo, con el fin de obtener rápidamente las divisas necesarias para el pago de los compromisos derivados del pago de la deuda externa y del rescate financiero. Es en la discusión del proyecto Cantarell en donde más lejos se llega en la posibilidad de construir una propuesta alternativa a la gubernamental que integre en una sola plataforma de lucha tanto la reorientación de las líneas estratégicas de la producción petrolera con la solución de los problemas derivados de las afectaciones ambientales y las afectaciones al trabajo bajo la premisa de una vigilancia ciudadana de las actividades de Pemex.
La política ambiental de Pemex solo puede calificarse de depredadora, ya que atropelló el entramado poblacional y ecológico de las zonas productoras y el territorio circundante, haciendo un uso intensivo de la capacidad instalada hasta agotar en el corto plazo los recursos naturales hidrocarburos y del medio biofísico, esto es, recursos estratégicos no renovables. Para la administración gubernamental el alto costo humano y ambiental de la política de venta de los recursos petroleros para su conversión inmediata en dólares, simplemente significó una ventaja comparativa en la negociación global, dando por sentado que la protesta social podía ser controlada a través de la política del garrote y la negociación clientelar.
VI. Las grandes movilizaciones de los transitorios despedidos
Las primeras acciones organizadas de los trabajadores transitorios al servicio de Pemex las encontramos a principios de los años sesenta, cuando se desarrolla un movimiento de sindicalización independiente por medio del Sindicato Nacional de Industria de Trabajadores Petroleros Transitorios, que fue fundado en 1945 y que sobrevivió marginalmente hasta que a partir de 1962 aumenta rápidamente su membresía, al grado de que el STPRM solicita la cancelación de su registro, lo que concede la JFCA en 1965. Ese mismo año el STPRM decide ampliar el registro de la categoría sindical de miembros "supernumerarios" a 5 mil transitorios más. Se calculaba que para ese momento el número de transitorios en la industria petrolera rebasaba los 30 mil. Dos años después, en 1967, se lleva a cabo otro movimiento por la sindicalización y la obtención de plazas definitivas para los trabajadores transitorios, en torno al cual cientos de transitorios de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Chiapas, acompañados de mujeres, niños y simpatizantes, realizaron una marcha hacia la ciudad de México con el fin de presionar a las autoridades para la solución del problema. Una vez instalada en el zócalo de la capital del país, la marcha fue disuelta violentamente por la intervención del ejercito, siendo detenidos sus dirigentes y acusados de fraude y amenazas, por lo cual permanecieron 18 meses en prisión. 216
En 1971, durante el primer periodo de Barragán Camacho al frente del STPRM, se modifican los estatutos para incluir el precepto de la "militancia sindical" como primer requisito para acceder a los puestos de trabajo y la gestión de prestaciones. En los siguientes años la expansión de las actividades en el sureste petrolero provoca el crecimiento inmediato en el número de los trabajadores transitorios.
Durante los meses de abril-mayo de 1975, y después de diversas movilizaciones que se remontaban al año anterior, más de 2 mil trabajadores transitorios instalan un plantón en el jardín de San Fernando, frente a las oficinas nacionales del STPRM, demandando que las más de 2 mil 500 nuevas plazas anunciadas para las plantas de Cactus y Reforma, Chis., Salina Cruz, Oax., Tula, Hgo., y Cadereyta, N.L., entre otras, les fueran asignadas. Después de 30 días de instalado el plantón, se llegó a un acuerdo mediante el cual el CEG y las directivas seccionales se encargarían de la distribución de las nuevas plazas mediante la aplicación de las disposiciones estatutarias, en primer lugar, el requisito de militancia sindical, lo cual implicó que solo 150 plazas fueran asignadas a los integrantes del movimiento, algunos de los cuales denunciaron a su vez que las plazas se distribuyeron fundamentalmente entre los dirigentes y sus allegados. En las secciones del sur de Veracruz, y de El Ebano, Poza Rica y Reynosa, los trabajadores transitorios continuaron realizando movilizaciones demandando la asignación de plazas, y un año después, en mayo de 1976, vuelven a manifestarse en el jardín de San Fernando de la ciudad de México.
El director de PEMEX, Antonio Dovalí Jaime, declaró entonces que se habían creado 2 mil 500 plazas, de las cuales, los transitorios en plantón reclamaban 500. Sin embargo el sindicato, encabezado por senador y líder de la sección 10, Sergio Martínez Mendoza, se mantuvo en las 150 asignadas inicialmente para los transitorios, y asignó el resto a los líderes regionales encabezados por La Quina, quién acusó a los trabajadores transitorios en plantón de ser objeto de una maniobra política manipulada por Jesús Reyes Heroles, presidente del PRI, y del líder de la sección 30 de Poza Rica, Samuel Terrazas Zozaya, quien a su vez enfrentaba una lucha por la hegemonía seccional contra Heriberto Kehoe.
Mientras tanto en Minatitlán, la organización local llamada Unión de Petroleros Transitorios, realiza un mitin el 9 de agosto de 1976 con asistencia de más de 5 mil trabajadores y población en general, en demanda de plazas para los transitorios y en contra de la camarilla sindical encabezada por el secretario general del STPRM y recién electo senador, Sergio Martínez Mendoza. Al iniciarse el acto, más de 150 individuos armados con metralletas y protegidos por elementos de la policía y el ejercito, destrozaron el aparato de sonido, dispersaron a la gente congregada e intentaron golpear a los dirigentes opositores. Unos días después la misma Unión realiza un plantón frente a las instalaciones de la STPS en la ciudad de México debiendo regresar poco después a sus localidades sin obtener ninguna respuesta.
Dos años después, el 11 de julio de 1978 se realiza un nuevo plantón en el jardín de San Fernando en la ciudad de México, por más de mil 200 trabajadores agrupados en el recientemente formado Consejo Nacional de Transitorios, demandando la aplicación de un escalafón para transitorios, contratación exclusivamente a través de las representaciones seccionales, aprobación de la asignación de plazas definitivas por medio del Consejo Nacional de Transitorios. La respuesta del sindicato, fue negar cualquier participación de los transitorios en la asignación de plazas, aunque abrió una vía de negociación que no llegó a ningún acuerdo, por lo que el plantón se levantó el 20 de julio del mismo año en medio del desgaste y la derrota. 217
Durante los siguientes 10 años la expansión petrolera en el sureste del país mantuvo el crecimiento del empleo y una situación de bonanza (y gran inflación) en la zona. Esto llegaría a su fin a finales de la década de los ochenta con la terminación de la construcción de los grandes complejos petroquímicos, y con el progresivo cierre de campos productores en la frontera de Veracruz y Tabasco para concentrar la inversión en los campos marítimos de la sonda de Campeche.
1. Movimientos, coaliciones, frentes y partidos
Los grandes afectados por los despidos masivos fueron los trabajadores transitorios (110 mil despedidos de 1988 a 1993), quienes quedaron excluidos prácticamente en su totalidad de la nómina de la paraestatal mediante la no recontratación o el cese por la cancelación y/o traslado a empresas contratistas de proyectos de expansión y mantenimiento. Las diferentes modalidades de contratación con Pemex, con el sindicato y con las empresas contratistas permitieron que las liquidaciones se realizaran con contabilidades individualizadas que en la mayoría de los casos se situaron por abajo de los derechos laborales contractuales y legales de los afectados. Con los empleados permanentes se inició un programa de jubilaciones anticipadas y de recortes de personal de planta sindicalizado, otorgándose indemnizaciones por encima de lo estipulado legalmente, con lo cual se desviaron los brotes de descontento en los trabajadores sindicalizados de planta hacia los conflictos intersindicales dentro de las secciones por problemas de corrupción en el uso y venta de los bienes sindicales. Así se evito la alianza de los trabajadores de planta con los trabajadores transitorios.
Estos últimos no contaron con otro recurso que las demandas individuales en Pemex y en la JFCA, en donde los tortuosos procedimientos de contabilidades individuales y de excesivos requerimientos documentales alargaron el proceso y provocaron la deserción de parte de los demandantes. La mayoría de las tramitaciones por demandas de liquidación se concentraran en la ciudad de Villahermosa a donde, como parte de descentralización administrativa de Pemex, se habían trasladado las oficinas de exploración y producción primaria, para acercarlas a las zonas en expansión productiva. A partir de 1991 se intensifica la tramitación de demandas colectivas agrupadas por secciones, categorías, centros de trabajo, etcétera, a cargo de abogados y líderes de la oposición sindical y política, ante la indiferencia y rechazo de parte de las direcciones sindicales seccionales y nacional, quienes alegaban que no se trataba de despidos sino simplemente de no recontrataciones de eventuales. 218
En el mes de diciembre de 1991, el jefe del departamento de Información y Relaciones Públicas de Pemex, informaba a la prensa que en la Región Sur laboraban en ese momento alrededor de 25 mil trabajadores sindicalizados y de confianza en los distritos de Villahermosa, Ciudad Pemex, Comalcalco y Cárdenas en Tabasco, así como Reforma en Chiapas. Según el funcionario hasta el 31 de octubre de 1991 la sección 44 tenía 1 mil 951 trabajadores de planta y 1 mil 127 transitorios; la sección 48 tenía 2 mil 850 y 2 mil 039 respectivamente; la sección 31 tenía 614 y 225; la sección 14, 2 mil 500 y 2 mil; y la sección 29, 2 mil y 2 mil respectivamente. También informó que en los últimos meses habían sido despedidos más de 700 trabajadores en las mismas localidades, perteneciendo todos al departamento de Perforación, Producción y Registro Geofísico. 219
En el mes de febrero de 1992, la prensa nacional informaba que en tres localidades del sur del país, Salina Cruz, Villahermosa y Coatzacoalcos, cientos de trabajadores despedidos habían iniciado movilizaciones y presentado demandas en la JFCA exigiendo su reinstalación o en su caso indemnizaciones conforme a la ley. Por esto en Coatzacoalcos 300 de 1 mil 500 despedidos en los complejos petroquímicos La Cangrejera, Morelos y Pajaritos, demandaron en la JFCA a Pemex por despido injustificado; el presidente de la Junta Especial número 38 de la JFCA, Manlio Gutiérrez Ramírez, declaró que los juicios de los 300 trabajadores tardarían entre 3 y 6 meses. Según los representantes del Frente Democrático de Solidaridad Sindical (FDSS), Gonzalo Trujillo, y de la Coalición de Trabajadores Petroleros (CTP), Juan José Jiménez Ortiz, en la zona se anunciaba la cancelación de otras 1 mil 500 plazas. 220
El 4 de marzo de 1992, SGC realizó una visita a las secciones sindicales de Villahermosa, siendo recibido con una marcha y mitin de más de 500 trabajadores integrantes del Movimiento Petrolero Independiente Lázaro Cárdenas (MPI-LC) que portaban grandes mantas en las que acusaban al líder nacional petrolero de ser un "traidor" y el "mas corrupto en toda la historia del sindicato". En el mitin se informó que el problema de los despedidos ya había sido planteado en el Congreso local. Ahí mismo Joel García, abogado defensor de 32 despedidos integrantes del MPI-LC, anunció que había iniciado una demanda en la JFCA en Villahermosa contra la empresa, por condicionar el pago de 2 catorcenas con la "renuncia voluntaria" al contrato individual. Entrevistado por la prensa durante su visita, SGC declaró que la empresa no tenía ninguna responsabilidad con los transitorios, mientras que a los de base despedidos "se les estaba dando un trato superior a la ley". 221
El 18 del mismo mes de marzo, trabajadores despedidos de las distintas secciones de la zona, realizaron una marcha en Villahermosa encabezados por los dirigentes del Movimiento para la Defensa del Derecho del Trabajador Transitorio (MDTT), Raúl Patiño, y del Grupo Independiente de Huimanguillo, Antonio Hernández, en la que demandaban la intervención del gobierno estatal para que Pemex agilizara los trámites de liquidación. 222
Días después, alrededor de 200 trabajadores petroleros despedidos de las secciones 14, 29, 31, 44 y 48 decidieron instalar un plantón por tiempo indefinido frente al Palacio de Gobierno estatal en Villahermosa solicitando la intervención del gobernador en apoyo a su demanda de reinstalación. Según distintas versiones, durante el último año habían sido despedidos más de 5 mil trabajadores petroleros en Tabasco, por lo que el plantón se convirtió en un centro de acuerpamiento de éstos. El 27 de abril, después de 35 días sin recibir respuesta, el plantón se levantó convertido en una marcha a la ciudad de México para entrevistarse con el presidente Salinas, a la que se unieron de inmediato otros grupos de trabajadores y de ciudadanos inconformes por los despidos y los fraudes electorales en las recientes elecciones de ayuntamientos en Tabasco.
Los partidos y grupos de oposición apoyaron de inmediato la marcha; el líder máximo del PRD estatal, Andrés López Obrador, los acompañó hasta los límites de Tabasco con Veracruz, en donde se anunció que los líderes perredistas tabasqueños, Alberto Pérez Mendoza y Cuitláhuac Vázquez Hidalgo (también líder estatal del MPI-LC), se propusieron para mediar con Pemex. El día 3 de mayo, después de recorrer 140 kilómetros en 10 días, la marcha llegó a Las Choapas donde fueron recibidos por el candidato perredista a la gobernatura veracruzana, Heberto Castillo, quién era acompañado por contingentes de trabajadores de TAMSA, Aluminio S.A. y petroleros de Minatitlán, Agua Dulce, Coatzacoalcos y Poza Rica.
En Las Choapas durante cuatro días se realizaron negociaciones entre la empresa representada por el gerente de Relaciones Laborales, Julio Pinter González y el gerente de la zona sureste, Luciano Flores Plauchú, así como el subsecretario de gobierno de Tabasco, Flavio Ríos Alvarado, y los representantes de los trabajadores encabezados por el dirigente perredista Humberto Martínez Toledo. El 6 de mayo, una parte de los trabajadores, fundamentalmente de base, decidió regresar a Villahermosa ante el compromiso de Pemex de pagar las indemnizaciones a los 5 mil despedidos mediante la revisión individual de los casos y el pago de tres meses de salario por año más 20 días por año como compensación, según lo estipulado en el CCT. Otro grupo de más de 100 trabajadores transitorios, decidieron no confiar en las promesas de la empresa y continuar la marcha hacia la ciudad de México.
Al tiempo que la marcha continuaba, en Villahermosa el MPI-LC realizaba un mitin el 7 de mayo, donde el dirigente local, Antonio Hernández García, anunció que se había llegado a un acuerdo con la empresa mediante el cual reconocía a más de 3 mil 500 despedidos representados por su organización, de los cuales se había acreditado y liquidado hasta ese día a 970 trabajadores, existiendo el compromiso de agilizar el trámite de otros 300 por semana. En su discurso Hernández García aclaró que los acuerdos con la empresa no cancelaban las demandas del MPI-LC en contra del sindicato, consistentes en el pago de regalías por la venta de ranchos, tiendas, inmuebles, maquinaria y equipo propiedad de la sección, a cuya adquisición habían colaborado los trabajadores con trabajo gratuito en calidad de "militancia sindical y labor social". También demandaban al sindicato el pago del seguro de vida, con sus respectivos intereses, que obligatoriamente se imponía con las compañías "Seguros La República" y "Seguros Constitución". Hernández García aseguró que su organización estaba dispuesta a patrocinar un despacho contable imparcial para auditar a las comisiones de contratos y de transporte de las secciones con sede en Tabasco.
Finalmente el dirigente del MPI-LC también acusó al diputado federal y secretario de la sección 48, Mario Ross García, al diputado local y dirigente de la sección 29, Guillermo de la Fuente Lezama, al diputado local de la sección 14, Gonzalo Guzmán Vázquez y a SGC, de utilizar las cuotas sindicales para beneficio propio y olvidarse de la defensa de sus agremiados, anunciando la realización de una marcha de despedidos de las secciones de Tabasco el día siguiente, en la que se movilizaron alrededor de 1 mil 500 trabajadores coreando la consigna: "Sí Pemex pagó, tendrá que pagar el sindicato". La protesta concluyó con la realización de un mitin frente al Palacio de Gobierno, donde demandaron a SGC y los dirigentes locales que devolvieran las cuotas que durante años pagaron y que "solo sirvieron para enriquecerlos". 223
El 20 de mayo son tomadas violentamente las instalaciones del Departamento de Personal de la Gerencia de la Zona Sur de Pemex en Villahermosa por 200 transitorios despedidos integrantes del Movimiento para la Defensa de los Trabajadores Petroleros (Modetra), con saldo de vehículos y oficinas dañadas y más de 50 empleados retenidos en el departamento de Personal. Por medio de sus voceros, Josefina León y Santiago González Montejo, los inconformes denunciaron que pese a que la empresa había iniciado la liquidación incluyendo a trabajadores con 90 días de servicios, de manera sorpresiva decidió excluir a todos aquellos que no contaran con una antiguedad mínima de cinco años; también denunciaron que las liquidaciones a las viudas se enfrentaban a obstáculos y trabas burocráticas que complicaban la tramitación respectiva.
La mayor parte de los empleados retenidos pudieron abandonar las instalaciones en la madrugada del día 21, aunque las calles aledañas a las oficinas de Pemex permanecieron bloqueadas y las instalaciones de la Gerencia de Pemex custodiadas por un numeroso contingente de policías antimotines. El día siguiente una comisión se entrevistó con el gerente de la Zona Sur, Luciano Flores Plauchú, quien les informó que Pemex solo pagaría a los de antiguedad mínima de 1990, por lo que les recomendó ir con el gobernador, Manuel Gurría Ordoñez, "para que les resuelva sus problemas"; ante esto el líder Santiago González anunció que permanecerían en las instalaciones tomadas y probablemente iniciarían una nueva marcha hacia la ciudad de México.
Por su parte el PRD local, por medio de su vocero, José Angel Gerónimo Jiménez, se deslindó de la toma de las instalaciones de la empresa, señalando a la organización "priista" Modetra como la responsable de los hechos; el mismo dirigente anunció la próxima salida de un nuevo contingente de 8 mil transitorios hacia el D.F. ante el incumplimiento de los acuerdos de Las Choapas en los primeros días de mayo.
El mismo 21 de mayo el secretario de Gobierno tabasqueño, Juan José Rodríguez Prats, renunció a su cargo ante la generalización de las protestas por los despidos, las afectaciones ambientales a las comunidades de campesinos y pescadores, los fraudes electorales, los transportistas; que se traducían en cierres de carreteras, paros del transporte urbano, marchas, plantones, tomas de oficinas, etcétera. El funcionario dimitente fue sustituido por Enrique Priego Oropeza. 224
El 26 de mayo, mientras la marcha llegaba a la ciudad de Jalapa con un contingente de 250 trabajadores, otros 200 trabajadores despedidos de los complejos petroquímicos Morelos, La Cangrejera y Pajaritos, algunos con más de 10 años de antiguedad, realizaban otra marcha de más de 20 kilómetros, desde Nanchital a las oficinas regionales de Pemex en Coatzacoalcos, en demanda de indemnización legal y devolución de cuotas y otros descuentos sindicales; el acto concluyó con un plantón que se prolongó más de 4 horas, y al que se unieron otros 400 transitorios de la sección 22 de Agua Dulce también con las mismas demandas.
El día siguiente, 27 de mayo, una nueva marcha de 150 despedidos, ahora de Minatitlán y Las Choapas, encabezados por el candidato a diputado local del PRD, Flaminio Fabil Martínez González, caminó 35 kilómetros de Minatitlán a las oficinas regionales en Coatzacoalcos en donde instalaron un plantón con las mismas demandas de los despedidos de Nanchital y Agua Dulce. Ahí el líder perredista informó a la prensa que también se pedía la destitución del líder de la sección 10, Irineo Gil Guzmán, acusado de dedicarse solo a atender los negocios particulares de SGC, como era el caso de la constructora "18 de Marzo". También dijo que presentarían una acusación ante la CNDH por la violación de los derechos de antiguedad para los transitorios por parte de Pemex; según informó, las condiciones de liquidación no fueron las mismas en Minatitlán y Las Choapas, ya que en ésta última localidad se liquidó a trabajadores con antiguedad menor a 1 año, cosa que no sucedió en la primera. Durante el plantón se anunciaron otras movilizaciones en Las Choapas y Agua Dulce por parte de petroleros integrados en los grupos "18 de Marzo" y Movimiento Petrolero Choapense.
El vocero de Pemex, Rafael Márquez, cuestionó el mismo día 27 de mayo la legalidad de las marchas y plantones, afirmando que la empresa había cubierto más de 12 mil liquidaciones a transitorios, aunque dijo que el gerente de Recursos Humanos de la empresa, Julio Pitner, se entrevistaría con los trabajadores de planta de los complejos petroquímicos "para encontrar solución a sus demandas". Márquez informó también que "se habían cancelado los despidos de 200 trabajadores" de los complejos petroquímicos, ya que se les ocuparía en labores de supervisión. 225
2. Las caminatas de las dignidades intransigentes
Los trabajadores que continuaron la caminata hacia la ciudad de México a partir del rompimiento del 6 de mayo eran fundamentalmente transitorios que no entraban en los acuerdos negociados por el MPI-LC con la empresa. Los unía también el rechazo a la participación de los partidos políticos en su movimiento, sobre todo porque se realizaba al mismo tiempo que las campañas para las elecciones locales en el estado de Veracruz. Para compensar esta renuncia al apoyo partidario (particularmente del PRD) los dirigentes de los transitorios caminantes decidieron establecer una alianza con los dirigentes opositores de las secciones 34 y 35 del Distrito Federal, que en marzo de 1992 habían formado la Coordinadora Nacional de Trabajadores Despedidos de Pemex (CNTDP) (ver capítulo III) y que rápidamente se convirtieron en los voceros oficiales de lo se empezó a conocer con el nombre de Marcha por la Dignidad Petrolera .
El 14 de mayo los transitorios caminantes llegaban a la localidad de San Andrés Tuxtla con contingente que reunía también a viudas y jubilados. Ese mismo día la CNTDP, en conferencia de prensa realizada en la ciudad de México anunciaba que la Marcha por la Dignidad llegaría al D.F. entre el 5 y el 8 de junio para instalarse en plantón en el Zócalo capitalino. Los dirigentes de la Coordinadora, Ismael Hernández, Ramón Centeno y Andrés Heredia, denunciaron que en las zonas por donde pasaba la marcha, la prensa y el radio se saturaban con mensajes pagados por Pemex en las que se aseguraba que ya se había cumplido con las demandas del pliego petitorio que originó la protesta. Por su parte, en un boletín de prensa, Pemex afirmaba que la marcha "era de relevos", ya que los contingentes se renovaban en las localidades que cruzaban, además de que “obedecía a fines distintos a lo laboral”. 226
El día 20 de mayo (día de la toma de las instalaciones de Pemex en Villahermosa por el Modetra) la marcha llegó a Sabinas, 70 kilómetros del puerto de Veracruz, con un contingente de 150 ex-trabajadores, donde el vocero de los cuales, Esteban Valladares Reyes, de la sección 11, declaró a la prensa que la mayoría de los marchistas eran transitorios que laboraban en las áreas de producción primaria y perforación, y que demandaban reinstalación, indemnización legal, auditoria a la empresa y pago de seguro de desempleo en caso de no ser reinstalados. El 26 de mayo los transitorios de la Marcha por la Dignidad llegan a la ciudad de Jalapa en donde deciden permanecer varios días en plantón frente al Palacio de Gobierno estatal haciendo labor de difusión y buscando solidaridad. El 29 de mayo, en conferencia de prensa en la ciudad de México, los integrantes de la CNTDP, Raúl Centeno y Miguel Hernández informaban del plantón en Jalapa, reiterando que los despedidos no estaban cerrados al dialogo como lo pregonaba Pemex y que era la empresa quien no mostraba voluntad para lograr un acuerdo, ya que había incumplido cláusulas contenidas en cuatro convenios firmados sobre despedidos, por lo que la marcha continuaría su camino hacia la ciudad de México.
El 1 de junio los marchistas llegaba a la localidad de Huamantla en el estado de Tlaxcala. Ahí los dirigentes Juan José Jiménez Ortiz y Manuel García Gómez negaron versiones de que estuvieran a punto de desintegrarse. Ahí precisaron la lista de demandas: pago de salarios caídos; pago de incapacidades a trabajadores accidentados; de jubilaciones a quienes tuvieran la debida antiguedad; de 20 puntos porcentuales para la compra o ampliación de vivienda; y pago a viudas y familiares de empleados muertos durante la jornada laboral o accidentes de trabajo. El día siguiente, al arribar a la ciudad de Apizaco, los mismos dirigentes informaron de nuevas marchas hacia la ciudad de México provenientes de Ciudad del Carmen y Villahermosa, por lo que proponían fijar como sitio de reunión de los diferentes caminantes del sureste la localidad de Texcoco, para que los que aún se encontraban en los estados de Campeche y Tabasco pudieran trasladarse en autobuses para así entrar juntos en la capital, al mismo tiempo que otros contingentes organizados por la Asociación de Trabajadores Petroleros de Planta, Transitorios y Jubilados de la R.M. y por la CNTDP. Un día después, el 3 de junio, mientras el Exodo llegaba a la ciudad de Tlaxcala, en Campeche se firmaba un convenio con el que la marcha que iba de Ciudad del Carmen al D.F. se suspendía. 227
Al llegar a la ciudad de Tlaxcala se habían integrado a la Marcha por la Dignidad representantes de la sección 35 de las refinerías de Azcapotzalco y Tula. En esa misma localidad los dirigentes se entrevistaron con representantes de otro contingente de alrededor de trabajadores provenientes del sur de Veracruz encabezados por la diputada local perredista Victoria Gutiérrez "y otra persona de nombre Sergio", según informó a la prensa el 5 de junio, en la llegada de la Marcha por la Dignidad a la localidad de Texcoco (donde descansarían un día hospedandose en la Universidad de Chapingo), el dirigente de la CNTDP, Ramón Centeno (uno de los 2 mil despedidos de las oficinas centrales). Según Centeno, en la ciudad de Tlaxcala los dirigentes de la Marcha por la Dignidad se habían opuesto a la integración con el contingente encabezado por la diputada Gutiérrez, ya que estos "solo se dedicaban a desprestigiar al movimiento y no eran despedidos de Pemex". Denunció también la existencia de una campaña de desprestigio en contra de los marchistas, cuyo estado de salud era delicado, ya que muchos habían enfermado de gripe, y se encontraban lesionados de los tobillos y rodillas. El mismo dirigente afirmó que Pemex, además de los 130 mil trabajadores despedidos hasta esa fecha, se aprestaba a despedir a 37 mil más en lo que restaba del año. 228
La otra marcha a la que hacía referencia el líder de la CNTDP, se componía de más de 100 trabajadores provenientes de las secciones del sur de Veracruz y se denominaba inicialmente Marcha por la Democracia Petrolera, aunque días después adoptaría el nombre de Exodo por la Dignidad Petrolera . El 8 de junio, al mismo tiempo que los trabajadores de la Marcha por la Dignidad llegaban a Chapingo, ellos arribaban a la localidad de Calpulalpan, Tlaxcala, con la intención de alcanzar a los otros marchistas y entrar juntos al D.F. Según declaraciones a la prensa de la diputada Gutiérrez, la marcha que encabezaba tenía más de una semana caminando por el estado de Puebla para dar a conocer sus demandas, entre las que se incluía la indemnización para todas aquellas familias que tenían sus casas asentadas sobre ductos y líneas de conducción de energéticos, debido a que en ciudades y municipios no había señalamiento que los alertara.
Ese mismo día el vocero del CNTDP, Ismael Hernández, informaba de la realización de pláticas entre representantes de los trabajadores despedidos y el representante de la Secretaría de Gobernación, José Sandoval Villa, así como el gerente corporativo de Relaciones Laborales de Pemex, Julio Pindter González, a quienes se les hizo entrega del pliego petitorio que incluía también las demandas de indemnización a las organizaciones campesinas y populares afectadas por Pemex en sus propiedades, y la demanda de "reestructuración integral" de la paraestatal con la participación de trabajadores, investigadores académicos y público en general. El líder de la CNTDP también denunció que como resultado del proceso de desincorporación que había iniciado Pemex, SGC pretendía monopolizar los contratos de mantenimiento, ya que de las 37 empresas contratadas para tal fin, la mayor parte de los contratos los concentraba la empresa GIMSA que era propiedad de José Cabrera, familiar del líder nacional del STPRM. 229
Mientras se llevaban a cabo las negociaciones de la CNTDP con los representantes de Pemex y Gobernación, los integrantes de la Marcha por la Dignidad permanecieron en Texcoco mientras los marchistas del Exodo por la Dignidad llegaban a San Bernardo Tlalmiminolpan, Tlaxcala. El día 10 del mismo mes la paraestatal anunció que no había llegado a ningún acuerdo con los despedidos, por lo que las pláticas continuarían únicamente ante las autoridades laborales, cuyo dictamen sería respetado por la empresa. La CNTDP, por voz de Ismael Hernández Rojas, denunció la "intransigencia de la empresa" y anunció la reanudación de la marcha hacia el DF, que ese mismo día arribaba a Los Reyes-La Paz; también informó que la dirigencia nacional del STPRM no había participado hasta el momento en ninguna negociación.
La intransigencia se mantenía también entre los dirigentes de las dos marchas, y ante la falta de acuerdos, los integrantes del Éxodo por la Dignidad encabezado por Victoria Gutiérrez y Sergio Rodríguez Aroña decidieron permanecer en Chapingo, mientras los integrantes de la Marcha avanzaban hacia la ciudad de México realizando un mitin en Ciudad Nezahualcoyotl en el que fungieron como oradores Ismael Hernández y el diputado federal plurinominal del PRD Juan Hernández Delgado. El 13 de junio, después de haberse iniciado en Villahermosa el 27 de abril anterior, la Marcha por la Dignidad entró a la ciudad de México, instalándose 200 despedidos en un campamento frente a las oficinas centrales de Pemex. 230
3. La negociación dividida
Desde su arribo los integrantes de la Marcha por la Dignidad mantienen una actividad ininterrumpida El día 15 los trabajadores realizaron una marcha hacia las oficinas nacionales del sindicato en donde realizaron un mitin, después del cual regresaron a las oficinas centrales de la empresa, en donde realizaron otro mitin a la hora de salida de los empleados. Ahí se despojaron de su ropa y en calzoncillos coreaban la consigna de "si no hay solución, nos bajamos el calzón". Durante el mitin los dirigentes de la CNTDP, Ramón Centeno e Ismael Hernández, denunciaron que la empresa pretendía liquidar con 500 mil pesos a los que despidieron antes de 1987 y con un millón a los de 1987 a 1990, y solamente se liquidaría de acuerdo con el CCT a quienes salieron a partir de 1991, sin tomar en cuenta la antiguedad en ninguno de los casos. Los dirigentes afirmaron que la empresa se había comprometido a indemnizar a 350 trabajadores “teniendo como testigo a un funcionario de gobernación”, pero al no haber cumplido con lo pactado, se mantendrían en plantón hasta la solución de sus demandas. En el mismo acto se denunció que hasta ese momento 38 empresas japonesas, estadounidenses, canadienses, italianas y francesas estaban trabajando en áreas de explotación y perforación. Esa misma noche Pemex anunció la reanudación de negociaciones en la STPS con los representantes de "unos 80 trabajadores transitorios de Tabasco y el sur de Veracruz que marcharon hacia la ciudad de México", según decía el boletín de la empresa. 231
El 16 de junio los trabajadores despedidos se manifestaron por las calles de la ciudad de México llegando a la sede provisional de la Cámara de Diputados en la Unidad de Congresos del IMSS, en donde amenazaron con quitarse la ropa nuevamente. La decisión de no realizar el desnudo provocó que un grupo de 18 trabajadores abandonaran en ese momento el contingente de la Marcha por la Dignidad, enojados porque los coordinadores "se echaron en manos de los partidos políticos de oposición, y así menos vamos a obtener lo que pedimos". Según dijeron los inconformes, "desde Texcoco hubo discordia" y "el grupo de Ismael Hernández, Ramón Centeno, Enrique Segura y Gustavo Aguilar Reyes", que encabezaba a más de 100 trabajadores, buscó sin obtenerlo el apoyo de organizaciones campesinas, obreras y populares. Acusaron también a los diputados del PRD, Salvador Hernández García, y del PPS, Francisco Hernández Juárez, de haberlos "agarrado de bandera". Sin hacer caso de las acusaciones, los dirigentes de la CNTDP, Ismael Hernández, Juan José Jiménez y José Alfredo Córdova, informaron que hasta ese momento habían documentado los casos de 314 transitorios, aunque seguían integrando expedientes; también afirmaron que en caso de no haber avances, realizarían un mitin completamente desnudos en la Cámara de Diputados.
El 17 de junio los integrantes de la Marcha por la Dignidad decidieron trasladar su campamento a las calles de Argentina en el centro histórico de la ciudad de México. Ese mismo día los jubilados de la sección 34 acordaron en asamblea donar 4 millones de viejos pesos para el sostenimiento de la protesta ya que, según expresó su dirigente Gabriel Teherán, a pesar de su dramática situación económica, con pensiones de 700 mil pesos al mes, "no podían dejar de apoyar a compañeros petroleros echados de sus trabajos sin recibir siquiera la indemnización correspondiente".
El día siguiente, descamisados y coreando consignas, los despedidos efectuaron un plantón ante la Cámara de Diputados, y mediante la iniciativa del perredista Camilo Valenzuela, lograron que una comisión leyera en tribuna un comunicado solicitando la intervención de la legislatura, ante lo cual las fracciones parlamentarias acordaron integrar una comisión especial que intercediera ante las autoridades de Pemex y de la STPS. Adentro del recinto, SGC y Carlos Romero Deschamps declaraban desde sus curules que "el problema de los despedidos estaba solucionado". Afuera los marchistas gritaban "Guzmán Cabrera es un bandolero que agrede al trabajador petrolero", mientras cargaban a una mujer (viuda de un trabajador) crucificada para, según dijeron, simbolizar la situación de todos ellos. Al concluir el plantón, los trabajadores advirtieron que de no tener respuesta en los siguientes días, se crucificarían en el Zócalo.
El mismo día la empresa emitía un boletín de prensa afirmando que en las pláticas que se realizaban en la JFCA había manifestado su disposición a "no escatimar ninguna obligación legalmente establecida", pero que los transitorios insistían en demandas fuera de la normatividad, que de concederse llevarían la relación laboral "a la anarquía y el desorden". En el mismo boletín se denunciaba que los transitorios representados por la CNTDP solo eran 80, a los cuales se habían unido 40 más, integrantes de organizaciones no petroleras. 232
Mientras tanto los integrantes del Éxodo por la Dignidad mantenían su estancia en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo y habían iniciado por su cuenta negociaciones con la empresa, aunque solicitando la presencia en las pláticas, como "testigos de calidad", de representantes de la CNDH y diputados federales integrantes de las comisiones de Ecología y Energéticos. Según afirmó el dirigente Sergio Rodríguez, la comisión negociadora había entregado a la empresa 400 expedientes de trabajadores transitorios y de base despedidos injustificadamente, además de 17 expedientes de poblados y ejidos de los estados de Tabasco y Veracruz, los cuales habían resultado afectados por derrames de petróleo.
El 18 de junio, en una asamblea en Chapingo, se informaba a los trabajadores agrupados en el Éxodo por la Dignidad que Pemex había ofrecido "mejoras sustanciales" a las demandas de 347 despedidos, así como la integración de 100 nuevos expedientes de petroleros que habían sido liquidados en forma irregular, para su revisión y reajuste. En declaraciones a la prensa el dirigente Sergio Rodríguez, afirmó que la empresa había ofrecido que reconocería, en los términos del CCT, la antiguedad y categoría laboral a los despedidos que firmaron su último contrato entre 1990 y 1992, comprometiéndose a devolver las cuotas por seguro de vida aportadas durante un año y a crear una "bolsa de fondos" para apoyar a los trabajadores en la adquisición de viviendas. Según Rodríguez, estas propuestas habían suscitado "cierta conformidad" entre los marchistas despedidos. 233
El 21 de junio los integrantes del Éxodo por la Dignidad llegaron a un acuerdo con la empresa mediante el cual ésta se comprometió a pagar las liquidaciones de acuerdo con el CCT. Según informó a la prensa el abogado laboral Oscar Alzaga, se acordó la liquidación a los despedidos antes de 1987 y a los que prestaron su servicio después de esa fecha, aun cuando no estuvieran dentro de lo que marcaba el CCT. También se obtuvo el pago de gratificaciones a viudas de los trabajadores que fallecieron entre 1985 y 1992, así como una compensación para aquellos obreros que sufrieron accidentes o enfermedades de trabajo. Otro punto del acuerdo especificaba la bonificación a los ex-trabajadores de los descuentos por seguros de vida y la retribución de acuerdo con la Ley a quienes ganaron laudos o tuvieran demandas en tramite en la JFCA. Igualmente se acordó la liquidación integral a los que recibieron pagos parciales por vacaciones, aguinaldo, fondo de ahorro o alguna otra prestación, y la entrega de becas a los hijos de los despedidos. Otras soluciones importantes alcanzadas tenían que ver con la creación de un fondo de ayuda para vivienda por 180 millones de pesos y la reparación de los daños ecológicos provocados por las actividades de las plantas petroleras, principalmente las de Pajaritos y Cosoleacaque, entre otras. Oscar Alzaga afirmó también que la empresa había entregado a los dirigentes de los despedidos 60 millones de pesos para que regresaran a sus lugares de origen, poniendo a su disposición 12 camiones en los que se realizó el traslado el día 22 de junio. 234
Al mismo tiempo que se firmaban los acuerdos anteriores con los integrantes del Éxodo por la Dignidad, el gerente corporativo de Relaciones Laborales de Pemex, Julio Pinter, informó a la prensa que las demandas de los despedidos de la paraestatal solo podrían ser atendidas "individualmente y en el marco de la ley". La declaración fue considerada por el integrante de la comisión negociadora de la Marcha por la Dignidad, Ismael Hernández Rojas, como "demasiado tajante" y omisa de "la actitud moral que debería respaldar a una propuesta de la empresa". Según afirmó Hernández, en el plantón del Distrito Federal se mantenían 180 trabajadores de Veracruz, 50 de Tabasco, 180 de la refinería 18 de Marzo, y 15 de la refinería de Tula, además de que se había iniciado una nueva marcha en la localidad de Salina Cruz en protesta por la agresión de un soldado a 3 trabajadores petroleros (el día anterior, 20 de junio, partía de Villahermosa una nueva marcha). El mismo dirigente informó que Pemex les había manifestado su "gran preocupación por la posible vinculación del movimiento de los petroleros despedidos con el de los trabajadores también despedidos de las empresas constructoras (ICA, Ginsa, y Bufete Industrial) encargadas de la ampliación de las instalaciones de la refinería de Tula. 235
El 24 de junio los integrantes de la Marcha por la Dignidad decidieron llevar a cabo una movilización hacia la sede nacional del STPRM, en donde efectuaron un mitin en el que exigían a la dirección nacional la devolución de cuotas sindicales extraordinarias, de las aportaciones por seguro de vida, el pago de puntos porcentuales contenidos en la cláusula 154 del CCT y que SGC informara sobre el estado que guardaban los bienes materiales y negocios de las 36 secciones sindicales. Cuando se realizaba el mitin, el personal de seguridad del sindicato atacó a los casi 100 trabajadores demandantes dejando un saldo de varias personas golpeadas, ante lo cual los integrantes de la Marcha por la Dignidad procedieron a bloquear los accesos a las instalaciones sindicales durante casi ocho horas, hasta que el presidente del Consejo de Vigilancia nacional, Calixto Javier Rivera, y el representante de la Secretaría de Gobernación, Andrés Gómez Laviaga, iniciaron pláticas con los integrantes de una comisión negociadora encabezada por los dirigentes de la CNTDP, Ismael Hernández y Ramón Centeno.
El mismo día Pemex emitió un boletín de prensa en el que afirmaba que la solución del conflicto se había retrasado porque los dirigentes de la CNTDP anteponían sus demandas particulares a las de los marchistas ya que, según la empresa, demandaban una solución política alejada de los convenios laborales suscritos con la representación sindical. A su vez la dirección nacional del sindicato, por voz de su máximo dirigente SGC, informó que había levantado una demanda penal en contra de Ismael Hernández, Juan José Jiménez, Julio Cesar Barragán, Luis Alonso Cevallos, Esteban Valladares y José Soto, por el bloqueo de los accesos del local sindical. Ese mismo día el líder de la CTM, Fidel Velázquez dio su respaldo a las acciones del STPRM en relación con los despidos que había hecho Pemex, porque "es un sindicato nacional con autonomía plena y está actuando con apego al derecho". 236
El 25 de junio la CNTDP, por medio de su dirigente Ismael Hernández, informó haber llegado a un arreglo con la empresa y el sindicato para la solución de las demandas de los integrantes de la Marcha por la Dignidad. El acuerdo consistió en el pago de 30 millones de pesos para cada una de las 14 viudas que participaban en la marcha y 10 millones a cada uno de los 391 marchistas. Según dijo Ismael Hernández, la CNTDP había aceptado que el pago por concepto de cuotas y seguro de vida se omitieran para dar respuesta "en paquete" a las demandas de las viudas y los integrantes de la marcha. También afirmó Hernández que la problemática del gremio petrolero no quedaba resuelta del todo, ya que de 131 mil trabajadores que habían sido despedidos, solo 25 mil habían recibido sus liquidaciones conforme a la ley, por lo que "no descartamos que nuevas marchas y movilizaciones surjan en el sureste y en el resto del país". 237
4. La segunda oleada
El 20 de junio se iniciaba en Villahermosa una nueva marcha al D.F.; se trataba de más de 2 mil trabajadores parte de más de 12 mil despedidos por Pemex y las empresas contratistas Perforadora del Aguila, Veracruz, México, Campeche, Permargo, Central, Chicontepec, Protexa y Seriesa. Los marchistas eran encabezados por el dirigente en Tabasco del PRD, Darwin González Ballina, y se encontraban agrupados en el Frente Democrático de Trabajadores Lázaro Cárdenas (FDT-LC) para demandar indemnización conforme al CCT y la LFT.
Unos días antes, el 5 de junio, los también dirigentes estatales del PRD, el diputado federal y dirigente del MPI-LC, Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, y el vocero oficial de ese partido en el estado, José Angel Gerónimo Jiménez, habían firmado un convenio con Pemex y el gobierno de Tabasco para iniciar la revisión de los expedientes de 10 mil 800 transitorios con vistas a su liquidación; en este convenio los dirigentes perredistas se habían comprometido a no organizar marchas a la capital del país mientras se realizaba el proceso. Entrevistado al respecto, el dirigente González Ballina dijo que ese acuerdo lo desconocía su partido, ya que los otros dirigentes lo habían signado "a titulo personal", toda vez que el PRD no podía "renunciar a encauzar las demandas no solo de los trabajadores sino del pueblo en general". También informó que los despedidos que no participaban directamente en la marcha al D.F. realizarían un plantón permanente frente al Palacio de Gobierno a fin de conseguir que el gobernador Gurría Ordóñez interviniera ante Pemex y las compañías demandadas laboralmente para que reconocieran "el derecho que tienen los trabajadores a ser liquidados conforme a la ley".
Al arribar a la ciudad de Cárdenas el 21 de junio la que para entonces se denominaba Marcha por el Respeto a los Derechos Laborales , se les unió un contingente de 120 pescadores de los 1 mil 500 afectados en la laguna Mecoacán por la contaminación causada por los barcos exploratorios de la paraestatal. 238 Después de seis días de caminata, el 25 de junio llegaba a la localidad de La Venta, Tabasco, un contingente de cerca de 2 mil trabajadores. Al mismo tiempo en Villahermosa más de 3 mil despedidos petroleros realizaban una concentración de protesta en la que el dirigente del FDT-LC, Omar Jasso García, informó que esa organización tenía enlistados a más de 10 mil despedidos de Pemex y de empresas perforadoras sin que se les hubiera entregado la liquidación correspondiente. También informó que mientras se mantuviera la caminata a la ciudad de México, diariamente otro grupo realizaría plantones en la Plaza de Armas de Villahermosa. Según Jasso, era posible que al entrar la marcha en territorio veracruzano la acompañara el candidato perredista a gobernador, Heberto Castillo. Ese mismo día el FDT-LC entregó un pliego petitorio al director de gobierno de Tabasco, Mario Balcazar y a los jefes de Relaciones Laborales y de Personal de Pemex, Cristina del Río Oliver y Arístides Pérez Cruz, respectivamente. 239
El 27 de junio la marcha llegó a Coatzacoalcos donde se le unieron otros 300 trabajadores de las secciones 22, 10, 11, 16 y 26, El dirigente perredista tabasqueño, Darwin González Ballina, informó en la misma ciudad que Pemex no había dado respuesta al pliego petitorio entregado en Villahermosa, y que la posición de la empresa había empezado a endurecerse con el objetivo de evitar el pago justo de las indemnizaciones, recordando que existía el antecedente de que la paraestatal había liquidado inicialmente a 11 mil trabajadores, por lo que se demandaba que "aquellos que no entraron en el convenio inicial, lo hagan", y que las marchas realizadas a la ciudad de México se explicaban por la falta de respuesta a las demandas originalmente planteadas en Tabasco.
Las dimensiones que empezaba a adquirir la nueva marcha hicieron que la empresa emitiera en la ciudad de México un comunicado en el que señalaba que no estaba dispuesta a ceder "ante presiones irracionales y fuera de todo marco legal", y que solo aceptaría las reclamaciones en los lugares en que los ex-trabajadores hubieran prestado sus servicios, siempre y cuando se hiciera dentro de los plazos establecidos por la Ley y el CCT. El comunicado señalaba también que estaba surgiendo "la industria de las marchas" por la acción de varios líderes que "enganchaban" a los ex-trabajadores con la promesa de que caminando hacia la ciudad de México iban a conseguir aquello a lo que no tenían derecho. 240
Un accidente carretero el 13 de julio, cuando un camión embistió a la parte final del contingente en la población de Cerro Gordo, Veracruz, causó la muerte de cuatro trabajadores oriundos de Chiapas y Tabasco, así como nueve heridos más. Aún así la marcha continuó fortalecida por nuevos contingentes que procedían de las localidades petroleras del sur veracruzano.
El 18 de julio se unió a la marcha un nuevo contingente de trabajadores despedidos de la sección 11 de Nanchital, encabezados por Heriberto Toledo López y Nicandro Gómez. Sin embargo, inmediatamente surgieron desacuerdos entre las dirigencias de ambos grupos. El 20 del mismo mes arribaron a la ciudad de Puebla dos marchas separadas. La primera de más de 2 mil trabajadores, encabezada por el FDT-LC, y que durante 8 horas había bloqueado la carretera federal. La otra, de alrededor de 500 trabajadores despedidos de la sección 11, quienes el mismo día partieron hacia la ciudad de México en camiones que, según acusaron voceros del FDT-LC, fueron facilitados por Pemex, por lo que calificaron de "traidores" a los despedidos de la sección 11. Ese mismo día el secretario de Gobernación de Veracruz se comprometió a tramitar una entrevista de los marchistas encabezados por el FDT-LC con el director de Pemex. 241
La columna de más de 2 mil trabajadores del FDT-LC atravesó el estado de Tlaxcala en medio de intensos fríos que provocaron numerosas enfermedades en los marchistas, quienes no obstante cumplían un promedio de 25 a 30 kilómetros por día. El 23 de julio, cuando la columna se hallaba en la ciudad de Apizaco, los dirigentes del movimiento, Darwin González Ballina y Omar Jasso García, informaron a la prensa que el gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Dante Delgado, se había comprometido a pagar en una semana a más tardar, las indemnizaciones correspondientes a los afectados por el accidente de Cerro Gordo. También se informó que en la ciudad de Puebla se había celebrado una primera reunión con el gerente de Relaciones Laborales de Pemex, Julio Pinter, aunque solo "se había tratado de un primer acercamiento en el que habían notado un trato respetuoso", aunque no se había definido la fecha de una nueva reunión. 242
Mientras tanto los despedidos de la sección 11 arribaban a la ciudad de México instalando un campamento frente a las oficinas generales en la Torre de Pemex. El 26 de julio se conoció un comunicado del CEG del STPRM en el que acusaba a los demandantes de ser grupos que "obedecen a intereses que han buscado la privatización de Pemex para hacerse del control de la industria petrolera (y que) han buscado la infiltración política al interior del sindicato para desestabilizarlo y romper su alianza con el Estado mexicano". El comunicado advertía también que "de ahora en adelante vamos a responder a los agitadores con la fuerza de los trabajadores organizados. No permitiremos ya los actos de intimidación que contra el sindicato y Pemex se han venido sucediendo en las últimas semanas, organizados por profesionales de la agitación... Sabemos que los líderes de esos grupos van a llamarse agredidos y van a rasgarse las vestiduras cuando encuentren una respuesta de nuestra parte".
Durante esos mismos días se realizaban las negociaciones para la revisión de la cláusula salarial. El día 27 de julio se anunció la firma del acuerdo que establecía un aumento de 14 por ciento para los trabajadores petroleros. Pemex emitió ese mismo día un comunicado en el que negaba que hubiera habido conversaciones con los líderes del FDT-LC (como habían afirmado González Ballina y Jasso García días antes), denunciando que éstos habían difundido la versión "a fin de reforzar el contingente con otros grupos de ex-trabajadores transitorios, a los que ofrecen participación en todas las ventajas que se logren si se incorporan a la marcha". El comunicado finalizaba diciendo que para la empresa el asunto estaba concluido toda vez que se habían pagado desde tiempo atrás todas las indemnizaciones legales correspondientes. 243
El 28 de julio se realizaron en la ciudad de México dos actos de dos diferentes grupos de petroleros despedidos. Por una parte, trabajadores que habían integrado la Marcha por la Dignidad encabezada por la CNTDP, y que el 25 de junio habían anunciado la firma de un convenio, realizaron una movilización que partió del local del Sindicato Nacional de Costureras 19 de Septiembre (donde se encontraban albergados desde la firma del convenio) hasta llegar al Zócalo capitalino para realizar un plantón al tiempo que entregaban al jefe de audiencias de la Presidencia, Luis Escobar Aubert, un pliego petitorio dirigido al presidente Salinas, a los secretarios de Gobernación y del Trabajo, al director de Pemex y al Procurador de la República, en el que se demandaba cumplimiento del acuerdo firmado el 25 de junio con la comisión negociadora de la Marcha por la Dignidad. También se solicitaba el esclarecimiento del uso y fin de los bienes incautados a La Quina, por medio de una auditoria general aplicada por la SHCP al sindicato petrolero, así como la intervención de la PGR en caso de encontrarse algún delito. Finalmente pedían "un cambio profundo en la vida sindical que corresponda a los cambios en la industria y terminar con los métodos gansteriles". Durante el acto los líderes Miguel Hernández Rojas y Elías Rivero López rechazaron ser un grupo "manipulador y desestabilizador", y acusaron a "las camarillas sindicales" de usufructuar durante décadas en su beneficio las cuotas de los trabajadores. También informaron que se habían constituido en una nueva organización llamada “Coalición Nacional Restructuradora de Trabajadores Petroleros” . Dos días después Hernández Rojas, en declaraciones a la prensa, convocó a la unidad de todos los despedidos, afirmando que los transitorios no eran antisindicalistas, sino los que más habían servido para crear la riqueza del gremio. "Somos los que llenamos asambleas y llevamos al poder. Pero los dirigentes, ¿que nos han dado?". "Nada" respondieron los trabajadores que le acompañaban.
El segundo acto en el mismo día fue realizado por los despedidos de la sección 11 encabezados por Heriberto Toledo López, quienes se instalaron en plantón frente a la sede sindical nacional hasta que una comisión fue recibida por representantes del CEG. En declaraciones a la prensa durante el plantón, el líder Toledo López declaró que "a mi no me interesa que caiga Sebastián (SGC) o que pongan a otro; cualquiera que venga lo va a poner el gobierno y va a ser lo mismo". También informó que sus representados estaban de acuerdo con la modernización de la empresa y con el cierre masivo de plazas (1 mil 400 menos en la sección 11), y que ellos solo solicitaban una liquidación justa. 244 Cuatro días después, el 1 de agosto, Pemex publicó una gacetilla en la prensa nacional en donde afirmaba que 450 ex-trabajadores de la sección 11 regresaron a Nanchital, Ver., "con el desencanto de haber sido engañados por líderes que les ofrecieron alcanzar beneficios a los que no tenían derecho". Según la empresa, los trabajadores estuvieron a punto de golpear a los dirigentes Heriberto Toledo López y Nicandro Cruz, señalando que el primero era líder del PRD en el sur de Veracruz. 245
5. El campamento del Frente Democrático de Trabajadores Lázaro Cárdenas
La Marcha por el Respeto a los Derechos Laborales encabezada por el FDT-LC, que había salido de la ciudad de Villahermosa el 20 de junio, ingresó en la ciudad de México el 31 de julio. El contingente de casi 8 mil trabajadores, campesinos y pescadores fue recibido en el zócalo capitalino por contingentes del sindicato de Costureras, del sindicato de la Secretaría de Pesca, FAT, sindicatos universitarios y corrientes democráticas del SNTE. Los marchistas decidieron instalarse en plantón por tiempo indefinido en el mismo zócalo hasta ser atendidos por las instancias gubernamentales correspondientes.
Un día después, por medio de una carta a la redacción de los diarios capitalinos, los marchistas pidieron al regente de la ciudad de México, Camacho Solís, garantías para poder ejercer el derecho constitucional de manifestarse pacíficamente. En respuesta el DDF, por medio de su director de Gobierno, Mario M. Carrillo Huerta, ofreció plenas garantías y los conminó a trasladarse al Deportivo Guelatao, en donde se habían acondicionado instalaciones médicas y sanitarias, así como espacios para poder pernoctar. Los marchistas, por voz de su dirigente Omar Jasso, rechazaron el ofrecimiento y decidieron mantenerse en el zócalo con la ayuda que diversas organizaciones capitalinas les proporcionaban de manera solidaria aunque insuficiente.
Según informó Omar Jasso a la prensa, un grupo de 350 marchistas veracruzanos había regresado en autobús a su entidad para participar en los comicios estatales a realizarse el 2 de agosto, al cabo de lo cual se reintegrarían al plantón en la ciudad de México. También dijo que 4 mil obreros de base que realizaron falta colectiva para acompañar a los marchistas en su llegada a la ciudad de México, regresaban ya a sus centros de trabajo, y que se esperaba la llegada de un nuevo grupo para estar con ellos en el plantón. El mismo día el secretario de Acción Sindical del PRD, Raúl Álvarez Garín, en declaración de prensa denunció que existía la amenaza de despedir a 30 mil trabajadores más en Pemex, anunciando que su partido daría su apoyo a los despedidos en la forma que ellos lo demandaran.
El plantón en el zócalo fue instalado con lonas, plásticos, cartón, varillas y palos con lo que se protegían de los aguaceros y el clima frío de la ciudad. Según Omar Jasso, la ayuda llegaba pero apenas alcanzaba para la comida diaria. Contingentes de la Asamblea de Barrios, de maestros, y de Ciudad Nezahualcoyotl se presentaron a solidarizarse con el plantón, al igual que una brigada de servicios médicos del CEU-UNAM. El DDF les mandó algunas cobijas y les permitía usar los baños del edificio central. El 4 de agosto un grupo de 400 trabajadores sindicalistas independientes realizaron una marcha del Angel de la Independencia a la Secretaria de Gobernación, en donde se instalaron en plantón para apoyar a los petroleros. Ese día una comisión de trabajadores se entrevistaba con funcionarios de la empresa.
El día 5 un nuevo y diferente contingente de 50 despedidos de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas Chiapas e Hidalgo, encabezados por Carlos Humberto Rinza y Juan M. Alpuche, se instalaron en plantón frente a las oficinas centrales en la torre de Pemex, exigiendo liquidación legal pues tenían laudos a su favor desde 1986. Según declararon a la prensa ambos dirigentes, su movimiento nada tenía que ver con los del plantón en el zócalo y con ellos no tenía injerencia ningún partido. "Nos pagan o nos pegan, pero no nos movemos de aquí hasta que nos resuelvan", afirmaron los trabajadores en plantón. 246
El 6 de agosto el director de Pemex, Francisco Rojas, entrevistado en Dos Bocas, Tabasco, ofreció que "todo aquel que haya tenido o tenga un derecho legitimo será satisfecho en su demanda", informando que se integraría una comisión de varias dependencias del gobierno para que "todo aquel que tenga derecho legítimo, pueda tener una solución adecuada a su reclamo".
El día siguiente, SGC ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que la razón que obligaba a la "revisión de la plantilla laboral" era competir exitosamente en los mercados internacionales, aunque esto tuviera un alto costo político y social, adelantando que se preveían más recortes en los departamentos de contaduría, informática y en los hospitales de Pemex. Sobre las movilizaciones y el plantón en el zócalo, comentó que había transitorios que habían dejado de trabajar hacía 8 años y pretendían que se les liquidara como a los 75 mil despedidos en los últimos 3 años (135 mil de 210 mil al inicio de su gestión. También informó que de abril a junio habían sido despedidos 35 mil trabajadores). Sostuvo que en el plantón "acaso habrá 200 o 400 petroleros a los que no se liquidó conforme a la Ley", y los demás "eran pescadores, campesinos e integrantes de asentamientos irregulares que, apoyados por el PRD, quieren sacar provecho de la situación". También negó que hubiera peligro de que desapareciera el CCT, aunque reconoció que habría un "recorte" de "cláusulas excesivas que en lugar de beneficiar perjudicaban al gremio petrolero". 247
Mientras tanto, en el plantón en el zócalo de la ciudad de México, los dirigentes afirmaban representar a 5 mil trabajadores y 2 mil campesinos y pescadores. El 7 de agosto se informó que se habían realizado tres reuniones con funcionarios gubernamentales y de la empresa, detallándose el resultado de cada una. En la primera reunión se elaboró un listado de cada uno de los casos, ya que además de liquidaciones, existían demandas por accidentes laborales, enfermedades de trabajo y viudas a las que no se había indemnizado. Se acordó también que la STPS citaría a las empresas contratistas que tenían adeudos con algunos de los manifestantes, mencionándose las siguientes: México, Istmo, Permargo, Pevesa, Aguila, Protexa, Lipsa, Chicontepec, Seriesa, Central, ICA, Bufete Industrial, Miraro, Campeche, Carlos Alemán y Benjamin Mora. En la segunda reunión se analizaron los casos de los trabajadores ostrícolas y pescadores libres de Cárdenas, Tabasco, que demandaban indemnizaciones debido a daños causados por Pemex. En la tercera reunión se trató el caso de los campesinos del municipio de Huimanguillo y del ejido Emiliano Zapata en Tabasco, afectados por la retención de aguas en las instalaciones petroleras.
El mismo 7 de agosto se realizó una concentración de militantes perredistas en el zócalo, encabezados por el dirigente capitalino Marco Rascón. El 8 de agosto la dirigente Irma Núñez Hernández, informó a la prensa que en el curso de la siguiente semana llegaría a la ciudad otro grupo de despedidos procedentes del norte del país para incorporarse al plantón del zócalo. El 11 de agosto se unió al plantón en el zócalo un amplio contingente de estudiantes de la Universidad de Sonora que habían realizado una marcha de Hermosillo a la ciudad de México en protesta por la reforma unilateral de la Ley Orgánica. También se encontraban en plantón y huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación, trabajadores de la SARH, mientras que el plantón de petroleros despedidos en la torre de Pemex encabezado por Rinza y Alpuche, continuaba.
El 11 de agosto el diputado perredista, Jorge Moscoso Pedrero, en conferencia de prensa, informó que la fracción del PRD en la Comisión Permanente, solicitaría la comparecencia del secretario del Trabajo, A. Farell, para que fijara la posición del gobierno en relación con el movimiento obrero, la contratación colectiva, la huelga, los salarios, los planes de productividad, etcétera, así como los movimientos de los petroleros, trabajadores de la SARH, la huelga de los obreros de la industria textil y la revisión contractual en Volkswagen.
El 12 de agosto se realizaron dos actos de trabajadores petroleros en el Distrito Federal. Por una parte, los despedidos del FDT-LC instalados en el zócalo realizaron una marcha y un mitin frente al local de la JFCA, en donde exigieron la inmediata intervención de su titular, Miguel Angel Pino de la Rosa, ya que, según informó el asesor legal Porfirio Martínez, después de 4 reuniones con la empresa no se había dado respuesta a ninguna de las demandas planteadas. También dijo que de las 16 compañías perforadoras contratistas citadas, solo se habían presentado dos. Según una lista entregada a la prensa, las peticiones de liquidación legal incluían a Perforadora México, demandada por 400 trabajadores; Istmo, por 264; Pevesa, por 400; El Aguila, por 1 mil 800; Protexa, por 400; Permargo, por 390; Chicontepec, por 150; y La Central, por 450. En el mismo acto se anunció la incorporación al plantón en el zócalo de un nuevo contingente de despedidos de Poza Rica.
La segunda movilización del día corrió a cargo de los que para entonces sumaban más de 200 trabajadores en plantón frente a la torre de Pemex, provenientes de las plantas petroquímicas de Cosoleacaque, Morelos, Pajaritos, La Cangrejera y de los campos de Nachital, Agua Dulce, Las Choapas, así como de la refinería de Ciudad Madero, y quienes después de recorrer en marcha varias calles de la ciudad, instalaron un bloqueo de media hora en la transitada avenida de Marina Nacional. Según declaraciones de la asesora jurídica de los demandantes, Guadalupe Marín, la única respuesta al pliego de peticiones entregado al gerente de Relaciones Laborales, Julio Pindter, había sido: "levanten el plantón, regresen a sus lugares de origen y luego platicamos". Según la abogada, el plantón había sido hostigado todas las noches con bocinas altisonantes sintonizadas en "la estación de la Hora". También habló de la posibilidad de que se unieran con los trabajadores en plantón en el zócalo. 248
Las negociaciones realizadas en la JFCA avanzaban muy lentamente; las sesiones se citaban solamente para hacer entrega de los listados a las compañías contratistas, de las cuales hasta el 17 de agosto solo se habían presentado cinco. Según los integrantes de la comisión negociadora del FDT-LC, Omar Jasso, Roberto Cuellar González, Jorge González Murillo, Luis Manuel Carvallo Silva, Venustiano Rincón Pérez y el abogado laboral Porfirio Martínez, hasta ese mismo día se habían integrado listas y expedientes de más de 8 mil despedidos, a los cuales se sumaban 14 casos de viudas, 100 casos de accidentes, 100 por deterioro físico y 800 inconformes con su liquidación, sin tomar en cuenta las demandas de campesinos, pescadores y colonos, que tampoco habían avanzado nada en sus negociaciones. En declaraciones a la prensa, los representantes exigieron que a las negociaciones se presentaran representantes de Pemex con poder decisorio, ya que el apoderado Gerardo Merino Díaz, solo actuaba como observador. Ese mismo día 17, los trabajadores en plantón recibieron la visita solidaria de los dirigentes perredistas en Veracruz y Tabasco, Heberto Castillo Martínez y Manuel López Obrador, quienes se presentaron en la plaza de la Constitución al frente de un contingente de militantes de ese partido. En el acto se anunció una gran concentración para el 29 de agosto, en la que esperaban se les unieran ciudadanos que demandaban limpieza en las elecciones estatales de Veracruz y Oaxaca. 249
Conforme pasaban los días, aumentaba el número de demandas individuales en las ya para entonces 4 juntas de conciliación especiales. El 17 de agosto en la ciudad de México se podían identificar por lo menos a cuatro diferentes grupos de petroleros demandantes que informaban a la prensa sobre la situación de cada uno.
Así, Manuel Fuentes Díaz, abogado de un grupo de técnicos y profesionistas que se había negado a recibir liquidaciones alegando despido injustificado, informó que aparte de la demanda en la JFCA, habían acudido a la CNDH ya que la mayoría tenía más de 10 años de antiguedad por lo que con el despido se violaban sus derechos.
Por su parte Guadalupe Marín, abogada del grupo de despedidos de las petroquímicas en plantón frente a la torre de Pemex, dijo que muchas de las demandas que se tramitaban en la JFCA, se encontraban ahí mismo desde 1986.
Ismael Hernández, dirigente del grupo de 250 trabajadores (de un total de 800 demandantes) participantes de la Marcha por la Dignidad (CNTDP-CNRTP) alojado en el local de las costureras, informó que las negociaciones con la empresa se encontraban inconclusas.
Finalmente, en el zócalo, el dirigente tabasqueño Darwin González Ballina informó que se habían reorganizado las coordinaciones y reforzado los controles y la disciplina "para cortar de tajo las pequeñas pillerías, contrarrestar la desesperanza, y neutralizar la intromisión de los judas en el movimiento".
Ese mismo 17 de agosto se anunciaba el inicio de una nueva marcha al Distrito Federal procedente de Campeche y Tabasco, con más de 5 mil trabajadores y denominada Antorcha por la Dignidad Petrolera . Días después los trabajadores aceptaron que la revisión de los casos se realizara en Villahermosa, con lo que se puso fin a la movilización. 250
Mientras tanto los acampados en el local de las costureras, realizaban el 20 de agosto un mitin frente a la torre de Pemex, y ante la negativa de la empresa a recibir una comisión, decidieron quitarse la ropa y en calzoncillos gritaron, frente a las puertas principales, cerradas todo el tiempo y vigiladas por un nutrido grupo de policías y granaderos, diversas consignas como "Salinas, entiende, Pemex no se vende". En la explanada de la torre se encontraba otro grupo de despedidos pertenecientes al plantón del zócalo, quienes permanecieron al margen y sin unirse a la protesta.
Al día siguiente, el mismo grupo del local de las costureras realizó una marcha que pasó por el zócalo, en donde escenificaron una crucifixión de tres trabajadores, continuando la marcha, con las grandes cruces al frente, hacia el local del STPRM, en donde realizaron un mitin imponiendo su fuerza numérica frente a la actitud agresiva de decenas de guardias de seguridad del sindicato que intentaron impedir la realización del acto. Custodiados por policías reanudaron su caminata hasta llegar a la torre de Pemex, donde se instalaron en plantón.
Por su parte en el zócalo los casi 5 mil petroleros que se mantenían en plantón, realizaron el día 23 un ayuno que -amenazaron- podría convertirse en huelga de hambre. Según el líder Omar Jasso, en declaraciones a la prensa, su movimiento no era contra el sindicato, sino para reclamar sus derechos frente a la empresa, negando al mismo tiempo que estuvieran afiliados al PRD; simplemente se trataba del único partido que los apoyaba. 251
El 19 de agosto, Pemex publicó en la prensa nacional un comunicado en el que fijaba su posición en torno a las peticiones de trabajadores "supuestamente afectados por las actividades de la industria petrolera", dividiendo las peticiones en dos grandes grupos. El primero correspondía a las peticiones laborales, de las que destacaban las siguientes: 1. Inconformidad de trabajadores de planta y transitorios con la cantidad que recibieron por liquidación, respecto a lo cual remitía el asunto al centro de trabajo respectivo para revisar individualmente, y con la presencia del trabajador, el monto entregado, y si hubiera error, corregirlo. 2. Demandas interpuestas ante la JFCA, en donde la empresa se sometía al dictamen emitido por las autoridades laborales. 3. Indemnización por accidente, enfermedades profesionales o deterioro físico, remitiéndolo también a los centros de trabajo para su revisión, siempre y cuando se encontrara en los plazos señalados por la LFT. 4. Pago a viudas de trabajadores que no hubieran recibido su indemnización correspondiente, que también se remitía a los centros de trabajo respectivos. 5. Nuevas liquidaciones a trabajadores en activo, planteando que no procedían las liquidaciones en bloque, como si hubieran sido despedidos, por agotamiento de la materia de trabajo. Lo que si procedía era la renuncia individual. 6. Aportaciones para vivienda, planteando que esta prestación era solo para los trabajadores de planta con antiguedad mayor de 3 años, y siempre que reunieran los requisitos establecidos en el CCT. El segundo grupo de peticiones se refería a las afectaciones a pescadores y campesinos (ver capitulo IV), las que según Pemex eran atendidas en programas específicos, salvo aquellas en las que negaban responsabilidad, aunque aclarando que la empresa estaba dispuesta a revisar inconformidades. El comunicado de Pemex concluía diciendo que por lo anterior, estaban dadas las condiciones para la solución de aquellas demandas que tuvieran fundamento.
Horas después de conocido el comunicado, el dirigente del FDT-LC, Omar Jasso, desmintió que se hubiera llegado a un acuerdo con la empresa, y que lo planteado por esta tenía que ser discutido por los trabajadores a fin de poder tener una contrapropuesta conjunta. El dirigente se manifestó en contra de los arreglos individuales, ya que lo que necesitaban era una solución colectiva, de fondo, que no diera margen a nuevos conflictos. 252
6. Soluciones parciales y ajustes de cuentas
La posición planteada por Pemex el 19 de agosto se convirtió en el marco de las negociaciones con los diferentes grupos de demandantes, a los que se intentó vencer alargando las pláticas y esperando que el desgaste producido por los días en plantón, obligara a flexibilizar las demandas de los trabajadores.
El 6 de septiembre de 1992 se firmó un acuerdo entre el director de Pemex, Francisco Rojas y los representantes de los marchistas en plantón en el zócalo de la ciudad de México, teniendo como testigo al gobernador de Tabasco, Manuel Gurría Ordóñez, por medio del cual se levantaba el plantón de 37 días y los demandantes regresaban a sus respectivas localidades en donde se instalarían módulos de la empresa para realizar los finiquitos pendientes. Tan solo en la ciudad de Villahermosa se debían revisar más de 5 mil casos, y los trabajadores se encontraron con que la empresa alargaba una vez más los tramites, y cuando estos concluían con dictámenes individuales, la liquidación no correspondía al total de lo demandado.
Tres días después de firmados los acuerdos que ponían fin al campamento en el zócalo de la Cudad de México, el 9 de septiembre, en Villahermosa, un grupo de más de 300 trabajadores, enfurecidos por no haber recibido las sumas de dinero que esperaban, agredieron físicamente al líder del PRD en la entidad, Darwin González Ballina, y al coordinador del FDT-LC, Omar Jasso, al tiempo que destruían los módulos y las computadoras en las que se encontraba registrada la información de los despedidos. En un mitin realizado inmediatamente después de la agresión, en la Plaza de Armas de Villahermosa, el dirigente Omar Jasso explicó a los asistentes al acto, que el plantón en la ciudad de México se había levantado por el acuerdo de la totalidad de los trabajadores, y que si bien no se había conseguido el 100 por ciento de lo demandado, si se había logrado más del 80 por ciento del pliego petitorio. Ahí mismo se tomo el acuerdo de que a partir de ese momento se revisarían los casos sección por sección. Por su parte el líder perredista Darwin González Ballina, en declaraciones a la prensa afirmó que la agresión había sido provocada "por priístas y golpeadores del sindicato que se habían infiltrado entre los demandantes para dividir y desprestigiar las conquistas obtenidas por el movimiento". También informó que se había desatado una campaña de difamación en contra de los líderes del movimiento en los diferentes medios de comunicación de la entidad, también "impulsada por los priístas y el sindicato petrolero". 253
En la ciudad de México mientras tanto, el grupo de trabajadores en plantón en la torre de Pemex, inició el 10 de septiembre una huelga de hambre de tres de ellos (despedidos de Oficinas Centrales, Nanchital y Tula) en la Cámara de Diputados. Los representantes de los demandantes, Edel Gómez, Alberto Ramírez Rojo, Basilio Jiménez, Humberto Fernández y la abogada Guadalupe Marín, se reunieron con el secretario técnico de la Comisión de Gestoría y Quejas de la Cámara, Francisco Javier Cornejo Cejudo, y le plantearon una serie de quejas contra la JFCA, por no acelerar los trámites y no obligar a la empresa a presentarse a negociar, y contra Pemex, por no acudir a tiempo a las audiencias y hostigar al plantón durante las noches con bocinas altisonantes. También denunciaron que por motivo de los recortes de personal, los trabajadores en activo tenían que trabajar dos y hasta tres turnos seguidos, por lo que le solicitaron la realización de un foro de todos los partidos para discutir la problemática petrolera.
Ese mismo día Pemex publicó un boletín en donde decía que los aproximadamente 60 trabajadores provenientes de diferentes partes del país que permanecían en plantón en la torre de Pemex, eran "clientes de dos abogados, que conociendo de antemano la improcedencia de sus demandas, los han traído a la ciudad de México para presionar a Pemex a conceder prebendas totalmente irrazonables". Según la empresa, de lo que realmente se trataba era de forzar un arreglo favorable a los abogados, quienes ya habían "cobrado de antemano una buena cantidad de dinero a cada uno de los ex-trabajadores en plantón", y esperaban cobrar el 30 por ciento de la cantidad total obtenida. 254 El día 13 de septiembre, los huelguistas de hambre trasladaron su campamento al recinto alterno de la Cámara de Diputados, mientras brigadas de despedidos realizaban actos informativos en diferentes plazas públicas de la ciudad de México.
El 23 del mismo mes, después de 50 días de plantón y 13 días en huelga de hambre, los despedidos instalados en campamento frente a la torre de Pemex, firmaron un convenio con la empresa que daba solución a las demandas planteadas por 286 petroleros, entre transitorios, de base, jubilados y viudas. Según el convenio, resultado de un laudo favorable a los trabajadores por parte de la JFCA, Pemex se comprometía a revisar expedientes y casos pendientes, y a pagar en la ciudad de México a los afectados, teniendo como plazo hasta el 4 de octubre para finiquitar todos los adeudos, que consistían en el pago de la cláusula 154, referente a ayuda para vivienda, lo que significaba unos 15 millones de viejos pesos para cada uno de los 20 jubilados; la liquidación de acuerdo al CCT a aquellos trabajadores que tuvieran laudos a su favor, además del pago del 50 por ciento de salarios caídos; liquidación de acuerdo al CCT y con el 40 por ciento de salarios caídos a los que fueron liquidados en 1989, pero que siguieron laborando en la empresa; y gratificación de dos millones de pesos a los que ya no laboraron al terminar su relación de trabajo desde 1989. Otro acuerdo fue que los demandantes se trasladarían al Deportivo Venustiano Carranza hasta la conclusión de las liquidaciones en la JFCA. El convenio lo firmaron 10 representantes de los demandantes, sus abogados, Guadalupe Marín y Julio Guillén, el conciliador de la Presidencia de la República, Horacio Cárdenas, el conciliador de la JFCA, Alejandro González, y el gerente de Relaciones Laborales de Pemex, Julio Pindter. 255
El 31 de septiembre Pemex difundió un boletín en el que afirmaba que hasta ese momento había pagado más de 15 mil millones de pesos por liquidaciones, de los cuales 10 mil millones se habían pagado en los 4 mil casos resueltos en la ciudad de Villahermosa (sin aclarar cuantos habían procedido), y en Ciudad del Carmen, 2 mil 400 millones de pesos a 167 trabajadores (igual). En la ciudad de Coatzacoalcos se atendieron 247 casos y 188 se declararon improcedentes, con una erogación de 1 mil 340 millones de pesos; en el módulo Agua Dulce se atendieron 46 casos y 12 fueron improcedentes, y se pagó 124 millones 782 mil pesos; en el módulo El Plan se atendieron 46 casos y 12 fueron improcedentes, se pagaron 429 millones 821 mil pesos; el módulo Cosolecaque se atendieron 261 casos y 147 fueron improcedentes, con una pago de 252 millones 264 mil pesos; en un segundo módulo en Coatzacoalcos dos casos con un pago de 56 millones 915 mil pesos; y el módulo Nanchital con 27 casos, 6 improcedentes, y un pago de 334 millones 145 mil pesos. El boletín aclaraba que faltaba incluir los resultados de la revisión de expedientes de los cerca de 200 trabajadores que se mantuvieron en plantón frente a la torre de Pemex durante 50 días. Según Pemex, de estos datos se seguía que la mayoría de los demandantes habían sido declarados improcedentes, por lo que "se demostraba que fueron manipulados para crear conflictos en este proceso". 256
La actitud agresiva de Pemex se entendería mejor cuando días después, el 21 de octubre, los abogados Guadalupe Marín Sandoval y Julio Guillén Solís, al acudir a una cita con el representante legal de Pemex, Jorge Alonso, y el integrante de la JFCA, Horacio Cárdenas, para revisar expedientes comprendidos en el acuerdo del 23 de septiembre, fueron detenidos con lujo de violencia por agentes de la policía judicial federal, y remitidos al Reclusorio Norte acusados de fraude, falsificación de firmas y documentos y declaraciones falsas, y sin derecho a libertad bajo fianza. Dos días después el juez segundo de distrito del Reclusorio Norte, Fernando Hernández Piña, dictó auto de formal prisión en contra de los dos asesores sindicales, sin que se les hubiera permitido a los acusados revisar su expediente.
La abogada Marín Sandoval informó ese mismo día, por medio de su hija, Mariela López Marín, que iniciaría una huelga de hambre en el interior del reclusorio en protesta por los atropellos recibidos. Según declaró a la prensa la misma Mariela López Marín, ambos abogados se encontraban incomunicados y sujetos a diversas presiones en el interior del penal, y la acusación se sustentaba en el supuesto cobro de un cheque a nombre de una de las trabajadores participantes en el plantón, la cual sin embargo no se había presentado a ratificar sus acusaciones, las que habían estado a cargo de abogados de la empresa. El día 25 de octubre, la misma Mariela López Marín informó a la prensa que, por prescripción médica, la abogada Guadalupe Marín había desistido de la huelga de hambre, aunque se estudiaba la posibilidad de que un grupo de despedidos realizara un plantón en protesta por la detención de su representante laboral. 257
Mientras tanto en la ciudad de Villahermosa, el 23 de octubre, más de 100 trabajadores que habían participado en el plantón de 37 días en el zócalo del Distrito Federal, encabezados por la líder opositora de la sección 11, Irma Núñez de Hernández, secuestraron durante tres horas al líder perredista y diputado estatal, Darwin González Ballina, a quien acusaban de haber robado 8 mil 500 millones de pesos que el gobierno federal había otorgado como ayuda a los trabajadores en plantón. La agresión al dirigente González Ballina se dio en su curul de la Cámara de Diputados estatal, en donde le gritaban "ratero, traidor, pillo y sinverguenza", acusandolo de haberlos utilizado con fines políticos, impidiéndole hacer uso de la palabra para defenderse.
Según afirmaron los trabajadores de la sección 11, la gratificación fue otorgada para ser repartida entre los marchistas, independientemente de las indemnizaciones correspondientes a cada uno de los demandantes; sin embargo y según las versiones de los enfurecidos ex-trabajadores, a la hora de repartir el dinero se integró mucha gente que no había participado en el plantón y que recibieron de manos de González Ballina y Omar Jasso la cantidad de 3 millones de pesos para cada uno, mientras que los que marcharon de Villahermosa a la ciudad de México solo recibieron 1 millón de pesos por cabeza. Al tiempo que sucedían estos hechos, la líder Irma Núñez de Hernández se entrevistaba con el secretario de Gobierno estatal, Enrique Priego Oropeza, quien le señaló que el problema rebasaba la competencia de las autoridades estatales, aunque se comprometió a mediar con las autoridades correspondientes. 258
En el mes de diciembre de 1992, el STPRM entrega a los dirigentes del MPI-LC 800 millones de nuevos pesos para ser repartidos entre 1 mil 500 despedidos por concepto de devolución de cuotas sindicales. Dos años después, a finales del mes de noviembre de 1994, se publicó en la prensa una carta a la redacción firmada por Wilfrido Rodríguez Guzmán, José del Carmen Regil Hernández y Felipe Hernández Contreras en la que acusaban a los dirigentes del MPI-LC, Antonio Hernández García, Martín Morales García, Rodolfo Marín Hernández, Tito Rojas Asamar, Gabriel Sánchez y Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, de haber retenido el pago que Pemex entregó. 259
7. Conclusiones
La estrategia seguida por las autoridades en el recorte de personal consistió en varias acciones complementarias entre sí. Los despidos se iniciaron durante 1989 (45 mil cesados) por la vía de cancelar los programas de exploración, perforación y expansión de instalaciones en el sureste del país. Por esto Guzmán Cabrera alegaba que no se trataba de despidos sino simplemente de no recontrataciones de eventuales. Posteriormente se inició un programa de jubilaciones anticipadas y de recortes de personal de planta sindicalizado, otorgándose indemnizaciones por encima de lo estipulado legalmente, con lo cual se logró evitar que los brotes de descontento en los trabajadores sindicalizados de planta. Esto permitió que los conflictos laborales transcurrieran por dos vías paralelas que nunca llegaron a juntarse: una, la de los trabajadores de planta, inmersos en conflictos intergremiales al interior de las secciones; otra, la de los transitorios, que durante los primeros años de la "modernización" no contaron con otro recurso que las demandas individuales en la JFCA, en donde los tortuosos procedimientos de contabilidades individuales y de excesivos requerimientos documentales alargaron el proceso y provocaron la deserción de la mayor parte de los demandantes.
La política de descentralización administrativa de Pemex implicó el traslado de las oficinas de exploración y producción primaria a la ciudad de Villahermosa para acercarlas a las zonas en expansión productiva. Por esto la mayor parte de las tramitaciones por demandas de liquidación se concentraron en la misma ciudad. En los meses de enero a marzo de 1992 se comienzan a realizar concentraciones masivas de trabajadores transitorios despedidos que empiezan a encontrar canales de negociación colectiva a través de grupos de abogados ligados a organizaciones como el MPI-LC, el MNP, el Movimiento de los Trabajadores (Modetra) y el Partido de la Revolución Democrática. La falta de respuesta de parte de las autoridades laborales y de la empresa provoca que las concentraciones se conviertan en abiertas movilizaciones que toman la forma de marchas, plantones y tomas violentas de instalaciones. A finales de abril el PRD estatal encabezado por Andrés Manuel López Obrador decide encauzar la protesta por medio de la que se conocería después con el nombre de Marcha por la Dignidad Petrolera hacia el Distrito Federal, que marcaría el inicio de una serie de marchas similares que en su camino hacia la capital del país durante el resto del año incluirían a distintos grupos de trabajadores despedidos de diferentes secciones, junto con otros grupos de demandantes como campesinos y pescadores afectados por la contaminación producida por la industria, y pobladores de comunidades también perjudicadas por las actividades petroleras.
En todo el sur del país la corriente perredista más vigorosa era la encabezada por Manuel López Obrador en Tabasco, quien impulsaba una dinámica de amplia movilización popular. Ante las manifestaciones de descontento generalizado sucedidos en las secciones de la zona sur -y particularmente en Villahermosa- durante los primeros meses de 1992, López Obrador no duda en ponerse al frente de la protesta y apoyar la iniciativa de marchar al D.F., para lo cual cuenta además con el hecho de que en el vecino estado de Veracruz la estructura partidaria se encuentra movilizada por la realización de las elecciones estatales. Esto juega inicialmente a favor del movimiento petrolero, pero en muy corto tiempo jugará en contra, pues mientras que las direcciones partidarias en los estados privilegian la dinámica regional (elecciones en Veracruz, nuevas movilizaciones en Tabasco), se deja la negociación específica de las demandas laborales en manos de grupos locales que entran en una feroz competencia por ganar el liderazgo general, y al no lograrlo, por conseguir mejores soluciones para sus representados.
Aún así las marchas al D.F. fueron rodeadas de un amplio apoyo de la base perredista, tanto en las localidades como en la capital del país, que sin embargo no se concretó en una política clara ante el conflicto. Durante las marchas y plantones de 1992 en el D.F. podemos distinguir por lo menos 3 coaliciones de grupos perredistas locales: la Marcha por la Dignidad encabezada inicialmente por el diputado federal Cuitlahuac Vázquez y posteriormente por el MDP-CNTD; el Exodo por la Dignidad encabezado por la diputada estatal por Veracruz Victoria Gutiérrez; la marcha del Frente Democrático de Trabajadores Lázaro Cárdenas encabezada por el diputado local por Tabasco Darwin González Ballina. Otros contingentes importantes de marchistas en plantón fueron encabezados por los líderes y abogados Carlos Humberto Rinza y Juan M. Alpuche, Guadalupe Marín y Julio Guillén, Heriberto Toledo López y Nicándro Gómez. Todos estos contingentes coincidieron en tiempos y espacios. En el Zócalo y la Torre de Pemex convivieron dos o tres plantones diferentes de trabajadores de las mismas secciones y con las mismas demandas, pero separados entre sí por la animadversión de los líderes, particularmente los perredistas, que no escatimaron acusaciones hacia sus competidores (vendidos, esquiroles, etc.).
Esto permite a la empresa establecer negociaciones separadas con grupos peticionarios cuya característica común era la heterogeneidad de su composición y de su representación. El marco de negociación simplemente se establece a partir de la agregación de demandas de sectores afectados: viudas, jubilados, transitorios, de base, campesinos, pescadores, etc., por lo que las "soluciones" y "acuerdos" consistieron en promesas vagas de revisar aspectos específicos de las liquidaciones (fondo de ahorro, de vivienda, seguro de vida, pago de pensiones, etc.), abrir módulos en las localidades para revisar contabilidades individuales de los trabajadores transitorios, crear comisiones de estudio para los problemas ambientales en las comunidades, y la entrega a los líderes de un "fondo de ayuda" para cubrir gastos de traslado a las localidades de origen y para ser repartido entre los marchistas en plantón. Estos fondos de ayuda fueron convertidos por la empresa ante la opinión pública en "ayudas discrecionales" y ante la justicia en acusaciones penales, como fue el caso de los abogados Guadalupe Marín y Julio Guillén, quienes días después del "arreglo" que levantó su plantón respectivo, fueron violentamente detenidos acusados de fraude.
La explosión movilizadora de 1992 no logró revertir el golpe dado a la población trabajadora de la industria petrolera, e incluso las marchas y otras acciones se realizaron en medio de fuertes contradicciones entre los diferentes liderazgos, la gran mayoría de ellos pertenecientes o aliados de la misma organización política, el PRD, que nunca pudo lograr acuerdos unitarios que permitieran una dirección común tanto en la movilización como en la negociación. Esta situación política, junto con la gran heterogeneidad de la población demandante, tanto en lo relativo a las condiciones diferenciadas de contratación de los trabajadores transitorios, como al amplio abanico de demandas específicas de otros grupos peticionarios, provocaron que las autoridades gozaran de un muy amplio margen de maniobra, y que los acuerdos parciales obtenidos con el gobierno federal y con la empresa fueran cumplidos con gran discrecionalidad. Así, ante el alargamiento indefinido de las soluciones los distintos movimientos tendieron a desintegrarse entre un gran descontento, fuertes enfrentamientos internos y violentas acusaciones mutuas de manejo irregular de los magros recursos que las autoridades pusieron a disposición de los demandantes para los gastos del regreso a las comunidades.
VII. Otros movimientos de trabajadores en el sureste petrolero
La magnitud de los despidos, particularmente en la petroquímica, provocaba que el descontento y la movilización se mantuvieran de manera constante en toda la zona sur, dando lugar al surgimiento de grupos y coaliciones que se proponían canalizar las demandas de los despedidos. A mediados de 1993 se estimaban en 8 mil los despedidos durante el año en la zona sur y se anunciaban otros 5 mil antes de finalizarlo. En las localidades del sur de Veracruz se calculaban en 3 mil 500 los cesados en las zonas productoras y las plantas petroquímicas alrededor de Coatzacoalcos. Según el vocero de Pemex, Rodolfo Vizcaíno, en la zona de Nanchital, Agua Dulce, El Plan y Huíchapa fueron cesados 1 mil 440 trabajadores, 70 por ciento de los cuales laboraban en calidad de transitorios y el resto de planta; la prensa por su parte informaba de 3 mil 600 despedidos más en localidades de Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco y Ciudad Pemex en Tabasco, y Ocosingo y Reforma en Chiapas. 260
1. El campamento y huelga de hambre de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
Una nueva oleada de movilizaciones hacia la ciudad de México se inicia en los primeros días de marzo de 1993, cuando aproximadamente 60 trabajadores despedidos, provenientes de las secciones 26, 31, 44 y 48 del sur de Veracruz y Tabasco, llegaron con cobijas y tiendas de campaña para iniciar un plantón permanente en el zócalo de la ciudad de México. El dirigente perredista, Rodrigo López García, anunció que a partir de ese día llegarían cientos de ex-trabajadores para unirse al plantón, en protesta por el incumplimiento de los acuerdos del 6 de septiembre de 1992 (ver capítulo V). López García informó también que el pliego de peticiones sería presentado ante las autoridades federales por los dirigentes del llamado Frente Nacional de Trabajadores Petroleros (FNTP), Omar Jasso y Víctor Ballinas. El pliego contemplaba de manera central la demanda de pago de liquidaciones conforme a la cláusula 21 del CCT, que preveía el pago del 100 por ciento; también solicitaban un seguro de desempleo u oportunidades de trabajo; capacitación para el trabajo; seguro médico; y pago de vivienda. 261
Un mes después, 320 ex-petroleros, representando a más de 1 mil 200 trabajadores despedidos de las localidades de Nanchital, Cuichapa y Minatitlán en el sur de Veracruz, así como de Salamanca en el estado de Guanajuato, deciden instalar un plantón en el zócalo capitalino a partir del 31 de mayo, demandando a Pemex el pago de indemnización por salarios complementarios pactados contractualmente y que nunca se aplicaron, así como el reembolso de cuotas sindicales extraordinarias y la devolución de los descuentos por seguro de vida por parte del sindicato petrolero, y cuyo monto ascendía a ocho millones de nuevos pesos. Los trabajadores eran representados por los abogados laborales Victoria Rodríguez, Oscar Alzaga y Jesús Campos Linas, mismos que el año anterior habían encabezado el llamado Éxodo por la Dignidad Petrolera que a finales de junio de 1992 firmó a un acuerdo con Pemex para el pago de liquidación a casi 500 trabajadores despedidos de las secciones del sur de Veracruz.
Un día después de iniciado el plantón, los trabajadores realizaron una marcha a la Secretaría de Gobernación para exigir pronta respuesta a sus demandas. Ese mismo día los representantes de los trabajadores despedidos Victoria Rodríguez, Alberto Cruz y Fidel Morales, realizaron una visita a las oficinas del periódico La Jornada en donde informaron que su presencia en la capital del país se debía a que desde hacía más de un año los trabajadores habían presentado cinco demandas colectivas ante la Junta Especial 7 bis de Conciliación y Arbitraje en contra de la empresa y el sindicato petrolero, tiempo en el que solo se había realizado una audiencia para las tres primeras demandas, mientras que en las dos restantes ni siquiera se había iniciado su tramitación, por lo que solicitaban la intervención de la Secretaría de Gobernación, que ya les había informado, por medio de la Dirección de Atención Ciudadana, que no podían "obligar al diálogo a las autoridades del Trabajo, pero que tratarían de intervenir”. Los dirigentes de los despedidos informaron también que de no tener respuesta favorable se verían obligados a realizar una huelga de hambre. Para ese momento los trabajadores calculaban en 10 mil los despedidos en la zona petrolera del sur de Veracruz durante los últimos años.
Dos días después, el 3 de junio de 1993, los trabajadores realizaron una marcha hacia la Torre de Pemex, en donde se realizó un mitin que tuvo como orador principal a Jesús Campos Linas, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quién pidió a la paraestatal que asumiera su responsabilidad hacia los despedidos, al mismo tiempo que informaba que era posible que en los siguientes días "cientos de petroleros" veracruzanos se solidarizaran con sus compañeros que realizaban el plantón. Al final del acto fueron recibidos por el jefe de Relaciones Públicas de Pemex Julio Pinter González, quién les informó que la empresa estaba dispuesta a iniciar el diálogo, siempre que así lo indicaran las autoridades de la JFCA, donde se encontraban depositadas las demandas de los despedidos.
Según declaró a la prensa el abogado laboral Oscar Alzaga, los trabajadores demandantes buscaban llegar un arreglo conciliatorio ya que los juicios podían durar años sin que se llegara a una resolución. También informó que muchos de los trabajadores eran obligados a laborar sábado y domingo y horas extras entre semana en las granjas, ranchos y tiendas propiedad de las secciones, así como en las casas de los dirigentes y en los ayuntamientos en donde éstos eran ediles, ya que solo de ésta forma podían obtener los contratos por 28 días. Según Alzaga esta práctica de "labor social" se seguía realizando en varias secciones, no obstante las afirmaciones de la dirección sindical nacional en cuanto a que había sido eliminada.
En vista de que no había una respuesta concreta para la apertura de las negociaciones, los trabajadores solicitaron también la intervención de la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República. El 6 de junio decidieron cubrir la plancha de concreto del zócalo capitalino con petates de cartón encima de los cuales al mediodía y durante más de tres horas los petroleros despedidos se expusieron al sol. Al término de la protesta el director de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Enrique Hernández, informó a los representantes de los trabajadores que las negociaciones se iniciarían el día siguiente. En declaraciones a la prensa Campos Linas y Victoria Rodríguez afirmaron que la actitud de las autoridades laborales frente a los despidos y las cuotas ilegales aplicadas por el sindicato, solo podía ser calificada de "encubrimiento", e hicieron hincapié en que las demandas de los petroleros no debían "confundirse con ninguna lucha partidaria".
Como se anunció, el 7 de junio (ocho días después de iniciado el plantón en el Zócalo) se realizó una audiencia para revisar la primera de las cinco demandas colectivas, por medio de la cual 300 trabajadores -que acudieron en masa a las instalaciones de la JFCA- reclamaban al sindicato la devolución de cuotas extraordinarias descontadas por Pemex ilegalmente. Después de cuatro horas de negociaciones las autoridades laborales decidieron "suspender por 30 días" la demanda a solicitud de los abogados de la empresa, Ricardo Salgado y Augusto Romero Betancourt, quienes argumentaron que como Pemex se había dividido en cuatro empresas, existían dificultades para obtener información, antecedentes, nóminas y listas de trabajadores. Al final de la audiencia Jesús Luna, uno de los abogados de los trabajadores, consideró el recurso utilizado por la empresa como "amañado" y un mecanismo dilatorio más.
Esa misma noche los trabajadores que permanecían en el Zócalo capitalino realizaron una marcha hacia la Secretaría de Gobernación en donde fue recibida una comisión. En la reunión se acordó esperar una semana más para que los funcionarios de la Secretaría de Gobernación se entrevistaran con representantes de la empresa y el sindicato con el fin de convencerlos de que aceptaran abrir las negociaciones con los demandantes. Días después, el 14 de junio del mismo 1993, los trabajadores marcharon hacía la Secretaría de Gobernación para conocer el resultado de las gestiones. Ahí los recibió el director de Atención Ciudadana, Hernández Uribe, quien les informó que, ante la negativa de Pemex y del STPRM para aceptar cualquier conciliación, la dependencia gubernamental daba por concluida su intervención, recomendándoles que acudieran a la JFCA.
De regreso al Zócalo capitalino donde mantenían el plantón iniciado el 31 de mayo, los trabajadores anunciaron el inicio de una huelga de hambre -inicialmente de cuatro trabajadores de las secciones 11, 16 y 24, a los cuales progresivamente se les irían uniendo más-, así como la solicitud de intervención de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y de la Cámara de Diputados. En relación con esta última institución, los trabajadores informaron que contaban con el apoyo del PRD, que había provisto de víveres a los integrantes del plantón; también el PPS había ofrecido llevar el caso a la tribuna, mientras que el coordinador de la fracción del PAN en la Cámara, Diego Fernández de Cevallos había dirigido una carta a la dirección de Pemex exigiendo la solución al conflicto.
En los siguientes días los trabajadores continuaron con las movilizaciones para difundir el problema entre la población capitalina. Al final de una marcha a la residencia presidencial de Los Pinos fueron recibidos por el subjefe de Audiencias de la Presidencia de la República, Carlos Hugo Alvarez, quien se limitó a recoger una carta dirigida al presidente Salinas en la que exponían el motivo de sus demandas.
El 20 de junio de 1993 se conoció la renuncia de Sebastián Guzmán Cabrera a la dirección nacional del sindicato petrolero. Al respecto el abogado de los trabajadores en plantón en el Zócalo capitalino, Oscar Alzaga, declaró a la prensa su deseo que la renuncia fuera el principio del fin de la corrupción en el sindicato. Sin embargo la situación de los trabajadores demandantes no se modificó con los cambios en la dirección nacional del sindicato y así el 23 de junio -al mismo tiempo que se publicaba en la prensa un desplegado firmado por los 36 secretarios seccionales en el que de manera unánime apoyaban a Carlos Romero Deschamps para ocupar la secretaría general- se anunciaba que dos trabajadores más se sumaban al ayuno realizado por cuatro de sus compañeros.
Ese mismo día el abogado Oscar Alzaga informó a la prensa que la dirección de Audiencias de la Presidencia de la República había tenido una intervención favorable a los trabajadores y la empresa había mostrado su disposición para solucionar el conflicto, pero el sindicato se seguía negando a realizar las pláticas conciliatorias. Por la noche se intentó una nueva cita en las instalaciones de la JFCA a la que tampoco asistieron los representantes de la empresa y del sindicato. Después de esperar más de tres horas los representantes de los trabajadores fueron informados por Alejandro González, secretario particular del presidente de la JFCA, Martín Pino de la Rosa, que la audiencia se suspendía, enviándolos a continuar sus gestiones "a otro lado".
Al conocer los resultados de la entrevista los trabajadores realizaron otra marcha a la residencia presidencial de Los Pinos. El 27 de junio realizaron un mitin en el Zócalo capitalino donde exigieron al nuevo dirigente nacional Romero Deschamps que cumpliera con su obligación de defender los derechos de los despedidos. En el acto se rompieron piñatas que representaban a los líderes renunciante y entrante.
El 28 de junio arribaron al Zócalo capitalino, después de cinco días de marcha desde Poza Rica, alrededor de 100 trabajadores que representaban a 350 despedidos de la sección 30, quienes demandaban el pago completo de su liquidación. A su llegada se unieron con los integrantes del plantón en el Zócalo para realizar una marcha hacia Los Pinos, en donde el secretario de Audiencias de la Presidencia, Jorge Valadez, condicionó entrevistarse con una comisión, a que no estuvieran presentes los abogados Oscar Alzaga y Victoria Gutiérrez, cuestión a la que se negaron los trabajadores. 262
En los siguientes días los trabajadores continuaron realizando marchas a Los Pinos y mítines en el Zócalo, sin obtener ninguna respuesta favorable a sus demandas. El 17 de julio fue suspendida la huelga de hambre iniciada 30 días antes, por el deterioro físico de los seis trabajadores en ayuno, uno de los cuales en mal estado fue trasladado al hospital de Balbuena, dependiente del DDF, donde después de ponerle suero lo dieron de alta, obligándolo a permanecer desnudo con una sabana en los pasillos del hospital, hasta que por la noche una ambulancia lo trasladó al Zócalo. En estos mismos días se integraron al plantón otro grupo de trabajadores despedidos de distintas secciones de la zona sur, así como grupos de colonos, campesinos y obreros de distintas partes del país.
El 23 de julio de 1993 y después de 55 días, el campamento de los trabajadores despedidos del sur de Veracruz y de Salamanca fue levantado luego de que la Secretaría de Gobernación divulgó un comunicado en el que se hacía "un atento pero firme llamado a los trabajadores ex-petroleros, a efecto de que se reintegren a sus comunidades de origen y esperen el fallo que sobre este particular dictará en su oportunidad la autoridad laboral". Según informaron los abogados Oscar Alzaga, Jesús Luna y Victoria Gutiérrez, en una reunión con el subdirector de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Tristán Canales, se acordó que se proporcionarían camiones para que los demandantes regresaran a sus lugares de origen y 2 mil pesos a cada uno de los 350 trabajadores que se mantuvieron hasta el final, así como la promesa de dar celeridad a los juicios y a las negociaciones con la empresa y el sindicato. En un comunicado difundido el mismo día, la Secretaría de Gobernación afirmaba que se habían fincado las bases para que el problema "se resuelva conforme a derecho y en las instancias correspondientes", al mismo tiempo que la dependencia reiteraba "su compromiso de velar porque se respeten las garantías constitucionales de todos los ex-trabajadores petroleros que hoy levantaron el plantón". 263
2. El campamento del Frente Nacional de Trabajadores Ex - Petroleros Desempleados A.C.
No todos los trabajadores participantes en el campamento encabezado por los abogados de la ANAD en la ciudad de México aceptaron los términos del acuerdo del 23 de julio de 1993 con la Secretaría de Gobernación y 30 de ellos, junto con otros demandantes ex-petroleros que se habían integrado en los últimos días al plantón en el Zócalo capitalino, decidieron mantener la protesta, que para esos momentos incluía también a colonos desalojados en la ciudad de México, trabajadores despedidos de Sicartsa y de Azufre S.A., así como un grupo de invidentes que solicitaban permiso para mantener sus puestos de lámina instalados en la vía pública. Los trabajadores petroleros que decidieron mantener el plantón de protesta pertenecían a las secciones 11, 22, 31, 44 y 47 del STPRM y se agrupaban en el Frente Nacional de Trabajadores Ex-Petroleros Desempleados AC (FNTEPDAC), que desde el 5 de mayo anterior habían firmado un convenio para la revisión de cientos de casos en Villahermosa, Tabasco, y que al no cumplirse viajaron a la ciudad de México para integrarse al plantón encabezado por los abogados de la ANAD.
El mismo día en que sus compañeros decidieron aceptar el ofrecimiento de la Secretaría de Gobernación, el grupo de inconformes hizo público un pliego petitorio en el que señalaban que quedaban pendientes el pago de liquidación por despido, el pago de seguros de vida y de reparto de utilidades por parte de la empresa, así como la devolución de cuotas sindicales extraordinarias por parte del sindicato. En declaraciones a la prensa, el abogado laboral José Alfredo Andrade Bojórquez y el líder Raúl Solís, acusaron al grupo que levantó el plantón de "traidores" al haber aceptado los 2 mil pesos y regresar a sus localidades, informando que ellos se mantendrían en la lucha hasta la solución. También denunciaron que eran víctimas de amenazas de desalojo y de intimidaciones por parte de agentes de la Secretaría de Gobernación.
Días después, el 29 del mismo mes de julio en la madrugada, víctima de un ataque cardiaco, falleció en una de las tiendas de campaña hechas de cartón y plástico instaladas en el Zócalo capitalino el ex-petrolero Rafael Osorio López, quién formaba parte del contingente que desde el 31 de mayo había instalado el plantón de protesta y que se había negado a suspenderlo hasta que no se resolvieran favorablemente sus demandas. Por la tarde del mismo día sus compañeros hicieron una guardia en su honor y luego su cuerpo fue llevado al hangar de Pemex, de donde fue trasladado a Tabasco para ser sepultado. Los gastos del traslado y del funeral fueron pagados por el DDF. 264
Aún así el plantón de trabajadores en el Zócalo capitalino continuó, y el 6 de agosto se conoció una carta a la redacción firmada por Joel García Ruiz y Rosa Ma. Rodríguez Ayala, coordinador general y encargada de la comisión de relaciones, respectivamente, del Comité Nacional Independiente Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos (CNI), en la que acusaban al gobernador de Tabasco, M. Gurría Ordóñez, el gerente de Relaciones Laborales de Pemex, Julio Pinter, y al dirigente del STPRM, C. Romero Deschamps, de ser los causantes de la muerte del trabajador Rafael Osorio López en el plantón del Zócalo del DF, por haber sometido a los demandantes a una situación de desgaste, además de utilizar la amenaza de represión a través de Enrique Uribe, funcionario de Gobernación, en lugar de ofrecer una solución.
Por esto el 9 de agosto más de 300 ex-petroleros concluyeron una manifestación por las calles capitalinas con el cierre por la fuerza de las oficinas centrales de Pemex, impidiendo la salida a 1 mil 800 empleados durante 8 horas. Ahí el dirigente del FNTEPDAC Marco Antonio Gutiérrez Campos (quién durante el último año había participado en otros tres plantones en el Zócalo junto con cientos de ex-petroleros), informó a la prensa que solo en Tabasco habían sido despedidos más de 15 mil trabajadores en la paraestatal, de los cuales se encontraban en el Zócalo 500, que representaban a otros 2 mil que demandaban finiquitos completos, y que ante el constante incumplimiento por parte de las autoridades no abandonarían las oficinas centrales hasta firmar un convenio. El bloqueo se levantó a la medianoche después de que -mediante la intervención del secretario general de gobierno del DDF Marcelo Ebrard- los trabajadores hubieron acordado con funcionarios de Pemex que "las liquidaciones se pagarían dos días después", según declaró a la prensa la asesora laboral y militante del PFCRN, Luisa Cante. Poco después se comentaría que los trabajadores no conocían el documento que sus dirigentes habían firmado para dar fin a la toma de las oficinas centrales.
Un día después el director corporativo de Pemex, Cuauhtémoc Santa Ana Sertuche, publicó un boletín de prensa diciendo que la empresa elaboraría dictámenes individuales a la lista de 442 trabajadores presentada por los representantes del FNTEPDAC, aclarando que de ésta lista 397 casos ya habían sido revisados con anterioridad como resultado de "otras marchas y negociaciones" y solo 45 eran nuevos. El boletín denunciaba que los acontecimientos del día anterior venían a confirmar la existencia de una "industria de las marchas" en la que Pemex "era el blanco principal". Respecto a que el convenio firmado en Villahermosa el 5 de mayo no había sido cumplido por la empresa, el funcionario aseguró que en las revisiones realizadas, 50 por ciento de los demandantes no se presentaron a los módulos respectivos. También hizo una larga relación de los daños causados durante el cierre de las oficinas del día anterior, que incluía rejas derribadas, teléfonos destruidos, computadoras afectadas y otros, para concluir que "Marco Antonio Gutiérrez Campos, que los dirige, no tiene nada que reclamar pues el pasado 5 de mayo recibió 10 millones de pesos".
Al respecto y en sus primeras declaraciones como director general del Fonacot, el ex-dirigente nacional S. Guzmán Cabrera, afirmó que la demanda de los trabajadores en plantón en el Zócalo tenía "tintes políticos", ya que han sido muchos los partidos que habían intervenido en este asunto. También rechazó que existiera denuncia penal alguna en su contra, y negó que dejara serios problemas en el sindicato a su sucesor Romero Deschamps. Estas declaraciones las realizó en el Congreso del Trabajo, al ponerse en marcha el Programa Nacional de Útiles Escolares.
El día fijado para la revisión de los casos de indemnización (11 de agosto), las autoridades no instalaron ninguna de las diez mesas de trabajo pactadas durante la toma de las oficinas centrales. En declaraciones a la prensa el presidente del FNTEPDAC, M.A. Gutiérrez Campos, afirmó que se disponían a tomar "otras medidas" para obligar a la empresa a cumplir lo acordado. Los diez módulos se instalaron un día después en el deportivo Guelatao, en donde se realizó la revisión de cada uno de los casos. El 14 de agosto Pemex publicó en los periódicos nacionales un desplegado en el que se detalla una lista de 52 ex-trabajadores cuyo expediente laboral se había revisado durante los dos días anteriores en presencia de conciliadores de la JFCA, un representante del DDF, Notarios Públicos y representantes de los ex-trabajadores. Según planteaba el desplegado, de la lista de 52 ex-trabajadores solo en un caso se estableció el pago de diferencias a favor del demandante, ya que en los restantes no se encontró ninguna anomalía.
Ese mismo día la PGR anunció que solicitaría al juzgado de Distrito en materia penal el libramiento de orden de aprehensión en contra de 15 integrantes del FNTEPDAC encabezados por Gutiérrez Campos y José Luis Figueroa, implicados en la denuncia de hechos presentada por el director de Pemex, F. Rojas, a raíz del cierre de las oficinas el 9 de agosto. Las acusaciones eran por daño en propiedad ajena y allanamiento con privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. También se conoció una declaración de la empresa en Villahermosa, sin especificar el nombre del declarante, en la que se acusaba al PRD de utilizar en las movilizaciones de los trabajadores despedidos a "chantajistas profesionales (..), como quedó demostrado con la lista publicada".
Por su parte la asesora de los trabajadores, Luisa Cante, comentó a la prensa que esperarían a que se revisara hasta el último expediente "para dar a conocer nuestra inconformidad", adelantando que pedirían la ayuda del líder nacional del PFCRN, R. Aguilar Talamantes. A su vez el líder del FNTEPDAC, M.A. Gutiérrez, afirmó que la revisión "está amañada" ya que Pemex no quería reconocer la antiguedad de los demandantes, “haciendo perdidizos” los documentos y negando cualquier adeudo pendiente.
El 16 de agosto Pemex publicó una nueva lista de 142 despedidos más cuyos expedientes laborales se habían revisado “minuciosamente”, encontrándose solo dos casos en los que se tuvo derecho a pago de diferencias en la liquidación. El día 17 se publica una nueva lista de 104 despedidos más de los que solo cinco tenían derecho a pagos de diferencias a su favor. El día 18 en otro desplegado de prensa se incluye una nueva lista de 119 despedidos más cuyos expedientes se revisaron, de los que solo 7 tenían derecho a pagos de diferencias a su favor, así como otros 9 con derecho a liquidación.
Mientras tanto el líder del FNTEPDAC, M.A. Gutiérrez, declaraba a la prensa que la revisión de los expedientes de los inconformes era insuficiente para satisfacer sus demandas, y que al concluir el proceso harían un "pronunciamiento público" en contra de la revisión y se reunirán con las autoridades del DDF y Pemex para negociar una mejor liquidación e indemnización de los despedidos. También afirmó que existían 45 expedientes que por negligencia de la empresa no habían sido localizados, además de que en 74 casos su situación no se revisó. Según el representante de los ex-trabajadores, solo en "alrededor de 12 casos" se había tenido una respuesta "medianamente favorable".
La publicación de las listas de los casos revisados concluye el 19 de agosto con un desplegado de prensa de Pemex, en el que se informaba que fueron revisados los 442 casos presentados, de los cuales 17 demandantes no se presentaron a revisión (se anexa la lista de sus nombres), en 407 se comprobó que su pago fue correcto o que no tenían derecho a ningún págo, 10 despedidos tuvieron pequeñas diferencias a su favor y 11 no habían sido liquidados en virtud de que las plazas que transitoriamente cubrieron no se cancelaron, por lo que podían solicitar su liquidación formalmente en el centro de trabajo respectivo. En todos los desplegados con las listas se incluyó al final un párrafo que decía que esos trabajadores se habían introducido violentamente en las oficinas de Pemex, secuestrando a 1 mil 800 personas durante nueve horas, con el pretexto de que Pemex no había atendido sus peticiones. Ese mismo día se levanta el plantón encabezado por el FNTEPDAC desde el 23 de julio (día en que a su vez se levantaba el plantón encabezado por integrantes de la ANAD iniciado el 31 de mayo). De manera inusual el DDF entregó a los líderes cheques para cubrir los gastos de traslado y una pequeña ayuda extra.
Tres días después, el 22 de agosto, un grupo de trabajadores participantes en el plantón del zócalo del DF recién levantado presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia de Tabasco en contra del dirigente del FNTEPDAC, Gutiérrez Campos, acusándolo de negarse a pagar los 3 mil pesos que correspondían de distribuir el cheque por 750 mil nuevos pesos que el DDF entregó al líder, entre alrededor de 250 trabajadores despedidos. Según denunciaron los inconformes durante un mitin en la Plaza de Armas de Villahermosa, Gutiérrez Campos se negaba a presentarse a las citas convenidas para el pago, al tiempo que con su comitiva se dedicaba a gastarse el dinero en una parranda de varios días. 265
3. El campamento del Deportivo Guelatao
Según los acuerdos negociados por los abogados de la ANAD y que resultaron en el levantamiento del plantón en la ciudad de México el 23 de julio de 1993, las autoridades de la SG, STPS y Pemex prometieron dar celeridad a los juicios y a las negociaciones con la empresa y el sindicato (ver inciso 1 de éste capítulo). Ese mismo día los asesores de la ANAD presentaron una nueva demanda colectiva ante la JFCA 12 bis de la ciudad de México. Sin embargo el tiempo pasó sin que se emitiera ningún laudo ni se realizara ninguna negociación. Por esto el 18 de abril de 1994 más de 200 ex-trabajadores, representantes de alrededor de 1 mil 200 despedidos de Nanchital, Agua Dulce y Minatitlán, participantes en aquél plantón en la ciudad de México, y ahora agrupados en el llamado Movimiento de Dignificación Petrolera (MDP), realizaron una marcha por las principales calles de Coatzacoalcos que concluyó con la instalación de un nuevo plantón en el parque municipal de esta localidad.
Ahí el vocero de los inconformes, Alberto Crúz Alemán reiteró las demandas planteadas a Pemex: revisión de finiquitos e indemnización conforme a la ley; y al sindicato: devolución de las cuotas sindicales extraordinarias y devolución del seguro de vida. Dos días después los ex-trabajadores marcharon por las calles de la ciudad con el torso desnudo y anunciaron la posible integración al plantón de ex-petroleros de Ciudad Hidalgo, Poza Rica, Tuxpan, Tabasco y Campeche. El 25 de abril realizan una nueva marcha efectuando mítines ante las oficinas de Pemex, de la junta especial número 38 de la JFCA y de la Sedesol. 266
La constante movilización de los trabajadores del MDP no logró que la empresa y el sindicato abrieran las negociaciones y lejos de ello la madrugada del 4 de mayo, después de 16 días, el plantón que realizaban en el parque municipal de Coatzacoalcos fue violentamente desalojado por la Policía de Seguridad Pública estatal, deteniéndose a 74 trabajadores, entre ellos los dirigentes del MDP Victoria Gutiérrez López y Abraham Pérez Uscanga, quienes fueron remitidos al MPF acusados de posesión de arma de fuego.
De inmediato el grupo de abogados laborales encabezados por Jesús Campos Linas, emitió desde la ciudad de México un comunicado en el que denunciaban el hecho y anunciaban nuevas movilizaciones por la libertad de los detenidos. En Coatzacoalcos los también dirigentes del MDP, Alberto Cruz Alemán y Delfino Alvarado Aguirre, informaban el mismo día que por mediación del diputado federal perredista Guillermo Flores Velázquez, el gobernador P. Chirinos había ordenado al procurador estatal, Eduardo Andrade Sánchez, "tomar cartas en el asunto". Un día después fueron liberados 69 de los 73 detenidos, mientras que los cuatro principales dirigentes eran acusados de delitos federales. 267
En el mes de junio de 1994 otro grupo de despedidos de distintas secciones de la zona sur, apoyados por Andrés Manuel López Obrador, se trasladaban en autobuses para dar inicio en el Zócalo capitalino a un nuevo plantón a partir del 29 del mismo mes. La madrugada del primero de julio, los cerca de 100 ex-petroleros en plantón fueron desalojados por más de 500 elementos de la policía del DDF y trasladados al Deportivo Guelatao, donde en adelante pernoctarían mientras mantenían durante el día su protesta en el Zócalo y posteriormente en la Cámara de Diputados. Después del desalojo el vocero de los trabajadores, Roberto de la Cruz, de la sección 50, declaró a la prensa que mantendrían las movilizaciones ya que "la consigna es quedarnos aquí hasta obtener resultados", informando también que el pliego de peticiones ya había sido entregado a la Secretaría de Gobernación para que obligara a Pemex a dialogar con los trabajadores, y que se encontraban esperando a que llegara el dirigente perredista en Tabasco, Wilbert Narváez, para iniciar las platicas con las autoridades federales. Las demandas planteadas consistían en la indemnización legal por despidos injustificados, devolución de cuotas extraordinarias y pago del tiempo dedicado a trabajo social en las instalaciones sindicales
Desde el 25 de junio había partido de Villahermosa una marcha hacia la ciudad de México impulsada por López Obrador y encabezada por Wilbert Narváez. El 4 de julio arribó a la ciudad de México el grueso del contingente de marchistas de la zona sur y que junto con los que ya les esperaban sumaban poco más de 350 despedidos pertenecientes a las secciones 14, 29, 42, 47, 48 y 50. El 5 de junio los trabajadores trasladaron el plantón a la sede de la Cámara de Diputados, en donde un día después realizarían un bloqueo en las avenidas circundantes. Ahí sostuvieron una entrevista con los diputados perredistas Patricia Ruiz Anchondo y Alejandro Encinas.
Ante la falta de respuesta de Pemex y de la Secretaría de Gobernación el plantón se alargó mientras los despedidos continuaban con movilizaciones y actos para llamar la atención sobre sus demandas, hasta que a mediados de julio se logró que la empresa aceptara la revisión de los casos. El 29 de julio, cuando los trabajadores de la zona sur cumplían 30 días en la ciudad de México, la revisión de los expedientes se suspendió con acusaciones de parcialidad hacia los representantes de la empresa y de las autoridades laborales.
Un día después, el 30 de julio, Pemex publicó en la prensa nacional un desplegado en donde exponía la situación de 200 de los 656 casos que afirmaba haber revisado hasta ese día (de un total de 800 demandas, 1 mil 82 según los trabajadores) con la asistencia del interesado, su representante legal y funcionarios de la JFCA, señalado que solo en 12 casos se habían detectado pequeñas omisiones que significaban pagos de 300 nuevos pesos como promedio. En el desplegado Pemex decía que cada liquidación se había realizado conforme a la ley y que muchos casos habían sido revisados en distintas ocasiones a petición de los interesados o de los líderes en turno, dado que los trabajadores eran encabezados por "diversos vivales o por personas que buscan clientelismo electoral", denunciando también que la marcha a la ciudad de México la habían realizado con la falsa promesa de que se les conseguiría "a como diera lugar" cuatro mil nuevos pesos a cada uno. Según la relación publicada por Pemex, los 656 casos revisados correspondían a las siguientes localidades: en Veracruz: Agua Dulce, Cosoleacaque, Pajaritos, Nanchital, El Plan, Complejo Petroquímico Morelos; en Tabasco: Comalcalco, Villahermosa, Dos Bocas, Cárdenas, Paraíso, y los Complejos Petroquímicos Nuevo Pemex y Ciudad Pemex; en Chiapas: Reforma, Cactus; en Tamaulipas: Reynosa.
En respuesta los trabajadores realizaron un mitin frente a la embajada de EUA, donde anunciaron que mantendrían las movilizaciones. En el mismo lugar frente a la embajada estadounidense, cuatro dirigentes de la sección 44 realizaban un plantón desde el 12 de julio, los cuales en todo momento evitaron establecer cualquier relación con los despedidos participantes en el plantón del Zócalo y el Deportivo Guelatao. Unos metros más allá, en el Ángel de la Independencia, a partir del primero de agosto se instaló un nuevo plantón, en este caso de viudas petroleras procedentes de Minatitlán y Villahermosa y agrupadas en la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros (CFTP). 268
4. Movimientos de viudas y pensionados
El grupo de viudas y pensionados miembros de CFTP se encontraban en la ciudad de México desde mediados del mes de julio de 1994, cuando realizaron un plantón frente a las instalaciones del Senado de la República en la ciudad de México en demanda de que Pemex los inscribiera al régimen obligatorio del IMSS y realizara las aportaciones al INFONAVIT a las que estaba obligado con el fin de que tuvieran acceso a estas prestaciones. Sin embargo y no obstante la intervención de legisladores del PRD a favor de lo solicitado, Pemex rechazó que los demandantes tuvieran derecho a las prestaciones señaladas, por lo que habían decidido instalarse en plantón permanente.
Las viudas en el Ángel de la Independencia reclamaban pago de pensión, pago de aguinaldo y servicio médico. Según explicaron a la prensa, la pensión les había sido suspendida por las reformas contractuales de 1993, cancelándose también su acceso al servicio médico, calculando en 8 mil las mujeres de entre 60 y 80 años que quedaron desprotegidas. Durante su estancia en la capital realizaron movilizaciones en la Cámara de Diputados y en la residencia presidencial de Los Pinos, lográndose entrevistar con la diputada perredista Patricia Ruiz Anchondo y con el subdirector de Audiencias de la Presidencia, Carlos Hugo Álvarez. Tanto en el caso de las viudas y pensionados, como en el de los trabajadores despedidos instalados en el campamento del zócalo capitalino, la respuesta de las autoridades fue remitirlos a las secciones respectivas en el sureste del país para la realización de las gestiones individuales para cada uno de los demandantes. 269
Casi tres años después, en marzo de 1997, en la ciudad de Villahermosa se reunieron un centenar de trabajadores que afirmaban representar a más de 17 mil obreros jubilados, viudas, transitorios y desempleados agrupados en la CFTP. Al final del encuentro el líder de los inconformes, Victoriano Bastos Dorantes, informó que acordaron demandar al dirigente nacional CRD aumento en las pensiones y salarios, y que las plazas de los trabajadores activos fueran “firmes de por vida”. 270
Al llegar a la ciudad de México los trabajadores despedidos se integraron al plantón que iniciaban frente al Senado de la República un grupo viudas de petroleros que demandaban a Pemex el pago de pensiones y la reintegración al servicio médico. Según explicaron a la prensa, las viudas procedían de distintas secciones, particularmente de la zona sur, y habían sido afectadas por las reformas contractuales de 1993. Tanto las viudas como los transitorios y reajustados integrantes del plantón, se agrupaban en la CFTP, cuyo líder, Victoriano Bastos Dorantes, informó que eran 800 las y los participantes en la protesta.
Al mismo tiempo el 27 de mayo un grupo de 50 petroleros despedidos salieron de Villahermosa a bordo de un camión hacia la capital del país para instalar un plantón en el zócalo hasta que Pemex no resolviera sus demandas. En entrevista de prensa el dirigente de los quejosos, José del Carmen Regino Hernández, informó que se trataba de una delegación que representaba a 500 trabajadores a los que se les había liquidado con cantidades menores a las que aparecían consignadas en las listas oficiales, por lo que se trataba de un fraude en el que estaban involucrados varios funcionarios la empresa, por lo que demandaban que Pemex les pagara lo que les faltó en las indemnizaciones, así como la reinstalación a quienes estuvieran en posibilidades de hacerlo y que procedieran las jubilaciones a quienes tenían cumplidos los años de servicio requeridos y que indebidamente habían sido liquidados. En la misma entrevista el dirigente Hernández afirmó que el traslado de los trabajadores era financiado por el senador perredista Auldaríco Hernández; sin embargo el senador suplente, Diógenes Jiménez Martínez, desmintió inmediatamente estas declaraciones, afirmando que su partido no tenía nada que ver en tales acciones. Al llegar a la ciudad de México los trabajadores despedidos se integraron al plantón que realizaban frente al Senado de la República el grupo viudas de petroleros agrupadas en la CFTP. 271
Las viudas realizaron mítines en las puertas de las empresas editoras de periódicos para divulgar su lucha y el 20 de junio del mismo 1997 llevaron a cabo una marcha de la Columna de la Independencia a las oficinas de Pemex con 280 personas, al final de la cual instalaron un plantón y bloqueo de la avenida Marina Nacional hasta que la empresa recibió a una comisión encabezada por el asesor jurídico de la CFTP, Edmundo Bracamontes Martínez, quien informó que la empresa mostraba disposición a otorgar a los demandantes el derecho a la vivienda y a la seguridad social mediante el pago de cuotas, tanto al IMSS como al INFONAVIT.
Los días pasaron sin que la empresa concretara sus ofrecimientos. El 25 de junio el senador por el PRD, Héctor Sánchez, demandó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la resolución de las demandas de las viudas petroleras, logrando que se turnara una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras para que se presentara un dictamen al respecto. Ante la disposición de los legisladores para resolver el problema, los más de 800 integrantes (viudas, huérfanos, jubilados y pensionados provenientes de diversos estados del sureste mexicano) del plantón frente al Senado, decidieron levantarlo después de una resistencia de más de un mes. El asesor Bracamontes Martínez informó a la prensa que Pemex se había negado a aceptar cualquier compromiso con los demandantes. Sin embargo los legisladores del PRD lograron que la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores solicitara la opinión de especialistas en la materia, los cuales presentaron un documento en el que se concluía que no existía fundamento legal para que Pemex se mantuviera en un régimen de seguridad social por debajo de lo estipulado en las leyes del IMSS y del INFONAVIT.
A principios de 1998 Pemex se comprometió a evaluar la posibilidad de otorgar los beneficios solicitados por la CFTP, ya fuera por la vía contractual o a través de convenios específicos que eliminaran la omisión de incorporación al régimen obligatorio del IMSS y el INFONAVIT. Será hasta el 14 de octubre del mismo año que la empresa emita un comunicado donde informaba que, después de realizar el análisis correspondiente, se había llegado a la conclusión de que los peticionarios carecían del derecho a las prestaciones reclamadas, y que en todo caso se acataría la decisión de los tribunales laborales al respecto. 272
A mediados de enero de 1999 se publicaron dos entrevistas en las que se trataba el problema de los jubilados de Pemex. Eduardo Alva, encargado de la Coordinación Nacional de Jubilados del STPRM, informó que sus representados vivían una problemática grave, con grandes carencias, pensiones insuficientes y el rechazo al solicitar otros empleos debido al rechazo de las cámaras industriales que se negaban a emplear a ex-trabajadores petroleros por considerarlos conflictivos. Un fenómeno reciente en Pemex era el de los jóvenes jubilados, personas menores a los 40 años que tenían solo unos 10 o 12 años laborando cuando tuvieron que abandonar la empresa, cuestión que sucedió sobre todo a raíz del cierre de la refinería de Azcapotzalco.
Según Eduardo Alva, el 65 por ciento de los jubilados tenían entre 40 y 50 años y las pensiones no alcanzaban a cubrir las necesidades al frente de sus familias, aunque consideró que se habían conquistado nuevos derechos para los jubilados, entre ellos la pensión vitalicia (que se logró en la revisión contractual de 1995) y un amplio acceso al servicio médico. Sin embargo una preocupación en esos momentos era que desde hacía seis años los cónyuges y deudos de jubilados tenían derecho al servicio médico durante solo 10 años, por lo que eran cada vez más las viudas que habían gozado de ese derecho y que se habían quedado sin él, por lo que “aspiramos a volver a reactivar el servicio médico en estos casos”.
Por su parte el director de Pemex, Adrián Lajous, informó que el número total de jubilados en la empresa era de 51 mil 500, que representaba un poco más de la tercera parte del personal en activo, debido a que hubo una expansión de la contratación en los años setenta, después un estancamiento en los ochenta, y posteriormente una reducción en los noventa, con lo que se afectó la estructura de antigüedad del personal. Lajous consideró que en los siguientes tres o cuatro años habría “un pico muy fuerte” ya que empezaba a jubilarse parte del personal que había ingresado a Pemex hacía 30 años. 273
Otro problema laboral que en ese año hizo crisis fue el de los empleados de confianza jubilados. El 9 de agosto de 1999 se publicó un desplegado de prensa firmado por 148 trabajadores de confianza jubilados de Pemex y por su representante legal e integrante de la ANAD, Jesús Campos Linas, en el que hacían constar que desde 1996 habían sido jubilados 800 de estos trabajadores con solo el 60 por ciento de sus salarios, al contabilizarse solo el salario nominal y no integral, por lo que el mismo año un grupo de los afectados había decidido presentar una demanda ante la JFCA, la cual había permitido que los juicios se prolongaran indefinidamente aprovechando la existencia de lagunas en la ley. En el documento los jubilados llamaban al Consejo de Administración de Pemex a resolver favorablemente sus demandas y al Congreso de la Unión a que legislara en la materia a fin de evitar la prolongación de los litigios, cuyos costos desmesurados dejaban a los trabajadores en la total indefensión. Cuatro días después, en conferencia de prensa, los dirigentes de los demandantes, Joaquín Alcalá Cachón, Raúl Calao Peralta, Ricardo Vázquez Muñoz y Luis Felipe Domínguez, advirtieron que de no obtener respuesta efectuarían un plantón frente a la torre de Pemex en los días próximos. 274
El 6 de enero de 2000 se publicó en la prensa otro desplegado firmado por el grupo de 148 empleados de confianza jubilados encabezados por el abogado de la ANAD Jesús Campos Linas, y dirigido al nuevo director de Pemex en demanda de pago de las prestaciones a las que tenían derecho, como el bono de incentivo al desempeño, y cuya falta significaba más del 40 por ciento del salario, prestaciones que por otra parte la empresa pagaba desde 1997 en las jubilaciones del personal gerencial. 275
Cuatro días después de las elecciones federales del dos de julio del 2000 se realizó una asamblea plenaria del Congreso del Trabajo para analizar la nueva situación política nacional con la asistencia del dirigente nacional petrolero. A la misma hora que esto sucedía, más de 300 jubilados y pensionados integrantes de la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros (CFTP) bloqueaban el tráfico vial a unas cuantas cuadras del lugar en donde la cúpula sindical corporativa sesionaba. Interrogado al respecto por la prensa, Romero Deschamps dijo que el sindicato no estaba en posición de resolver las demandas de aumento en las pensiones, pago de éstas a las viudas y seguro médico vitalicio, ya que el CCT se había modificado al respecto desde hacía cinco años y ninguna ley podía ser retroactiva, por lo que el asunto le competía exclusivamente a la empresa, y que lo conveniente para los demandantes era que se dirigieran a la STPS o al presidente de la República. 276
El 14 de julio del 2000 el grupo de jubilados empleados de confianza realizaron un acto frente a la Torre de Pemex en la ciudad de México, encabezados por su representante legal Jesús Campos Linas, quien junto con una comisión logró entrevistarse con el director jurídico de la empresa, Julio Pinter, que se comprometió a dar una respuesta en los siguientes días. Según declaró a la prensa el abogado Campos Linas, durante ocho meses se había estado negociando el caso en la JFCA, y recientemente las pláticas se habían roto por instrucciones del director administrativo de la empresa. A su vez el representante de los jubilados, Ricardo Gómez Saavedra, informó que ninguno de ellos era sindicalizado ya que habían desempeñado puestos de los niveles 33 al 34, que correspondían a intendentes, superintendentes y gerentes. 277
Mientras tanto los integrantes de la CFTP iniciaban una nueva campaña a favor de la autorización de los servicios de seguridad social a los que tenían derecho constitucionalmente. El 8 de mayo más de 700 jubilados, liquidados y viudas, que afirmaban representar a un total de 1 mil 700 demandantes, realizaron un plantón frente al Senado de la República en la ciudad de México. El 16 del mismo mes la senadora del PRD, Rosa Albina Garabito, publicaba un artículo en donde recordaba las principales acciones de este movimiento iniciado en 1994. Un día después alrededor de 100 manifestantes de la CFTP cerraron la circulación en la avenida donde se encontraban las oficinas de la PGJDF para demandar la investigación de funcionarios de Pemex, IMSS e INFONAVIT a quienes acusaban del delito de “coalición de servidores públicos” para exentar indebidamente a la empresa de cubrir cuotas y aportaciones de seguridad social. Entre los acusados se encontraba quien en ese momento era el candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno del DF, Jesús Silva Herzog, que en los años setenta fungió como director del INFONAVIT.
Durante el acto una comisión encabezada por el presidente de la CFTP, Victorino Bastos Dorantes, se entrevisto con funcionarios de la dependencia capitalina, a quienes exigieron el deslinde de responsabilidades y una solución definitiva a las demandas planteadas desde 1994. A la misma hora, otro grupo de la CFTP realizaba un acto similar frente a las oficinas de la PGR en donde la dirigente de los afectados, Dulce María Ruiz, informó que también presentarían su denuncia a la Presidencia de la República y a la SHCP. Más de un mes después, el 21 de junio, 300 integrantes de la CFTP realizaron un plantón frente a la Secretaría de Gobernación y después bloquearon dos de las más importantes avenidas en el centro de la ciudad de México. Ahí el dirigente Edmundo Bracamontes Martínez advirtió de la amenaza de 10 viudas con declararse en huelga de hambre ante la falta de soluciones. 278
El 6 de julio de 2000, a unas cuantas calles de donde se realizaba el pleno del Congreso del Trabajo para discutir la nueva situación política nacional después de la victoria de Vicente Fox, más de 300 jubilados, pensionados y viudas integrantes de la CFTP, bloquearon el tráfico vial en una de las principales avenidas capitalinas, en protesta por no recibir ninguna respuesta a sus peticiones. Al final del acto de la cúpula sindical corporativa, Romero Deschamps fue cuestionado por la prensa, a quienes dijo que el sindicato no tenía ninguna responsabilidad con relación a las demandas de aumento y pago de las jubilaciones y seguro médico vitalicio, ya que eso había sido “superado” desde las modificaciones al CCT cinco años antes, por lo que el problema competía a la empresa exclusivamente, recomendándoles a los demandantes acudir a la STPS o la Presidencia de la República.
Al día siguiente más de 50 integrantes de la CFTP realizaron un plantón frente al hotel en el que se hospedaba el candidato vencedor Vicente Fox, quien recibió a una comisión de los demandantes comprometiéndose a analizar el caso para darles después una primera impresión de cual sería su posición, aclarando que “cualquier cosa que podamos hacer será hasta que estemos en funciones”, según se especificó en un comunicado de prensa emitido por el equipo del candidato. Por su parte los demandantes levantaron su plantón al tiempo que vitoreaban al próximo presidente de México, quien agradeció el gesto diciéndoles que “la próxima vez basta que nos busquen y los atendemos”. 279
Dos meses después, en agosto del 2000, el dirigente del MPI en Ciudad del Carmen, Rodolfo Marín Hernández, denunció a la prensa que Pemex no había cumplido con pagarles sus indemnizaciones y pensiones a más de 2 mil viudas y despedidos que en conjunto ascendían a más de 40 millones de pesos. El dirigente también denunció que las diversas secciones del sindicato petrolero tampoco les habían pagado lo correspondiente al reparto de los recursos provenientes de la venta de los bienes sindicales desde hacía más de cinco años. Por estas razones, una comisión de inconformes se había trasladado a la ciudad de México para protestar “masivamente”. 280
5. El Movimiento de los Trabajadores – Movimiento Nacional Petrolero
La primera referencia de esta organización la encontramos el 20 de mayo de 1992, cuando cerca de 200 trabajadores transitorios despedidos agrupados en el Movimiento para la Defensa de los Trabajadores Petroleros (Modetra) -organización que formaba parte del MNP-, toman violentamente las instalaciones del Departamento de Personal de la Gerencia de la Zona Sur de Pemex en Villahermosa, demandando la liquidación de todos aquellos trabajadores que contaran al menos con 90 días de servicios en la paraestatal. Esta acción se realizó al mismo tiempo que se desarrollaba la llamada “Marcha por la Dignidad Petrolera” impulsada por el PRD, partido que se deslindo de la toma de las oficinas administrativas en Villahermosa, acusando al Modetra de ser una “organización priísta” (ver capítulo V).
Meses después, el 14 de diciembre de 1992, en la misma ciudad de Villahermosa más de 200 trabajadores activos, jubilados y despedidos de los estados de Tabasco, Veracruz y Campeche, integrantes del Modetra -y que afirmaban representar a más de 10 mil trabajadores-, realizaron un plantón frente al edificio de la Gerencia Zona Sureste de Pemex, para demandar la solución a un pliego petitorio de 20 puntos entre los que destacaban la liquidación legal a despedidos; pago de seguro de viudas de trabajadores que perdieron la vida mientras laboraban en la empresa; revisión de los estatutos para la realización de una reforma sindical orientada a la productividad y la vida democrática; voto directo, secreto y universal; y la convocatoria a nuevas elecciones en las 36 secciones de todo el país, ya que, según afirmaron, las elecciones de dirigentes sindicales en las secciones 14, 29, 44 y 50 en el estado de Tabasco, "fueron fraudulentas para favorecer a seudo dirigentes identificados con intereses de la empresa". En declaraciones a la prensa, el coordinador de Modetra, Raúl Drovaillet Patiño, informó que su organización pedía, en el ámbito nacional, la destitución y desafuero del dirigente nacional petrolero, SGC, "porque desde que asumió el cargo en 1989, hasta la fecha, Pemex había despedido a 150 mil trabajadores con su complicidad". También dijo que en caso de no obtener respuesta positiva a sus peticiones, podrían organizar en el mes de enero de 1993, "una marcha a Los Pinos en el Distrito Federal". 281
Mientras tanto los trabajadores agrupados en el Modetra continuaron realizando plantones frente a las oficinas de Pemex en Villahermosa, ahora para demandar la reinstalación de 500 trabajadores "que fueron cesados por participar en elecciones sindicales" y de más de 10 mil trabajadores de la Zona Sur despedidos en últimos 8 meses por la paraestatal. El 3 de febrero, en el que era el cuarto plantón realizado por el Modetra, más de 300 trabajadores advirtieron que si Pemex no atendía sus demandas, trasladarían su manifestación a la residencia presidencial de Los Pinos en la ciudad de México.
Por su parte, el vocero oficial de la empresa en Villahermosa, Mario Martínez Rubio, dijo a la prensa que la manifestación de los integrantes del Modetra "estaba fuera de los cauces", porque el problema que enfrentaban era intersindical, y las peticiones deberían plantearse ante la JFCA. Ese mismo día 3 de febrero el subdirector regional de la Zona Sur de Pemex, Roberto Reyes Colín Miranda, informó a la prensa que debido a la política de "adelgazamiento" de la empresa, en los siguientes tres meses serían despedidos más de 5 mil trabajadores de planta y transitorios, principalmente de distritos localizados en Tabasco y Chiapas. 282
En vista de que la política de despidos continuaba en la empresa, desde mediados de julio de 1993 un grupo del Modetra instaló un plantón frente a las oficinas de la zona sur de Pemex en Villahermosa, demandando pago de indemnización a viudas y liquidación del seguro de vida y vivienda para transitorios y jubilados. Miembros de esa organización informaron a la prensa que continuarían con las movilizaciones ante los despidos arbitrarios, amenazando con emprender una marcha hacia la capital del país. 283
Durante los siguientes años no encontramos ninguna acción significativa de los integrantes del Modetra, y será hasta el 12 de septiembre de 1996, cuando varias organizaciones integrantes del MNP bloquean en Villahermosa algunas de las principales vialidades y se manifiestan en protesta frente a las oficinas de Pemex Exploración y Producción porque las liquidaciones a los trabajadores despedidos y las indemnizaciones a las viudas de los trabajadores fallecidos durante sus labores no habían sido pagadas. Por esta acción el gobierno estatal interpuso una demanda penal y ese mismo día fueron aprehendidos y trasladados al penal de Villahermosa los líderes del MNP, Raúl Aguero López, Urbano Sánchez, Asunción Ramón, José del Carmen Regil, Wilfredo Ramírez y Gonzalo Cárdenas, acusados de motín y sabotaje.
En declaraciones a la prensa desde la clandestinidad, el dirigente del MNP, y también vocero del FAC-MLN para el sureste del país, y promotor en Tabasco de la organización Causa Ciudadana para el México que Queremos, Raúl Drovaillet Patiño, pidió el apoyo de las organizaciones sociales "para frenar la represión y persecución política del gobernador Roberto Madrazo en contra de los dirigentes sociales tabasqueños", ya que hasta ese momento también se encontraban detenidos el dirigente de los trabajadores ambulantes Iturbide Villamil y el líder campesino Roberto Ruiz Alvarez, además de que eran perseguidos con ordenes de aprehensión el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Adolfo Peña Urquieta, y el dirigente de los trabajadores de Limpia, Aquiles Magaña García. 284
El 13 de noviembre de 1996, después de una manifestación en la ciudad de Villahermosa, el dirigente del Movimiento Petrolero Tabasqueño (MPT), José Hernández, informó a la prensa que los familiares de los detenidos eran permanentemente hostigados por agentes del gobierno de Tabasco, quienes les habían advertido que si insistían en sus movilizaciones también serían "enviados a prisión, porqué al gobernador le molestan las protestas". El dirigente del MPT anunció en la misma ocasión que las manifestaciones continuarían hasta lograr la liberación de los detenidos. 285
En marzo de 1997 los dirigentes encarcelados en el Centro de Readaptación Social estatal de Villahermosa por los acontecimientos del 12 de septiembre de 1996, decidieron iniciar una huelga de hambre protesta por la falta de resolución a su petición de amparo ante los cargos de motín y sabotaje. De siete amparos promovidos desde el 25 de octubre anterior, cuatro fueron resueltos favorablemente en un término de mes y medio, mientras en el resto se hallaba detenido el dictamen. Los ayunantes eran Raúl Aguero López, Gonzalo Cárdenas y Urbano Sánchez, cuya defensa realizaba el PRD, llevando a cabo movilizaciones y gestiones que días después lograrían los amparos favorables para dos de los detenidos, quedando solo Aguero López, a quien se identificaba como dirigente de “Alianza Ciudadana Todo por Tabasco”, y que decidió mantener el ayuno hasta su excarcelación. El 2 de abril, cuando sumaban ya 23 días de huelga de hambre, el diputado priísta Nicolás Haddad López, hizo un llamado a las autoridades y organismos de derechos humanos a manifestarse por la liberación de Aguero López. A su vez el coordinador del MNP en Tabasco, Raúl Drovaillet Patiño, denunció que el proceso en contra del líder opositor se debía “a una venganza política del gobernador”. 286
Mas de un año después, el 19 de septiembre de 1998, los ex-trabajadores petroleros, Paulino Ramos, Porfirio Morales y Angel de la O, iniciaron una huelga de hambre frente a las oficinas de Pemex Exploración y Producción en la ciudad de Villahermosa en demanda de que se les pagara el 100 por ciento de la liquidación por el despido de que fueron objeto en el año de 1992. Según informaron a la prensa los ayunantes, en el momento de sus despidos solo se les entregó 30 por ciento de lo que legalmente les correspondía; desde entonces habían iniciado una lucha por el restante adeudado, sin obtener ningún resultado favorable, razón por la cual decidieron tomar esta medida extrema.
Los tres ayunantes tenían más de 60 años de edad cada uno y en su acción fueron apoyados por trabajadores que formaban parte del ejercito de transitorios despedidos en los últimos diez años. El 24 de octubre, en un mitin en apoyo al ayuno, el dirigente del MNP, Raúl Drovaillet, denunció un presunto fraude por 180 millones de pesos en contra de alrededor de tres mil despedidos en la zona sur de Tabasco a los que Pemex cesó de manera individual con indemnizaciones de entre 15 mil y 20 mil pesos, pero que “de acuerdo con nóminas oficiales de la empresa” -que durante el acto exhibió- cada petrolero habría recibido alrededor de 80 mil pesos. El día 28, cuando el ayuno sumaba 40 días, el primer visitador de la CEDH, Salvador Soberano García, informó que había pedido a los trabajadores demandantes desistirse de su acción y a Pemex resolver cuanto antes el asunto; también dijo que personal médico de la CEDH asistía a los ayunantes. Fue la última visita de Soberano García; días después la atención médica de los ayunantes fue realizada por personal del Hospital de Pemex en Villahermosa. El 13 de noviembre, a 52 días de ayuno, los trabajadores no habían recibido ninguna respuesta a sus demandas. 287
6. Otros movimientos de trabajadores de Pemex en la zona sur
La falta de respuesta de Pemex y el sindicato en las circunscripciones correspondientes obligaba a los ex-trabajadores a mantener la escalada buscando nuevos agrupamientos y protestando ante distintas autoridades. El 15 de abril de 1994 los dirigentes de los grupos opositores Frente de Defensa Obrero Popular del Sur (FDOPS) de las secciones 11, 16 y 26 y Movimiento Libertador Obrero "18 de Marzo" (MLO) de la sección 26, Jesús Gómez Rey y José Antonio García Chable respectivamente, anunciaban en la ciudad de Coatzacoalcos la formación de la Coalición Regional de Ex-Petroleros (CREP) que, según los dirigentes, agrupaba a más de 1 mil despedidos del sur de Veracruz. 288 El 4 de mayo integrantes del FDOPS iniciaban una huelga de hambre frente a las oficinas de Pemex petroquímica, misma que fue desalojada en la madrugada del día siguiente, 5 de mayo, sin que se registraran detenidos. Ante las acciones policíacas en contra de los actos de protesta de los trabajadores, la Coordinadora Regional por la Paz con Justicia y Democracia (CRPJD) que aglutinaba a 16 organismos civiles del sur de Veracruz, amenazó con realizar movilizaciones en apoyo a los ex-petroleros, según declaró a la prensa el vocero del organismo, Arturo Segovia Flores, durante la instalación en el parque central de una Mesa de Consulta de la Sociedad Civil para la recepción de problemas regionales susceptibles ser propuestos en las negociaciones que en esos días el gobierno federal realizaba con el EZLN. 289
El 8 de junio del mismo 1994, alrededor de 200 despedidos de las secciones 10, 11 y 16, así como acompañantes solidarios de las secciones 44 y 50 se dirigían a la ciudad de Xalapa en cinco autobuses con la intención de iniciar un plantón frente al palacio de gobierno, siendo interceptados en el municipio de Alvarado por policías estatales y de la PFCP, quienes solo permitieron continuar a una comisión -formada por Raúl Sánchez, José Manuel Valencia Hevia y Sofía Herrera- que fue trasladada en patrullas hasta las oficinas del secretario de Gobierno del estado de Veracruz, Miguel Angel Yunes. Los integrantes de la caravana demandaban la liquidación de 500 trabajadores, pago de aguinaldo, pago por desgaste físico en plantas contaminantes y devolución de cuotas sindicales. 290
Más de dos años después, el 6 de agosto de 1996, cientos de trabajadores despedidos encabezados por dirigentes del llamado Comité de Defensa Petrolera A.C. (CDPAC) bloquearon los accesos al Centro Administrativo de Pemex en Villahermosa. Según declaró a la prensa el vocero de los demandantes, Carlos Zurita López, Pemex había liquidado a los despedidos con una cantidad mucho menor a la reportada en forma oficial, y a las viudas de los trabajadores muertos en cumplimiento de su deber se les había tenido dando vueltas sin que hasta ese momento se les resolviera nada en relación a sus reclamos de vivienda y servicio médico. Según Zurita, es a partir de la explosión en Cactus a finales del mes anterior (ver capítulo IX), que la empresa había accedido por lo menos a revisar los expedientes, de los cuales se habían presentado 314 "para empezar", en el entendido de que si las negociaciones no avanzaban, se cerraría el acceso a las instalaciones administrativas por medio de un plantón permanente. Según los dirigentes del CDPAC, durante el año de 1995 se despidieron solo en el estado de Tabasco alrededor de 1 mil trabajadores. 291
No solo los trabajadores transitorios sufrían los embates de las políticas decididas para la industria petrolera. El cinco de noviembre de 1997 se publicó en la prensa nacional un desplegado firmado por alrededor de 400 Médicos Trabajadores de Pemex Región Sureste, adscritos a los Hospitales Villahermosa, Comalcalco, Agua Dulce, Las Choapas, Ciudad Pemex y Reforma, así como las clínicas Cactus y Ostoacan en Chiapas, y Cárdenas, San Manuel y Paraíso en Tabasco. En el documento demandaban, en primer lugar, la recategorización de médicos generales, químicos farmacéuticos y odontólogos al nivel salarial 37, y de especialistas al nivel 39, niveles que siempre les habían correspondido en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores de la industria, pero que desde 10 años antes se habían congelado para los médicos al imponerles un “tope” en los niveles 30 y 32 de salarios; otra demanda era el pago de tiempo insalubre según lo especificado en la LFT, retroactivo a cinco años; también solicitaban apoyo para la realización de cursos de actualización en el país y en el extranjero. El documento se dirigía al presidente Zedillo, al director general Lajous, al subdirector de Servicios Corporativos de Pemex, Ing. Luis Andaluz Carmona, y al gerente general de los Servicios Médicos de Pemex. 292
El 16 de diciembre se publicó en la prensa otro desplegado de los mismos médicos de Pemex firmantes del desplegado del cinco de noviembre anterior, a los cuales se les habían unido los colegas que trabajaban en los hospitales de Tula, Poza Rica y Salina Cruz, y en las clínicas de Tehuantepec, Juchitán y Papantla. En el documento afirmaban que no habían recibido respuesta a sus demandas, a las cuales agregaban la de abastecimiento de medicinas, material quirúrgico y modernización del equipo. 293 Estas acciones de los trabajadores de la salud obligaron al sindicato a intervenir, y en el discurso que el dirigente nacional, Carlos Romero Deschamps, realizó ante el presidente Zedillo en el 60 aniversario de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1998, puso como ejemplo de los estragos causados por la falta de inversión en capacitación y renovación del equipo, a los servicios médicos de Pemex.
Días después de las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2000, un grupo de trabajadores entregó a la senadora panista Ana Rosa Payan y a la diputada federal electa Luisa María Calderón, un documento con las firmas de alrededor de 10 mil petroleros de la Región Sur de Pemex, para que gestionaran con el director de Pemex, Rogelio Montemayor, el cumplimiento del decreto presidencial publicado el 22 de diciembre de 1999, en el que se establecía la devolución del impuesto sobre la renta causado en los últimos cuatro meses del mismo año a todos los contribuyentes por salario y por la prestación de un servicio personal subordinado, que tuvieran su domicilio fiscal en las zonas afectadas por la inundación ocurrida en Tabasco durante septiembre y octubre de 1999. Según denunciaron los reclamantes, en Pemex los impuestos solo se habían regresado a quienes laboraban en las oficinas administrativas de Pemex Producción y Exploración y Gas y Petroquímica en la ciudad de Villahermosa, así como en las oficinas del Complejo Cactus, mientras que el resto de los trabajadores petroleros de la región habían sido excluidos. La senadora panista, al aceptar la gestión encomendada, deploró que los dirigentes del STPRM hubieran abandonado a sus agremiados en esta demanda. 294
7. Conflictos en empresas contratistas de la zona sur
Buena parte de los trabajadores transitorios desplazados en Pemex eran recontratados por las compañías privadas que se hacían cargo de las actividades de exploración, mantenimiento y expansión de las instalaciones de Pemex. Pero las condiciones laborales y salariales que ahí privaban se encontraban al margen de la ley, por lo que a partir de 1994 se sucedieron una serie de movimientos por parte de trabajadores que laboraban en distintas actividades de la industria petrolera.
En cuanto a las actividades de exploración terrestre, el 5 de abril de 1994, cientos de ex-trabajadores de la empresa Compañía Exploradora del Istmo, recientemente liquidada, marcharon desde la localidad de Texistepec, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Coatzacoalcos, hasta las oficinas de la junta especial número 38 de la JFCA, en donde solicitaron la agilización de la demanda interpuesta contra la empresa por pago de reparto de utilidades adeudadas desde los años 1987 y 1988, así como otros adeudos que no se pagaron en el proceso de liquidación. Según declaró a la prensa el vocero de los demandantes, Adolfo Ramos Espinoza, estimaban en más de 5 millones de nuevos pesos el monto del adeudo para casi 1 mil despedidos. 295
Otro sector importante era el de los trabajadores de las empresas que tenían a su cargo las actividades de construcción de instalaciones. El 27 de febrero de 1996 unos 800 trabajadores de la constructora Iconsa, contratados para realizar trabajos de reestructuración en el complejo petroquímico de Nuevo Pemex, bloquearon durante dos días consecutivos el acceso a las instalaciones en demanda de aumento salarial y el otorgamiento de prestaciones. La protesta de los trabajadores se suspendió después del inicio de negociaciones con la empresa contratista y mediante la mediación del diputado federal y líder cetemista estatal, Ricardo Martínez Estrada, y el líder de la misma central en el municipio de Reforma, Chiapas, Miguel Taracena Gómez. 296
En el mes de noviembre de 1997 alrededor de 1 mil 200 volqueteros mantenían varados cerca de 100 camiones de volteo en torno al centro administrativo de Pemex en Villahermosa, demandando la actualización de tarifas y el pago de un retroactivo por 21 mil pesos que les adeudaba la paraestatal desde 1995. Henry Oropeza Martínez, líder de los inconformes, declaró a la prensa que se habían entrevistado con directivos de la empresa y con el secretario de Gobierno estatal, Víctor Manuel Barceló Rodríguez, sin que pudieron lograr ningún acuerdo, por lo que la protesta se mantendría hasta obtener alguna solución. 297
El 15 de junio de 1999 entre 60 y 80 trabajadores de la empresa GUSTA Construcciones S.A., responsable de la obra del gasoducto de Ciudad Pemex a la planta termoeléctrica III en Valladolid, Yucatán, realizaron un mitin para protestar por la falta de pagos de utilidades, despidos injustificados y la negativa a aceptar las incapacidades médicas. Durante el acto los trabajadores denunciaron que la empresa les había reducido los salarios arbitrariamente además de que, sin su aprobación, se les descontaba 84 pesos semanales por concepto de “sindicato”, sin que jamás conocieran a dirigente alguno. Al cotejar documentos del IMSS, los trabajadores descubrieron que lo reportado por la empresa era menor los salarios recibidos realmente. También informaron que GUSTA solo celebraba contratos menores a un año para evitar el pago de indemnizaciones y los obligaba a firmar papeles en blanco. Por su parte el gerente de Proyectos de la empresa, Daniel Avalos Barrios (y que los trabajadores identificaron con el nombre de Manuel Peña), declaró a la prensa que “no trabajamos fuera de la ley” y que esperaría “instrucciones de México” para responder a las demandas de los trabajadores. 298
Otro conflicto importante fue el que se desarrolló en contra de la constructora ICA, cuando el 21 de enero del 2000, más de 1 mil 500 trabajadores a su servicio en las instalaciones del complejo petroquímico de Cactus, cansados de demandar un aumento salarial de mil pesos para los peones y mil 800 para los trabajadores oficiales, además de una mejoría en los alimentos que les proporcionaban, sin recibir ninguna respuesta de la empresa, realizaron una manifestación que termino en una violenta toma de las oficinas portátiles de la ICA en la planta de gas ubicada en Reforma, Chiapas, con saldo de computadoras, escritorios, archiveros y otros utensilios totalmente destrozados “por la turba enfurecida”, según indicaron a la prensa vecinos del lugar, además de varios ingenieros retenidos. La empresa, por medio de su representante legal, Vicente Priego Arcos, presentó una denuncia por robo, secuestro y daños materiales, por lo que en la madrugada del mismo del día de los hechos policías judiciales desalojaron por la fuerza a los trabajadores liberando a los profesionistas detenidos, mientras que efectivos del ejercito se hacían cargo de custodiar las instalaciones petroleras
Un mes después de estos acontecimientos, el 23 de febrero, un grupo de ocho policías judiciales del estado de Chiapas pretendió aprehender en la población tabasqueña llamada Luis Gil Pérez, al dirigente cetemista local Juan Carlos Sáenz Méndez, acusado de encabezar los violentos hechos del 21 de enero en Cactus, Chiapas. Sin embargo cerca de 100 personas impidieron que la detención se llevará a cabo arremetiendo con palos y piedras en contra de los policías chiapanecos, a quienes posteriormente mantuvieron retenidos por espacio de dos horas en un local del Ministerio Público, hasta que la policía judicial del estado de Tabasco intervino para liberarlos. En la trifulca resultó con heridas graves el comandante Alfredo Sánchez, quien hubo de ser hospitalizado en una clínica en Villahermosa. 299
El 26 de agosto policías federales y del estado de Tabasco detuvieron en Boca Limón, principal vía de acceso al complejo petroquímico Nuevo Pemex, al dirigente cetemista Juan Carlos Sáenz Méndez y a 15 personas más acusadas de los delitos de robo, secuestro, portación ilegal de armas y daños materiales, sucedidos durante el saqueo a las oficinas de la ICA en el complejo de Cactus el 21 de enero. Los detenidos fueron trasladados al penal de Villahermosa donde tenían interpuestas diversas demandas, existiendo otras en el estado de Chiapas. Según el también dirigente sindical Domingo León Martínez, los trabajadores respaldaban la acción de las autoridades, pues Sáenz Méndez “con sus acciones de violencia había provocado gran tensión y quien no estaba con él era sujeto de agresiones e intimidación”, y con la aprehensión “se esperaba restablecer la tranquilidad en los complejos petroquímicos y reiniciar las relaciones con la empresa ICA, que habían sido afectadas por los actos vandálicos de esos grupos”. 300
También los trabajadores de las plataformas marítimas en la Sonda de Campeche comenzaron a enfrentar graves problemas. En el mes de febrero del 2000 se publicó en el periódico “Por Esto” de Yucatán una entrevista con el diputado local del PRD en Campeche, Marcos Oger Baños Castro, en la que afirmaba que de septiembre de 1999 a enero del 2000 se habían sido despedidos 195 obreros que laboraban en las plataformas Nohoch Charly, Akal Nova y Akal Oscar ubicadas en el campo Cantarell.
El día 26 del mismo mes unos 400 trabajadores de plataformas y de mantenimiento en tierra de la empresa Protexa, tomaron las instalaciones de la misma en Ciudad del Carmen y Campeche, en protesta por la falta de pago de salarios desde hacía más de 20 días, según informó uno de sus dirigentes llamado Juan Trujeque Cu. Los trabajadores abandonaron las instalaciones después de que funcionarios de la empresa se comprometieron a cubrir los adeudos salariales, sin embargo diez días después las promesas no se habían cumplido, por lo que el 4 de marzo volvieron a tomar las instalaciones de la empresa advirtiendo que a la protesta podrían sumarse otros 2 mil empleados. Según el dirigente de los inconformes, Angel Trujano López, aparte de los adeudos salariales la empresa no cubría pago médico, el seguro de ahorro para el retiro y otras prestaciones, por lo que amenazó de que en caso de que la situación prevaleciera, en los siguientes días bloquearían la salida al mar de las embarcaciones propiedad de la empresa. 301
Por su parte en la misma Ciudad del Carmen, más de 40 pilotos de las empresas Aeroservicios Especializados, SA (Asesa) y Servicios Aéreos Especializados, SA (Saemsa), ambas filiales del grupo Protexa, propiedad de Humberto Lobo de la Garza, y que prestaban el servicio de traslado de personal de Pemex a las plataformas marítimas en la Sonda de Campeche, iniciaron el 25 de julio un paro indefinido de labores para exigir mejoras en las condiciones de trabajo y de seguridad en sus vuelos. Los pilotos inconformes, encabezados por Edmundo Espíndola Viera, Manuel Uribe Licona, Mario Muro Oviedo y Fredy Ramón Ortiz, entre otros, informaron que el paro afectaba a 40 helicópteros, que representaban el 80 por ciento del total de vehículos aéreos que prestaban servicio a la paraestatal, por lo que numerosos trabajadores no pudieron ser trasladados a unas 10 plataformas donde realizan sus trabajos. Según dijeron los inconformes, las empresas propietarias de los helicópteros los obligaban a trabajar más de nueve horas diarias, sin autorización para tomar alimentos y hacer sus necesidades fisiológicas, además de que los vuelos se realizaban sin radar con el peligro de sufrir un encontronazo con otro vehículo aéreo. También informaron que por retrasos de 10 minutos al inicio de la jornada se les descontaban 1 mil 500 pesos, y por retardos de 30 minutos les retiraban 3 mil pesos de sus salarios, lo que consideraban una arbitrariedad.
Las empresas se limitaron a esperar que pasaran tres días de paro y giraron oficios de despido para siete de los dirigentes más destacados del movimiento, argumentando faltas injustificadas. En los días siguientes siguieron efectuando despidos hasta sumar a 52 pilotos excluidos de una plantilla laboral de 65 en total, al tiempo que divulgaban la existencia de un supuesto contrato colectivo firmado con un sindicato desconocido, procediendo a contratar helicopteristas que -según los pilotos despedidos- provenían de los Estados Unidos y de dependencias federales como la PGR y la CFE.
Los helicopteristas decidieron entonces constituirse en una organización gremial y anunciaron que buscarían su afiliación a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA). También enviaron cartas a las instancias laborales estatales y federales, así como al presidente electo Vicente Fox, y realizaron distintas conferencias de prensa en las que demandaban la reinstalación de los despedidos y la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad. Desde mediados de agosto dos de los despedidos decidieron instalarse en plantón permanente frente a las oficinas administrativas de la Región Marina Noreste de Pemex. El 23 del mismo mes, más de 60 pilotos realizaron un plantón frente a las oficinas del grupo Protexa en Ciudad del Carmen, luego de lo cual se trasladaron a las oficinas de Pemex, para continuar la marcha por las principales calles de la localidad y entrevistarse finalmente con el alcalde Alberto Fuentes Mena. Según los pilotos despedidos, la empresa no había podido completar su plantilla de helicopteristas no obstante las ofertas “exorbitantes” a pilotos estadounidenses, que además no contaban con los conocimientos, horas de vuelo y experiencia necesaria para ejecutar los vuelos fuera de costa, por lo que tampoco se explicaban por qué hasta ese momento Pemex mantenía vigentes los contratos con las compañías en cuestión. 302
Por otra parte, en el mes de agosto, el diputado Marcos Oger declaró a la prensa que no obstante que ya sumaban más de 10 los meses desde que Pemex despidiera injustamente a más de 170 trabajadores de la plataforma Nohoch, la Junta Especial 52 de Conciliación y Arbitraje no había emitido resolución al respecto. 303
8. Conclusiones
Las grandes movilizaciones de los trabajadores transitorios despedidos en el sureste petrolero fueron un elemento central en la sorpresiva renuncia de Sebastián Guzmán Cabrera a la dirección nacional del STPRM. Sin embargo la estrategia sindical en relación con los despidos no se modificó con la llegada de Carlos Romero Deschamps a la secretaría general: simplemente el sindicato siguió haciendo caso omiso de las demandas de los miles de cesados en la industria. Así los trabajadores transitorios despedidos siguieron dependiendo en su protesta de la formación de distintas coaliciones y frentes de demandantes encabezados por dirigentes locales y regionales, buena parte de ellos integrantes del PRD, quienes mantuvieron la táctica de dirigir las protestas hacia las autoridades federales por medio de grandes marchas y plantones en la ciudad de México. El gobierno federal, por su parte, siguió apostando al desgaste de las movilizaciones mediante el alargamiento de las negociaciones y la realización de contabilidades individuales, así como pagos simbólicos a los trabajadores demandantes una vez que la larga duración de la protesta hubiera causado estragos entre los contingentes instalados en plantón en las calles de la ciudad de México.
Ante el circulo vicioso en que se encontraban sumidas las acciones de protesta, los conflictos comenzaron a dar un salto cualitativo dentro de una escalada de violencia, como fue el caso de la toma por la fuerza de las oficinas centrales de Pemex en la ciudad de México por parte de los integrantes del FNTEPDAC, lo que obligó a la apertura de mesas de revisión en las que se elaboraron dictámenes individuales que fueron ampliamente publicitados por Pemex en la prensa nacional a través de grandes listados en los que se demostraba que la gran mayoría de los demandantes no acreditaban tener derecho a ningún pago adeudado. En estos casos, y de la misma manera que sucedió con las grandes marchas de 1992, las autoridades del DDF entregaron a los líderes cheques que cubrían los gastos de traslado y una pequeña ayuda extra, recursos que posteriormente se convertirían en motivo de discordia interna ante la distribución poco clara de los mismos.
A las protestas de los trabajadores transitorios se agregaron en los años siguientes nuevos contingentes de viudas y pensionados que habían resultado afectados por las modificaciones contractuales aceptadas por la nueva dirección nacional encabezada por Carlos Romero Deschamps a partir de 1993, en donde se suspendía el pago de las pensiones y se cancelaba el acceso a los servicios médicos a más de 8 mil mujeres de edad avanzada. A pesar de que durante los años siguientes se mantuvieron constantes las movilizaciones de las viudas y pensionados tanto en las localidades del sureste petrolero y en la ciudad de México, y de que el caso fuera llevado y discutido en distintas comisiones del Congreso de la Unión, la empresa y el sindicato se negaron a ofrecer una solución a los demandantes, siendo que el conflicto se trasladó a la nueva administración federal encabezada por Vicente Fox, quién simplemente se comprometió a “analizar el caso” para posteriormente fijar una posición al respecto.
No todos los movimientos de protesta en el sureste petrolero tuvieron como objetivo la instalación de plantones en la ciudad de México. Muchas coaliciones y frentes de demandantes prefirieron mantener una constante presencia regional, como fue el caso de los integrantes del Modetra-MNP y de distintos agrupamientos de trabajadores de las secciones del sur de Veracruz y de la zona de Reforma-Cactus en Chiapas. Sin embargo en estos casos, y a diferencia de la actitud asumida por las autoridades federales y de la ciudad de México, la respuesta que tuvieron, en particular por parte de las autoridades del estado de Tabasco, fue la represión y persecución política en contra de los principales dirigentes de los movimientos de protesta, llegándose en algunos casos a su aprehensión y reclusión en los penales estatales acusados de los delitos de motín y sabotaje.
En los primeros años de la administración del presidente Zedillo los movimientos de protesta por parte de los trabajadores transitorios despedidos tendieron a bajar en intensidad, no tanto porque las demandas que los sustentaban hubieran sido resueltas satisfactoriamente, sino porque la resistencia había sido paulatinamente minada, tanto por el agotamiento producido por el alargamiento de los conflictos, por las recurrentes divisiones internas en los distintos movimientos y por la política de mano dura aplicada a partir de 1994 por los gobernadores de Tabasco y Veracruz. A partir de 1998 se comienza a reactivar la inversión, centrada fundamentalmente en la construcción de plantas asociadas a la extracción de crudo en el proyecto Cantarell en la Sonda de Campeche, y en el esfuerzo por aumentar la producción de gas con la construcción de grandes redes de ductos y de plantas procesadoras, lo cual alivia de alguna forma el grave problema de la desocupación en la industria. Todas estas actividades quedan a cargo de empresas contratistas, que imponen a los trabajadores a su servicio condiciones laborales y salariales por debajo de las establecidas en Pemex, por lo cual en poco tiempo las protestas se incrementan en distintos sectores laborales al servicio de las compañías privadas: trabajadores de la construcción, trabajadores de las plataformas, pilotos aviadores, etcétera.
El hombre fuerte: Carlos Romero Deschamps
VIII. El nuevo-viejo caciquismo corporativo
Durante el periodo en que Guzmán Cabrera estuvo al frente del sindicato (febrero de 1989 a junio de 1993) se mutiló el contrato colectivo en los aspectos referidos a las limitantes para la libre utilización de la fuerza de trabajo, debilitándose al sindicato en su relación con la empresa, y dejándose abierto el camino para que el gobierno federal pudiera avanzar sin cortapisas en su proyecto de reestructuración de la industria, que en los hechos consistió en el desmantelamiento de instalaciones y equipo en zonas importantes del aparato productivo (exploración, perforación, transporte, mantenimiento), así como en el brutal recorte de 120 mil trabajadores. En 1993 estaba anunciado un nuevo proceso de adelgazamiento en talleres y departamentos, existía un desmantelamiento en silencio y se continuaba liquidando personal paulatinamente, vía cierre de turnos y otras formas. En algunos centros de trabajo, como en Reynosa, podían verse departamentos totalmente cerrados, mientras que en otros lugares era gradual el desmantelamiento anticipándose su clausura en el corto plazo.
La permanencia de Guzmán Cabrera al frente de la dirección nacional del sindicato petrolero se basó en dos elementos centrales: por una parte, la amenaza permanente (y eventualmente la ejecución) de acciones judiciales en contra de las direcciones seccionales, resultado de las auditorias realizadas por el Comité Ejecutivo General, lo que permitió a este último un amplio margen de maniobra para negociar con los viejos cacicazgos locales y regionales su subordinación al nuevo “liderazgo” nacional y, en casos específicos, sobre todo en las secciones de la zona sur, ofrecer salidas “políticas” mediante retiros pactados y jubilaciones “voluntarias”. El segundo elemento que jugó en favor de Guzmán Cabrera fue el proceso de privatización del patrimonio sindical acumulado durante los años del predominio quinista, que permitió a los distintos grupos locales disponer de un botín millonario que provocó fuertes enfrentamientos en la disputa por obtener los mayores beneficios. A mediados de 1992 ambos procesos llegaban a su límite, al mismo tiempo que el descontento por el brutal adelgazamiento de la planta laboral había rebasado ampliamente los controles sindicales, mostrando a una dirección gremial incapaz de establecer mediaciones eficaces entre las demandas sociales y el poder político.
Las grandes movilizaciones de 1992 alarmaron a la burocracia gobernante. La posición de Guzmán Cabrera comenzó a debilitarse sobre todo a partir de que el 14 de marzo de 1993, en una insólita rebelión, 14 secretarios seccionales decidieran aplicarle la misma receta con la que por años los amago, demandando una auditoria a las secciones y al CEG durante todo el periodo de Guzmán Cabrera, particularmente en cuanto a la venta del patrimonio sindical y el manejo de los contratos de construcción celebrados con PEMEX. Esta disputa se resolvió, temporalmente, en el pleno de comités ejecutivos locales realizado el 20 de abril siguiente. El inesperado protagonismo de los líderes oficialistas locales fue visto por algunos especialistas como una confirmación del poder económico y político que cada uno de los líderes seccionales tenía en las áreas de producción y, de este modo, en algunos años el STPRM podría dividirse en cuatro organizaciones que negocien por separado sus demandas en cada una de las subsidiarias, por lo que el sindicato había sido colocado "en la antesala de su desmembramiento", ya que funcionaba desde hacía tiempo como una federación en la que muchas secciones conservaban sus tiendas y aún sus "comisiones de contratos", al lado de otras que tuvieron que sufrir el total desmantelamiento de su cuantioso patrimonio sindical. 304
El último día que se vio a SGC en su carácter de líder nacional fue el 5 de junio de 1993, cuando se celebró la "Reunión de la lealtad petrolera" presidida por el presidente del PRI, F. Ortiz Arana. El 20 de junio, el Diario del Istmo anunció en Minatitlán, un día antes que la prensa nacional, la renuncia de SGC y su sustitución por Carlos Romero Deschamps. Según la versión oficial, SGC adujo una enfermedad del corazón y glaucoma avanzado, lo que no impidió que días después SGC fuera nombrado director del organismo federal a cargo del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot). El mismo 20 de junio se realizó una reunión "privada" de SGC con los 15 secretarios seccionales de la zona sur para informarles los términos de la sucesión. Asistieron, según el Diario del Istmo, los secretarios de las secciones 10 de Minatitlán, 11 de Nanchital, 16 de Cuichapa, 22 de Agua Dulce, 23 de Minatitlán, 26 de Las Choapas, 31 de Coatzacoalcos, 42 y 47 de Ciudad del Carmen, 38 de Salina Cruz, 44 y 48 de Villahermosa, 14 de Ciudad Pemex, 29 de Comalcalco y 52 de Dos Bocas.
Hasta donde sabemos no se realizó ninguna reunión similar con los dirigentes de las secciones agrupadas en las otras dos zonas en las que se divide el sindicato petrolero. Esto no impidió que unánimemente los secretarios seccionales aceptaran el nombramiento de la nueva directiva nacional. El día 23 del mismo mes se publicó un desplegado de prensa firmado por los 36 secretarios seccionales, apoyando a Carlos Romero Deschamps (CRD) para la secretaría general; al día siguiente se realizó apresuradamente la Asamblea Nacional para la ceremonia de toma de posesión de CRD. Estuvieron en el presidium el director de Pemex, F. Rojas y el líder del PRI, F. Ortiz Arana; ante ellos el nuevo líder petrolero comprometió con el PRI "el voto de todos, de absolutamente todos los trabajadores petroleros del país para que gane abrumadoramente las próximas elecciones federales"; también afirmó que "jamás haremos ninguna alianza con los enemigos de nuestro partido, ni con los adversarios del señor presidente, (a quién) apoyamos en su obra modernizadora, promotora del cambio, haciendo a un lado lo que ya no sirve". 305
Las reacciones de los grupos opositores frente a la renuncia de SGC no se hicieron esperar, pero los acontecimientos se realizaron con la suficiente rapidez para impedir cualquier respuesta unificada. Así, en declaraciones a la prensa el abogado laboral, Oscar Alzaga, afirmó que "ojalá y esto signifique el principio del fin de la corrupción en el sindicato, ya que con SGC las cosas se mantuvieron exactamente igual". A su vez, y por medio de un desplegado de prensa en el que aparece como responsable José Lamberto González Ruiz, el Frente Nacional de Abogados Democráticos (FNAD) consideró que la convocatoria lanzada por el secretario general y del interior y acuerdos del sindicato para realizar la Asamblea General Extraordinaria en la que se dio posesión al nuevo dirigente nacional era ilegal, ya que los estatutos marcaban que debía ser el CEG quién convocara.
Por su parte el líder del MNP, H. Vázquez, dijo que la renuncia era positiva siempre y cuando existiera alguna voluntad interna y de las autoridades para propiciar la democracia en el sindicato. También el líder del Frente Democrático de Solidaridad Sindical de la sección 11, J. Pérez Zepeda, informó que se realizaría en la ciudad de México una reunión de representantes de los grupos democráticos de las diez secciones del sureste del país para promover un candidato independiente. Sin embargo la premura con que se realizó la Asamblea Nacional nulificó toda posibilidad de una propuesta independiente. Aún así se realizó una marcha de 400 trabajadores en las calles de Villahermosa convocada por el MNP, el Frente de Lucha Emiliano Zapata, el Frente Obrero de Solidaridad Sindical, y el Movimiento para la Defensa de los Trabajadores (Modetra), rechazando el nombramiento de Romero Deschamps y apoyando la candidatura de H. Vázquez a la dirección del STPRM; al final de la marcha se realizó una conferencia de prensa del coordinador regional de la zona sureste del MNP, J. Carranco, y del líder del Modetra, R. Drouville Patiño, informando que CRD enfrentaba una acusación penal por fraude en la sección 35 desde 1990, y otra por tortura y secuestro en contra de la familia Aguilar Pérez desde 1991. 306
En el momento de la ascensión de Carlos Romero Descahmps al frente de la dirección nacional en junio de 1993, todo hacía ver que le correspondería el trabajo de racionalizar las jurisdicciones y la desestructuración sindical, para ponerla en correspondencia con la división de PEMEX en cuatro nuevas empresas y con la venta que se preparaba de un número indeterminado de plantas de petroquímica reclasificada. El nuevo dirigente gremial tendría que iniciar de inmediato las negociaciones para la revisión del CCT, en donde se preveía que la empresa iba a tratar de arrebatarles a los agremiados la prestación del servicio médico a través de la privatización hospitalaria que se convertirá en un jugoso negocio. A los ojos de los especialistas CRD se colocaba como pieza clave en contra del STPRM, pues como “gente violenta y de gran poder”, podría mantenerse al frente del programa de reducción de zonas de trabajo o jurisdicciones en las 36 secciones sindicales. 307
1. Revisión del contrato en 1993 y campaña electoral en 1994
Una vez realizada la imposición del relevo en la dirección nacional del sindicato petrolero, en el mes de julio de 1993 Pemex anunció que la planta laboral se reduciría en 10 mil trabajadores, al pasar de 125 mil empleados contabilizados en enero de ese año a 115 mil a finales del mismo; la meta al finalizar la administración de Salinas era llegar a una planta de 80 mil trabajadores. Según Pemex los recortes permitirían una disminución del 15 por ciento en los gastos de operación y una reducción acumulada de 34.5 por ciento en el costo por tonelada vendida. Hasta el mismo mes de julio la mayor parte de los despidos se concentraban en la zona sur en donde se calculaba en 8 mil las plazas cesantes (3 mil 500 en las localidades del sur veracruzano y el resto en Tabasco y Chiapas), y otros tantos en empresas estatales y privadas de la región. Según aseguro en esos días el funcionario de relaciones públicas de Pemex, Mario Martínez Rubio, se preveían 5 mil despidos más en la zona antes de finalizar el año.
En el mismo mes de julio se llevan a cabo las negociaciones para la revisión del CCT que regiría de 1993 a 1995, y cuyos resultados se dan a conocer a principios de agosto. El sindicato acepta un aumento salarial de ocho por ciento directo, así como 1.9 por ciento en prestaciones. Entre otras, la cuota por comida -cláusula 44- pasó de 10.25 pesos a 11.50, y la ayuda para gastos funerarios de 4 mil a 4 mil 500.
En lo que se refiere al contenido del contrato colectivo, las modificaciones (o debemos decir mas bien las mutilaciones) más importantes se dieron, en primer lugar, en lo referido a la vivienda, modificándose las cláusulas que habían motivado las demandas de miles de los transitorios liquidados en los últimos años: la 154 que obligaba a Pemex a financiar el programa institucional de vivienda mediante un fideicomiso, así como el pago de la ayuda para renta de acuerdo con la tabla salarial, lo que equivalía, en el último CCT, al pago de 15 mil millones de viejos pesos. El nuevo texto establecía que "el préstamo con garantía hipotecaria y la asignación de vivienda se otorgarán a través de institución bancaria y el plazo de su amortización será de 15 años, pudiendo ampliarse hasta 25”, estableciéndose el subsidio de intereses que rebasen el 5 por ciento acordado, el cual “será absorbido por el patrón". También se reformó la cláusula 153 en donde la ayuda de renta se sujeta a lo dispuesto por el 123 constitucional, la LFT, la del Infonavit y sus reglamentos, estableciéndose que las condiciones serían pactadas bilateralmente de acuerdo a las circunstancias específicas. Sobre el mismo aspecto de la vivienda se suprimieron las cláusulas 157 que facultaba al sindicato a reclamar a la empresa las condiciones de las casas arrendadas por ella; y 184 que señalaba que el patrón proporcionaría a sus trabajadores de planta y jubilados "la corriente eléctrica que sobre en las plantas de la institución, después de haber satisfecho sus necesidades industriales, y quienes, por su parte, solo podrán utilizar la corriente para alumbrado y usos domésticos, exclusivamente en la proporción que el patrón señale".
Un aspecto de particular importancia que también se reformó fue el referido a la seguridad en el empleo y las condiciones de trabajo, ya que se modificó la cláusula 20 que obligaba a Pemex a manifestar al sindicato "razones fundadas para la reducción de puestos y supresión de departamentos", para dejar asentado que "es facultad del patrón la adecuación de su organización y la simplificación de medidas de trabajo", precisándose que el reacomodo solo procedía para los trabajadores de planta. También se eliminaron las cláusulas 151, que establecía el compromiso patronal para liquidar en un plazo no mayor a ocho días lo correspondiente a fondo de ahorro y vacaciones para los sindicalizados con permiso sin goce de salario, y la 178, que obligaba a Pemex a proporcionar armas apropiadas, parque y la licencia correspondiente a aquellos empleados que lo requirieran para el ejercicio de sus labores.
La empresa también avanzó en la reducción de los servicios de salud, acordándose la desaparición de cinco consultorios médicos: Monclova en el estado de Coahuila, Coatzintla, Tierra Blanca y Veracruz en el estado de Veracruz, así como Belén en Tabasco, "por la falta de derechohabientes", según afirmó CRD en un reporte escrito sobre lo pactado. Otra reforma que suspendía derechos laborales y que causaría constantes movilizaciones y actos de protesta durante los siguientes años (ver capítulo VII), era la suspensión de la pensión a las viudas de trabajadores y a las esposas de los jubilados, cancelándose también su acceso al servicio médico después de 10 años.
Durante el acto de firma del nuevo CCT en la STPS, tanto el secretario del Trabajo, A. Farell, como el director de Pemex, F. Rojas, hicieron hincapié en sus discursos sobre el asunto de la productividad y en que el nuevo CCT "apoya la política económica federal: desarrollo sostenido con estabilidad de precios". En su turno el nuevo dirigente nacional del STPRM aseguró que "si el reto del momento es hacer más con menos, lo encaramos como lo hicieron nuestros antecesores de 1938", pues los petroleros, según CRD, se convertirían en "místicos de la productividad" para enfrentar los retos de la modernización encabezada por el presidente Salinas. Al acto asistieron también el director corporativo de Administración, Cuauhtémoc Santa Ana; el gerente de Relaciones Laborales, Julio Pindter; el gerente Jurídico, Alejandro Ortega San Vicente; y el gerente de Información y Relaciones Públicas, Carlos Zapico, así como todos los dirigentes seccionales del STPRM. 308
Una vez realizada la revisión del contrato, PEMEX continuó con su programa de reestructuración administrativa. A principios del mes de septiembre de 1993 se anunció la reubicación de la Dirección de Exploración y Producción de Pemex al estado de Tabasco, lo cual fue recibido con beneplácito por las asociaciones empresariales locales y los sindicatos agrupados en las federaciones estatales de la CTM y la CROC. En contraparte el Centro Coordinador Empresarial del estado de Campeche criticó la decisión y la calificó de "un despojo más que sufre Campeche", anunciando la realización de una marcha silenciosa por las calles de la capital estatal y el cierre por 24 horas de cerca de 4 mil establecimientos comerciales agrupados en 15 cámaras locales. Lo que se disputaba era la gran derrama económica en las localidades y regiones donde se ubicarían las nuevas instalaciones.
Un mes después del anuncio se inició el traslado de la Dirección de Pemex Exploración y Producción a la ciudad de Villahermosa, a donde empezaron a llegar los primeros de los 1 mil 300 técnicos y empleados que laboraban en las Gerencias de Inspección, Mantenimiento y Desarrollo Tecnológico e Ingeniería y Construcción; en las Subdirecciones de Servicios Técnicos, Perforación y Mantenimiento de Pozos, y Administración y Finanzas, así como la auditoria de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente y Ahorro de Energía. Según informó el vocero de PEP, Mario Martínez Rubio, se había establecido ya en la localidad una bolsa de trabajo para cubrir 100 nuevas plazas. Pocos días después Pemex firmó un convenio con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, delegación Tabasco, para asegurar el hospedaje temporal para 500 familias empleadas de la Dirección de Exploración y Producción. Los hoteles involucrados tenían la categoría de tres a cinco estrellas. 309
Desde entonces el acercamiento directo con el presidente Salinas y con su designado sucesor se convierte para CRD en objetivo central en torno al cual se organiza un creciente protagonismo político. En el mes de noviembre la Cámara de Representantes de los EUA ratifica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por este motivo el STPRM publica en la prensa nacional un desplegado firmado por CRD, el secretario del Interior y Acuerdos, Fernando Pacheco Martínez, y por el presidente del Consejo General de Vigilancia, Calixto Javier Rivera Díaz. En el documento calificaban el hecho como un triunfo más "de la larga cadena de aciertos" del gobierno del presidente Salinas.
Unos días después se publicaba otro desplegado del STPRM, ahora para adherirse a la candidatura del recién "destapado" candidato a la presidencia de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio, a quien consideraban el "candidato de la continuidad" con la obra "renovadora y transformadora" de Salinas. 310 En concordancia con esto, CRD toma parte activa en la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio acompañándolo durante las giras por las zonas petroleras. El 17 de enero de 1994, mientras el candidato visitaba la ciudad de Coatzacoalcos, el dirigente nacional petrolero declara a la prensa que sus representados “eran priístas” y que eso garantizaba muchos votos para el partido oficial. A preguntas de los reporteros sobre el plantón y huelga de hambre que sostenían frente a las oficinas de Pemex Petroquímica trabajadores de las secciones 11 y 26 en demanda de liquidación, devolución de cuotas sindicales y pago por la venta de los bienes seccionales, CRD respondió que se trataba de "gente con ideas equivocadas. Tal vez lo que quieren es desestabilizar, hacer disturbios. Lo que procede ya se les resolvió, ahora no tienen razón". 311
Para finales de 1993 se calculaba en 107 mil los trabajadores contratados por la paraestatal, y el proyecto para 1994 era reducir la planta en 27 mil trabajadores para contar únicamente con 80 mil empleados de confianza, sindicalizados y transitorios. A finales del mes de febrero de 1994 trascendió que como medida preventiva ante los acontecimientos del levantamiento zapatista en Chiapas y el ascenso de las protestas de los campesinos y pescadores contra Pemex en las zonas costeras del sur de Veracruz y Tabasco (que también fueron las más afectadas con los reajustes masivos de los últimos años, ver capítulo V), Pemex había cancelado hasta por lo menos el mes de septiembre los ajustes que tenía programados para ese año. 312
El levantamiento zapatista constituyó una catástrofe de inusitadas proporciones para el gobierno salinista y para la campaña del candidato oficial. Su secuela de situaciones imprevistas (la obtención del control territorial por el EZLN sobre la zona y las comunidades de la Cañada en los Altos de Chiapas, el comisionado Camacho, el amplio respaldo político y moral obtenido por la rápida y masiva movilización de la población civil en prácticamente todo el país) provocaron un ambiente de incertidumbre alimentada por las campañas de rumores y las escasas y desangeladas concentraciones de masas logradas en el arranque de la campaña electoral. Pero este contexto resultaba favorable a un líder acostumbrado al ataque y con una amplia capacidad de movilización. .
En la ceremonia de conmemoración del 56 aniversario de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1994, los discursos oficiales se refirieron a las grandes movilizaciones que habían protagonizado durante los dos años anteriores miles de trabajadores petroleros despedidos. El presidente Salinas y el director de Pemex F. Rojas, felicitaron a los trabajadores de Pemex en Tabasco "por su institucionalidad y reciedumbre" ante las "presiones". En su turno CRD endurece el discurso acusando veladamente al PRD por los bloqueos a los pozos e instalaciones, los que caracteriza como “clientelismo electoral” disfrazado de justas reclamaciones, al tiempo que afirmaba que el sindicato se había democratizado y que solo existían pequeños grupos que con escándalo reclamaban privilegios, como en Tabasco. "Son pocos, pero hacen mucho ruido". 313
A finales de marzo el sistema político mexicano se cimbraba con el asesinato del candidato priísta a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Sin embargo estos dramáticos acontecimientos no alteraron sustancialmente la estrategia política de CRD, quien además de ser diputado federal, aseguraba en esos mismos días su candidatura a senador por el estado de Hidalgo, lo que motivó protestas por parte de los grupos locales del partido oficial, ya que CRD había nacido en Tamaulipas y no en la entidad, a donde había llegado en 1976 como un cuadro experimentado del CEG, para hacerse del liderazgo en la sección 35 desde 1978. 314 Obviamente las protestas no tuvieron ningún efecto. Una vez iniciada la campaña para la candidatura presidencial de Ernesto Zedillo, la seguridad de CRD en su posición se demostró el 20 de julio de 1994 cuando, haciendo uso personal de los recursos del sindicato, publicó un desplegado en la prensa nacional firmado solo por él, en donde felicitaba a "los ocho de los nueve partidos" (con excepción del PRD) que habían firmado el Acuerdo por la Civilidad, la Concordia y la Justicia en la Democracia para los próximos comicios federales del 21 de agosto. 315
El día de las elecciones federales el PRI perdió en cinco distritos electorales del sur de Veracruz, los que quedaron en poder del PRD. Según declaró a la prensa Inocencio Yañez Vicencio, coordinador del grupo Veracruzanos por la Democracia, se trataba de un voto de castigo por los constantes ajustes de personal en Pemex que en la región habían dejado sin trabajo a unos 40 mil veracruzanos. 316 En Hidalgo, Romero Deschamps triunfaba pasando a representar a la entidad en el Senado de la República.
2. Movilizaciones y protestas del Movimiento Nacional Petrolero
Aunque la caída de Guzmán Cabrera se había anunciado desde la demanda de auditoria de los bienes sindicales presentada por 14 secretarios seccionales en el mes de marzo de 1993, la oposición sindical fue incapaz de presentar una alternativa unificada ante la crisis de dirección. La renuncia e imposición del nuevo CEG encabezado por Romero Deschamps tuvo como respuesta algunas declaraciones en la prensa y una movilización de cientos de trabajadores en Villahermosa en apoyo a la candidatura de H. Vázquez, la cual ni siquiera se mencionó en la Asamblea Nacional Extraordinaria en la que tomó posesión la nueva directiva nacional.
El rechazo a Romero Deschamps se expresó desde los primeros días de su gestión. Una vez que se conocieron los recortes contractuales pactados, el 13 de agosto de 1993 el MNP realizó una marcha en el DF hacia el local nacional del STPRM, en donde colocaron mantas pidiendo el desafuero para CRD y juzgarlo "por ratero". El contingente formado por varios cientos de manifestantes de las secciones 46 (Texmelucan), 35 (Azcapotzalco), 34 y contingentes de Puebla, Tabasco, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo y Chiapas, se dirigió después al Palacio Nacional donde se entregó un pliego petitorio al jefe de audiencias del gobierno, de apellidos Valdez Castellanos, en el que se demandaba el pago completo de liquidaciones a los despedidos durante los recortes masivos, y se exigía una investigación sobre la muerte de los dirigentes del STPRM Juan Pamuce Coronado, ex-líder de la sección 11, asesinado el 5 de enero de 1969; Maria Antonieta Rivera, asesinada en diciembre de 1992; así como el "suicidio" de Francisco "Chico" Balderas el 5 de agosto de 1991. 317
La respuesta del sindicato a estas acusaciones se conoció más de un mes después, el 21 de septiembre, cuando el presidente del Consejo General de Vigilancia, Calixto Javier Rivera, y el asesor sindical, Francisco Santa Cruz, acusaron al dirigente del MNP, Hebraicaz Vázquez, de "estafar al gremio" y "estar pagado por alguien para desestabilizar el organismo sindical", advirtiendo que el sindicato "podría llevar a cabo una movilización a gran escala para que hasta los ciegos se convenzan de que lado están las mayorías”. Los funcionarios sindicales calificaron también a H. Vázquez de "autentico vividor y mercenario de la política" y señalaron que cobraba grandes sumas de dinero a los trabajadores con la promesa de tramitarles jubilaciones anticipadas o la ayuda para la construcción de viviendas. 318
Mientras esto sucedía, CRD realizaba una gira por las secciones 10, 11, 16, 22 y 26 del sur veracruzano. Durante el recorrido CRD se encontró con que trabajadores despedidos agrupados en el grupo Movimiento Libertador Obrero "18 de Marzo" de la sección 26 (MLO) habían sitiado el edificio sindical de la sección en demanda de devolución de cuotas sindicales y auditoria a los bienes seccionales. La respuesta de Romero Deschamps a los reclamos de los trabajadores consistió en culpar a su antecesor Guzmán Cabrera de ser el responsable del rezago de más de cuatro años en la entrega de 4 mil cheques por 15 mil nuevos pesos cada uno para apoyo a viviendas de los obreros, contemplado en la cláusula 154 del CCT. También informó que se estaban realizando auditorias en las secciones petroleras. 319 Romero Deschamps decidió terminar la gira con una acto en la refinería de Tula el 28 de septiembre, donde anunció “el fin de los despidos en Pemex”, sin precisar nada al respecto. En la misma ocasión CRD acusó a H. Vázquez de no ser trabajador petrolero, ni tener autoridad moral "para hablar del sindicato, pues cuando fue sindicado fue encarcelado por malos manejos". 320
Al parecer durante los primeros meses de Romero Deschamps al frente del sindicato petrolero su designación no fue bien vista por la cúpula cetemista. Tal cosa puede desprenderse de la reunión que, el 6 de octubre de 1993, una comisión de que afirmaba representar a más de 5 mil jubilados de Pemex en el país, sostuvo con Fidel Velázquez en sus oficinas de la CTM para solicitarle apoyo en su demanda de que CRD rindiera cuentas claras sobre el fondo de jubilación del sindicato, formado con las aportaciones de sus socios y que según sus cálculos ascendía en ese momento, sin contar los intereses, a 50 millones de nuevos pesos. Al final de la reunión con el jerarca cetemista, el dirigente de los jubilados, Enrique Margarito Santoyo, declaró a la prensa que además de lo anterior demandaban la nivelación salarial con los trabajadores en activo. 321
La respuesta de CRD a esta llamada de atención fue inmediata y el mismo día, adelantándose a la reunión de los jubilados en la CTM, se publicó en la prensa nacional un desplegado firmado por los secretarios generales de las secciones 1, 3 y 33 de Tamaulipas, en el que, además de dar las gracias al presidente Salinas, al dirigente del PRI F. Ortiz Arana, y al director de Pemex F. Rojas por haber autorizado que "definitivamente se acabaran los despidos masivos" en sus secciones, manifestaban su "eterno agradecimiento" al líder nacional CRD por haber tenido la "visionaria idea" de promover un acercamiento con los funcionarios señalados para dar fin a los reajustes de trabajadores de planta. 322
A finales del mes de octubre de 1993, otro grupo de trabajadores jubilados y liquidados de Pemex adheridos al MNP pidieron a la Cámara de Diputados ayuda para que las autoridades judiciales investigaran diversos delitos que se le imputaban al secretario general del sindicato petrolero, CRD, entre ellos el de "sabotaje a la nación" por el paro parcial de la Refinería de Azcapotzalco en 1989 como protesta por la detención de La Quina . También se le acusaba de enriquecimiento ilícito y "omisión mañosa" del cumplimiento de la cláusula 166 (convertida en la 154 del nuevo CCT) relativa a la ayuda para vivienda. Durante un mitin realizado en el exterior del palacio legislativo, el líder del MNP, H. Vázquez, dijo que las acusaciones en contra de CRD se encontraban debidamente documentadas ante la PGR y la PJDF y que de no haber respuesta a sus peticiones, en una semana más varios de los demandantes se instalarían en huelga de hambre afuera de la Cámara de Diputados y frente a la residencia presidencial de Los Pinos. 323
El MNP continuó con su campaña de denuncias en contra de CRD, acusándolo de " quinismo reeditado" con las mismas tácticas de corrupción y represión sindical en donde los grupos y los cotos de poder estaban a la vista, según declaró a la prensa H. Vázquez el 27 de diciembre. En esa ocasión el líder opositor consideró “positivo” el adelgazamiento de la plantilla laboral, que calculó en 110 mil, aunque señaló que en la aplicación de esa medida se habían aplicado criterios políticos. En contraparte señaló que el costo de la nómina de Pemex se había triplicado por la recategorización de los empleados de confianza, por lo que "la corrupción de La Quina se fue para otro lado: los jefes de personal, los agentes de trabajo, muchos superintendentes y algunos gerentes están dentro de la corrupción, entonces es obvio que aumenten los costos de producción de la empresa". 324
El 12 de enero de 1994 decenas de integrantes del MNP encabezados por su líder H. Vázquez marcharon de la torre de Pemex a Gobernación para demandar el cese de los despidos de miembros de esa organización. También demandaban la realización de una auditoria al dirigente nacional del STPRM y la elección directa y secreta de los dirigentes sindicales. En el mitin con el que culminó la marcha, H. Vázquez denunció que aparte de los despidos, se había jubilado por la fuerza a 200 miembros del MNP.
Días después se publicó una entrevista a H. Vázquez en la que el líder opositor afirmó que la campaña del MNP era porque el convenio firmado el 18 de junio de 1993 -que dio lugar al levantamiento de la huelga de hambre en el monumento a la Independencia en la ciudad de México (ver capítulo III.4)- no se había cumplido y los despidos políticos habían continuado. Después de hacer referencia a los miles de demandas en contra de Pemex y el STPRM y las múltiples movilizaciones de protesta en los últimos años, el dirigente del MNP consideró que los conflictos estallaban, a veces violentamente porque "se minimiza a sus actores, se esconden los problemas reales de cualquier grupo demandante, se evade la irritación creciente de los trabajadores y de los campesinos, y al final vemos que hay caldo de cultivo para las reacciones sorpresivas. Este es el caso de los trabajadores de Pemex".
En la misma entrevista el líder opositor informó que el MNP tenía interpuestas 10 demandas colectivas en la sección 15, otras dos en la sección 46, así como 60 demandas individuales. También aseguró contar con documentación que probaba millonarios fraudes con bienes sindicales en las secciones 15, 36 y 46 y recordó que desde años atrás propuso la formación de una comisión que investigara sobre depósitos por 3 mil 700 millones de dólares en bancos de Las Bahamas y sobre el capital de la compañía de Sergio Bolaños. Finalmente consideró absurdo que después de que en 1988 La Quina había organizado el voto de castigo de los petroleros al partido oficial, ahora CRD "tuviera la desfachatez de ofrecerle al PRI el 100 por ciento de los votos de los petroleros". 325
Unos días antes de las elecciones federales del 21 de agosto de 1994, el dirigente del MNP H. Vázquez, en una reunión promovida por la organización Alianza Cívica-Observación 94, denunció a la prensa que CRD utilizaba el aparato sindical para ejercer presión amenazando a los trabajadores con ser víctimas del despido, o prometerles empleo para los familiares, con el fin de inducirlos a votar por el PRI, apoyándose en la Declaración de Principios del STPRM en la que se establecía la pertenencia obligatoria al PRI como condición para la afiliación al sindicato. Como considerara que esto contravenía la legislación electoral, el MNP había fincado demanda ante la Subprocuraduría Especial para Delitos Electorales en contra de CRD y del secretario general de la sección 36, Enrique Yáñez. Según Hebraicaz Vázquez aún y cuando el MNP, fundado en 1971, establecía en sus estatutos "su simpatía por el PRI", sus integrantes no estaban de acuerdo en la forma coercitiva con la que se pretendía ganar los votos petroleros. En esa misma ocasión el dirigente del MNP mostró a los asistentes al acto y a los reporteros y cámaras de televisión, tres fajos de billetes que sumaban 100 mil nuevos pesos enviados, según Hebraicaz, por CRD a cambio de retirar las acusaciones penales en contra del dirigente de la sección 36. 326
Una vez concluidas las elecciones federales de 1994, el nuevo senador Romero Deschamps comenzó a preparar su reelección al frente del sindicato, siendo el primer paso expedir el 26 de septiembre la convocatoria para celebrar las elecciones seccionales el 5 de octubre. Esto violaba lo señalado en los estatutos sindicales, que en su artículo 281 establecían un período de 20 días entre la convocatoria y las elecciones. Se trataba de la misma táctica aplicada por SGC, ya que al acortar los plazos se impedía que la oposición, fragmentada en múltiples grupos, pudiera acordar planillas unitarias. El resultado fue que, como en ocasiones anteriores, la totalidad de las secciones fueron ganadas por dirigentes afines al líder nacional.
En protesta por lo que consideraron elección fraudulenta en las 36 secciones del país, seis integrantes del MNP, Fernando Candia, Miguel Angel Machorro, Francisco Ibáñez, Raúl Drovaillet, Alvaro Medina y su dirigente Hebraicaz Vázquez, iniciaron el 14 de octubre de 1994 una huelga de hambre frente al Angel de la Independencia en la ciudad de México. Al mismo tiempo en la ciudad de Villahermosa el también miembro del MNP, Anselmo Esparza, se declaraba en ayuno frente al Palacio de Gobierno estatal. Los militantes del MNP también demandaban el cese a la represión administrativa por parte de la empresa y el cumplimiento de los convenios firmados en la JFCA el pasado junio de 1993 -después de otra huelga de hambre de nueve días- en cuanto a la reinstalación de despedidos por motivos políticos.
El 19 de octubre, cuando habían transcurrido seis días de la protesta, los ayunantes decidieron trasladar su campamento a la entrada de las oficinas centrales en la torre de Pemex y anunciaron que también incluían entre sus demandas el pago de 15 mil nuevos pesos a cada uno de los 7 mil petroleros que laboraban en la refinería de Azcapotzalco en el momento de su cierre. Ese mismo día hubo de retirarse del ayuno por la suspensión de licencia laboral, Alvaro Medina Lorenzo, de la sección 48 en Reforma. El día siguiente apareció en la prensa una carta a la redacción firmada por la abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Margarita Espino del C. Barrón, apoyando las demanda y la lucha del MNP.
A pesar de que los ayunantes realizaron actos y gestiones en las secretarías del Trabajo, de Gobernación y el DDF, los días pasaron sin que recibieran respuesta alguna. El 27 de octubre el periodista Rodolfo F. Peña publicó -al igual que lo había hecho durante las acciones del MNP en el pasado mes de agosto- un artículo ensalzando la personalidad “tenaz, honesta e idealista” de Hebraicaz Vázquez y la justeza de su lucha. El 28 de octubre, cuando cumplían quince días de ayuno, se publicó una entrevista al asesor del MNP e hijo de su principal dirigente, Gerardo Vázquez Sánchez, quien afirmaba que desde el mes de julio su padre se había quejado con el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, por un "informe elaborado en el área de seguridad nacional e inteligencia política" en el que se involucraba al MNP en una "reunión secreta" realizada en Campeche para acordar "una serie de atentados y sabotajes" en complicidad con "la fuerza clandestina del PRD encabezada por Graco Ramírez".
Según Vázquez Sánchez el mismo día en que su padre se enteró de estas acusaciones, fue que recibió el portafolios conteniendo el dinero mandado por CRD, lo cual fue denunciado en la reunión de Alianza Cívica-Observación 94 de finales de agosto (en aquella ocasión Hebraicaz dijo que eran 100 mil nuevos pesos, mientras que en la entrevista su hijo habló de 30 mil). La huelga de hambre se prolongó 21 días, levantándose el 6 de noviembre sin haber logrado nada de lo demandado. El levantamiento se precipitó cuando Hebraicaz Vázquez fue trasladado de emergencia a un hospital privado; sus compañeros también fueron hospitalizados por deshidratación y anemia. 327
Primera reelección de Carlos Romero Deschamps y reinicio de los despidos
El mismo día que concluyó el ayuno de los integrantes del MNP, 6 de noviembre de 1994, se realizaban los trabajos de la 22 Convención General Ordinaria del STPRM, en la cual se modificaron los artículos 148, 193, 168, 175, 211 y 221 de los estatutos sindicales para aumentar de tres a seis años el periodo del Comité Ejecutivo General y de dos a tres años el periodo de los comités seccionales y delegacionales. Al mismo tiempo se aprobó la reelección de CRD al frente del sindicato durante el ejercicio que iniciaba el primero de enero de 1995 y concluía el 31 de diciembre del año 2000. Todo esto se realizó en una sesión meteórica en la que los 600 delegados aprobaron mecánicamente los distintos informes y propuestas presentadas por la mesa de debates, incluyendo la planilla del nuevo CEG. A continuación se presentó en el auditorio el director de Pemex, F. Rojas, quién tomó la protesta de rigor a la nueva directiva.
En su discurso de toma de posesión CRD afirmó que en las pasadas elecciones seccionales habían más del 90 por ciento de los trabajadores, por lo que la representación de la convención era totalmente legítima. También se refirió al llamado "trabajo social" calificándolo de "trabajo esclavo", y señalando que formaba parte de "prácticas, usos y costumbres del pasado que, exitosas en su principio, terminaron por causarnos daños irreversibles", por lo que los petroleros "aprendimos la lección, estos errores no resurgirán en el sindicato". CRD finalizó su discurso reafirmando que los petroleros eran institucionales y lo seguirían siendo. Por su parte el director de Pemex expresó la satisfacción, el reconocimiento y la decisión política del presidente Salinas para "fortalecer a Pemex como una empresa pública fundamental y permitir que los hidrocarburos sigan siendo exclusivamente nuestros". 328
Unos días después de su reelección, CRD publicó un desplegado en la prensa nacional felicitando a Ernesto Zedillo por la declaración de presidente electo que en su favor realizó la Cámara de Diputados. Firmaban también el documento laudatorio el secretario del Interior y Acuerdos y el presidente del Consejo General de Vigilancia, diputados federales Fernando Pacheco Martínez y Calixto Javier Rivera Rojas, respectivamente. 329
Una vez concluido el convulso año electoral de 1994 se reanudaron los despidos masivos en Pemex y se anunció la venta de 61 plantas petroquímicas. Respecto de lo primero, en enero de 1995 se supo de un nuevo recorte de personal, en este caso se trató de más de 100 empleados por honorarios que laboraban en las oficinas de Pemex Exploración y Producción. Unos días después el Corporativo de Pemex anunció la liquidación de 3 mil empleados de confianza como una primera etapa de un proceso en el que se esperaba despedir entre 7 mil y 10 mil trabajadores por motivo del recorte presupuestal en la empresa. También informó la dirección general de Pemex que las tareas del área de mantenimiento, limpieza y jardinería serían cubiertas mediante la contratación de empresas privadas. 330
Otros despidos se llevaron a cabo en las oficinas de Pemex en la ciudad de Houston, Texas, en donde 33 empleados fueron rescindidos sin previo aviso desde finales de septiembre de 1994. La empresa pretendió liquidarlos con pagos equivalentes a una o dos quincenas de salario, siempre y cuando firmaran un documento en el que se comprometían a no demandar. Inconformes con el ofrecimiento, los trabajadores decidieron interponer una demanda ante la JFCA, exigiendo el pago de tres millones de dólares y de los gastos realizados por el traslado y hospedaje en la ciudad de México, según informó a la prensa el asesor legal de los despedidos, Ernesto Valverde. También en Pemex Refinación se llevaron a cabo despidos de 89 trabajadores y se anunció, no obstante lo asegurado en septiembre de 1994, que los servicios médicos de la empresa serían desincorporados, por lo que se esperaba un nuevo despido de alrededor de 1 mil 300 empleados. 331
A principios del mes de abril de 1995 el Instituto Mexicano del Petróleo realizó un Foro de Consulta Popular sobre Política Integral de Combustibles, en donde el secretario del Exterior del CEG del STPRM, Leocadio Mendoza Olivares, leyó una ponencia en la que se afirmaba que durante los últimos cuatro años Pemex había despedido a 139 mil trabajadores, pues mientras que en 1990 la plantilla laboral constaba de 240 mil plazas, de las cuales 11 mil eran de confianza, para finales de 1994 la planta de sindicalizados era de 70 mil trabajadores mientras que la de confianza había ascendido a 31 mil. Según explicó Mendoza Olivares, en el caso de Pemex Refinación el total de obreros llegaba apenas a 21 mil trabajadores, mientras que el sector administrativo (la mayoría de confianza) existían 7 mil 500 plazas. No obstante el recorte a la plantilla, la producción en las seis refinerías del país se había elevado de 1 millón 289 mil barriles diarios en 1992 a 1 millón 357 mil barriles diarios en 1994, y esto a pesar del cierre de la refinería de Azcapotzalco en 1991, que en ese momento procesaba 105 mil barriles diarios. 332 Sobre el mismo asunto de los despidos, un mes antes el consejero del CEG del STPRM, Pablo Pavón Vinales, afirmó que de 1989 a 1994 fueron despedidos más de 5 mil trabajadores de las factorías de Pemex en la zona sur de Veracruz.
Mientras tanto se acercaba la fecha para la revisión salarial anual en Pemex y según trascendió de fuentes cercanas al CEG del STPRM, se demandaría un 40 por ciento de aumento en vista de que se habían perdido muchas conquistas laborales, particularmente durante la gestión de Guzmán Cabrera, cuando se aceptó a espaldas de los trabajadores que se dejara de recibir el pago de utilidades a cambio de una semana de salario. Las mismas fuentes informaron que el sueldo tabulado de los petroleros era inferior al mínimo, lo que afectaba al mismo tiempo todas las prestaciones percibidas por los sindicalizados en Pemex. Sin embargo el sindicato nada decía de la situación de los miles de despedidos durante los años anteriores. En contraste, en declaraciones a la prensa, el presidente de la JFCA, Alfredo Farid Barquet, informó que en cuanto a la industria petrolera la JFCA enfrentaba una sobrecarga de trabajo por el gran número de demandas presentadas. 333
Por su parte el dirigente del MNP, Hebraicaz Vázquez, ofreció una conferencia de prensa el 14 de julio para denunciar que los trabajadores petroleros vivían en constante temor por la permanente violación de sus derechos laborales ante la complacencia de la dirección sindical. También acusó al dirigente nacional del gremio de llevar a cabo acciones represivas en contra de los grupos disidentes y de tener una participación fraudulenta en los negocios petroleros (venta de crudo "en el mercado negro") en contubernio con la administración de la empresa. Finalmente afirmó que, en vista del "acecho de monopolios extranjeros y consorcios norteamericanos", se pronunciaba en contra de la privatización de la rama petroquímica, las agencias de ventas, oleoductos y poliductos. 334
Un mes después, el 23 de agosto, Hebraicaz Vázquez volvió a realizar declaraciones a la prensa manifestando su preocupación porque en el sindicato de una industria nacional estratégica se generen "prácticas políticas de línea dura y desorientación, (en lugar de) proyectos que comprendan la producción, capacitación, el cuidado del medio ambiente, la salud, la productividad y la defensa de los derechos laborales, (o sea) una nueva cultura política". También consideró que el estilo de hacer política y la cultura sindical del "más destacado discípulo del quinismo" (CRD), podrían "incidir en sectores y personalidades que se oponen a la transición democrática ya iniciada en el país", por lo que se pronunció por una reforma sindical que incluyera la elección de los dirigentes sindicales por voto universal, directo y secreto, la no-reelección de los dirigentes sindicales y una relación propositiva con la empresa. 335
La revisión contractual concluyó con un aumento del 16 por ciento al salario directo, 3.7 por ciento a las prestaciones y 16 por ciento a las pensiones de los jubilados. Una vez firmado el acuerdo, CRD ofreció unas declaraciones a la prensa en la ciudad de Reynosa, ufanándose de que durante las negociaciones para revisar el contrato se pronosticaban "nubarrones" y se decía que éste sería mutilado como en otras ocasiones. Según el líder nacional, gracias a la unidad del gremio y a la atención de las autoridades al planteamiento sindical se logró un documento que satisfacía las necesidades de los trabajadores. 336
El 22 de octubre, y con motivo de los daños causados por huracanes, el líder nacional CRD, en nombre de las 36 secciones que formaban el "sistema sindical petrolero", encabezó en Ciudad del Carmen la entrega de 14 toneladas de víveres para los damnificados locales llevadas a la zona en un avión fletado. En esa fecha se encontraban 1 mil 200 personas albergadas gratuitamente en el auditorio de la sección 42 del STPRM, pagándose los gastos con recursos de los trabajadores petroleros. 337
3. La privatización de la petroquímica
Respecto a la venta de la petroquímica el gobierno federal había seguido con sus planes de privatización sin tomar en cuenta el gran descontento nacional provocado. Uno de los principales animadores de la protesta era el dirigente nacional CRD, que había desarrollado un febril activismo en contra de la medida a través del Congreso de la Unión (en su calidad de senador), en la CTM, en el PRI y a través de una intensa campaña de prensa. El 14 de noviembre de 1995, sin ningún tipo de acuerdo del gobierno con los principales actores involucrados (industriales, sindicatos y partidos), se publicó la convocatoria para la venta del complejo petroquímico de Cosoleacaque, motivando una inmediata respuesta de repulsa general. La Cámara de Diputados hubo de tomar un papel más activo, y en el mes de enero de 1996, por medio de la Subcomisión de Energéticos, organizó una serie de audiencias públicas en las ciudades de Minatitlán, Coatzacoalcos y en el recinto federal de la ciudad de México, en las que tuvieron una participación destacada los diputados, alcaldes y dirigentes seccionales petroleros del sur de Veracruz, encabezados por Romero Deschamps, en el casi unánime rechazo a la privatización que privó en las exposiciones realizadas (ver capítulo VIII.3 y 4).
Casi un mes después de realizadas las audiencias convocadas por la Cámara de Diputados, el líder del MNP, Hebraicaz Vázquez, informó a la prensa que había tenido una entrevista con el secretario privado del subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, para solicitarle una "mesa de negociación paralela" sobre la petroquímica y la integración de una comisión plural, como la de Conasupo, para investigar la corrupción en Pemex y en el STPRM. 338
En el mes de abril del mismo año circuló en Pemex el rumor de que existía un proyecto de "compactación" del 25 por ciento de la planta laboral en Pemex (1995: 135 mil 524, 1996: 132 mil 136, 3 mil 500 menos). En Pemex Refinación la planta laboral era de 48 mil 524, de los cuales 6 mil 823 eran temporales. Recientemente (17 de febrero de 1996, ver capítulo IX) Romero Deschamps había declarado que la plantilla de trabajadores sindicalizados en Pemex era de 66 mil y la de empleados de confianza era de 25 mil, mientras que el numero de transitorios era incierto porque dependía de las coyunturas técnicas de la producción. 339
4. La restricción presupuestal: producir más con menos recursos
El año de 1996 fue particularmente intenso por el conflicto desencadenado a partir de la decisión del gobierno federal de privatizar la petroquímica. Romero Deschamps se puso al frente de la protesta convocando a movilizaciones en las secciones petroquímicas, incrementando la campaña de medios y construyendo alianzas que finalmente permitieron que la 17 Asamblea Nacional del PRI (la misma en la que se impusieron los “candados” a las postulaciones electorales de la tecnocracia financiera) aprobara un resolutivo ratificando “el compromiso histórico” del partido en la defensa de la propiedad nacional sobre los hidrocarburos. Al mismo tiempo se incrementaban las movilizaciones masivas de los petroleros y la población descontenta, particularmente en las localidades petroleras del sur veracruzano. A principios de octubre de 1996 Zedillo daba marcha atrás y proponía el esquema 51-49, mismo que fue aprobado inmediatamente por la Cámara de Diputados e incorporado a la Ley Reglamentaria del artículo 123 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Con esto se le daba la vuelta al asunto de la propiedad estatal y se avanzaba en la división de Pemex-Petroquímica agrupando las plantas en nueve compañías bajo el régimen de SA de CV, cada una con su propio contrato colectivo. Este fue el costo que hubo de pagar el sindicato por la pírrica victoria que significó el esquema 51-49. A cambio, Romero Deschamps pudo negociar que se respetara al sindicato como titular de los nuevos contratos mediante las secciones petroleras respectivas. En febrero de 1997 se firmaban los primeros convenios de sustitución laboral y los nuevos contratos colectivos (ver capítulo VIII.6).
Sin embargo en el asunto de los nuevos contratos laborales no solo estaba implicado el STPRM. También el sindicato cetemista de la petroquímica (STPIQPCSCRM) trataba de negociar en su favor. A mediados de 1997 CRD acusó al líder cetemista de la petroquímica, Gilberto Muñoz Mosqueda, de pretender acaparar los nuevos contratos colectivos de las áreas desincorporadas. El máximo líder de la central, Fidel Velázquez, trató de mediar en la disputa, pero le sorprendió la muerte el 21 de junio del mismo año. Con la designación de Leonardo Rodríguez Alcaine a la secretaría general de la CTM, ambos líderes fueron incorporados al comité ejecutivo, aunque en la jerarquía de sucesión prevalecía Romero Deschamps. Un mes después la CTM anunció la posibilidad de proponer al líder nacional del STPRM, como candidato "de unidad" a la presidencia del CT en sustitución del dirigente ferrocarrilero, Víctor Flores. Sin embargo el nuevo presidente del organismo cúpula designado fue Héctor Valdés Romo, dirigente de la FSTSE. 340
El nombramiento de Rodríguez Alcaine necesitaba ser ratificado por una Asamblea Nacional Ordinaria de la CTM, la cual (treceava) se realiza en los primeros días de marzo de 1998. Con este motivo el día 9 del mismo mes se publica un desplegado de prensa, firmado por el CEG del STPRM encabezado por su secretario general CRD y por los secretarios generales de las 36 secciones, en el que se congratulan porque la asamblea cetemista reafirmó su militancia en las filas del PRI, al mismo tiempo que felicitan a la nueva dirección nacional y a su líder máximo por el nombramiento. 341
Mientras tanto en el mes de julio de 1997 se revisó el contrato colectivo obteniéndose un aumento salarial de 19 por ciento y un aumento en las prestaciones del 1 por ciento. También se revisaron y ajustaron 96 de las 256 cláusulas contractuales. Según el acuerdo firmado, Pemex se comprometía a otorgar 55 mil apoyos para construcción y remodelación de casas en los siguientes tres años y medio, de los cuales 40 mil serían aportaciones financieras con montos individuales de 20 mil a 30 mil pesos, además de 15 mil créditos hipotecarios en condiciones preferenciales negociados a través de las instituciones de crédito. También se acordó elevar de 210 mil a 330 mil pesos el monto individual de los créditos que se otorguen y simplificar los procedimientos de acceso. En la ceremonia de firma del nuevo contrato colectivo, el director de la empresa, Adrián Lajous afirmó que el aumento salarial posibilitaba un crecimiento en las percepciones reales de los trabajadores de 3.2 por ciento con relación al aumento de precios. A su vez el secretario del Trabajo, Javier Bonilla García, planteó la necesidad de sentar las bases laborales para un desarrollo sostenido durante largos periodos. Por su parte el secretario general del STPRM, Romero Deschamps, señaló que a pesar de tener razones de peso, los trabajadores no iniciarían la carrera de salarios contra precios. Días después se firmaban los convenios laborales entre el STPRM y las “nuevas” empresas filiales de Pemex Petroquímica, que adecuaban el contrato general a las situaciones específicas. 342
Después de la firma de los contratos Romero Deschamps realizo visitas a distintas secciones para explicar lo acordado y para formalizar las candidaturas oficialistas para las próximas elecciones seccionales. En la ciudad de Villahermosa afirmó que con el nuevo CCT se lograban las avances sustanciales en la recuperación de las conquistas laborales que se perdieron en el pasado, y que "ahora habrá trabajo para todos". Agradeció al presidente Zedillo que no hubiera ni un despido más en la industria petrolera, y consideró que con el nuevo CCT se privilegiaba de manera especial la seguridad del trabajador, destacando el aumento a las pensiones a las viudas, así como a los jubilados en la misma proporción de quienes se encuentran en activo, y el otorgamiento de 115 mil créditos hipotecarios.
En esos días el presidente Zedillo realizaba cambios en dos cargos claves. Sin descuidar el flanco institucional, el CEG del sindicato petrolero publicaba un desplegado de prensa para apoyar la designación de Mariano Palacios Alcocer para ocupar la presidencia del CEN del PRI, considerándolo “el mejor para coordinar las acciones del partido en la revitalización del pacto social que rige al país”, tal como lo había pedido el presidente Zedillo. A su vez Jesús Reyes Heroles hijo era removido de la Secretaría de Energía para ser sustituido por Luis Téllez. 343
Mientras esto sucedía, en la prensa nacional se publicaban las declaraciones de los investigadores del IIE-UNAM, Sergio Suárez Guevara e Isaac Fernando Palacios Soriano, quienes consideraban que con la carga fiscal que soportaba Pemex, los principales afectados eran la propia empresa, sus obreros y los consumidores nacionales de sus productos, mientras que para el gobierno constituía “el cuerno de la abundancia tributaria”. Según informaron los académicos, entre 1991 y 1997 Pemex fue gravado con más del 90 por ciento de sus utilidades y con cerca del 70 por ciento de sus ingresos brutos, lo que provocó serias limitaciones de recursos obligando a la empresa a aumentar peligrosamente sus compromisos y su endeudamiento externo; aún así Pemex seguía cumpliendo con las funciones estratégicas asignadas: ser una fuente propia de divisas, generador importante de impuestos, instrumento clave para el control de la inflación y soporte insustituible para hacer frente a los compromisos originados por la deuda externa. 344
Meses después, en febrero de 1998, se dio a conocer en la ciudad de Ginebra, Suiza, un informe de la Organización Internacional del Trabajo titulado “El empleo y las relaciones de trabajo en las refinerías de petróleo”. El autor del análisis sobre México, George Grayson, afirmaba en el documento que de 280 mil trabajadores que laboraban en la industria petrolera mexicana en 1989, se había descendido a 133 mil a principios de 1997, fundamentalmente en los trabajadores temporales que siendo más de 100 mil en 1980 disminuyeron a 22 mil en 1997. Según el mismo autor, en las refinerías la reducción del empleo no había sido tan drástica al descender de 27 mil a principios de los ochentas a 23 mil en 1996. 345
Según un estudio realizado por la firma Price Waterhouse, las ganancias netas por empleado que tenía Pemex la ubicaban en el lugar 49 entre las principales compañías del mundo con 11 mil dólares; en contraste, Petróleos de Venezuela, con apenas 53 mil empleados y un nivel de producción superior a Pemex, tenía una rentabilidad de 58 mil dólares por cada uno de sus empleados. 346
Los resultados financieros y de operación de la empresa al tercer trimestre de 1997 se dieron a conocer en el mes de octubre por el director de Pemex, Adrián Lajous, informando que se había tenido una utilidad neta –descontados impuestos y pago de derechos- de 9 mil millones de pesos, lo que representaba una cifra inferior en casi 44 por ciento a la obtenida el año anterior. Según Lajous esto se explicaba, entre otros factores, por la importación de productos petrolíferos como gasolina y por los gastos de mano de obra, conservación y mantenimiento, así como por “la apreciación que sufría el peso mexicano” y que afectó sensiblemente los resultados de la empresa. También informó que para 1988 Pemex tenía un “ambicioso programa de inversión” continuando con la colocación de bonos en el extranjero para obtener financiamiento, aunque rechazó que la empresa se encontrara en un “proceso de lenta privatización”. Después de reunirse con la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, Lajous reveló que buscaría un marco jurídico más flexible para la industria petrolera y “dar una mayor autonomía empresarial” a Pemex. 347
En la política para la industria petrolera Zedillo en realidad lo que hacía era continuar con lo establecido del gobierno Salinista, restringiendo la inversión en mantenimiento y expansión, desplazando fuerza de trabajo y sustituyéndola por contratos con empresas privadas que se hacían cargo de distintas labores antes realizadas por sindicalizados. En los dos primeros meses de 1998 cundió la alarma entre los técnicos de Pemex Refinación al difundirse la versión de que podrían ser despedidos en un nuevo ajuste de personal y recontratados por la empresa estadounidense Bechtel, la cual operaba como asesora del proyecto Cantarell y tenía varios contratos de servicios relacionados con la obra pública del mismo proyecto. Según la versión, la empresa Bechtel empezaría en breve a realizar entrevistas para una posible recontratación, siempre y cuando los técnicos y profesionistas, una vez despedidos, no establezcan una demanda laboral en contra de Pemex Refinación. Los trabajadores afectados consideraban ilógica la situación, sobre todo en vista de las anunciadas reconfiguraciones de las refinerías. 348
La complicación burocrática provocada por la división administrativa de Pemex necesariamente provocó turbiedad en la asignación de los contratos para la realización de servicios específicos por empresas privadas, lo cual fue constantemente denunciado por la oposición sindical. El 12 de febrero de 1998 el dirigente del MNP, Hebraicaz Vázquez, convoca a una conferencia de prensa para informar que su organización solicitaría a la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para investigar “los actos de corrupción en los que pudiera haber incurrido la administración de Pemex”. También hizo un llamado de alerta “ante la insistencia del gobierno en la privatización” de Pemex. 349
Con motivo del 60 aniversario de la expropiación petrolera se realizó el 18 de marzo de 1998 la ceremonia conmemorativa en las instalaciones procesadoras de gas de Nuevo Pemex, Tabasco, con asistencia del presidente Zedillo. También estuvieron presentes en el acto más de tres mil trabajadores petroleros movilizados para el efecto. En su turno el presidente Zedillo se refirió a la baja pronunciada de precios que vivía en ese momento el mercado petrolero internacional, asegurando que “no he estado ni estaré solo en las decisiones que habré de tomar” para ajustar de nueva cuenta el presupuesto federal, aunque aseguró que continuaría el programa estratégico de expansión de Pemex, asegurándose un aumento progresivo de la producción mexicana de petróleo y gas natural. Especial énfasis hizo en las negociaciones con los EUA para delimitar las fronteras marítimas y salvaguardar la riqueza de hidrocarburos que “nos pertenece”.
Por su parte el dirigente petrolero Romero Deschamps ofreció un discurso en el que, además de las acostumbradas referencias a la epopeya histórica petrolera y las loas a la institución presidencial, cuestionó el contratismo por ser no solo dañino a los trabajadores en la medida en que desplazaba fuentes laborales, sino porque colocaba a la empresa en una situación de dependencia frente a “contratos caros que mal se realizan por la falta de experiencia de algunas compañías” y cuya incapacidad ponía en peligro vidas e instalaciones.
El líder petrolero también se refirió a la reducción del presupuesto dirigido a los servicios médicos, lo que había repercutido en un menor número de médicos, restricciones en las dotaciones de medicinas y hasta en los equipos de limpieza más elementales de sus centros hospitalarios, haciendo hincapié en el contraste existente entre la situación de chatarra de las ambulancias que daban servicio a los trabajadores y las flotillas de vehículos nuevos que, más que una herramienta de trabajo, constituían una prestación para los empleados administrativos. Según CRD la restricción presupuestal -que contrastaba con las millonarias erogaciones de los contratos con compañías extranjeras- había provocado la falta de renovación y mantenimiento de los transportes marítimos de la empresa, lo que hacía prever en un futuro cercano la desaparición de la flota petrolera. 350
Curiosamente la respuesta a este incisivo discurso dirigido al presidente Zedillo no vino de ningún vocero gubernamental, sino de la oposición sindical petrolera. El 12 de abril de 1998 se publicó en la prensa nacional una carta a la redacción firmada por los dirigentes del FNP, Jorge Fuentes García, Coordinador general; Fernando Candia Araiza, Subcoordinador; Miguel A. Díaz Hernández, secretario de Estadística; Braulio González Pérez, Previsión Social; Jorge Martínez Sánchez, Acción Política; Alejandro Torres Zavala, Eventos Sociales; Miguel Jiménez Reyna, Eventos Culturales; Severino Cortina Vargas, tesorero; José Vega Barragán, Subtesorero; y Noé Rodríguez Márquez, secretario de Actas.
En la carta, dirigida al presidente Zedillo, “a las autoridades competentes” y al pueblo de México, se le niega autoridad moral a Romero Deschamps para realizar los pronunciamientos del 18 de marzo pasado contra el “contratismo” y la falta de inversión en capacitación y modernización del equipo, ya que el dirigente nacional se había beneficiado del contratismo desde 1977, cuando siendo secretario de Ajustes del CEG fungió como apoderado legal de la Comisión Nacional de Contratos del STPRM encargada del manejo del 40 por ciento de los contratos de perforación en el sureste del país, así como de la cuota del 2 por ciento de los contratos en el resto del país. Según los dirigentes del FNP, Romero manejaba desde entonces a nombre del sindicato compañías constructoras, comercializadoras, flotillas de pipas distribuidoras de productos derivados en sociedad con ex-secretarios y secretarios generales de las secciones, así como familiares, cuestión que el FNP estaba documentando a través de una amplia convocatoria pública para aportar pruebas y armar el expediente de denuncia judicial. La carta concluía diciendo: “No te engañes Carlos, ya no es posible seguir engañando a las mayorías, mucho menos al señor Presidente”. 351
En el mes de julio de 1998 se iniciaron las negociaciones para la revisión salarial contractual, las cuales se desarrollaron en el contexto del recorte presupuestal decidido por el gobierno federal ante la baja de los precios internacionales del crudo. El 10 de julio, el CEG del STPRM envió al presidente Zedillo un mensaje de apoyo para con las medidas adoptadas, afirmando que si bien eran “dolorosas”, peor sería seguir por el camino del endeudamiento y de las crisis económicas recurrentes, por lo que le reafirmaban lo planteado en el discurso de CRD el 18 de marzo anterior, en cuanto a que en “las grandes decisiones sobre la patria”, el presidente Zedillo “contaba con el respaldo de los trabajadores petroleros”.
Unos días después se firmaba el convenio de revisión salarial que otorgaba a los sindicalizados de Pemex un aumento del 17 por ciento y tres puntos más en prestaciones. En la ceremonia de firma, realizada en la STPS el 26 de julio, CRD dijo que el acuerdo se había logrado por la “dedicación y la voluntad de resolver con imaginación las dificultades”, y que si bien el porcentaje obtenido no satisfacía las expectativas de los trabajadores, se basaba “en la premisa de alcanzar lo posible sin renunciar a lo deseable”, aunque agregó que los trabajadores tenían “la esperanza” de que cuando la economía se recuperara pudieran regularizar las demandas y equilibrar las diferencias. Asistieron a la firma del convenio por la STPS el titular José Antonio González Fernández, el subsecretario Javier Moctezuma Barragán y el coordinador de funcionarios conciliadores, Leopoldo Gómez González; por Pemex su director general Adrián Lajous, el director de Operación Energética, Leopoldo Gómez González y el director operativo de Administración (y ex-presidente de la JFCA), Manuel Gómezperalta; también estuvieron presentes los secretarios generales de las 36 secciones del STPRM. Dos días después se publicaba un desplegado de prensa firmado por el coordinador nacional de Jubilados, Eduardo Alva Becerra, en donde pedía “a Dios” su bendición para CRD y expresaba el “agradecimiento perenne de los jubilados” para con su líder nacional por lo logrado en la revisión. 352
En el segundo trimestre de 1998, la plantilla laboral de Pemex pasó de 150 mil 393 a 151 mil 278 empleados; el incremento se realizó en Pemex Gas y Petroquímica Básica con 446 nuevos contratados y Pemex Petroquímica con 681, mientras que Pemex Refinación despidió a 262 trabajadores. Según la empresa, las nuevas contrataciones eran temporales en tanto se realizaban los proyectos de modernización. 353
A finales del mes de agosto de 1998, CRD declaró a la prensa que el programa de mantenimiento, así como obras y proyectos importantes, se habían visto afectados por los recortes presupuestales, aunque aclaró que hasta ese momento no se habían registrado rezagos importantes, como tampoco incertidumbre o inquietud entre los trabajadores, ya que tenían la responsabilidad de hacer mejor las cosas porque “acabamos de recibir un incremento salarial digno que nos fue otorgado por la empresa y lo menos que podemos hacer por ésta es mantenerla en perfecto estado y funcionando en óptimas condiciones”. También dijo que los petroleros “no somos suicidas” y si hubiera irregularidades por falta de mantenimiento se exigiría su corrección inmediatamente. 354
Unos días después el líder nacional petrolero afirmó que Pemex no realizaría ajustes a su plantilla laboral y tampoco iban a cerrarse áreas de trabajo, por el contrario, “el sindicato prevé un incremento mínimo en la planta productiva durante el próximo año”. También informó que los dirigentes seccionales, junto con el CEG, confiaban en que los ajustes presupuestales de 1999 no afectarían a los trabajadores sindicalizados. 355
Sin embargo estas declaraciones fueron desmentidas por el líder opositor Hebraicaz Vázquez, quien aseguró que CRD había iniciado ya negociaciones con las autoridades de Pemex para disminuir la plantilla laboral de base, previéndose el despido de 20 mil trabajadores durante el primer semestre de 1999. También afirmó que seguramente en ese año se daría paso a la desincorporación de la petroquímica, con lo que el costo social sería enorme, ya que las nuevas empresas solo estarían dispuestas a mantener el 10 por ciento de la plantilla laboral, al igual que estaba sucediendo en los Ferrocarriles Nacional de México. 356
En entrevista de prensa a finales de noviembre, los dirigentes del MNP, Hebraicaz Vázquez y Miguel Angel Chamorro, afirmaron que en Pemex la desincorporación se realizaba de la misma manera que en otras paraestatales, ya que desde 1983 se habían privatizado los servicios de mantenimiento, limpieza y vigilancia, y después la contratación de técnicos y profesionistas por honorarios. Según los dirigentes opositores, de 230 equipos de perforación con que contaba, Pemex vendió 200 como chatarra a contratistas que después volvieron a trabajar para Pemex con el mismo equipo. En contraparte había aumentado 10 veces el personal administrativo y en 20 años las gerencias pasaron de ocho a 200 sin que se supiera exactamente a que se dedicaban. Según explicaron, a los trabajadores que se oponían a la privatización, además de liquidarlos o jubilarlos, “les aplican la cláusula de exclusión; son cesados por incapacidad permanente, aunque se encuentren física y mentalmente sanos para seguir laborando, o son reprimidos e incluso encarcelados cuando insisten en denunciar las irregularidades”. Tal era el caso de ambos dirigentes: Machorro Nieves fue acusado de despojo a una cooperativa de consumo en la sección 47; tras demostrar que los cargos eran falsos, fue jubilado sin que reuniera las condiciones. Hebraicaz Vázquez fue acusado de “simulacro de ametrallamiento”, estando preso seis meses. En 1990 fue reinstalado y tres años después lo jubilaron por denunciar en un foro los primeros pasos para la venta de las plantas petroquímicas. 357
Un mes antes, el 19 de octubre de 1998, se publicó en la prensa nacional un desplegado firmado por los principales dirigentes del CEG y del CGV del STPRM, en el que rechazan “con toda energía” y consideran “un insulto” las declaraciones del gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, quien en una visita a Nueva York declaró a la prensa que Pemex debería ser objeto de “una segunda nacionalización” para terminar el control del Estado en Pemex y “ser devuelto a los mexicanos” para que éstos sean quienes administren a la empresa. Según los dirigentes petroleros, con esto se estaba proponiendo abrir la industria petrolera al capital extranjero, por lo que llamaban a los mexicanos a no permanecer insensibles ante estas acciones en contra del país realizadas por Fox “en su loca carrera hacia el 2000”. 358
5. Acciones de La Quina por su liberación
Una vez que Sebastián Guzmán Cabrera hubo tomado posesión como Secretario General Interino del sindicato petrolero el 2 de febrero de 1989, para concluir el período que restaba por la detención del dirigente en funciones Salvador Barragán Camacho, la primera tarea que se propuso la nueva directiva fue el desmantelamiento y venta de la gigantesca infraestructura de bienes y empresas sindicales creada por La Quina . De inmediato se eliminó del organigrama sindical la Dirección Nacional de Obras Revolucionarias, Sociales y Políticas, cargo desempeñado por La Quina desde 1979 para la administración centralizada de los contratos, plazas, fondos sindicales, tiendas, ranchos, industrias, servicios y fideicomisos formados con la participación del 10 por ciento de las utilidades de Pemex. El 9 de febrero de 1989 el STPRM anunció que se realizaban auditorias en la Central de Abastos en Ciudad Madero (desde donde se distribuían productos de y a todas las secciones), la Comisión Nacional de Contratos, y la Dirección Nacional de Obras Revolucionarias, Sociales y Políticas. 359
Desde la cárcel La Quina defendía su programa de empresas sindicales. El día 15 de febrero de 1989, en comparecencia ante el juzgado octavo de Distrito en Materia Penal, reafirmó su inocencia y su honestidad, afirmando que si no fuera así, el sindicato no contaría con 500 mil millones de pesos "para apoyar a los campesinos y las clases medias populares". 360 Ese mismo día se supo que el STPRM decidió regresar a Héctor Hernández García "El Trampas" los bienes (casas, ranchos, predios, cuentas bancarias) por más de 1 mil millones de pesos (según avalúo de 1983) que quedaron en poder del sindicato cuando -como señalamos en la introducción a éste estudio- el ex-líder petrolero fue detenido en McAllen, Texas el 8 de septiembre de 1983 acusado de fraude en contra del SRTPRM y sentenciado a 10 años de prisión. 361
El proceso a La Quina y coacusados se realizó con la tradicional sumisión del aparato judicial al poder político, dictándose sentencias de 31 a 35 años de reclusión en contra de los lideres petroleros, basándose fundamentalmente en las acusaciones fincadas a raíz de los hechos ocurridos el día de la detención de La Quina el 10 de enero de 1989: homicidio calificado, portación de arma prohibida, encubrimiento al acopio de armas y resistencia de particulares. A La Quina también se le acuso de corrupción y responsabilidad en los asesinatos de los dirigentes seccionales Oscar Torres Pancardo y Lenin Falcón, acusaciones que no pudieron ser probadas. Dentro de la prisión los dirigentes petroleros detenidos fueron objeto de distintas presiones y trato diferenciado con el fin de enfrentarlos entre sí. 362
En noviembre de 1989, fue liberado “El Trampas” al cumplir seis años de la condena de diez. En noviembre de 1992 fue puesto en libertad Sergio Bolaños, prestanombres de La Quina , después de llegar a un acuerdo con la SHCP, a la que pagó lo correspondiente por evasión de impuestos, delito por el que fue encarcelado. En los primeros días de mayo de 1993 el ex-dirigente nacional J. Sosa Martínez, encarcelado el 10 de enero de 1989, fue liberado después de acogerse a los beneficios de la Ley de Normas Mínimas. El que fuera hombre de confianza de La Quina , era recordado por su intervención ante el presidente De la Madrid el 8 de enero de 1986, en la que advirtió que "si se hunde Pemex, por mala administración, nos hundimos todos, usted y el país". Para esa fecha todavía quedaban seis petroleros encarcelados con La Quina y Barragán; éste último, sentenciado a siete años de cárcel, tramitaba su liberación, la que obtendría un año después.
Hernández Galicia por su parte recibió la promesa del presidente Salinas de ser liberado a finales de 1994, la que fue retomada por el recién electo presidente Ernesto Zedillo, a cambio de que aceptara salir del país exiliado. Sin embargo, según afirmaba La Quina , el asesinato del alto dirigente priísta José Francisco Ruiz Massieu en el mismo año, deja sin efecto el ofrecimiento al ser involucrado el viejo dirigente petrolero en estos hechos de sangre, además de que el ya para entonces dirigente nacional petrolero, Carlos Romero Deschamps, intervino ante el presidente Zedillo para impedir la liberación de Hernández Galicia. 363
Durante todos estos años los seguidores de La Quina , particularmente en la zona de Tampico-Ciudad Madero, mantuvieron viva la demanda de su liberación por medio de distintos actos públicos de protesta. En un acto de apoyo al candidato priísta a la gobernatura de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, realizado en Ciudad Madero el 20 de septiembre de 1992, un grupo de seguidores de La Quina , encabezados por el ex-alcalde de la localidad, Cirilo Juárez Saldierna, le demandaron al candidato con pancartas y a gritos que intercediera por La Quina para que le fuera reducida la pena de 30 años de prisión. En el mismo acto político el líder de la sección 1, Suárez Mata, demandó al candidato priísta que intercediera para que la refinería Madero se ampliara a fin de generar nuevas fuentes de empleo en la región. Cavazos Lerma prometió a los petroleros presentar una solicitud a Pemex para que el sur de Tamaulipas fuera considerado punto óptimo para desarrollar la industria petroquímica. En estas mismas elecciones estatales gana la presidencia municipal de Ciudad Madero el ex-diputado federal quinista-perredista Alfredo Pliego Aldana. 364
Meses después, en enero de 1993, cientos de trabajadores jubilados asistieron a una misa en la catedral de Ciudad Madero en el cuarto aniversario de la detención de La Quina y coacusados. Según se informó, la catedral fue insuficiente para albergar a todos los trabajadores que acudieron a rezar por los líderes presos. 365 En ocasión del quinto aniversario del "quinazo", el 10 de enero de 1994, desde temprana hora la señora Correa de Hernández Galicia, acompañada de decenas de trabajadores petroleros, recorrió las redacciones de los periódicos locales en demanda de la libertad de La Quina y demás detenidos. Al mediodía se ofició una misa al final de la cual se realizó una marcha convocada por el Comité Pro Libertad de los Petroleros Presos por las principales calles de Ciudad Madero y Tampico, donde más de 300 manifestantes coreaban consignas en favor de los dirigentes detenidos, y que incluyó plantones frente a los diversos periódicos locales visitados en la mañana por la esposa de La Quina. Por su parte el diputado priísta local, Enrique Pumajero Medellín, en declaraciones a la prensa afirmó que "a la marcha solo asistieron 40 o 50 nostálgicos" en su mayoría familiares de La Quina. 366
El 4 de marzo de 1994, en un acto de apoyo a la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas en el Club de Leones de la Ciudad de Tula, trabajadores petroleros de las secciones 34 y 35 se manifestaron con gritos y pancartas pidiendo libertad para La Quina . El trabajador jubilado Humberto Carrillo Montiel pidió desde el estrado considerar a La Quina como preso político y nombrar una fiscalía especial que se dedicara al caso. En su discurso Cárdenas omitió referirse al asunto y cuestionado por los reporteros al final del acto, respondió que respecto a la demanda de liberación de La Quina , "allá los compañeros, ellos tendrán sus razones". 367 Durante estos años el PRD mantenía importantes alianzas con el quinismo en la región limítrofe de Veracruz y Tamaulipas, que le habían permitido ganar una diputación federal y la alcaldía de Ciudad Madero con el viejo cuadro quinista Arturo Pliego Aldana. El quinismo mantenía también alianzas con el PFCRN y el PAN que habían permitido ganar las alcaldías de Tampico y Altamira.
En el mismo mes de marzo de 1994 el editorialista Edmundo Jardón publicó dos artículos en donde argumenta su solicitud al secretario de Gobernación Jorge Carpizo y al procurador general de Justicia Diego Valadez para que se disponga la inmediata liberación del viejo líder petrolero por carecer de la mínima sustentación legal las imputaciones. 368
Días después La Quina anunció por medio de una entrevista que presentaría ante la SCJN un recurso de amparo contra la sentencia de 35 años de prisión que le dictó el juez José García Vasco y ratificó el magistrado Vicente Salazar Vera. Entre las pruebas que La Quina ofrecía en su favor estaba el rechazo de un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos a la solicitud de extradición que el gobierno mexicano había tramitado en contra José Cruz Contreras, hombre de confianza de La Quina detenido en la ciudad de Corpus Christi, Texas, el 22 de junio de 1992, por un supuesto contrabando de armas dirigido al viejo líder petrolero. Las pruebas que el gobierno mexicano había presentado ante los jueces estadounidenses eran unas declaraciones firmadas por La Quina , mismas que fueron alteradas según denunció posteriormente el líder petrolero. En la entrevista La Quina dice que el día de su detención fue sometido a intimidaciones y amenazas de represalias en contra de su familia, además de haber sido testigo de las torturas con las que se obligó a varios de sus compañeros detenidos a firmar sus primeras declaraciones, las cuales posteriormente desmentirían. En el documento de rechazo a la extradición, el tribunal estadounidense afirma no tener dudas acerca de que "las declaraciones originales no fueron hechas voluntariamente".
Sobre las acusaciones de que su fortuna personal ascendía a más de 400 millones de dólares, La Quina responde que "si yo tuviera ese dinero, como dice la fantasía popular o los enemigos gratuitos que tenemos... el gobierno ya lo hubiera detectado". Respecto al dinero depositado en los Estados Unidos, el viejo líder informó que ascendía a 3 millones de dólares y estaban destinados a la importación de electrodomésticos para las tiendas sindicales, menos 60 mil dólares entregados a Salvador Barragán para que se operara del corazón en Houston, Texas. En la misma ocasión La Quina entregó una lista del patrimonio del sindicato hasta antes de ser detenido, el cual estimaba en 1 billón 122 millones 740 mil nuevos pesos (362 millones de dólares) y que desglosaba de la siguiente manera:
"Capital social aproximado, propiedad de 32 secciones petroleras, invertido en 131 tiendas cooperativas comerciales, distribuidoras de materiales, además de terrenos, instalaciones, mobiliario, mercancías y fondos económicos en los bancos, 480 millones; 10 funerarias, 11 millones; 24 fábricas de ropa, calzado muebles, varilla, jabón, disolventes, agua potable, blocks, pintura, shampoo, alimentos, maquinaria agrícola, tubos, talleres, terrenos, edificios, capital y mercancías, 85 millones; 24 sociedades civiles con terrenos, instalaciones, maquinaria y capital en bancos, 140 millones; en cajas de ahorros, 95 millones. Subtotal, 931 millones de nuevos pesos. Capital social en granjas. 19 mil 560 hectáreas propiedad de 29 secciones, a 4 mil nuevos pesos por hectárea, 78 millones 240 mil; 13 mil hectáreas zona norte y sur, 52 millones; 6 mil vacas pie de cría, a 5 mil nuevos pesos por cabeza, 30 millones; 15 mil novillos de engorda, a 1 mil pesos por cabeza, 15 millones; equipo de riego, 6 millones; granjas cría de pollos de incubadora, pie de cría, terrenos, estructuras y capital; 8 millones. Sub total, 191 millones 740 mil. Total, 1 billón 122 millones 740 mil nuevos pesos”. 369
En los primeros años del gobierno de Zedillo, el gobierno federal no mostró ningún interés en resolver el caso del viejo dirigente petrolero. Dos meses después, el 17 de febrero de 1995, más de 5 mil trabajadores petroleros acompañados de militantes del PRD, PAN, PFCRN y PT, realizaron una marcha por las principales calles de Ciudad Madero que concluyó con un mitin frente al edificio sindical en demanda de la liberación de Joaquín Hernández La Quina . Durante el acto encabezado por los familiares de La Quina , por dirigentes de los petroleros jubilados, de partidos de oposición y por el alcalde de Ciudad Madero, Alfredo Pliego Aldana, La Quina se dirigió a los manifestantes por vía telefónica desde la capital del país. En el acto los oradores sostuvieron la inocencia de Hernández Galicia y de los otros seis líderes petroleros presos y pidieron al presidente Zedillo la revisión del expediente del caso, ya que contenía "pruebas falsas elaboradas por el ex-procurador general de la República, Alvarez del Castillo y por el ex-fiscal Coello Trejo". 370
Con el fin de intensificar la presión para lograr su liberación, La Quina inició una huelga de hambre desde su reclusión en la ciudad de México el 23 de mayo del mismo año, al tiempo que en Ciudad Madero se realizaban actos de apoyo y se preparaba una movilización a la capital del país. El 28 de mayo se llevaron a cabo en Ciudad Madero dos marchas por las principales calles en demanda de la liberación de La Quina ; una agrupaba a colonos y miembros del PFCRN y la otra a grupos de mujeres religiosas, 40 de las cuales partieron ese mismo día a la ciudad de México después de un plantón iniciado el mismo día que Hernández Galicia se declaraba en huelga de hambre.
Ese mismo día se realizó en Ciudad Madero una asamblea seccional, con una asistencia de 4 mil trabajadores, y donde los problemas comenzaron desde la elección del presidente de debates, compitiendo como candidato del CES Narciso Villaseñor (ex-secretario seccional y en ese momento secretario local de Previsión Social) y como candidato opositor Sergio Reyes Herrera. Después de una votación cerrada Killian declaró triunfante a Villaseñor, originándose la protesta de los opositores quienes entre empujones e insultos trataron de impedir la instalación de la presidencia de debates. La asamblea continuó y Killian inició la lectura de su informe, que nadie pudo escuchar por la gran cantidad de silbidos, abucheos y gritos acusándolo de corrupto por parte de los trabajadores disidentes, algunos de los cuales lograron subir al estrado, de donde Killian prefirió escabullirse en medio del intercambio generalizado de insultos y golpes.
Una vez que los simpatizantes del CES se hubieron retirado, trabajadores jubilados pidieron a los ahí reunidos apoyo para la huelga de hambre realizada por La Quina , que ese día cumplía una semana de iniciada. Después se dirigieron en manifestación hacia el edificio sindical en donde más de 1 mil trabajadores realizaron un mitin contra el secretario Killian, acusándolo de prepotente y de violar los estatutos de la organización. A unos metros de donde se realizaba este acto, en la plaza Isauro Alfaro, decenas de mujeres pertenecientes a grupos de oración permanecían en plantón también demandando la liberación de La Quina . 371
A principios de 1996 el conflicto de la petroquímica se encontraba en su momento más álgido (ver capítulo IX) y, a pesar de los esfuerzos de La Quina por mantenerse al margen, no faltaron voces que intentaron vincular el proceso de los ex-dirigentes petroleros detenidos con la defensa de la industria nacionalizada. Al respecto, en una entrevista publicada en la prensa, el investigador Ilán Bizberg afirmaba que La Quina “no fue un dirigente ni limpio ni independiente; por el contrario fue antidemocrático, corrupto y sirvió al sistema para controlar a los trabajadores petroleros; fue un dirigente bisagra, porque servía y se sometía a los intereses del gobierno y su partido a cambio de que sus demandas fueran satisfechas para seguir conservando el control del sindicato”. Por esto, Bizberg negaba que La Quina pudiera tener autoridad moral para abanderar, desde la cárcel o fuera de ella, un movimiento en contra de la privatización de la industria petroquímica. 372
En los primeras días de mayo del mismo 1996 se difundió que La Quina sufría problemas de salud, por lo que las acciones demandando su excarcelación se intensificaron. El 11 del mismo mes un grupo de trabajadores jubilados encabezados por el CPDBDS inició en Ciudad Madero una huelga de hambre colectiva en demanda de la liberación de Hernández Galicia. Al mismo tiempo, en una conferencia de prensa, el regidor del ayuntamiento perredista de esta localidad, Gabriel Rivera, informó que en una reunión de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales realizada en Querétaro y presidida por el presidente de la CNDH, Jorge Madrazo Cuellar, una comisión de abogados y sindicalistas de la sección 1 presentaron la documentación del caso logrando el compromiso de Madrazo Cuellar para presentar una recomendación a la Secretaría de Gobernación federal a fin de que se agilizaran los trámites correspondientes y se pudiera poner en libertad a La Quina y los demás petroleros presos. En los mismos días se supo de declaraciones a la prensa del líder en Reynosa, E. Yáñez Treviño, demandando la liberación de los líderes petroleros detenidos. 373
En el mes de julio se anunció la creación del Comité Pro Defensa de los Petroleros Presos (CPDPP), quienes se entrevistaron con funcionarios de Gobernación solicitando que La Quina fuera internado en un hospital particular para tratar su enfermedad; la respuesta oficial fue que se le atendería en el hospital militar, lo que rechazaron argumentando "el peligro de que lo asesinaran", según aseguró el diputado local tamaulipeco por el PARM, Ranulfo de Jesús Pérez, al tiempo que responsabilizaba al secretario Chuayffet del "eventual deceso" de La Quina en prisión.
El 3 de noviembre de 1996 se instaló un plantón por "tiempo indefinido" de 200 integrantes del frente a las oficinas de la sección 1 en Ciudad Madero. Ahí los dirigentes Gabriel Rivera Castillo y Fernando Roux Ortega informaron que ese acto era el inicio de una serie de acciones de resistencia civil hasta lograr la liberación de Hernández Galicia y de los ex-líderes Mauro Estrada Cruz, Carlos Raga Calderón, Jesús Zúñiga, Fidel Cárdenas, Saúl Castillo y Cárdenas Collazo, que ya habían cumplido las tres quintas partes de su condena. El día 4 se realizó una concentración masiva en el mismo lugar y un día después los legisladores locales del PRD, PARM y PFCRN iniciaron una huelga de hambre en el Congreso estatal en Ciudad Victoria, al mismo tiempo que trabajadores activos y jubilados bloqueaban las oficinas locales de Teléfonos de México, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada y la oficina fiscal en Ciudad Madero.
La serie de actos de resistencia civil por la libertad de La Quina y asociados concluyó el día 8 de noviembre de 1996 sin que se hubiera logrado nada. En declaraciones a la prensa desde el reclusorio Oriente en el DF, La Quina afirmó que existía una campaña para evitar que salieran de prisión los siete ex-líderes, a pesar de las negociaciones que el abogado de los detenidos, Luis Bobadilla, llevaba a cabo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal. El principal impedimento formal consistía en que la Dirección General de Readaptación de la Secretaría de Gobernación, declaró a Hernández Galicia no apto para reintegrarse a la sociedad, no obstante el dictamen del juez José Luis Villa declarando a La Quina "socialmente readaptado". 374
En el mes de diciembre de 1996 La Quina es entrevistado en la prisión afirmando que en caso de obtener la libertad no participaría en ningún movimiento de resistencia a la privatización de la petroquímica, ya que "lo poco que me queda de vida se lo quiero dedicar a mis seres queridos. Todavía conservo algo de sensatez; ya entregue 50 años de mi vida a la industria y 45 al sindicato". En ese momento todavía seguían encarcelados con el viejo dirigente petrolero, Jesús Zúñiga González, jardinero de la casa; Saúl Castillo, representante de almacenes; Carlos Anselmo Raga, administrador de tiendas; Mauricio Estrada, ayudante; y Fidel Cadena, del cuerpo de vigilancia de La Quina . 375
El 18 de marzo de 1997 fue entregado a la prensa un desplegado dirigido al presidente Zedillo firmado por la esposa de La Quina , Carmen Correa de Hernández Galicia, y por los dirigentes del CPDPP, Fernando Roux, Alberto Borjas y María Durán, en el que solicitaban la libertad de los petroleros detenidos. 376
Meses después, el 18 de junio de 1997, más de 300 integrantes del CPDPP realizaron un plantón de cuatro horas en protesta por el silencio guardado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante el caso de los petroleros presos. En el acto el abogado defensor de La Quina , Enoch Escobar Ramos y el miembro del CPDPP, Arnulfo Souza López, informaron que desde el 17 de febrero de 1996 funcionarios de la CNDH de reunieron con el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, para llegar a una "amigable composición" con relación a la liberación de los líderes petroleros, a lo que el funcionario se negó, alegando la "falta de readaptación social" de los detenidos. Una semana después la CNDH debió, por mandato de ley, emitir una opinión sobre la plática. Un año y cuatro meses después la defensoría nacional no había cumplido con su obligación legal, por lo que en el acto de protesta se hizo entrega de un comunicado dirigido a Mireille Roccatti y entregado al tercer visitador, Adolfo Hernández Figueroa, planteando la renuncia de la presidente del organismo por el tratamiento político dado al caso de La Quina . 377
El mismo día en que La Quina cumplió 75 años, el 12 de agosto de 1997, se hizo entrega en Ciudad Madero de un fideicomiso bancario por 32 millones 440 mil pesos para ser repartido entre los 3 mil 946 jubilados registrados en la sección 1, y que había sido depositado hacía 10 años por La Quina y a su vencimiento en febrero de 1997, "congelado" por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo cual los trabajadores hubieron de realizar gestiones durante cuatro meses hasta lograr la entrega. Según explicó a la prensa el delegado del departamento de jubilados, Jesús González Lara, a cada jubilado le correspondieron la cantidad de 810 pesos. En el acto de entrega del dinero a los jubilados, varios de éstos afirmaron que eso era prueba que La Quina no se había olvidado de ellos cuando estaba al frente del sindicato. 378
Cinco meses después, y a casi nueve años de encarcelamiento, el 17 de diciembre de 1997 Joaquín Hernández Galicia La Quina fue puesto "en libertad" con la modalidad de arraigo domiciliario en la ciudad de Cuernavaca hasta el término de la sentencia en el año 2001 y con la prohibición de presentarse en Ciudad Madero. A su salida se limitó a 72 horas su estancia en un hotel de la ciudad de México. Por medio de su hijo, el diputado federal por el PRD Joaquín Hernández Correa, La Quina hizo llegar al secretario de Gobernación y al presidente Zedillo una carta de agradecimiento por su liberación, al mismo tiempo que abogaba por los otros seis petroleros que aún permanecían presos. Dos meses después, el 18 de febrero de 1998, los seis petroleros detenidos junto con La Quina y acusados de homicidio simple, fueron liberados. 379
Con motivo de la liberación condicionada de La Quina , las organizaciones Frente de Solidaridad Sindical 15 de Agosto de la sección 34 (FSS 15-A.), Consejo Pro Defensa de los Derechos de los Trabajadores Activos y Jubilados de la sección 35 (CPDDTAJ), Frente Democrático Sindical de la sección 35 (FDS) y el Movimiento de Unidad Sindical de la sección 45 (MUS), integrantes todas ellas del Frente Nacional Petrolero (FNP), publicaron una carta a la redacción el 19 de febrero de 1998 en la que demandaban a La Quina y al “dirigente vitalicio” del MNP, Hebraicáz Vázquez que hicieran pública la documentación que prueba las denuncias que ambos habían realizado en diferentes momentos acerca del patrimonio sindical. Según La Quina , en el momento de su detención el sindicato contaba con más de tres billones y cuarto de viejos pesos, infinidad de propiedades y más de 200 empresas en diferentes estados del país. Según Hebraicáz Vázquez, La Quina no había incluido las cuentas bancarias en Houston, las Bahamas, las Islas Caimán, así como en Brasil, Cuba y Suiza. Por esto las organizaciones del FNP demandaban la entrega de las pruebas respectivas para poder actuar legalmente en contra del anterior dirigente nacional, Sebastián Guzmán Cabrera y el actual, Carlos Romero Deschamps, al mismo tiempo que exigían a las autoridades de los poderes ejecutivo y judicial federales, citar a declarar a todos los involucrados. 380
En el mes de julio de 1998, y como resultado lateral de un conflicto legal entre el ex-presidente López Portillo y sus hijos por la propiedad de una fastuosa residencia ubicada en la playa Chiquilingue de Punta Diamante en Acapulco, Guerrero, salió a la luz pública que el inmueble había sido comprado en 1981 por el sindicato petrolero al empresario Melchor Perrusquía -a quien pagó 9 millones de pesos- para ser regalado al entonces presidente de la República, que desde años antes lo había utilizado como su lugar favorito de descanso. 381
Si bien dentro de la estructura sindical se había logrado mantener la política gubernamental de exclusión del "quinismo", en el terreno de la lucha ciudadana político electoral esta corriente había logrado -mediante alianzas con distintos partidos políticos, como vimos líneas arriba- un amplio predominio en toda la zona de Altamira, Tampico y Ciudad Madero. En esta última localidad la alianza con el PRD logró mantener la mayoría durante las elecciones municipales de 1998, por lo que a partir del 31 de diciembre, Juan Manuel Hernández Correa, otro de los hijos de La Quina, tomó posesión como alcalde.
En el mes de agosto de 1999 los asesores legales de La Quina promovían la jubilación de Joaquín Hernández Galicia, La Quina , por considerar que llenaba los requisitos legales para obtener dicha prestación laboral (48 años empleado por Pemex), según informó a la prensa el hijo de La Quina y en ese momento alcalde de Ciudad Madero, Juan Hernández Correa, quien también dijo que quien coordinaba en la capital del país la realización de los trámites correspondientes era su hermano, el diputado federal por el PRD, Joaquín Hernández Correa. 382
Un año después, a unos días de la derrota del PRI en las elecciones federales, se publicaba en la prensa nacional una entrevista al ex-líder Joaquín Hernández Galicia La Quina desde su “exilio” en Cuernavaca, donde afirmaba que “yo fui el primer demócrata del PRI. Por esas ideas me eché encima a los dinosaurios y los modernistas de aquella época”, y aceptaba que “sí había dado línea” para que los petroleros apoyaran a los candidatos priístas a la Presidencia de la República, salvo en el caso de Carlos Salinas, donde “deje a los trabajadores libres para votar por quien quisieran. Ahí comenzó el distanciamiento”. Cuestionado acerca de la disciplina corporativa, La Quina contestó que “en política obedecíamos más a Fidel Velázquez que al presidente, pero en lo sindical no obedecíamos a nadie”, la prueba era su propio caso con Adolfo López Mateos, quien “no me quería, hizo cinco recuentos para que no llegara (a la dirección sindical) y en todos gané”, y más que canonjías a cambio de su disciplina, tuvieron “conquistas de derechos laborales”; siempre tuvieron un senador y diputados en el Congreso, pero esto era “para estar cerca del presidente” y poderle manifestar sus “conformidades e inconformidades, no era por lucro”.
Según La Quina , con el desarrollo de la petroquímica los directores de Pemex crearon nuevos puestos de confianza para sus amigos, “teníamos un empleado de confianza por cinco del sindicato. Ahora son más de 50 mil los de confianza y 50 mil sindicalizados”; Pemex se convirtió en botín político y las nuevas plantas adquiridas por los directores eran de “modelos descontinuados, sin capacidad productiva para los estándares modernos. Ellos recibían su mordida por la adquisición, pero al ponerlas en funcionamiento, el costo y el personal requerido eran más caros que en otros países. Al ver los resultados se culpaba al sindicato”. Según el ex-dirigente el golpe en su contra por parte de Salinas se debió a la fortaleza de su liderazgo y a que era su mayor opositor, “no por mí, sino porque preveía la venta de Pemex y de todo el país”, además de que en ese momento “lideraba a dos millones y medio de personas: un sindicato con 250 mil trabajadores, tenía a mi favor más de un millón de campesinos y un sector popular que pasaba del millón”. Sobre la situación del movimiento obrero después de la victoria de Fox, el viejo dirigente aclaró que “en eso ya no me meto, prefiero llevármela tranquilo y no meterme en problemas”, siendo su único deseo que el nuevo presidente le autorizara regresar a Ciudad Madero; “no lo quisieron hacer los tontos del PRI y ahí están las consecuencias: Ciudad Madero se empanizó todo”. A la pregunta de si todavía se consideraba priísta, La Quina contestó riendo: “Pues si no estoy tonto. Fui priísta mientras el PRI fue bueno. Ahorita que es malo, jamás”. 383
6. Conclusiones
La sustitución de Sebastián Guzmán Cabrera por Carlos Romero Deschamps al frente de la dirección nacional del sindicato petrolero se debió a la necesidad del gobierno federal por contar con un liderazgo fuerte y con amplio reconocimiento entre los distintos sectores de la representación formal sindical, capaz de disciplinar al aparato corporativo para hacer frente de manera unificada a las protestas masivas de los miles de trabajadores despedidos y de las comunidades de campesinos y pescadores afectados por la depredación ambiental resultado de la explotación petrolera, particularmente en el sureste del país. Sebastián Guzmán Cabrera fue un líder inventado por el poder político, que careció de una base de apoyo propio dentro del sindicato y que llegó a la dirección nacional apoyado en su antigua relación con el ex-gobernador de Veracruz y después Secretario de Gobernación en la administración salinista, Fernando Gutiérrez Barrios. Algunos especialistas consideraban que Guzmán Cabrera vivió cuatro años y cinco meses bajo la amenaza permanente de ser reemplazado y, a pesar de haber sido el instrumento de los primeros cambios, se encontraba presionado por la empresa y por la actuación de muchos dirigentes. La caída de Guzmán Cabrera de alguna manera anunciaba también el declive de su protector político y su posterior remoción del gabinete federal resultado de los reacomodos y maniobras dentro del proceso de la sucesión presidencial.
Es esta nueva coyuntura la que abre la posibilidad para la emergencia del “hombre fuerte” con capacidad de establecer un claro liderazgo dentro de la cúpula corporativa y convertirse en el verdadero sucesor de La Quina . Carlos Romero Deschamps es un personaje que desde principios de los años setentas, por conexiones familiares, logra introducirse al circulo más cercano del ya para entonces patriarca indiscutible del sindicalismo petrolero. Durante varios años Carlos Romero recorre las principales secciones petroleras como representante personal de La Quina, ganado merecida fama por la rudeza y violencia de su proceder en contra de las oposiciones locales a la dirección nacional. La eficacia de sus labores es recompensada en 1978, siendo designado al frente de la sección 35 que integra a los trabajadores de las refinerías de Azcapotzalco y Tula, donde construirá un cacicazgo local que cumple ampliamente con las funciones encomendadas: mantener bajo control las contradicciones y conflictos en su ámbito de competencia, asegurar los resultados electorales demandados por el partido oficial e impedir el crecimiento de una oposición sindical y política.
Durante la década de los ochentas Romero Deschamps ocupa distintos cargos en la dirección nacional, estrechando su relación personal con La Quina , pero manteniéndose siempre en un cauteloso segundo plano, aunque repetidamente es señalado por la oposición sindical como el principal operador de los grupos de choque, provenientes fundamentalmente de la sección 35, y que tradicionalmente juegan el papel de animadores (“matraqueros”) y controladores de las grandes movilizaciones sindicales (por ejemplo las del primero de mayo), y de las asambleas y congresos nacionales del sindicato. La función que Romero Deschamps cumple en el control interno del aparato sindical le permite no involucrarse de manera personal en el abierto enfrentamiento que la cúpula quinista mantiene desde 1984 con el gobierno de Miguel de la Madrid, y en particular con su Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas. Con el ascenso de Salinas a la Presidencia de la República y el recrudecimiento del enfrentamiento con La Quina , Romero Deschamps se percata de que los días de este último al frente del sindicato están contados, logrando negociar con el poder político su permanencia en el sindicato a partir de jugar un oscuro papel en los acontecimientos del 10 de enero de 1989. Según la versión de Joaquín Hernández Galicia, la noche anterior a su detención en enero de 1989, CRD intentó comunicarse con el líder, presumiblemente para constatar que se encontrara en el domicilio. 384 Al día siguiente los trabajadores del feudo de Romero Deschamps en las refinerías de Tula e Hidalgo pararon labores (al igual que la mayoría de los petroleros en el país) en protesta por la detención de sus dirigentes nacionales. Este hecho sería destacado recurrentemente durante los siguientes años -particularmente por el MNP- como prueba del “quinismo” de quién llegaría a ser el máximo dirigente petrolero.
Romero Deschamps es el único de los integrantes del circulo íntimo de La Quina que logra sobrevivir al golpe a la cúpula corporativa, negociando con el gobierno federal su permanencia, e integrandose a la nueva dirección sindical nacional para cumplir la misma función que durante años había desempeñado: responsable del control interno del sindicato, y convirtiéndose -ante la debilidad y evidente falta de legitimidad de Guzmán Cabrera- en el verdadero “poder tras el trono”, que agazapado en la sombra se dedicaba a la construcción de una sólida red de alianzas que le permitiera aparecer como el “nuevo-viejo” cacique que el poder político requería para asegurar la disciplina sindical en la estratégica industria del petróleo. Carlos Romero es un “nuevo” cacique, porque a diferencia de su antecesor -que en realidad no fue otra cosa que un encargado provisional del despacho- su liderazgo era indiscutido, contando con las cualidades personales para convertirse en ese intermediario tradicional por medio del cual durante más de cincuenta años el sistema autoritario ha mantenido la integración subordinada de los trabajadores petroleros y su organización al poder político. Pero también es un “viejo” cacique, porque es el legítimo heredero de la antigua estructura de control y apropiación privada de las funciones públicas construida por La Quina , y dentro de la cual Romero jugó un papel central por más de veinte años antes de su llegada a la dirección nacional.
Las primeras acciones de Romero Deschamps al frente del sindicato tienen que ver con el cumplimiento de sus obligaciones para con el poder político, por lo que el esfuerzo de los primeros meses se concentra en las actividades de promoción del voto para el partido oficial con vistas a las elecciones federales de 1994, participando activamente en la campaña de Colosio inicialmente, y posteriormente en la de Zedillo. La situación tan delicada que se crea en el entramado político nacional a raíz de los acontecimientos de los primeros meses de 1994 -el levantamiento zapatista en Chiapas, el bloqueo y toma de instalaciones petroleras por movimientos ambientalistas en el sur de Veracruz, Tabasco y Campeche, y el asesinato del candidato oficial- permiten al nuevo dirigente petrolero negociar concesiones importantes en diversas áreas de interés: en lo político, recobrar las posiciones que históricamente había obtenido el quinismo en el Congreso federal (siete diputaciones y una senaduría, esta última para el mismo Romero Deschamps), consolidando al sindicato petrolero como la organización de la CTM con mayor representación parlamentaria; en lo laboral, obtener una moratoria (de un año) a los despidos masivos en la industria a partir de febrero de 1994 y mantener un incremento salarial anual de alrededor del 20 por ciento hasta 1998, por encima del promedio nacional, así como una serie de beneficios controlados por el aparato sindical, como la basificación de plazas y la reactivación de programas de vivienda para los trabajadores; en lo gremial, la reelección en noviembre de 1994 de Romero Deschamps al frente del sindicato y la ampliación del período estatutario de tres a seis años para el Comité Ejecutivo General, y de dos a tres años para los Comités Ejecutivos Seccionales.
Todos estos elementos jugaron en favor del fortalecimiento de la posición de Romero Deschamps hacia adentro del sindicato, ampliando su margen de negociación para con las oligarquías locales, al mismo tiempo que arrebataba banderas a la oposición sindical, particularmente la representada por el Movimiento Nacional Petrolero, que quedaba limitada a su tradicional función testimonial. Las elecciones seccionales de 1997 demostrarían con claridad el absoluto predominio que el aparato sindical oficialista mantenía sobre la representación gremial de los petroleros. Hacia fuera del sindicato, la ausencia de una política clara por parte de la nueva administración zedillista respecto a la industria petrolera y el sindicalismo corporativo, permitió a Romero convertirse en un interlocutor crítico de las políticas de la empresa y encabezar la protesta de los sectores “nacionalistas” del oficialismo en contra de la privatización de la petroquímica, aunque esto no le impidió aceptar la fragmentación del contrato colectivo único y su flexibilización en lo relativo al manejo de personal.
A finales de 1997 el liderazgo de Romero Deschamps se hallaba firmemente asentado en el sindicalismo petrolero, por lo que la salida de La Quina de su reclusión en prisión ya no era considerada por el poder político como un peligro potencial, aunque la liberación fue condicionada a mantenerse alejado físicamente de su tradicional base territorial de influencia en la zona de Tampico-Ciudad Madero. Ese mismo año muere el máximo líder de la CTM, Fidel Velázquez, y en el proceso de sucesión Romero Deschamps, fiel a su comportamiento político anterior, opta por situarse institucionalmente en un discreto segundo plano, rechazando incluso el ofrecimiento de encabezar como “candidato de unidad” la dirigencia del Congreso del Trabajo. Sin embargo la fuerza del sindicato que encabeza lo coloca, dentro de la jerarquía cetemista, en la segunda posición inmediatamente después del máximo dirigente Leonardo Rodríguez Alcaine. Desde ahí el nuevo-viejo cacique petrolero esperará pacientemente a que el tiempo juegue en su favor hasta que finalmente el discípulo pueda superar al maestro.
IX. El conflicto de la petroquímica
El anuncio de la venta de 61 plantas petroquímicas en marzo de 1995, tuvo una inmediata respuesta de rechazo por parte de la dirección del sindicato petrolero, lo cual reveló la falta de acuerdos políticos previos por parte de la nueva administración federal encabezada por el presidente Zedillo, quien simplemente se limitó a poner en práctica decisiones acordadas por la administración anterior, abriéndose entonces una coyuntura política en la que el sindicato se ponía al frente del gran descontento nacional por la medida, pudiendo recuperar espacios políticos perdidos desde la violenta detención en 1989 del grupo hegemónico encabezado por La Quina. El comportamiento errático del gobierno federal durante el conflicto y la autonomía mostrada por la directiva sindical petrolera encabezada por Carlos Romero Deschamps, tuvieron como resultado la posposición de la venta de las plantas petroquímicas estatales, el cierre de sectores importantes de la petroquímica privada (particularmente la agroindustria) y el fortalecimiento del control corporativo en el sindicato petrolero, a cambio de la fragmentación del contrato colectivo y el aumento de las atribuciones patronales en cuanto a la fijación de las condiciones de trabajo.
1. Panorama de la industria
En el modelo de sustitución de importaciones a la petroquímica se le asignaba, igual que al petróleo refinado, un papel orientado al mercado interno. Sin embargo Pemex no producía la mayoría de los productos básicos y secundarios para abastecer a la industria manufacturera de productos finales y para realizar su propia producción de petroquímicos, aunque mantenía el monopolio de la gestión administrativa de los permisos de importación de insumos petroquímicos (intermediaria de intermediarios) monopolio de Pemex. La definición de cuales eran los productos básicos y cuales los secundarios no se derivaba de normas comerciales y tecnológicas internacionales, sino de criterios políticos nacionales, y siempre fue manejada con una gran flexibilidad y discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos en colusión con inversionistas privados. Esto se acentuó con las adiciones de la administración López Mateos a la ley reglamentaria del artículo 27 realizadas en 1958 y la Orden Presidencial de 1960 que listaba los básicos de reserva exclusiva del sector público, pero especificaba también que la lista podría modificarse con base en el "interés económico de la nación".
A partir de 1965 se activan las inversiones para la expansión de la industria petroquímica, motivadas por el alza de precios internacionales del petróleo y de los insumos petroquímicos. Durante la década de los setenta se mantiene el ritmo de expansión de la petroquímica básica y secundaria, excediendo en más de tres veces la tasa de crecimiento del PIB y del producto industrial. Con los abundantes ingresos del boom petrolero, se inicia la construcción de los grandes complejos -en escalas competitivas internacionales- de Cosoleacaque, La Cangrejera, Pajaritos y Minatitlán, y se promueve la inversión privada en la petroquímica secundaria. En 1979 el Plan Global de Desarrollo anunciaba estímulos a la petroquímica privada por medio de precios preferenciales en las materias primas elaboradas por Pemex, subsidios en precios y tarifas de servicios públicos, barreras arancelarias para petroquímicos competitivos provenientes del exterior, eliminación de impuestos a las importaciones de insumos y reducción de impuestos.
En 1982 el colapso económico sorprende a Pemex con compromisos de expansión en la petroquímica básica e infraestructura, que habían dado lugar a proyectos del Estado y de empresas privadas ya concluidos y demandantes de productos básicos y secundarios, cuya falta debió ser cubierta con un aumento de las importaciones en un contexto crítico de déficit comercial y de cuenta corriente en las finanzas nacionales. Los correctivos gubernamentales planteados por la administración de Miguel de la Madrid se proponían cuatro objetivos: ajustar los precios de los insumos petroquímicos y acercarlos a los internacionales, reducir la protección a la producción petroquímica interna, reducir la lista de básicos responsabilidad de Pemex y liberarlo de la responsabilidad de intermediación en la importación de los faltantes básicos.
En cuanto al primer aspecto se intentó compensar los aumentos de precios internos con los efectos de las devaluaciones y deslizamientos de la moneda, pero finalmente se mantuvieron los subsidios a la petroquímica privada y los precios de muchos de los productos básicos e intermedios en 1990 eran la cuarta parte de los internacionales, siendo esta una de las ventajas competitivas más importantes en el mercado de exportación. Respecto al segundo, los aranceles petroquímicos se establecen en un porcentaje (10 por ciento) de protección a las empresas del sector, mismo que se mantiene dentro de las negociaciones del TLC. Los dos últimos aspectos implicaban la reducción (retiro) de la participación de Pemex en la petroquímica básica. En 1986 se modifica el reglamento en materia de participación extranjera. En octubre del mismo año se reclasifican los productos básicos y Pemex pasa de 70 a 34 productos exclusivos y en agosto de 1989, en otra reclasificación, queda con 20 productos exclusivos, mientras la petroquímica secundaria aumenta de 15 a 55 productos en 1986 y a 66 en 1989. En junio de 1991 se liberó un producto básico más y en agosto de 1992, con las negociaciones del TLC, se liberaron otros 11, quedando Pemex con solo ocho productos. Un año después se vuelve a reformar la legislación para facilitar la inversión en la petroquímica secundaria. 385
Durante el periodo 1982-1988, no obstante el estancamiento general de la producción, el consumo nacional de productos petroquímicos se elevó en más del 50 por ciento (siete por ciento anual en promedio), mientras que la producción de los mismos creció 46 por ciento en el mismo lapso (10.6 millones de toneladas en 1982 a 15.5 en 1988). De 1982 a 1986, la industria petroquímica creció a una tasa de 12 por ciento anual promedio, aumentó su participación en el PIB de la industria manufacturera del 21 al 25 por ciento y en el PIB nacional, de 3.3 a 7.8 por ciento, y sus exportaciones crecieron de 473 a 1 mil 043 millones de dólares. A partir de 1986 se expiden aproximadamente 2 mil 400 permisos a alrededor de 40 empresas privadas (algunas, las menos, con participación estatal y otras, las más, con inversión extranjera). Más de la mitad de los permisos queda en manos de un poco más de 25 empresarios mexicanos, cabezas de los más poderosos consorcios industriales y financieros mexicanos, grandes beneficiados del desplome de la Bolsa Mexicana de Valores de 1987, propietarios o accionistas de las principales casas de bolsa e intermediarias bursátiles, y que en la petroquímica se organizaban en ocho grandes grupos que en los hechos monopolizaban el mercado a través de una red de pequeñas empresas asociadas o maquiladoras: Alfa, Celanese, Cydsa, Idesa, Irsa, Penwalt, Oxy y Primex. Otras empresas importantes en la petroquímica secundaria, aunque sin pertenecer a ningún grupo, eran: Nalcomex, Nacional de Resinas, Química Industrial, Polímeros de México y Hules Mexicanos.
Según la clasificación sobre la base de las cadenas productivas, la petroquímica se divide en tres sectores: básicos, intermedios y finales. En 1990 la composición en valor de la inversión era de 58 por ciento en básicos, 13 por ciento en intermedios y 29 por ciento en finales; en cuanto al volumen de la producción, los básicos representaban el 47.5 por ciento, los intermedios 22 por ciento y los finales 31 por ciento; y en cuanto al valor de la producción, los básicos representaron 13 por ciento, los intermedios 36 por ciento y los finales 51 por ciento. En cuanto a la capacidad instalada en tonelaje para los tres sectores, en 1990 Pemex concentraba el 74.9 por ciento contra el 25.1 por ciento de la industria privada. Pemex tiene plantas en 19 complejos, de los cuales los tres más grandes: Cosoleacaque, La Cangrejera y Morelos, representan el 63 por ciento de la capacidad en tonelaje de la industria paraestatal, y junto con Cactus, Pajaritos y Nuevo Pemex, alcanzan el 81 por ciento. Les siguen Salamanca, Poza Rica, Minatitlán, San Martín, Ciudad Pemex, Camargo y La Venta representando el 16.8 por ciento. Finalmente Ciudad Madero, Tula, Reynosa, Salina Cruz, Cadereyta y Matapionche con el 2.2 por ciento del total de Pemex. Aún y cuando la existencia de los seis grandes complejos implicaba que las nuevas plantas de bienes intermedios y finales se instalarían en sus cercanías, hasta 1990 la mayor parte de las plantas químicas y petroquímicas privadas se encontraban cerca del mercado: Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León.
Pemex es el único proveedor nacional de los primeros eslabones de las cadenas productivas, que consisten en alrededor de 18 productos destinados centralmente al consumo interno, la mayoría de los cuales fueron reclasificados como "secundarios". En solo tres de ellos (amoniaco, etano, etileno) se concentra el 71 por ciento de la capacidad instalada para básicos, mientras que otros básicos necesarios (propileno, butadeieno) se importan en su totalidad. Los bienes intermedios consumidos nacionalmente suman 58 productos, de los cuales 23 representan el 86 por ciento del valor del sector. Pemex produce en exclusiva 20 del total de productos, destinados en su mayoría al consumo nacional, mientras que los producidos por las empresas privadas se destinan en buena parte a la exportación. También se importan otros bienes intermedios, fundamentalmente para el consumo de Pemex.
Los productos finales se clasifican en cinco rubros: fertilizantes, resinas sintéticas, fibras sintéticas, hules sintéticos y especialidades. En la industria de fertilizantes los productos más importantes son cinco y el capital estatal era predominante por medio de la empresa Fertimex hasta 1993, año en que se venden las plantas por separado, constituyéndose las empresas privadas Ferquimex en Salamanca y Camargo, CEMSA (ex-Guanos y Fertilizantes) y Agromex en Coatzacoalcos, así como Real del Monte en Minatitlán. La mayoría de estas empresas habían cerrado sus operaciones hacia 1999 por los altos precios de los insumos de Pemex, particularmente gas natural y amoniaco. También participan en menor medida las empresas Univex-Celanese y Poliaquímia.
Las cuatro ramas de productos finales en las que es predominante el capital privado son: resinas y plásticos, cuyos principales productos (de 24 en total), polietileno, policloruro de vinilo y poliestireno, son elaborados por 50 empresas, de las cuales 10 son las predominantes, encabezadas por Resistol; fibras sintéticas, cuyos principales productos (de ocho en total), acetato, rayón, poliester, nylon y acrílico son elaborados por 14 empresas de las cuales Celanese Mexicana tiene el monopolio casi total; fibras elastoméricas (seis productos) para la fabricación de llantas, monopolizada por tres empresas, Negromex, Resistol y Hules Mexicanos; materia prima (especialidades) para la fabricación de fibras artificiales, especialidades y resinas sintéticas, en donde participan 25 empresas (13 productos) de las cuales ejercen el control unas cuantas encabezadas por Fenoquímia y Celanese. Dos productos finales son elaborados exclusivamente por Pemex (polietileno de baja y alta densidad) en cantidades que no alcanzan a satisfacer la demanda nacional, que es cubierta con importaciones. 386
2. Inicio de la crisis en la petroquímica privada
En la clausura del XXV Foro de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), realizado en noviembre de 1993, el presidente Salinas reconoció que la industria química, particularmente la petroquímica, "está pasando por un momento difícil, tanto por el ciclo de precios internacionales como por la circunstancia recesiva de las principales economías y también por la demanda de modernización y reestructuración de nuestras propias plantas productivas", lo cual tenía por consecuencia menor crecimiento interno y menor demanda externa. Según Salinas "El Pacto (de Solidaridad) promueve medidas que directamente los benefician, sobre todo al reducir tarifas de servicios públicos y aquellas que permitan calendarizar el pago de impuestos por créditos con la banca del exterior", así como la reclasificación de la petroquímica básica. En respuesta a las demandas de los industriales para combatir la demanda desleal o el dumping , Salinas les propuso que formaran "una instancia institucional (sic) para ayudar a sus asociados en estos aspectos y así poder responder más rápidamente". 387
En una evaluación del anexo estadístico del V informe de gobierno, publicada en el mismo mes de noviembre de 1993, se señalaba que la petroquímica pasaba por uno de sus peores momentos al bajar su volumen de producción durante el último año en 13%. Según el documento la situación se explicaba por dos fenómenos: por una parte, la reducción de la demanda por parte de las industrias que tradicionalmente han consumido insumos petroquímicos, como la textil, vestido, minerales metálicos, no metálicos, alimentos y bebidas; por la otra, el rezago tecnológico de la planta productiva (tecnología en muchos casos de 1982), la sobreproducción y la contracción de precios en el mercado internacional provocaban que para ese año se importaran 13 productos de los 21 que se fabricaban en el país, y de éstos últimos, cuatro (amoniaco, etano, etileno y anhídrido carbónico) concentraran el 56.8% de la producción total. Según la misma fuente, la industria se encontraba en esos momentos operando al 92.9% de su capacidad. 388
Meses antes, el 18 de junio de 1993, el presidente de la Canaco de Tampico, Gerardo Samuel Gómez Ibarra, informó a la prensa que por la situación de la petroquímica se vivía una difícil situación económica en el corredor industrial de Altamira, Tamaulipas, por lo que 200 trabajadores fueron liquidados por los programas para disminuir los gastos de operación. Anunció también la próxima visita de un grupo de empresarios de Houston interesados en invertir 300 millones para la instalación de una planta petroquímica, cuya construcción generaría 2 mil empleos indirectos y 200 directos. 389
El 20 de julio de 1993, y con motivo del 25 Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIQPCSCRM - CTM), el dirigente de este gremio, Gilberto Muñoz Mosqueda, en su mensaje de inauguración en Los Pinos frente al presidente Salinas, señaló que "hemos acabado con el escalafón ciego (y) de ascenso automático; con los nuevos mecanismos no hay escalafones, no se requieren, es la utilización plena de la fuerza de trabajo, sin menoscabo de ningún derecho legal o contractual y sin coartar la facultad administrativa de las empresas. Tenemos una nueva cultura del trabajo y para el trabajo, con relaciones laborales congruentes que son insumos para elevar la productividad, calidad y competitividad".
En la misma ocasión Muñoz Mosqueda informó que en el último año 3 mil 658 trabajadores petroquímicos fueron despedidos, de los cuales 1 mil 748 laboraban en las empresas paraestatales Anyl Mex, Cía Exploradora del Istmo y Tetraetilo de México, y 1 mil 910 en las empresas privadas Furfural y Derivados, Química Reztloff, Química Morelos, Laboratorios Esquim, Novaquim Cuautitlán, y Merck México. También afirmó que en otras 30 empresas petroquímicas hubo reajuste de personal a pesar de que el sindicato a su cargo permitió la "flexibilidad" de los contratos y las relaciones laborales mediante "los programas de calidad total, multihabilidades y grupos autorregulados", por lo que persistían "actitudes perversas de algunos patrones", que por la vía de quiebras fraudulentas y "maniobras no menos turbias, buscan librarse de sus responsabilidades contractuales, fiscales y tributarias".
Puso como ejemplo a las huelgas de "dos empresas" (sin especificar nombres) petroquímicas en Coatzacoalcos, Ver. y Xochimilco, DF., donde “ya cumplieron 20 meses”, así como “la sección 35 del Bajío, donde la patronal deliberadamente hizo fracasar su industria, alegando en forma amañada ineptitud de su administración, obsolescencia de su equipo y problemas de comercialización para declararse en quiebra". Por esto Muñoz alertó a los dirigentes a estar preparados para evitar que los empresarios "endosen las facturas de todas sus dificultades al sindicato y a los trabajadores, porque los juicios laborales son largos y se ven entorpecidos por mil maniobras y cuando recibimos la chatarra que la empresa deja (se refiere a la empresa Fertimina), no sirve ni para pagar el pasivo laboral", por lo que pidió fincar responsabilidades penales y cárcel a los patrones "que se atreven audazmente a valerse de subrefugios y patrañas". 390
Muñoz Mosqueda se refería a la empresa Fertimina, propiedad de Fertilizantes Mexicanos, que fue traspasada al STIQPCSCRM en marzo de 1993 mediante una maniobra en la que, días antes del cambio de propietario, 228 trabajadores fueron despedidos sin que se les hubiera liquidado el total de prestaciones y antigüedad. El nuevo patrón sindical se negó a reconocer responsabilidad alguna por lo que los trabajadores plantearon una demanda ante la junta especial número 38 de la JFCA, misma que retrasó la resolución, por lo que los trabajadores plantearon también una querella judicial contra funcionarios de la JFCA por contubernio con el sindicato-patrón. El 18 de mayo de 1994, 14 meses después de haberse interpuesto la demanda ante la JFCA, más de 200 ex-trabajadores de la empresa propiedad del sindicato petroquímico, realizaban una movilización en la que su asesor jurídico, Carlos Moreno Espinoza, demandó la agilización de la demanda. 391 Poco después la empresa sería vendida al Grupo Acerero del Norte (GAN) quien la denominaría en adelante Real del Monte.
En los trabajadores de las empresas petroquímicas privadas existía la misma incertidumbre que los empleados por la paraestatal, cuestión que obligaba a los líderes sindicales a tratar de calmar los ánimos, negando los rumores de cierres de plantas como en el caso del dirigente de la sección 2 del STIQPCSCRM, Ricardo Muñoz Jaramillo, quien en el mismo mes de noviembre de 1993 declaró a la prensa que la empresa Nitroamonía de México, productora de nitrato de amonio industrial y ácido nítrico, había superado los "problemas de mercado" que tuvo tres meses antes, asegurando ventas para el resto del año, por lo que descartaba que se siguiera con las reducciones a la jornada de trabajo o a la plantilla de personal. 392
Con el inicio de las campañas presidenciales de 1994, el sindicato petroquímico -al igual que el sindicato petrolero, pero sin su participación militante- declaró su apoyo al candidato priísta. Sin embargo el 17 de enero de 1994 durante la llegada a Coatzacoalcos de Luis Donaldo Colosio en campaña, un grupo de trabajadores de CEMSA, empresa privada heredera de la paraestatal Guanos y Fertilizantes, lo atajaron para exponerle la situación de más de 1 mil despidos y 28 meses en huelga sin que hubiera ninguna solución a la vista. El candidato bajó del camión en que se trasladaba e invitó a una comisión de trabajadores a acompañarlo en su vehículo, después de lo cual nada se supo de lo tratado. 393
Después del obligado cambio de candidato tras el asesinato de Colosio, en el mes de julio de 1994 el STIQPCSCRM realizó su vigésimo sexto Consejo Nacional Ordinario, al final del cual sus principales dirigentes y un contingente de trabajadores ataviados con gorras que mostraban la leyenda Petroquímicos con Zedillo , asistieron a la residencia presidencial de Los Pinos para informar de los acuerdos a los que habían llegado. Ahí el secretario general del sindicato, Gilberto Muñoz Mosqueda, comprometió el voto de sus agremiados por el PRI y su candidato Zedillo en las próximas elecciones. En su respuesta el presidente Salinas ignoró el ofrecimiento e informó que durante 1993 se habían destinado más de 3 mil 500 millones de nuevos pesos para alentar a más de 400 empresas de la industria petroquímica. 394
3. El anuncio de la privatización.
A principios del mes de marzo de 1995, en el contexto de la crisis desatada por los “errores de diciembre”, el gobierno de Zedillo anunció que 61 plantas petroquímicas serían puestas a la venta. Esta decisión se da justo en el momento en que las grandes compañías petroleras internacionales aumentaban la proporción de sus ingresos en este sector, que en 1995 representaba el 40 por ciento de los ingresos totales, convirtiendo a las actividades petroquímicas en las más rentables en el ámbito petrolero internacional. 395
El anuncio provocó un gran descontento en amplios sectores de la sociedad y en particular entre los trabajadores petroleros, siendo inmediata la respuesta sindical. En la ceremonia oficial de aniversario de la expropiación petrolera, el 18 del mismo mes, el líder nacional del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps (CRD), manifestó la oposición del gremio a la medida. Unos días después, el 28 de marzo, los 36 secretarios generales de las secciones del STPRM publicaron un desplegado en la prensa nacional en el que apoyaban la posición asumida por su secretario general, afirmando que la venta de las plantas petroquímicas comprometería la capacidad de la nación para decidir su rumbo, por lo que estaba en juego el interés del país. También decían en el documento que no compartían la idea de que la rentabilidad de las empresas pudiera estar comprometida por el volumen de trabajadores, por lo que el despido de obreros, en el caso de la privatización, iría “en detrimento de la paz social y en perjuicio de la colectividad”.
El 30 de marzo se realizó una reunión ordinaria del consejo de administración de Pemex, en la que los cinco consejeros sindicales, Ramón Hernández Toledo, Pablo Pavón Vinales, Antonio Barajas Velarde y los diputados federales Calixto Rivera Díaz y Jesús Olvera Méndez, expusieron la oposición del sindicato a la privatización de las plantas petroquímicas. En respuesta el titular de la Secretaría de Energía, Ignacio Pichardo, les propuso iniciar de inmediato reuniones entre el sindicato, la empresa y representantes de las secretarías de Estado que tenían relación con el asunto. Finalmente el funcionario anunció que las primeras instalaciones a desincorporar serían las del complejo Cosoleacaque y que la licitación se tendría lista para el mes de octubre del mismo año 1995. 396
Un mes antes de la fecha anunciada, el 9 de septiembre, dio inicio en la ciudad de Minatitlán la primera Convención Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex que tenía el objetivo expreso de rechazar la venta de las petroquímicas estatales. En el encuentro tomaron parte más de 100 delegados de distintas instalaciones en Tula, Salina Cruz, Ciudad de México y el sur veracruzano. El día de la apertura se informó del despido de cuatro de los convocantes a la reunión: los ingeniero(a)s Silvia Ramos Luna y Heriberto Gutiérrez, el licenciado Mario Silva y el contador Javier Becerra, todos ellos empleados de la refinería de Tula. En su intervención durante el acto, la ingeniera Ramos Luna denunció que con la privatización, perderían de inmediato sus empleos cientos de trabajadores técnicos y profesionistas adscritos a los complejos La Cangrejera, Pajaritos, Morelos y Cosoleacaque, a quienes la empresa ya impartía pláticas de sensibilización sobre el impacto de la privatización en la petroquímica. Durante los trabajos de la convención se afirmó que serían despedidos alrededor de 5 mil empleados de los 17 mil que en ese momento conformaban la planilla total en la petroquímica. Los asistentes se pronunciaron por crear el Frente Nacional contra la Privatización de Pemex (FNCPP), convocar a una serie de movilizaciones en protesta por las violaciones de las condiciones de trabajo en contra de empleados de confianza del complejo Cosoleacaque y promover una consulta nacional sobre la privatización de la petroquímica.
Las movilizaciones de protesta se iniciaron desde el día 11 de septiembre con la realización de una manifestación de más de un centenar de empleados administrativos y jefes de sección frente a las oficinas de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos. El 16 del mismo mes se realizaron una serie de movilizaciones en localidades del sur de Veracruz, la mayor de las cuales en la ciudad de Minatitlán con una marcha y mitin de alrededor de 200 trabajadores manuales, técnicos y profesionistas del complejo Cosolecaque que concluyó en el parque municipal de Minatitlán, al mismo tiempo que en Coatzacoalcos más de 100 obreros y trabajadores administrativos realizaban un plantón frente a las oficinas de Pemex Petroquímica. Ese mismo día aparecieron publicados en los periódicos locales una serie de desplegados firmados por trabajadores de los complejos petroquímicos del sur veracruzano manifestándose en contra de la privatización y denunciando el despido de más de 70 técnicos desde la semana anterior. El 22 de septiembre más de 2 mil trabajadores se manifestaron por las calles de Coatzacoalcos para concluir con un mitin frente al ayuntamiento, en donde el orador principal, Carlos Reyes, hizo una convocatoria pública para integrar el FNCPP. 397
El 13 de octubre los diputados federales perredistas Javier González Garza y Amado Cruz Pineda ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de México para anunciar la decisión de su partido de apoyar las movilizaciones en contra de la privatización, que distintos grupos de trabajadores de las secciones 10, 11 y 30 tenían planteadas para el 24 del mismo mes. Unos días después los dirigentes del Movimiento Nacional Petrolero (MNP) y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) también realizaron declaraciones a la prensa afirmando que la venta de las plantas significaba el despido de 25 mil trabajadores en los diez complejos del país, además de dañar a un gran número de pequeñas y medianas industrias que dependían de los suministros petroquímicos. En esa ocasión el profesor de la UNAM (y ex diputado federal por el PRI), Rafael de Celis, informó que se esperaba para el próximo 31 de octubre la licitación de la planta de Cosoleacaque, Ver, donde laboraban 2 mil 500 trabajadores y se producía el 80 por ciento del amoniaco que se consumía en el país.
El 24 de octubre los integrantes de la recién creada Coordinación de Trabajadores por la Defensa de Pemex (CTDP) -organización que afirmaba agrupar a empleados de los complejos petroquímicos de La Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos y Pajaritos, así como de las Oficinas Centrales de Pemex-Petroquímica- realizaron una marcha con la asistencia de más de 7 mil trabajadores, campesinos y colonos en Coatzacoalcos, al final de la cual el profesor Rafael de Celis y el diputado federal por el PRD, Amado Cruz Malpica, llamaron a continuar las movilizaciones para detener la privatización. En el mismo acto se le entregó al legislador un documento con 3 mil firmas de trabajadores del complejo Pajaritos para que lo presentara en la legislatura como muestra de la inconformidad con la política petrolera gubernamental.
Por su parte las directivas seccionales también convocaron a movilizaciones conforme se acercaba la fecha de la licitación. El 21 de octubre se realiza una marcha mitin en Salina Cruz, con la participación de 2 mil trabajadores petroleros, en donde los secretarios generales de las secciones 10 (Pablo Pavón Vinales), 11 (Ignacio Millán Martínez) y 23 (Julio Antonio Cobos Avilés), expusieron que con la venta de las 61 plantas de la petroquímica secundaria, quedarían en el desempleo 17 mil familias por los reajustes de personal, planteando que si se decidía vender los 60 buques-tanques y las 100 embarcaciones menores que formaban la flota petrolera, dejarían de laborar otros 1 mil 400 trabajadores. Informaron también que en el último trimestre de 1995, las petroquímicas obtuvieron ganancias por 1 mil millones de nuevos pesos, superando el déficit de 600 millones que se registró en 1994.
El 22 de octubre de 1995 se publica un desplegado de prensa dirigido al presidente Zedillo, al gabinete, al Congreso de la Unión, al CEG del STPRM, a la CTM y al PRI, firmado por el Comité Ejecutivo Seccional, los comisionados nacionales y locales, los delegados departamentales y la directiva del FRUS (Frente de Resistencia y Unidad Sindical) de la sección 30 de Poza Rica, en el que, basados en los pronunciamientos de Romero Deschamps el 18 de marzo, se solicita cancelar la privatización de PEMEX y los recortes de personal en el Complejo "Escolín".
Dos días después la directiva seccional de la sección 24 convocó a una manifestación en la refinería Antonio M. Amor en Salamanca, con la participación de 120 trabajadores de las plantas productoras de amoniaco y alcohol isopropílico. En el mitin con el que concluyó la movilización, el líder de la sección 24, Pedro Orozco Reza, manifestó el rechazó de los petroleros a la privatización.
El mismo día 24 de octubre el dirigente de la sección 10 y miembro del Comité Ejecutivo General del STPRM, Pablo Pavón Vinales, en declaraciones a la prensa señaló que los petroleros podrían reconsiderar su militancia en el PRI y la CTM ante la falta de apoyo concreto. Informó también que el gobierno había prometido que quién comprara las plantas adquiriría también la responsabilidad de patrón sustituto y el STPRM mantendría la titularidad del contrato, aunque reconoció que todo esto era extraoficial y sin ninguna garantía. Finalmente Pavón Vinales anunció nuevas movilizaciones en distintos puntos del país, y no descartó una movilización nacional hacia la capital, que sería encabezada por los 2 mil 500 trabajadores sindicalizados de la planta de Cosoleacaque. 398
El 30 de octubre de 1995 se realizó la asamblea extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex en la que se aprobaron los términos de la licitación para la venta de las plantas petroquímicas. Ahí los cinco consejeros sindicales decidieron abstenerse de votar a favor y, por voz de Ramón Hernández Toledo, manifestaron que el destino de la industria petrolera no le correspondía decidirlo "al Estado, ni al gobierno o a la administración de la empresa, sino al pueblo de México".
Entrevistado al respecto, el líder nacional CRD declaró a la prensa que el STPRM se oponía "rotundamente" a la privatización de las 61 plantas petroquímicas porque atentaba contra la soberanía nacional y porque se perderían 17 mil empleos en Pemex, así como varios miles más en las empresas dependientes de los productos petroquímicos. También advirtió que de continuarse con la privatización del sector, el STPRM apoyaría las manifestaciones de descontento social. A su vez el también líder sindical petrolero y diputado federal por el PRI, Jorge Wade, denunció a la prensa que se había ahogado a la industria petrolera al no destinarse recursos para mantenimiento y crecimiento, por lo que el sindicato no permitiría la venta de la petroquímica y mucho menos a extranjeros. También el líder de la sección 46, Roberto Castro Lozada, informó a la prensa que pese a que no se habían dado nuevos reajustes en las plantas, los 1 mil 200 obreros que ahí laboraban se encontraban en la incertidumbre de conservar el empleo, por lo cual realizaban "asambleas regulares para mantenerse unidos".
En los mismos días el presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, Francisco Kuri, del PRD, denunció a la prensa que eran los EUA los principales interesados en la compra de la rama, para lo cual utilizaban presiones diplomáticas y financieras, por lo que llamó a organizaciones y personalidades progresistas a defender la petroquímica.
Por su parte el presidente de la sección de petroquímica de la CANACINTRA, Gilberto Ortiz Muñiz informó que en ese momento la rama se encontraba con una baja del 40 por ciento en su producción. También dijo que los empresarios pedirían al gobierno que se exigiera a los futuros dueños de las plantas la elaboración del programa de desarrollo de la industria, que debería incluir el compromiso de invertir 10 mil millones de dólares en los siguientes seis años para desarrollar el sector.
El 7 de noviembre se conocieron las declaraciones a la prensa del líder del MNP, Raúl Drovaillet Patiño, denunciando que de común acuerdo entre la empresa y el sindicato, se pretendía despedir a 3 mil trabajadores de base y transitorios de las secciones 14, 48 y 44 con sede en los distritos Ciudad Pemex-Macuspana, Villahermosa-Nuevo Pemex, así como Cactus y Reforma en Chiapas. Tal despido se llevaría a cabo en el momento de la entrega de los aguinaldos junto con las liquidaciones.
Ese mismo día se publicó un desplegado de prensa de la CTDP (a la cual pertenecían personal de confianza de los complejos de Pajaritos, Cangrejera, Morelos, Cosoleacaque y Oficinas Centrales) en donde sus afiliados se manifestaban en contra de la privatización, y expresan su apoyo a la actitud tomada por el CEG del STPRM, particularmente por los líderes CRD y Ramón Hernández Toledo.
El 12 de noviembre el vocero oficial de la sección 10, Víctor Basulto Ordaz, denunció que en los últimos días se habían concentrado contingentes de militares y policías judiciales federales en la 29 zona militar en la región sur de Veracruz, lo que hacía ver que se preparaban acciones de fuerza para enfrentar las movilizaciones de los trabajadores.
En declaraciones a la prensa el mismo día, el líder nacional del sindicato de la petroquímica, Gilberto Muñoz Mosqueda, informó que su gremio estaba en contra de la privatización de las 61 plantas, aunque aclaró que la defensa de éstas debía de estar a cargo del STPRM, al que apoyaba. También consideró que en caso de llevarse a cabo la privatización, la industria no sufriría afectación alguna, salvo la natural por la modernización del equipo.
También el día 12, integrantes del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana afirmaron que en los últimos tres años habían perdido su empleo mas de 50 mil trabajadores petroleros principalmente en Coatzacoalcos, Nanchital, Cosoleacaque y Minatitlán, y que de privatizarse la petroquímica lo perderían otros 40 mil más. 399
4. La convocatoria para el complejo Cosoleacaque
El 14 de noviembre, se publicó en los periódicos de circulación nacional la convocatoria para la venta del complejo Cosoleacaque. Por tal motivo se realizó un plantón de protesta frente a las oficinas de la Dirección General de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos; días después se supo del despido de 15 empleados de confianza (con 10 años de trabajo) del complejo Pajaritos por haber participado en el plantón, donde fueron filmados por la cámara de televisión de circuito cerrado. Los afectados presentaron una demanda laboral ante la JFCA, según informó a la prensa su representante legal María del Carmen Sánchez Sosa.
El 23 de noviembre se publicó una carta a la redacción firmada por el secretario general de la sección 33 del sindicato de la SEDESOL, Félix Reynoso Corona, manifestando su rechazó a la privatización. Días después se publicó un cintillo en la prensa firmado por la CTDP, en el que manifestaba su solidaridad con el PRD y demás grupos sociales en contra de la privatización. 400
Por su parte el Comité Ejecutivo General del sindicato petrolero decidió solicitar el 12 de diciembre a la dirección nacional del PRI un pronunciamiento de respaldo a la lucha de los trabajadores petroleros en contra de la privatización de las plantas petroquímicas.
A partir del 17 de enero de 1996 la Subcomisión de Energéticos de la Cámara de Diputados en cabezada por el diputado Jaime Arceo Castro, dio inicio a una serie de audiencias públicas en torno al proyecto de privatización, las primeras de las cuales se realizaron en las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos. En ellas participaron más de 20 ponentes entre los que estuvieron los líderes de las secciones 10 y 11 del STPRM, Pablo Pavón Viñales e Ismael Uscanga Borbón; los alcaldes de Minatitlán y Nanchital, Ignacio Hernández Barruecos y Ricardo Castelo Castillo; el diputado por el XXII distrito electoral de Minatitlán, Roque García Sánchez, y representantes de los industriales, comerciantes, campesinos, maestros y profesionistas petroleros de la zona.
En las exposiciones realizadas la opinión casi unánime fue la de rechazo a la privatización; también se propuso reconsiderar la reclasificación de los productos petroquímicos secundarios, eliminar la carga fiscal de la empresa para hacer frente a los requerimientos de operación y modernización, y eliminar la gran corrupción existente. De manera especial se destacó el impacto negativo hacia la población y la economía regional de la política laboral de Pemex.
En su intervención Ismael Uscanga, líder de la sección 11 que agrupa a los trabajadores de los complejos Pajaritos, Morelos y La Cangrejera, informó que en 1994 Pemex Petroquímica aumentó sus ingresos en 2 mil 169 millones de pesos –44 por ciento más en relación con 1993-, las ventas internas se incrementaron en 1 mil 354 millones de pesos y las exportaciones en 359 millones; los ingresos totales de 1993 fueron de 4 mil 912 millones de pesos, mientras que en 1994 fueron de 7 mil 81 millones. En este último año las ganancias netas fueron de 2 mil 300 millones de pesos, 12 por ciento mas que el año anterior. Por su parte el líder de la sección 10, Pablo Pavón, explicó que en el complejo Cosoleacaque la tecnología había sido desarrollada por los propios trabajadores, teniendo en ese momento una producción de 7 mil 500 toneladas diarias de amoniaco realizada por 2 mil 500 trabajadores, cuya alta calificación "está a punto de ser rematada a precios irrisorios".
Las audiencias terminaron el 19 de enero en el recinto parlamentario federal en la ciudad de México con la participación de líderes de opinión y dirigentes de partidos y de cámaras industriales y patronales. Ahí el líder nacional del STPRM y senador de la República CRD, demandó la cancelación del proyecto de privatización de la petroquímica y la creación de un grupo interdisciplinario y plural para elaborar un plan de desarrollo en la materia, advirtiendo que de continuar la desincorporación se haría fracasar la Alianza para el Campo al propiciarse una manipulación en el precio de materias primas tan importantes como el amoniaco, con lo que se estarían sentando las bases para un posible estallido social. También se refirió al caso del metanol, producido en la planta de Pajaritos, que es un componente básico en la producción de adhesivos y alcoholes para la industria farmacéutica y de pinturas.
En la misma audiencia el subsecretario de Política y Desarrollo de la Secretaria de Energía, J.E. Navarrete López, defendió la venta de las petroquímicas porque "es una decisión fundamentada, ajena a estridencias y anclada en el interés nacional, (además de la única forma) de allegar los recursos financieros y tecnológicos necesarios". También afirmó que los recursos derivados de la venta serían invertidos en áreas estratégicas de la industria petrolera, con lo que se elevaba "la probabilidad de que empresas privadas mexicanas o mayoritariamente mexicanas obtuvieran algunas de las adjudicaciones".
Por su parte el presidente del Consejo de la Industria Petroquímica de la Canacintra, Cesar Conde, entregó un texto en el cual afirmaba que la privatización del sector solo generaría mayor desempleo y pobreza en las zonas en las que se ubican las plantas productivas, ante lo cual proponía que las mantuviera el gobierno federal en su poder, permitiendo como alternativa que los inversionistas interesados en el ramo formaran sociedades y construyeran nuevas plantas que generaran mayor empleo. En el mismo documento se planteaba que la desincorporación era anticonstitucional ya que violaba lo establecido en el artículo 27, en especial en sus párrafos cuarto y sexto. Finalmente se consideraba que con la venta el gobierno iba a matar "la gallina de los huevos de oro", y que los ingresos perdidos solo los podría compensar aumentando los impuestos a la población, los cuales ya se encontraban en niveles muy altos, además de que los nuevos compradores de las plantas no generarían nuevas plantas de trabajo, por el contrario, se reduciría el personal con el pretexto de hacerlas más eficientes.
El 30 de enero el líder nacional petrolero CRD hizo declaraciones a la prensa en las que afirmaba que no había inversionistas nacionales que pudieran adquirir las plantas privatizadas, por lo que irremediablemente pasarían a manos de extranjeros con la consiguiente desarticulación de las cadenas productivas, en particular las relativas al amoniaco y la producción agrícola. Cuestiones similares se provocarían en otros productos como el metanol, óxido de etileno, polietileno, propileno, acrilonitrilo, acetaldehído y glicoles, los cuales se utilizaban en aspectos tan disímbolos como partes automotrices, recubrimientos de cables eléctricos, perfumes, rollos para fotografía, anticongelantes, vinagres, cremas y un sin fin de artículos indispensables en las industrias y en los hogares.
En esos mismos días se publicó en la prensa un estudio realizado por trabajadores jubilados de la sección 11 del STPRM, en el que planteaban que en caso de avanzar la propuesta gubernamental, se debía de dar prioridad a empresarios nacionales, obligándolos a atender fundamentalmente al mercado nacional, ofreciendo precios de sus productos 40 por ciento mas abajo de los precios internacionales, y comprometiéndolos a mantener el mismo numero de trabajadores laborando en las plantas.
A su vez el líder del grupo disidente de la sección 11, "Liberación Democrática", Jaime Garrido, declaró a la prensa que la propia dirigencia sindical había permitido la violación del CCT al aceptar que más de 3 mil trabajadores no hubieran alcanzado aún la planta. También afirmó que “era casi un hecho” que con la venta de los cuatro complejos petroquímicos de la zona de Minatitlán-Coatzacoalcos, se cancelaban en el corto plazo alrededor de 8 mil plazas eventuales para quedar operando solo con el personal de planta. Finalmente subrayó que con la trayectoria "oscura" de los líderes sindicales, no se podía esperar una autentica defensa de los agremiados. 401
Según datos ofrecidos en esos mismos días por el diputado perredista de la subcomisión de Energéticos, Francisco Kuri, y por el investigador José Luis Manzo, la industria petroquímica secundaria constituía el sustento de 18 mil 500 familias y sus productos eran utilizados en la elaboración de 263 productos diferenciados vinculados a 145 actividades manufactureras. En la última recategorización de estos productos se redujo a ocho la lista de petroquímicos básicos y 11 se unieron al bloque de los secundarios, entre ellos el amoniaco, que se usaba para la elaboración de fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, aditivos agrícolas, complementos alimenticios para animales y explosivos. Este petroquímico se elaboraba en las plantas de Cosoleacaque, Camargo y Salamanca. En general los petroquímicos son materia prima utilizada por lo menos en las siguientes industrias: vestido; calzado; cosméticos y perfumes; juguetes; dulces; pañales desechables; película fotográfica; papel y resinas; bebidas alcohólicas; aparatos eléctricos de uso doméstico y laboral; detergentes y jabones de uso industrial y doméstico; plásticos; tapones para botella; colchones de hule espuma; tuberías y tanques para el agua y el drenaje; medicamentos; prótesis y productos odontológicos. 402
El 18 de febrero de 1996 se publica en la prensa nacional una carta a la redacción firmada por el presidente y el vicepresidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López e Ismael López Garcés, respectivamente, en la que denuncian -a solicitud de 72 trabajadores- la situación en la planta Cosoleacaque, donde se pretendía liquidar a cientos de trabajadores como paso previo a su venta.
Días después el líder del MNP, Hebraicaz Vázquez, informó a la prensa que había tenido una entrevista con el secretario privado del subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, para solicitarle una "mesa de negociación paralela" sobre la petroquímica y la integración de una comisión plural -como la que se había formado para investigar la situación de la Conasupo- para aclarar la corrupción en Pemex y en el STPRM. Afirmó también que no era justo que el gobierno quitara a Pemex el 80 por ciento de sus ganancias por la vía fiscal y luego la tratara como a cualquier otra empresa que necesitara revitalizarse y adquirir tecnología de punta. Finalmente aseguró que el director de Pemex, Francisco Rojas, "había recibido 3 mil millones de dólares de compañías internacionales por obtener contratos". 403
Por su parte CRD, en conferencia de prensa realizada el 17 del mismo mes, reiteró su rechazó a la venta, informando también que desde el punto de vista del sindicato los principales problemas que afrontaba la industria eran: a) la excesiva contratación de personal administrativo de confianza, que sumaba entonces 25 mil, mientras que la plantilla de trabajadores de planta sindicalizados era de 66 mil. En total Pemex tenía en ese momento 107 mil trabajadores, mientras que en 1987 tenía 179 mil; b) marginación de la experiencia de obreros y técnicos, prefiriéndose asesorías extranjeras o nacionales de alto costo e ineficiencia; c) salarios injustos a los trabajadores sindicalizados. En la misma ocasión el dirigente nacional petrolero rechazó que se hubiera decidido la venta por la corrupción, sino por la adopción de políticas económicas que ya habían "demostrado más que plenamente su inviabilidad". Hizo mención de Fertimex como ejemplo de lo que podía suceder con decisiones aventuradas que desarticularon todas las cadenas de la producción de agroquímicos. También dijo que los recursos de la venta se pretendían utilizar como se hizo en 1993, cuando los ingresos por la privatización sumaron 59 mil millones de pesos, de los cuales 57 se destinaron al pago de la deuda. También afirmó que los petroleros "podemos sentirnos orgullosos de los cambios que se han registrado hacia el interior de nuestro organismo sindical. La unidad de los trabajadores, la ausencia de conflictos internos y una nueva democracia interna que nos permite tener autoridades legítimas para acciones legítimas, son la nueva faz del STPRM", concluyó CRD.
Días después, en la ceremonia con la cual se conmemoró el 30 aniversario de la fundación del Congreso del Trabajo, CRD informó que el STPRM se encontraba a la espera de la respuesta del PRI a su demanda del 12 de diciembre pasado de respaldo contra la privatización. Afirmó que contaban con el apoyo de la CTM, aunque hubo de reconocer, a pregunta expresa, que desde la misma central el sindicato encabezado por Muñoz Mosqueda le trataba de disputar la titularidad de los contratos colectivos. Agregó que no había hecho ningún planteamiento al presidente Zedillo y que solo se habían saludado en la inauguración de 11 nuevas plantas de Pemex en Tula. En el mismo acto el citado líder Muñoz Mosqueda rehusó responder a cualquier pregunta abriéndose paso a empujones entre los reporteros.
El 27 del mismo mes de febrero CRD, entrevistado en la sede de la CTM, reiteró su rechazó a la privatización por considerar que los productos petroquímicos necesarios para la elaboración de fertilizantes y otros insumos para la agricultura, alcanzarían precios estratosféricos poniendo en serio peligro la soberanía alimentaría. 404
En vísperas del 58 aniversario de la expropiación petrolera, el 4 de marzo, CRD informó que se aprovecharía la ceremonia para demandar al gobierno federal detener la privatización. Sostuvo que la venta de las plantas tenía como objetivo hacerse de recursos frescos sin tomar en cuenta que, en el caso del amoniaco, se pasaría a importarlo, con la consiguiente crisis agrícola y del sector alimentario, además de que provocaría el despido del 50 por ciento del personal empleado en las plantas.
El día 6 del mismo mes la CTDP calificó de anticonstitucional la enajenación de "un sector industrial fundamental en el desarrollo del país", criticando a los diputados priístas que avalaron la venta de la petroquímica y afirmando que todo se sustentaba en acuerdos con los EUA en el marco del TLC. Lucas Orozco Gutiérrez, vocero de la organización, anunció en Coatzacoalcos una movilización el 18 de marzo en Minatitlán para protestar por la venta del complejo Cosoleacaque.
El mismo día el presidente municipal priísta de Poza Rica, Enrique Basáñez Trevethán, declaró que dejar esta industria en manos de unos cuantos propietarios o prestanombres, era una operación riesgosa que pudiera significar el hundimiento del país, poniendo como ejemplo la problemática que vivían las empresas privatizadas en el sexenio de Carlos Salinas. Después de calificar de "especulativas" las actividades de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados y de "protagónicos" a sus integrantes, Basáñez concluyó que, si eran necesarias, las ventas deberían hacerse "no a todos ni a los mismos", y mucho menos a personas que sirvan como prestanombres. 405
5. Crece la oposición a la venta
El 14 de marzo ofrecieron una conferencia de prensa -a nombre de "más de 300 organizaciones sociales"- los representantes del PRD Mario Saucedo, Jesús Martín del Campo, y Raúl Bretón; del MNP Hebraicaz Vázquez; de El Barzón José María Imaz; de la Coordinadora Intersindical Primero de Mayo Enrique Calderón, Jorge Gleason y Cristina Barros; así como de otras organizaciones sociales. Ahí anunciaron una gran marcha nacional el 18 de marzo, en defensa de la soberanía y contra la venta de las plantas petroquímicas.
El día siguiente 15 de marzo se publicó en la prensa un desplegado firmado por las 22 organizaciones integrantes del foro El Sindicalismo ante la Nación, en el que se solidarizan con el STPRM en su lucha en contra de la venta de la petroquímica, poniendo en duda la validez jurídica de la convocatoria de licitación y exigiendo una explicación más amplia de las razones para la privatización, así como una ampliación del debate con la participación de "los diferentes actores políticos y sociales comprometidos en defender los intereses nacionales".
El 18 de marzo, aniversario de la expropiación, se publicó otro desplegado firmado por decenas de organizaciones y cientos de firmas individuales, en el que aparecían como responsables José María Imaz, Demetrio Sodi y Cristina Barros. En él -de acuerdo al anuncio del día 14- convocaban a la población a manifestarse en todas las ciudades del país y en la ciudad de México contra la privatización. En el documento afirmaban que la modernización de las plantas costaba 1 mil millones de dólares, equivalentes a las ganancias obtenidas por la venta de productos petroquímicos el año anterior por cual, lo que el gobierno pensaba obtener de su venta, se obtendría "con la producción de seis años".
Ese mismo día se realizaron masivas manifestaciones en las principales ciudades petroleras y en las capitales de los estados del país para oponerse a la privatización de las plantas petroquímicas. En Coatzacoalcos se realizaron dos marchas, una de la CTDP con asistencia de 4 mil trabajadores que apoyaron la propuesta recién realizada por los dirigentes del PRD, Andrés Manuel López Obrador y Cuahutémoc Cárdenas, para emitir acciones populares con el fin de comprar las plantas y mantenerlas en propiedad de la nación mexicana; previamente trabajadores de la sección 31 habían realizado una marcha de protesta por su cuenta. En Minatitlán 5 mil trabajadores de la sección 10, encabezados por su directiva seccional, se manifestaron por las principales calles de la ciudad. En la planta de Cosoleacaque los integrantes de la CTDP realizaron un plantón en la entrada de las instalaciones. En el municipio de Reforma en Chiapas más de 2 mil personas manifestaron su descontento con una marcha y un mitin.
Por su parte los trabajadores jubilados de Ciudad Madero realizaron una manifestación, al final de la cual se realizó un mitin en el que uno de los oradores fue Cuahutémoc Cárdenas Batel, hijo del principal dirigente perredista. En Tampico también se realizó una manifestación en la que se coreaban consignas de apoyo a La Quina. En Poza Rica unos 4 mil trabajadores del complejo Escolín irrumpieron en el desfile del carnaval local gritando consignas en contra de la privatización. En Xalapa indígenas, campesinos y ciudadanos llegaron desde distintos puntos del estado para realizar una manifestación que concluyó con un mitin en contra de la privatización.
En la ciudad de Chihuahua, trabajadores activos y jubilados de la sección 21 realizaron acciones de protesta en contra de las "medidas antipatrióticas" para transferir la unidad petroquímica de Ciudad Camargo -en la que trabajaban en ese momento 400 obreros- a las grandes compañías estadounidenses. En Salamanca 600 manifestantes interrumpieron el desfile oficial conmemorativo de la expropiación para protestar en contra de la privatización. También se realizaron movilizaciones de protesta en las localidades de Torreón, Ciudad Lerdo, Mexicali, Ensenada, Monterrey, San Andrés Tuxtla, Xilón y en la ciudad de México. 406
El acto oficial se realizó en la ciudad de Campeche, en donde CRD pronunció un discurso en el que, después de un inicio lleno de lugares comunes de apoyo al presidente Zedillo, afirmó que en los últimos años se habían perdido 150 mil plazas, mientras que los funcionarios dirigentes de la empresa pasaron de 203 en 1982 a 1 mil 255 en 1995. También dijo que se vendieron a precios de chatarra 170 equipos de perforación, mismos que en ese momento los alquilaba Pemex a aquellos a quienes los había vendido. Según CRD lo que ocurría en Pemex hacía pensar en un "desmantelamiento sistemático, pues en 20 años no se había descubierto una nueva provincia petrolera, al tiempo que los barcos y equipos de transporte se encontraban sin un mantenimiento adecuado.
Días después, el 23 de marzo de 1996, se realizó en la ciudad de México la 37 sesión ordinaria del Consejo Político Nacional del PRI. Ahí CRD lamentó "la continuación del proceso de desincorporación, pese a las razones de inconstitucionalidad no suficientemente aclaradas y la vigencia de una convocatoria que violenta la Ley General de Bienes Nacionales y la hace nula de pleno derecho, como el propio Poder Legislativo ha reconocido". También afirmó que con la privatización se cancelaba la integración de cadenas productivas y se corría el riesgo de convertir al país en monoexportador de crudo sujeto a los precios y a la presión internacional; planteó que si lo que se buscaba era la participación de la inversión privada, esto era posible con la legislación vigente, sin necesidad de vender las plantas, y que los "factores de obsolescencia (se debían) a la carencia de recursos para mantenimiento y reconversión tecnológica"; comparó la desincorporación con el granjero que vende "una de sus últimas vacas sanas y productivas, porque le dijeron que necesitaba dinero para comprar leche, mantequilla, queso y yogurt".
El discurso de CRD, que se publicó en desplegado dos días después, insistía en la urgencia de un pronunciamiento del PRI a fin de que la oposición no les arrebatara las banderas. En el mismo acto el diputado federal y dirigente de la CTM, José Ramírez Gamero, intervino a nombre de su central y del Congreso del Trabajo para apoyar al STPRM en su demanda. Lo mismo planteó el dirigente de la FSTSE, Héctor Valdés Romo. Al final del discurso de CRD los asistentes, incluyendo a 20 gobernadores, brindaron de pie una gran ovación al líder petrolero. Sin embargo de nuevo, como ya había sucedido en el consejo del 12 de diciembre anterior, la demanda de que el PRI se pronunciara al respecto se turnó a comisiones, en donde se trataría de mantenerla hasta que los legisladores priístas aprobaran en la Cámara de Diputados la ley reglamentaria que permitiría la desincorporación de la petroquímica. 407
Para el secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles, uno de los principales argumentos para la venta consistía en que durante 1995 la petroquímica estatal había registrado un déficit de 580 millones de dólares, 17 por ciento más que un año antes. El pasado 8 de marzo Pemex Petroquímica había obtenido la certificación internacional ISO-9002 para sus Sistemas de Aseguramiento de Calidad en la manufactura de 41 productos PQ elaborados en 32 plantas de proceso ubicadas en siete plantas.
Según estudios de la Facultad de Química de la UNAM, las principales cadenas productivas afectadas por la venta eran las siguientes: Amoniaco (Cosoloacaque 86 por ciento) y metanol: fertilizantes, agroquímicos y aditivos oxigenantes para las gasolinas. Etileno y acetaldehído: químicos esenciales para la producción de textiles, termoplásticos, empaques, pinturas, solventes, películas y tintes, así como materiales de construcción, automotriz y el hogar. Propileno, polipropileno e isopropanol: solventes, adhesivos, textiles, plásticos, farmacéuticos y emulsiones para papel. 408
El 7 de abril se publicaron en la prensa las declaraciones del agricultor y presidente del consejo de vigilancia en el ejido La Unión en Cadereyta, Nuevo León José Luis Arizaga Chavarría, informando su aportación personal de 40 mil pesos -y próximamente 100 mil más- para el fondo de compra de las plantas petroquímicas propuesto por Cárdenas y López Obrador. 409
Dos días después el dirigente nacional petrolero CRD se entrevistó con el máximo líder de la CTM, Fidel Velázquez, al final de lo cual el viejo dirigente reiteró ante la prensa el total apoyo de su central al sindicato petrolero para lograr que el gobierno federal diera marcha atrás a la venta de la petroquímica, impidiendo así "la pérdida de activos de gran valía para la nación". Según Velázquez, de ser necesario "nos sumaremos a las marchas y plantones que realizan los trabajadores petroleros, porque no es posible que se pretenda entregar a extranjeros un sector que es base del desarrollo económico del país". Por su parte CRD declaró que la venta provocaría el desabasto de insumos a la agricultura, "lo cual vendría a acentuar nuestra dependencia alimentaria", reafirmando que los petroleros continuarían con sus actos de protesta, para lo cual habían solicitado el apoyo "del movimiento obrero organizado". Según algunos analistas, esta reunión dio fin a las especulaciones de una posible alianza del STPRM con la FESEBES encabezada por Francisco Hernández Juárez, ante el apoyo que supuestamente la CTM estaba dando al sindicato petroquímico encabezado por Gilberto Muñoz Mosqueda para que quedara al frente de los trabajadores en las plantas privatizadas.
Mientras tanto se informaba que en la Comisión Nacional de Vigilancia para el Cumplimiento de los Documentos y Programas Básicos del PRI, encargada de redactar el documento base sobre el tema de la petroquímica, la opinión del 80 por ciento de sus integrantes estaba en contra de la venta, 10 por ciento indecisos y el resto a favor, de los cuales solo Heriberto Galindo Quiñonez había hecho pública su posición de apoyo a la venta. 410
El 5 de julio de 1996 se realizó otra reunión entre Fidel Velázquez y el senador CRD "para analizar el estado que guarda el proceso de desincorporación (..) y la manera en que se puede ver afectado el sindicato", según declaró a la prensa el jerarca cetemista, quien reafirmó que la CTM seguiría apoyando a los petroleros ya que las presiones "siguen muy duras" por lo que se reforzaría la estrategia para hacer frente a esa situación.
Ese mismo día el diputado petrolero Jorge Wade González presentó en el Instituto de Estudios Sindicales de América un documento titulado "Trascendencia de la declinación de la rectoría estatal en la orientación de las relaciones laborales", en donde afirmaba que el neoliberalismo había derrumbado los parámetros que regían la vida política y económica del país, planteando la necesidad de garantizar de alguna manera que la privatización no significara el traspaso del patrimonio público a manos privadas "mediante transacciones de dudosa seriedad". 411
Días después, el 26 de julio, se registró una violenta explosión y un posterior incendio en la planta de gas del complejo petroquímico en Cactus, Chiapas, resultado de lo cual murieron siete trabajadores y otros tantos resultaron heridos. La primera reacción de Pemex por boca de su director Adrián Lajous Vargas fue culpar a los trabajadores argumentando que el accidente se debió a "una falla humana". El 1 de agosto se publicó en la prensa nacional un desplegado firmado por los secretarios generales de las 36 secciones del STPRM dirigido al líder nacional CRD en el que rechazaban cualquier responsabilidad de los trabajadores petroleros en los trágicos sucesos, siendo que por el contrario, en el cumplimiento de su deber -que había llegado al heroísmo- perdieron la vida. Los líderes seccionales afirmaban en el documento que el accidente no era "sino el pálido reflejo de la situación de atraso e incuria que en mantenimiento prevalece en la gran mayoría de las plantas de la industria petrolera", por lo que la responsabilidad recaía "sobre quienes, desde los escritorios, optan por la facilidad de reducir drásticamente los presupuestos para la conservación, reparación y mantenimiento de las plantas, sin sopesar los riesgos gravísimos que esto representa".
En el documento se hacía un llamado a CRD para que gestionara "una investigación más profunda" que deslindara claramente las responsabilidades ya que, según los firmantes, la situación en las instalaciones de la industria se había agravado por el contratismo exacerbado, para sustituir "la mano de obra obrera capacitada y la experiencia adquirida durante años en el campo, por el desempeño, muchas veces deficiente, de empresas privadas que cobran cantidades exorbitantes", sobre todo en el caso de las refinerías y las plantas petroquímicas, donde "ante la seguridad de que pronto habrían de ser rematadas", se había reducido drásticamente el presupuesto para mantenimiento. También se afirmaba que desde meses atrás empresas contratistas japonesas e inglesas, habían advertido de graves fugas de gas y deficiencias en los procesos sin que se hiciera nada al respecto.
El mismo día en que se publicó el desplegado anterior, CRD realizó declaraciones a la prensa en las que rechazaba la "posibilidad de sabotaje", aunque reconocía que "ha habido problemas por falta de recursos y mantenimiento", no especialmente en Chiapas, sino en todo el país, aunque se negó a señalar causas específicas del accidente hasta en tanto no se conocieran los resultados del peritaje que realizaban las autoridades. A la pregunta de porque una empresa extranjera había afirmado que las instalaciones de Pemex eran prácticamente chatarra, CRD respondió que "ellos tendrán sus razones para decirlo", pero que él podía afirmar que las instalaciones eran renovadas continuamente.
También ese día realizó declaraciones sobre el asunto el dirigente patronal Carlos Abascal, afirmando que el accidente se debía a la negligencia y corrupción del sindicato petrolero. Un día después, después de una reunión del CEG del STPRM, CRD leyó ante la prensa un comunicado en el que refutaba lo declarado por el dirigente patronal y destacaba su "coincidencia extraña" con inversionistas extranjeros ávidos de apropiarse del petróleo mexicano. En el comunicado se destacaba también que no obstante que de 1988 a la fecha los trabajadores disminuyeron en 150 mil, la productividad en la empresa aumentó en 70 por ciento.
Según un reportaje publicado en esos días, con la reestructuración de Pemex en cuatro subsidiarias se separan las funciones de seguridad e higiene y protección ambiental entre órganos de operación y mantenimiento y estructuras centrales dedicadas específicamente a dichas funciones. En mayo de 1966 se inició la desaparición de la Auditoria de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Ahorro de Energía, supuestamente encargada de elaborar un mapa de riesgos que nunca se realizó, dando lugar a problemas de dispersión y descoordinación, ante una creciente presencia de empresas extranjeras para atender los problemas de seguridad. Según el grupo Vigilancia Civil sobre el Petróleo, que formaba parte de la organización no gubernamental Oilwatch-México, las empresas subsidiarias de Pemex trabajaban con una normatividad que no se revisaba desde 1985, y en muchos casos no tenían procedimientos operativos.
El 15 de agosto se realizó en Salamanca una ceremonia para celebrar el LXI aniversario de la fundación del STPRM, en la que CRD leyó un discurso afirmando que insistirían en una modificación del sistema fiscal de la empresa para permitir un mayor apoyo presupuestal al mantenimiento y corrección de defectos. También reconoció que en la última década el sindicato perdió terreno en todos los ámbitos, lo que se debía examinar para evitar errores como el protagonismo y la renuncia a conquistas y derechos. Aunque el dirigente nacional petrolero reconoció "el interés" del director de Pemex, Adrián Lajous, para superar antiguas controversias, insistió en la exigencia del sindicato de mayor seguridad en las instalaciones, sobre todo a raíz del reciente accidente de Cactus. 412
A finales del mes de septiembre se llevó a cabo la 17 Asamblea Nacional del PRI en la que los delegados petroleros, y en particular CRD, demandaron de los priístas un pronunciamiento claro en contra de la privatización de la petroquímica. Finalmente la asamblea aprobó que en el punto tres del Programa de Acción se precisara que "el PRI ratifica su compromiso histórico de defender el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos como propiedad de la nación". Sin embargo en los días siguientes se llevó a cabo una controversia en donde distintos priístas opinaron que en realidad el resolutivo aprobado no manifestaba claramente una posición en contra de la privatización. A su vez, y a nombre del sindicato petrolero, el dirigente de la sección 10, Pablo Pavón Vinales, defendió que el PRI realmente había apoyado la posición del sindicato petrolero en contra de la venta de la petroquímica. 413
Esta interpretación de los resolutivos de la asamblea del PRI también era compartida por el dirigente del MNP, Hebraicaz Vázquez, quien declaró a la prensa que el presidente Zedillo y el dirigente nacional del PRI, Santiago Oñate, deberían de respetar los acuerdos ahí votados. También afirmó que la venta de las plantas petroquímicas se había retrasado por el "desaseo" legal en el proceso de licitación, ya que antes deberían reformarse los artículos 27 y 28 de la Constitución, formalizar un decreto presidencial y resolver la irregularidad de que las plantas que se pretendía vender se encontraban sobre terrenos ejidales. En la misma ocasión el dirigente opositor convocó a la resistencia civil contra la privatización, al mismo tiempo que preguntaba que donde había quedado el dinero de las 1 mil empresas que se remataron durante el sexenio pasado. 414
También Fidel Velázquez declaró el 30 de septiembre que la posición del sindicato petrolero en contra de la venta de la petroquímica fue apoyada plenamente en la 17 Asamblea del PRI, y que independientemente de lo que pudiera ofrecer a los inversionistas extranjeros el secretario de Hacienda Guillermo Ortiz, "el único que puede hablar con la verdad es el presidente Zedillo", el cual, si bien ya había precisado que las plantas se venderían, "no sería en condiciones onerosas para el país, sino favorables para éste y los trabajadores". Completando este galimatías declarativo, Velázquez amenazó con apoyar hasta sus últimas consecuencias la postura del STPRM pudiendo incluso llegar al bloqueo de las instalaciones hasta que no se pusieran a salvo los intereses de los trabajadores petroleros, para inmediatamente después aclarar que si el gobierno buscaba vender las plantas petroquímicas por la fuerza, difícilmente los obreros se podrían oponer. 415
6. El esquema 51-49, los convenios de sustitución patronal y los nuevos contratos colectivos
La intensa oposición a las medidas privatizadoras obligó al gobierno federal a modificar su estrategia a principios de octubre de 1996, decidiendo mantener el control sobre la petroquímica básica (reclasificada); reorganizar Pemex-Petroquímica en nueve filiales, una por cada complejo, para convertirlas en nuevas compañías bajo el régimen de SA de CV a partir de enero de 1997, en las que podrían participar inversionistas privados, nacionales y extranjeros, al tiempo que el Estado mantenía el 51 por ciento del capital de las plantas por venderse, diseñándose un nuevo sistema de "convenios de desempeño" que incluían planes de negocios, planes de trabajo, metas y compromisos susceptibles de ser evaluados mediante indicadores de rendimiento y productividad, con lo que se buscaba una mayor autonomía de las paraestatales petroquímicas y alcanzar una administración por resultados.
Días después, el 15 de octubre, el STPRM publicó en la prensa un desplegado en el que apoyaba plenamente la decisión del gobierno federal "de conservar para la Nación el dominio y control de sus activos de la Industria Petroquímica, al optar por un programa alternativo que, sin lesionar nuestro concepto de Soberanía, la coloca en el camino de un desarrollo sostenido".
Ese mismo día se realizó una marcha de más de 500 técnicos y profesionistas en Coatzacoalcos repudiando la política petrolera del gobierno y el nuevo esquema planteado para la venta de las plantas petroquímicas. Durante el acto uno de los integrantes de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, Amado Cruz Malpica, llamó a los trabajadores a no bajar la guardia en la defensa de Pemex y exhortó al gobierno federal a participar en un debate nacional que se pudiera analizar con rigor las alternativas viables.
El 23 de octubre de 1996 fue aprobada en la Cámara de Diputados por 277 votos a favor y 144 en contra, la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, con lo cual se formalizaba la formula mediante la cual el Estado mantenía el 51 por ciento del capital accionario de las 61 plantas petroquímicas existentes, mientras los particulares podrían invertir hasta el 49 por ciento en estas y hasta el 100 por ciento en las empresas de nueva creación. En la nueva ley reformada también se elevaba a rango jurídico la clasificación salinista de los productos petroquímicos, hasta entonces solo establecida en la resolución administrativa emitida por la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal el 14 de agosto de 1992.
Según manifestaron en los días siguientes distintos especialistas y dirigentes políticos de oposición, la reforma aprobada por la Cámara de Diputados constituía una trampa del gobierno federal porque, en primer lugar, clasificaba como petroquímica básica lo que en realidad eran hidrocarburos y hacía pasar como petroquímicos secundarios lo que eran petroquímicos básicos. Sin embargo la trampa se revertía en contra del propio gobierno, porque las plantas que se ofrecían en venta producían, según las nuevas clasificaciones, petroquímicos básicos y secundarios al mismo tiempo. También existían una serie de problemas jurídicos no resueltos: por una parte, era necesario modificar el estatus legal de Pemex Petroquímica para cambiarlo de "organismo descentralizado" (sin participación privada en el capital social), a diversas "empresas de participación estatal mayoritaria" (con participación privada en el capital social); por otra parte los terrenos en los que se encuentran instaladas las plantas fueron expropiados a ejidatarios por razones de utilidad pública, lo cual deja de existir con la privatización, aunque esta sea parcial, lo cual, de respetarse la ley, obligaría a revertir los terrenos a sus propietarios originales.
Pero además de los impedimentos legales, existían otros problemas adicionales, de los cuales destacaban al menos dos: por una parte la definición de quién y con que criterios determinaría el valor de las plantas antes de su conversión en "empresas de participación estatal mayoritaria"; y por la otra, una vez creadas tales empresas, antes de que las acciones correspondientes al 49 por ciento pudieran ser registradas y colocadas mediante oferta pública a través de la Bolsa Mexicana de Valores, era requisito indispensable presentar la escritura constitutiva, los estados financieros dictaminados y un análisis financiero de la empresa emisora, además de acreditar que las acciones estén generando un rendimiento razonable, por lo que podrían transcurrir varios años antes de que las acciones correspondientes al 49 por ciento pudieran ser bursátilizadas. 416
A fines del mes de noviembre se publicó en la prensa un desplegado firmado por la CTDP en el que rechazaban la nueva estrategia gubernamental para la venta de las plantas, al mismo tiempo que denunciaban el recorte a los recursos necesarios para mantenimiento y prevención de accidentes, así como un creciente clima de hostigamiento y represión a los trabajadores de Pemex-Petroquímica que se habían manifestado en contra de la privatización. 417
Por su parte los dirigentes sindicales oficialistas fijaban las políticas que se proponían seguir. En el mes de diciembre el líder del sindicato cetemista de la industria petroquímica, Gilberto Muñoz Mosqueda, anunciaba la disposición de su organismo gremial para invertir capital y adquirir acciones de complejos de la petroquímica. A su vez Jorge Wade González, diputado federal y vocero del STPRM, señaló que su gremio no estaba en posibilidad de invertir en los complejos petroquímicos, pero en cambio ofrecerían a los inversionistas "la mejor mano de obra calificada en el sector" y que en su momento el STPRM exigiría la titularidad de los contratos de los nuevos complejos "que por antigüedad le corresponden", aunque aclaró que por ser un sindicato de empresa y no de industria estaba abierto el camino para que otras organizaciones lucharan por esa relación contractual. 418
El 13 de diciembre de 1996 el Consejo de Administración de Pemex aprobó un documento en donde se establecía que el contrato colectivo con el STPRM solo tendría vigencia en las nuevas filiales hasta el 31 de diciembre de este año en tanto se llevaba a cabo el procedimiento de "sustitución patronal" señalado por la LFT; a partir de entonces deberán firmarse nuevos contratos con los nuevos patrones, los cuales tomarían como base para sus negociaciones lo pactado respecto al salario y prestaciones por el STPRM en su revisión salarial de agosto próximo. A los trabajadores de confianza se les brindarían alternativas de reubicación en las nuevas empresas.
El 26 de febrero de 1997 se iniciaron las firmas de los convenios de sustitución laboral y los nuevos contratos colectivos en las nuevas empresas filiales de Pemex Petroquímica que deberían estar constituidas antes de julio del mismo año. Los firmantes fueron encabezados por Adrián Lajous Vargas y Luis Puig Lara, directores generales de Pemex y Pemex Petroquímica respectivamente, así como por el senador Carlos Romero Deschamps, el diputado federal Fernando Pacheco Martínez, Leocadio Mendoza Olivares y Manuel Limón Hernández, secretarios General, del Interior, del Exterior y Propaganda, y presidente del CGV del STPRM. También firmaron los directores generales de las nuevas empresas -Camargo, Cosoleacaque, Escolín y Tula- los ingenieros Héctor Arreola Herrera, César González Velasco, Carlos López Blumenkron y Oliverio Ramírez Melesio, así como los secretarios generales y presidentes de las comisiones locales de vigilancia de las secciones 21, 10, 30 y 35, Roberto García Juárez y Angel N. Chacón, Pablo Pavón Vinales y Luis Gálvez Ruiz; Calixto J. Rivera Díaz y Javier Inés Ramos Juárez, así como Leonel Pulido Avendaño y Alfredo Mier y Concha, respectivamente.
En estas cuatro plantas laboraban en ese momento 17 mil trabajadores. Los nuevos contratos recogían íntegramente el CCT vigente con Pemex -más lo acordado en las revisiones, contractual en agosto de 1997 y salarial en el mismo mes de 1998- y algunos acuerdos específicos a las nuevas empresas que operarían bajo la modalidad SA de CV. El acto de firmas fue atestiguado por el secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles GG, quién informó que en unos días se constituirían dos nuevas empresas -Morelos y La Cangrejera- y cuatro más se integrarían en los siguientes meses. 419
En ocasión del aniversario de la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1997, Carlos Romero Deschamps pronunció un discurso ante el presidente Zedillo en la ceremonia oficial realizada en Cadereyta, Nuevo León. El dirigente nacional petrolero agradeció al gobierno de Zedillo la modificación de la estrategia para la petroquímica, lo cual, según CRD, permitía el acceso al capital privado sin que se violara la legislación al respecto, al mismo tiempo que aseguraba que en la negociación de los convenios de sustitución patronal y de los nuevos contratos colectivos, nada se había hecho “debajo de la mesa”, y que ante la actitud positiva del gobierno, los petroleros postulaban una nueva alianza entre la empresa y el sindicato.
En su discurso CRD hizo hincapié en lo que a su juicio eran los principales problemas laborales que se afrontaban en Pemex, comenzando por el contratismo, que no solo lesionaba a los trabajadores especializados y con experiencia desplazados, sino que también perjudicaba a la empresa por los altos costos y la ineficiencia, demandando mayor apoyo presupuestal para equipo de seguridad, herramientas y recursos para las actividades productivas y de mantenimiento, poniendo como ejemplo extremo a la flota marítima y fluvial, en riesgo de obsolescencia por falta de inversión, lo cual auguraba su próxima substitución por contratos a terceros. Finalmente CRD se refirió a las próximas elecciones federales reafirmando la militancia priísta de los petroleros y calificando los bloqueos de pozos y los plantones en las instalaciones como resultado de la intransigencia política. El texto del discurso fue publicado como desplegado en la prensa nacional. 420
Una vez que se había llevado a cabo la revisión del CCT en Pemex durante el mes de julio de 1997, se procedió a la firma de los convenios laborales entre el STPRM y las empresas filiales de Pemex Petroquímica, cuyo director, Raúl Livas Elizondo, intervino durante el acto para puntualizar que todo el proceso se había realizado por medio del dialogo, la concertación y “el estricto apego a la legalidad”. Por el sindicato intervino Ramón Hernández Toledo para expresar que a partir del establecimiento de la nueva estrategia para la petroquímica del presidente Zedillo, el STPRM decidió “celebrar una nueva alianza” con el gobierno federal a partir de la firma del convenio de sustitución laboral. Según el representante sindical, ninguna de las plazas de las empresas filiales había sido afectada y en ese momento casi 5 mil trabajadores estaban firmando su basificación. Atestiguaron el acto el secretario de Energía, Jesús Reyes Heroles; el gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos; el líder nacional del STPRM, Carlos Romero Deschamps y diversos funcionarios del gobierno federal y la empresa. 421
Un mes después Jesús Reyes Heroles fue sustituido como secretario de Energía del gobierno federal y nombrado embajador en los EUA. En su lugar se designó a Luis Téllez, quien en el discurso de toma de posesión de su nuevo cargo, ofreció “continuidad” en la política petrolera. 422
A fines del mes de abril de 1998, el coordinador nacional del MODETRA, Raúl Drovaillet Patiño, declaró en la ciudad de Campeche que durante lo que restaba del año se tenían estimados alrededor de 30 mil despidos en la industria petroquímica en caso de la baja de los precios del crudo no se detuviera con la mayor brevedad posible. 423 Meses después Raúl Drovaillet inició una campaña de declaraciones en distintas localidades para denunciar los posibles despidos en la petroquímica. El 1 de agosto ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Veracruz, el 3 de agosto en Xalapa y el 7 del mismo mes en Villahermosa. En todas ellas Drovaillet reafirmó que serían 30 mil los despedidos, precisando que las secciones sindicales más afectadas serían la uno de Ciudad Madero, la 10 de Minatitlán, la 11 de Nanchital, la 23 de Cosoleacaque, la 31 de Coatzacoalcos, la 14 de Ciudad Pemex, así como la 44 y 48 de Villahermosa.
Según el líder opositor, los despidos serían resultado de los recortes presupuestales que enfrentaba la empresa paraestatal, por lo cual llamaba a la base trabajadora “a tomar las calles, incluidas las de la capital del país, a tomar las embajadas de los países que intenten adquirir los complejos petroquímicos y a no permitir su acceso a nuestros centros de trabajo”. También informó que el MODETRA exigiría el desafuero del senador y dirigente nacional petrolero, CRD, y que lo demandaría por malversar alrededor de 20 mil millones de dólares “producto de las aportaciones sindicales de obreros, que están depositados en cuentas bancarias en las Islas Caimán, Panamá, Bahamas, Suiza, Brasil y Estados Unidos, a nombre de varios de sus subordinados”; al mismo tiempo exigió la realización de auditorias al director de Pemex, Adrián Lajous, así como a Francisco Rojas y Julio Pindter “por jinetear las liquidaciones de los empleados y los fideicomisos establecidos para financiar los estudios, viviendas y servicios médicos de los mismos”. Finalmente Drovaillet acusó a CRD de haber “traicionado a la base sindical” en la pasada revisión contractual, al negociar y poner en manos del gobierno “para el mejor control de los trabajadores”, un total de 150 cláusulas del CCT de los petroleros. 424
En la comparecencia del encargado de la venta de las petroquímicas, José Merino Mañón, ante la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados en agosto de 1998, afirmó que apenas estaban empezando los avalúos de los complejos y no hizo ninguna mención a como se pensaba resolver el problema de la paraestatalidad, ni como se actuaría para garantizar el abasto de insumos (sobre todo, gas natural) a los complejos a precios razonables. Hasta ese momento el único complejo en el que se hablaba de invertir en actualización era el Morelos, el más moderno, mediante su licitación, mientras que los más viejos, Pajaritos, Escolín y Cosoleacaque eran los más descapitalizados, y se veía que la intención era dejarlos así. 425
El 13 de septiembre de 1998 se publica la licitación del complejo petroquímico Morelos. En ella se especifica que del 49 por ciento de la participación privada los inversionistas extranjeros solo podrían aportar el 24 por ciento (49 por ciento del 49 por ciento) y que el valuador designado sería el banco estadounidense JP Morgan. 426
Durante el Foro Nacional de la Industria Química organizado por la ANIQ en noviembre de 1998, el presidente de ésta, Nicolás Gutiérrez, atribuyó los males de la industria a factores de abasto y precios, a la falta de inversión del sector público y a la falta de definición y continuidad en las políticas, dando a entender que preferiría que se privatizara la petroquímica al 100 por ciento. La diputada del PAN, Pilar Valdés, fue más lejos al desear que fracasara el 51-49 para regresar a la venta del 100 por ciento. Ese mismo mes se conoce la renuncia el director de Pemex Petroquímica, José Merino Mañon, en su lugar designan al joven Dionisio Pérez-Jácome, hijo del político priísta del mismo nombre. 427
Unos días después abogados del PRD interpusieron un amparo en contra de la venta de la petroquímica Morelos. Según el proceso programado por las autoridades gubernamentales, el fallo de la venta debería realizarse el 19 de febrero de 1999. Los posibles asociados eran las empresas Alpek y el Grupo Idesa. 428
Por su parte los dirigentes del MNP, Hebraicaz Vázquez y Oscar Carrillo, volvían a insistir en que la venta de las plantas petroquímicas afectaría en lo inmediato a más de 10 mil trabajadores que contaban con 15 años de antigüedad. A su vez el asesor parlamentario el PRD, Carlos López Angel, señalaba que “el contrato colectivo sumamente flexible del STPRM tenía en la indefensión a todos los trabajadores (y la) conservación de la plaza laboral dependería de su nivel de capacitación y habilidades”. 429
En el mes de febrero de 1999, y en el marco de la fundación de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP) en la ciudad de Coatzacoalcos (organización que agrupaba a grupos disidentes de distintas secciones del país), se informó que el nuevo CCT de la petroquímica Morelos, firmado con el STPRM en agosto de 1997, no se había dado a conocer a los 3 mil 500 trabajadores de base de este complejo, a pesar de que había sido revisado en sus cláusulas salariales en diciembre de 1998. Unos días después uno de los coordinadores de la ANDTP, Carlos Rodríguez Rivera, informó en la ciudad de Villahermosa que se tenían programadas dos marchas de apoyo al amparo interpuesto por legisladores del PRD en contra de la privatización del complejo Morelos, a realizarse el 12 de febrero en la ciudad de Coatzacoalcos y el 18 de marzo en la ciudad de México.
A su vez el dirigente de la nueva organización opositora, Julio César Rodríguez, afirmo que los nuevos contratos colectivos en los complejos susceptibles de privatización, daban toda clase de atribuciones a los concesionarios para subcontratar personal, mover a su arbitrio a los trabajadores sindicalizados y compactar, según las necesidades productivas, las áreas técnicas y operativas; también podrían establecer las categorías salariales y prestaciones que consideren convenientes y despedir personal de base tan solo con el argumento de que se había agotado la materia de trabajo. Según Rodríguez, la ANDTP agrupaba a más de 25 mil de los 70 mil que constituían la planta sindicada en Pemex, mismos que se caracterizaban por su filiación perredista, “porque es este partido el que más se ha preocupado por defender los bienes nacionales estratégicos”; el dirigente también aclaró que eran ajenos al MNP. 430
La fecha para dar a conocer los resultados de la licitación del complejo Morelos era el mes de febrero de 1999. Sin embargo el gobierno federal no tomó ninguna decisión al respecto, optando por dejar las cosas como estaban y esperar a que el problema de la venta de las plantas petroquímicas lo resolviera la siguiente administración federal que habría de surgir de los comicios de julio del 2000. Con esto la situación de la petroquímica se siguió deteriorando, tanto por la falta de inversión en mantenimiento y modernización tecnológica, como por la ausencia de reglas claras en las políticas de abasto hacia las empresas privadas en el sector, ya que al eliminarse los subsidios y las protecciones arancelarias, las importaciones de productos petroquímicos se incrementaron compitiendo con ventaja en el mercado interno contra los productores nacionales. Con el paso de los meses la situación se comenzó a poner cada vez más dramática, provocando que, por ejemplo en el caso de los agroquímicos, la demanda nacional se cubriera, a finales de 1999, casi en su totalidad con productos importados, mientras que las empresas privadas productoras de fertilizantes nitrogenados cerraban una tras otra sus operaciones, al tiempo que en el complejo Cosoleacaque a su vez se cerraran tres de sus cinco plantas productoras de amoniaco.
7. Los costos de la globalización salvaje
Solo después de constatar el gran rechazo que en el país desató el anuncio de la disposición gubernamental a la privatización de la petroquímica, es hasta una fecha tan tardía como el 12 de noviembre de 1995, que el líder nacional del STIQPCSCRM, Gilberto Muñoz Mosqueda, informó que su gremio estaba en contra de la privatización de las 61 plantas, aunque aclaró que la defensa de éstas debía de estar a cargo del STPRM, al que apoyaba. También consideró que en caso de llevarse a cabo la privatización, la industria no sufriría afectación alguna, salvo la natural por la modernización del equipo. 431
Un año después, y a raíz del anuncio del nuevo esquema “51-49”, Muñoz Mosqueda afirmaba que esto permitiría las inversiones requeridas para tecnología, y que lo único que pedía a los nuevos inversionistas era que no realizaran recortes de personal, ya que era altamente capacitado. También anunció que su organismo gremial se preparaba para invertir capital y adquirir acciones de los complejos petroquímicos, y que solo estaban en espera de que se definieran los mecanismos de inversión en el proceso de desincorporación de ese sector, para presentar un paquete de propuestas acorde con la capacidad económica del gremio. 432
Con estas declaraciones el sindicato petroquímico pretendía adelantarse al STPRM, ya no solo en la disputa por la titularidad de los nuevos contratos colectivos de las plantas por privatizarse, sino como sindicato-empresario, aprovechando el buen cartel que había logrado con los inversionistas de la petroquímica privada. Así desde 1995, al concluirse en el mes de agosto la primera revisión salarial de los "contratos colectivos de competitividad" entre Polioles y Basf Mexicana con el STIQPCSCRM en las plantas ubicadas en Altamira, los funcionarios de Polioles, Raúl Millares y Gustavo Ramírez, así como Dietz Kaminsky por la empresa Basf, afirmaron que el contrato firmado con la directiva sindical encabezada por Muñoz Mosqueda, era una muestra de la nueva cultura laboral de competitividad y colaboración empresa-sindicato. 433
Dos años después, durante el acto del 35 aniversario de la creación del sindicato en junio de 1997, realizado en el Teatro de la República en Querétaro, el líder nacional Muñoz Mosqueda realizó un discurso exaltando sus logros en los contratos colectivos, entre los que destacaba la jornada de 40 horas; salarios con prestaciones mayores a seis mini-salarios; escolaridad media de 10 años gracias a los programas de capacitación y actualización (a los trabajadores de recién ingreso se les exigía nivel técnico profesional); y el seguro “solidario” de vida y de retiro. El dirigente afirmó también que pretendían ser la vanguardia del desarrollo de diversos modelos de trabajo como el de multihabilidades, polivalencia laboral, grupos autorregulados, mejora continua, mantenimiento productivo y otros para la elevación de los indicadores de productividad en los centros de trabajo.
Por estos mismos días Muñoz Mosqueda sostenía una disputa epistolar con el dirigente petrolero Romero Deschamps, a quien acusaba de acaparar los contratos colectivos de las plantas petroquímicas en proceso de desincorporación. En medio de este diferendo el 21 de junio falleció Fidel Velázquez, máximo líder cetemista. 434
Muñoz Mosqueda seguía sin embargo alimentando la imagen del papel ejemplar del sindicato petroquímico en el nuevo modelo de organización laboral. En una carta a la redacción que en septiembre de 1997 publicó el director corporativo de relaciones industriales de la empresa AW Troy, José Ma. Martínez Hinojosa, el funcionario daba a conocer que asistió a una mesa de trabajo organizada en Coatzacoalcos por el líder nacional del sindicato de la industria. petroquímica, en donde se informó de los avances del nuevo sistema de trabajo impulsado por el referido sindicato, del que se dieron los ejemplos de las empresas Hules Mexicanos, General Electric División Plásticos y AW Troy. Estos avances, según Martínez Hinojosa, consistían en el sistema “seis por dos", seis días de trabajo por dos de descanso, así como "contratos colectivos flexibles" que habían desechado cláusulas rígidas que impedían la calidad, la productividad y la competitividad, sobre todo en el ámbito internacional. 435
Otros rasgos de este sindicalismo ejemplar los detallo Muñoz Mosqueda durante el 29 Foro de la Asociación Nacional de la Industria Química realizado a finales de octubre de 1997, en donde el líder del STIQPCSCRM afirmó que las metas del empleado sindicalizado eran mantener productivas las fuentes de trabajo, apoyar plenamente al trabajador productivo, mejorar las condiciones de trabajo, buscar el liderazgo salarial y de prestaciones y una mayor participación y democracia sindical. Para las empresas, según el líder sindical, era necesario adecuar la contratación colectiva a las necesidades operativas y mejorar la calidad de vida en el trabajo, remuneración por conocimientos y resultados logrados, así como respeto a la filosofía del sindicato. 436
Un mes después se realizó el 24 Consejo Nacional Ordinario del sindicato petroquímico, en donde Muñoz Mosqueda se pronunció en contra de la propuesta de reformas a la LFT presentada días antes por la fracción legislativa del PAN, por considerar que tendían a flexibilizar las relaciones laborales y a eliminar procedimientos de defensa colectiva, llamando a que esta discusión no se convirtiera en “botín de los partidos políticos”. También afirmó (con relación a la formación de la UNT), que cualquier nueva central “era muy respetable”, siempre que no funcionara como una organización esquirol o como un foco de división del movimiento obrero organizado. Finalmente Muñoz Mosqueda ratificó que el sindicato petroquímico, como en general la CTM, mantendrían su lucha política dentro del PRI, sin escuchar el “canto de las sirenas” que ofrecía la oposición. 437
A pesar de la posición de Muñoz Mosqueda en contra de la iniciativa panista, en el mes de diciembre del mismo 1997 un grupo de 250 trabajadores jubilados del sindicato de la petroquímica, anunciaron que estaban recibiendo asesoría de los legisladores del PAN en la Cámara de Diputados y del gobierno del estado de Guanajuato encabezado por Vicente Fox, para presentar una demanda penal en contra de Muñoz Mosqueda por un “millonario fraude”. Según explicó el representante de los ex-trabajadores, Agustín Frías Bautista, hacía siete años que el líder petroquímico les había vendido acciones en 10 mil pesos cada una para la adquisición de un centro de vacaciones en el rancho El Tajo ubicado en el estado de Guanajuato. Posteriormente, cuando los trabajadores se jubilaron, quisieron recuperar el monto de su inversión, el dirigente quiso pagarles cada acción a 500 pesos, siendo que según cálculos de los trabajadores el valor real para esos momentos era de 90 mil pesos cada una, por lo cual se negaron a aceptar el ofrecimiento del dirigente. En reiteradas ocasiones se habían dirigido a la presidencia de la República en busca de ayuda, pero hasta esa fecha no habían recibido respuesta alguna, por lo que habían decidido solicitar la intervención de los representantes panistas, quienes habían puesto a su disposición a un grupo de abogados laborales para asesorarlos en su demanda. 438
Sin embargo el drama más importante que para ese momento vivían los trabajadores petroquímicos no era resultado de las corruptelas de sus dirigentes sindicales, sino de la profundización de la crisis en la rama petroquímica resultado de las políticas gubernamentales de valorar los bienes producidos por Pemex para el mercado interno a precios internacionales, con lo que restaba competitividad a las empresas dependientes de los insumos petroleros, específicamente los petroquímicos. 439 Desde 1996 la SECOFI decidió eliminar las barreras arancelarias a la urea y otros fertilizantes, lo cual provocó que los precios cayeran más del 150 por ciento en tres años ante la competencia dumping de productores de Rusia, Alaska y Letonia, que para 1999 representaban el 35 por ciento del mercado nacional, por lo que la situación se torno insostenible para los empresarios nacionales, que la enfrentaban, en primer lugar, con los recortes masivos de personal, y en último extremo, con los cierres de plantas.
Como resultado de lo anterior, la empresa Agromex (Agronitrogenados de México) de Coatzacoalcos, filial del Grupo Acerero del Norte (GAN) de las familias Autrey y Ancira, dirigió una carta al Congreso de la Unión en diciembre de 1998 solicitando su intervención para obligar a Pemex a modificar las políticas económicas para la fijación de precios y plazos determinados hasta ese momento por Pemex y sus subsidiarias Pemex-Gas y Pemex Cosoleacaque, quienes eran proveedores exclusivos, “caros, ineficientes e inseguros” de amoniaco con formulas de precios poco competitivas, basadas en referencias llamadas spot que “varían a su arbitrio”, afectando la industria de los fertilizantes y encareciendo todas las cadenas subsecuentes hasta los mismos alimentos. Los empresarios pedían que se buscara una integración adecuada de la cadena productiva gas-amoniaco-bióxido de carbono-urea. De no adecuarse el marco y continuar las deficiencias e ineficiencias, las consecuencias serían, según Agromex, la pérdida de 15 mil empleos directos y 60 mil indirectos; pérdida de divisas por 300 millones de dólares anuales; importación total de los fertilizantes utilizados en el agro mexicano; y el no ingreso de 250 millones de pesos al fisco por los impuestos, derechos y servicios que se dejarían de pagar. 440
Unos días después, el 20 de enero de 1999, el STIQPCSCRM publicó un desplegado de prensa dirigido a presidente Zedillo, al secretario de Energía. Luis Téllez, al secretario del Trabajo, José Antonio González Fernández, y al director de Pemex, Adrián Lajous, en el que, haciéndose eco de lo planteado el mes anterior por los directivos de Agromex, demandaban “a la brevedad cambios en las empresas del Estado, para que puedan responder a la globalización, actualizando su marco legal con apego a nuestra Constitución”. Firmaban el documento los secretarios generales de la sección 1 en Minatitlán, Javier Rodríguez Córdova; de la sección 12 en Salamanca, Alberto F. Carrillo Flores; de la sección 20 en Ciudad Camargo, Jesús Muñoz Leal; y de la sección 83 en Coatzacoalcos, José Ibarra Miros. 441
A mediados del año la empresa Ferquimex, productora de urea para fertilizantes, decidió cerrar sus instalaciones en Salamanca y Camargo. El 14 de agosto de 1999 los 300 trabajadores de la empresa –también productora de urea- Real del Monte, filial del Grupo Acerero del Norte, iniciaron una huelga en la planta de Minatitlán que días antes había cerrado sus puertas. Según informó a la prensa el dirigente de la sección uno del sindicato petroquímico, Javier Abdías Rodríguez Córdova, desde hacía 15 meses los trabajadores habían aceptado sacrificar los pagos de aguinaldo, reparto de utilidades, fondo de ahorro y otras prestaciones con el propósito de que la empresa saneara sus finanzas, y sin embargo la última quincena no habían recibido salario alguno a pesar de que se acababa de acordar un aumento del 20 por ciento. Por su parte el integrante de la dirección nacional del sindicato, Noé Cadena Grajeda, calculó en 17 millones de pesos el adeudo de la empresa con sus trabajadores, por lo que proponían el remate de los bienes de la planta para garantizar el pago.
La empresa Real del Monte fue propiedad del sindicato petroquímico bajo la razón social Fertimina (Fertilizantes de Minatitlán) quien la vendió al Grupo Acerero del Norte, que nunca pudo hacerla rentable. En los últimos años la baja de los precios internacionales del amoniaco y las fuertes deudas con la petroquímica Cosoleacaque provocaron que sus costos de producción estuvieran por encima de los internacionales, lo cual junto con la competencia dumping en el mercado nacional, provocó que se procediera al cierre de las instalaciones.
Ante la ausencia de negociaciones no obstante la intervención de la STPS, el líder de la sección 10 del STPRM, Pablo Pavón Vinales, logró entrevistarse con el nuevo gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, quien comisionó para atender el problema al director de Trabajo y Previsión Social estatal, Fernando Charlestón Salinas. La misma sección 10 apoyaba a los trabajadores de Real del Monte con despensas familiares. El siete de septiembre, a casi un mes de estallada la huelga, el dirigente nacional del sindicato petroquímico y ex principal accionista de la empresa Fertimina, Gilberto Muñoz Mosqueda, ofreció un fondo de resistencia de 37 millones de pesos “para que no nos agarren por hambre”, según declaró a la prensa.
Para ese momento la empresa Agronitrogenados del México (Agromex), principal productora de urea en el país, había decidido también suspender labores y cerrar sus instalaciones en el puerto de Coatzacoalcos, por lo que sus casi 600 trabajadores, agrupados en la sección 83 del sindicato petroquímico, decidieron emplazar y estallar la huelga a partir del 14 de septiembre de 1999, según informó a la prensa el representante seccional, José Ibarra Miros. La empresa Agromex fue parte de la paraestatal Fertimex y se vendió al GAN en 1992.
Desde meses antes funcionarios de Agromex habían manifestado su protesta por los altos precios de los insumos de Pemex (gas natural y amoniaco) a los productores privados. Desde el mes anterior Pemex Cosoleacaque había suspendido el suministro de amoniaco ante la deuda de Agromex por 200 millones de pesos de materia prima entregada y no pagada. Según informó a la prensa su director de Finanzas, Roberto Chandler, mientras que en México “el millón de BTUS de gas natural se vende a dos dólares con 50 centavos, en Rusia y Arabia comercializan el mismo volumen entre 50 y 60 centavos de dólar, cuando el insumo va destinado a la producción de fertilizantes”. Con el cierre de Agromex la producción nacional de urea se reducía a cero y caía drásticamente la demanda de amoníaco, provocando que su principal productor, la petroquímica Cosoleacaque, mantuviera paralizadas tres de sus cinco plantas, previéndose el cierre de las otras dos, con lo que se ponía en peligro la seguridad laboral de alrededor de dos mil trabajadores que laboraban en el complejo. En los últimos cinco meses se habían cancelado alrededor de 200 plazas de confianza en las plantas de Minatitlán (Real del Monte) y Coatzacoalcos (Agromex). 442
A principios de noviembre de 1999, el dirigente nacional del sindicato petroquímico, Gilberto Muñoz Mosqueda, informó a la prensa que la industria de los fertilizantes nitrogenados, que daba empleo directo a cinco mil trabajadores, operaba al 30 por ciento de su capacidad y se encontraba en grave peligro de cierre definitivo. Según el dirigente, las huelgas en ese ramo no obedecían a problemas obrero patronales o intergremiales, sino que estallaban “para salvaguardar los derechos laborales y el patrimonio de los inversionistas ante el embate de sus acreedores”. El sindicato petroquímico invertía casi 900 mil pesos semanales en el sustento de dos mil trabajadores en paro, pero el fondo destinado para ello se agotaba rápidamente. El líder nacional señaló que “de no resolverse esta problemática en muy corto plazo, será inevitable el estallamiento de un conflicto social”, por lo que el sindicato había dirigido un comunicado al Comité Ejecutivo Nacional del PRI y a varios secretarios de Estado para concretar reuniones entre los diferentes actores y ayudar a resolver el conflicto derivado de la falta de un plan rector para el desarrollo industrial del país, de la competencia internacional muchas veces desleal, de las prácticas depredatorias y las importaciones dumping , que habían causado un déficit de 4 mil 550 millones de dólares en la balanza comercial de esa rama, sobre todo por los “insumos proporcionados por Pemex a precios elevados”. Según Muñoz Mosqueda, el sindicato compartía totalmente los esfuerzos para implantar un esquema de asociaciones entre la iniciativa privada y la paraestatal con el fin de ampliar las plantas de etileno de Pemex Petroquímica en los complejos Morelos y La Cangrejera, y así dar esa materia prima a nuevas compañías privadas que se construirían en la zona de Coatzacoalcos. 443
Por otra parte la huelga de 466 trabajadores de Agromex cumplía dos meses de haber estallado sin que se vislumbrara alguna solución. En declaraciones a la prensa el 14 de noviembre, el delegado del CEN del sindicato petroquímico, Nemesio Lucho Toto, señaló que la huelga era un mecanismo para proteger a los trabajadores en caso de que la empresa decidiera vender sus activos. 444
En diciembre la empresa Celanese Mexicana anunció sus planes de reestructuración para fortalecer las operaciones de la compañía de acuerdo con la estrategia global de la compañía matriz Celanese AG, con lo que serían afectados alrededor de 400 trabajadores por el cierre de las plantas productoras de ácido acético y de derivados de acetilos en Celaya, Guanajuato, y las plantas productoras de acetato filamento, escama de acetato y mecha para cigarro en Ocotlan, Jalisco. Según informó el director general de la empresa, Francisco Puente, las operaciones químicas se concentrarían en las instalaciones del complejo La Cangrejera en Coatzacoalcos. 445
El 10 de enero, cuando se cumplían cinco meses de huelga en la empresa Real de Monte, cerca de 400 trabajadores bloquearon por espacio de tres horas la carretera transístmica que comunica al centro del país, en protesta por la indiferencia de las autoridades, pese a las promesas del gobernador Miguel Alemán. En declaraciones a la prensa el secretario general de la sección uno del sindicato petroquímico, Javier Rodríguez Córdova, informó que el bloqueo lo habían decidido presionados por la falta de recursos, ya que reclamaban un adeudo superior a los 18 millones de pesos tan solo por concepto de fondos de ahorro y aguinaldos de 1997 a 1999, sin contabilizar los salarios caídos. También demandaban que si las plantas ya no fuesen puestas en operación, entonces que se procediera a la liquidación del personal. Como consecuencia de las huelgas en Real del Monte y Agromex, la Petroquímica Cosoleacaque mantenía fuera de operación tres de sus cinco plantas productoras de amoniaco, por lo que se preveía el despido de cerca de mil obreros de Pemex. 446
8. Conclusiones
La política de la nueva administración encabezada por Zedillo continuó la estrategia delimitada por las dos anteriores administraciones, donde a través de sucesivas reformas se redujeron los productos exclusivos de Pemex de 70 en 1986, a ocho en 1992. La convocatoria para la venta de las plantas no se realizó de manera inmediata para evitar que las esperadas protestas se mezclaran con las elecciones presidenciales en puerta, por lo que una vez realizadas estas, el gobierno de Zedillo avanzó en el plan prefijado y reforzado por los compromisos establecidos con los EUA y los organismos financieros internacionales a raíz del rescate crediticio para enfrentar la crisis derivada de los “errores de diciembre”. Esto se hizo sin tomar en cuenta el contorno petrolero mundial que apuntaba hacia una política de mega fusiones en consorcios que integraban las cadenas de producción, refinación y petroquímica.
Para el gobierno federal quedaba claro desde que hizo pública la decisión de venta, que los montos de capital que se requerían para las grandes inversiones necesarias en la compra y modernización de las plantas petroquímicas no iban a provenir de inversionistas nacionales, por lo que la privatización suponía la venta al capital extranjero. Con esta certeza, a partir de la separación administrativa de Pemex en cuatro filiales los precios de los insumos intercambiados entre ellas se comenzaron a fijar de acuerdo a los niveles internacionales, con la consiguiente perdida de las “ventajas comparativas” (evidentemente no sucedió lo mismo con el costo de los salarios) y encarecimiento de los costos de producción, lo que en poco tiempo comenzó a repercutir en la falta de competitividad -incluso en el mercado interno por la competencia dumping - de la petroquímica privada dependiente de los insumos producidos por Pemex.
Al mismo tiempo la necesidad de realizar contabilidades específicas para cada caso de intercambio comercial entre “empresas independientes” (aunque la mayoría de ellas se encuentran situadas dentro de los mismos complejos y forman parte de una misma red de distribución de insumos) implicó multiplicar de manera absurda las oficinas de personal especializado en las tareas de contabilidad y trámites administrativos. Ante la certeza de la próxima compra e inversión privada, se redujeron aún más los gastos destinados a las tareas de mantenimiento, seguridad y renovación del equipo, lo que dio por resultado un aumento significativo de los accidentes debidos a fallas y deterioro de las instalaciones.
Para enfrentar el gran descontento social provocado por el anuncio de la privatización, el gobierno federal empezó a tomar medidas apresuradas y que presentaban graves errores de instrumentación. Baste recordar que en el periodo considerado la Secretaría de Energía, encargada de la política petrolera, estuvo encabezada por tres diferentes funcionarios. Las convocatorias para la venta (licitación) se hicieron sin tomar en cuenta que los grandes complejos ofertados elaboraban productos reclasificados y productos exclusivos de Pemex a la vez, y que el cambio en la administración de las empresas no había sido precedido del cambio en el estatuto jurídico de la propiedad de los terrenos sobre los que se asentaban, ni del cambio del estatuto de “organismos descentralizados” a “empresas de participación estatal mayoritaria”.
La rápida y enérgica respuesta del sindicato reveló la falta de acuerdos políticos previos al anuncio de la privatización, lo cual implicó para la administración zedillista retroceder al esquema 49-51, que hizo imposible la venta propuesta, pero que permitió la drástica reforma en la situación contractual, fragmentándose el contrato único para la industria en nuevos contratos con nuevas condiciones laborales para cada una de las nuevas empresas, en los que se otorgaban amplias atribuciones a la patronal sobre subcontratación, movimiento de personal, compactación de categorías laborales y salariales, y despidos.
El sindicato mantuvo la titularidad en los nuevos contratos (que empezaban a serle disputados por el sindicato cetemista de la industria química) después de ponerse al frente del descontento social, evitando así ser rebasado por la izquierda y pudiendo ganar posiciones en el reacomodo político resultado de la Asamblea Nacional del PRI en septiembre de 1996. Con estas acciones CRD fortaleció su liderazgo y reconstruyó la autonomía del sindicato, convirtiéndolo en un interlocutor crítico de las políticas de la empresa, al mismo tiempo que negociaba su activismo electoral en favor del PRI con la obtención de posiciones (candidaturas) y beneficios controlados por el aparato sindical (basificación de cinco mil plazas en la zona sur, créditos para la vivienda).
La oposición sindical petrolera realizó importantes movilizaciones de protesta contra la privatización, sobre todo en las localidades del sur veracruzano donde se localizan las principales plantas petroquímicas del país. De ahí surge el más importante esfuerzo de construcción de un frente único en contra de la privatización, la CTDP, que aunque mantiene las movilizaciones hasta principios de 1997, no logra integrar al conjunto de grupos locales y de corrientes políticas dentro del PRD y el PRI. Durante las elecciones federales, estatales y municipales del mismo año, la oposición al corporativismo petrolero muestra su fuerza derrotando al partido oficial en los ayuntamientos de Minatitlán y Coatzacoalcos. Pero en lo sindical poco pueden hacer frente al fraccionalismo político y el activismo de la dirección oficialista, que impone los relevos seccionales, así como las firmas de los nuevos contratos.
El fortalecimiento del control corporativo sindical durante el conflicto petroquímico tuvo que ver con la ausencia de manejo político por parte de una administración gubernamental que simplemente se limitó a poner en práctica decisiones acordadas en la administración anterior, y que habían sido pospuestas por motivos políticos. Por motivos similares el gobierno zedillista ya no pudo imponer unilateralmente las decisiones, teniendo que negociar (“concesionar”, según el término puesto de moda desde el gobierno de Salinas) con los “dinos” y los “charros” priístas, ahora encabezando la protesta social.
En los hechos el esquema 49-51 significó posponer la venta hasta la siguiente administración, a cambio de ofrecer una solución política para desactivar la oposición, por una parte, de los empresarios nacionales (CANACINTRA, empresarios de la industria química y de la construcción), a quienes se ofrecía la posibilidad de formar consorcios con inversionistas extranjeros en una situación de copropiedad con el Estado: distintos modelos de coinversión se extendieron en la industria, pero no para la compra de las plantas petroquímicas, sino para la asignación de contratos de servicios en la perforación y extracción, así como en la expansión de las instalaciones de producción y distribución de gas. La medida también logró acallar el discurso nacionalista que el sindicato y sectores del PRI mantenían.
La convocatoria para el complejo Morelos se realizó casi dos años después de la aprobación del esquema 49-51, sin que se hubiera realizado ningún avalúo de lo que se pensaba enajenar. Por tanto se trataba de una licitación tramposa, de la que no se esperaba diera lugar a ninguna adjudicación, pero si que apuntalara la “desregulación” administrativa y contractual, al tiempo que fortalecía la dirección sindical encabezada por CRD, quien se preparaba para incrementar la presencia política del sindicato en la siguiente campaña presidencial. Por su parte la oposición sindical iniciaba a principios de 1999 la construcción de un nuevo frente petrolero -la ANDTP- con vistas a las elecciones generales y seccionales del año siguiente, y participaba en los movimientos que en las secciones del sur de Veracruz se desarrollaban para impedir que las asignaciones de las cinco mil plazas definitivas prometidas se realizaran bajo un esquema clientelar. Mientras tanto las plantas continuaban deteriorándose por falta de mantenimiento y cerrándose paulatinamente como consecuencia del cierre de las petroquímicas privadas por el encarecimiento de los insumos y la competencia dumping .
X. Alternancia política y permanencia sindical
Después de haber permanecido por casi 20 años en un segundo plano de la jerarquía del sindicato petrolero, aunque con una función estratégica, ya que era el responsable del control político interno -lo cual cumplió con una gran dureza que le valió ganarse el respeto de los aliados y el temor de los opositores-, Carlos Romero Deschamps logró sobrevivir a la caída de La Quina y posteriormente de Sebastián Guzmán Cabrera. A partir de 1993 ocupa la secretaría general de manera interina y un año después es reelecto en el cargo logrando además una ampliación del período estatutario de tres a seis años. Romero Deschamps es también el primer líder nacional que no proviene de alguna de las tres secciones hegemónicas –la 1 de Ciudad Madero, la 30 de Poza Rica y la 10 de Minatitlán- que desde 1939 se habían rotado en el máximo cargo sindical.
Durante los primeros cuatro años de su gestión, Romero Deschamps logra aprovechar en su favor tanto la situación de crisis política provocada por los acontecimientos de 1994 (la insurrección zapatista, el asesinato de Colosio y la brusca devaluación de inicios del gobierno de Zedillo), como el gran descontento nacional resultado de la decisión gubernamental de privatizar las plantas petroquímicas. El activismo político de Romero Deschamps en estos años le permite consolidar su posición, logrando que los principales liderazgos oficialistas dentro del aparato sindical corporativo petrolero cerraran filas en torno la dirección nacional, con el fin de poder enfrentar lo que ya desde entonces se anunciaba como el fin del predominio hegemónico del partido oficial. La estrategia era clara: comprometerse a fondo en la política partidaria con el fin de lograr en el corto plazo el máximo de beneficios que permitieran mantener el control interno del sindicato ante la tormenta política que se acercaba. La dirección sindical petrolera tenía desde entonces muy claro que una cosa eran las elecciones políticas en donde la ciudadanía manifestaba cada vez en mayor medida su rechazo al oficialismo priísta, y otra cosa diferente eran las elecciones internas del sindicato, en donde el manejo faccioso de los recursos estatutarios y de los beneficios contractuales seguían teniendo un peso decisivo para asegurar una mayoría disciplinada capaz de enfrentar con éxito a una oposición dividida.
1. La Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros
En las elecciones federales del mismo 1997 los candidatos apoyados por el oficialismo sindical petrolero fueron ampliamente derrotados en los municipios petroleros de Altamira y Ciudad Madero en Tamaulipas; Agua Dulce, Cerro Azul y Coatzacoalcos en el sur de Veracruz; y Cárdenas en Tabasco. 447 Sin embargo dentro de la empresa, en la revisión contractual de 1997, se acordó el otorgamiento de 55 mil apoyos financieros para construcción y remodelación de casas en los siguientes tres años y medio con montos individuales de hasta 30 mil pesos. La dirección sindical petrolera estaba en condiciones de orientar la asignación de los recursos, por lo que tenía en sus manos un arma importantísima que haría valer en las siguientes elecciones sindicales de ese mismo año.
El entusiasmo por las derrotas prisitas en las zonas petroleras impulsa la idea de que la oposición sindical se pudiera integrar en amplias coaliciones para disputar al oficialismo las direcciones de las secciones sindicales. El 26 de julio de 1997 se publica en la prensa nacional una carta a la redacción dirigida al presidente Zedillo y a todas las secciones petroleras, y firmada por los "coordinadores metropolitanos" del Frente Nacional Petrolero (FNP) -organización filial del MNP-, Jorge Fuentes García, Fernando Candia Araiza y Raúl Romero Maldonado, llamando a votar para democratizar el sindicato. En la carta recuerdan que en las pasadas elecciones federales del 6 de julio los trabajadores votaron en contra de los candidatos petroleros por “corruptos y vendidos”. Afirmaban también que el CEG, amparándose en “la famosa autonomía sindical", impedía a las autoridades intervenir en contra de funcionarios sindicales venales. 448
Más de un mes después los coordinadores metropolitanos del FNP, Jorge Fuentes García, Fernando Candia Araiza y Raúl Romero Maldonado, publicaron otra carta a la redacción en la que hacían un llamado a los trabajadores petroleros para participar de manera unificada en el cambio democrático del sindicato. También se dirigían a los funcionarios sindicales conminándolos “a que se regeneren y cambien su actitud (..), ya que se han dedicado a toda clase de ilícitos y nunca a defender los intereses y derechos de los trabajadores, resaltando el contubernio con el contratismo, lo que ha generado un alto índice de corrupción e impunidad en nuestro sindicato”. Finalmente se solicitaba a las autoridades estatales y federales que dieran las garantías y aseguraran las condiciones necesarias a fin de que los trabajadores manifestaran su voluntad a través del voto secreto, universal y directo. 449
A principios de octubre de 1997, con las elecciones programadas para finales del mismo mes, se realizó una reunión en el puerto de Coatzacoalcos a la que asistieron representantes de trabajadores disidentes en 10 secciones petroleras de la zona sur: 10, 11, 14, 22, 31, 44, 48 y 26. A partir de una plataforma política armada en torno a la demanda de elecciones libres mediante voto universal y secreto, los asistentes acordaron formar una coordinación regional de grupos opositores de diversas secciones agrupados como la Alianza Democrática Zona Sur Sureste (ADZSS). Varios de los grupos asistentes se hallaban involucrados en fuertes conflictos en sus respectivas secciones, que incluso habían llegado ya a enfrentamientos violentos con los contingentes oficialistas, como era el caso de los trabajadores disidentes en las secciones 10 (Minatitlán, Ver.), 14 (Ciudad Pemex en Macuspana, Tab.) y 31 (Coatzacoalcos, Ver.), según se denunció en la reunión de Coatzacoalcos. También ahí se acordó solicitar la intervención de los legisladores por el PRD, el senador Héctor Sánchez López, y los diputados federales Joaquín Hernández Correa y Luis Rojas Chávez, así como del “líder nacional petrolero CRD, para que, mediante la desaparición del artículo 288 estatutario, se pudieran realizar elecciones libres en el sindicato”.
La reunión de la ADZSS se realizó en el momento en que los enfrentamientos llegaban a su punto más alto. En la madrugada del seis de octubre, trabajadores del grupo Solidaridad Sindical de la sección 14 de Ciudad Pemex en Tabasco, que se habían posesionado por la fuerza del edificio seccional desde pocos días antes, fueron desalojados violentamente por un contingente de policías antimotines, policías judiciales estatales y golpeadores pagados por la directiva seccional. Por este motivo horas después se realizó en la ciudad de México una conferencia de prensa para denunciar el desalojo. Ahí mismo el diputado Joaquín Hernández Correa (hijo de La Quina ) afirmó que en la última década habían desaparecido alrededor de 2 billones de pesos en bienes del sindicato petrolero como ranchos, obra civil, maquinaria y cajas de ahorro, lo cual fue extraviado o robado por los dirigentes de las 36 secciones del país; también solicitó a la dirigencia nacional del STPRM "permitir a los trabajadores votar en forma secreta y no como actualmente lo hacen". 450
Aunque importante, la formación de la ADZSS no logró el agrupamiento de los grupos opositores locales en planillas únicas, ya que algunos de estos no veían con buenos ojos las acciones radicales que en algunas secciones desembocaban en enfrentamientos violentos, mientras que otros desconfiaban de la participación de corrientes políticas ligadas al PRD ó a organizaciones nacionales como el MNP. También jugó en contra la manipulación ejercida por la dirección nacional en la asignación de los créditos de vivienda. Esto provocó que pese a los esfuerzos realizados no se pudieran integrar planillas unitarias de oposición en las diferentes secciones y, por lo tanto, no se pudieran ofrecer alternativas viables de cambio a los ojos de los trabajadores de base. El resultado fue que una vez más la oposición fue barrida en las elecciones seccionales realizadas a finales de octubre de 1997.
Varias de las corrientes sindicales que participaron en la experiencia de la ADZSS, apoyadas por organizaciones no gubernamentales denunciaron y documentaron violaciones de los estatutos y de las leyes laborales en las elecciones seccionales, y aunque no obtuvieron ningún resultado práctico en su demanda de democratización del gremio, siguieron insistiendo en la necesidad de construir un frente político que diera apoyo a los diferentes contingentes de trabajadores en conflicto en las distintas secciones y unidades de producción, además de hacer posible la presentación de candidatos únicos de la oposición en las próximas elecciones sindicales del año 2000.
Después de más de un año de trabajo de concertación, el primero de febrero de 1999 trabajadores de diez secciones petroleras: la 1, 10, 11, 14, 22, 44, 48, 35, 38 y 30, decidieron constituir en la ciudad de Coatzacoalcos la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP), encabezada por Julio César Rodríguez Velázquez (sección 11), Pedro Miranda (sección 35) y José Othón Hernández (sección 10), entre otros representantes de corrientes opositoras como el Frente Democrático Sindical, la Unión de Petroleros Libres y los grupos Renovador, Unificador Democrático y Nueva Cultura Laboral, entre otros.
En su proclama fundacional, la nueva organización afirmaba que el sindicato se encontraba “maniatado” por las actitudes “deshonestas, antinacionalistas e incluso partidistas de quienes ejercen el poder”. La lucha en contra de todas las limitantes estatutarias y por la democratización del sindicato, así como en contra de la privatización de las plantas petroquímicas, constituían la plataforma política de la nueva organización opositora. Un día después, el dos de febrero, la ANDTP sería dada a conocer a la opinión pública nacional en un acto realizado en la ciudad de México, en el que intervinieron, aparte de los dirigentes de la organización opositora, los intelectuales Carlos Monsivais y Luis Javier Garrido, quienes destacaron la importancia de la lucha por el saneamiento del sindicato y de la empresa en el contexto de la insurgencia cívica en contra del sistema PRI-Gobierno. 451
Siguiendo con sus actividades de propaganda y movilización, el 27 de febrero de 1999 la ANDTP realizó un mitin en el parque Hidalgo de Villahermosa en el que participaron trabajadores de seis secciones. Ahí, además de acusar a las direcciones seccionales y nacional de “no cumplir con la declaración de principios” del sindicato, se denunciaron situaciones particulares de algunas secciones: en la 34, la concesión a la empresa Saybolt de la certificación de carga a auto tanques transportadores de gasolina y la colocación de sellos de seguridad; en la 14, la realización de una auditoria al dirigente seccional Gonzalo Guzmán Vázquez; en la 48, la falta de reparto de utilidades y el “material chatarra” con el que trabajaban; en la 11, la presentación de los nuevos contratos colectivos en los complejos Pajaritos y La Cangrejera, así como los informes financieros seccionales. 452
Ante la falta de respuesta a sus demandas las protestas de los trabajadores tuvieron que dirigirse hacia otros ámbitos que no eran los estrictamente laborales. El 13 de enero de 2000 de más de 50 trabajadores jubilados acompañados por el diputado federal Joaquín Hernández Correa se presentaron en la Cámara de Diputados para denunciar un fraude en las arcas del sindicato por más 2 mil millones de pesos, del que responsabilizaron al senador Romero Deschamps, a quien acusaban de “ratero” y “delincuente” en las pancartas que exhibieron durante su estancia en el recinto legislativo. En conferencia de prensa exigieron a las autoridades federales dar cauce a por lo menos 10 denuncias penales contra CRD por fraudes cometidos en las secciones de Ciudad Madero, Cadereyta, Coatzacoalcos, Azcapotzalco, Salina Cruz, Minatitlán, Tula y Salamanca, y concluyeron que “estamos esperando que termine su fuero, en septiembre, para que las autoridades actúen en contra de quienes nos han saqueado y nos han robado nuestras cuotas”. 453
A finales del mismo mes de enero ocho trabajadores de tres secciones diferentes se desvistieron frente a la sede nacional del PRI y se quedaron en calzoncillos para exigir al partido que “no acepte corruptos” como el senador Romero Deschamps. En sus calzones los trabajadores escribieron grandes letras que al ponerse en fila formaban la palabra justicia, al tiempo que gritaban consignas en contra del dirigente petrolero. Un mes antes otros ocho trabajadores de la sección 35 habían realizado en el mismo lugar un desnudo similar para demandar liquidaciones justas. Funcionarios del área de Operación Política prometieron a los demandantes promover una entrevista con CRD, aunque otros voceros del partido afirmaron a la prensa que el asunto era estrictamente intergremial y no les competía. 454
Hasta ese momento las acciones de los trabajadores disidentes se habían movido exclusivamente en un plano defensivo, de denuncia por la fuerte imbricación de la dirección del sindicato en actividades ligadas a la corrupción y por la nula defensa de los derechos laborales de los trabajadores afectados en su empleo y condiciones de trabajo. Pero era necesario ir más allá y definir una política alternativa para la industria. Un paso importante en esta dirección se realizó en la víspera del aniversario de la expropiación petrolera en marzo de 2000, cuando los grupos disidentes Técnicos y Profesionistas por la Industria Petrolera AC. Todos por Pemex; la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros AC.; la Coordinación de Trabajadores por la Defensa de Pemex y el Grupo Ingenieros Pemex Constitución de 1917, publicaron un desplegado conteniendo un “Manifiesto a la Nación” en el que pasaban revista a las políticas petroleras de los últimos años denunciando la pérdida de soberanía y de autosuficiencia en la producción de casi todos los productos derivados del petróleo, por lo que presentaban un “Programa Emergente para Rescatar la Industria y el Mercado Petroleros Nacionales” que plantaba propuestas en diferentes áreas de la actividad petrolera.
Así, en lo que se refería a la exploración y producción, planteaban la reactivación de los programas de exploración terrestre y marina; reorientar el proyecto Cantarell hacia la optimización del bombeo de pozos, derivando la inyección de nitrógeno hacia otros yacimientos que así lo requirieran; establecer un nuevo reglamento de trabajos petroleros; y legislar para establecer la plataforma de producción de hidrocarburos. En cuanto a la refinación, planteaban orientar la inversión para aumentar la capacidad, que en ese momento era de 1 millón 500 mil barriles diarios, en por lo menos 600 mil barriles diarios y modificar el esquema refinación-generación de energía eléctrica utilizando combustibles de menor costo de producción. En el área de gas natural proponían detener la privatización de la distribución y comercialización, desaparecer la Comisión Reguladora de Energía y utilizar gas natural solamente hasta los niveles que lo permitiera la producción nacional. En el área de petroquímica proponían la revisión de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional para mantener la propiedad nacional sobre las plantas de Pemex y crear nuevas donde más conviniera al país; reclasificar los productos petroquímicos de acuerdo a criterios técnicos internacionales; e invertir en la producción de fertilizantes, amoniaco y urea principalmente, con el fin de garantizar la autonomía alimentaria.
En relación con los trabajadores, técnicos, profesionistas y directivos de Pemex, proponían suspender las liquidaciones y jubilaciones no convenidas libremente por los afectados; promover la denuncia y el castigo para los representantes de la empresa, el sindicato y las autoridades laborales involucrados en sobornos con el fin de perjudicar al trabajador; hacer transparentes los criterios de evaluación y promoción del personal activo y de selección de personal de nuevo ingreso; recontratar en lo posible al personal calificado y con experiencia separado de la empresa; negociar soluciones satisfactorias para los miles de trabajadores de la empresa despedidos en los últimos años; integrar todos los conceptos actuales de ingreso del trabajador (como los bonos de actuación y otros) al salario; apoyar la creación de empresas colectivas de trabajadores liquidados y jubilados de Pemex con capacidad de elaborar proyectos de ingeniería, construir obras y proporcionar servicios a la industria petrolera; y otorgar el reparto de utilidades en los términos de ley y no bajo el concepto de “rendimiento del trabajo”.
En cuanto a la organización gremial de los petroleros, exigían la implantación del voto libre, universal, directo y secreto, así como el cese a la represión en contra de los trabajadores que luchaban por la democratización del sindicato y la defensa de la industria. En relación con las empresas nacionales de ingeniería, de transporte marítimo, fabricantes, proveedores, consultores y otras que intervenían en las distintas áreas y fases operativas y administrativas de Pemex y el sector energético, proponían el desarrollo de programas para incentivar la calidad de sus trabajos, productos y servicios, así como planes de financiamiento y estímulos fiscales, con el propósito de sustentar su contratación. También pedían que el IMP volviera a ser un proveedor confiable de ingeniería y que Pemex promoviera de manera permanente la investigación, capacitación, creación y desarrollo de tecnología para la industria petrolera a través del IMP y las principales universidades y tecnológicos del país.
Con relación a los costos y precios de los productos petroleros, pedían modificar el método de conformación de los precios de los productos petroleros nacionales, fundamentado en los precios internacionales, por otro método que considere los costos reales de la producción nacional, así como eliminar los precios de transferencia interorganismos, ya que encarecían artificialmente los costos de producción. También proponían reconvertir a Pemex en una sola empresa integrada, modificar la estructura del Consejo de Administración de la paraestatal integrando una representación de la Cámara de Diputados y de los profesionistas de la empresa, elegidos por ellos mismos, así como crear un “Consejo Técnico-Administrativo de Vigilancia del Desarrollo y Operación de Pemex” adscrito a la Cámara de Diputados, y establecer la obligación de que Pemex informe bimestralmente de los principales proyectos en desarrollo, evitando los grandes gastos que el ejecutivo federal realiza en propaganda para promover la privatización de las industria petrolera y eléctrica.
Otras propuestas eran en relación con el refuerzo de programas para mantener niveles óptimos de seguridad en las operaciones y procesos industriales, para aminorar, restaurar o reparar los daños ambientales provocados por las actividades de Pemex y mantener el respeto y mejorar las relaciones con las comunidades donde opera, contribuyendo a su desarrollo regional. Esto implicaba detener la sangría, el saqueo y la descapitalización a la que estaba sujeta la industria petrolera del país, modificando el régimen fiscal de Pemex, principiando porque la base gravable de la empresa sean las utilidades y no los ingresos brutos. Con los recursos liberados se podría constituir un fondo financiero propio, supervisado por la Cámara de Diputados, que dote a Pemex de autonomía de gestión en sus programas operativos y de crecimiento. Finalmente planteaban que cualquier propuesta de mejora en la situación de Pemex no tendría ninguna efectividad si no se combatía frontalmente la corrupción en todos los niveles de la empresa, desarrollando una nueva cultura laboral e institucional que garantice el castigo social y legal para funcionarios y trabajadores responsables de corrupción y negligencia, y promueva entre todos los trabajadores de la industria petrolera la figura de servidores de la nación, operadores de una industria propiedad de todos los mexicanos. 455
Este documento constituyó el esfuerzo más importante que en los últimos años realizara la oposición para establecer una plataforma política alternativa a las orientaciones gubernamentales en la industria petrolera. La idea que era que estas formulaciones pudieran dotar a la acción disidente en el sindicato de una visión de largo plazo capaz de aglutinar las demandas específicas fundamentalmente defensivas y contestatarias en un proyecto común, que también pudiera ser retomado por las propuestas partidarias –particularmente de la izquierda política- ante las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, como veremos más adelante, los acontecimientos se desarrollaron por otras vías.
2. Campaña interna del PRI y relevo en la dirección de Pemex
Por su parte la dirección nacional del sindicato también había realizado su propia evaluación de la empresa. En ocasión del 61 aniversario de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1999 se realizó la ceremonia oficial en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz. Ahí CRD leyó un largo discurso –publicado en la prensa nacional al día siguiente, firmado también por los dirigentes de las 36 secciones- en el que por principio refutaba recientes declaraciones del presidente de la Coparmex, Carlos Abascal, en las que calificaba a los sindicatos de “antigüedades que obstaculizan el desarrollo y competitividad de las empresas”. Después -y a propósito del llamado del director de Pemex, Adrián Lajous, para “hacer del ahorro un habito en la industria”- pasaba a enumerar diversas causas de dispendio en la empresa, comenzando con la división administrativa que había “generado la dispersión de mandos y la duplicidad de funciones”, así como un aumento explosivo de los empleados de confianza, que pasaron de 17 mil en 1991 a 32 mil en 1999, absorbiendo más de la mitad del presupuesto de nómina de toda la empresa, mientras que con el resto se pagaba a 80 mil sindicalizados de planta y 20 mil transitorios. Pidió un cambio de actitud en “algunos sectores administrativos (..) empecinados en gastar en experimentos de sistemas y programas que no constituyen una respuesta a los problemas reales y que terminan por ser un desperdicio doloroso de recursos”.
En su discurso el líder nacional petrolero criticó los grandes costos de los clubes de esparcimiento, los campos de golf, los miles de autos para servicio particular, los bonos de actuación, los incentivos económicos “que se dan por todo”, los servicios médicos particulares, los viáticos generosos y los altos salarios para los altos empleados, algunos de los cuales no tenían “ni los estudios ni los títulos que afirmaban poseer”, lo cual podría demostrar el sindicato con “listas de ellos avaladas por la Dirección General de Profesiones” de la Secretaría de Educación Pública. Según CRD, si realmente se quería ahorrar en la empresa, debería de empezarse a cortar todos los gastos suntuarios, y en su lugar dotar de herramientas y equipo a los trabajadores, para que con su experiencia, capacitación y alto rendimiento “entren en competencia con las compañías contratistas”; así mismo debería convocarse a los trabajadores transitorios y eliminar la “disposición absurda de no contratar más a trabajadoras transitorias por ser mujeres y por considerarlas conflictivas o de baja productividad”.
Otros aspectos sobre los que insistió CRD fueron la urgente mejora de los servicios médicos y la preocupación del sindicato por el destino de la flota petrolera. También hizo mención del “imprudente rumor de ceses masivos de sindicalizados de planta” y al “terrorismo administrativo” con el que se presionaba a los trabajadores, instando al director de Pemex a pronunciarse al respecto para eliminar la intranquilidad de los petroleros. Finalmente, y después de hacer un reconocimiento “a la decisión del presidente Zedillo” y de Lajous Vargas para rehabilitar y expandir las refinerías de Cadereyta, Salamanca, Tula y Ciudad Madero, CRD terminó haciendo una declaración de militancia priísta ante una oposición que buscaba, “en una unificación imposible, crear un frente que termine de un golpe con la permanencia del PRI en el poder; y aún más con la existencia misma del instituto político”. 456
Con este discurso CRD manifestaba por primera vez de manera pública sus desacuerdos con el director de Pemex, Adrián Lajous. Sin embargo lo que no decía CRD era que los graves problemas señalados con justeza, como el aumento del personal administrativo, la duplicación de funciones, el recorte al gasto en mantenimiento de instalaciones y la sesión de áreas importantes de actividades a las empresas contratistas, entre otros, no eran de la exclusiva responsabilidad de Lajous, quien en última instancia se encargaba de aplicar políticas que habían sido decididas directamente por la Presidencia de la República. Evidentemente CRD no deseaba un enfrentamiento en ese nivel, pero si le interesaba presionar a la dirección de Pemex para que se comprometiera más con un apoyo incondicional al sindicato para la realización de sus actividades políticas electorales, lo cual, hasta donde se alcanzaba a observar, le había sido regateado por Lajous quien, más que un político, era un técnico que había desarrollado su carrera dentro de la empresa, y que durante la administración de Zedillo había manifestado en diversas ocasiones su desacuerdo con la sangría fiscal a la que era sometido Pemex. La reciente decisión de abrir la inversión en las plantas de refinación –a la que se había referido CRD en su discurso-, era una medida que Lajous había planteado repetidamente casi desde el inicio de su gestión al frente de la empresa. En realidad las críticas de CRD tenían un doble filo, ya que si bien señalaban problemas centrales en el funcionamiento de la industria petrolera dentro del modelo neoliberal, también constituían medidas de presión para el logro de objetivos situados en otro contexto.
La estrategia de presión a la dirección de la empresa se pudo observar en las negociaciones para la revisión del CCT, que se iniciaron a principios de junio de 1999 con la entrega formal –a diferencia de las ocasiones anteriores- del emplazamiento a huelga ante la STPS, que de manera inusitada incluía la violación a la cláusula uno contractual por “desplazamiento de personal de base desde 1991 por empresas concesionarias y el crecimiento desmesurado de empleados de confianza”. En declaraciones a la prensa, CRD afirmó que no deseaba una controversia con la empresa, pero “la indiferencia en algunos casos y la persistencia a veces ofensiva de las actitudes por parte de diversos funcionarios de la empresa nos han obligado a ello”, aunque destacó “el ambiente cordial y de colaboración” al iniciarse los trabajos de revisión del contrato colectivo. Además de las violaciones contractuales, las demandas planteadas por los representantes de 74 mil trabajadores sindicalizados se referían al reparto de utilidades, el cumplimiento de la ley en materia de vivienda y la reclasificación de los puestos mediante un nuevo tabulador. En el emplazamiento se demandaba también 40 por ciento de aumento salarial. 457
En esta ocasión las negociaciones fueron más complicadas y requirieron de la intervención de los secretarios de Gobernación, Energía y Trabajo y Previsión Social, Diódoro Carrasco, Luis Téllez y Mariano Palacios respectivamente. Los principales puntos de diferencia eran la cláusula uno del CCT, particularmente en cuanto a los contratos de mantenimiento, pintura, reparación, carpintería y otros no especializados; así como lo relativo al aumento salarial, ya que la empresa se negaba a aceptar el 17 por ciento que un mes antes habían recibido los trabajadores ferrocarrileros y electricistas. Finalmente el 30 de julio de 1999 se anunció que los trabajadores petroleros recibirían un aumento de 15 por ciento directo al salario más dos por ciento en prestaciones. Entre los acuerdos en la negociación contractual se estableció que el sindicato decidiría cuantas plazas hacían falta cubrir, además de que se daría prioridad a la seguridad en las instalaciones. Entrevistado por la prensa, CRD manifestó “la insatisfacción de la parte obrera” por los resultados económicos obtenidos, aunque aclaró que habían aceptado el aumento para no ser la causa de una carrera alcista entre precios y salarios. 458
En esos mismos días subía de tono la discusión sobre el proyecto de inyección de nitrógeno al yacimiento Cantarell, lo que daría lugar meses después a la realización de audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados. Interrogados al respecto, los dirigentes del STPRM contestaron por medio de una carta en la que afirmaban estar al margen de las actividades del proyecto Cantarell y carecer de información al respecto, ya que no tenían “tampoco contratos de obras de construcción de plataformas, ni nada parecido con la empresa, ni estamos involucrados con empresa contratista alguna”, por lo que no iban a manifestar una postura “ante supuestos” como sindicato y tampoco por voz de su dirigente nacional CRD, a pesar de ser éste el presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, ya que se trataba de “un órgano legislativo multipartidista (..) que debe contar con el acuerdo conjunto de sus miembros” para cualquier tipo de pronunciamiento. 459
Una vez resuelta la negociación contractual, Romero Deschamps centró sus esfuerzos en tener un papel activo dentro el proceso mismo para elegir al candidato a la presidencia de la República por el PRI. A mediados de 1999 las directivas seccionales llevaron a cabo una “auscultación” con la base petrolera, al final de la cual las distintas secciones “decidieron unánimemente” respaldar la precandidatura de Francisco Labastida Ochoa, a quien acompañaron en nutrido contingente cuando acudió el 19 de julio a registrar su precandidatura en la sede nacional del PRI. Esta acción, realizada con un gran despliegue de publicidad, fue motivo de críticas por parte de la oposición política. A finales del mismo mes de julio el director de Pemex, Adrián Lajous, compareció ante la Cámara de Diputados, en donde el legislador Martín Contreras cuestionó el uso de los recursos de la paraestatal para apoyar la campaña de Labastida. Según el diputado, la movilización a la ciudad de México con motivo del registro del precandidato se realizó en un día de labores normal y a los trabajadores asistentes no se les descontó la jornada, lo cual significaba que tenían la autorización de la empresa para acudir a tal acto de apoyo. Lajous solamente respondió que las determinaciones del sindicato estaban fuera de su control y que Pemex no desviaba recursos para el trabajo proselitista.
Sin embargo las críticas no detuvieron la actividad electoral de la dirección sindical petrolera. Días más tarde, en la celebración del 64 aniversario de la fundación del STPRM, realizada el 12 de agosto en Ciudad Madero, CRD sostuvo que “las ideas, programas y propuestas de Labastida nos han convencido y le hemos entregado nuestra preferencia sin duda alguna”. Días después el líder de la sección 10, Pablo Pavón Vinales, se comprometió a otorgar “80 mil votos” a favor de Labastida, aunque rechazó que esto se pudiera considerar como voto corporativo. 460
El 26 de septiembre el precandidato del PRI a la presidencia de la República, Francisco Labastida, realizó un mitin de campaña en la ciudad de Mintatitlán con asistencia de numerosos contingentes de trabajadores petroleros. Ahí Labastida acusó a su más cercano competidor, el gobernador de Tabasco Roberto Madrazo, de coincidir con el candidato del PAN en la venta de Pemex, afirmando que “no estamos en una subasta del mejor postor, México no se vende, por eso voy a defender Pemex, el petróleo y la petroquímica nacional”. Según Labastida se trataba de un problema de soberanía, pues mediante el ingreso por la exportación de petróleo, se podían atender las necesidades de la población. También intervino en el acto CRD, quién aseguró que “Madrazo se parece a Fox, tiene la misma propuesta, vender Pemex, y eso no lo vamos a permitir”. 461
A principios de noviembre de 1999, unos días antes de las elecciones internas del PRI para la candidatura presidencial, el dirigente de la opositora Asociación Nacional de Trabajadores Petroleros (ANDTP), Julio Cesar Rodríguez, denunció que existían presiones y amenazas en la región sur de Veracruz contra de los trabajadores petroleros para obligarlos a que concurrieran a votar en favor de Labastida. Los encargados de presionar eran los delegados departamentales, amenazando a los transitorios con suspender la contratación en caso de no entregar las credenciales electorales, y a los trabajadores de planta con obstaculizar los trámites para vacaciones, prestamos u otras prestaciones. 462
Una vez resuelto el asunto de la candidatura presidencial oficialista, un mes después, en diciembre de 1999, se informó de la renuncia del director de Pemex, Adrián Lajous, y su sustitución por Rogelio Montemayor Seguy, ex-gobernador de Coahuila. En los últimos meses Lajous había tenido diferencias con los secretarios de Energía y Hacienda, Luis Téllez y José Angel Gurría, en varios aspectos de la política petrolera. Uno era el freno a la inversión para la postergada reconversión de la plantas de refinación y petroquímicas. Otro aspecto era el gas natural, en donde Pemex había sido excluido del circuito de distribución y generación de electricidad mediante gas natural, que progresivamente quedaba en manos de concesiones privadas. Recientemente el presidente Zedillo había anunciado la construcción de un gasoducto hacia Guatemala, lo cual aparentemente no había sido informado al director de Pemex. También Lajous había planteado repetidamente la modificación del régimen fiscal de Pemex y su separación del presupuesto federal, dejando atrás el carácter exclusivamente recaudatorio que se le había asignado a Pemex, para reorientar la política petrolera hacia el desarrollo de la industria nacional.
En realidad las posiciones de Lajous estaban mucho más cercanas a las mantenidas por el sindicato y la oposición de izquierda respecto al papel de la industria petrolera, por lo que las constantes denuncias realizadas en su contra por el sindicato –y que minaron el papel de Lajous al frente de Pemex- acusándolo de dispendio, malos manejos administrativos y por los altos ingresos y prerrogativas de que gozaban los altos cargos gerenciales, se debían, más que nada –como afirmamos líneas arriba-, a la necesidad de contar con manos libres para orientar recursos de la empresa al apoyo de las actividades proselitistas en la campaña electoral de Labastida. 463
Por su parte el nuevo director designado en la paraestatal, Rogelio Montemayor Seguy, recientemente había concluido su mandato como gobernador del estado de Coahuila, en medio de acusaciones públicas de haberse enriquecido mediante una serie de negocios particulares en empresas de todo tipo: financieras, agroquímicas, constructoras y una naviera. Montemayor realizó una carrera administrativa en la Secretaría de Programación y Presupuesto al lado de Carlos Salinas desde 1979 hasta 1988, cuando es designado diputado federal. De la mano del presidente Salinas tendrá una rápida ascensión política siendo coordinador estatal del Programa Nacional de Solidaridad, senador de la República y, de 1993 a 1999, gobernador del estado. 464 En el medio petrolero se comentaba que la renuncia de Adrián Lajous consistía en un “pago adelantado” a CRD por el apoyo militante del gremio a la candidatura de Labastida.
3. Segunda reelección de Carlos Romero Deschamps y campaña para las elecciones federales del 2 de julio de 2000
Una vez decidida la contienda interna del PRI en favor del candidato apoyado por el sindicato petrolero e iniciada la campaña electoral federal, en medio del mayor sigilo y de manera sorpresiva, a principios de febrero de 2000 se realizó una Convención Nacional Ordinaria del STPRM en la que se aprobó por aclamación la reelección de CRD al frente de la organización para el periodo 2000-2006. El acto debió de haberse realizado a finales de este año, por lo que se adelantó casi ocho meses, y fue avalado con la presencia del secretario de Trabajo, Mariano Palacios, y el nuevo director de Pemex Rogelio Montemayor. En esta convención también se realizaron modificaciones estatutarias a lo establecido en la formación del sindicato en 1935, que declaraba a todos los miembros del sindicato como militantes del partido oficial. La reforma a los estatutos estableció el respeto a la voluntad de los trabajadores para militar en el partido que desearan, aunque la convención declaró la “simpatía y apoyo” del gremio por el PRI y su candidato Francisco Labastida. En los siguientes días la única manifestación pública sobre la reelección del dirigente nacional petrolero fue un desplegado de prensa felicitando al “gran amigo” CRD de parte del coordinador nacional de jubilados del STPRM, Eduardo Alva Becerra. 465
Una vez formalizada la permanencia de CRD al frente del sindicato, la atención de éste se volcó a la campaña electoral federal. El 18 de marzo de 2000, en el aniversario de la expropiación petrolera, el sindicato realizó un acto previo a la tradicional ceremonia gubernamental, en el que estuvieron presentes Francisco Labastida y el candidato priísta a la jefatura de Gobierno del DF, Jesús Silva Herzog. Ahí el candidato Labastida reiteró que defendería a Pemex como empresa pública y reprochó el doble lenguaje (refiriéndose al candidato del PAN, Vicente Fox) de “quienes en México ofrecen no privatizarla y en el extranjero pregonan que la abrirán a la inversión”. También afirmó que los hidrocarburos “son el principal recurso natural que tiene la nación” y que además aportan los ingresos suficientes para que el gobierno cumpliera su obligación de dotar de servicios sociales a la población del país. Labastida finalizó su intervención refrendando su alianza con el sindicato, al mismo tiempo que les pedía a sus trabajadores hacer “trabajo político” para que el PRI pudiera retener la presidencia de la República.
En el mismo acto Silva Herzog aprovechó para recordar la “heroicidad” de su padre a quien le correspondió realizar el estudio en el que se apoyaría el proceso de nacionalización de la industria petrolera, afirmando que “cualquier intento de los que andan por ahí por vender Pemex se va a enfrentar con un pueblo orgulloso de su petróleo y de su industria petrolera”. A su vez el secretario general del STPRM, Romero Deschamps, dijo que los trabajadores y el PRI formarían un frente común para “luchar sin tregua” en la defensa de Pemex y “condenar, vengan de donde vengan, los afanes privatizadores que se han volcado sobre el futuro de la empresa”. Durante el acto, y ante las reiteradas referencias al presidente expropiador Lázaro Cárdenas, los trabajadores asistentes empezaron a gritar entusiastamente “¡Cárdenas, Cárdenas!”, por lo que los organizadores de porras, atentos a las implicaciones del apellido (que correspondía al candidato del PRD e hijo del presidente expropiador), hubieron de corregir el sentido de las consignas cambiándolo por “¡Lázaro, Lázaro!”.
Más tarde, en la ceremonia oficial en el Palacio Nacional, Romero Deschamps convirtió la celebración en un acto partidista de campaña al afirmar en su discurso ante el presidente Zedillo, que “la alianza de los petroleros con el PRI se ha fortalecido. Lo comprueba el que la inmensa mayoría de los trabajadores del sector, en lo individual, se declaró (en la pasada Convención General Extraordinaria) abierta y firmemente favorable a la candidatura de Labastida (por lo que) ¡los petroleros priístas lo llevaremos a la presidencia de la República!”, lo que provocó que los más de 200 invitados a la ceremonia, se levantaran de sus sillas para lanzar porras de respaldo a la campaña de Labastida.
En su intervención el dirigente sindical también llenó de halagos y reconocimientos a “la gestión” del director de Pemex, Rogelio Montemayor (no obstante que no había cumplido ni tres meses al frente de la empresa), enumerando los beneficios que los trabajadores petroleros obtendrían en los siguientes meses: corrección del sistema administrativo SAP-R3 que había provocado retrasos en los pagos de salarios, tiempo extra y vacaciones; farmacias las 24 horas de los 365 días del año a partir de abril del 2000; programa de abastecimiento rápido de medicinas; dotación de ropa contractual y hospitalaria; modernización de los equipos médicos y electromecánicos de los hospitales; programa continuo de remozamiento de las unidades médicas; contratación de doctores especialistas y adquisición de batas para la hospitalización de los trabajadores; así como financiamiento para la construcción de 5 mil viviendas destinadas a los trabajadores de mayor antigüedad en la empresa. Todos estos logros, según CRD, se debían “al afortunado arribo a la dirección de Pemex, de un funcionario con sentido humano”, por lo cual daba las gracias al presidente Zedillo por haber cumplido y designado al político coahuilense. 466
Entre los pagos adelantados a Romero Deschamps por el entusiasta apoyo a la campaña de Labastida, se incluía su candidatura a diputado federal, posición a la que regresaba después de haber cubierto un periodo como senador de la República. El 14 de mayo alrededor de 100 jubilados petroleros militantes del PRI, se manifestaron frente a las instalaciones del partido en el DF, para exigir que se le retirara a Romero Deschamps la candidatura, acusándolo de haberse enriquecido mediante la corrupción junto con su “camarilla de ladrones”, y de haber cerrado las instalaciones petroleras como protesta por la detención de La Quina en enero de 1989. El dirigente de los inconformes, Margarito Santoyo Avila, puso en duda la calidad y capacidad de convocatoria del líder nacional petrolero, afirmando que tuvo que pagar 300 pesos a cada uno de los trabajadores petroleros que asistieron al desfile del primero de mayo, en donde cumplieron con el tradicional papel de animadores del acto oficial que por años se les ha asignado. 467
Sin embargo estas protestas no hacían mella en el ánimo militante de Romero Deschamps. El 15 de mayo se publicó en la prensa nacional un desplegado firmado por el CEG, el CGV y los secretarios seccionales del sindicato petrolero en el que llamaban a no votar por el candidato de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox, acusándolo de pretender privatizar Pemex, lo cual era calificado de “traición a la patria”, por lo que alertaban a la ciudadanía, llamándola a defender “hasta con nuestra vida si es necesario” la propiedad estatal sobre el petróleo. 468
En esos mismos días se empezó a correr el rumor de que se preparaba en la próxima revisión contractual una basificación para más de 5 mil plazas de confianza para trabajadores cuyo nivel de ingreso fuera de la categoría 29 para abajo. Esta medida correspondería a la intención expresada por el nuevo director de Pemex de controlar de manera directa las operaciones financieras y administrativas, lo cual supondría un fortalecimiento vertical del control de la empresa, por lo que el sindicato retomaría su función de control sobre el trabajo en grande franjas laborales que le habían sido arrebatadas. Por el momento político y el peso decisivo que el sindicato tendría en la asignación de las plazas, la medida se prestaba a la inducción política de las preferencias electorales en los trabajadores presuntamente favorecidos hacia el candidato priísta. 469
De esta manera el sindicato puso al servicio de la campaña electoral priísta la asignación de las prestaciones negociadas con la nueva administración de Pemex, así como los propios recursos sindicales. El 3 de junio en Minatitlán, Romero Deschamps entregó en un acto multitudinario documentos de basificación a trabajadores, obras de pavimentación financiadas por la sección 10, más de 100 cheques individuales para adquisición de vivienda y puso en marcha un programa de construcción de 500 viviendas para trabajadores petroleros. También inauguró una nueva unidad habitacional y una planta de lavado para autobuses de transporte público propiedad de la sección, y anunció que desde dos días antes se había iniciado un programa de sustitución de embarcaciones petroleras con el fin de evitar el desplazamiento de tripulaciones por el cambio de barcos.
El 23 del mismo mes en Villahermosa, en un acto similar con trabajadores de la sección 44, Romero Deschamps puso en marcha otro programa de construcción de 550 viviendas, entregó cheques para compra de vivienda, puso en marcha dos campos de fútbol, dio el banderazo de salida a nuevos camiones para turismo adquiridos por la sección e inauguró la palapa más grande del país (con cupo para 3 mil personas) en el centro social de la sección. Ambos actos fueron de abierto proselitismo, con discursos del líder nacional en apoyo a Labastida y en contra del candidato panista Vicente Fox, a quien seguía acusando de pretender la venta de Pemex. En esos mismo días trabajadores de la sección 48 denunciaban el condicionamiento de los prestamos para vivienda a la firma de un documento que los acreditaba como promotores del voto priísta y a la entrega de los datos de la credencial de elector. 470
Sin embargo los resultados de las elecciones del 2 de julio favorecieron a quien Romero Deschamps había acusado de vende patrias y desnacionalizador: Vicente Fox. En una rápida reacción los integrantes del CEG y los secretarios seccionales del STPRM publicaron un desplegado de prensa el día 5 de julio en el que manifestaban su “respeto y acatamiento a la decisión de las mayorías”, y su empeño en mantener “una relación transparente con el gobierno del licenciado Vicente Fox, de cara al pueblo, basada en el respeto mutuo y la confianza en su afirmación de campaña de que su propósito no es vender Pemex”. También expresaban su interés por el fortalecimiento de la empresa, por lo que “no seremos nosotros, los petroleros sindicalizados, los que iniciemos nada que pudiera afectar su funcionamiento y desarrollo”, reiterando su confianza en que “habrá respeto a los derechos y conquistas legítimas de los trabajadores y de que serán las Leyes, nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y los acuerdos de buena fe, los que normen el trato laboral”. 471
En los siguientes días Romero Deschamps participaba en una serie de reuniones con distintas organizaciones sindicales en torno a la idea de agruparse en un frente nacional con capacidad de interlocución con el nuevo gobierno federal. El 17 de agosto, en un acto denominado “Foro La Globalización y la Reforma Laboral” convocado por el SME, inesperadamente el dirigente petrolero formó parte del presidium al lado del dirigente electricista Rosendo Flores y del líder de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), Joel López Mayrén. Ahí se precisó que no se trataba de formar una nueva central obrera, sino un punto de convergencia para reactivar alianzas “sin protagonismos ni dirigencias cupulares”. Al acuerdo estaba también convocado el SNTE y su lider Esther Gordillo, pero no la UNT, a cuyo líder y secretario general del STRM, Francisco Hernández Juárez, se acusaba de excesivo protagonismo, por lo que debería avanzarse con cuidado “para no repetir los errores cometidos” en 1995, cuando el Foro Sindicalismo ante la Nación se dividió para dar lugar a la formación de la UNT en clara oposición al Congreso del Trabajo. Insistieron en que la invitación a las direcciones nacionales de la CTM y de la FSTSE estaba abierta, dependiendo de ellas mismas su participación en un acuerdo que ya suscribían sindicatos integrantes de ambas centrales. En el mismo acto se informó que continuarían las reuniones privadas para elaborar un pronunciamiento que se haría público en los siguientes días.
El pronunciamiento anunciado se publicó en la prensa nacional el 25 de agosto y lo firmaban 21 organizaciones sindicales, entre las que destacaban el STPRM, el SNTE, el SME, la COR y la FSTSGEM. En él se planteaban una serie de propuestas agrupadas en cuatro temas. En primer lugar la reforma democrática del Estado, que debería ser resultado de una amplia e incluyente deliberación sobre federalismo, equilibrio de poderes, derechos humanos, medios de comunicación, democracia participativa, formas de consulta ciudadana, derechos de los pueblos indígenas y equidad de género; combate a la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad; y modernización productiva mediante un consenso que mantenga las conquistas laborales: carácter protector de la ley, contratación colectiva, estabilidad en el empleo, bilateralidad y derecho de huelga.
Un segundo tema se refería a la política económica, que debería garantizar el desarrollo económico armónico, sostenido y sustentable, con un equilibrio entre las diferentes ramas, cadenas y regiones productivas, con políticas públicas de promoción de empleos bien remunerados con certidumbre laboral y seguridad social; reforma fiscal integral que asegure la distribución equitativa del ingreso; protección del patrimonio nacional e inalienabilidad de las empresas públicas estratégicas; y recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios. El tercer tema se refería a la política social y se planteaba la ratificación de las obligaciones sociales del Estado para garantizar el acceso equitativo de todos a las oportunidades y satisfactores en materia de alimentación, vivienda, salud y educación, promoviendo la elevación de la calidad de vida de la población. El cuarto tema tenía que ver con la política laboral, pidiéndose respeto a la autonomía e independencia sindicales, entendidas como el derecho de los trabajadores a organizarse, a tener contrato colectivo y a elegir sus dirigentes; impulso a la corresponsabilidad de empresarios, trabajadores y sindicatos en la mejora de los procesos productivos, asegurando la preservación del empleo y la dignificación del trabajo; negociaciones bilaterales que permitan acuerdos y convenios para la flexibilidad de las condiciones laborales y para la responsabilidad ecológica.
El documento concluía pronunciándose por un sindicalismo participativo en la definición de los criterios de la política económica, que profundice la democracia, promueva la horizontalidad en la toma de decisiones, impulse el conocimiento y uso de nuevas tecnologías, defienda la libre militancia política de los agremiados y promueva la construcción de consensos; que reafirme su independencia y autonomía frente a los partidos políticos y construya alianzas ciudadanas y convergencias con los trabajadores del campo y la ciudad. También se pronunciaban por “un sindicalismo estratégico de acción múltiple, autónomo y combativo, independiente, corresponsable y propositivo, eficaz en la respuesta a sus agremiados y dispuesto a la acción pública, impulsor de cambios, transformador de prácticas y actitudes”. 472
4. El sindicato entre dos procesos electorales
Dos días después de las elecciones federales del dos de junio de 2000 se iniciaron las negociaciones para la revisión del CCT en su cláusula salarial. Entrevistado a la salida de un pleno del Congreso del Trabajo para analizar la nueva situación política nacional, Romero Deschamps informó que no había una demanda salarial específica, pero que no descartaba que el aumento fuera de 12 por ciento, como sucedía con el resto de las revisiones contractuales. Cuestionado sobre los resultados electorales, Romero Deschamps los calificó de un acontecimiento inédito que había que asumir con serenidad y reflexión para salir adelante, y anunció que la posición de la organización sindical era seguir oponiéndose a la privatización de Pemex, pero ante el nuevo gobierno “no sabemos que pasará”. 473
A finales de julio se anunció que en la revisión salarial se había pactado el 12 por ciento de aumento, tal y como lo había adelantado Romero Deschamps. Por este motivo la dirección seccional y delegacional de la sección 40 publicó un desplegado de prensa en el que expresaba su satisfacción por el aumento alcanzado “gracias a la voluntad del director de Pemex, Rogelio Montemayor y al liderazgo de Romero Deschamps”, que habían permitido al sindicato un progreso “nunca antes visto ni alcanzado”. 474
Mientras tanto la oposición sindical centraba sus actividades en torno a las próximas elecciones seccionales. Una vez conocidos los resultados de las elecciones federales, los integrantes de la ANDTP llevaron a cabo una reunión en la localidad de Macuspana, Tabasco, en donde acordaron trasladarse a la ciudad de México para entrevistarse con el presidente electo Vicente Fox para presentarle su propuesta para el desarrollo de Pemex y de los cambios que consideraban urgentes para la democratización del sindicato, entre los que destacaban aquellos que permitieran la elección de sus dirigentes nacionales y seccionales a través del voto universal, directo y secreto. Según declaró Francisco Javier Requena, dirigente de la Alianza y trabajador de la sección 44, Romero Deschamps pretendía adelantar las elecciones seccionales estatutarias de octubre a agosto próximo. En relación con la vista a Fox, el dirigente opositor dijo que “no iremos de rodillas a ver al virtual presidente electo, sino a presentar pruebas y proyectos para mejorar esta empresa paraestatal”. 475
El último día de julio representantes de 16 secciones integrantes de la ANDTP realizaron una conferencia de prensa en la ciudad de México para informar que intentaron entregar a Romero Deschamps una carta conminándolo a convocar un congreso nacional para reformar los estatutos, siendo impedidos incluso de acceder a la sede nacional del sindicato. Julio Rodríguez Velázquez, presidente de la ANDTP, informó también que interpusieron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a fin de que se cumpliera el convenio 87 relativo a la libertad de los trabajadores para elegir a sus dirigentes. Según el dirigente opositor, el contubernio de la dirección sindical con la empresa se había manifestado en tres aspectos: de 271 cláusulas que tenía el CCT a principios de 1992, solo restaban 82, además de que se introdujo la figura del “trabajador multifuncional”, con la que la empresa se reservaba el derecho de asignar tareas adicionales y mover al personal según sus criterios productivos. Otra constante fue la cancelación de plazas de base, ya que de 215 mil que se tenían en 1992, quedaban solo 75 mil, mientras que el personal de confianza, con salarios y prestaciones mayores, había subido en el mismo lapso de 17 mil a 38 mil. Todo lo anterior coincidía con el paulatino desmantelamiento de las instalaciones mediante la subrogación de servicios y asignación de obras a empresas extranjeras.
En la misma ocasión los dirigentes de la ANDTP reiteraron que buscarían al presidente electo Vicente Fox a fin de que ratificara el compromiso que adquirió al firmar el pasado 27 de junio el documento “Veinte compromisos para la libertad y democracia sindical, para el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos, y para la agenda laboral y el programa de gobierno”, cuyos principales puntos eran la democratización de los sindicatos, la libertad sindical y la eliminación de los mecanismos de control existentes. También informaron que presentarían a Fox un programa emergente para salvar la industria y el mercado petrolero nacional, elaborado junto con organizaciones de técnicos, ingenieros y otros profesionistas que laboraban en Pemex.
Días después, el 3 de agosto del 2000, la ANDTP anunció que una decena de organismos no gubernamentales y sindicatos agrupados en el Comité de Observación Independiente (COI), participarían como observadores de los comicios en las secciones petroleras del país a fin de evitar posibles fraudes. La presentación del COI estuvo a cargo de Carlos Rodríguez del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), Luz Rosales del Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD), Silvia Alonso de Alianza Cívica (AC) y Fabio Barbosa, investigador del IIE-UNAM. Ahí mismo dieron a conocer que ya habían celebrado una reunión con el miembro del equipo de transición de Vicente Fox, Rodolfo Elizondo, para solicitarles que permanecieran atentos al proceso lectoral de los petroleros. Ese mismo día el vocero del STPRM, Víctor García, descartó la intervención de observadores, toda vez que “los estatutos señalan que en las elecciones internas solo pueden participar representantes de la STPS y un notario público”.
El 10 de agosto la ANDTP realizó un plebiscito independiente en la sección 11 de Coatzacoalcos, para preguntar si estaban de acuerdo con la modificación de los estatutos para garantizar la libre competencia en el sindicato. Se instalaron 23 casillas en las paradas de los camiones, los hospitales y los conjuntos habitacionales de las familias petroleras. Participaron 6 mil 907 trabajadores que se tuvieron que identificar con credencial, de una plantilla total de 10 mil. De ellos el 93 por ciento se pronunció por el voto libre y secreto. El 17 del mismo mes, en la ciudad de México, se presentó un video que testimonia el plebiscito realizado en Coatzacoalcos. En el acto hicieron uso de la palabra el coordinador general de Alianza Cívica, Rogelio Gómez Hermosillo, el investigador del Colegio de México Sergio Aguayo y el investigador de la UNAM José Luis Manzo, quienes plantearon la necesidad de que los trabajadores de la CFE y de Pemex brindaran un informe de la situación real de ambas paraestatales, así como los nombres de los ex-funcionarios que seguían cobrando altos sueldos y una estimación pormenorizada de los costos de la corrupción, ya que ellos eran quienes mejor conocían la situación y era urgente una rendición de cuentas en este tipo de empresas. 476
Conforme la fecha para las elecciones seccionales se acercaba crecía el tono y la frecuencia con la que se realizaban declaraciones públicas acusando a la dirigencia nacional tanto de un manejo deshonesto de los recursos del sindicato, como de prácticas antidemocráticas para impedir que la oposición sindical pudiera acceder a cargos de representación. Y a esta campaña de denuncias se integró La Quina , para quién la derrota electoral del PRI en las elecciones presidenciales significó la posibilidad de abandonar el exilio forzado al que había sido condenado al fijársele como residencia obligatoria la ciudad de Cuernavaca, Morelos. También se le abrió un espacio político que de inmediato trató de aprovechar. En las próximas elecciones seccionales su hijo, el ex-diputado federal por el PRD, Joaquín Hernández Correa, encabezaba la planilla opositora en la sección 1 de Ciudad Madero, el tradicional bastión quinista . También era uno de los principales dirigentes de la ANDTP, que como se ha señalado se disponía a presentar planillas independientes en algunas de las principales secciones del sindicato petrolero.
Es en este contexto que el 7 de septiembre, y con motivo de la demanda que La Quina presentó en la JFCA para obtener el pago de la jubilación a la que tenía derecho (ver capítulo VIII.4), el viejo ex-dirigente petrolero acusó públicamente a Romero Deschamps de ser un “traidor” por haber vendido el sindicato a la empresa y solapar el despido de más de 200 mil trabajadores. Según La Quina , tanto Romero Deschamps como su antecesor en el cargo, Sebastián Guzmán Cabrera, habían utilizado el patrimonio del sindicato como botín para apropiarse de más de 2.5 billones de pesos que se tenían en cuentas bancarias, equipo agrícola y bienes inmuebles previo a su encarcelamiento. Para el ex-dirigente petrolero, Romero Deschamps había “destrozado al sindicato” quitándole todas las prestaciones sociales y económicas, desapareciendo las jubilaciones, el derecho de antigüedad y el escalafón ciego, además de haber aceptado recortes masivos de personal y “retabulaciones salariales indignas”, así como la reducción del contrato colectivo de 271 cláusulas a solo 82, por lo cual lo consideraba “un agachón”. 477
5. Las elecciones seccionales de septiembre-octubre de 2000
Las elecciones seccionales en el sindicato petrolero dieron inicio el 20 de septiembre de 2000, realizándose en cada sección en diferentes fechas durante todo un mes hasta el 20 de octubre siguiente. El mismo día en que inician los procesos electorales, trabajadores integrantes de la ANTDP entregaron al presidente electo, Vicente Fox, una carta en la que exponían presuntos desvíos financieros realizados por el dirigente nacional Romero Deschamps, a quién acusaban de “enriquecimiento ilícito”, por lo que solicitaban la realización de auditorias en las diferentes secciones sindicales, particularmente en la 35. Ese mismo día los integrantes de la ANTDP entregaron otra carta al secretario del Trabajo y Previsión Social, Mariano Palacios Alcocer, solicitando su intervención para eliminar las “prácticas antidemocráticas” en el gremio petrolero que impiden que la base de trabajadores sindicalizados pueda elegir a sus representantes sin presiones de ningún tipo.
Siguiendo con su campaña de movilizaciones y denuncias, la ANDTP realizó el 23 de septiembre un plantón frente a las oficinas nacionales del sindicato petrolero, en donde el candidato opositor a la dirección sindical de la sección 1 en Ciudad Madero, Joaquín Hernández Correa, afirmó que la lucha que habían emprendido era por “dignidad” y para exigir cuentas claras en las finanzas del sindicato. Otros dirigentes de la ANDTP presentes en el acto fueron Julio Cesar Rodríguez Velázquez, de la sección 11 de Nanchital y David Ramírez Escobar, de la sección 38 en Salina Cruz, quien una semana antes había sido liberado “por falta de pruebas” después de haber permanecido detenido por varios meses acusado de robo y despojo en contra de una gasolinera propiedad de la sección. También estuvo presente Edgar Tenorio de la sección 31 de Coatzacoalcos, que en ese momento se hallaba rescindido por supuesta negligencia laboral. Durante el plantón la ANDTP realizó una conferencia de prensa en la que los dirigentes David Montaño Concha de la sección 11 de Nanchital y Francisco de la Cruz Reyes de la sección 14 de Ciudad Pemex, demandaron el cese a la represión en contra de los trabajadores que pedían la realización de elecciones libres sin necesidad de poner los nombres y número de registro en las boletas utilizadas para sufragar, por lo que hacían un llamado al Poder Legislativo y a la sociedad civil para intervenir en el logro de una normalidad democrática en el sindicato petrolero. 478
Aunque la formación de la ANDTP constituía el esfuerzo más importante para establecer un amplio frente opositor con posibilidades reales de disputar las direcciones de las diferentes secciones petroleras, aún así no logró integrar a todas las expresiones disidentes existentes en el sindicato, por lo que el esfuerzo de movilización y denuncia se dividió en múltiples acciones que si bien tenían el mismo objetivo perdían eficacia por el aislamiento en que cada una de ellas se realizaba. Un día después del plantón de la ANDTP en la sede nacional del sindicato, otro grupo opositor de la sección 38 de Salina Cruz, encabezado por Raymundo de la Rosa, Victor Hugo Noguchi y Joel Rojas, se presentaron en la Cámara de Diputados para denunciar las maniobras de coacción por parte de la dirección oficialista para impedir que la renovación seccional se realizara mediante el voto secreto. A su vez el día 28 de septiembre dos diferentes candidatos opositores a la dirigencia de la sección 34 del Distrito Federal, realizaron declaraciones en torno al proceso electoral. También Armando Díaz López, candidato de la opositora Unión Democrática Sindical en la misma sección 34, solicitó la intervención de las organizaciones civiles de derechos humanos para que participaran como observadores en el proceso electoral.
El mismo día el coordinador nacional de comunicación social del Frente Nacional Petrolero (FNP), Raúl Romero Maldonado, solicitó al máximo dirigente de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine, que convocara a todas las fuerzas presentes en el sindicato petrolero: el FNP, el MNP, la ANDTP y a la directiva nacional, para establecer un foro de acuerdos resolutivos “que sentara las bases para una elección realmente democrática”. Según el vocero del FNP, esta organización postulaba candidatos a las direcciones de las 36 secciones sindicales y proponía que a más tardar a mediados del próximo diciembre se realizaran nuevas elecciones de la dirección nacional, para las cuales proponían la candidatura de su coordinador general, Leopoldo Alvarez Hernández. 479
El 29 de septiembre de 2000, en una de las primeras sesiones de la nueva legislatura, el diputado del PAN, Francisco Hugo Gutiérrez, subió a la tribuna para demandar la democratización del sindicato petrolero, la trasparencia en las elecciones internas y la no intromisión de la empresa en aspectos sindicales. inmediatamente Carlos Aceves del Olmo, del PRI, tomo la palabra para acusar a los panista del “patroncitos que llegan ahora a ser diputados, cuando fueron los que mataron a los trabajadores de Cananea y Río Blanco”. También el diputado petrolero por el PRI, Roque Joaquín Gracia Sánchez, intervino en tribuna para precisar que las leyes laborales establecían el derecho a la autonomía sindical para realizar sus procesos electorales sin intervención externa, pero que no les extrañaba las acusaciones de los panistas ya que conocían su intención “de que sean los patrones los que alcancen los mayores beneficios de su inversión, aun a costa de la explotación y la pobreza de los obreros”. Por su parte Alejandra Barrales, líder del sindicato de sobrecargos y diputada por el PRD, planteó que era necesaria la democratización de los sindicatos, “pero no se vale vulnerar la autonomía sindical”, con lo cual pareció que la posición de su partido pretendía mantenerse en una situación intermedia, más bien ambigua. Por parte del PAN el diputado Cesar Nava respondió a las acusaciones contra su partido, señalando que no era ellos quienes habían inventado “los vicios denunciados, porque ellos surgieron desde 1929 con el encumbramiento de los líderes sindicales”. 480
Conforme pasaban los días aumentaban las denuncias sobre diversas irregularidades sucedidas en los distintos procesos electorales en las secciones. El 2 de octubre el coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Carlos Rodríguez, informaba que en las secciones 1 de Ciudad Madero, 14 de Macuspana y 46 de San Martín Texmelucan, no se habían publicado las convocatorias correspondientes, pese a que por estatutos deberían difundirse 20 días antes de la celebración de elecciones, mientras que en la 35 de Tula y el Distrito Federal se realizaba una campaña de hostigamiento de los jefes de área en contra de las planillas opositoras, al mismo tiempo que en la 24 de Salamanca se habían realizado “supuestas elecciones” durante el horario de trabajo. 481
Al mismo tiempo el candidato de la ANDTP a la secretaría general de la sección 46 de San Martín Texmelucan, David Robledo Arias, en rueda de prensa exigió “a los altos mandos de Pemex” la destitución o, en el mejor de los casos, la jubilación del candidato oficial Luis Roberto Castro Lozada, quien durante más de 30 años había ejercido un férreo cacicazgo sobre la sección, beneficiándose del control sobre los recursos económicos sindicales, lo cual había dado lugar a una demanda judicial en su contra por un desfalco de seis mil 800 viejos pesos en perjuicio de la sección, misma que no había tenido ninguna consecuencia por la protección de que gozaba, tanto por parte de la directiva sindical nacional, como de altos funcionarios del gobierno federal. Según el candidato opositor, Castro Lozada había encarcelado injustamente a trabajadores que habían demostrado su descontento y ordenado la jubilación anticipada de muchos más. 482
Mientras tanto en la ciudad de Villahermosa trabajadores de las secciones 14, 26, 29, 44 y 48, encabezados por los candidatos independientes de las respectivas secciones, iniciaron una huelga de hambre un día antes de la celebración de las elecciones programadas para el 3 de octubre. Según informaron a la prensa Manuel Camacho Medina y Carlos Samaniego, candidatos de las secciones 44 y 48 respectivamente, la acción realizada era para demandar la suspensión de las elecciones en vista de que no existían “garantías para el voto secreto”. Los candidatos opositores acusaron al dirigente nacional del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, de coludirse con el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, para imponer a sus incondicionales y garantizar la utilización de dinero del sindicato para la compra de votos en favor del aspirante priísta a la gobernatura, Manuel Andrade Díaz, en las elecciones estatales a realizarse el siguiente 15 de octubre, dos semanas después de las elecciones seccionales. Según afirmaron los trabajadores disidentes, las elecciones se realizarían con boletas en las que deberían de anotarse el nombre y ficha del sufragante, con lo que se presionaría a votar por los candidatos oficiales con la amenaza de que hacer lo contrario provocaría la rescisión de los contratos laborales de los involucrados. 483
Conforme se realizaban los distintos procesos electorales se empezaban a conocer diversas irregularidades. Así en la sección 44 se informaba que la contienda se desarrolló en medio de un ambiente hostil que dio por resultado un enfrentamiento violento entre trabajadores de bandos distintos y el cierre de dos de las cinco casillas, con lo que se impidió el ejercicio del voto a cientos de trabajadores. También se reportaron actos de violencia en las secciones 46, 48 y 52. En la sección 24 de Salamanca el vocero de la planilla opositora Coalición Sindical, Armando Ruiz Villalón, informó que durante la celebración de los comicios se impidió a los observadores independientes permanecer en las proximidades de las urnas dentro de las instalaciones de Pemex, además de que funcionarios sindicales se dedicaron a intimidar a los trabajadores votantes para impedir que se manifestaran por la oposición. En esta sección se logró que los votos fueran válidos aún y cuando el trabajador hubiera omitido consignar en las boletas su nombre, número de fichas y área de trabajo, cuestión que no se respetó en el resto de las secciones. Otras secciones en las que se reportaron presiones de los funcionarios sindicales sobre los trabajadores en el momento de emitir su voto fueron la 11, 22, 44, 47 y 52. En la sección 11, ante el cúmulo de irregularidades, las planillas opositoras Frente Democrático Petrolero y Grupo Orientación Renovador, decidieron retirarse del proceso argumentando múltiples irregularidades. También se informó del retiro de planillas opositoras en las secciones 22, 26 y 47, mientras que en la 35, 39 y 46 se firmaron las actas del proceso bajo protesta.
Una vez terminados los procesos electorales, la documentación de las irregularidades corrió a cargo de organismos como el Cereal y el Comité de Observadores Independientes (COI). Según el primero de estos organismos, las principales irregularidades tuvieron que ver, por una parte, con la violación a los estatutos sindicales al no haber existido 20 días entre la emisión de las convocatorias y los procesos electorales en las secciones, con lo cual las planillas opositoras contaron con poco tiempo para hacer proselitismo. Otro aspecto que afectó a la oposición fue la “inequidad” en el acceso a los centros de trabajo entre candidatos oficiales y disidentes. Para el COI el proceso fue profundamente antidemocrático al haberse impedido el ejercicio del voto secreto. También se hizo hincapié en los obstáculos presentados por las direcciones oficialistas para impedir las labores de observación independiente, lo cual restó aún más legitimidad a los procesos electorales. 484
Los resultados de las elecciones fueron los mismos que en ocasiones anteriores: los candidatos oficialistas ganaron en todas las secciones. Cinco días después de concluidos los comicios, Romero Deschamps y el presidente del Consejo General de Vigilancia del sindicato petrolero, Manuel Limón Hernández, publicaron en la prensa nacional un desplegado en el que presentaban un cuadro general de los resultados oficiales por secciones. De acuerdo a esto, en las elecciones votaron en total el 81.41 por ciento (66793) de los trabajadores sindicalizados registrados en el padrón electoral (82040). Del total de votos emitidos, los candidatos oficialistas obtuvieron el 79.56 por ciento (53141), mientras que a los candidatos opositores se les acreditó el 18.88 por ciento (12611).
En 10 de las 36 secciones los candidatos oficialistas no tuvieron ningún contendiente opositor, mientras que en nueve secciones la oposición se agrupó en torno a un solo candidato, aunque solo en la sección 42 la candidatura opositora única fue realmente competitiva perdiendo por una diferencia mínima. En las restantes 17 secciones la oposición se dividió presentándose de dos a seis diferentes candidatos en contra de las propuestas oficialistas, aunque solo en cuatro secciones la suma de los votos opositores fragmentados en distintas candidaturas superaron los obtenidos por los candidatos ganadores. Así sucedió en las secciones 45 y 22 (cuatro candidatos opositores), 26 (tres candidatos opositores) y 29 (dos candidatos opositores). El candidato opositor que obtuvo el mayor número de votos a su favor fue el hijo de La Quina , Joaquín Hernández Correa, en la sección uno (aunque se presentaron otros cinco candidatos de oposición que sin embargo obtuvieron una votación mínima que no afectó el resultado total), pero la diferencia con el candidato ganador fue muy amplia.
6. Conclusiones
Desde las elecciones federales de 1997 la insurgencia electoral tuvo avances importantes en la mayoría de los municipios petroleros en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, lo que animó a las diferentes corrientes opositoras en el sindicato petrolero a intentar la unificación de fuerzas para disputar a la coalición oficialista las direcciones seccionales. Este esfuerzo de coordinación opositora se realizó en el contexto del progresivo debilitamiento de la maquinaria electoral del partido oficial que tendría su conclusión en el triunfo de la candidatura presidencial de Vicente Fox en julio de 2000. Sin embargo los avances electorales en la competencia partidaria por las diputaciones federales, las diputaciones estatales, los ayuntamientos municipales y, finalmente, por la Presidencia de la República, no tuvieron su correlato en la disputa sindical, en donde el aparato oficial logró mantener todas las direcciones seccionales, tanto en los procesos electorales sindicales de 1997, como en los de 2000.
Esta paradójica situación de avance en la contienda partidaria y estancamiento en la alternancia sindical puede explicarse por la conjunción de una serie de situaciones. En primer lugar, por el mantenimiento de disposiciones estatutarias que históricamente han impedido que las preferencias electorales de los trabajadores petroleros se puedan manifestar de manera abierta y democrática. La dirección oficialista siempre ha contado con diversos mecanismos de seguridad que le brindan un amplio campo de maniobra para impedir la expresión de posiciones disidentes, desde los procedimientos de votación, las condiciones de realización de las asambleas electorales, la utilización de transitorios y trabajadores no sindicalizados habilitados como votantes, el uso de grupos de choque y el reparto de bebidas alcohólicas durante los procesos comiciales, así como la amenaza de utilizar la cláusula de exclusión en contra de los trabajadores disidentes.
Un segundo aspecto que también ha jugado en contra del avance opositor tiene que ver con la constante amenaza de desempleo que pende sobre los trabajadores petroleros por lo menos en los últimos diez años. En comparación con otros trabajadores industriales y de servicios en el país (quizá con la excepción de electricistas y telefonistas), los trabajadores de Pemex han gozado de condiciones favorables, no solo en lo que se refiere a los niveles salariales, sino también por el conjunto de prestaciones contractuales, que incluye servicios médicos exclusivos para los familiares, créditos para la vivienda, becas para los hijos de trabajadores, vales de consumo, etcétera. Aún y con los recortes contractuales que se han hecho en los últimos años, el nivel de vida de los trabajadores petroleros de base se coloca por encima del de la gran mayoría de la población laboral. Por esto, en un ambiente de crisis económica como el que ha vivido el país en los últimos veinte años, el trabajador petrolero es particularmente sensible a la amenaza de desempleo provocada por los constantes recortes de la plantilla laboral realizados por la empresa, lo cual ha sido aprovechado por las direcciones oficialistas para mantener la disciplina electoral en los procesos sindicales. Por contraste en las elecciones estatales y federales, que cuentan con garantías de respeto al voto secreto, la disciplina electoral al partido oficial ha ido permanentemente en descenso.
Otro aspecto que ha impedido que el trabajador petrolero de base pueda manifestar abiertamente su apoyo a las posiciones disidentes en el sindicato, ha sido la permanente división que ha privado entre las organizaciones sindicales opositoras. Por una parte las alianzas con el Movimiento Nacional Petrolero (MNP) se han dificultado por el papel excesivamente protagónico de su dirigente Hebraicas Vázquez, así como la militancia de esta organización dentro del partido oficial. A partir de 1997 dentro del MNP se agudizan las diferencias con su organización filial Frente Nacional Petrolero (FNP), encabezada por Jorge Fuentes García, que empieza a actuar de manera independiente. Por otra parte en el mismo año de 1997, y en vísperas de las elecciones seccionales, una serie de corrientes locales de las secciones petroleras de la zona sur cercanas al Partido de la Revolución Democrática (PRD), acuerdan formar una coordinación denominada Alianza Democrática Zona Sur Sureste (ADZSS) que fracasa en su intento de lograr planillas únicas en las elecciones sindicales.
Más de un año después la ADZSS se convierte en la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP) que incluye también a contingentes opositores de distintas secciones de las zonas norte y centro del sistema petrolero. Aún y cuando esta nueva coalición opositora desarrolla una intensa campaña nacional de movilización y propaganda con vistas a las elecciones seccionales del año 2000, no logra vencer la desconfianza con la que era vista por importantes grupos locales de trabajadores, quienes no aprobaban acciones consideradas como demasiado radicales, sobre todo aquellas que, particularmente en la zona sur, desembocaban en enfrentamientos violentos. Esta situación, junto con las divisiones políticas entre las distintas corrientes internas en el PRD, y entre estas y otros agrupamientos ligados al Partido del Trabajo (PT), Convergencia Democrática (CD) y el Partido Acción Nacional (PAN), impiden la formación de planillas opositoras únicas en las elecciones seccionales, con el resultado de que los candidatos oficialistas vuelven a imponerse en todas las secciones petroleras.
En el fortalecimiento del liderazgo de Romero Deschamps tuvo un peso considerable el papel que el líder petrolero desempeñó, tanto en el proceso de designación del candidato del partido oficial a la Presidencia de la República, como en la campaña electoral para los comicios federales de julio de 2000. El progresivo debilitamiento del aparato electoral priísta se mostró de manera clara en las elecciones federales de 1997 cuando, por primera vez desde su fundación en 1929, el partido oficial perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. La voz de alarma cundió en toda la estructura del poder político al hacerse evidente que, ante el avance de la insurgencia electoral, se encontraba en peligro la pieza fundamental del sistema de dominación priísta: la Presidencia de la República. Esta coyuntura es aprovechada por Romero Deschamps para pactar con la administración federal encabezada por Zedillo un acuerdo de mutuos beneficios ante la situación de crisis que se prefiguraba en el panorama político nacional.
Durante el conflicto de la industria petroquímica de 1994-1996 el líder petrolero ya había demostrado la capacidad de movilización y convocatoria del STPRM, que obligó al gobierno federal a dar marcha atrás en sus pretensiones privatizadoras. Ahora se trataba de cerrar filas en torno al candidato a la Presidencia designado por la élite tecnocrática para poder enfrentar, tanto a la oposición interna –encabezada claramente por el gobernador priísta de Tabasco, Roberto Madrazo-, como a la oposición externa –encabezada por el gobernador panista de Guanajuato, Vicente Fox, y por el Jefe de Gobierno perredista en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas. El activismo electoral del sindicato petrolero mostró su eficacia en los comicios internos del PRI, ayudando al triunfo del candidato oficial, Francisco Labastida. Una vez definida la candidatura priísta, Romero Deschamps procedió a cobrar su colaboración.
El primer pago consistió en la renuncia del director de Pemex, Adrián Lajous y su sustitución por el ex-gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor. En esta renuncia coincidían los intereses de la tecnocracia gubernamental con los de la burocracia sindical petrolera. Lajous era un funcionario que había desarrollado su carrera dentro de la administración de Pemex hasta llegar a ocupar la dirección general desde los inicios del sexenio encabezado por Zedillo. A partir de 1997 la visión de Lajous respecto a la política petrolera comenzó a confrontarse con la visión “macro financiera” de los nuevos responsables de las secretarías de Energía y Hacienda, Luis Téllez y José Angel Gurría, respectivamente. Los aspectos de diferencia consistían fundamentalmente en la postergada reconversión de las plantas de refinación y petroquímicas, la privatización de los servicios de distribución y producción de electricidad mediante gas natural, y la modificación del régimen fiscal de Pemex y su separación del presupuesto federal.
Con respecto al sindicato los puntos de conflicto se referían fundamentalmente a los límites impuestos a la participación sindical en los contratos para obras de mantenimiento y expansión. Por otra parte, durante el conflicto de la petroquímica, las principales acusaciones de Romero Deschamps no se dirigieron –por supuesto- al presidente Zedillo, sino al director de Pemex. También se habían restringido las aportaciones que tradicionalmente realizaba la empresa para los gastos de proselitismo en los procesos electorales, cuestión que incluso fue reafirmada públicamente por Lajous durante el proceso interno para la selección del candidato priísta a la Presidencia de la República. El disgusto del sindicato con Lajous se expresó en una campaña de constantes denuncias públicas en contra de la dirección de la paraestatal por malos manejos administrativos y uso discrecional de los recursos de la empresa en beneficio de los altos mandos gerenciales. La renuncia de Lajous se llevó a cabo días después de que el PRI decidiera formalmente la candidatura en favor de Francisco Labastida, por lo que la campaña electoral federal se pudo iniciar con la certeza de que Pemex no opondría obstáculos y apoyaría plenamente la realización del “trabajo político” de su sindicato en apoyo del candidato priísta a la Presidencia de la República.
El segundo pago consistió en el reconocimiento oficial a la reelección de Romero Deschamps al frente del sindicato en febrero de 2000, mediante una sorpresiva maniobra que adelantó casi ocho meses la Convención Nacional Ordinaria del STPRM, con lo cual se evitó que la oposición sindical pudiera al menos presentar una candidatura alternativa a la dirección del gremio. Poco días después el PRI formalizaba una serie de candidaturas de dirigentes petroleros oficialistas a distintos puestos de representación popular, encabezados por Romero Deschamps, propuesto a la Cámara de Diputados; el tesorero del CEG y líder de la sección 40, Ricardo Aldana Prieto, propuesto al Senado de la República; y el ex–presidente del Consejo General de Vigilancia del CEG y líder de la sección 10, Pablo Pavón Vinales, propuesto a la presidencia municipal de Minatitlán, Veracruz. Estos dos últimos dirigentes eran al mismo tiempo representantes del sindicato al Consejo de Administración de Pemex. Con estas medidas, la cúpula sindical petrolera quedaba protegida ante la posible derrota de la candidatura presidencial priísta en julio de 2000.
SEGUNDA PARTE
LOS CONFLICTOS EN LAS SECCIONES SINDICALES PETROLERAS
ZONA NORTE
XI. Sección 1 de Ciudad Madero, Tamaulipas
Bastión fundamental del poder quinista desde 1959 cuando Joaquín Hernández Galicia es electo secretario general seccional y dos años después, resultado del acuerdo de rotación triseccional 485 , designado secretario general del STPRM. Desde entonces La Quina propone un programa político basado en la tradición solidarista anarco-sindicalista de Tampico – Ciudad Madero mediante la creación de tiendas para trabajadores ligadas a unidades productivas de artículos de consumo popular, cajas de ahorro y empresas de todo tipo. Este programa de obras sociales –que desde los años sesenta La Quina denominó como “revolución obrera”- fue financiado inicialmente con los recursos que desde 1947 obtenía el sindicato de su papel como contratista o intermediario con empresas privadas para la realización de obras productivas en Pemex. En 1971 se incluye en el CCT la obligación de la empresa de aportar recursos económicos a las secciones para la creación de cooperativas, tiendas y unidades agropecuarias e industriales. También se generaliza el uso obligatorio de la “militancia sindical” o trabajo no remunerado de trabajadores y familiares para la obtención de plazas de trabajo definitivas o transitorias, o para tener acceso a fondos de ahorro y préstamo, vivienda y servicios de salud.
En 1977, en el inicio del boom petrolero, se otorga a la Comisión Nacional de Contratos del sindicato la prerrogativa de manejar el 40 por ciento de los contratos de perforación terrestre, mientras que Pemex otorga contratos sumamente ventajosos a empresarios ligados al sindicato. Ese mismo año se crea expresamente para La Quina el cargo de Director de Obras Revolucionarias, Sociales y Políticas del STPRM, encargado de administrar el Fondo de Obras Sociales. En 1980 se otorga al sindicato la concesión de derechos de comercialización de los remanentes de petróleo producto de los derrames y “asientos” de los tanques de almacenamiento o gasolina “slop”, que es vendida a empresas estadounidenses.
En su cargo La Quina mantuvo desde Ciudad Madero un contacto permanente con los comités seccionales integrados en los proyectos de obras sociales a través de financiamientos manejados centralizadamente. En esos mismos años de expansión petrolera al sureste del país las nuevas plazas de trabajo en las viejas y nuevas secciones sindicales fueron copadas por cientos de trabajadores designados por la corriente quinista y provenientes de Ciudad Madero y de otras secciones de la zona norte. El gran programa de obras de beneficio social se realizaba con una amplia discrecionalidad en el manejo social, político y privado de los recursos que permitía premiar a los aliados y castigar a los enemigos con cargos de corrupción o con acciones de violencia.
El control quinista sobre el aparato sindical se apoyaba también en disposiciones estatutarias que permitían amplias posibilidades de manipulación de los sistemas electorales por parte de las direcciones seccionales y nacionales, en una política contractual de defensa de condiciones laborales y salariales por encima de otros trabajadores industriales, y en una cercana relación de La Quina con los presidentes de la República, particularmente Echeverría y López Portillo, que le daba un escudo de inmunidad en el manejo de los asuntos sindicales.
Esta situación se empieza a modificar a partir de 1982 con la crisis de los precios del petróleo y la llegada al gobierno del nuevo grupo de tecnócratas neoliberales encabezados por Miguel de la Madrid con su discurso de “renovación moral”, que toma a la corrupción en la industria petrolera como uno se sus temas centrales involucrando a La Quina y al ex director de Pemex (y en ese momento senador) Jorge Díaz Serrano, a quien se le fincó juicio penal, se le desaforó de su cargo parlamentario y se le encarceló en 1983. Un año después de manera sorpresiva se reforma la Ley de Obras Públicas eliminando la adjudicación de contratos, la cesión a terceros y la subcontratación, al mismo tiempo que se suspendió el pago al sindicato del dos por ciento de las obras contratadas.
La respuesta del grupo de Ciudad Madero fue en primer lugar reforzar el control político en el sindicato y las secciones, negociando con las fuerzas locales e impidiendo la formación de liderazgos regionales fuertes. En cuanto a la dirección nacional, desde 1979 se había ampliado el período del Comité Ejecutivo General (CEG) de tres a cinco años, por una sola vez y cuando correspondía encabezarlo a la sección 1 con Salvador Barragán Camacho. En 1984 y con el argumento de una situación de emergencia ante la ofensiva gubernamental, se altera por primera vez desde 1939 la rotación triseccional para que la sección 1 se mantenga al frente del CEG, ahora con José Sosa Martínez. En 1987 se modifican los estatutos para ampliar de tres a seis años la gestión del CEG siendo nombrado (por tercera ocasión, la primera fue en 1970) Barragán Camacho al frente del sindicato para el período 1988-1994.
Otras acciones estratégicas realizadas por el grupo de Ciudad Madero consistieron, por una parte, en encabezar la defensa del monopolio estatal en la industria petrolera ante las intenciones privatizadoras del grupo gobernante, lo cual permitió a La Quina situarse dentro del ala nacionalista revolucionaria del PRI y desde ahí realizar duras críticas a la política económica del gobierno federal. En las elecciones federales intermedias de 1985 el quinismo promueve de manera encubierta el voto plurinominal a favor del PST. En las elecciones presidenciales de 1988 Salinas de Gortari pierde en casi todos los distritos petroleros en favor de Cuahutémoc Cárdenas, mientras la mayor parte de los candidatos propuestos por el STPRM al Congreso de la Unión ganan su representación. Unos días antes, en un acto de campaña, Salinas había amenazado: “las alianzas políticas que se hacen con mi partido tendrán una respuesta positiva en los hechos, ..las que se hacen contra mi partido tendrán que atenerse a las consecuencias”. 486
La sección 1 agrupaba en 1982 a 8 mil 248 sindicalizados y 3 mil transitorios que laboraban en la refinería "Francisco I. Madero", la terminal marítima y el hospital en Ciudad Madero, Tamaulipas., así como en la delegaciones Ébano, en San Luis Potosí, Barra de Tuxpan, Veracruz, Cadereyta en Nuevo León y la oficina aduanal en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 487 Después del encarcelamiento de La Quina la sección es dividida en febrero de 1989 creándose las secciones 49 de Cadereyta y la 51 de Barra de Tuxpan, mientras que la delegación Ébano pasa a formar parte de la sección 3. A partir de entonces la sección abarca a los trabajadores de la zona de Ciudad Madero, que en marzo de 1992 sumaban 7 mil 600 sindicalizados y 1 mil 500 transitorios.
1. Resistencia quinista y violencia oficialista
En cuanto se enteraron de la detención de La Quina el 10 de enero de 1989, los trabajadores de la refinería de Ciudad Madero abandonaron inmediatamente las labores para concentrarse en la explanada del sindicato y declararse en "Asamblea Permanente de Protesta" por tiempo indefinido, esto es, hasta que La Quina la concluyera después de haber sido excarcelado. Se vivió en la ciudad una situación de gran tensión ante la intervención del ejército y la policía federal en la detención de los dirigentes petroleros así como la vigilancia militar en las instalaciones petroleras. El presidente municipal de Ciudad Madero, Cirilo Juárez Salierna, se encerró en sus oficinas ante el temor de ser detenido. Horas después se anunció la destitución y posterior sustitución de los jefes policíacos y de algunos funcionarios judiciales de la localidad al mismo tiempo que arribaban a la misma diversos funcionarios federales encargados de levantar actas administrativas y notariales en contra de los trabajadores que habían suspendido las actividades laborales. Por la noche se conocieron las instrucciones del CEG reunido en la ciudad de México para terminar con los paros y llevar la lucha por la liberación de los líderes petroleros presos por medios legales.
El día siguiente a las 10 de la mañana -24 horas después de iniciado el paro- se reanudaron las labores en la refinería, aunque la vigilancia militar continuaría por varios días más. Antes de la reapertura de las instalaciones, los trabajadores acordaron mantener la Asamblea Permanente de Protesta y durante seis días la población en número importante acudió a reforzar la concentración de los petroleros, formándose en los hechos un movimiento de resistencia civil frente al golpe de la autoridad estatal
La movilización en Ciudad Madero durante estos días también sirvió de apoyo a la pretensión del CEG quinista de nombrar -violando los estatutos mediante una maniobra sorpresiva la noche del 11 de enero- al senador Ricardo Camero Cardiel como secretario general interino del sindicato. Sin embargo el gobierno federal ya tenía decidido imponer al frente de los petroleros al ex líder de la sección 10, Sebastián Guzmán Cabrera (SGC), así como los pasos a seguir para lograrlo eficazmente. Por lo pronto la STPS le negó el reconocimiento a la propuesta del CEG porque violaba los estatutos que señalaban al secretario del Interior, José Meléndez Maranto, para ocupar el máximo cargo sindical provisionalmente. El mismo día de la detención de La Quina SGC fue reconvertido de jubilado a trabajador en activo, al día siguiente fue nombrado secretario general de la sección 10, y un día después –el 13 de enero- los dirigentes de las siete secciones petroleras del sur de Veracruz se pronunciaron en un desplegado de prensa por SGC para ocupar la secretaria general
El 16 de enero, al mismo tiempo que en la ciudad de México la STPS extendía reconocimiento legal (toma de nota) a Meléndez Maranto como líder nacional sustituto, se realizó en el centro de convenciones de Ciudad Madero conocido como el quinódromo una asamblea de 15 mil trabajadores de las secciones 1, 33 y 21 en la que estuvieron presentes los secretarios de las siete secciones de la zona norte. En esta asamblea se acordó dirigir una carta pública al presidente Salinas y a Fidel Velázquez, firmada por los dirigentes de las secciones 1 de Ciudad Madero (J.J. García Rodríguez); 3 de Ébano (E. Ordaz Ortiz); 13 de Cerro Azul (S. Mar Casados); 21 de Camargo (F. Cortés Valadez); 25 de Naranjos (G. García García); 33 de Tampico (G. Méndez Izeta); y 36 de Reynosa (D. Villalobos López); así como representantes de dos secciones de la zona sur: la 42 y la 47 en Ciudad del Carmen. En la carta se establecía: 1) la ratificación del pacto público que los dirigentes nacionales hicieron con CSG en la “visita de salutación por el año nuevo” del 3 de enero de 1989; 2) la ratificación de su militancia en la CTM y el PRI; 3) su solidaridad con los postulados hechos por el presidente Salinas durante su campaña respecto a la nacionalización del petróleo; 4) la demanda de cese del terrorismo político en contra de los dirigentes seccionales para que, de acuerdo a los estatutos del sindicato, pudieran elegir, por decisión mayoritaria de las secciones del sindicato, a sus nuevos dirigentes nacionales.
La carta pública y el acto de masas en Ciudad Madero ayudaron a que la CTM definiera la situación. Después de una reunión en el local de la Confederación en la ciudad de México, tanto el senador Camero como los dirigentes seccionales de la zona norte y centro del país decidieron dar marcha atrás y reconocer a Meléndez Maranto como secretario general interino 488 . Un día después, el 18 de enero, se levantó la Asamblea Permanente de la sección 1 con gran inconformidad de los trabajadores que consideraban que con esto se abandonaba la defensa política de La Quina y se apoyaban las acciones del gobierno federal en contra de la dirección sindical petrolera. El descontento de los trabajadores presionó para que la dirección de la sección 1 fuera la única en no firmar un nuevo desplegado de prensa del 23 de enero en el que los secretarios de todas las secciones apoyaron la candidatura de SGC a la secretaría general del sindicato petrolero. Con esto la sección 1 aparece como núcleo activo de resistencia quinista.
En la Convención Nacional petrolera realizada los días 2 y 3 de febrero de 1989 se formalizó la designación del nuevo CEG del STPRM y se inició una ofensiva en contra de la sección 1. En primer lugar aprobándose ahí la separación de la sección 1 y las delegaciones de Cadereyta, Barra de Tuxpan y Ébano. En segundo lugar, el 9 de febrero el CEG anunció que se realizaban auditorias en la Central de Abastos en Ciudad Madero (desde donde se distribuían productos a todas las secciones), la Comisión Nacional de Contratos, y la Dirección Nacional de Obras Sociales y Revolucionarias (granjas, tiendas y diversos negocios). En tercer lugar, semana y media después, el 21 de febrero, el CEG del STPRM de manera unilateral informó en la ciudad de México la renuncia del secretario general de la sección 1.
En Ciudad Madero de inmediato se realizó una asamblea general extraordinaria para ratificar a Juan José García Rodríguez como secretario seccional. Ahí mismo se acordó elaborar una carta abierta dirigida al presidente Salinas de Gortari en la que se denunciaba a SGC por haber ordenado renuncias y jubilaciones de dirigentes sindicales sin consentimiento de la base trabajadora violando los estatutos y autonomía de cada sección, siendo el caso más importante el de la sección 1. También acusaron a SGC de amenazas y lo responsabilizaron de cualquier agresión física y moral en contra de los integrantes de la sección.
Continuando con la ofensiva el 26 de febrero se publica un desplegado firmado por el CEG, la Comisión Nacional de Vigilancia y los secretarios generales de las secciones, en el que se denuncia "al grupo que aún está apoderado de la sección 1" encabezado por García Rodríguez y Gilberto López Quintero (presidente de la Comisión Local de Vigilancia) a quienes se califica como “guardianes quinistas encargados de impedir que se conozcan las cuentas de la sección 1”. 489 El 9 de marzo el CEG del STPRM anunció el desconocimiento de la directiva seccional y la designación de Antonio Treviño Blanco como nuevo secretario general sustituto. 490
La respuesta local fue otra asamblea general extraordinaria realizada el 14 de marzo con la asistencia de nueve mil trabajadores en donde se desconoció al secretario designado y se eligió un nuevo comité ejecutivo seccional encabezado por Emilio Romero Espinosa. También se decidió reforzar la vigilancia sobre el local sindical a fin de evitar que fuera tomado por personas enviadas desde la dirección nacional. Cuatro días después el nuevo comité seccional publicó un desplegado dirigido al presidente Salinas denunciando la "fobia" con la que SGC se proponía terminar con todas las obras realizadas por La Quina en Ciudad Madero y la "congelación" de los fondos económicos de la sección. 491 El conflicto en Ciudad Madero había pasado de la protesta por la detención de los dirigentes nacionales a la lucha por el control seccional.
En conferencia de prensa el día 13 de abril, SGC informó de una denuncia presentada la víspera en la PGR en contra del grupo quinista -"que tiene al frente a José Encarnación Posadas, ex-secretario seccional ya jubilado"- a quien acusó de "sembrar el terror en Ciudad Madero". También dijo que el secretario general designado en la Sección 1, Antonio Treviño Blanco, y el coordinador político de la misma, Antonio Torres, "nos expresaron su preocupación y angustia porque el edificio sindical fue `abarrotado´, es decir, le pusieron barrotes a puertas y ventanas, y denunciaron que hay armas dentro". Aseguró que el grupo estaba constituido "por conocidos pistoleros, agitadores, porros que ya antes habían sembrado el terror en el sector petrolero y ahora se siguen metiendo al sindicato, la refinería, la terminal marítima y a bordo de vehículos trataron de atropellar a los actuales dirigentes amenazándolos además de muerte". Según SGC, entre los agresores se encontraban Antonio Herrera, Noé del Angel Barrón, los abogados Mario Villalobos, Gilberto López Quintero, Javier Martínez "El Pollín" y Victorino López. 492
El día 20 de abril de 1989, SGC ofreció otra conferencia de prensa en la que dijo que pedirían a la PGR que agilizara el trámite de la denuncia contra el grupo quinista que tenía tomado el local sindical en Ciudad Madero. La denuncia era por daños en propiedad federal, acopio de armas y fraude a la sección por 10 mil millones de pesos. También declaró que existía el peligro de que estallara la violencia en Ciudad Madero "ya que el grupo de quinistas que tiene ocupadas las instalaciones de la sección 1 busca cada vez más los enfrentamientos con los obreros de Pemex y con la población tamaulipeca", además de que había agredido al comité ejecutivo local designado. 493 Tres días después el coordinador político de la zona norte, Antonio Torres Zárate, dio a conocer que el secretario general nombrado por los trabajadores de la sección 1, Emilio Romero Espinosa, “fue jubilado con fecha 10 de abril de 1989” (es decir unos días antes) y se le había comunicado mediante oficio que quedaba retirado de las funciones sindicales que venía desempeñando. Asimismo denunció que la gerencia de la zona norte de Pemex hasta el momento había reconocido la existencia de dos secretarios generales en la sección 1, lo cual era "ilógico" toda vez que el CEG solo reconocía al secretario seccional designado, Antonio Treviño Blanco.
En respuesta a las acusaciones y denuncias planteadas por la dirección nacional el 24 de abril se publicó en la prensa nacional un desplegado dirigido al presidente Salinas de Gortari en el que el comité seccional encabezado por Romero Espinosa solicitaba su intervención para evitar un enfrentamiento con los "porros del Tecnológico" que apoyaban al secretario seccional impuesto Treviño Blanco, afirmando que existía un total rechazo en los centros de trabajo al funcionario sindical "nombrado por oficio" y “sus golpeadores” acusándolo también de “deshonesto, vicioso e inmoral”. También se denunciaba que SGC había iniciado “una era de terror y represión” contra los trabajadores petroleros jubilando arbitrariamente y cancelando los recobros de inversiones en actividades que proporcionaban fuentes de trabajo a otros sindicatos. Finalmente en el desplegado se informaba que en asamblea general el 20 de abril la sección 1 acordó apoyar a sus representantes electos aceptando una nueva elección de secretario general seccional, “pero siempre que fuera por la vía estatuaria”. La asamblea también aceptó que el CEG designara auditores "en forma sería, sin amarillismo" y que se confrontaran con los auditores nombrados por la sección 1. 494
Estas dos propuestas permitieron a la dirección seccional frenar momentáneamente la ofensiva de la dirección nacional. El 10 de mayo cerca de cinco mil trabajadores encabezados por Juan Calvillo realizaron una manifestación frente a la refinería de Ciudad Madero en demanda de que fuera la base de trabajadores la que determinara en una asamblea quién sería su dirigente. Después de la marcha se realizó un mitin frente a la refinería y un plantón por más tres horas junto con un paro parcial de labores en la refinería, terminal marítima, el departamento de Proyectos y Construcción y el Hospital General de Pemex. En el mitin el secretario seccional designado en asamblea, Emilio Romero Espinosa, exhortó a los trabajadores a que rechazaran a Treviño Blanco pues se trataba de una imposición del dirigente nacional y anunció que se buscaría realizar una asamblea seccional con la asistencia del propio SGC. Posteriormente en declaraciones a la prensa Romero Espinosa negó haber sido él quien convocó a la manifestación, informando también que solicitaría una audiencia con el secretario de la STPS, A. Farell Cubillas. 495 A partir de estas últimas acciones el conflicto entró en una tregua durante casi un mes que fue rota mediante una violenta repetición de los hechos del quinazo.
El 5 de junio, en un operativo tipo comando, rompiendo puertas de las casas entre las dos y cinco y cuarto de la madrugada agentes de la PGR detuvieron en sus domicilios a los dirigentes Hugo Islas, ex diputado federal y ex alcalde local; Emilio Romero Espinosa, secretario general electo de la sección 1; Concepción Posadas, a quien se consideraba el "brazo derecho" de La Quina ; Juan Calvillo García, Juan Gilberto Sosa, Alonso Iglesias, Gabriel Rivera, Lázaro Turrubiates y Juan Altamirano Bautista, todos ellos militantes quinistas . Al mismo tiempo el ejercito tomo posesión de la refinería, de la gerencia general y de las oficinas administrativas de la empresa, mientras las policías federal, estatal y municipal realizaban rondines por todas las instalaciones de Pemex y en las calles de Ciudad Madero y Tampico,
La PGR informó en la ciudad de México que la detención se hizo con base en la denuncia presentada por el secretario general del STPRM por el delito de fraude por 1 mil 774 millones de pesos propiedad del sindicato. También se anunció que se buscaba al presidente municipal de Ciudad Madero, Cirilo Juárez Saldierna, acusado de estar coludido con los detenidos así como de haber desviado fondos del municipio para beneficio personal y de emplear a la policía municipal para amedrentar al grupo guzmanista . Según el comunicado, las acciones militares y policíacas fueron "para evitar la violencia entre quinistas y guzmanistas ". Los detenidos fueron trasladados encapuchados primero al aeropuerto de Tampico y después a la ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Por su parte Pemex anunció que quedaban suspendidas todas las contrataciones eventuales en campos y extracción.
A la par que se conocían estos acontecimientos los trabajadores de la refinería desde muy temprana hora se concentraron en el local sindical e iniciaron una movilización para protestar por la forma violenta en que fueron detenidos sus dirigentes, acusando a la PGR de haber violado los derechos humanos de los detenidos. Cirilo Rodríguez Gutiérrez, Gilberto Quintero, Lidia Guillen, Julio Dolores Martínez, Hermilo González Luna y Lázaro Mata, también acusados de fraude, escaparon de ser aprehendidos. La manifestación en la plaza central de Ciudad Madero reunió a más de 3 mil trabajadores petroleros quienes desecharon la posibilidad de paralizar la refinería local en represalia por la detención de sus líderes. El local sindical permaneció custodiado por más de 5 mil trabajadores que se negaron a entregarlo -a pesar de los rumores de un asalto y desalojo por parte de los seguidores de SGC y de la PGR- hasta que se realizara una asamblea general donde se eligiera al nuevo secretario general de la sección 1. Un día después, el 6 de junio, se acordó entregar el local sindical a un grupo de trabajadores petroleros jubilados quienes lo custodiarían hasta la elección democrática del nuevo secretario general de la sección y hasta entonces se encargarían de la administración de los asuntos del sindicato.
Mientras tanto en la ciudad de México la PGR informaba que los líderes petroleros aprehendidos en Ciudad Madero fueron trasladados de sus instalaciones al Reclusorio Preventivo Sur en la ciudad de México donde rindieron su declaración preparatoria. Según la versión de la PGR los dirigentes detenidos "admitieron ante el Ministerio Público su participación en el fraude de 1 mil 774 millones de pesos en contra de Pemex y dijeron que el autor intelectual del atraco fue La Quina quien desde prisión les ordenó cometer el delito para con ese dinero recuperar el control de político de la sección 1 del sindicato". También explicaron que con "el dinero pensaban efectuar actividades propagandísticas y formar grupos de choque que les permitiera ir recuperando el control del sindicato" y que "todo lo hicieron con base en ordenamientos que les dio La Quina quien desde el interior del penal daba instrucciones de cómo recuperar las riendas del sindicato". Se informó también que el Ministerio Público Federal ordenaba la libertad de Juan Altamirano Bautista "por no haber sido encontradas pruebas de su participación en el ilícito".
Al ser presentados ante el juez noveno de distrito el 7 de junio, los líderes petroleros aprehendidos en Ciudad Madero negaron todos los cargos y adujeron que fueron amenazados de ser golpeados por el MPF si no firmaban una declaración en blanco, por lo cual se negaron a ratificar nada. El juez noveno de distrito, Carlos Hugo Luna Ramos, negó la libertad bajo fianza a los líderes petroleros en virtud de que la penalidad por el delito de fraude rebasaba los cinco años de cárcel.
Por su parte el presidente del Comité Nacional de Vigilancia del STPRM, Pablo Pavón Reyes Vinales, se traslado hasta Ciudad Madero donde inició negociaciones para la entrega del edificio de la sección 1 del sindicato, al mismo tiempo que SGC, desde la ciudad de México, hizo un llamado a los trabajadores para que regresaran las instalaciones sindicales amenazando con ampliar la demanda a Jesús Albó, ex-secretario de Ajustes, al presidente de la Comisión Local de Vigilancia, Gilberto López Quintero, y a Rafael Martínez Izaguirre, quienes dirigieron la toma de las instalaciones sindicales. El 7 de junio SGC volvió a amenazar con desalojar por la fuerza el local sindical de la sección 1 y anunció una reunión en Tampico de todos los secretarios seccionales del STPRM, afirmando también que "el último reducto quinista está por ser extirpado". Finalmente el 13 de junio se informó que en las negociaciones entre Pavón Pinales y los trabajadores de la sección 1 se había acordado convocar a elecciones seccionales para el día 3 de julio bajo el sistema de voto secreto y directo, por primera vez en 30 años. 496
2. Bono democrático y privatización de los bienes sindicales
El saldo del conflicto en la sección desde la detención de La Quina hasta el momento de las elecciones era de 60 detenidos acusados por diversos delitos, principalmente por fraude, todos del grupo quinista; 75 expulsados del sindicato (a los que se les suspendió la exclusión para que pudieran votar); 4 mil 500 plazas eventuales suspendidas y pugnas intersindicales irreconciliables. Las votaciones, con un padrón de 7 mil 800 trabajadores sindicalizados, se iniciaron en la refinería los días 3, 4 y 5 de julio de 1989; en el Hospital General fueron los días 6 y 7; en la terminal marítima los días 7 y 8; en las oficinas de proyectos de construcción y de ductos del Golfo, los días 9, 10 y 11. Elementos de la VII zona militar fueron los encargados de custodiar las urnas durante todo el proceso electoral. Se registraron la planilla Roja, Verde, Roji-Blanca, Blanca y Azul, encabezadas respectivamente por Narciso Villaseñor Villafuerte, Roberto Avalos Juárez, Antonio Torres Zárate, Carlos Enrique Venegas y Carlos Eduardo García.
Según apreciaciones del periódico local El Mundo y del MPI-LC, la planilla Verde encabezada por Roberto Avalos Juárez estaba respaldada por el CEG. Avalos Juárez fue empleado general de cuadrillas, contaba con más de 25 años en el sindicato y fungió como asesor jurídico del quinista Gilberto Gómez Ontiveros, ex presidente de la Comisión de Vigilancia. Aválos Juárez hizo una profusa campaña inclusive en los diarios locales. Antonio Torres Zárate quien encabezaba la planilla Roji-Blanca fue hombre de confianza de La Quina durante más de 10 años. Un diferendo no aclarado provocó su marginación y desafiliación sindical durante 13 años, tiempo en que realizó trabajos de contratista; en el momento de la elección contaba con 28 años de pertenencia al sindicato. En cuanto a Narciso Villaseñor su actividad sindical había sido escasa, se le consideraba nuevo y sin capacidad para encabezar la sección. Carlos Enrique Venegas y Carlos Eduardo García Chávez no eran conocidos por lo que las planillas Blanca y Azul funcionaban más bien como relleno. Los anti quinistas eran minoría dentro de las minorías, por lo que no presentaron planilla. 497
En las elecciones, cuyo resultado se supo el 11 de julio, triunfó por aplastante mayoría la planilla Roja encabezada por Narciso Villaseñor Villafuerte, con 5 mil 547 votos; la planilla Verde de Roberto Avalos Juárez, obtuvo 1 mil 132 votos; la planilla Roji-Blanca de Antonio Torres Zarate, 284 votos; para las otras planillas la votación fue mínima, la Azul con 27 votos y la Blanca con 16 votos; se anularon 89 votos y 667 trabajadores no votaron, de un padrón total de 7 mil 762 trabajadores sindicalizados. El CEG del STPRM, en voz del presidente del Consejo Nacional de Vigilancia, Pablo Pavón Vinales, reconoció el triunfo de la planilla Roja, encabezada por Narciso Villaseñor Villafuerte, e informó que el líder nacional, SGC personalmente daría posesión al nuevo comité seccional que se encargaría de terminar el periodo reglamentario que era de un año más. El nuevo comité se integró de la siguiente forma: secretario del Interior, Hugo Arellano; secretario del Exterior, Víctor M. Flores de la Torre; secretario Tesorero, Jesús Suárez Mata; secretario de Ajustes, Francisco Flores Salazar; secretario del Trabajo, Eusebio Saucedo Carrizales; secretario de Previsión Social, Jesús Gómez Ramírez; secretario de Actas y Acuerdos, I. Catalina Barbolla Herrera; presidente del Consejo de Vigilancia, Benito Hurtado Ojeda. 498
Dos días después de la elección la nueva directiva de la sección 1 publicó un desplegado en la prensa dirigido al presidente Salinas De Gortari, al secretario de Gobernación, F. Gutiérrez Barrios, al secretario del Trabajo, A. Farell Cubillas, al director de Pemex, F. Rojas Gutiérrez, al líder de la CTM, F. Velázquez, y al gobernador de Tamaulipas, A. Villarreal Guerra, donde agradecían la intervención destacada de todos estos funcionarios para la realización de "las elecciones más democráticas en más de tres décadas" y hacían público su "decidido apoyo y su reconocimiento a la política patriótica del presidente Salinas De Gortari". Igualmente agradecían la presencia de los elementos de la VII Zona Militar y de la 1ª Zona Naval durante el proceso electoral. El desplegado concluía con la reafirmación de su "fe priísta" y "su afiliación a la CTM". El 16 de julio Narciso Villaseñor informó a la prensa que SGC lo había acompañado a realizar el registro y toma de nota del nuevo comité ante la Dirección de Asociaciones de la STPS. 499
El 28 de julio el comité ejecutivo de la sección 1 se entrevistó con el gobernador de Tamaulipas, A. Villarreal. En entrevista posterior al acto el nuevo líder seccional Villaseñor Villafuerte declaró que La Quina , a pesar de estar privado de su libertad, seguía siendo considerado por las bases como "un gran líder" por la labor que realizó en beneficio de todos los obreros petroleros del país y de la población en general y que contaba, a pesar de su situación "jurídico-política", con el respaldo moral de esa sección y, en caso de ser requerido, con el apoyo jurídico para el seguimiento de su proceso judicial. Sin embargo aclaró que el control político que por medio de la sección 1 se ejercía sobre el sindicato, "había quedado atrás" y que en ese momento el comité seccional estaba trabajando para lograr la unidad plena y un ambiente de trabajo y armonía que permitiera sacar adelante "los anhelos de la clase trabajadora". Dos días después y con motivo de la realización de una asamblea general ordinaria de la sección 1 para informar de los resultados de la revisión contractual, el nuevo líder seccional declaró a la prensa que “no eran incondicionales de Guzmán Cabrera ni de Hernández Galicia” ya que se vivían tiempos nuevos donde se trabajaba basándose en lo que las mayorías determinaran. 500
No obstante estas expresiones de autonomía el CES mantenía una política de acercamiento a la dirección nacional. En la ceremonia conmemorativa del 54 aniversario de la fundación del STPRM celebrada en Minatitlán el 15 de agosto los dirigentes de la secciòn 1 hicieron entrega al líder nacional petrolero de “un testimonio de lealtad”. 501
Mes y medio después, el 30 de septiembre, y como uno de los actos conmemorativos del XXX aniversario de la fundación del Grupo Unificador Mayoritario (GUM, fundado en 1959), se realizó una marcha de más de 8 mil trabajadores por las principales calles de Ciudad Madero encabezada por el comité ejecutivo seccional, el alcalde de Ciudad Madero, Cirilo Juárez Saldierna, y por el candidato del PRI a la presidencia municipal de la misma ciudad, el también trabajador petrolero Benito Santamaría Sánchez. Posteriormente se realizó una asamblea general donde se nombró por unanimidad presidente del GUM a Narciso Villaseñor Villafuerte, secretario general de la sección 1. 502
Con estas medidas el quinismo parecía haber logrado frenar el enfrentamiento con el gobierno federal y la dirección nacional del sindicato a la par que conseguía reagrupar sus fuerzas locales manteniendo la dirección seccional. Pero sus enemigos (CSG y SGC) no estaban conformes con esta cesión de espacios y aguardarían para asentar en el momento oportuno golpes decisivos. Un año después de la elección del nuevo comité seccional, en el mes de julio de 1990 el dirigente del Frente de Reivindicación y Solidaridad Sindical (FRSS) de la sección 1, Roberto Avalos Juárez -supuesto aliado local de CSG y quien había perdido en las elecciones seccionales del año anterior-, demandó el pago de más de 1 mil millones de pesos por “el saqueo” de ganado en la Sociedad Cooperativa respectiva que existía en la sección 1 y la 33, y que, según el acusador, se había ocultado a los trabajadores. En respuesta el dirigente seccional Narciso Villaseñor acusó a sus acusadores de pretender enfrentarlo al gobierno con el fin de desestabilizar y acabar con la unidad que existía en el gremio. También dijo que grupos externos financiaban las campañas en su contra calificando de rumores sin fundamento lo dicho por Avalos Juárez, a quien invitó a la próxima asamblea seccional para aclarar la situación. 503
En el mes de noviembre de 1990 se convocó a elecciones para renovar las directivas seccionales en el sindicato. En la sección 1 el secretario general interino N. Villaseñor se postuló para la reelección al frente de la planilla "Roja-Solidaridad". El día 5 del mismo mes se realizó un mitin de más 6 mil trabajadores frente al local sindical apoyando a Villaseñor. Ahí el presidente de campaña de la planilla, Gonzalo Martínez, pidió a sus seguidores “no caer en la provocación ni en la violencia” e informó que se rifaría un automóvil último modelo para allegarse fondos para la campaña, pero que ésta sería austera y no se tocaría la tesorería del sindicato para la propaganda. En su discurso, N. Villaseñor prometió abrir un registro de familiares, hijos y hermanos, para dar "justa y equitativa distribución del trabajo", y que sostendría el funcionamiento de las tiendas de consumo para beneficiar a las familias de los trabajadores. La planilla encabezada por Villaseñor postulaba también a los siguientes candidatos a secretarios: Interior y Acuerdos: Jesús Olvera Méndez; Exterior y Propaganda: Rogelio Flores Trejo; Ajustes: Nicolás Salas Izaguirre; Trabajo: Enrique Briones Moreno; Trabajo en la Terminal Marítima Madero: Miguel Angel Sánchez Baruch; Tesorero: Antonio Medina González; Ajustes de Marina de Altura: Rubén García Rocha; Consejo local de Vigilancia: Gonzalo Cruz Martínez; Comisión de Honor y Justicia: José Pineda Cruz. 504
Los resultados de la votación se dieron a conocer el 27 de noviembre declarándose el triunfo de la planilla Roja-Solidaridad con 4 mil 115 votos; la planilla Verde, que postuló a Lázaro Mata López, obtuvo 1 mil 567 votos; la planilla encabezada por Edmundo Urdiales, 204 votos; la encabezada por Javier Soriano Ramírez, 32 votos; la encabezada por Gerardo Ahumada Martínez, 21 votos; y la encabezada por Camilo Loredo Ontiveros, obtuvo 5 votos. Terminado el escrutinio el candidato que obtuvo el segundo lugar, Lázaro Mata López, reconoció el triunfo de Narciso Villaseñor y exhortó a todos los miembros de la sección a seguir trabajando juntos "buscando el progreso de la empresa para la que laboraban". A su vez el dirigente reelecto pidió a sus compañeros "nos unifiquemos para que, hombro con hombro, y codo con codo, trabajemos y entreguemos lo mejor a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra empresa, a nuestro sindicato, a nuestro grupo, pero sobre todo a México, nuestra patria, secundando con lealtad y entusiasmo la política nacionalista y progresista del señor presidente Salinas de Gortari, que ha demostrado su patriotismo y fe en el porvenir de la nación". 505
Unos cuantos días después de la reelección, el 7 de diciembre de 1990, los trabajadores jubilados integrantes de la Sociedad de Solidaridad Social "Roger Gómez" presentaron una denuncia penal en el juzgado mixto de primera instancia de Ozuluama, Veracruz, en contra del líder N. Villaseñor y diversos miembros de su comité por los delitos de abigeato, administración fraudulenta y los que resultaran por un monto calculado en 1 mil 400 millones de pesos, ya que los acusados habían vendido ganado y maquinaria propiedad de la sociedad sin estar facultados para ello.
Con celeridad inusitada el 7 de febrero de 1991 el juez de Ozuluama, José Arturo Galindo Murrieta, pidió promover orden de aprehensión al juzgado de Ciudad Madero en contra de Villaseñor Villafuerte, el cual, según se reportó en la sección 1, "hizo maletas, tomo su camioneta y, con su mujer y sus hijos, enfiló con rumbo desconocido". Sus coacusados no tuvieron tiempo de hacer lo mismo y las autoridades judiciales detuvieron y recluyeron a los cuadros sindicales Juan Manuel Plaza González, Víctor Saldierna Salazar y Juan A. Estrada Gómez. Ese mismo día se publicó en la prensa local un manifiesto firmado por cientos de jubilados acusando a las direcciones seccional y nacional de tolerar actos de rapiña contra el patrimonio sindical y en el que pedían cuentas sobre las auditorias que se practicaron en la sección.
Ante los acontecimientos, el Comité de Vigilancia local convocó a una reunión extraordinaria donde se nombró secretario general interino a Jesús Olvera Méndez. Al conocerse la designación, José Puente, abogado de los jubilados demandantes, comentó a la prensa que esto era "la gota que derrama el vaso ya que Olvera Méndez no es menos corrupto que N. Villaseñor". Por su parte el nuevo secretario interino rechazó dar ninguna explicación a la prensa de lo sucedido excepto que convocaría a una asamblea "para ratificar su autoridad y posteriormente convocar a elecciones, como lo marcan los estatutos". Mientras tanto grupos de trabajadores quinistas hacían guardia en torno al edificio sindical. 506
Una semana después, el 13 de febrero de 1991, N. Villaseñor Villafuerte, fue detenido con lujo de violencia en la antesala de la oficina de Guzmán Cabrera en la ciudad de México en donde esperaba ser recibido por el líder nacional, siendo inmediatamente trasladado en una camioneta propiedad de la empresa constructora del mismo Guzmán Cabrera al penal de Ozuluama en donde, con huellas de haber sido golpeado, se declaró inocente de los cargos de fraude y denunció la desaparición de seis de los miembros de la directiva seccional que él encabezaba. También declaró que SGC "lo amenazó con echarlo a la cárcel si no le entregaba de inmediato 300 millones de pesos". El Juez Mixto de Primera Instancia de Ozuluama, declaró de inmediato el Auto de formal prisión en contra de Villaseñor Villafuerte, por el delito de administración fraudulenta y abigeato de 500 cabezas de ganado del rancho El Chitón.
Al saber de la formal prisión del líder seccional más 200 trabajadores se trasladaron al penal para manifestarle su apoyo. Gerardo Aguirre Navarro, abogado de la defensa, interpuso el recurso de apelación a la segunda instancia y solicitó agilizar el envió del expediente ante el Supremo Tribunal de Justicia de Jalapa. Mientras tanto el secretario general interino, Jesús Olvera Méndez, denunció a la prensa que Villaseñor Villafuerte había sido brutalmente golpeado por agentes de la PGR, y que el único testigo de la captura había sido amenazado de muerte. También afirmó que no dejarían abandonado a su compañero preso y que podrían recurrir a la Secretaria de Gobernación para exigir su liberación. Ante las airadas protestas de los petroleros, las autoridades ordenaron un fuerte dispositivo de seguridad en el juzgado y las instalaciones carcelarias. 507
3. Despidos, corrupción y fractura en el grupo dirigente
En tanto se desarrollaba el proceso penal en contra de Villaseñor, en la sección 1 se acordó la realización de elecciones extraordinarias del 11 al 13 de marzo. Inicialmente se registraron como candidatos Gonzalo Cruz y Lázaro Mata López. Sin embargo en una maniobra de último momento ambos renunciaron en favor de Jesús Suárez Mata, un personaje -como los demás precandidatos- ex miembro del comité encabezado por Villaseñor con el cargo de tesorero y quien fue impuesto por el líder nacional Guzmán Cabrera con el argumento de que era "el único limpio" del grupo de candidatos, por lo que se acordó una planilla “mayoritaria” que obtiene 5 mil 528 votos, el 70 por ciento del total de miembros registrados en el padrón.
Dos semanas después de las elecciones, el 25 de marzo, se realizó una asamblea seccional con la asistencia de más de 4 mil trabajadores donde el nuevo secretario informó de las auditorias practicadas a las tiendas, resultando adeudos en salarios por 1 mil 500 millones de pesos y a proveedores por 640 millones. También informó del pago a la SHCP de 765 millones por impuestos adeudados. Dada la situación anterior se acordó cerrar las 32 tiendas de consumo, a excepción de una, y liquidar las deudas apoyándose en el "Programa Nacional de Solidaridad" del presidente Salinas. En los meses siguientes se liquidaría a los más de 450 empleados de las 32 tiendas de consumo de la sección 1. En la misma asamblea de decidió también llamar a cuentas a Paulino Lomas, presidente del club de fútbol Tampico-Madero, para que informara sobre el resultado de la venta del mismo y liquidara lo que correspondía a la sección 1. A propuesta de Suárez Mata se nombró a Rubén Choreño Morales (presunto personero de Guzmán Cabrera) como representante de las sociedades de solidaridad social, con atribuciones para vender ganado y maquinaria. Un día después de realizada la asamblea seccional se supo que SGC había comisionado a Efraín Salas Luna, Gilberto Álvarez y Víctor Tovar Martínez para investigar un fraude de 200 millones que, según el líder nacional petrolero, cometió Gonzalo Martínez, ex-presidente de campaña y ex-jefe de comunicación social del anterior comité encabezado por N. Villaseñor. Los comisionados también investigarían el paradero de 20 vehículos propiedad de la Sociedad de Solidaridad Social que presuntamente estaban en poder de ex-funcionarios sindicales de la sección. 508
Pocos días después Suárez Mata era postulado por el PRI para la diputación federal de Ciudad Madero y en junio de 1991 Suárez Mata gana la curul cómodamente en la recuperación priísta durante las elecciones federales. En noviembre del mismo año se realizó una asamblea general extraordinaria de la sección 1 en la que el flamante diputado Suárez Mata "destapó" a SGC como candidato a reelegirse como secretario general del STPRM en la próxima convención nacional petrolera a realizarse el 4 de enero de 1992 en el DF.
Dos semanas después del pronunciamiento de Suárez Mata, la directiva seccional informó de la expulsión del sindicato del líder del Frente de Reivindicación y Solidaridad Sindica (FRSS), Roberto Ávalos, ex-candidato a la secretaria general en las elecciones de julio de 1989, presunto personero de SGC en la sección, y quién en julio de 1990 iniciara la campaña de denuncias por corrupción que concluirían con la detención policíaca de N. Villaseñor. La extraña expulsión se sustentó en la acusación de “dividir a la sección” al pretender "crear una nueva organización que dependiera directamente del STPRM, y que sustituyera parcialmente a la sección 1". Según la información Roberto Ávalos quedó a disposición de la Comisión de Vigilancia local para que le impusiera las sanciones correspondientes. 509
En esos mismos días se anunció en Ciudad Madero el despido de 750 trabajadores y el próximo reajuste de 1 mil 500 más en la refinería "Francisco I. Madero". A cada despedido se le pagó 40 días por año laborado, 4 meses de salario, pago de vacaciones completas y prima de antiguedad. En marzo de 1992 se anunció la reestructuración (desaparición) del Departamento de Proyectos y Construcción de la refinería de Tampico, por lo cual de los 96 trabajadores asignados a ese departamento, 47 quedaron en posibilidad de ser liquidados. Según declaraciones del secretario del Interior de la sección 1, Jesús Olvera Méndez, el secretario seccional J. Suárez Mata viajó a la ciudad de México para gestionar la posible reubicación de los trabajadores afectados e impedir su despido. A su regreso, Suárez Mata informó que también se pretendía despedir a 800 petroleros de la Terminal Marítima Madero pero que se llegó al arreglo de suprimir sólo 440 plazas a las cuales se les otorgaría una "jubilación especial". Respecto al Departamento de Proyectos y Construcción Suárez Mata aclaró que se pretendía reducir al 70% de los trabajadores pero que se logró la reubicación de la mayoría y solo se aceptó la liquidación de 22. También reconoció que en los últimos días habían sido jubilados 300 trabajadores con 25 años de antigüedad, cuando el CCT especificaba 30 años laborados o 55 años de edad. En ese momento la sección 1 contaba con 7 mil 600 trabajadores sindicalizados y 1 mil 500 transitorios. 510
Mientras tanto, los despidos continuaban. En el mismo mes de marzo de 1992 un grupo de trabajadores jubilados encabezados por Andrés Narváez Martínez presentó una demanda penal contra Suárez Mata por fraude en la venta de los bienes seccionales, exigiendo la realización de una auditoria. Dos meses después, en mayo del mismo año, se publicó en la prensa nacional una carta dirigida a SGC y firmada por Angel Estrada Sandoval, Juan Gómez Canchola y 34 trabajadores más en la que denunciaban la venta secreta de tiendas de consumo, fábricas, maquinaria, ganado de alto registro, materiales de construcción, así como el saqueo de las cajas de "Obras Revolucionarias", de la Comisión de Contratos y de la tesorería de la sección 1. Los denunciantes solicitaban que el CEG del STPRM realizara una investigación en la sección 1 que incluyera una auditoria con intervención de la SHCP y la PGR. También demandaban el embargo de los bienes de los "delincuentes sindicales" para que fueran rematados y que la suma resultante se repartiera entre los trabajadores afectados.
En respuesta a las acusaciones la directiva seccional realizó una campaña de prensa en los periódicos locales donde con grandes encabezados se anunciaba que estaba plenamente aclarado el estado financiero y la situación de las propiedades de la sección 1. Por su parte, el 22 de mayo, el líder de los trabajadores jubilados, Andrés Narváez Martínez, acompañado de 200 de sus compañeros realizó una conferencia de prensa en la que amenazó con realizar un plantón frente a la sede sindical para exigir la destitución de Suárez Mata en virtud de que no había dado a conocer el estado financiero y la situación de propiedades como el estadio de fútbol Tamaulipas, el centro de convenciones, las tiendas de consumo, ranchos, ganado, maquinaria de la empresa contratista de la sección y las rentas cobradas por la parte superior del edificio sindical.
El 25 de mayo de 1992 se realizó una asamblea general de la sección 1 con la asistencia de más de 7 mil trabajadores en donde el tesorero seccional, Antonio Medina González, presentó un informe del movimiento de fondos de la sección que fue aprobado por unanimidad. En su intervención Suárez Mata acusó a "un pequeño grupo de jubilados mal orientados y falsos redentores" de pretender fomentar la división pidiendo cuentas a titulo personal con el fin de desintegrar la sección, pidiendo vender los bienes del sindicato para que el producto fuera repartido entre ellos. También informó que mediante la movilización de la directiva seccional y de los trabajadores y familiares se había logrado la destitución inmediata del jefe de personal del hospital, la cobertura de las carencias de material médico y el mejoramiento del servicio médico a los pacientes. Según Suárez Mata gracias a sus gestiones se había logrado la liquidación de los trabajadores despedidos transitorios con 5 años de servicio mínimo y que hubieran laborado en los dos últimos dos años. Otro logro reseñado por el líder seccional consistió en el retiro de las empresas que realizaban trabajos para Pemex dentro de la refinería y que perjudicaban a los trabajadores sindicalizados. Al finalizar su intervención, Suárez Mata llamó a la unidad de los trabajadores para defenderse de sus enemigos. La asamblea resolvió brindar todo su apoyo y dio un voto de confianza al comité ejecutivo seccional. 511
Dos semanas después de la asamblea seccional el jefe del Departamento de Recursos Humanos de la refinería Madero, Pedro Covarrubias Pérez, informó que se había iniciado la liquidación de 1 mil 850 trabajadores transitorios pertenecientes a la sección 1 que laboraban en la refinería Madero, la terminal marítima, el Departamento de Proyectos y Construcciones y el Distrito Altamira. El funcionario de Pemex precisó que la liquidación se hacía de acuerdo a un convenio firmado por la paraestatal y la sección 1 por medio del cual se estaba pagando a cada trabajador el equivalente a la prima de antiguedad de 20 días por año, más el pago de una gratificación extra. Por su parte la JFCA número 39 informó que se estaba liquidando a 40 trabajadores por día. 512
En el mes de agosto el departamento de jubilados de la sección 1 realizó la elección de su representante sindical siendo designado Andrés Narváez Martínez, que a su vez fungía como presidente del Comité Pro-Defensa de los Bienes y Derechos Sindicales (CPDBDS) de la misma sección y que desde meses atrás había presentado una denuncia penal contra la directiva seccional por mal manejo de los bienes sindicales. La asamblea de los jubilados contó con la asistencia de representantes del comité seccional.
Sin embargo un día después de realizados los comicios el presidente del Consejo Local de Vigilancia Gonzalo Cruz Martínez declaró "nula la elección de Narváez Martínez" ya que en la asamblea electoral solo se encontraban 250 jubilados de los más de 3 mil miembros con derecho a votar por lo cual la reunión carecía de legalidad. El 16 de agosto el líder seccional Suárez Mata, anunció que se procedería a la expulsión del sindicato de 40 jubilados encabezados por Narváez Martínez por haber presentado formal denuncia en su contra en la agencia local del Ministerio Público Federal y reclamar participar en los beneficios de la venta de ranchos ganaderos, tiendas de consumo, bienes inmuebles, maquinaría, fábricas de varilla, de ropa, muebles y ganado, así como depósitos bancarios por 100 mil millones de pesos. El líder seccional ratificó su negativa a rendir cuentas de los recursos recibidos a los jubilados y su disposición de hacer caso omiso a los citatorios del fiscal amparándose en su fuero de diputado federal. 513
El 23 de septiembre los dirigentes del CPDBDS, Andrés Narváez Martínez, Efrén Peña y Fernando Palomino Ramírez demandaron una auditoria de los bienes e inmuebles de la sección 1 así como una investigación sobre el enriquecimiento "inexplicable" del líder Suárez Mata. Los representantes de 432 jubilados que integraban este comité deslindaron responsabilidades con Pemex, "toda vez que este es un asunto intersindical; de ello está enterado el presidente Salinas, quién se comprometió a darnos una respuesta a nuestra demanda". También informaron que Suárez Mata se había negado a declarar en las instancias judiciales. 514
En un acto de apoyo al candidato priísta a la gobernatura de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, realizado en Ciudad Madero el 20 de septiembre de 1992, un grupo de seguidores de La Quina encabezados por el ex-alcalde de la localidad, Cirilo Juárez Saldierna le demandaron al candidato con pancartas y a gritos que intercediera para que le fuera reducida la pena de 30 años de prisión al viejo dirigente. En el mismo acto político el líder de la sección 1 Suárez Mata demandó al candidato priísta que intercediera para que la refinería Madero se ampliara a fin de generar nuevas fuentes de empleo en la región. Cavazos Lerma prometió a los petroleros presentar una solicitud a Pemex para que el sur de Tamaulipas fuera considerado punto óptimo para desarrollar la industria petroquímica. En estas mismas elecciones estatales gana la presidencia municipal de Ciudad Madero el ex-diputado federal quinista -perredista Alfredo Pliego Aldana. 515
En el mes de enero de 1993 cientos de trabajadores jubilados asistieron a una misa en la catedral de Ciudad Madero en el aniversario de la detención de La Quina y coacusados. Según se informó la catedral fue insuficiente para albergar a todos los trabajadores que acudieron a rezar por los líderes presos.
En el mismo mes el líder seccional Suárez Mata informó que Pemex había "recortado" a 4 mil trabajadores en las últimas semanas en las distintas secciones del país, pero que se les había liquidado conforme a CCT y la LFT. Suárez Mata consideró que aunque era difícil y duro el recorte de personal éste era necesario "para hacer de Pemex una empresa más competitiva y productiva". Por su parte el diputado local cetemista, Juan Genaro de la Portilla, señaló la preocupación de la central obrera por el alto número de despidos injustificados en las plantas petroquímicas de Altamira, Ciudad Madero y Tampico. 516 Un mes después Suárez Mata informó que aunque el programa de liquidaciones había concluido se seguían realizando jubilaciones "voluntarias" de trabajadores en diferentes departamentos de la refinería Madero y de la terminal marítima. El líder planteó que estas jubilaciones eran tratadas como "especiales" gracias a las gestiones que él había realizado ante la dirección nacional del sindicato y los funcionarios de la empresa.
En tanto el presidente del Consejo de Vigilancia local, Carlos Camacho Venegas, informó que gracias a sus investigaciones se había logrado la recuperación de 30 vehículos propiedad del sindicato que estaban en manos de particulares así como de maquinaría pesada que formaba parte de la empresa contratista de la sección, aunque todavía faltaba por localizarse algunas máquinas motoconformadoras.
Sin embargo estas acciones internas de saneamiento del manejo de los bienes seccionales no dejaban satisfechos a todos. Así el presidente del CPDBDS, A. Narváez Martínez, declaró a la prensa nacional que SGC envió a la cárcel al secretario electo, N. Villaseñor para poner a su incondicional, el diputado Suárez Mata, a partir de lo cual los bienes de la sección, calculados en 85 millones de nuevos pesos, y los de las 36 secciones, calculados en más de 300 millones, "se evaporaron". En el caso de la sección 1 no se había informado de la venta de 200 camiones de la Central de Abasto Madero, 4 fábricas de masa y tortilla, un restaurante, 2 parques de diversiones en la playa, 40 predios y la funeraria. El 25 de febrero más de 100 trabajadores jubilados solicitaron al procurador de justicia estatal, Raúl Morales Cadena, ejerciera acción penal en contra de Suárez Mata, al tiempo que acusaron a la agente segundo del Ministerio Público, Mireya Maldonado Villegas, de tortuguismo y contubernio con Suárez Mata. 517 En abril del mismo año Andrés Narváez y un grupo de trabajadores jubilados se entrevistaron con el secretario de Organización del CEG, C. Romero Deschamps, para exponerle las anomalías en el manejo de los bienes seccionales, obteniendo la promesa de que se investigarían los hechos. Para entonces la situación en la dirección nacional estaba dando un giro dramático después de la demanda planteada, en marzo de 1993, por 14 secretarios seccionales para realizar una auditoria a los bienes del sindicato en su totalidad, con lo cual la posición de SGC se debilitaba rápidamente hasta llegar a su posterior renuncia el 20 de junio del mismo año. En este contexto es que el 1 de mayo los jubilados encabezaron el tradicional desfile obrero en Ciudad Madero con mantas y cartulinas en repudio al dirigente seccional al que llamaban Suárez "Rata". 518
En agosto de 1993 la SRA -por medio del delegado de la SRA en la entidad, Hermenegildo García Valle- informó que 6 mil hectáreas pertenecientes a 8 Sociedades de Solidaridad Social de la Sección 1 del STPRM, a razón de 600 a 800 hectáreas para cada una, eran investigadas como parte de un paquete de 350 mil hectáreas susceptibles de reparto en la zona sur de Tamaulipas. 519
Mientras tanto la investigación realizada por el Consejo de Vigilancia Seccional (CVS) arrojaba indicios de encubrimiento y complicidad de parte del Comité Ejecutivo Seccional (CES) encabezado por el diputado federal Jesús Suárez Mata, a quién se le solicitó la realización de una auditoría y un informe financiero y de los bienes de la sección. La respuesta de Suárez Mata se conoció a principios de noviembre de 1993 cuando el CES decidió destituir el presidente del CVS, Carlos Venegas Camacho.
El 27 del mismo de noviembre 200 trabajadores jubilados y activos encabezados por el dirigente del CPDBDS, Andrés Narváez Martínez, realizaron una manifestación frente al edificio de la sección 1 en rechazo a la destitución de Venegas Camacho y en favor de la destitución de Suárez Mata y de la realización de auditorias a los bienes seccionales. Ese mismo día Carlos Venegas realizó una conferencia de prensa en donde afirmó que su destitución carecía de validez ya que era una decisión que competía a la asamblea seccional y no a al CES.
Un día después el mismo CPDBDS publica un desplegado en la prensa nacional firmado por Andrés Narváez, Efrén Peña García y Roberto Navarrete González y dirigido al presidente Salinas en donde solicitan su intervención e informan que -en representación de 500 trabajadores jubilados- desde 20 meses antes (marzo de 1992) iniciaron una querella penal en contra de Suárez Mata y las anteriores dirigencias seccionales por malversación de fondos sindicales; en el desplegado relataban que tanto el Ministerio Público Federal como el estatal se habían declarado incompetentes y que a pesar de haberse entrevistado con funcionarios de la PGR, de la Presidencia de la República, del comité nacional del STPRM, con el gobernador de Tamaulipas, y haber entregado tres cartas a Salinas en su propia mano, en nada se había avanzado en su demanda penal. 520
El 12 de diciembre de 1993 alrededor de 500 trabajadores activos y jubilados encabezados por Andrés Narváez y Carlos Venegas pretendieron realizar una asamblea en el Centro de Convenciones de la sección 1 donde les fue impedida la entrada por un grupo de gente incondicional del líder seccional Suárez Mata, suscitándose un enfrentamiento a golpes que no pasó a mayores al decidir los inconformes retirarse y realizar una mitin en la explanada del inmueble de donde partieron en una manifestación que bloqueó por varias horas las calles aledañas al local seccional. En los discursos los inconformes acusaron al líder seccional de "terrorista sindical" y de haber vendido "ilícitamente" las tiendas de consumo, ranchos, maquinaria y demás bienes de la sección en contubernio con el tesorero Gustavo González, el secretario del Interior, Jesús Olvera, y los encargados de la maquinaria, Jesús Campos y Julio Mendoza.
Una semana después, el domingo 19 de diciembre, el impugnado secretario general Suárez Mata convocó a una asamblea seccional para realizar un "informe de actividades" en el mismo Centro de Convenciones, la cual intentó controlar a través de más de 300 golpeadores que portando camisetas rojas desde horas antes se habían posesionado del local donde permanecieron embriagándose hasta la hora citada. El informe de Suárez Mata fue interrumpido por la protesta generalizada de la mayoría de los trabajadores que ya para entonces colmaban el local, donde se desató una batalla campal con saldo de cinco lesionados graves además de múltiples golpeados con heridas menores. Suárez Mata huyó con sus incondicionales abriéndose pasó tras lanzar una botella de amoniaco a la multitud para después irse a refugiar a las oficinas del CES, en donde se atrincheraron con abundante armamento. Mientras, la asamblea prosiguió, pero ahora presidida por Carlos Venegas, acordándose por aclamación la "destitución" del CES y la formación de una comisión para organizar y realizar las nuevas elecciones. Esta comisión era precedida por el ex-secretario seccional, Narciso Villaseñor Villafuerte, detenido en febrero de 1991 por las mismas acusaciones que a Suárez Mata y excarcelado a mediados de 1992. También se acordó "clausurar" el edificio sindical y el Centro de Convenciones ante notario público y mantenerlo en custodia de los trabajadores.
Ante la gravedad de los acontecimientos el nuevo líder nacional Carlos Romero Deschamps llamó al dirigente opositor Carlos Venegas a negociar a la ciudad de México donde logró imponerle que aceptara su destitución, retirara los cargos en contra de Suárez Mata y desalojara el edificio sindical a cambio de una cartera (nunca se especificó cual) en el comité nacional. El mismo día 20 de diciembre el CEG emitió un boletín de prensa en donde informa de los acuerdos anteriores.
La noticia cayó como bomba entre la base de trabajadores que mantenía la custodia del edificio sindical y el día 21, al presentarse Venegas ante una asamblea de más de 1 mil trabajadores disidentes que le gritaban "vendido", se decidió echar abajo los acuerdos negociados con el CEG y no devolver las instalaciones seccionales. En el acto Andrés Narváez, presidente del CPDBDS, afirmó que los trabajadores ya no confiaban en Romero Deschamps porque este apoyaba a Suárez Mata y, refiriéndose a Venegas, lo llamó a mantener su compromiso con la base trabajadora "y no irse a la ciudad de México".
Horas después del mismo día Suárez Mata, Venegas Camacho y Manuel Limón, secretario del Consejo General de Vigilancia del STPRM, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que informaron que tratarían de llegar a un acuerdo conciliatorio que no provocara más violencia. Manuel Limón por su parte explicó que el CEG esperaría el resultado de las auditorias que ya se realizaban en la sección 1 para determinar la responsabilidad de Suárez Mata. Carlos Venegas a su vez informó que no iría al comité nacional si esa era la decisión de los trabajadores. El día siguiente -22 de diciembre- Venegas encabezó otro mitin en donde -ante 1 mil trabajadores- afirmó que él, "al igual que su abuelo Serafín Venegas (quién fuera el primer secretario general de la sección 1) no podía traicionar a los trabajadores", por lo que renunciaba al cargo ofrecido por Romero Deschamps, anunciando también que se disponía a encabezar la lucha en contra de la dirección seccional. En el mismo acto se informó que el CPDBDS había presentado una denuncia penal en contra de Suárez Mata por la agresión del 19 de diciembre.
El día siguiente -23 de diciembre- el apoderado legal del STPRM, Francisco Ávalos Torres presentó una denuncia penal en contra de Carlos Venegas y Andrés Narváez, responsabilizándolos de los mismos hechos. Ese día alrededor de 900 trabajadores disidentes realizaban una manifestación por las calles de Ciudad Madero que culminó con un mitin en el que Carlos Venegas denunció que Suárez Mata ofrecía a los agremiados prestamos de hasta 500 pesos y una "cena navideña" a la misma hora que la movilización disidente. También se supo que antes del inicio de la marcha el comandante de la zona naval, Federico Romero, se reunió con los dirigentes opositores Venegas y Narváez exhortándolos "a evitar más actos violentos". Suárez Mata por su parte en conferencia de prensa señaló estar dispuesto a dimitir, "si los 7 mil trabajadores de la sección me lo piden" y acusó a Venegas de "no cumplir la promesa que le hizo a Romero Deschamps para entregar el edificio sindical".
Ante el agravamiento del conflicto el gobernador de Tamaulipas, Miguel Cavazos Lerma citó a Venegas Camacho y Suárez Mata a una reunión el 24 de diciembre en el palacio de gobierno de Ciudad Victoria en donde los exhortó a mantener la calma y buscar una solución pacífica al diferendo. Sin embargo dos días después un trabajador simpatizante de Carlos Venegas fue agredido violentamente y amenazado de muerte por un grupo de choque encabezado por el chofer de Suárez Mata cuando circulaba frente a la casa del líder impugnado en Ciudad Madero. El trabajador agredido, David Fernando Venegas Zamarripa, inmediatamente denunció los hechos ante la Agencia del Ministerio Público. Por su parte Suárez Mata manifestó a la prensa que la agresión había sido iniciada por los disidentes quienes habían llegado hasta su casa notoriamente alcoholizados amenazando a sus simpatizantes que solo se defendieron.
El mismo día 26 de diciembre por la tarde se realizó un mitin de los trabajadores inconformes, en donde Carlos Venegas informó a los asistentes que no habría más marchas de protesta, manifestaciones ni plantones a fin de evitar más actos de violencia mientras esperaban que el dirigente nacional del STPRM, Romero Deschamps, resolviera el conflicto.
El día 28 del mismo mes el vocero oficial del CEG del STPRM, Víctor García, informó a la prensa que las negociaciones para resolver el conflicto se realizaban entre las partes involucradas en Ciudad Madero con la intermediación del presidente y el secretario del Comité General de Vigilancia, Calixto Javier Rivera y Manuel Limón respectivamente. El vocero oficial también informó que lo que se buscaba era llegar a un acuerdo político porque la situación existente en la sección era "atípica, algo fuera de las normas".
A su vez Suárez Mata en declaraciones a la prensa afirmó que si el conflicto no se solucionaba rápidamente podría tener graves repercusiones para el PRI, sobre todo en vista de las elecciones presidenciales del año siguiente; también destacó que de los 7 mil trabajadores agrupados en la sección 1 solo un "reducido" número de 500 jubilados se encontraban inconformes con su dirigencia, concluyendo que "yo me debo a quienes están en activo, no a quienes ya dejaron el sindicato". Finalmente informó que había presentado querella legal por los hechos del día 26 cuando su casa fue "asaltada" por simpatizantes de Venegas y que había solicitado al gobierno estatal protección policíaca para él y su familia ante "el temor de ser asesinado por el grupo disidente". 521
En esos mismos días se publicó una entrevista con el líder de los jubilados y presidente del CPDBDS, Andrés Narváez, en la que dice haber completado una lista de alrededor del 80 por ciento de los bienes propiedad de la sección hasta el momento de la detención de La Quina . Según Narváez, en caja se encontraban 85 mil millones de viejos pesos en efectivo y cheques; la sección era propietaria de alrededor de 200 empresas de las cuales 43 eran tiendas sindicales: de las más grandes de estas últimas dos se vendieron y seis se rentaron a antiguos prestanombres de La Quina (como Álvaro Garza Cantú) y nuevos prestanombres de Guzmán Cabrera y la dirección seccional; el resto de las tiendas se cerraron a partir de que Suárez Mata tomo posesión de la secretaría general seccional, vendiéndose toda la mercancía, equipo, mobiliario y una flota de 60 camiones y camionetas.
La lista de Narváez incluía una empresa de laminación que fue vendida a un grupo de integrantes de la dirección seccional encabezada por N. Villaseñor (incluyendo a su entonces chofer, Gaspar Rodríguez); también el centro recreativo, dos parques de diversiones con vista al mar, un hospital naturista, una tienda de materiales, una refaccionaria, una planta elaboradora de masa y tortillas, fábricas de ropa, de muebles, la cooperativa de productos químicos (constituida por tres fábricas de jabón y shampoo), una funeraria, una cooperativa de producción de varilla, el Cinema Madero, más de 40 terrenos con un total de 10 mil 857 hectáreas, la granja Germinal (proyecto personal de La Quina , que él mismo cultivaba y que se encontraba abandonado y a punto de fraccionarse en lotes para edificar ahí, según Suárez Mata, casas para trabajadores) y el rancho El Chitón, localizado en Pánuco, Veracruz, de donde desaparecieron 5 mil cabezas de ganado (de las 25 mil que en todo el sistema petrolero tenía la Dirección de Obras Revolucionarias encabezada por La Quina ). Todas estas propiedades habían sido saqueadas, vendidas y concesionadas (rentadas) por los comités seccionales desde el periodo de Villaseñor, pero fundamentalmente en el de Suárez Mata, sin que se rindieran cuentas a los agremiados a pesar del encarcelamiento de Villaseñor, donde se utilizó una acusación legitima para eliminar a un líder demasiado "quinista" y asegurar el pleno control sobre la sección por parte de la dirección nacional.
Según Narváez, Suárez Mata era un obrero modesto antes del quinazo , y en el fragor de los acontecimientos posteriores logra colocarse en el comité seccional con el cargo de tesorero desde donde establece una alianza con Guzmán Cabrera que le permite ser electo como candidato oficial. En unos cuantos años la riqueza del líder seccional tiene un crecimiento desmesurado y ostentoso; su contubernio con Guzmán Cabrera era conocido ampliamente en la zona ya que los "personeros" del líder nacional, Rubén Choreño Morales, quien fungía como apoderado legal de la sección 1, y José Humberto Oliva, se encargaban directamente de la venta del ganado, maquinaria, empresas y propiedades de la sección 1.
Según el abogado de los jubilados agrupados en el CPDBDS, José Ortiz Rosales (dirigente perredista local y famoso en la región por haberse enfrentado a La Quina en el apogeo de su poder, lo que le valió ser encarcelado), la demanda en contra de Suárez Mata había sido deliberadamente bloqueada en los tribunales judiciales, además de que el líder se había escudado en su fuero como diputado federal para negarse a declarar. El abogado consideró también que tanto Romero Deschamps, como el sistema en su conjunto apoyaban al líder seccional, por lo que la lucha se planteaba como muy complicada; también reconoció que, a pesar de sus diferencias con La Quina , durante su "reinado" los trabajadores tenían por lo menos asegurado el empleo y salarios dignos, lo que no sucedía a partir de su encarcelamiento. 522
El 10 de enero de 1994 (quinto aniversario del quinazo ) desde temprana hora la señora Correa de Hernández Galicia acompañada de decenas de trabajadores petroleros recorrió las redacciones de los periódicos locales en demanda de la libertad de La Quina y demás detenidos. Al mediodía se ofició una misa al final de la cual se realizó una marcha convocada por el Comité Pro Defensa de los Petroleros Presos (CPDPP) por las principales calles de Ciudad Madero y Tampico, donde más de 300 manifestantes coreaban consignas en favor de los dirigentes detenidos, y que incluyó plantones frente a los diversos periódicos locales visitados en la mañana por la esposa de La Quina . Por su parte el diputado priísta local, Enrique Pumajero Medellín en declaraciones a la prensa afirmó que "a la marcha solo asistieron 40 o 50 nostálgicos" en su mayoría familiares de La Quina . 523
Desde el 31 de diciembre anterior se había logrado un acuerdo mediante el cual los trabajadores disidentes habían permitido la reapertura del edificio sindical y la entrada de los líderes enfrentados, Suárez y Venegas. Durante más de un mes la sección vivió -en una tensa calma- la espera de los resultados de las auditorias realizadas por el CEG y de las negociaciones que se realizaban con la mediación del mismo CEG y de un representante de Manuel Cavazos, gobernador de Tamaulipas, quien designó al dirigente quinista, perredista, ex-diputado federal y en ese momento alcalde de Ciudad Madero, Arturo Pliego Aldana.
El 9 de febrero de 1994 la violencia se volvió a desatar cuando Suárez Mata al frente de más de 40 seguidores agredió a golpes a simpatizantes de Venegas Camacho momentos después de que éste último había "clausurado" las oficinas de la tesorería seccional ante la falta de resultados de la auditoria y la negativa a entregar un informe de los bienes y fondos sindicales. En un instante la trifulca se generalizó con saldo de varios heridos y cuantiosos daños a las instalaciones sindicales. Conforme fueron arribando más trabajadores disidentes Suárez Mata y su gente tuvieron que replegarse y atrincherarse en las oficinas sindicales mientras que en la explanada del edificio se organizaba un plantón con más de 1 mil petroleros para evitar su salida.
Poco después el alcalde Pliego Aldana, en su calidad de conciliador estatal, llegó al lugar para sostener un diálogo con Carlos Venegas, mientras que a su alrededor los trabajadores acusaban al edil de "traidor" y también de "corrupto". Venegas se trasladó a las oficinas del ayuntamiento desde donde habló telefónicamente con el secretario de Gobierno estatal, Jaime Rodríguez Inurrigarro, para informarle que convocaría a una asamblea general extraordinaria para destituir a Suárez Mata. Venegas también presentó una denuncia penal en contra del líder seccional por las lesiones que presuntamente sus seguidores causaron a tres trabajadores disidentes durante los enfrentamientos del día.
El día siguiente, 10 de febrero, el líder nacional Romero Deschamps arribó a la localidad para entrevistarse por separado con el líder seccional Suárez Mata, con el líder opositor Venegas Camacho, con el ex-secretario seccional Villaseñor Villafuerte y con el líder de los jubilados, Cirilo Rodríguez, al final de lo cual ofreció una conferencia de prensa en la que anunció la realización de una próxima asamblea general extraordinaria de la sección 1 para dar a conocer los resultados de la auditoría realizada a las finanzas seccionales. También informó que se realizarían investigaciones penales para esclarecer las responsabilidades de los miembros de ambos grupos en los enfrentamientos suscitados desde el 19 de diciembre anterior.
El 17 de febrero agentes de la policía judicial estatal detuvieron al líder disidente Carlos Venegas y a cuatro de sus simpatizantes (tres jubilados y un trabajador en activo) bajo los cargos de privación ilegal de la libertad y daños en propiedad ajena para trasladarlos de inmediato al penal de Ciudad Victoria en donde en sus primeras declaraciones Venegas denunció que su detención era "una maniobra política". En conferencia de prensa la esposa de Venegas, Nora Elda García, denunció que la detención era "injusta y prefabricada", anunciando que solicitaría la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Secretaría de Gobernación federal. Por su parte cientos de trabajadores disidentes volvieron a tomar el edificio sindical después de realizar una marcha por las calles de Ciudad Madero en protesta por la detención de su dirigente. En el vestíbulo del inmueble, dos trabajadores disidentes iniciaron una huelga de hambre.
El edificio sindical fue reabierto un día después, aunque en el acceso principal permanecieron decenas de trabajadores disidentes en apoyo a los huelguistas de hambre. El 19 de febrero el procurador estatal, Raúl Morales Cadena, informó que se podría dictar formal prisión a Carlos Venegas y que en caso de que se comprobaran las acusaciones a Suárez Mata se pediría su desaforo para poderlo juzgar, aunque señaló que se requería una nueva auditoria ya que las anteriores "no han sido muy claras", lo que se llevaría dos meses más. Cabe recordar que la denuncia penal por fraude en contra de Suárez la presentó el CPDBDS en marzo de 1992 y desde entonces no se realizó ninguna acción judicial al respecto; lo mismo que con las denuncias presentadas por Venegas por los enfrentamientos del 19 de diciembre y del 9 de febrero pasados, mientras que la denuncia del comité seccional en contra de Venegas procedió casi de inmediato.
El mismo 19 de febrero Suárez Mata declaró a la prensa que existía "tranquilidad" entre la base trabajadora y que no habría ninguna asamblea seccional próximamente. Un día después más de 500 petroleros realizaron una marcha por las calles de la ciudad para terminar con un mitin frente al edificio sindical en donde permanecían dos trabajadores en huelga de hambre. El 21 del mismo mes la juez segunda de lo penal en Ciudad Victoria, Rosalba Portes Rodríguez, decretó el auto de formal prisión en contra de Venegas y cuatro coacusados más: Efrén Peña García, F. Rodolfo Calderón Mercado, Antonio Meléndez Ibarra y D. Fernando Vega Zamarripa, por los mismos delitos de su consignación, lo cual dio lugar a una nueva marcha de protesta en Ciudad Madero un día después y otra el 25 del mismo mes, cuando sumaban ya cinco los funcionarios seccionales "veneguistas" que habían sido cesados por Suárez Mata en los últimos días. 524
El 1 de marzo de 1994 cientos de trabajadores se manifestaban por las calles de Ciudad Madero para concluir con un mitin frente al centro de convenciones demandando la libertad de Venegas; a la misma hora y a unas cuantas calles en el vecino puerto de Tampico, el líder local del PRD y abogado de los jubilados de la sección 1 agrupados en el CPDBDS, José Ortiz Rosales, era violentamente detenido al llegar al local de su partido por policías judiciales estatales que portaban metralletas, cuernos de chivo y gases lacrimógenos usados para enfrentar a los compañeros de Ortiz que trataron de impedir la aprehensión con piedras, palos y botellas. Los agentes lograron sacar del lugar al líder detenido mientras la trifulca se extendía a las calles aledañas ante la llegada de cientos de simpatizantes, ciudadanos y bandas de jóvenes que se sumaban al enfrentamiento contra las fuerzas policíacas y aprovechaban para iniciar el saqueo de comercios y bancos e incendiar una grúa y un auto particular.
Solo después de cinco horas (a las 11 de la noche) la policía pudo tomar el control de la zona, reportando la detención de seis perredistas a los que se responsabilizaba de los enfrentamientos. De inmediato el líder perredista en Ciudad Madero Jorge Sosa Pohl ofreció una conferencia de prensa en donde dijo que la detención de Ortiz Rosales "era una venganza política" por la defensa de los jubilados de la sección 1, al mismo tiempo que deslindaba a su partido de los hechos violentos responsabilizando de éstos a "personas ajenas al problema".
Por su parte el alcalde de Tampico, Fernando Azcarraga López, informó a la prensa que el líder perredista había sido detenido por una denuncia de robo (en la que se incluía también a Venegas Camacho) que hacían unos "comerciantes" que alegaban haber sido asaltados por los dos líderes en una carretera del estado de México el 16 de febrero anterior. La orden de detención fue realizada por el juez tercero de lo penal de Tlanepantla, estado de México; a Ortiz Rosales se le remitió al penal de Villa Nicolás Romero, Tamaulipas, en donde el juez lo liberó al comprobar la falta de pruebas en la acusación. Entrevistado poco después por la prensa nacional, Ortiz Rosales declaró que su detención pretendía evitar que se lanzara como candidato a senador por Tamaulípas "y le haga sombra al eventual prospecto del PRI, que podría ser Hugo Andrés Araujo", de la CNC. 525
En la noche del mismo 1 de marzo de 1994 Jesús Suárez Mata renunció a la dirigencia de la sección 1 mediante una conferencia de prensa en la que afirmó que se trataba de una decisión personal e irrevocable "para que vuelva la paz y la tranquilidad en la sección". La gestión sindical de Suárez Mata, iniciada en febrero de 1991, legalmente terminaba en diciembre del mismo año 1994, al mismo tiempo que su cargo como diputado federal. La dirigencia seccional quedó interinamente a cargo del secretario del Interior, Jesús Olvera Méndez, quien anunció el 2 de marzo que se tenía un plazo de 30 días para que el CEG del STPRM emitiera la convocatoria para elegir nuevo secretario general y nuevo presidente del consejo local de vigilancia, cargo este último que ocupaba el líder detenido Carlos Venegas Camacho.
4. Privatización encubierta y liberación de La Quina
Los 30 días del interinato sirvieron para que los ánimos se relajaran en la zona de Ciudad Madero-Tampico, para que la defensa de Venegas se orientara por la vía legal y para que los grupos, corrientes y personalidades negociaran la integración de las planillas que contenderían por el Comité Ejecutivo Seccional. El 4 de abril, una vez cumplido el plazo sin que la convocatoria fuera expedida por el CEG, el secretario del exterior provisional, Homero Rentería, declaró a la prensa que según los estatutos al no haber elecciones el comité provisional se hacía definitivo, lo que provocó las airadas protestas de los dirigentes opositores encabezados por Juan Calvillo García y José Manuel Tostado Hernández quienes anunciaron el inicio de una campaña de firmas para lograr el 33% requerido para la realización de una asamblea general extraordinaria, amenazando con apoyarla con plantones y marchas; también anunciaron la formación de una planilla (fracción) del Grupo Unificador Mayoritario ex-quinista, con el nombre de "GUM - 19 de diciembre" (de 1993), sin dar a conocer los nombres de los candidatos "porque serían objeto de represalias por parte del CES interino".
Finalmente el CEG y el CES interino llegaron a un acuerdo y se convocó a elecciones para el 13 de abril de 1994 en las que contendieron dos planillas: la "mayoría del grupo mayoritario" (CES de Suárez Mata) que presentó una planilla llamada "GUM - 1 de Octubre" (de 1959, fundación del GUM por La Quina ) encabezada por Martín Homero Rentería Sánchez (ex-secretario del exterior) como secretario general, Jesús Olvera Méndez (quién sería postulado por el PRI y electo diputado federal en julio de 1994) como secretario del interior, Narciso Villaseñor (ex-secretario general, excarcelado e inicialmente aliado de Carlos Venegas) como secretario del exterior e Ignacio Kilian Martínez como presidente del consejo local de vigilancia y quienes iniciaron su campaña electoral ofreciendo prestamos individuales entregados de inmediato, con tan buenos resultados que en la fecha fijada fueron electos como nuevo CES, derrotando a la planilla opositora, la "minoría del grupo mayoritario", "GUM - 19 de Diciembre" encabezada por Miguel Ángel Valadés como secretario general, Raúl Treviño Segura para secretario del exterior y Antonio Jasso como presidente del consejo de vigilancia. El comité seccional fue electo para terminar el periodo legal hasta diciembre del mismo 1994. 526
El 2 de mayo fue liberado en Ciudad Victoria el líder disidente Carlos Venegas Camacho después de depositar una fianza de 35 mil nuevos pesos para reparación de los daños al Centro de Convenciones durante los enfrentamientos del 19 de diciembre de 1993. Junto con él fueron liberados otros cuatro petroleros que se encontraban detenidos por las mismas acusaciones. Yadira Venegas, hija del líder excarcelado, informó a la prensa que su padre se reincorporaría a sus labores como contador público en un departamento de la refinería "Francisco I. Madero" y que no ocuparía ningún cargo en el nuevo comité seccional. 527
El único acto público en el que participó el líder seccional provisional, Homero Rentería, consistió en intervenir como orador oficial en la ceremonia luctuosa en memoria de los marinos petroleros muertos durante la segunda Guerra Mundial, realizada el 1 de junio de 1994 y a la que asistieron el Gobernador de Tamaulipas, el Comandante de la Primera Zona Naval y los presidentes municipales de Ciudad Madero, Tampico y Altamira entre otros funcionarios e invitados. En su discurso el líder petrolero acusó públicamente de actos de corrupción a funcionarios de Pemex, en especial de la rama de Marina de Altura, a través de los concursos de licitaciones, arrendamientos de embarcaciones y compras. Según expuso Rentería, en 1987 la llamada flota mayor tenía alrededor de 26 buques-tanques en operación con un promedio de 20 años de uso, mientras que la flota menor consistía en 22 remolcadores, 56 lanchas, 99 chalanes, un buque abastecedor, dos lanchas contra incendio, un buque recuperador de hidrocarburos, una draga, y en construcción tres remolcadores. En 1988 se inició la "desincorporación" de la flota petrolera: por una parte mediante la venta de seis de los buques-tanques más grandes, tres remolcadores (a los que les acababa de dar una reparación completa) y 28 unidades de la flota menor; por otra parte, mediante el procedimiento de "dar de baja" a unidades en activo dejándolas sin mantenimiento, desmanteladas y vendidas por partes. Según Rentería, en 1994 la flota petrolera contaba con 50% de las unidades respecto a 1987; a partir de 1990 se inicio la renta oficial de 15 buques-tanques y 24 unidades de flota menor con un costo inicial para Pemex de 200 mil millones de pesos anuales. El líder petrolero exigió en su discurso "se investigue el enriquecimiento inexplicable de los malos funcionarios que están robando, no a Pemex, sino al pueblo de México". 528
Sin embargo la renuncia de Suárez Mata, la elección de un CES provisional y las justas críticas a la política privatizadora de la empresa, no resolvían el problema de fondo en la sección: el mal manejo de los bienes sindicales. En asamblea seccional celebrada el 11 de septiembre del mismo 1994 se integró una "comisión de glosa" de 20 trabajadores, 10 jubilados y 10 activos, para "investigar el paradero o desaparición del enorme capital económico y diversos bienes muebles e inmuebles que paulatinamente han ido desapareciendo". 529 El 1 de noviembre un grupo de trabajadores agrupados en el Movimiento Pro Defensa de los Trabajadores Activos, Jubilados y Transitorios (MPDTAJT) realizó un plantón frente al edificio sindical "en protesta contra el gobernador tamaulipeco" por el nulo avance en las auditorias en contra de las administraciones seccionales de Villaseñor Villafuerte y Suárez Mata. El líder del MPDTAJT, Efrén Peña García, informó que las demandas se presentaron desde 1990, con Villaseñor, y continuaron con Suárez Mata, contra quién presentaron denuncia penal, a la que se le dio "carpetazo" mediante la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dos días después otro grupo de 500 trabajadores, ahora encabezados por el presidente del Comité Pro Defensa de los Bienes y Derechos Sindicales (CPDBDS), Andrés Narváez Martínez, iniciaron un plantón por tiempo indefinido en el edificio sindical en demanda de que el ex-líder y ex-diputado Suárez Mata y sus cómplices Rubén Choreño y Humberto Oliva, fueran procesados penalmente por malversación de bienes sindicales. En declaraciones a la prensa, el líder opositor Narváez explicó que Suárez Mata "era protegido" por el líder nacional Carlos Romero Deschamps (CRD), quién se negaba a realizar las auditorias que prometió desde finales de 1993. 530 El plantón se mantuvo durante todo el mes de noviembre y los primeros días de diciembre.
Al mismo tiempo se realizaban las elecciones para elegir al nuevo comité seccional, ganadas por la planilla del GUM - 1 de Octubre encabezada por Ignacio Killian Martínez, ex-presidente del consejo de vigilancia local en el comité que concluyó el periodo de Suárez Mata.
El 14 de diciembre de 1994 la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas decidió reabrir la averiguación previa contra los ex-dirigentes de la sección 1. En entrevista de prensa el subprocurador estatal José Herrera Bustamante informó que la dependencia a su cargo revocó un "inejercicio de acción penal" dictado por el anterior procurador estatal, Raúl Morales Cadena, quién había retenido el trámite durante más de seis meses. Para realizar la revocación el nuevo agente del MP en Ciudad Madero, Daniel Nava González, realizó una inspección ocular y peritajes de algunas de las propiedades que los denunciantes reclamaban y que eran valoradas en ese momento en 20 millones de nuevos pesos. Según informó el mismo día el presidente del CPDBDS, Andrés Narváez, durante el periodo de Suárez Mata se vendieron 33 empresas, 4 mil 679 hectáreas de terrenos rurales y 36 mil 537 metros de predios urbanos, sin que la venta hubiera sido aprobada por la asamblea seccional y sin que se hubiera informado nunca del destino de los recursos obtenidos.
Ante la reactivación de la demanda penal en contra de los ex-dirigentes acusados, el 18 de diciembre los trabajadores jubilados del CPDBDS decidieron levantar el plantón que mantenían frente a las oficinas del sindicato desde el 3 de noviembre anterior, mediante un mitin en donde el dirigente opositor Andrés Narváez informó que en los siguientes días presentarían ante el MP las pruebas necesarias para consignar la averiguación al juez respectivo. 531
Dos meses después, el 17 de febrero de 1995, más de 5 mil trabajadores petroleros acompañados de militantes del PRD, PAN, PFCRN y PT, realizaron una marcha por las principales calles de Ciudad Madero que concluyó con un mitin frente al edificio sindical en demanda de la liberación de Joaquín Hernández La Quina . Durante el acto encabezado por los familiares de los detenidos, por dirigentes de los petroleros jubilados, de partidos de oposición y por el alcalde de Ciudad Madero, Alfredo Pliego Aldana, La Quina se dirigió a los manifestantes por vía telefónica desde la capital del país. En el acto los oradores sostuvieron la inocencia de los líderes petroleros presos y pidieron al presidente Zedillo la revisión del expediente del caso, ya que contenía "pruebas falsas elaboradas por el ex-procurador general de la República, Álvarez del Castillo y por el ex-fiscal Coello Trejo". 532 Con el fin de intensificar la presión para lograr su liberación, La Quina inició una huelga de hambre desde su reclusión en la ciudad de México el 23 de mayo del mismo año, al tiempo que en Ciudad Madero se realizaban actos de apoyo y se preparaba una movilización a la capital del país. El 28 de mayo se llevaron a cabo en Ciudad Madero dos marchas por las principales calles en demanda de la liberación de La Quina ; una agrupaba a colonos y miembros del PFCRN y la otra a grupos de mujeres religiosas, 40 de las cuales partieron ese mismo día a la ciudad de México después de un plantón iniciado el mismo día que La Quina se declaraba en huelga de hambre.
En los mismos días se convocó a asamblea seccional en la que el nuevo secretario Ignacio Killian presentaría un informe sobre la situación financiera de la sección. Un día antes de la asamblea los representantes del CPDBDS, Jesús González Lara y Héctor López de Nava, en declaraciones a la prensa denunciaron la existencia de "maniobras turbias" (sin explicar en que consistían) por parte del comité seccional, al que responsabilizaban de "posibles hechos de violencia" durante la reunión. El 28 de mayo, mismo día en que se realizaban las movilizaciones a favor de La Quina en Ciudad Madero, se llevó a cabo la asamblea seccional con una asistencia de 4 mil trabajadores, y donde los problemas comenzaron desde la elección del presidente de debates, compitiendo como candidato del CES Narciso Villaseñor (ex-secretario seccional y en ese momento secretario local de Previsión Social) y como candidato opositor Sergio Reyes Herrera. Después de una votación cerrada Killian declaró triunfante a Villaseñor, originándose la protesta de los opositores quienes entre empujones e insultos trataron de impedir la instalación de la presidencia de debates. La asamblea continuó y Killian inició la lectura de su informe, que nadie pudo escuchar por la gran cantidad de silbidos, abucheos y gritos acusándolo de corrupto por parte de los trabajadores disidentes, algunos de los cuales lograron subir al estrado, de donde Killian prefirió escabullirse en medio del intercambio generalizado de insultos y golpes.
Una vez que los simpatizantes del CES se hubieron retirado, trabajadores jubilados pidieron a los ahí reunidos apoyo para la huelga de hambre realizada por La Quina , que ese día cumplía cinco días de iniciada. Después se dirigieron en manifestación hacia el edificio sindical en donde más de 1 mil trabajadores realizaron un mitin contra el secretario Killian, acusándolo de prepotente y de violar los estatutos de la organización. A unos metros de donde se realizaba este acto, en la plaza Isauro Alfaro, decenas de mujeres pertenecientes a grupos de oración permanecían en plantón también demandando la liberación de La Quina . 533
A su vez la lucha por obtener castigo para los dirigentes responsables de malos manejos con los bienes de la sección seguía sin encontrar solución. No obstante que desde diciembre de 1994 la procuraduría estatal decidió reiniciar las investigaciones contra el ex-líder seccional Suárez Mata, durante más de un año no se supo de ningún resultado concreto, por lo que el 18 de abril de 1996 más de un centenar de trabajadores jubilados se manifestaron frente a la segunda agencia del Ministerio Público en Ciudad Madero como protesta por la falta de acciones penales en contra de los acusados. Durante el acto el líder del CPDBDS, Andrés Narváez denunció que el fiscal segundo, Jorge Luis Sánchez Guerrero, mantenía detenido el proceso y que Suárez Mata era "encubierto por el gobernador Cavazos Lerma". 534
En los primeros días de mayo del mismo 1996 se difundió la noticia de que La Quina sufría problemas de salud, por lo que las acciones demandando su excarcelación se intensificaron. El 11 del mismo mes un grupo de trabajadores jubilados encabezados por el CPDBDS inició en Ciudad Madero una huelga de hambre colectiva en demanda de la liberación de los dirigentes petroleros presos. Al mismo tiempo, en una conferencia de prensa, el regidor del ayuntamiento perredista de esta localidad, Gabriel Rivera, informó que en una reunión de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales realizada en Querétaro y presidida por el presidente de la CNDH, Jorge Madrazo Cuéllar, una comisión de abogados y sindicalistas de la sección 1 presentaron la documentación del caso logrando el compromiso de Madrazo Cuellar para presentar una recomendación a la Secretaría de Gobernación federal a fin de que que se agilizaran los trámites correspondientes y se pudiera poner en libertad a La Quina y los demás petroleros presos. En los mismos días se supo de declaraciones a la prensa del líder en Reynosa (ver sección 36), E. Yañez Treviño, demandando la liberación de los líderes petroleros detenidos. 535
En el mes de julio integrantes del Comité Pro Defensa de los Petroleros Presos (CPDPP) se entrevistaron con funcionarios de Gobernación solicitando que La Quina fuera internado en un hospital particular para tratar su enfermedad; la respuesta oficial fue que se le atendería en el hospital militar, lo que rechazaron argumentando "el peligro de que lo asesinaran", según aseguró el diputado local tamaulipeco por el PARM, Ranulfo de Jesús Pérez, al tiempo que responsabilizaba al secretario Chuayffet del "eventual deceso" de La Quina en prisión. En este mismo mes Alvaro Delgado realizó para la revista Proceso una serie de entrevistas a dirigentes quinistas: Cirilo Juárez, quien era presidente municipal cuando la detención de La Quina ; Fernando Roux Ortega, presidente del CPDPP; Luis Esteban Ramírez y Jesús Rivera Cardoso, del recién formado Frente Unificador Revolucionario (FUR) "12 de agosto" -fecha del natalicio de Hernández Galicia- ; Gloria Gómez de la Cueva, dirigente de colonos; y Jorge Sosa Pohl, en ese momento alcalde perredista local. Todos coincidieron en que durante ocho años después del quinazo , Ciudad Madero (que en ese momento contaba con 176 mil habitantes) había vivido el derrumbe de la economía local, el incesante saqueo del patrimonio sindical, la incertidumbre laboral de miles de trabajadores petroleros y un riesgo de desastre por el deficiente mantenimiento de las viejas instalaciones de la refinería.
De ser el centro del emporio quinista, la ciudad vivió la debacle con la reducción de las actividades en la refinería y en la flota petrolera, con el cierre de cientos de pequeñas y medianas empresas privadas asociadas a los servicios a Pemex, y con el cierre de las empresas sindicales (objeto del saqueo y la rapiña) también contratistas de la paraestatal, pero además parte de un sistema nacional (petrolero) de producción y distribución de bienes de consumo básico. El desempleo alcanzó grandes proporciones: en 1989 después de la detención de La Quina , fueron despedidos alrededor de 20 mil trabajadores en la zona de Ciudad Madero. Según informaron los miembros del FUR, solo en la refinería (principal productora de gasolina Magna Sin para consumo nacional) se había despedido a 4 mil de los 10 mil trabajadores que tenía en 1988.
La última inspección de las instalaciones de la refinería se había realizado 10 años antes, a solicitud de La Quina , detectándose desde entonces numerosas anomalías y desperfectos en diferentes áreas de las instalaciones, las cuales lejos de repararse se habían dejado deteriorar aún más, convirtiéndose en un grave peligro para los habitantes circunvecinos ante la posibilidad de una explosión. Muchas instalaciones industriales eran cerradas y a su alrededor se acumulaban grandes montones de chatarra. En medio de este desorden sobresalían los edificios de las oficinas administrativas, siempre limpios, recién pintados y con excelente mantenimiento. La flota petrolera, cuyo abandono había sido denunciado por el secretario interino Horacio Rentería el 1 de junio de 1994, seguía siendo desmantelada y los barcos, grúas y chalanes que sufrían algún desperfecto, simplemente cesaban de operar y se dejaban a la herrumbre y la corrosión ante la falta de equipo de reparación y mantenimiento.
Ante esta situación la directiva de la sección 1 había permanecido completamente pasiva, dejando que la empresa tomara todo tipo de medidas de desmantelamiento de la planta industrial y laboral. La oposición quinista se había reagrupado en una serie de grupos y organizaciones como el GUM-19 de Diciembre, el MPDTAJT, el GPDBDS, y recientemente, el CPDPP y el FUR-12 de Agosto; sin embargo se encontraba excluida de los órganos seccionales y algunos de sus dirigentes cooptados (como N. Villaseñor). Aún así el quinismo mantenía un amplio respaldo popular y en alianza con otras organizaciones y partidos la oposición ciudadana había logrado ganar las presidencias municipales de Ciudad Madero (PRD), la de Tampico (PAN) y la de Altamira (PFCRN). 536
El 3 de noviembre de 1996 se instaló un plantón por "tiempo indefinido" de 200 itrabajadores frente a las oficinas de la sección 1 en Ciudad Madero. Ahí los dirigentes Gabriel Rivera Castillo y Fernando Roux Ortega informaron que ese acto era el inicio de una serie de acciones de resistencia civil hasta lograr la liberación de La Quina y de los ex-líderes Mauro Estrada Cruz, Carlo Raga Calderón, Jesús Zuñiga, Fidel Cárdenas, Saúl Castillo y Cárdenas Collazo, que ya habían cumplido las tres quintas partes de su condena. El día 4 se realizó una concentración masiva en el mismo lugar y un día después los legisladores locales del PRD, PARM y PFCRN iniciaron una huelga de hambre en el Congreso estatal en Ciudad Victoria, al mismo tiempo que trabajadores activos y jubilados bloqueaban las oficinas locales de Teléfonos de México, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada y la oficina fiscal en Ciudad Madero.
El día 8 de noviembre se dio por terminada la serie de actos de resistencia civil por la libertad de La Quina y asociados sin que se hubiera logrado nada. En declaraciones a la prensa desde el reclusorio Oriente en el DF, La Quina afirmó que existía una campaña para evitar que salieran de prisión los siete ex-líderes, a pesar de las negociaciones que el abogado de los detenidos, Luis Bobadilla, llevaba a cabo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal. El principal impedimento formal consistía en que la Dirección General de Readaptación de la Secretaría de Gobernación, declaró a La Quina no apto para reintegrarse a la sociedad, no obstante el dictamen del juez José Luis Villa declarándolo "socialmente readaptado". 537
En 20 de enero de 1997 el dirigente del FUR 12 de Agosto, Marcelino Esquivel declaró a la prensa que Pemex desplazaba a trabajadores sindicalizados mediante la contratación de personal por medio de empresas privadas, situación que sucedía ante la indiferencia del líder seccional, Killian Martínez. Días después, el 30 del mismo mes, un numeroso grupo de trabajadores realizó un plantón frente a la refinería "Francisco I. Madero", en donde el dirigente opositor, Alfredo Ruiz, afirmó que protestaban por el desplazamiento de trabajadores sindicalizados, pero que sus actos eran realizados fuera de la jornada de trabajo. 538
A principios de marzo se venció el plazo de diez años fijado para un depósito de 30 millones de viejos pesos realizado por La Quina en febrero de 1987. Desde entonces se formó un comité técnico encabezado por Rufo Barba Islas, José Concepción Posadas Castellanos y Candelario Pérez Malibrán, encargado de vigilar tal depósito y entregarlo a su vencimiento a los jubilados de la sección 1. Según informaron estos representantes a la prensa, el depósito se encontraba “congelado” a raíz de la detención de La Quina, por lo que habían contratado un cuerpo de abogados para gestionar la devolución del fondo. 539
El 18 de marzo de 1997 fue entregado a la prensa un desplegado dirigido al presidente Zedillo firmado por la esposa de La Quina , Carmen Correa de Hernández Galicia, y por los dirigentes del CPDPP, Fernando Roux, Alberto Borjas y María Durán, en el que solicitaban la libertad de los petroleros detenidos. 540 El 18 de junio del mismo año más de 300 integrantes del CPDPP realizaron un plantón de cuatro horas en protesta por el silencio guardado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante el caso de los petroleros presos. En el acto el abogado defensor de la Quina, Enoch Escobar Ramos y el miembro del CPDPP, Arnulfo Souza López, informaron que desde el 17 de febrero de 1996 funcionarios de la CNDH de reunieron con el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, para llegar a una "amigable composición" en relación a la liberación de los líderes petroleros, a lo que el funcionario se negó, alegando la "falta de readaptación social" de los detenidos. Una semana después la CNDH debió, por mandato de ley, emitir una opinión sobre la plática. Un año y cuatro meses después la defensoría nacional no había cumplido con su obligación legal, por lo que en el acto de protesta se hizo entrega de un comunicado dirigido a Mireille Roccatti y entregado al tercer visitador, Adolfo Hernández Figueroa, planteando la renuncia de la presidente del organismo por el tratamiento político dado al caso de la Quina. 541
El mismo día en que La Quina cumplió 75 años, el 12 de agosto de 1997, se hizo entrega en Ciudad Madero del fideicomiso bancario por 32 millones 440 mil pesos para ser repartido entre los 3 mil 946 jubilados registrados en la sección 1, y que había sido depositado hacía 10 años por La Quina y a su vencimiento en febrero de 1997, "congelado" por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo cual los trabajadores hubieron de realizar gestiones durante cuatro meses hasta lograr la entrega. Según explicó a la prensa el delegado del departamento de jubilados, Jesús González Lara, a cada jubilado le correspondieron la cantidad de 810 pesos. En el acto de entrega del dinero a los jubilados, varios de éstos afirmaron que eso era prueba que La Quina no se había olvidado de ellos cuando estaba al frente del sindicato. 542
Cinco meses después, y a casi nueve años de encarcelamiento, el 17 de diciembre de 1997 Joaquín Hernández Galicia La Quina fue puesto "en libertad" con la modalidad de arraigo domiciliario en la ciudad de Cuernavaca hasta el término de la sentencia en el año 2001 y con la prohibición de presentarse en Ciudad Madero. A su salida se limitó a 72 horas su estancia en un hotel de la ciudad de México. Por medio de su hijo, el diputado federal por el PRD Joaquín Hernández Correa, La Quina hizo llegar al secretario de Gobernación y al presidente Zedillo una carta de agradecimiento por su liberación, al mismo tiempo que abogaba por los otros 6 petroleros que aún permanecían presos. Dos meses después, el 18 de febrero de 1997, los seis petroleros detenidos junto con La Quina y acusados de homicidio simple, fueron liberados. 543
5. Fortalecimiento del oficialismo
Una vez concluido el periodo de la directiva seccional encabezada por Ignacio Killian, en los últimos días de noviembre del mismo año 1997 se convocó al nuevo proceso electoral, en el cual participaron dos planillas: la "Roja por el Cambio", que agrupaba a la oposición encabezada por Josué Reyes Pérez y la planilla de la mayoría oficial, encabezada por quién sería triunfador en los comicios y nuevo dirigente seccional, Jesús Olvera Méndez. Días antes de las elecciones Reyes Pérez denunció a la prensa una campaña de intimidación en su contra, que incluía una orden de aprehensión (por lo que solicitó un amparo) y la jubilación de dos de los integrantes de la planilla opositora, además de una abierta intromisión de la empresa en favor de Jesús Olvera. 544
Si bien dentro de la estructura sindical se había logrado mantener la política gubernamental de exclusión del quinismo , en el terreno de la lucha ciudadana político electoral esta corriente había logrado -mediante alianzas con distintos partidos políticos, como vimos líneas arriba- un amplio predominio en toda la zona de Altamira, Tampico y Ciudad Madero. En esta última localidad la alianza con el PRD logró mantener la mayoría durante las elecciones municipales de 1998, por lo que a partir del 31 de diciembre, Juan Manuel Hernández Correa, otro de los hijos de La Quina , tomó posesión como alcalde. En esa contienda electoral el ex-dirigente nacional Salvador Barragán Camacho, como priísta, apoyo la candidatura perdedora. 545
Unos días antes del cambio de administración municipal, el ayuntamiento saliente presidido por Jorge Sosa Pohl procedió a embargar bienes propiedad de la sección 1 del STPRM para asegurar el pago de 14 millones de pesos por adeudo de impuestos prediales. Los bienes asegurados por el ayuntamiento fueron el edificio sede, el centro de convenciones (conocido como "quinódromo") y otras instalaciones en la localidad. Según declaró a la prensa Jorge Sosa, la directiva seccional "se confió suponiendo que el candidato del PRI a la alcaldía, Lázaro Mata, ganaría las elecciones y no se les cobraría el adeudo", razón por la cual, de no haber un arreglo conveniente, se procedería al remate de los bienes para recuperar el adeudo. 546 Poco tiempo después, en una jugada sorpresiva, Juan Manuel Hernández Correa renunció a su alianza con el PRD declarándose militante del PRI.
Durante la gestión de Olvera Méndez el sindicato pactó con Pemex dos importantes acuerdos -en el año de 1999- que alteraban las relaciones laborales en las instalaciones de Ciudad Madero, y que presumiblemente daban lugar a comisiones y arreglos con los dirigentes sindicales. En primer lugar, la venta por obsoletos de los buques-tanque Ahkatún y Emiliano Zapata, sin que se cumpliera el compromiso de reponerlos por compra para mantener la fuente de trabajo. En su lugar Pemex rentaba embarcaciones con tripulaciones propias. En segundo lugar, después de años de abandono, se inició un programa de modernización de las seis refinerías del país, y en Ciudad Madero desde marzo de 1999 se asignaron los contratos de construcción al consorcio Sunkyong-Siemens-Tribasa representado por una empresa coreana-alemana-mexicana llamada Pemopro. Las obras en conjunto consistían en la construcción de 11 nuevas plantas de distintos tamaños y características en la refinería Francisco I. Madero, e incluían la reconfiguración de la planta de desintegración catalítica y la construcción de una nueva de similares dimensiones. Ambas plantas incluirían tecnologías de coquización con capacidad de producir coque para la generación de energía en plantas termoeléctricas, así como gasolinas de alta calidad. Se calculaba por parte de Pemex una inversión de 1 mil 250 millones de dólares hasta el año 2001. Los trabajos se realizaban con una plantilla de 5 mil obreros, carpinteros y soldadores contratados por Pemopro a través del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavación, Similares y Conexos (SITRACE). 547
El 12 de noviembre de 1999 el diputado federal Joaquín Hernández Correa, acompañado de los trabajadores jubilados Cirilo Juárez, Juan E. Martínez y Efrén Peña, ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar públicamente al ex-líder seccional Jesús Suárez Mata –que para entonces disfrutaba tranquilamente de su cargo como jefe de la oficina fiscal de Ciudad Madero- por haber dispuesto de manera ilegal, en alianza con los secretarios nacionales Sebastián Guzmán Cabrera y Carlos Romero Deschamps, de bienes del sindicato por tres millones de pesos. Entrevistado el mismo día con relación a la denuncia, Suárez Mata afirmó que todos los informes de su actuación fueron aprobados en asambleas y que la demanda que un grupo de jubilados había promovido en su contra años atrás, fue desechada por “falta de personalidad jurídica”. 548
En esos mismos días los participantes de la caja de ahorros de la sección fueron notificados que no recibirían su dinero para las fiestas de fin de año, además de que se presentaron cifras alteradas de las cuentas individuales, lo cual provocó un gran malestar colectivo. Para esos momentos circulaba el rumor de que el líder seccional Jesús Olvera Méndez pensaba presentarse como candidato para un segundo período en las próximas elecciones sindicales. Para atajar esto, el diputado Hernández Correa pidió a la Comisión de Vigilancia local negara el registro de Olvera Méndez como candidato, por violar los estatutos al “propagar el vicio” entre los agremiados. Esto se debía a un acuerdo de descuento de 50 por ciento a los petroleros en los productos de la Cervecería Modelo a cambio de la concesión de venta en el Centro de Convenciones de la sección 1. 549
A finales de junio del año 2000 cerca de 150 trabajadores que laboraban en la construcción de las plantas en la refinería fueron internados en diferentes centros hospitalarios, intoxicados por el consumo de agua contaminada, misma que el consorcio Pemopro también utilizaba para el mantenimiento de plantas tratadoras de agua. En relación con esto el regidor Raymundo Mora Aguilar, miembro de la Comisión de Salud del ayuntamiento de Ciudad Madero, informó que con anterioridad familiares de los afectados habían denunciado la situación sin que se hiciera nada al respecto. Una semana después de estos hechos una grúa de siete toneladas se desplomó matando a dos obreros, cuyos compañeros responsabilizaron de lo sucedido a un operador coreano. En protesta los obreros paralizaron las actividades en demanda de mayores garantías de seguridad y en repudio a la falta de prestaciones y a los bajos salarios pactados por el SITRACE, al que llamaron “un sindicato de membrete”, y decidiendo también promover una querella ante la JCA local para anular el CCT y firmar uno nuevo. 550
Dos días antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio, Joaquín Hernández Galicia, La Quina , llegó a Ciudad Madero en abierta violación de su libertad condicional. Un día después su hijo y diputado saliente Joaquín Hernández Correa anunciaba su participación en las próximas elecciones seccionales. La campaña del hijo de La Quina se realizó como parte de las candidaturas que en 15 secciones proponía la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP). El 21 de septiembre, unos días antes de las elecciones seccionales, Hernández Correa firmaba con dirigentes opositores de las secciones 11, 24 y 38, y con los diputados Alejandra Bardales del PRD y Juan Alcocer, Hugo Camacho y Francisco Hugo Gutiérrez del PAN, una “minuta para pugnar por la democratización del proceso interno” del STPRM.
En contraparte, el 22 de septiembre Jesús Olvera Méndez ofreció una “comida de unidad priísta y de apoyo” a su candidatura a más de tres mil obreros que se reunieron en el estadio Tamaulipas, y en la cual estuvieron en la mesa de honor, flanqueando al líder y candidato seccional, el gobernador de Tamaulipas Tomas Yarrington y el líder nacional Romero Deschamps. En el presídium también fueron colocados ex-secretario nacional y ex-principal lugarteniente de La Quina , Salvador Barragán Camacho, así como el otro hijo de Hernández Galicia y en ese momento alcalde priísta de Ciudad Madero, Joaquín Hernández Correa. En esta misma visita a Ciudad Madero, Romero Deschamps anunció un programa de construcción de 500 viviendas, que según Olvera podrían aumentar a 1 mil 276. También se publicó en el periódico local El Sol una inserción de tres planas pagadas con fondos sindicales, en las que se asentaban cientos de firmas en apoyo a la candidatura de Olvera, al mismo tiempo que dos de los candidatos registrados, Rafael Méndez Pérez y Javier Meléndez, hacían pública su adhesión a Olvera. En relación con el regreso de La Quina a Ciudad Madero, Olvera Méndez declaró que “al señor lo respetamos como líder que fue del sindicato, nosotros nunca lo hicimos a un lado, la agresión en su contra fue por otra parte; el sindicato siempre ha reconocido su trabajo, pero ahora queremos creer en su palabra de que solo viene a vivir en paz con su familia”. Respecto al saqueo de los bienes sindicales, Olvera afirmó que él solo daba cuentas de su gestión, de lo demás, “si me pongo a investigar eso, sería no hacer otra cosa más que eso, encerrarme y no hacer nada por lo que interesa ahora”. 551
La respuesta de Hernández Correa fue por medio de una rueda de prensa en donde declaró que estaba en una competencia desigual, ya que aparte de los apoyos de la dirección nacional a Olvera Méndez, se realizaban actos de presión e intimidación para que los obreros de planta votaran por la planilla oficial, además de una campaña de calumnias en las que se acusaba a su padre de haber robado dinero del sindicato. Por su parte La Quina se sumó abiertamente a la campaña de su hijo declarando a cuanto medio de comunicación le diera tribuna, que se trataba de una lucha entre los “valientes” que querían recuperar el gremio encabezados por su hijo, y los “traidores” que vendieron el sindicato al clan de Salinas de Gortari y Pemex a los extranjeros. El 12 de octubre, un día antes de las elecciones, un grupo de trabajadores de la refinería Francisco I. Madero realizaron una marcha y un plantón frente a la sede sindical en demanda de que las elecciones seccionales fueran por voto directo, secreto y libre, y no mediante boletas que llevan los datos del elector. 552
El activismo de La Quina fue infructuoso, ya que los resultados electorales favorecieron a Jesús Olvera Méndez con 3 mil 180 votos, por 1 mil 917 de Joaquín Hernández Correa. Otros cinco candidatos recibieron 40 votos entre todos. No votaron 1 mil 435 trabajadores registrados en un padrón de 6 mil 658 agremiados. En el mes de enero de 2001 La Quina regresó definitivamente a Ciudad Madero después de haber recibido la anuencia de la Secretaría de Gobernación panista. A su llegada La Quina aclaró que no venía “a arreglar cuentas” con nadie y que los únicos que se preocuparían por su estancia serían los “traidores” de todos conocidos. 553 En este mismo 2001 el reelecto secretario general de la sección 1, Olvera Méndez, obtenía –postulado por el PRI- una diputación local en el Congreso de Tamaulipas. 554
6. Resumen
Durante el período estudiado registramos en la sección 1 un total de 12 conflictos laborales, de los cuales cuatro fueron obrero-patronales (OP), seis intersindicales (IS) y dos contra la autoridad (CA). La mayoría de los conflictos obrero-patronales tuvieron que ver con los despidos. En marzo de 1989 se calculaba en 15 mil el número de trabajadores despedidos en la zona de Ciudad Madero (60 por ciento de los cuales empleados por empresas constructoras contratistas y el resto trabajadores transitorios de Pemex) desde el fin de los megaproyectos de inversión en la petroquímica, redes de ductos y en la perforación terrestre entre 1988 y los primeros meses de 1989. Durante el segundo conflicto a partir de 1991 son despedidos otros 1 mil 850 trabajadores de base sindicalizados y más de 2 mil trabajadores transitorios. A los primeros se les imponen “jubilaciones especiales” con reducción del requisito de antigüedad y el pago de bonos extraordinarios. A los segundos se les liquida de acuerdo a los años trabajados comprobados. Entre 1988 y 1993 registramos un total de 9 mil 862 despedidos en la sección. El tercer conflicto, a partir de 1994 y hasta 1999, tiene que ver con la privatización encubierta, que en el caso de Ciudad Madero se realizaba por medio de la venta y abandono a la herrumbre de buques, equipo e instalaciones de la flota petrolera y plantas de refinación, así como la contratación con empresas privadas extranjeras de las actividades de mantenimiento y expansión. El cuarto conflicto en 2000 se deriva del anterior aunque ya no tiene que ver con los despidos, sino con la lucha de los trabajadores de la construcción en contra del sindicalismo de protección y por la firma de un contrato colectivo con la empresa trasnacional encargada de las actividades de modernización de la refinería.
Salvo en el último caso cuyas características obligaron a una mayor gama de formas de lucha que incluyeron la movilización y el paro, la mayoría de las acciones de los trabajadores en contra de los despidos y la privatización se limitaron a la denuncia pública, llegando incluso la burocracia sindical posquinista a justificarlos con el discurso modernizador del oficialismo salinista . Aún así tanto los grupos organizados de trabajadores como las direcciones seccionales quedaron prácticamente inmovilizados ante la velocidad de los cambios y el alcance de las reformas privatizadoras. Podemos señalar como causas de esta inmovilidad: a) la exclusión contractual del sindicato respecto de la gestión de la empresa; b) la separación del trabajador de base sindicalizado y el trabajador transitorio por medio del cierre discrecional y sorpresivo de instalaciones y la negociación por separado, con la mediación de la dirección seccional, de contabilidades individuales para la asignación de prestaciones, pagos y liquidaciones; c) la intensidad del conflicto intersindical y el reacomodo en el juego de alianzas de los grupos y personajes locales y nacionales en un contexto de polarización política.
Los conflictos intersindicales inician el día en que toma posesión la nueva dirección nacional encabezada por Guzmán Cabrera, quien a partir de entonces -2 de febrero de 1989- desarrollará una feroz ofensiva por el control de la dirección seccional, y en la cual tendrá de su lado toda la fuerza del estado incluyendo el uso de la policía, el ejercito, la marina de guerra y los tribunales judiciales así como los amplios recursos institucionales heredados de la estructura de poder construida por La Quina en el sindicato. Durante todo este primer conflicto la resistencia quinista agrupada en el GUM mayoritario demostrará un respaldo mayoritario en la base trabajadora y en la población local, una cohesión y disciplina ejemplar en el avance y el retroceso táctico, así como una visión pragmática e informada de las condiciones y medios de la contienda. Es así que a) no se prueba nada en las auditorias, con lo cual La Quina se legitima aún más; b) resisten el desconocimiento del CES y el nombramiento de uno nuevo eligiendo un nuevo CES y estableciendo un cerco de seguridad en las instalaciones sindicales; c) remontan la aprehensión y encarcelamiento del CES y otros dirigentes quinistas importantes, en una operación policiaco-militar replica exacta del quinazo, negociando una convocatoria a elecciones seccionales secretas y universales (las primeras en el sindicato) que logran ganar claramente, después de una maniobra de aparente división en el quinismo y aparición de un auténtico caballo negro . Todas estas acciones se realizaron apoyadas por una permanente movilización que solo concluyó hasta la elección de la nueva directiva seccional democrática en julio de 1989.
El segundo conflicto sindical es la continuación del anterior al mismo tiempo que el primero de todos los restantes. Lo que continúa es la lucha por el control seccional, pero en condiciones muy diferentes, unas locales y otras nacionales: a) la legitimidad de una dirección local electa mediante un procedimiento ejemplar; b) el reacomodo de grupos y personajes ante una situación de estabilidad política relativa en la sección y el sindicato; c) el reconocimiento institucional del CES dentro de la estructura del sindicato y particularmente en las relaciones formales con el CEG; d) la dificultad del CES para poder combinar el discurso de apoyo a La Quina con el apoyo a Guzmán Cabrera; e) el desmantelamiento de la red de empresas de producción, distribución y abasto de bienes de consumo construida por La Quina -y que tenía en Ciudad Madero su centro más importante-, que fue la causa de todos los conflictos sindicales posteriores en la sección por la corrupción en el manejo y venta de los bienes sindicales.
Y es esta última cuestión la que precipita el fin de la hegemonía quinista en la sección, primero por la aprehensión y encarcelamiento del dirigente electo democráticamente (Villaseñor), y después, en el tercer conflicto registrado, por las acusaciones de grupos de jubilados en contra de la escandalosa corrupción del siguiente dirigente electo (Suárez Mata) a quien le toca realizar la mayor parte de la venta de los cuantiosos bienes de la sección. En el cuarto conflicto sindical la dirección seccional se divide, enfrentándose la comisión de vigilancia local con el CES, teniendo como desenlace la renuncia de ambos grupos de funcionarios sindicales locales en marzo de 1994, y también la división del GUM en abril del mismo año. A partir de entonces el quinismo pierde el control de la sección que pasa a manos de la dirección nacional encabezada ya en ese momento por Carlos Romero Deschamps. Los dos últimos conflictos sindicales tienen que ver con las denuncias en contra de las tácticas dilatorias y de encubrimiento que las posteriores direcciones seccionales (Killam y Olvera) realizan a favor del ex dirigente acusado de corrupción (Suárez Mata).
A partir de 1994 el quinismo en la sección sindical queda en clara minoría, en primer lugar porque los primeros trabajadores de base recién jubilados fueron los cuadros identificados con esta corriente. En segundo lugar porque al dividirse el GUM no se logra mantener una oposición unida, fragmentándose esta en al menos seis diferentes grupos (registrados), formados principalmente por jubilados. En contraparte, en el plano ciudadano, el quinismo mantiene durante prácticamente todo el período un predominio político electoral en toda la zona de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, mediante una pragmática política de alianzas con el PFCRN, el PRD, el PAN y, a partir de 1999 (en una extraña maniobra política), el segundo hijo de La Quina , electo alcalde de Ciudad Madero por el PRD, declara su militancia en el PRI. En las elecciones seccionales de 2000 se realiza un importante esfuerzo para construir una amplia alianza opositora apoyada por la ANDTP y que trata de aprovechar dos condiciones favorables: el regreso de La Quina a Ciudad Madero y el efecto del voto anti priísta en las elecciones federales. Sin embargo es ampliamente derrotada por la coalición oficialista que incluyó entre sus promotores a varios de los ex dirigentes del primer circulo quinista , empezando por el ex “primer socio” Chava Barragán Camacho, quien así pagaba por la liberación “anticipada” en 1994, que desde entonces le costó también romper con La Quina .
De los conflictos contra la autoridad el más importante fue la lucha por la liberación de La Quina , quien regreso a su localidad días antes de las elecciones seccionales en octubre de 2000, después de casi nueve años de reclusión carcelaria y más de dos años de “destierro” en el estado de Morelos. Durante el tiempo de encarcelamiento La Quina contó siempre con la simpatía y el apoyo de los trabajadores y población de Ciudad Madero, particularmente en las memorables jornadas de resistencia civil en enero de 1989, y en las campañas por la liberación de los dirigentes presos de 1994 a 1997, que incluyó una amplia gama de acciones de difusión pública, misas, grupos de oración, movilizaciones, huelgas de hambre (entre otros el mismo Joaquín Hernández Galicia). El otro conflicto consistió en el intento de la SHCP de impedir la entrega de un fideicomiso a favor de trabajadores jubilados contratado por La Quina diez años antes y resuelto favorablemente después de un forcejeo realizado justo en los días en los que el viejo dirigente abandonaba la prisión.
| Sección 1 | OP | IS | CA |
|---|---|---|---|
| Conflictos | 4 | 6 | 2 |
| 1989 | 1 (mar 89) | 1 (feb 89 - jul 89) | 1 (ene 89 - dic 97) |
| 1990 | 1 (dic 90 – feb 91) | ||
| 1991 | 1 (nov 91 - jun 92) | ||
| 1992 | 1 (mar 92 - may 93) | ||
| 1993 | 1 (ago 93 - mar 94) | ||
| 1994 | 1 (jun 94 - mar 99) | 1 (sep 94 – abr 96) | |
| 1997 | 1 (mar 97 – ago 97) | ||
| 1999 | 1 (nov 99) | ||
| 2000 | 1 (jul 00 – ago 00) |
* Las fechas que aparecen entre paréntesis corresponden a la primera y última referencia en el texto de cada caso
En los 12 conflictos señalados registramos un total de 47 demandas planteadas, un promedio de cuatro por conflicto. Solo encontramos ocho demandas solucionadas, la sexta parte de las planteadas. Vistas por años, el mayor número de demandas, 63 por ciento, se concentran entre 1992 y 1994. Vistas por tipo de conflicto, el 60 por ciento de las demandas planteadas corresponden a los conflictos intersindicales, y dentro de estos la mayoría relacionadas con corrupción y malos manejos de las finanzas sindicales. Otras demandas sindicales se refieren a la dura lucha por el control de la dirección local y a la violencia utilizada por la alianza burocracia sindical autoridad. Las demandas obrero patronales en su mayoría fueron por los despidos y la única solucionada en esto consistió en fijar como tope cinco años de antigüedad para la liquidación de los transitorios. Las restantes demandas obreras patronales se referían a la política privatizadora y de desmantelamiento del equipo y las instalaciones industriales y de salud los trabajadores. Las demandas contra la autoridad exigían la libertad de La Quina y coacusados, así como el pago de un fideicomiso para jubilados.
| Sección 1 | PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP | IS | CA | Total | OP | IS | CA | Total | |
| DEMANDAS | 11 | 28 | 8 | 47 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Servicios Médicos | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Despidos | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Jubilación forzosa | 1 | 1 | ||||||
| Consejo de administración | 1 | 1 | ||||||
| Nivel de Ejecución | 1 | 1 | ||||||
| Contratación Colectiva | 1 | 1 | ||||||
| Dirigentes | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Finanzas Sindicales | 20 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | ||
| Represión de las Autoridades | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | |||
| Represión Sindical | 3 | 3 | ||||||
En total registramos 211 acciones en apoyo a las demandas anteriores, un promedio de 17.5 por conflicto. En su distribución por años, el mayor numero de acciones se concentró en 1989 y entre 1991 a 1994, período en el que casi cuatro mil trabajadores de base y transitorios fueron objeto de despidos, liquidaciones y jubilaciones forzosas. En esos mismos años la casi totalidad de las acciones correspondieron al enfrentamiento sindical. Vistas por tipo de conflicto, 75 por ciento correspondió al intersindical, nueve al obrero patronal y 15 por ciento al conflicto contra la autoridad. Esto da clara idea de la intensidad del conflicto sindical, de la constancia en la lucha contra la autoridad por la liberación de los dirigentes presos, y de la total indefensión de los trabajadores petroleros frente a los despidos masivos y la privatización de la empresa.
En cuanto a los contendientes, casi la mitad de las acciones registradas correspondió a los grupos de trabajadores independientes y/o de oposición, fragmentados en distintos grupos en los que conviven qunistas y ex quinistas hasta el intento del gran frente opositor que fracasa en las elecciones de 2000. Las acciones de la burocracia sindical representaron el 35 por ciento, las de las autoridades el 13 y de los patrones el tres por ciento, estos últimos fundamentalmente despidos aceptados por la empresa, y despidos encubiertos a través de la venta y cierre de instalaciones y medidas de reorganización administrativa. En el caso de las autoridades destaca el número de acciones desplegadas en el conflicto intersindical y la combinación de procedimientos legales y acciones directas de fuerza para reprimir la oposición a la burocracia sindical. También es importante señalar el alto número de acciones de fuerza realizadas por los trabajadores en su enfrentamiento con el oficialismo por el control de la dirección seccional.
Vistas por forma de lucha, casi la mitad de las acciones fueron directas, mientras que la otra mitad se dividió en partes iguales para las acciones legales y las concernientes a la vida sindical. Las acciones directas de los trabajadores fueron fundamentalmente las movilizaciones incluyendo campañas de difusión en la prensa, así como enfrentamientos violentos. La burocracia sindical también realizó intensas campañas de prensa y utilizó, sin mayores resultados por la resistencia obrera, a grupos de choque. Por parte de la autoridad las acciones directas fueron de fuerza, utilizando al ejercito, la marina y los cuerpos policíacos estatales y federales para tomar las instalaciones petroleras (2 veces en 1989), establecer el “toque de queda” y “desaparecer” los poderes en Ciudad Madero y utilizar cuerpos policíacos para disolver violentamente mítines y manifestaciones. Las acciones legales de los trabajadores y de la burocracia sindical fueron fundamentalmente las denuncias penales y solicitudes de auditorias, y que dieron lugar a procedimientos judiciales que las autoridades frenaron o aceleraron en los ministerios públicos y tribunales según conviniera. En cuanto a las acciones relativas a la vida sindical, aquí encontramos dos grupos centrales de acciones: las que se refieren al manejo de los procedimientos estatutarios en la lucha por el control de la dirección sindical desde 1989 hasta 1994, y las que construyen la demostración y defensa pública de malos manejos y corruptelas en el proceso de privatización de los bienes sindicales, y cuya defensa incluyó la toma de las instalaciones sindicales por la fuerza, por lo menos en cinco ocasiones.
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| Sección 1 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total acciones | 102 | 7 | 74 | 28 | 211 |
| Legales | 17 | 7 | 16 | 21 | 61 |
| Directas | 63 | 23 | 6 | 92 | |
| V. Sindical | 22 | 35 | 1 | 58 | |
| OP | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| Legales | 1 | 7 | 8 | ||
| Directas | 4 | 7 | 11 | ||
| IS | 73 | 64 | 23 | 160 | |
| Legales | 13 | 16 | 18 | 47 | |
| Directas | 40 | 13 | 5 | 58 | |
| V. Sindical | 20 | 35 | 55 | ||
| CA | 24 | 3 | 5 | 32 | |
| Legales | 3 | 3 | 6 | ||
| Directas | 19 | 3 | 1 | 23 | |
| V. Sindical | 2 | 1 | 3 |
XII. Sección 36 de Reynosa, Tamaulipas
La sección agrupaba en 1982 a 3 mil 984 trabajadores dedicados fundamentalmente a las labores de exploración y perforación. En los siguientes años se llevó a cabo la construcción de instalaciones petroquímicas en Reynosa y en Cadereyta que implicó un gran aumento de la plantilla laboral y cuyas actividades terminaron en 1988, cuando se calculaba en 8 mil 500 los trabajadores de Pemex en la zona del norte de los estados de Tamaulipas y Nuevo León, la mayor parte de los cuales tenían la categoría de eventuales o transitorios. También se frenaron las actividades de exploración y producción, por lo que a partir de ese año y hasta 1995 se despidió a más de 5 mil trabajadores en la sección. En 1997 se estimaba que en la jurisdicción de la sección 36 laboraban tres mil trabajadores, 1 mil 50 de los cuales eran transitorios y el resto de base sindicalizados que constituían la sección junto con 1 mil 250 pensionados.
1. El quinismo reconvertido
.El 10 de enero de 1989, mientras los trabajadores paraban labores en la refinería de Reynosa en protesta por la detención de sus dirigentes nacionales, el líder de la sección 36, Tomás "Chito" Cano decidió escapar de la localidad y esconderse para después negociar el retiro mediante la jubilación para él y otros dirigentes locales encabezados por Eduardo Vela Aguilar. El 16 de enero se hizo público un documento de fecha 12 de diciembre de 1988, firmado por el director de la PJF, F. Valverde Salinas, en donde ordenaba al comandante Robles Liceaga y a los agentes, J. Cambre G., H. Pérez C. y J.T. Castellanos Lira, trasladarse a Reynosa a investigar "un contrabando de armas con destino a la casa de La Quina ". La publicación del documento fue para anunciar la búsqueda policíaca del ex-alcalde de Reynosa, ex-líder petrolero, ex-diputado federal y ex-presidente del PRI en Tamaulipas, J. Cruz Contreras, alias el "Padrino", a quien se acusaba de contrabando de armas para La Quina . En Reynosa se decía que el Padrino era dueño de un casino en Las Vegas, y de diferentes empresas pesqueras, dos buques tanque en Venezuela y Brasil, hoteles tanto en Tamaulipas como en McAllen, Texas, edificios, líneas de transporte urbano y aéreo, constructoras y un rancho con ganado de registro en Venezuela. La esposa del Padrino, E. Icaza, alias "Tinita", fue durante veinte años jefa de la oficina fiscal en Reynosa, y en este momento era delegada local de la SEDUE; en 1987 Tinita compitió por el PRI por la alcaldía local, perdiendo frente al prominente ganadero postulado por el PARM, E. Gómez Lira; al decir local, se trató de una maniobra del presidente De la Madrid para evitar que alguien respaldado por los petroleros ganara la alcaldía. Los hijos del Padrino habían sido acusados en diversas ocasiones de formar grupos de choque en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y otros centros educativos.
El relevo en la dirección seccional fue aprovechado para reorganizar y cambiar el nombre de la vieja coalición mayoritaria en la sección, el Grupo Revolucionario de Unidad Mayoritaria (GRUM), que a partir de entonces se llamó Grupo Unificador Liberal (GUL). Ante la huída de los principales líderes simplemente se corrió el escalafón político y se obtuvo la aprobación final de la dirección nacional. A finales de enero se realizó una asamblea seccional para la elección de la nueva directiva, en la que Nicolás Ortiz Castro y Ernesto Cerda Ramírez, viejos líderes quinistas , movilizaron a trabajadores jubilados y transitorios sin derecho a participar. En este acto Ortiz Castro se auto nombró presidente de debates y posteriormente nuevo secretario seccional.
En respuesta los trabajadores opositores antiquinistas encabezados por Rodolfo Vigil Castillo, Gilberto Hernández del Angel, Leonel Hernández Zamora y José Vega Vázquez, publicaron en la prensa nacional un desplegado dirigido al presidente Salinas, al secretario del Trabajo, A. Farell, al secretario de Gobernación, F. Gutiérrez Barrios y al nuevo líder nacional Sebastián Guzmán Cabrera (SGC), adhiriéndose a la "política moderna" y denunciando la forma en que Ortiz Castro se proclamó líder seccional. En el desplegado acusaban a Ortiz Castro y a Cerda Ramírez de haber acumulado riquezas incalculables producto de la corrupción. Al primero también lo acusaban de encontrarse con La Quina en el momento de la detención, misma que había calificado de injusta, arbitraria e ilegal. 555
Pese a las protestas Ortiz Castro recibió todo el apoyo del CEG. En reciprocidad, en el mes de mayo del mismo año, el líder seccional, en entrevista a la prensa antes de ser recibido por el gobernador de Tamaulipas, A. Villareal, declaró que bajo el liderazgo de SGC las secciones del sindicato petrolero habían recobrado su autonomía. En la misma ocasión Ortiz Castro informó también que tan solo en Reynosa durante los últimos siete meses se habían cancelado dos mil plazas que no habían sido liquidadas en su totalidad -faltando por ejemplo el pago completo de las vacaciones- y que por las limitaciones presupuestales en Pemex sólo trabajaban cuatro equipos de perforación de los 36 con que contaba la sección. 556
El 14 de septiembre más de 400 jubilados instalaron un plantón frente a las oficinas de Pemex en la ciudad de Reynosa, y uno de ellos, Andrés González Castillo de 68 años, se declaró en huelga de hambre como medida de presión en demanda del pago de las pensiones y de indemnización por la pérdida de la vista y el oído. Las pensiones habían sido suspendidas por la paraestatal en otras ciudades petroleras hasta que la JFCA resolviera sobre demandas similares interpuestas por los trabajadores jubilados. En entrevista de prensa, Vicente del Angel Covarruvias, Hernández Cerecedo Olivares, Julio Pérez Juárez, Roberto Ortiz Espinoza y Roberto Matus, dirigentes de los jubilados en plantón, denunciaron que el sindicato los había abandonado en su lucha y que el líder seccional Ortiz Castro se presentó hasta el quinto día del movimiento, para informarles que llevaba a cabo una negociación con la empresa a fin de encontrar una solución al problema. Sin embargo tanto el superintendente de la empresa en el área, Manuel Pavón, como el jefe de personal, Israel Martínez, se negaron a recibir a los jubilados. El 20 de septiembre, seis días después de iniciado el plantón, la empresa suspendió los servicios médicos a los jubilados y sus familias. 557 Para principios de octubre 120 de los ex-trabajadores se habían desistido de la demanda presionados por la falta de pago de las pensiones. En tanto el resto de los jubilados había mandado una comisión a la capital del país para entrevistarse con el líder nacional, SGC, quién se negó a recibirlos impidiéndoles incluso el acceso al edificio sindical, por lo cual los jubilados amenazaron con trasladar su plantón a la ciudad de México. En los días siguientes el movimiento de los jubilados entra en un proceso de desgaste hasta el levantamiento del plantón el 25 de octubre de 1989. 558
En el mes de noviembre el dirigente nacional SGC asistió a una asamblea del Grupo Unificador Liberal de la sección 36 en la ciudad de Reynosa, donde informó que "Pemex contaba con 4 mil 500 millones de (viejos) pesos para liquidar y jubilar a 400 viejos empleados transitorios de la localidad". También afirmó que era mentira que hubiera recortes y despidos masivos de personal, pues solo se habían acabado los "buenos tiempos para quienes hacían buenos negocios con las cajas de ahorro, las tiendas de consumo y mediante la explotación de sus compañeros trabajadores". Según SGC, desde el 10 de enero de 1989 (día de la detención de La Quina ) el sindicato estaba dedicado exclusivamente a trabajar e incrementar la productividad de Pemex. También anunció que a mediano plazo el distrito frontera nordeste, jurisdicción de la sección 36, "volvería a tener el auge que tuvo hace varios años, al haber planes y proyectos para reactivar los trabajos de exploración y perforación en esa zona". Unos días después de la visita de SGC se inició la liquidación y jubilación para más de 400 trabajadores transitorios en la sección. Según informó el líder seccional Ortiz Castro, las jubilaciones fueron con el 60 y hasta el 100% del salario mínimo percibido hasta ese momento. 559
En el mes de abril de 1990 Ortiz Castro ofreció una conferencia de prensa para informar que las cuatro tiendas de consumo de la sección habían tenido pérdidas por 200 millones de pesos en sólo un año, debido a las deudas heredadas por la anterior administración sindical, por lo que el CES pensaba poner las tiendas bajo la administración de la empresa privada Blancos Sucesores, mediante un acuerdo consistente en que la empresa privada, en lugar de pagar renta al sindicato, otorgaría un 15% de descuento a los trabajadores de la sección. Con esto, según Ortiz Castro, se evitaría el cierre definitivo de las tiendas y el desempleo para 120 trabajadores. 560
A mediados de 1990 Ortiz Castro fue designado secretario general de la Federación de Trabajadores de Reynosa de la CTM (FTR-CTM). En octubre del mismo año se reeligió al frente de la sección 36 en una asamblea general extraordinaria en la que estuvieron presentes los representantes del CEG, Pablo Pavón Vinales y Carlos Romero Deschamps. Entrevistado antes de la asamblea, Ortiz Castro afirmó que durante su primer periodo logró la autorización de Pemex para la reanudación de las actividades de explotación y perforación en el distrito Frontera Norte, así como la recuperación de jurisdicciones que durante la etapa del "quinismo" le fueron despojadas a la sección 36. También declaró que "contando con el apoyo de nuestro dirigente y amigo SGC, podremos hacer más obras sociales, fortalecer la unidad, pero sobre todo garantizar empleo a nuestros representados". 561
Cuatro meses después de la reelección de Ortiz Castro, el 14 de febrero de 1991, se publicó un desplegado en la prensa nacional dirigido al presidente Salinas, a los secretarios de Gobernación y del Trabajo, al presidente de la CNDH y a los líderes nacionales de la CTM y del STPRM, firmado por los dirigentes del Frente de Solidaridad y Dignidad Sindical (FSDS) de la sección 36: Faustino Bonilla Rangel, Francisco de León Martínez, Alejandro Guadalupe García Aldabo, Luis Martínez Juárez y Edgar Céspedes Pérez, todos ellos suspendidos en sus derechos sindicales por el líder seccional. En el documento se denunciaba la represión contra los opositores en la sección, así como la nula intervención del líder seccional en la defensa de sus representados, e incluso su contubernio con la empresa en el caso de las demandas de los jubilados, a los que se les había obligado a desistirse. También acusaban a Ortiz Castro de haber vendido un rancho agropecuario y ganadero y un edificio en zona céntrica, propiedad del sindicato, sin haber consultado a la sección, por lo cual solicitaban una auditoria imparcial a todos los bienes de la sección 36. 562
En marzo de 1991, menos de un año después de haber tomado posesión, Ortiz Castro renunció a la secretaría general de la FTR-CTM. Ante Fidel Velázquez, Ortiz Castro dijo que su renuncia era debida a las presiones recibidas por el líder de la federación cetemista de Tamaulipas, Diego Navarro Rodríguez, a través de sus incondicionales Rafael Morales de la Cruz, del Sindicato de Maquiladoras, y Alberto Chávez Narváez, del Gremio Unido de Choferes. En su despedida anunció que a partir de ese momento centraría sus esfuerzos en atender los asuntos de la sección 36. Con esta renuncia, dos de las 11 federaciones cetemistas en el estado de Tamaulipas se encontraban en ese momento sin dirección; el otro caso era el de Ciudad Madero, en donde el líder de la sección 1 del STPRM se encontraba preso acusado de corrupción. 563
En noviembre de 1991 Ortiz Castro declaró a la prensa que Pemex canceló seis mil plazas en Tamaulipas y el norte de Veracruz, siendo la sección 36 la menos afectada, pues “solo se liquidó y jubiló a 432 obreros de planta y transitorios, mientras que en Poza Rica y Ciudad Madero se rescindieron los contratos a 4 mil trabajadores, 850 más en Cerro Azul, y 650 en Naranjos”. La principal afectación de la sección 36 se dio en la planta primaria constituida por los talleres de Perforación, Geofísica y Reparación de Suelos. El líder seccional informó también que se había acordado con la administración de la empresa jubilar solo a los trabajadores con 25 o más años de servicios. Sin embargo los datos manejados por Ortiz Castro no coincidieron con los que un mes después plantearía el titular de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la paraestatal, Francisco Cortés Coronado, en cuanto a que en el distrito Reynosa fueron dados de baja 830 trabajadores en el marco del llamado "Programa de Reestructuración Interna". Ortiz Castro tuvo que aclarar entonces que los obreros excluidos fueron en total 586, ya que mediante negociaciones, se logró evitar la liquidación de 250 empleados del área de perforación, 15 de mantenimiento de plantas y 44 de transportes. 564
2. Despidos masivos y acusaciones de corrupción
En el mes de noviembre de 1992 se renovó la directiva seccional, siendo electo nuevo secretario general Luis Enrique Yañez Treviño, a la cabeza de una nueva coalición mayoritaria, ahora denominada Grupo Modernizador (GRUMO). Dos meses después de haber tomado posesión, el nuevo líder hubo de informar a la prensa del despido de otros 491 trabajadores en la sección, que se sumaban a los realizados en los meses anteriores. Los reajustes se dieron fundamentalmente en las áreas relacionadas con la perforación como los departamentos de soldadura, transporte, mantenimiento mecánico, taller eléctrico, caminos y reparación de pozos. El nuevo líder seccional informó también que solicitaría apoyo al dirigente nacional SGC para que no se siguieran realizando liquidaciones masivas, además de que se pediría a la empresa la autorización para realizar jubilaciones "especiales" y que se cubrieran 120 plazas vacantes de otros departamentos. 565
En febrero de 1993 Yañez Treviño informó que durante 1992 Pemex liquidó aproximadamente a 3 mil trabajadores pertenecientes a la sección 36, y se preveía en los siguientes días el despido de 395 del área de perforación, complejo petroquímico, talleres y de la agencia de ventas de Nuevo Laredo. 566 Ante la falta de trabajo, en el mes de septiembre del mismo año 450 trabajadores transitorios decidieron solicitar a Pemex su liquidación voluntaria. Según declaró a la prensa Yáñez Treviño, los trabajadores transitorios pensaban instalar pequeñas empresas con el monto de la liquidación. El líder también informó que la empresa había ofrecido instalar un módulo para atender a los solicitantes en dos o tres semanas más. 567
Mientras los despidos se sucedían en la sección, un grupo de trabajadores habían presentado desde el mes de abril anterior una demanda penal ante el Ministerio Público por fraude en contra del líder seccional Yañez Treviño, el ex-secretario seccional y en ese momento presidente del Consejo Local de Vigilancia, Nicolás Ortiz Castro, el secretario tesorero Oscar Ochoa Cantú y los integrantes de la directiva seccional Angel Tito Rodríguez, María Gpe. Guillén, Cirineo Moreno y Gustavo Yong. El fraude ascendía a la cantidad de 32 millones de nuevos pesos producto del saqueo que las directivas seccionales habían realizado con los bienes sindicales a partir de la detención de La Quina : cuotas, ingresos por contratos, tres tiendas de consumo, dos centros sociales, una funeraria, una fábrica de bloques de concreto, un rancho con 500 cabezas de ganado de alto registro, muebles, vehículos y maquinaria pesada. Sin embargo la denuncia fue "congelada" por las autoridades judiciales y hasta el mes de diciembre de 1993 no se había realizado ninguna acción para aplicar la auditoria correspondiente, según declaró a la prensa en ese mes Cayetano Ibarra Pérez, líder de los inconformes. 568
En agosto de 1994, unos días antes de las elecciones federales, el líder nacional del opositor Movimiento Nacional Petrolero (MNP), Hebraicaz Vázquez, denunció a la prensa que Yáñez Treviño presionaba a los trabajadores, por medio de amenazas y promesas de conservar su empleo, para votar por los candidatos del PRI y para usar su nombre y representación mediante la firma de un documento (que se distribuyó a la prensa) en el que los integrantes del GRUMO se comprometían a trabajar y colaborar "en todas las tareas que emprenda la CTM, el PRI y los gobiernos municipales, estatales y federales". 569
A finales de 1994 Yáñez Treviño fue reelecto como secretario general de la sección para el periodo 1994-1997. En septiembre de 1995 el dirigente informó a la prensa que Pemex había iniciado la recontratación de trabajadores que habían sido liquidados, para cumplir con un programa de perforación intensivo en la Cuenca de Burgos, Tamaulipas, y en el área de Doctor Coss y Peña Blanca, en Nuevo León. Según Yañez, en ese momento se encontraban en operación 10 equipos, 8 de los cuales eran de perforación y 2 de reparación de pozos. 570
Un mes después, en la madrugada del 21 de octubre de 1995, pistoleros no identificados balacearon la casa del líder seccional Yañez Treviño, produciendo daños en la construcción y en un vehículo. Entrevistado por la prensa el líder declaró no tener enemigos que quisieran matarlo, por lo que desconocía los móviles del atentado. 571
El 31 del mismo mes Pemex anunció el inicio de la venta de diversos activos de la petroquímica secundaria que operaban en la región de Reynosa, y en donde las empresas privadas interesadas en participar en la licitación se obligaban a continuar con la operación de los complejos y plantas petroquímicas. También se anunció ese día la próxima liquidación de 350 trabajadores de la sección 36 adscritos a la subsidiaria de Pemex Exploración y Producción. Unos días después, el 5 de noviembre de 1995, el líder seccional, Yáñez Treviño informó a la prensa que los despidos se debían a la falta de recursos de la empresa, considerando que la medida no solucionaba el problema. En la misma entrevista, Yáñez negó que los despidos tuvieran que ver con la privatización de las plantas petroquímicas. 572
Durante el mes de mayo de 1996 y mientras en Ciudad Madero se llevaba a cabo una huelga de hambre por la liberación de La Quina , en la ciudad de Reynosa el líder Yáñez Treviño demandaba lo mismo en entrevista con la prensa, en la que afirmó que Hernández Galicia fue "un dirigente honesto que trajo muchos beneficios a los trabajadores de Pemex" y que las pruebas legales aportadas por el ex-"líder moral" y sus abogados eran suficientes para que abandonara la cárcel. Yáñez indicó también que el sindicato petrolero "ya no era el mismo" que en la época de La Quina , poniendo como ejemplo que en la sección 36 el numero de comisionados sindicales se había reducido de 300 a 45 en total dentro de la zona. 573
Mientras tanto en el mes de noviembre del mismo año 1996, cientos de ex-trabajadores eventuales -algunos con hasta 14 años de servicios en la paraestatal- despedidos antes de 1992, presentaron en la tercera fiscalía de la PGR en Reynosa una demanda en contra de Pemex, la sección sindical y el IMSS por fraude económico y abuso de confianza al descontárseles durante años el 30% de sus salarios para pago de seguro médico y otras prestaciones de beneficio familiar sin recibir nada a cambio en el momento de su liquidación. El IMSS fue acusado por haber sido quién manejó las cuentas de descuento con las compañías aseguradoras La República, Amerco e Integración y Producción de Agentes de Seguros. Los trabajadores despedidos acusaban también al ex-dirigente Luis Valenzuela de haberse apropiado en 1991 de fondos destinados a la Caja de Ahorros, asociación civil de la sección. Según explicó a la prensa el apoderado jurídico de los demandantes, Arturo Arcipreste Abrego, en los últimos días de diciembre de 1996, y como parte de la averiguación previa, la PGR citó a declarar a los ex-líderes seccionales, Nicolás Ortiz Castro, Ernesto "El Gato" Cerda Ramírez y Tomás "Chito" Cano Charles, así como al ex-diputado local Federico Hernández Cortés y Jorge Pulido Avendaño. Enrique Yáñez, líder seccional en funciones, informó por su parte haber rendido declaraciones y haber sido "exonerado" ya que su mandato lo inició en 1993, después de los fraudes señalados, indicando que pedía justicia y cárcel contra quienes se habían apoderado de los recursos escamoteados a los trabajadores despedidos. 574
La noche del 17 de julio de 1997 las instalaciones de la Caja de Ahorros fueron incendiadas presumiblemente con la intención de desaparecer los archivos, según denunció Yáñez Treviño, señalando la posibilidad de que "líderes de la organización" hubieran cometido fraudes por dos mil millones de viejos pesos en contra de la caja de ahorros seccional que funciona con los descuentos (600 mil pesos catorcenalmente) que la empresa aplicaba a los 3 mil 200 socios (un mil 250 pensionados y un mil 950 en activo). La asociación manejaba programas anuales de ahorro y ofrecía créditos y liquidaciones de seguro de vida. El líder informó también que el consejo de vigilancia seccional había presentado una denuncia penal ante la PGR contra quién resultara responsable de los hechos en la Caja de Ahorros. Diez días después trabajadores activos y jubilados socios de la Caja de Ahorros realizaron un plantón frente a las instalaciones de Pemex en protesta por la suspensión de las aportaciones respectivas a solicitud de Yáñez Treviño con el pretexto del incendio. En el acto los trabajadores señalaron que esta acción de Yáñez era con el fin de presionar e imponer una nueva mesa directiva de la asociación civil. 575
3. El CEG toma el control de la sección
Tal y como se lo proponía, Yáñez impuso nueva directiva en la Caja de Ahorros, sin embargo faltaron de entregarse más de dos millones de pesos retenidos desde el mes de julio, lo que provocó fuertes manifestaciones de descontento y acusaciones en contra del líder saliente, cuestión que vino a complicar las elecciones seccionales programadas para diciembre del mismo año. Ante la división interna la dirección nacional aprovechó para imponer una planilla de unidad encabezada por Jorge Pulido Avendaño, a quién se consideraba hombre de confianza del dirigente nacional Carlos Romero Deshamps, especialista en ganar elecciones en secciones conflictivas (en plena elección local se le acusó de intervenir también en un fraude electoral en la sección 29), y que durante 1994-1997 fungió como secretario de Organización y Estadística del CEG.
Concluidas las elecciones, el 16 de diciembre de 1997 más de 100 socios de la Caja de Ahorros volvieron a realizar un plantón frente a una de las plantas de Pemex en la localidad, en donde los representantes de los trabajadores descontentos, Carlos Ramírez Maya y José Manuel Espinoza, denunciaron la existencia de un "bloqueo económico" por parte de los dirigentes seccionales. Un día después los integrantes de la Caja de Ahorros irrumpieron violentamente en la asamblea seccional en la que formalmente tomaba posesión del cargo el nuevo comité ejecutivo encabezado por Jorge Pulido Avendaño. Días antes Carlos Romero Deschamps, había anunciado su presencia en el acto, sin embargo, prevenido de lo que podía suceder, el líder nacional no llegó a la cita y tampoco ningún otro dirigente nacional. La toma de protesta realizada en el casino "15 de Agosto" -propiedad de la sección- se convertió en una tremenda batalla que involucró a buena parte de los 1 mil 500 sindicalizados, mientras que las direcciones saliente y entrante huían resguardadas por un gran cuerpo de seguridad. 576
El 15 de agosto de 1998 y en ocasión del 58 aniversario de la fundación del sindicato petrolero, el dirigente local del opositor Movimiento Nacional Petrolero, Cayetano Ibarra, y el integrante del grupo Movimiento Unificador Petrolero, Juan Ramón Peña, ofrecieron una conferencia de prensa en la que dibujaron un panorama de la situación general de la sección 36. Según informaron, hasta finales de los años ochenta la sección tenía centros recreativos propios, equipos profesionales de fútbol y béisbol, parques deportivos, ranchos, funerarias, gimnasios, centros sociales y casinos propios en los que se impartían clases de "cultura", manualidades, natación, música, etcétera. A partir del encarcelamiento de La Quina las direcciones seccionales encabezadas por Nicolás Ortiz Castro y Enrique Yáñez Treviño se dieron a la tarea de desmantelar y vender el conjunto de bienes de la sección, al mismo tiempo que se permitía el despido de más de 3 mil 500 trabajadores, mientras que los 3 mil que aún sobrevivían en el complejo petroquímico de Reynosa trabajaban en medio de la incertidumbre por la privatización y el temor de ser despedidos en cualquier momento. 577
Casi un año después, a finales de junio de 1999, más de 60 trabajadores sindicalizados realizaron una marcha en la ciudad de Reynosa que culminó frente a las instalaciones sindicales, como protesta en contra del líder seccional, Jorge Pulido Avendaño, a quien acusaban de enriquecerse mediante el manejo irregular de los bienes sindicales, de crear una empresa para vender servicios de transporte de personal al sindicato, y vender plazas sin respetar los niveles escalafonarios laborales, ofreciendo empleo a personas provenientes de otras regiones del país para trabajar en la llamada Cuenca de Burgos. 578
Las acusaciones causaron un gran descontento entre los trabajadores sindicalizados que no pudo ser capitalizado por la oposición, ya que se presentó dividida a las elecciones seccionales de octubre de 2000. Aún así los resultados mostraron el tamaño del enfrentamiento interno: los candidatos opositores, Rafael Segura Arévalo y Silvestre Rodríguez Vázquez, obtuvieron 765 y 332 votos respectivamente, mientras que Pulido Avendaño contabilizó 1 mil 402. Se abstuvieron de votar 799 sindicalizados y 140 más anularon (o les anularon) su voto. Al mismo tiempo que se realizaban las elecciones el principal candidato perdedor, Segura Arévalo, al frente de sus seguidores, presentó una denuncia formal ante el ministerio público contra Pulido Avendaño por fraude al sindicato. 579 Aún con estas acusaciones, Pulido Avendaño logró mantenerse al frente de la sección durante el período reglamentario.
4. Resumen
En el período estudiado registramos un total de 12 conflictos, de los cuales cuatro fueron obrero-patronales (OP), siete intersindicales (IS) y uno contra la autoridad (CA). Tres de los cuatro conflictos obrero-patronales fueron en realidad débiles respuestas (declaraciones en la prensa) ante los despidos masivos. El restante fue la demanda de indemnización por enfermedades profesionales hecha en 1989 por un grupo de 400 jubilados instalados en un plantón por más de cinco semanas, el cual debieron levantar en medio de un tremendo desgaste provocado por la actitud dura de la empresa que les cortó el pago de la jubilación y el acceso a los servicios médicos sin que el sindicato hiciera nada. En cuanto a los despidos, con la terminación en 1988 de las actividades de construcción de las instalaciones petroquímicas en Reynosa, fueron despedidos sin liquidación más de 2000 trabajadores transitorios al servicio de Pemex. De 1989 a 1995 registramos otros 3 mil 350, de los cuales la mayor parte, alrededor de 2 mil 500, fueron jubilaciones adelantadas (25 años de antigüedad) para trabajadores de base y transitorios, así como liquidaciones para transitorios con más de cinco años de antigüedad. En estos mismos años se desmantela el área de exploración y perforación, la cual empieza a ser desarrollada por compañías contratistas en donde encuentran trabajo algunos de los obreros despedidos. En total en el período registramos a 6 mil 673 despidos en la sección
Todos los conflictos intersindicales tienen que ver con un solo problema: la escandalosa corrupción resultante de la privatización de los bienes seccionales en beneficio de la camarilla dirigente, que a su vez fue la heredera de los viejos caciques quinistas hechos a un lado con acusaciones penales de acopio y contrabando de armas, y reducidos al silencio mediante jubilaciones forzosas. El mal manejo de los bienes sindicales fue denunciado desde febrero de 1989 y fue una constante hasta 1999, sin haberse obtenido ningún tipo de solución. En cuanto al conflicto con la autoridad sorprende el apoyo del líder seccional a la campaña por la liberación de La Quina en 1996, pero también sorprende la nula respuesta en la localidad al anuncio de la venta de la petroquímica y a la campaña nacional en contra.
| Sección 36 | OP | IS | CA |
| Conflictos | 4 | 7 | 1 |
| 1989 | 1 (may 89 – nov 89) 1 (sep 89 – oct 89) |
1 (feb 89) | |
| 1990 | 1 (oct 90) | ||
| 1991 | 1 (mar 91 – sep 93) | ||
| 1993 | 1 (abr 93 – dic 93) | ||
| 1995 | 1 (oct 95 – nov 95) | ||
| 1996 | 1 (nov 96 – dic 96) | 1 (may 96) | |
| 1997 | 1 (jul 97 – dic 97) | ||
| 1998 | 1 (ago 98) | ||
| 1999 | 1 (jun 99) |
Las demandas planteadas suman 31 por una sola solucionada, que es el acuerdo de indemnizaciones (caso por caso), liquidación (cinco años), jubilación (25), que se aplicará en la sección. Casi las dos terceras partes de las demandas son obrero-patronales y se refieren a los despidos, incluyendo la contratación de plazas vacantes y el pago de prestaciones sociales. Algunas de estas, como el seguro médico, no se demandan a la empresa, sino al sindicato, al ser este el intermediario con la aseguradora y por tanto el responsable del pago respectivo a despedidos, liquidados y jubilados. La mayor parte de las demandas sindicales son para pedir castigo a los responsables del uso privado de los bienes y finanzas seccionales. La única demanda contra la autoridad es por la liberación de La Quina .
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | ||||||
| SECCIÓN 36 | OP | IS | CA | T | OP | T | |
| DEMANDAS | 21 | 9 | 1 | 31 | 1 | 1 | |
| Prestaciones sociales | 1 | 1 | |||||
| Despidos | 13 | 13 | |||||
| Jubilación forzosa | 3 | 3 | |||||
| Indemnizaciones/Liquidación | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Contratación Colectiva | 1 | 1 | |||||
| Seguro médico | 2 | 2 | |||||
| Finanzas Sindicales | 7 | 7 | |||||
| Represión de las autoridades | 1 | 1 | |||||
Registramos un total de 94 acciones con un promedio de 7.8 por demanda. Casi el 60 por ciento de las acciones correspondieron a los conflictos intersindicales, 37 por ciento a los obrero-patronales y menos del tres contra la autoridad. Vistas por contendiente, casi la mitad de las acciones corresponden a la burocracia sindical, destacando las realizadas para protestar y negociar la jubilación y liquidación de los despedidos, y en el conflicto intersindical el gran número de acciones entorno a la vida sindical, como el uso faccioso de los reglamentos, instalaciones, bienes y recursos de todo tipo para enfrentar las acusaciones de corrupción, incluyendo la alianza con las autoridades judiciales, políticas y partidarias, hasta el incendio de las oficinas de la Caja de Ahorros en julio de 1997, cuando se destruyen gran parte de las evidencias en contra de los líderes demandados. En cuanto a los trabajadores, en el conflicto obrero patronal solo registramos las acciones de los jubilados durante su plantón en 1989. Sobre los despidos no registramos ninguna acción de los trabajadores, ya que cuando se hacía mención al asunto en las acciones de difusión pública realizadas por los grupos de oposición FSDS, MNP y MUP, siempre era en un segundo plano respecto al tema principal de la corrupción de los dirigentes seccionales, en donde el número de acciones, sobre todo movilizaciones, superó al de sus contendientes de la burocracia sindical.
La patronal Pemex por su parte también realizó un buen número de acciones fundamentalmente en contra del movimiento de los jubilados en 1989, pero también destacando el paro y reanudación de actividades de exploración y perforación después de haber recortado la planta laboral y reorientado a los despedidos hacia las empresas privadas contratistas que iniciaban el auge de la llamada Cuenca de Burgos. Finalmente las autoridades tuvieron una intervención mínima pero importante en los conflictos sindicales, en donde fundamentalmente se dedicaron a retrasar las indagaciones contra los dirigentes oficialistas.
| Sección 36 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total acciones | 34 | 12 | 45 | 4 | 95 |
| Legales | 3 | 9 | 4 | 4 | 20 |
| Directas | 25 | 2 | 24 | 51 | |
| V. Sindical | 6 | 1 | 17 | 24 | |
| OP | 5 | 11 | 19 | 35 | |
| Legales | 9 | 9 | |||
| Directas | 5 | 2 | 19 | 26 | |
| IS | 28 | 1 | 25 | 3 | 57 |
| Legales | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| Directas | 19 | 4 | 23 | ||
| V. Sindical | 6 | 1 | 17 | 24 | |
| CA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Legales | 1 | 2 | |||
| Directas | 1 | 1 | 1 |
XIII. Otras secciones de la zona norte
1. Sección 49 de Cadereyta, Nuevo León
Esta sección fue fundada en febrero de 1989. Anteriormente constituía una delegación de la sección 1 y cobró importancia por la construcción, durante los años ochenta, de un complejo petroquímico que aunque era de los más pequeños del sistema nacional de Pemex, en el laboraban alrededor de 2 mil trabajadores sindicalizados.
El primer secretario general de la sección 49 fue Cuauhtémoc Flores Cabrera, quien, en abril de 1990, un año después de haber sido designado, fue acusado de fraude por 4 mil millones de pesos y de actuar en forma prepotente contra los agremiados, intimidándolos y amenazándolos. Según denunciaron un grupo de trabajadores encabezados por Mario Coronado, el dirigente sindical cesó de su trabajo a más de una docena de personas por el hecho de no estar de acuerdo con la política que desarrollaba.
A principios de mayo de 1990 se realizó una asamblea seccional en donde se demandó a Flores Cabrera aclarar las cuentas de la sección. En respuesta el dirigente abandonó el evento sin informar nada y escoltado por guardias armados y policías locales. Los denunciantes mostraron a la prensa una lista de 56 cheques cobrados presuntamente por Flores Cabrera con valores que oscilaban entre 860 mil y 1 millón de pesos cada uno, y de los cuales nunca se informó a la sección. Los trabajadores exigieron la comparecencia del líder nacional petrolero, SGC, para aclarar la situación de los bienes sindicales y restituir en su empleo a los cesados arbitrariamente. 580
En el mes de julio del mismo año los trabajadores disidentes de la sección se habían agrupado en el Frente Democrático de Liberación Sindical (FDLS), y entergaron una carta al presidente de la República donde denunciaban las anomalías del líder seccional. Los dirigentes del movimiento: Mario Coronado González, Hermilo Lira Martínez, Joel González Salazar, Hipólito Rivera Nieto y Vicente Bautista Zamora, informaron a la prensa que el líder mantenía gente armada en el interior de Cadereyta con el fin de intimidar a los que se oponían a su política, y reiteraron su demanda de que en una asamblea general, sancionada por la presencia de un representante del gobierno federal, se diera cuenta del destino del dinero faltante. A pesar de que los trabajadores demandantes se trasladaron a la ciudad de México para entrevistarse con el líder nacional del STPRM, éste se negó a recibirlos. Según afirmaron, Flores Cabrera había hecho ostentación de su parentesco con SGC, afirmando que nada le harían mientras su familiar permaneciera al frente del sindicato petrolero. 581
Un mes después de presentada la denuncia al presidente Salinas dos de los demandantes, Joel González Salazar e Hipólito Rivera Nieto, fueron transferidos unilateralmente al estado de Chiapas. Ambos trabajadores, que también eran dirigentes de la asociación civil local Sociedad Mutualista de Petroleros (SMP) denunciaron que días antes habían entregado otra carta al presidente Salinas en la que exponían los graves riesgos que se corrían en las labores realizadas dentro de las plantas hidrodesulfuradora y catalítica, en donde la temperatura alcanzaba los 500 grados centígrados en cada una, careciéndose de protección térmica por la negativa de la empresa a proporcionarla. Los trabajadores consideraron que su traslado obedecía a la alianza establecida entre la empresa y el líder seccional, Flores Cabrera, quienes cerraban filas ante las denuncias contra la corrupción. 582
El comité seccional para el bienio 1990-1992 fue encabezado por Víctor Compeán Oliva, quién se reeligió en el cargo por tres años más en 1974, en el primer período trienal. A partir de 1997 la directiva seccional es encabezada por Hilario Vega Zamarripa. En este mismo año, y una vez establecido el armisticio con el esquema 51/49 en la petroquímica estatal, se aprueba el financiamiento a obras de ampliación y construcción de nuevas plantas en el complejo de Cadereyta.
A finales de abril de 1998 se publicaron en un periódico local las denuncias de un grupo de trabajadores que realizaban obras en la refinería de Cadereyta contratados por la empresa constructora Protexa. Los inconformes afirmaban laborar más de 11 horas diarias y recibir descuentos obligatorios por comedor, cuota sindical y pago de uniformes, haciendo mención especial del gran hacinamiento en que se encontraban los campamentos de decenas de trabajadores provenientes de los estados de México, Querétaro y Morelos, “enganchados” por empresas subcontratadas para realizar determinados servicios. De inmediato el director de Recursos Humanos de Protexa, Javier Solares Reyes, emitió un comunicado de prensa en el que negaba toda responsabilidad de la empresa por las denuncias realizadas, señalando que se trataba de un problema sindical. Según el funcionario, Protexa era un grupo que en el país “contaba con 10 mil trabajadores permanentes y cinco mil que laboraban de manera temporal, ocho mil de ellos en las empresas relacionadas con la construcción”.
Para el proyecto de la refinería de Cadereyta, Protexa tenía contratados a 300 trabajadores sindicalizados y 70 empleados técnico-administrativos. En las obras trabajaban otros 120 obreros empleados por empresas subcontratistas, las cuales se hacían “cargo de sus respectivas obligaciones legales y laborales”. Los 300 trabajadores de Protexa operaban bajo un CCT firmado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Terraceros y Conexos, afiliado a la CTM, lo cual “garantizaba” el pago de horas extras y todas las prestaciones de ley; el descuento por comedor más bien era un “subsidio” del 60% en el costo de dos comidas diarias que pagaban a seis pesos para cada una por medio de bonos semanales para 10 comidas (60 pesos a la semana). En cuanto a los campamentos, Solares Reyes dijo que solo tenían instalados dos debidamente equipados para 30 técnicos especializados, mientras que el resto de los trabajadores de Protexa, se trasladaban diariamente de Monterrey a Cadereyta, gozando de un subsidio o descuento “de hasta el 50% del costo del pasaje. Los casos de hacinamiento denunciados pertenecían a las empresas subcontratistas y, según el funcionario, el conflicto se debía al intento de un grupo de trabajadores de Protexa por formar otro sindicato desde finales del año anterior. 583
En los primeros días de septiembre de 1998 Pemex anunció que en breve se iniciarían más obras para la ampliación de la refinería con 10 plantas más y con una inversión inicial de 1 mil 600 millones de dólares. Según el alcalde de Cadereyta, estas obras traerían un auge laboral en la zona en la etapa de construcción, calculando la creación de 8 a 9 mil empleos temporales. En lo que se refiere a los empleos de planta, el alcalde consideró que en la medida que las nuevas plantas serían "muy modernas y sistematizadas", requerirían cuando mucho de 300 a 400 empleos permanentes, aunque no descartó la posibilidad de que nuevas industrias se instalaran en la localidad ante el crecimiento de la planta petrolera. 584
En las elecciones sindicales del año 2000, con 1848 votos (92 por ciento del padrón) y sin ningún contendiente, es reelecto secretario general seccional Hilario Vega Zamarripa.
Resumen
Registramos en el periodo dos conflictos obrero-patronales y uno intersindical. El único conflicto sindical se localiza en 1990, al año de haber tomado posesión la primera directiva sindical de esta sección, cuando es acusada de corrupción por trabajadores disidentes que llevan a cabo una intensa movilización en apoyo a sus demandas. Esto da lugar a la represión por la alianza entre la burocracia sindical y Pemex, al ser transferidos a Chiapas algunos de los principales dirigentes opositores, que ya para entonces demandaban también a la empresa mejoras en las condiciones de seguridad en las instalaciones petroquímicas. El segundo conflicto obrero patronal, en 1998, es resultado de la privatización encubierta de las actividades de mantenimiento y expansión de las plantas industriales, que da lugar a cadenas de empresas privadas contratistas que a su vez subcontratan con otras empresas para la realización de tareas específicas. Los trabajadores al servicio de estas empresas, sobre todo los que realizan las actividades menos calificadas, son “enganchados” en distintas comunidades campesinas del país por períodos determinados, y trasladados y concentrados en condiciones de hacinamiento y desprotección total. Por lo regular, como fue el caso en Cadereyta, los trabajos son regulados por “contratos de protección” pactados por sindicatos “fantasmas” pertenecientes en su mayoría a la CTM, y cuando los trabajadores tratan de organizarse en un sindicato representativo, las empresas se lavan las manos afirmando que se trata de un conflicto intersindical.
| Sección 49 | OP | IS |
| Conflictos | 2 | 1 |
| 1989 | 1 (ago 90) | 1 (abr – ago 90) |
| 1998 | 1 (abr – sep 98) |
Las demandas obrero-patronales se refieren por una parte a condiciones de vida y de trabajo: seguridad, jornada y vivienda, y por la otra a un doble asunto de contratación: con las empresas privadas y con los trabajadores de la construcción. Las demandas sindicales son la rendición de cuentas seccionales, el castigo a los líderes corruptos y el cese a la represión sindical y laboral contra los disidentes.
| PLANTEADAS | |||
| SECCIÓN 49 | OP | IS | Total |
| DEMANDAS | 5 | 5 | 10 |
| Medidas Seguridad | 1 | 1 | |
| Jornada de Trabajo | 1 | 1 | |
| Otras Condiciones de T. | 1 | 1 | |
| Consejo de Administración | 1 | 1 | |
| Contratación Colectiva | 1 | 1 | |
| Despidos Políticos | 1 | 1 | |
| Dirigentes | 1 | 1 | |
| Corrupción | 2 | 2 | |
| Represión Sindical | 1 | 1 | |
Registramos un total de 19 acciones, un promedio de 6.3 por conflicto. Cinco de las acciones fueron en los conflictos obrero-patronales y 12 en el intersindical. Los trabajadores realizaron el mayor número de acciones, una legal solicitando la intervención del presidente Salinas, y cuatro directas de difusión pública. La burocracia sindical centró todo su esfuerzo (incluyendo el uso de grupos de choque y triquiñuelas para evadir la rendición de cuentas) en la lucha contra los disidentes del FDLS en 1989 hasta lograr su traslado a otras secciones.
| Sección 49 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Total |
| Total acciones | 9 | 5 | 5 | 19 |
| Legales | 1 | 3 | 4 | |
| Directas | 4 | 1 | 1 | 6 |
| V. Sindical | 4 | 1 | 4 | 9 |
| OP | 3 | 4 | 7 | |
| Legales | 3 | 3 | ||
| Directas | 2 | 1 | 3 | |
| V. Sindical | 1 | 1 | ||
| IS | 6 | 1 | 5 | 12 |
| Legales | 1 | 1 | ||
| Directas | 2 | 1 | 3 | |
| V. Sindical | 3 | 1 | 4 | 8 |
2. Sección 33 de Tampico, Tamaulipas
Esta sección agrupa a los trabajadores de la terminal marítima de Árbol Grande, de la Gerencia y de la Coordinación de exploración de la zona norte. En 1982 agrupaba a 946 trabajadores de planta, en 1989 tenía 1 mil 172, y en 2000 solo 132, en la medida que las actividades de la terminal marítima y de exploración fueron asignadas a empresas contratistas privadas.
El día de la detención de La Quina se hallaba en el lugar el secretario general de la sección 33, Genaro Méndez Izeta, quién al igual que los demás fue trasladado inmediatamente a la ciudad de México en donde fue liberado sin que se le fincaran cargos en contra. En los días siguientes se vivieron días caóticos en la zona de Tampico, Ciudad Madero y Altamira por el intento fallido de la burocracia de la CTM para mantener el control del sindicato nacional con el senador tamaulipeco Ricardo Camero. El 13 de enero, los dirigentes de las siete secciones del sur de Veracruz se manifestaron en un comunicado de prensa por la candidatura de SGC para dirigir el sindicato.
En contraparte el 16 de enero se realizó en Ciudad Madero un gran acto de masas en apoyo a los dirigentes petroleros presos. Ahí se acordó dirigir una carta pública al presidente Salinas y al secretario general de la CTM, Fidel Velázquez, que fue publicada como desplegado en la prensa nacional el día siguiente. En el desplegado, firmado por los siete secretarios seccionales de la zona norte, además de las adhesiones rituales al Presidente, al PRI y a la CTM se demandaba el cese del "terrorismo político" en contra de los dirigentes detenidos y el respeto al derecho de los petroleros para elegir a sus dirigentes. Para ese momento la CTM ya había dobla dado marcha atrás y reconocía el procedimiento marcado por la STPS y los propios estatutos del sindicato petrolero, con lo que aceptaba plenamente el control gubernamental sobre la organización sindical. 585 Una semana después, el 23 de enero, se publicaba en la prensa nacional un desplegado firmado por todos los secretarios seccionales petroleros menos uno (sección 1), en el que apoyaban la candidatura de SGC a la secretaria general del gremio.
Méndez Izeta logró con esta muestra de disciplina una retirada (jubilación) discreta, siendo sustituido al frente de la sección por un hombre de confianza de la nueva dirección nacional: Saúl Treviño Briones. El 17 de noviembre de 1989, con motivo de las elecciones locales en el estado de Tamaulipas, se realizó un acto de apoyo a los candidatos priístas en las instalaciones sindicales de Tampico, donde el orador principal fue SGC, quien hizo un llamado a los trabajadores a votar en favor del PRI, "para seguir avanzando por el camino trazado por el presidente CSG". 586 En octubre de 1990 se realizaron elecciones seccionales en las que fue reelecto Saúl Treviño Briones al frente de la sección. Pablo Pavón Vinales, representante del CEG en los comicios, declaró a la prensa que "las elecciones fueron legales" . Sin embargo los seguidores de la planilla opositora que encabezó Eduardo Meléndez Gómez, desmintieron lo anterior, ya que se realizaron mediante el sistema de mano alzada, por lo que exigieron la realización de nuevas votaciones de manera secreta, lo cual evidentemente no se logró. 587
En los siguientes meses se despedirían en Tampico a 600 trabajadores y a 120 más se les había jubilado prematuramente. En diciembre de 1991 se informó del despido de 120 trabajadores de la terminal marítima de Árbol Grande y 200 en Tampico. A cada despedido se le pago 40 días por año laborado, 4 meses de salario, pago de vacaciones completas y prima de antiguedad. 588
Durante 1992 las actividades de exploración en las localidades de Ozuluama y Tierra Blanca, en Veracruz, así como en Aquisimón, en San Luis Potosí, fueron realizadas por medio de empresas privadas contratadas ex-profeso, por lo cual se desplazó a las brigadas de exploración de Pemex y sus 160 integrantes concentrados en la ciudad de Tampico donde no desempeñaban ninguna actividad. En el mes de julio del mismo año se realizó una asamblea seccional extraordinaria de la sección 33, en donde se acordó la realización de un plantón frente a las oficinas del Departamento de Personal y Coordinación de Exploración de la Zona Norte de Pemex, para exigir una explicación por parte de la paraestatal en relación a la situación que guardaban las actividades de exploración. El líder seccional, Treviño Briones, informó que también enviarían una carta al presidente Salinas pidiendo su intervención. 589
Saúl Treviño consolidó su poder local aprovechando la privatización de los bienes sindicales. Su fortuna personal aumentó de manera espectacular en unos cuantos años adquiriendo numerosas propiedades: dos fábricas de agua embotellada, ranchos, edificios en renta y flotillas de autobuses. A finales de 1992, Treviño impuso al frente de la sección a Jorge Gómez Aguirre, quedando el primero en la secretaría del interior desde donde se encargaba de administrar los negocios sindicales. En septiembre de 1993, cerca de 200 trabajadores jubilados se manifestaron en el puerto de Tampico demandando la devolución de un millón de nuevos pesos producto de la venta de ganado propiedad de la Sociedad Cooperativa de Solidaridad José López Portillo, del cual se apropiaron ilegalmente Saúl Treviño y el secretario general Jorge Gómez en una operación fraudulenta realizada en octubre de 1990. En declaraciones a la prensa, los jubilados denunciaron el manejo completamente irregular de las rentas de los edificios y centros sociales construidos con sus cuotas, a los cuales incluso se les negaba el acceso. 590
En relación a los despidos el 8 de febrero de 1994 el secretario del Interior y principal líder local, Saúl Treviño, informó que los petroleros podían estar tranquilos ya que los despidos que se tenían que hacer ya se habían hecho, por que el sindicato había suscrito un acuerdo con la empresa en el que se establecía que no habría mas reajustes de ninguna clase, ya sean jubilaciones o liquidaciones. 591
A pesar de la inconformidad de los trabajadores, el comité seccional encabezado por Gómez Aguirre y Treviño Briones se reeligió para un nuevo período a partir de 1994. Sin embargo en 1995 un grupo de trabajadores de planta activos y jubilados presentaron una demanda penal en contra de los mismos dirigentes por malos manejos de los bienes seccionales, misma que fue "congelada" por instrucciones del entonces procurador estatal. En el mes de abril de 1996, trabajadores de planta activos y jubilados se volvieron a manifestar en el puerto exigiendo la intervención del CEG para la realización de una asamblea extraordinaria para destituir al comité seccional. Voceros de los demandantes informaron que con el cambio de mandos en la procuraduría estatal, su nuevo titular José G. Ferrera dispuso la reanudación de las investigaciones en torno a la demanda penal en contra de Treviño y asociados. 592 Estas expectativas resultaron fallidas y en las elecciones de 1997 se impuso la planilla oficial encabezada por José Luis Aguilar Ramírez, quien de acuerdo a los usos y costumbres, se reeligió en el año 2000 con 124 votos de un padrón de 132 afiliados.
Resumen
En esta sección registramos dos conflictos obrero-patronales, dos intersindicales y uno contra la autoridad. Los dos primeros tuvieron que ver con los despidos masivos, de los que contabilizamos 1 mil 40 en la sección, y con la contratación de empresas privadas para realizar actividades de exploración mientras las brigadas respectivas de Pemex eran mantenidas inactivas en la ciudad de Tampico. Los conflictos sindicales tuvieron que ver, por una parte con la exigencia de elecciones con voto secreto, y por la otra con la lucha en contra de la corrupción en el manejo de los bienes de la sección. El conflicto con la autoridad se vivió en los días siguientes a la detención de La Quina en las importantes jornadas de resistencia realizadas en la zona de Tampico y Ciudad Madero.
| Sección 33 | OP | IS | CA |
| Conflictos | 2 | 2 | 1 |
| 1989 | 1 (ene 89) | ||
| 1990 | 1 (oct 90) | ||
| 1991 | 1 (dic 91 – feb 94) | ||
| 1992 | 1 (jun 92) | ||
| 1993 | 1 (sep 93 – abr 96) |
En cuanto a las demandas registramos en total ocho, de las cuales tres correspondieron al obrero patronal en las cuales se incluía la exigencia de que Pemex retomara sus actividades sustantivas particularmente en la terminal marítima y en la exploración, las cuales eran otorgadas a empresas contratistas privadas mientras se mantenía a los trabajadores petroleros en paro como preparación para los posteriores despidos mediante jubilaciones adelantadas y liquidaciones. Las tres demandas intersindicales se referían al voto secreto en elecciones sindicales, a la destitución del CES y al castigo a los dirigentes responsables del fraude con los bienes sindicales. Contra la autoridad se demandaba la liberación de los dirigentes petroleros detenidos.
| PLANTEADAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sección 33 | OP | IS | CA | Total |
| DEMANDAS | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Despidos | 2 | 2 | ||
| Consejo de administración | 1 | 1 | ||
| Organización sindical | 1 | 1 | ||
| Dirigentes | 1 | 1 | ||
| Corrupción | 2 | 2 | ||
| Represión autoridades | 1 | 1 | ||
Las acciones registradas sumaron un total de 18, de las cuales seis correspondieron al conflicto obrero patronal, 11 a los intersindicales y uno contra la autoridad. Vistas por contendientes el mayor número de acciones (ocho) correspondió a la burocracia sindical, mientras que los grupos independientes de trabajadores realizaron seis, destacando el hecho de que estos últimos concentran toda su energía en la lucha contra la corrupción sin realizar ninguna acción en contra de los despidos. Contra la autoridad registramos una acción de la burocracia sindical con la firma en el desplegado de las secciones de la zona sur en contra del “terrorismo político” en contra de los dirigentes quinistas .
| Sección 33 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total acciones | 6 | 3 | 8 | 1 | 18 |
| Legales | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Directas | 5 | 4 | 9 | ||
| V. Sindical | 3 | 3 | |||
| OP | 3 | 3 | 6 | ||
| Legales | 3 | 1 | 4 | ||
| Directas | 2 | 2 | |||
| IS | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| Legales | 1 | 1 | 2 | ||
| Directas | 5 | 1 | 6 | ||
| V. Sindical | 3 | 3 | |||
| CA | 1 | 1 | |||
| Directas | 1 | 1 |
3. Sección 3 de Ébano, San Luis Potosí
En 1982 la sección agrupaba a 1 mil 204 trabajadores que laboraban en los campos productores de la zona de Ébano. A partir de 1989 la sección abarca también el distrito de Altamira y el Hospital Ébano. En el momento del quinazo la sección era encabezada por Eusebio Ordaz, quien se vio obligado a renunciar de inmediato siendo sustituido por José David Navarro de la Torre. En octubre de 1990 el CES presentó denuncia penal contra los ex dirigentes Eusebio Ordaz Ortiz y Hugo C. De Castro, por fraude superior a los 4 mil 200 millones de pesos, en perjuicio de la base sindical. Ambos líderes, que formaban parte del equipo de La Quina , recibieron fuertes cantidades de dinero por parte de Pemex para la realización de obras para beneficio de los agremiados, el cual "jineteaban" hasta por 6 meses, quedándose con los recursos obtenidos por este concepto. De Castro fungió como presidente de Contratos de la sección 3 cuando Ordaz Ortiz ocupó el cargo de secretario general y en ese momento era alcalde con licencia de Ébano. También era compadre y consuegro del ex-líder nacional Salvador Barragán Camacho. 593
Siete meses después, en mayo de 1991, fue presentada otra denuncia penal, ahora en contra del propio David Navarro de la Torre, por un fraude de más de 3 mil millones de pesos, que involucraba también al administrador de los ranchos, Mario Saldivar Zamora y al ex presidente del comité de Vigilancia, Roberto Muñoz López. A los tres líderes se les acusaba de la venta de 600 cabezas de ganado, bienes inmuebles, implementos agrícolas, y la venta de la cosecha de los ranchos, de lo cual que no entregaron cuentas. Mario Saldivar Zamora fue detenido por la policía judicial, pero sospechosamente escapó de la cárcel antes de ser puesto a disposición del juez correspondiente. Los líderes huyeron y eran buscados por la policía judicial de SLP. El asesor jurídico de la sección 3, Braulio Herrera del Ángel, informó que también se procedería penalmente en contra de los que compraron las propiedades del sindicato. 594
En diciembre del mismo año 1991, se anunció el despido de 200 trabajadores de la sección 3. A cada despedido se le pago 40 días por año laborado, cuatro meses de salario, pago de vacaciones completas y prima de antigüedad. También se informó que otros 400 trabajadores serían liquidados en los siguientes días, la mayor parte de los cuales trabajaba en el campo Tamaulipas-Constituciones localizado en el municipio de Altamira. 595
A finales de 1992 fue electo nuevo secretario seccional para el periodo que finalizaba dos años después, Juan Silva Villanueva. Un año después, el 31 de diciembre de 1993, se realizó una concentración de más de 100 despedidos en la JFCA No. 39 de la localidad de Tampico. Ahí el abogado laboral José Ortiz Rosales dijo representar a más de 800 ex-trabajadores transitorios que se agrupaban en nueve juicios legales contra Pemex y la sección 3 por demanda de determinación correcta de antigüedad e indemnización legal correspondiente; devolución de cuotas por concepto de seguro de vida; y devolución de cuotas por concepto de pago al Infonavit. Por su parte funcionarios de la JFCA informaban que las audiencias tardarían meses y posiblemente en un año más se pudiera elaborar la resolución correspondiente. 596
A partir de diciembre de 1994 la secretaría general de la sección fue ocupada por Eduardo Acuña Herrera, quién en 1997 se reeligió en el cargo para el periodo que terminó a finales del año 2000. En las elecciones de ese año se presentaron dos planillas de oposición: la encabezada por Joel Barragán Trejo, que obtuvo 48 votos, y la de Luis Alberto Trejo Salas, con 35. Triunfó Juan Silva Villanueva con 909 votos. Votaron 1 mil siete trabajadores de un padrón de 1 mil 130.
Resumen
Registramos cuatro conflictos, dos obrero-patronales y dos intersindicales. En estas últimas son acusados de fraude tanto el CES quinista obligado a renunciar, como quienes los sustituyen, dándose un caso extraño de aprehensión judicial y fuga de un dirigente seccional en funciones. Los casos obrero-patronales fueron de despidos masivos mediante liquidaciones impuestas (600 registrados) en 1991 y que dos años más tarde darían lugar a nueve juicios colectivos que agrupaban alrededor de 800 demandantes de revisión de la liquidación.
| Sección 3 | OP | IS |
| Conflictos | 2 | 2 |
| 1990 | 1 (oct 90) | |
| 1991 | 1 (dic 91) | 1 (may 91) |
| 1993 | 1 (dic 93) |
En total consideramos siete demandas planteadas y una solucionada. Esta última consistió en los términos de la liquidación y dio lugar a la posterior impugnación de las contabilidades realizadas. Las demandas sindicales fueron por corrupción en la privatización de los bienes gremiales.
| Sección 3 | PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | |||
| OP | IS | Total | OP | Total | |
| DEMANDAS | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Despidos | 1 | 1 | |||
| Liquidación | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Corrupción | 2 | 2 | |||
Respecto a las formas de lucha registramos 12 acciones de las cuales la burocracia sindical realizó más de la mitad, algunas en cuanto a la venta irregular de bienes sindicales y otras para denunciar penalmente tanto a vendedores como a supuestos compradores. Las autoridades laborales por su parte en el asunto de la revisión de las liquidaciones simplemente anunciaron que se tardarían un año cuando menos para dictar una primera resolución. Otra acción de las autoridades, policíacas en este caso, fue la aprehensión y posterior fuga en el juzgado de un dirigente local corrupto. En cuanto a los trabajadores, es hasta 1993 cuando se logran agrupar demandas colectivas en torno a un abogado laboral, lo que abre la posibilidad de acciones de movilización y difusión pública del problema.
| Sección 3 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total acciones | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| Legales | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Directas | 1 | 1 | 2 | ||
| V. Sindical | 3 | 3 | |||
| OP | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Legales | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Directas | 1 | 1 | |||
| IS | 6 | 1 | 7 | ||
| Legales | 2 | 1 | 3 | ||
| Directas | 1 | 1 | |||
| V. Sindical | 3 | 3 |
4. Sección 13 de Cerro Azul, Veracruz
En 1982 esta sección agrupaba a 892 trabajadores de planta. En 1989 su dirigente seccional, Sabino Mar Casados, fue uno de los siete dirigentes seccionales que no tuvieron que abandonar el cargo después de la detención de La Quina , reeligiéndose pata un período más. Durante el período de su gestión se reportaron un total de 850 despedidos en la sección. En 1994 es designado Carlos Michel Pulido que repite en el cargo en 1994, en el primer período de la ampliación estatutaria a tres años para los CES (seis años para el CEG).
Solo registramos un conflicto sindical en la Sociedad Cooperativa de Consumo "Cerro Azul", fundada en 1935 cuando el Sindicato de Empresa de Obreros y Empleados de La Huasteca División Sur se convertía en la sección 13 del naciente STPRM; desde entonces había cumplido un papel central en el abasto de la localidad y al cabo del tiempo los hijos de los trabajadores fundadores habían heredado la propiedad de la empresa. En los últimos años fungía como presidente del consejo de administración de la cooperativa Alfredo Garza Castillo, a quién en marzo de 1995 el contador público de la misma, José Manuel Mota Barragán, le había dirigido un escrito señalando manejos irregulares en los fondos de la sociedad que resultaban en pérdidas por 117 mil 413 millones de pesos, recomendando otro balance general para conocer a fondo el estado de cosas.
Lejos de realizar la nueva auditoria, Garza Castillo procedió unilateralmente a cambiar la razón social de la cooperativa, constituyendo una nueva sociedad en la que se dejaba fuera del padrón a más de 500 socios activos y jubilados. Ante la maniobra los trabajadores-socios decidieron en asamblea destituir al consejo de administración y nombrar uno nuevo encabezado por Alfredo Guerrero Martínez, quien en el mes de mayo de 1997 distribuyó en la prensa nacional un comunicado denunciando que la nueva directiva de la cooperativa no había podido tomar posesión de los cargos y bienes por la negativa y oposición del grupo de Garza Castillo. 597
A partir de 1997 el CES es encabezado por Gabriel Castro Leyva, quien se reelige en las elecciones seccionales de 2000, venciendo a Julio Villanueva Cruz por 371 votos a 72 con un padrón de 476 afiliados.
Resumen
Se trata de la lucha por el control de la cooperativa de consumo en donde destaca la negativa a rendir cuentas y la agresividad de la burocracia sindical, así como la firmeza de los trabajadores demandantes.
| Sección 13 | IS |
| Conflictos | 1 |
| 1995 | 1 (mar 95 – may 97) |
La única demanda planteó la entrega de los bienes de la cooperativa a sus legítimos dueños ya que habían sido expropiados por los administradores de la misma.
| PLANTEADAS | |||
| Sección 13 | IS | Total | |
| DEMANDAS | 1 | 1 | |
| Finanzas Sindicales | 1 | 1 | |
La única y contundente acción de los jubilados fue destituir a la administración de cooperativa por malos manejos, mientras que los funcionarios impugnados trataron de cambiar la razón social de la cooperativa, se negaron a la auditoria e impidieron la entrada a las instalaciones a los socios.
| Sección 13 | Trabajadores | B. Sindical | Total |
| IS | 1 | 5 | 6 |
| V. Sindical | 1 | 5 | 6 |
5. Sección 25 de Naranjos, Veracruz
En 1982 la sección agrupaba a 595 trabajadores. En 1989 cuando la detención de la dirección nacional encabezada por La Quina , el dirigente seccional era Guillermo García García. Ante su renuncia obligada, fue sustituido provisionalmente por Abdón R. Sánchez Canales, quien se reeligió en octubre de 1990 al frente de una planilla única. 598
En el mes de diciembre de 1991 se anunció el despido de 650 trabajadores en la sección, a los cuales se les indemnizó con 40 días por año laborado, 4 meses de salario, pago de vacaciones completas y prima de antiguedad. 599
A partir de 1992 la directiva seccional estuvo encabezada por Ricardo Sánchez Juárez, quien se reeligió en 1994. En 1997 fue sustituido por Jorge Martínez González, quien a su vez se reeligió en el año 2000 al frente de una planilla única que obtuvo 313 votos de un padrón seccional de 331 afiliados.
Resumen
Más despidos masivos (650) con el mismo esquema de indemnización.
| Sección 25 | OP |
| Conflictos | 1 |
| 1991 | 1 (dic 91) |
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | |||
| Sección 25 | OP | Total | OP | Total |
| DEMANDAS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Despidos | 1 | 1 | ||
| Liquidación | 1 | 1 | ||
ZONA CENTRO
XIV. Sección 35 de Tula, Hidalgo y Distrito Federal
A principios de los años setenta el quinismo había logrado consolidar sus alianzas con los cacicazgos de la zona sur del sistema sindical petrolero mientras que en la zona centro se mantenían polos disidentes sobre todo en las secciones 30 y 35 que habían ganado autonomía durante el período de Samuel Terrazas Zozaya al frente del sindicato nacional (1967-1970). En el siguiente período trienal, con la llegada de Salvador Barragán Camacho al frente del CEG, el quinismo realiza una ofensiva en contra de los grupos opositores consolidando así su hegemonía en el conjunto del sindicalismo petrolero. En 1972 se monta una asamblea amañada para destituir al secretario seccional de la sección 35, Miguel Méndez López, e imponer a Francisco Rivera Maciel. Esto provoca la inmediata reacción de los trabajadores quienes realizan un acto frente al local sindical nacional, y concitan el apoyo de otros agremiados de las principales secciones del país, ante lo cual el secretario nacional, Barragán Camacho, convoca a un pleno de secretario seccionales en donde se acuerda solicitar una orden de aprehensión en contra de Méndez López, y aplicar (mediante una reforma estatutaria decidida ahí mismo) sanciones a distintos trabajadores de la sección 35 por los cargos de allanamiento, difamación y calumnia. 600
En 1979 se forma el Grupo Renovador Unidad (GRU) con la fusión de cinco grupos político-sindicales, a partir del cual se instaurará en la sección un férreo control caciquil por parte de su dirigente Carlos Romero Deschamps (CRD) quien había llegado a la sección en 1976 después de haber estado adscrito en Minatitlán, Villahermosa, Rosarito, Salamanca, San Martín Texmelucan, Orizaba y Azcapotzalco. Su carrera política la inició como chofer ocasional de La Quina , cargo que obtuvo gracias a la recomendación de su primo, Victor Deschamps, que entonces era dirigente sindical en Salamanca. Con el tiempo Romero Deschamps, originario de Tampico, se hizo miembro del círculo interno de La Quina y durante años fue acusado de dirigir los grupos de choque del CEG. 601
Esta sección se integra con los trabajadores de la refinería “18 de marzo” en Azcapotzalco, y de la refinería “Miguel Hidalgo” en Atitalaquia, Hidalgo, así como la Superintendencia de Construcción de Obras en ambas refinerías. En 1982 la sección agrupaba a 4 mil 926 trabajadores de planta, de los cuales 3 mil 237 trabajaban en la refinería de Azcapotzalco y 1 mil 689 en la de Tula. En 1988 la sección agrupaba a 14 mil 88 trabajadores, de los cuales 8 mil 702 eran de planta y 5 mil 386 transitorios.
El día de la detención de los dirigentes nacionales petroleros los trabajadores de la sección 35 paran labores y se manifiestan en el zócalo de la ciudad de México; Romero Deschamps por su parte desalienta las protestas y negocia su integración en la coalición encabezada por SGC, ocupando la cartera de organización en el nuevo CEG. El secretario seccional, Leocadio Mendoza Olivares -"hombre de confianza" de Carlos Romero- fue uno de siete únicos líderes locales de las 32 secciones que sobrevivieron al quinazo y lograron concluir su periodo estatutario e incluso reelegirse y concluir su mandato hasta octubre de 1992.
1. La lucha contra el “hombre fuerte”
La sección 35 no solo es el feudo de Romero Deschamps, también es origen de una de las corrientes sindicales antiquinistas más importantes –junto con el MNP- desde los años setenta: el Movimiento Petrolero Independiente Lázaro Cárdenas del Rio (MPI-LC), con grupos importantes de activistas en las secciones 34 y 35 del DF, 30 de Poza Rica y 44 de Villahermosa, y encabezado por los hermanos Hernández Ayala, quienes saludaron con entusiasmo los acontecimientos del quinazo , llevando su euforia a que el también dirigente E. Alvarado Palacios declarara a la prensa que las acciones militares se habían llevado a cabo de acuerdo a planos e instrucciones señalados por el MPI-LC. Estas afirmaciones provocaron que el 16 de enero trabajadores quinistas de la refinería de Azcapotzalco propinaran una golpiza a Sebastián Hernández Ayala que ameritó atención médica. A pesar de esto el MPI-LC realizó una campaña de denuncia de la corrupción del quinismo, en donde por supuesto incluía a Romero Deschamps, a quien acusaba de “sabotaje” responsabilizándolo por el paro del 10 de enero, al mismo tiempo que aceptaba la imposición de Guzmán Cabrera al frente de una dirección antiquinista de la que Romero Deschamps quedaba excluido y en la que debería participar el MPI-LC. Las cosas iban a suceder exactamente al contrario y esto se sabría muy pronto.
El 20 de enero de 1989 en un mitin con trabajadores de la sección 34 y 35 para protestar por el nombramiento unilateral de delegados a la convención nacional petrolera, el líder Salvador Hernández Ayala denunció el asesinato del secretario del Trabajo de la sección 35, M.A. Pérez Jiménez, sugiriendo que podría tener móviles de venganza política por la prepotencia y corrupción del difunto.
El 11 de febrero del mismo año, en conferencia de prensa, una serie de grupos y dirigentes locales opositores agrupados en el Frente de Reestructuración Sindical (FRS) de la sección 35, encabezado por los también hermanos Hernández Rojas, informaron del envió de una comunicación al secretario nacional SGC denunciando al recién nombrado secretario de organización del CEG, Carlos Romero Deschamps, por haber hecho un negocio personal de los fondos de la sección, que tan solo por cuotas sindicales sumaban semanalmente 100 millones de viejos pesos. Los inconformes solicitaban al líder nacional la convocatoria para la elección de una nueva dirección seccional. En respuesta SGC declaró a la prensa que apoyaba a Romero Deschamps y que solo habría cambios donde los demandaran la mayoría de los petroleros, "no solo por la opinión de grupos aislados".
El día 20 de febrero se publicó un desplegado de prensa firmado por los delegados y subdelegados departamentales de los 3 centros de trabajo de la sección 35, apoyando a Romero Deschamps, a SGC y a la "política moderna" del presidente Salinas. En el mismo desplegado se culpaba a los "rojos del Frente Cardenista" y a los "sacristanes del PAN", de realizar una campaña de desprestigio contra sus dirigentes. En esos mismos días los dirigentes del FRS y del Movimiento Depurador (MD), Ismael y Miguel Hernández Rojas, denunciaron a la prensa los intentos de cambios de adscripción por parte de la empresa para los dirigentes Ismael Hernández Rojas, Luis Ríos Barrientos, Armando Estrella, Guillermo Ochoa, María de Lourdes Díaz, José Luis Morales e Isauro Castillo. 602 Días después se sabe de la jubilación forzada de varios de los participantes en la exigencia democratizadora y de saneamiento real del sindicato.
Es por esto que el 12 de abril, más de 100 trabajadores de la sección 35 decidieron instalarse en plantón por tiempo indefinido en el jardín de San Fernando, a espaldas del local nacional del STPRM, demandando nuevas elecciones, auditoria a los bienes sindicales, restitución en sus puestos al personal movilizado y a los trabajadores jubilados por motivos políticos. El día 17 del mismo mes, 7 de los trabajadores en plantón deciden declararse en huelga de hambre. Los huelguistas pertenecían al FRS y al MD de la sección 35 y eran, por la refinería "18 de Marzo" de Azcapotzalco, Armando Estrella, Francisco Javier Galván y José Luis Morales González; y por la refinería "Miguel Hidalgo" de Tula, Ismael Hernández Rojas, Luis Ríos Barrientos, Isauro Carrillo Chávez y María de Lourdes Días Cruz.
Un día después de iniciada la huelga de hambre, el presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia, Pablo Pavón Vinales, informó a la prensa que por instrucciones de SGC se había decidido dejar sin efecto los tramites de jubilación y de movilización de los trabajadores disidentes, lo que ya había sido comunicado a sus dirigentes, Miguel Hernández Rojas y Arturo Sánchez Hernández, quienes habían tomado una actitud "intransigente" demandando también la renuncia del líder seccional, Leocadio Mendoza Olivares, con lo cual se demostraba según Pavón Pinales que el movimiento "tenía un carácter político y no gremial" ya que la pretensión verdadera de los disidentes era apoderarse del control de la sección 35. El dirigente nacional también acusó a los trabajadores en huelga de hambre de ser financiados "por lo que quedaba del quinismo ", ya que habían aparecido carteles en las calles aledañas a la sede sindical en favor de La Quina . Finalmente Pavón Vinales afirmó que aún así el CEG mantenía una postura de diálogo abierto con los dirigentes de la disidencia, pero aclarando que no estaban dispuestos a deponer de su cargo a Mendoza Olivares.
El día 21 de abril del mismo año de 1989 se realizó una marcha de más de 200 trabajadores y sus familiares, del jardín de San Fernando al Zócalo, y que concluyó con un mitin frente a Palacio Nacional, en donde los oradores denunciaron la intransigencia de la dirección nacional petrolera para resolver las demandas, así como el inicio de la represión administrativa y sindical en contra de los disidentes con la aplicación de jubilaciones forzosas, cambios de adscripción y comisiones especiales al interior del país. También denunciaron que a los técnicos y profesionistas se les quería pasar a la categoría de personal de confianza y que se estaba comisionando y jubilando a representantes departamentales para evitar las protestas. Al final del acto se entregó en Palacio Nacional el pliego petitorio solicitando la intervención del presidente Salinas, mismo que fue recibido por la coordinadora de Audiencias de la Presidencia de la República, María Elena Pureco, quién a su vez giró un oficio al sindicato petrolero a fin de que se atendiera a los trabajadores afectados.
Dos días después de la realización de la marcha y mitin en el Zócalo del DF., Pemex anunció la cancelación anticipada de contratos a 700 trabajadores eventuales de la refinería "Miguel Hidalgo" de Tula. Por su parte el FRS informó que en los siguientes días se cancelarían contratos a 700 eventuales más y que en el conjunto de las instalaciones petroleras en el país la empresa pensaba despedir a 40 mil trabajadores eventuales y no a los 13 mil que SGC aseguraba. Este último por su parte, y en entrevista de prensa, informó que "deberán salir los aviadores, los que no tengan trabajo necesario, los que no estén realizando una labor indispensable y se depurará al personal de confianza".
El 27 de abril, 14 trabajadores que repartían volantes frente a la refinería de Azcapotzalco fueron salvajemente agredidos por golpeadores armados con pistolas, chacos y palos, enviados por el dirigente seccional Leocadio Mendoza. Los trabajadores agredidos fueron internados en el hospital de Pemex y en la Cruz Roja, al tiempo que se anuncia el rompimiento de pláticas con el CEG del STPRM y se responsabiliza a Carlos Romero Deschamps de haber sido el instigador de la agresión. El día siguiente trabajadores de refinería "Miguel Hidalgo" de Tula, agrupados en el FRS y el MD, junto con trabajadores de la Sección 74 de la SARH, realizaron una marcha del Monumento a la Revolución a la Secretaria de Gobernación, donde entregaron un documento en el que desmentían que hubiera avances en las negociaciones, ya que no se había ofrecido ninguna garantía de que a los dirigentes reinstalados se les respetaría su plaza. Ese mismo día SGC declaró que los trabajadores en huelga de hambre debían haberse presentado a laborar desde 12 días antes, pues el sindicato había tramitado su reinstalación. También acusó a los huelguistas de hambre de haber provocado el enfrentamiento del 27 de abril en la refinería de Azcapotzalco. El plantón y la huelga de hambre fueron levantados el 1 de mayo, una vez que se ofrecieron garantías de que se dejarían sin efecto los tramites de jubilación y movilización a otros lugares de labores. El tiempo que duró la protesta se amparó con un permiso especial, con goce de salarios y prestaciones sin interrupción. 603
Los resultados a los que se llegó después de las movilizaciones de abril de 1989, provocaron un debilitamiento en el movimiento opositor de la sección 35, con el consiguiente fortalecimiento de la dirección local, que quedó con las manos libres para disponer a su antojo de los bienes y recursos de la sección. La corrupción y la venta de plazas se convirtieron en práctica cotidiana, así como la nula defensa de los trabajadores frente a la prepotencia de los funcionarios de la empresa. Hacia el exterior, la directiva seccional mantuvo una posición de apoyo incondicional a la directiva nacional encabezada por SGC y a la "política moderna" del presidente Salinas. El 17 de marzo de 1990, en ocasión del aniversario de la expropiación petrolera, se publicó en la prensa nacional un desplegado firmado por Romero Deschamps en su carácter de presidente del Grupo Renovador Unidad de la sección 35 (GRU), y por Leocadio Mendoza Olivares, líder seccional, en el que establecían un paralelismo entre las figuras de Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas, calificando a éste último de "hombre del destino" y "líder por muchos años esperado". 604
En el mes de octubre del mismo 1990 el CEG del STPRM adelantó sorpresivamente la convocatoria a elecciones para renovar las directivas seccionales, con lo cual se impedía que los grupos opositores locales tuvieran el suficiente tiempo de construir planillas independientes. En el caso de la sección 35 esto se vio acompañado del despido del dirigente del MPI-LC, Máximo Hernández Ayala, después de haberse negado a la jubilación anticipada, con lo cual se le impedía participar en los comicios seccionales ya que su caso se estaba ventilando en la JFCA por medio de una demanda de reinstalación por despido político. El 18 del mismo mes, entre empellones e insultos de los trabajadores integrantes del MPI-LC y de los incondicionales de la dirección sindical, fue impuesta la reelección de Leocadio Mendoza por un periodo más. Al final del acto, el líder del MPI-LC, Máximo Hernández Ayala, denunció que se habían violado los estatutos, ya que estos marcaban que las elecciones seccionales deberían de realizarse hasta el mes de diciembre. También lamentó que SGC no hubiera logrado erradicar el quinismo , al solapar la corrupción de Romero Deschamps por medio de la reelección de su incondicional, Mendoza. Según Hernández Ayala, "lo ocurrido en la sección 35 es solo el arranque de las imposiciones que observará el resto de las secciones que componen el sindicato petrolero". Por su parte SGC informó a la prensa que la elección de Mendoza "se llevó a cabo sin incidente alguno y en apego a lo que marca la ley". 605
2. Cierre de la refinería de Azcapotzalco
En otra de las acciones sorpresivas características del gobierno de Carlos Salinas el 18 de marzo de 1991 se anunció el cierre de la refinería "18 de Marzo" en Azcapotzalco, DF. En declaraciones a la prensa, SGC (que una semana antes se había pronunciado por cerrar la misma refinería) informó que de los 5 mil 429 obreros y empleados adscritos a las instalaciones cerradas, unos 2 mil 600 estaban en condiciones de ser jubilados y los demás serían liquidados. En su peculiar estilo el líder nacional afirmó que "desde el superintendente hasta el último chango" iban a salir ya que no se les podría reubicar por no haber plazas en Pemex. En la sección 35, que agrupaba a la mayoría de los trabajadores (4 mil 677) de la refinería, se realizó una asamblea el 19 de marzo. En ella el "guía moral" de la sección, Romero Deschamps, recurrió a varias maniobras para evitar la discusión, entre ellas el propiciar que se cantara el Himno Nacional para acallar las voces disidentes. Tampoco informó a los trabajadores que las negociaciones serían para liquidarlos o jubilarlos, ni puso a votación que fueran la dirigencia local y SGC los que negociarían con Pemex. Fue una asamblea relámpago de sólo 45 minutos en la que hubo vivas a La Quina y muchas intervenciones del grupo de choque oficialista que interrumpía con porras cada que los trabajadores tomaban la palabra. Romero Deschamps prometió "traerles buenas cuentas mañana", pero los asistentes a la asamblea no sabían que SGC desde horas antes había declarado a la prensa que todos los trabajadores de la refinería serían jubilados o liquidados. 606
El 21 de marzo se inició la liquidación y jubilación de los 5 mil 429 trabajadores de la refinería mediante la instalación de cinco módulos en la planta de Azcapotzalco. SGC informó por su parte que se había firmado un convenio en la JFCA en el que se reducía el margen de jubilación a 10 años de antiguedad, y que "por instrucciones del presidente Salinas" sólo los trabajadores adscritos al Departamento de Reparto y Embarque conservarían su fuente de empleo. Se acordó también que la pensión jubilatoria fuera el equivalente al 50 por ciento del salario que percibían los trabajadores más cuatro puntos porcentuales por cada año de antiguedad, por lo que en algunos casos se alcanzarían jubilaciones del 100 por ciento. En general la liquidación constaría de cuatro meses de salario más 39 días por cada año laborado. 607
Una vez asimilada la situación, las protestas de los trabajadores se empezaron a manifestar. El 23 de marzo, los dirigentes disidentes, Gustavo Aguilar, Ana Araujo y Dolores Millán denunciaron que el sindicato y la empresa se negaban a reconocer la antiguedad de los trabajadores transitorios y alertaron sobre el riesgo de que pudiera producirse una explosión durante el proceso de desmantelamiento de la refinería, por lo que manifestaron su disposición a colaborar en ello. Finalmente anunciaron una marcha que partiría el día siguiente de la refinería de Azcapotzalco hacia la torre de Pemex, en demanda de que los trabajadores fueran reubicados. 608
Un día después de la marcha más de 300 trabajadores transitorios pretendieron instalar un plantón de protesta frente a la ex-refinería, que fue impedido por granaderos, policía judicial y el cuerpo de seguridad de Pemex, auxiliados por un grupo de choque al servicio del CEG del STPRM, aunque no se registraron enfrentamientos violentos. Los trabajadores transitorios anunciaron que se ampararían contra el despido y solicitarían la reapertura de los centros de trabajo no contaminantes de la refinería de Azcapotzalco. También informaron que habían solicitado el apoyo de diversas organizaciones sociales como el Frente Auténtico del Trabajo, el Frente Sindical Unitario y la Federación de Sindicatos de Bienes y Servicios, y que habían iniciado una campaña por todo el rumbo de Azcapotzalco para recoger fondos y explicar a la población el porqué de su movilización. Por su parte Ismael Hernández, a nombre de la Unión de Trabajadores Democráticos (UTD) de la sección 35, informó que se iniciaría una demanda penal en contra de los directivos seccionales "para que entregaran los bienes sindicales y se rindieran cuentas de la caja de ahorros y de las cuotas sindicales". 609
A principios de abril de 1991 los dirigentes del MPI-LC, los hermanos Máximo y Salvador Hernández Ayala, declararon que aunque SGC informó que los afectados por el cierre de la refinería serían 5 mil 429 trabajadores, incluyendo los de base, transitorios y de confianza, la cifra aumentó a 8 mil porque se cerraron también la Planta de Gas, la Terminal de Especialidades y Lubricantes y los Talleres de Fabricación. También informaron que para el desmantelamiento de las instalaciones ya se había desatado la guerra por los contratos entre empresas particulares, entre ellas una propiedad de SGC. El 3 de abril SGC informó que para esa fecha se había liquidado o pensionado al 95 por ciento del personal que laboraba en la refinería, y que esperaba que en un día más se terminara con el proceso. 610
Otro grupo de trabajadores despedidos, agrupados en el Frente Democrático Sindical (FDS), presentaron en el mes de mayo de 1991 una denuncia ante la PGJDF para que se investigara a los líderes de la sección 35 por el delito de fraude con bienes sindicales, demandando que se aplicara una auditoria para saber sobre el destino de la Caja de Ahorros, la Tesorería de la Comisión de Contratos, la tienda de consumo, la funeraria, los ranchos y los demás bienes sindicales. En la denuncia firmada por el dirigente del FDS, Faustino Gutiérrez Dávila, se precisaba que los bienes de la sección fueron dispuestos por Leocadio Mendoza y Carlos Romero Deschamps como si fueran de su propiedad, y que en 15 años nunca entregaron ninguna utilidad a los agremiados. También plantearon que sólo los designados por los líderes fueron reubicados en la refinería "Miguel Hidalgo" de Tula, mientras que en la refinería de "18 de Marzo", se quedaron 350 trabajadores, todos incondicionales de los líderes seccionales, los cuales lejos de perder su plaza de trabajo fueron ascendidos de categoría, como el líder seccional Leocadio Mendoza que fue nombrado jefe de Calderas y el secretario de Trabajo seccional, Amado Contreras, ascendido a jefe del Departamento de Laboratorio. 611 El FDS siguió durante el mes de junio con una campaña de declaraciones a la prensa denunciando la misma situación de corrupción, sin que se obtuvieran ningunos resultados favorables a los denunciantes.
En el mes de agosto del mismo año, el Movimiento Nacional Petrolero (MNP) denunció públicamente que desde días antes se habían despedido a más de 1 mil 400 trabajadores, principalmente transitorios, que laboraban en los talleres de Carpintería, Mecánica, Herrería, Limpieza y Automotriz de la refinería "Miguel Hidalgo" de Tula. Estos talleres servían de apoyo al programa de expansión de la infraestructura de la planta por lo que su cierre implicaba -según el MNP- la intención de contratar a empresas privadas para la realización de las obras de ampliación de la refinería. Tanto Pemex como el STPRM negaron que estuviera en marcha un programa de recorte de personal de planta y de confianza, ya que "solo se trataba de transitorios que no fueron recontratados". 612
A pesar de que la dirección sindical seccional y nacional, así como la empresa, habían informado que las liquidaciones de los jubilados y despedidos de la refinería de Azcapotzalco se habían realizado conforme a lo marcado en el CCT y la legislación laboral, en enero de 1992 los dirigentes de los jubilados, Eduardo Gisper y José Luis González, denunciaron que Romero Deschamps había llegado a un acuerdo con Pemex para no pagar las liquidaciones completas a los trabajadores afectados por el cierre de la refinería, como era el caso del pago del adeudo por apoyo para adquisición, ampliación o renta de vivienda, de acuerdo a la cláusula 166 y 154 vigente, por lo cual se había iniciado una demanda ante la JFCA. Por su parte Pemex anunció que no tenía porqué pagar nada a los jubilados, argumentando que ya no existían relaciones laborales entre las partes. 613
En el mes de febrero de 1992 se publicó un desplegado en la prensa firmado por 2 mil 500 trabajadores jubilados y liquidados en el que reafirmaban la denuncia de que Romero Deschamps llegó a un acuerdo con Pemex para no pagar las liquidaciones completas a los trabajadores afectados por el cierre de la refinería, exigiendo que oficialmente se les informara si fueron pagadas a la sección sindical las prestaciones que les adeudaban. El documento afirmaba que no se les había devuelto las cuotas sindicales, por lo que demandaban una auditoria a los dirigentes sindicales Romero Deschamps, Mendoza Olivares, Alfredo Lechuga Flores, Rogelio Mendoza Guiberra, José Luis de León Torres y Roberto Martínez Reyes, exigiendo también que demostraran públicamente "cómo obtuvieron la riqueza de la que actualmente gozan". Finalmente se exigía solución a la demanda judicial por secuestro, vejación y golpes, que el mes anterior había sufrido el dirigente opositor Gustavo Aguilar Reyes, haciendo responsables de cualquier represión en contra de los firmantes del desplegado a los líderes mencionados y sus abogados. 614
La respuesta de la dirección seccional no se hizo esperar y el 18 de febrero, cuatro días después de la publicación del desplegado de los jubilados y despedidos, se publicó otro desplegado firmado por delegados de la terminal de Recibo y Control de Azcapotzalco y de la refinería "Miguel Hidalgo" de Tula, afirmando que las acusaciones contra los líderes seccionales eran simples calumnias ya que se habían logrado liquidaciones por encima de lo que marcaba la legislación laboral gracias a las gestiones de Romero Deschamps poniendo los siguientes ejemplos: un obrero nivel 3 con ocho años de antigüedad, de acuerdo a la ley alcanzaba 3 millones 697 mil 494 pesos; de acuerdo al CCT 8 millones 746 mil 760 pesos; se obtuvo que se liquidara con nivel 6 con 10 millones 362 mil pesos. Un operario especialista nivel 18 con ocho años de antigüedad, de acuerdo a la ley alcanzaba 6 millones 376 mil 638 pesos; de acuerdo al CCT, 15 millones 084 mil 520 pesos; se obtuvo que se liquidara con nivel 23 con 17 millones 818 mil 680 pesos. Según el mismo desplegado, por acuerdo de asamblea y a propuesta de Romero Deschamps, se aprobó que se entregara a cada jubilado o liquidado la cantidad de 2 millones de pesos de las arcas de la sección 35, que sumaron en total 6 mil 424 millones de pesos. También se acordó la condonación de los adeudos por prestamos con la Caja de Ahorros a los trabajadores que fueron liquidados, lo que implicó la cantidad de 714 millones 89 mil 34 pesos. Según los firmantes del desplegado de apoyo a la dirigencia sindical, la sección 35 no tenía por tanto ningún adeudo con los trabajadores jubilados y liquidados, tratándose solo de una maniobra de "un grupo de pillos" que permanecían en la sombra y que habían sido desplazados de los puestos de dirección por "la política moderna" aplicada en el sindicato. 615
El mismo día en que se publicó el anterior desplegado, más de 2 mil trabajadores jubilados y despedidos de la sección 35 realizaron un mitin frente al local sindical nacional en donde se hicieron acusaciones contra SGC por no hacer nada para que se pagara lo adeudado y contra Romero Deschamps por cometer un fraude de más de 5 millones de dólares al vender las propiedades de la sección. También informaron que a pesar de las denuncias en la PGR, PJGDF y la CNDH, no habían encontrado eco alguno en esas dependencias; que la demanda en la JFCA sobre el asunto del pago de acuerdo a la cláusula 166 sobre vivienda se llevaba con "tortuguismo"; y que las denuncias presentadas en la Cámara de Diputados contra el diputado Romero Deschamps no habían tenido contestación por parte del presidente de la Gran Comisión, Federico Ortiz Arana. A pesar de que SGC prometió a los trabajadores en mitin que los recibiría, estos esperaron durante varias horas sin recibir ninguna respuesta de la dirigencia nacional. 616
El 21 de febrero de 1992 se publicó otro desplegado en la prensa firmado con el nombre y número de ficha de 2 mil 500 trabajadores despedidos dirigido al presidente Salinas, a los secretarios de Gobernación y Trabajo, al presidente de la CNDH, al titular de la PGR, al director de Pemex y a los líderes de la CTM y del STPRM, en el que reiteraban sus demandas de pago de lo adeudado por concepto de vivienda y por liquidación de los bienes seccionales. Al día siguiente Pemex presentó ante la PGR una demanda penal en contra de 108 de los ex-trabajadores firmantes del desplegado acusándolos de pretender cobrar doblemente sus liquidaciones. El 23 de febrero los demandados realizaron un plantón frente a la Cámara de Diputados en donde denunciaron que Pemex los había acusado en forma arbitraria puesto que el reclamo de ellos era en contra de la sección 35, aclarando que en efecto sólo 108 trabajadores recibieron en forma completa sus prestaciones, pero que los demás no estaban en la misma situación. Después de dos horas de plantón los quejosos fueron atendidos por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Amador Rodríguez Lozano, quien se comprometió a revisar el caso con Pemex para resolver "con estricto apego a derecho". 617
Aunque la demanda en contra de los 108 jubilados y liquidados no tuvo consecuencias penales, tampoco tuvo ninguna consecuencia la que los ex-trabajadores presentaron en la JFCA en contra de la empresa y el sindicato, por lo que en el mes de marzo los mismos volvieron a demandar ante la JFCA la liquidación de 15 millones de pesos por concepto de vivienda, así como la disolución legal y material de la sección 35, la devolución de sus cuotas sindicales con sus respectivos intereses y el remate de todos los bienes muebles e inmuebles, valores en efectivo, documentos de crédito, caja de ahorro y todo el conjunto de valores administrados por el comité ejecutivo seccional para que el dinero que resultara del remate fuera distribuido entre los demandantes. También denunciaron que recibían llamadas anónimas con amenazas de muerte, además de que en la JFCA eran intimidados por gente armada. 618
El 20 de marzo de 1992 la subdirección de Recursos Humanos de Pemex informó que en la refinería de Azcapotzalco se jubilaron 2 mil 496 trabajadores y se liquidó a 1 mil 206 de planta y 2 mil 686 transitorios. 619
Los jubilados y liquidados de la sección 35 estuvieron presentes en la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Despedidos de Pemex (CNTDP) en marzo de 1992. En el mes de mayo, después de la explosión de Guadalajara, 620 los dirigentes de esta nueva organización de resistencia, Gerardo Pérez Marín, Francisco Pérez y José Ortiz Paz, consideraron que era absurdo que se pagaran millones de dólares a la empresa transnacional Bechtel para que inspeccionara la red de ductos, trabajo que podrían haber realizado cientos de técnicos experimentados despedidos, particularmente de la ex-refinería de Azcapotzalco, por lo que finalmente tanto Pemex como la dirigencia petrolera tenían la culpa de tantos accidentes en la empresa por haber despedido a la mayoría del personal altamente capacitado. En relación al conflicto de la sección 35, los líderes opositores informaron que seguían el proceso en la JFCA, aunque amenazaron con presentar una protesta ante el presidente de la República si la JFCA seguía retrasando los juicios. 621
En el mismo mes de mayo de 1992 se anunció el acuerdo al que llegaron con la dirección nacional del STPRM los 1 mil 250 ex-trabajadores que se mantuvieron en la lucha, consistente en el pago único de 1 millón 180 mil pesos para cada uno de los demandantes, 450 mil pesos por concepto de honorarios para los abogados Ernesto Danilo Sánchez, Francisco Salas y Rogelio Heredia, y la promesa de la dirigencia nacional de ayudarlos a gestionar ante Pemex la demanda de 15 millones de pesos para cada uno por concepto de la cláusula 166 del CCT relativa a la vivienda. El día 20 del mismo mes se empezó a pagar lo acordado en el local de la JFCA, donde se formaron largas filas de desconsolados ex-trabajadores que esperaban una cantidad superior. Según informaron los jubilados y liquidados, el arreglo lo tuvieron que aceptar ante el ultimátum de que "accedían o metían a la cárcel a los abogados". 622
Sin embargo el pago de la cláusula de vivienda del CCT no se resolvió y el día 6 de octubre más de 300 ex-trabajadores transitorios y de planta de la ex-refinería de Azcapotzalco realizaron un bloqueo afuera de la Torre de Pemex por varias horas solicitando los atendiera el gerente de personal de la empresa, Julio Pindter. Según informaron a la prensa los representantes de los quejosos, Eduardo Guisper, Enrique Margarito Santoyo, José Luis González y Pedro Nolasco, la acción se había realizado porque después de haber solicitado audiencia con el presidente Salinas, el Dr. José Valdés Castellanos -de las oficinas de la Presidencia- los había vuelto a remitir a Pemex para que se atendiera su demanda. Ante la nula respuesta de la empresa los ex-trabajadores emprendieron una marcha al zócalo de la ciudad de México en donde se instalaron en plantón. 623 El día 27 del mismo octubre se realizó una marcha de más de 200 ex-trabajadores de la refinería de Azcapotzalco a la residencia presidencial de Los Pinos y de ahí a las oficinas nacionales de la CTM donde realizaron un mitin solicitando la intervención de Fidel Velázquez, quién tampoco los recibió, aunque se les informó que la CTM tenía conocimiento de que las liquidaciones habían sido pagadas y que no existía ya ningún adeudo. 624 Ante la negativa el movimiento se debilitó manteniéndose solo pequeños grupos que insistían en la tramitación legal. En febrero de 1993, la empresa emitió un comunicado en el que afirmaba que el abogado laboral Danilo Sánchez trataba de sorprender a ex trabajadores de la refinería "18 de Marzo", mediante falsas promesas y engaños, con el argumento de conseguirles prestaciones que no les correspondían, informando que interpondría una demanda penal en su contra para que se procediera "conforme a derecho". 625
Mientras tanto en la refinería de Tula se realizaban obras de ampliación de las instalaciones a cargo de constructoras privadas como Bufete Industrial, Campeche SA., HIL, ICA y CIM, las cuales habían contratado a más de 3 mil obreros sin sindicalización ni pago de las prestaciones a las que tenían derecho. El 19 de junio de 1992 se suscitó un enfrentamiento entre guardias de servicios especiales de Pemex y trabajadores que habían secuestrado un vehículo propiedad de la empresa CIM como presión para sus demandas de sindicalización y respeto a sus derechos laborales, al final del cual más de 300 trabajadores decidieron establecer un plantón y bloqueo en las puertas de la refinería para impedir la entrada y salida de vehículos ajenos a la paraestatal. 626
3. La sección incómoda
En octubre de 1992 se realizan elecciones seccionales siendo electo Joel Martínez Andrade. En junio de 1993 Sebastián Guzmán Cabrera renuncia a la dirección nacional del STPRM y en su lugar es nombrado el “hombre fuerte” de la sección 35, en ese momento secretario del Interior y Acuerdos del CEG así como diputado federal, Carlos Romero Deschamps. En el mes de septiembre del mismo 1993 el nuevo secretario general encabezó -junto con el director de Pemex Francisco Rojas- la inauguración de dos nuevas plantas de la refinería "Miguel Hidalgo" en la localidad de Tula. En su discurso CRD anunció que en Pemex no habría más despidos y que así lo comunicaba a la sección 35 "y a todas las secciones del esquema petrolero". En entrevista de prensa posterior al acto, CRD acusó al dirigente del MNP, Hebraicaz Vázquez, de pretender encabezar la defensa de los trabajadores despedidos siendo que "no es trabajador petrolero ni tiene autoridad moral; ni siquiera para hablar del sindicato, pues cuando fue sindicado fue encarcelado por malos manejos". 627
El 4 de marzo de 1994, durante un acto de apoyo a la campaña electoral de Cuahutémoc Cárdenas en el Club de Leones de la Ciudad de Tula, trabajadores petroleros de las secciones 34 y 35 se manifestaron con gritos y pancartas pidiendo libertad para La Quina . El trabajador jubilado Humberto Carrillo Montiel pidió desde el estrado considerar a La Quina como preso político y nombrar una fiscalía especial que se dedicara al caso. En su discurso Cárdenas omitió referirse al asunto y cuestionado por los reporteros al final del acto respondió que respecto a la demanda de liberación de La Quina , "allá los compañeros, ellos tendrán sus razones". 628
El 11 de abril de 1994 se registró un accidente en las instalaciones de la refinería de Tula en el que perecieron tres obreros petroleros a causa de las quemaduras sufridas. Cuatro días después más de 100 trabajadores integrantes del FDS intentaron realizar un mitin de protesta por la falta de seguridad en las instalaciones de la refinería, mismo que fue impedido por un nutrido contingente de golpeadores del sindicato. Ahí los miembros del FDS repartieron un documento dirigido al presidente Salinas y al responsable de la CNDH, Jorge Madrazo, en el que denunciaban la falta de mantenimiento y actualización de las herramientas y el equipo de seguridad, la falta de supervisión en las tareas a realizar y la exigencia administrativa para realizar las tareas en un mínimo de tiempo. Esto último fue lo que ocasionó el accidente del día 11 según ejemplificaban en el escrito, "ya que se efectuaron tareas de reparación de una bomba donde se manejan hidrocarburos altamente volátiles sin detener los equipos adyacentes". Incluso el traslado de los heridos a los centros de atención médica se dificultó por la falta de gasolina y descomposturas de las ambulancias, debiéndose utilizar vehículos particulares y taxis. En cambio -señalaba el documento- tan solo en los tres primeros meses de 1994 la empresa entregó 70 camionetas último modelo para sus funcionarios. 629
Mientras tanto el máximo dirigente del STPRM y "hombre fuerte" de la sección 35, CRD, se disponía a cambiar su cargo de diputado federal por el de senador del estado de Hidalgo, cuestión que provocó grandes protestas por parte de los grupos priístas locales, ya que CRD no era nativo del estado que pretendía representar, sino de Tamaulipas. Las protestas no prosperaron y la campaña electoral se inició con los acostumbrados acarreos y maniobras para inducir el voto petrolero en favor de los candidatos oficiales. El cinco de agosto de 1994, semanas antes de las elecciones federales, el presidente del FDS de la sección 35, Fernando Candia Araiza, denunció a la prensa que tanto a los 5 mil trabajadores de planta, como a los 2 mil transitorios agrupados en la sección, se les estaba obligando a realizar labores de proselitismo en favor de la candidatura de CRD. 630
Una vez realizadas las elecciones federales, trabajadores de la desaparecida refinería de Azcapotzalco denunciaban que las liquidaciones por concepto de vivienda pactadas en mayo de 1992 (ver supra ) no habían sido cumplidas. El cinco de noviembre de 1994 el representante del comisariado ejidal del Pueblo de Santiago Ahuizotla, Ángel Barrera Palacios, en declaraciones a la prensa demandó de Pemex el cumplimiento de los acuerdos relativos a la vivienda y a la reubicación y contratación para 163 ejidatarios y ex-trabajadores de la refinería. 631
En octubre de 1994 se realizan nuevamente elecciones sindicales. Según informaron integrantes del MNP, la asamblea se realizó en el parque de béisbol con la asistencia mayoritaria de transitorios y jubilados a los que se llevó a votar con promesas de contratos y préstamos, siendo impuesto en medio de un fuerte dispositivo de seguridad Leonel Pulido Avendaño al frente del CES. 632
Cinco meses después, en marzo de 1995, el nuevo líder seccional informó a la prensa que Pemex había despedido a 500 trabajadores transitorios en la refinería de Tula, al mismo tiempo que cancelaba las horas extras perjudicando así los ingresos de los 3 mil trabajadores de la planta. Leonel Pulido explicó que aún así la producción de la refinería no había disminuido, ya que "las medidas se habían aplicado solo en las tareas de mantenimiento y rehabilitación". 633
El 10 de mayo de 1995 más de 50 trabajadores jubilados integrantes del Consejo Pro Defensa de los Derechos de los Trabajadores Activos y Jubilados (CPDDTAJ) de la sección 35 -afiliado al MNP- presentaron una demanda penal en la sede central de la PGR en contra del nuevo senador y líder nacional de los petroleros CRD por desvío de fondos sindicales por un monto de siete millones de nuevos pesos y "enriquecimiento inexplicable", demandando una auditoria a los bienes del dirigente. Ahí fueron atendidos por el director de Servicios de Atención a la Comunidad de la PGR, Guillermo León Ramírez, quién les informó que no podía dar curso a la petición por el fuero constitucional del senador, recomendándoles dirigirse al Congreso de la Unión y pedir su desafuero. Al final de la entrevista en la PGR los trabajadores realizaron un mitin en donde el representante de los jubilados, Enrique Margarito Santiago, afirmó que desde que CRD fue secretario de la sección 35, comenzó a amasar una impresionante fortuna que abarcaba, entre otros bienes, la propiedad de una fábrica de zapatos en León, Guanajuato, así como "ranchos y hoteles en diferentes estados de la República". 634
Un mes después, el 12 de junio de 1995, el mismo CPDDTAJ junto con el FDS de la sección 35 (ambas organizaciones miembros del MNP) publicaron una carta en la prensa solicitando a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión el desafuero del senador Romero Deschamps a efecto de que la PGR pudiera iniciar las auditorias correspondientes al manejo de los bienes de la sección. También demandaron auditoria al proceso de venta de los bienes sindicales heredados por La Quina , para lo cual solicitaron se tomaran en cuenta las declaraciones realizadas días antes (el 24 de mayo) por el líder encarcelado a propósito de los giros, empresas e instituciones del STPRM antes de su detención. A Romero Deschamps se le acusaba en su calidad de tesorero, secretario de organización y secretario general durante el periodo de venta de los bienes sindicales (1989 a la fecha). La carta la firmaban los representantes Jorge Fuentes García, Braulio González Gutiérrez, Fernando Candia Araiza y Luis Rodríguez Aguilar entre otros. 635 El 3 de julio del mismo 1995, los trabajadores jubilados presentaron otra demanda en contra de CRD, ahora en la PGJDF. Ahí también solicitaron la detención del presidente de la Caja de Ahorros seccional, Jose Luis de León Torres, por el delito de "fraude maquinado". Los representantes de los trabajadores, José Antonio Mancilla Ocaranza y Arturo Sánchez Hernández, reafirmaron la demanda de desafuero para el senador a quien acusaron de aliado de Salinas y de engañar al presidente Zedillo "y a Fidel Velázquez". 636
Por otra parte, a principios de septiembre, el director de Relaciones Públicas de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Rodolfo Poblete, señaló que a pesar de la crisis económica, de enero a esa fecha se habían contratado a 3 mil 600 trabajadores para la construcción de cuatro nuevas plantas de extracción. Las contrataciones se realizaron tanto por empresas privadas como por el sindicato petrolero. El mismo funcionario informó que los 15 mil trabajadores de este complejo trabajaban normalmente, "mientras los nuevos dueños no dispongan otra cosa". En esos mismos días se despide a cuatro profesionistas empleados en la refinería e integrantes de la Coalición de Técnicos y Profesionistas Petroleros, organización que a partir del día 9 de septiembre realizaba una convención nacional en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. 637
Durante los siguientes dos años no registramos ninguna acción conflictual en la sección, lo cual es significativo porque es el lapso en el que el líder máximo Romero Deschamps encabeza la lucha nacional en contra de las medidas privatizadoras de la petroquímica estatal por parte del gobierno de Zedillo, del anuncio de las privatizaciones, en febrero de 1995 a la marcha atrás gubernamental y propuesta del esquema 51-49 en octubre de 1996, que da lugar a los convenios de sustitución laboral y a la firma de nuevos contratos colectivos de trabajo entre el STPRM y las nuevas empresas filiales en las secciones 10, 21, 30 y 35 en julio de 1997. 638
La directiva local se renovaba el mes de octubre de 1997 y un mes antes la dirección saliente no había informado sobre los términos y plazos de la convocatoria, a pesar de que se demandaba la votación directa, universal y secreta; la oposición sindical en la sección trató de evitar que se realizara de nueva cuenta la imposición en una asamblea amañada. El 10 de septiembre de 1997 se convocó a una conferencia de prensa para informar de la creación del Comité de Observadores Independientes que se encargaría de vigilar la elección en la sección 35 a solicitud de más de 200 trabajadores opositores. El COI estaba formado por distintas organizaciones representadas en la conferencia realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Estuvieron presentes ahí Arturo Pacheco Espejel, del IPN; Sandra García, de Acción Cívica; Rodrigo González, del Centro de Reflexión y Acción Laboral; y Alejandro Sandoval del CDHMAPJ. Otras organizaciones que formaban el COI eran la ANAD, el Movimiento Ciudadano por la Democracia, la Universidad Obrera, el FAT, el Grupo de Derechos Humanos Ignacio Martín-Baró y promotores de derechos humanos del STUNAM. Los representantes explicaron que la formación del COI se debía a que en el STPRM se violaban los derechos sindicales y políticos al impedir el registro a ninguna planilla independiente, al obligar a los trabajadores a escribir en la boleta de votación su nombre, lugar de trabajo y número de filiación, y al realizar las asambleas en estadios y locales distintos al recinto sindical, como marcaban los estatutos. 639
La oposición -agrupada en el Frente Democrático Sindical- formó una planilla encabezada por Fernando Candia Araiza, Adrían Villanueva Cervantes, Pedro Miranda Luna, José Luis García Torres y Juan Marcos Zenteno Aparicio. La convocatoria apareció a finales de septiembre, 10 días antes de la realización de la asamblea (y no 20 como marcaban los estatutos) y se impidió el registro de la planilla opositora con el recurso de cerrar las oficinas sindicales cuando los trabajadores disidentes se aproximaban.
El 8 de octubre de 1997 y en medio de un gran desorden se realizó la imposición del nuevo comité seccional encabezado por Daniel Aguado Rojas en sustitución de Leonel Pulido Avendaño, quien luego de tres años en el cargo pasó a la presidencia del consejo local de vigilancia. El acto se realizó en el estadio 7 de Agosto, con la asistencia de Carlos Romero Deschamps, siendo evidente la gran cantidad de alcohol que se distribuyó a la concurrencia. Los trabajadores del FDS fueron impedidos de registrar su planilla así como golpeados y amenazados de muerte por parte de un grupo de provocadores del Grupo Renovador Unidad. El presidente de debates, al señalar que no había recibido solicitud de otra planilla, declaró electo al candidato del GRU, Daniel Aguado, sin haber realizado ninguna votación. El FDS por medio de su representante, Fernando Candia Araiza, decidió levantar el mismo día un acta penal ante el juez menor municipal del ayuntamiento de Tula por golpes, amenazas de muerte e impedimento de registrar la planilla opositora.
El día siguiente se conocieron las declaraciones a la prensa del COI demandando la anulación de las elecciones en la sección 35 por un conjunto de violaciones estatutarias avaladas por Romero Deschamps, como que la convocatoria no se emitió como marcaban los estatutos, se negó el registro de una planilla opositora y no se pusieron a votación las cuatro modalidades consideradas estatutariamente. También se exhibió un video en donde se aprecia que el grupo opositor fue bloqueado e impedido para hablar por los mariachis, las porras, las cervezas y el maestro de ceremonias, que también era el escrutador. Aún con estas pruebas la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS otorgó la "toma de nota" (reconocimiento) al comité seccional designado en la "asamblea". El 24 de octubre un grupo de trabajadores encabezado por el ex-candidato opositor Fernando Candia, presentó un recurso de impugnación a las elecciones seccionales ante la JFCA, demandando además la expedición de una nueva convocatoria y la nulidad de la toma de nota expedida por la STPS. Según informaron los trabajadores inconformes, el presidente de la JFCA, Alfredo Farid Barquet, les ofreció dar celeridad al trámite de impugnación de las elecciones seccionales. 640
El 31 de octubre el COI entregó su reporte sobre las elecciones de la sección 35 concluyendo que deberían anularse por haber transgredido una serie de normas sindicales (tiempo de expedición de la convocatoria, quórum legal, ausencia de votación, asamblea fuera del recinto sindical), constitucionales (sufragio universal, libre, secreto y directo), el convenio 87 de la OIT y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (elección libre de representantes) y el Acuerdo de Cooperación Laboral de America del Norte (cumplimiento de la legislación laboral). Con base en lo anterior, la COI solicitó a la JFCA la anulación de las elecciones seccionales y la expedición de una nueva convocatoria, y a la STPS que ofreciera a los trabajadores y a la opinión pública una explicación por su desempeño en la asamblea electoral del 8 de octubre. La COI también hacía una serie de recomendaciones a Pemex, a los legisladores y al gobierno del estado de Hidalgo, a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos y a la PGR por los hechos referidos. Sin embargo todas las acciones fueron insuficientes para revertir la imposición en la sección 35. 641
Un año después, en octubre de 1998, decenas de trabajadores jubilados de la ex-refinería de Azcapotzalco se manifestaron a las puertas de la PGR en demanda de que el líder nacional petrolero CRD devolviera 175 millones de pesos correspondientes al fondo de retiro e intereses generados, así como una aportación por los ingresos obtenidos por las empresas sindicales. Los trabajadores fueron atendidos por funcionarios de la dependencia quienes les informaron que la PGR no podía intervenir porque hasta esa fecha "no existía una denuncia penal" en contra del líder y senador, sugiriéndoles que la formularan en los siguientes 15 días. Margarito Santoyo, en representación de los demandantes, informó a la prensa que desde hacía siete años ellos mismos habían presentado una denuncia en contra de CRD ante la JFCA por apropiación ilegal de bienes sindicales (ver supra octubre de 1992).
Meses después, en febrero de 1999, en la refinería de Tula más de 200 trabajadores transitorios se manifestaron frente a las instalaciones para demandar empleo en el mantenimiento y reparación de la infraestructura, labor realizada por empresas privadas que habían "dejado en el desempleo a unos 1 mil 500 transitorios de Pemex", según informó a la prensa el representante de los demandantes, Fernando Candia Araiza. 642
A principios de diciembre de 1999, y una vez terminados los comicios internos del PRI para designar a su candidato presidencial, ocho ex-trabajadores de la refinería 18 de marzo, con el torso desnudo, se hincaron frente al edificio del CEN del PRI para implorar al candidato Francisco Labastida la solución a sus demandas de liquidación justa, mientras otros 30 ex-trabajadores que les acompañaban colocaban mantas en la explanada y la puerta principal. Encabezando el plantón que duró escasos 20 minutos, se encontraban Benjamín Ramírez y Enrique Santoyo. Los demandantes fueron atendidos por Margarita Hernández, funcionaria de Acción Política del partido, quien les indicó que haría llegar sus peticiones al candidato por medio del subsecretario del área, Federico Granja Ricalde. 643
En esos mismos días los trabajadores jubilados, Adrián Villanueva, José Luis García Torres y Fernando Candia Araiza, editores del órgano informativo Formato Petrolero, e integrantes de la ANDTP, denunciaron a la prensa las “amenazas y agresiones verbales” de que eran objeto por parte de la directiva seccional a través de un grupo de choque encabezado por Pablo Reyes Segura, quien los hostigaba cada mes cuando se presentaban a distribuir la publicación, razón por la cual habían levantado una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo. También denunciaron haber sido desplazados de su plaza de trabajo mediante “jubilaciones ilegales” promovidas por el propio sindicato y en virtud de las cuales solo recibían el 75 por ciento del salario al que tenían derecho. Entrevistado el mismo día el secretario general seccional, Daniel Aguado, negó que en la sección “se viole la libertad de expresión”, afirmando que los editores de Formato Petrolero eran jubilados de la refinería de Azcapotzalco que formaron un grupo con el fin de reclamar los bienes sindicales, sin tomar en cuenta que “desapareció la refinería, pero no la sección 35, donde hay miles de trabajadores”, por lo cual se encontraban “fuera de contexto” y violaban “los estatutos al causar división en el sindicato”. Respecto a las jubilaciones dijo que eran “totalmente contractuales” ya que las plazas se habían quedado sin materia de trabajo por lo que el sindicato había obtenido unas “jubilaciones especiales” que incluían las principales prestaciones. En cuanto a Pablo Reyes, aceptó que era su subordinado, aunque “no tiene una cartera específica dentro del sindicato y nos auxilia para los trabajos extras”, negando que existieran grupos de choque. También negó que se ejerciera presión sobre los trabajadores para orientar el voto a favor del candidato del PRI Francisco Labastida, y si la gran mayoría se pronunciaba por él, lo hacían en plena libertad. 644
En octubre de 2000 se realizaron las elecciones seccionales siendo reelecto para el cargo de secretario general Daniel Aguado Rojas con 2 mil 267 votos contra 471 de la planilla encabezada por Florencio García Ramírez. En total votaron 2 mil 831 trabajadores de un padrón de 3 mil 524, esto es el 80.33 por ciento de los afiliados.
4. Resumen
Registramos un total de 13 conflictos laborales, de los cuales cinco fueron obreros patronales, siete intersindicales y uno contra la autoridad. Respecto a los primeros el más importante sin duda fue el relativo al cierre de la refinería de Azcapotzalco en marzo de 1991 que incluyó el despido de 6 mil 338 trabajadores y que en noviembre de 1994 todavía daba lugar a acciones de protesta por adeudos en jubilaciones y liquidaciones. También en 1991 se despiden en Tula a 1 mil 400 obreros calificados de mantenimiento y expansión para meses después iniciarse obras de ampliación de plantas de refinación por medio de empresas contratistas privadas que en muchos casos vuelven a contratar a los obreros despedidos en condiciones menores a las anteriores, lo cual provoca otro conflicto por sindicalización en 1992. Dos años después en la misma Tula se produce una tremenda explosión con saldo de tres trabajadores muertos suscitándose protestas por la falta de seguridad en las instalaciones. En 1995 se despide a 500 trabajadores más en Tula por lo que el total registrado fue de 8 mil 288 en la sección. En 1999 todavía registramos movilizaciones de transitorios despedidos demandando recontratación.
Los conflictos sindicales se suscitaron por el feroz enfrentamiento entre Carlos Romero Deschamps y la oposición antiquinista por el control de la sección. Días después de la detención de la dirección quinista en enero de 1989 el MPI-LC trata de negociar con el nuevo dirigente nacional designado desde la presidencia de la República, Sebastián Guzmán Cabrera, con el fin de impedir que CRD forme parte de la nueva coalición dirigente. Sin embargo este último tenía compromisos pactados con el gobierno federal antes de la detención de La Quina y había jugado un papel central en la desactivación de la protesta de los trabajadores petroleros, por lo que su lugar como segundo dirigente en la línea jerárquica nacional estaba asegurado. Así sus esfuerzos en la sección 35 se orientaron a cancelar toda oposición a su liderazgo haciendo uso de todos los recursos formales e informales a su disposición como el tramitar jubilaciones forzosas y cambios arbitrarios de adscripción a los dirigentes disidentes, impedir la entrada de trabajadores opositores a las asambleas seccionales electorales, utilizando como medios de control de estas el alcohol, los mariachis y los grupos de golpeadores.
El MPI-LC y el FRS-MD, cada uno por su lado, mantuvieron una constante campaña de denuncias y enfrentamientos que impusieron límites al control oficialista en la sección, hasta que el cierre de la refinería de Azcapotzalco en 1991 modificó drásticamente la relación de fuerzas en la sección con los despidos masivos que se sucedieron, siendo los trabajadores opositores los primeros en ver canceladas sus plazas de trabajo. A partir de entonces ambos grupos abandonan las actividades políticas en la sección centrando sus esfuerzos en las importantes movilizaciones de despedidos petroleros, particularmente del sureste del país, que de junio a septiembre de 1992 realizaron los grandes campamentos de protesta en la ciudad de México. En mayo de ese mismo año Pemex y el sindicato, adelantándose a los acontecimientos, habían dado por concluido el proceso de jubilación y liquidación de los trabajadores de la refinería cerrada, por lo que la fuerza del MPI-LC y el FRS-MD en la sección 35 disminuyó drásticamente por lo que poco a poco desaparecieron del escenario local. Quien vino a tomar la estafeta del movimiento opositor fue el MLN que a partir de la demanda de pago de adeudos respecto a la vivienda por parte de los jubilados y posteriormente los transitorios liquidados, mantuvo una constante campaña de movilizaciones y denuncias. En las elecciones seccionales de 1997 y de 2000 aparece en la escena el Comité de Observadores Independientes (COI) que formaba parte del esfuerzo por formar un gran frente nacional opositor en el sindicato petrolero llamado Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP). Sin embargo aún y cuando en la sección 35 se logran formar planillas opositoras de unidad, el control que sobre los trabajadores ejerce CRD impide que se puedan obtener resultados que avancen significativamente en la democratización seccional.
| Sección 35 | OP | IS | CA |
| Conflictos | 5 | 7 | 1 |
| 1989 | 1 (ene-abr 89) | 1 (ene 89) | |
| 1990 | 1 (oct 90) | ||
| 1991 | 1 (mar 91-nov 94) 1 (ago 91) |
1 (may-jun 91) | |
| 1992 | 1 (jun 92) | 1 (ene-mar 92) | |
| 1994 | 1 (abr 94) | ||
| 1995 | 1 (may 95-oct 98) | ||
| 1997 | 1 (sep 97) | ||
| 1999 | 1 (feb-dic 99) | 1 (dic 99) |
Registramos un total de 54 demandas planteadas en los tres tipos de conflicto (solo una contra la autoridad) de las solo cuales cuatro fueron solucionadas: dos por el pago de liquidación de los transitorios despedidos por el cierre de la refinería, y una por el pago de salarios caídos y prestaciones por los días en protesta por jubilaciones forzosas y cambios de adscripción por motivos políticos, misma cuestión que pudo ser revertida por la movilización opositora.
En el conflicto obrero patronal la mayor parte de las demandas planteadas fueron resultado del cierre de la refinería de Azcapotzalco que provocó la jubilación forzosa de 2 mil 496 trabajadores con 10 años de antigüedad en adelante a los que se les otorgó el 50 por ciento del salario mas cuatro puntos porcentuales por año laborado, así como la liquidación de 1 mil 206 trabajadores de planta y 2 mil 686 transitorios a los que se les pagó cuatro meses de salario más 39 días por año laborado. No todos los liquidados estuvieron de acuerdo con estas condiciones (que estuvieron por encima de lo que se obtuvo en otras secciones petroleras) por lo que mil 200 de ellos realizaron un movimiento de protesta para lograr un pago único de un millón 180 mil pesos. Finalmente centenares de trabajadores jubilados y transitorios mantuvieron la movilización hasta 1994 en demanda de pago de adeudos del fondo de vivienda.
Otras demandas obrero patronales tuvieron que ver con el planteamiento de utilizar trabajadores experimentados despedidos o jubilados en las obras de inspección de ductos, particularmente en Guadalajara después de la explosión de 1992, en lugar de contratar a empresas privadas. También dos demandas en relación a la contratación, tanto en el caso del cambio de situación laboral de los técnicos y profesionistas, como en la firma de contrato colectivo y sindicalización de los trabajadores de las empresas contratistas encargadas de las obras de ampliación en la refinería de Tula. Por otra parte la mayor parte de las demandas intersindicales tuvieron que ver con aspectos relativos a la corrupción, el manejo poco claro de las finanzas sindicales, los procedimientos para la elección de dirigentes, así como las referidas a los despidos y jubilación forzosa por motivos políticos. La única demanda contra la autoridad registrada se refirió a la libertad de los dirigentes petroleros presos durante los acontecimientos del quinazo y en contra de la represión de las autoridades.
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | |||||||
| Sección 35 | OP | IS | CA | Total | OP | IS | CA | Total |
| DEMANDAS | 25 | 28 | 1 | 54 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Defensa del salario | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Antigüedad | 1 | 1 | 0 | |||||
| Vivienda | 3 | 3 | 0 | |||||
| Seguridad e higiene | 1 | 1 | 0 | |||||
| Accidentes de trabajo | 1 | 1 | 0 | |||||
| Equipo y medios de trabajo | 3 | 3 | 0 | |||||
| Jornada de trabajo | 1 | 1 | 0 | |||||
| Reubicación de personal | 1 | 1 | 0 | |||||
| Otras condiciones de trabajo | 2 | 2 | 0 | |||||
| Despidos | 5 | 5 | 0 | |||||
| Despidos políticos | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||
| Jubilación motivos políticos | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Indemnización / liquidación | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Nivel ejecución de la empresa | 1 | 1 | 0 | |||||
| Contratación colectiva | 2 | 2 | 0 | |||||
| Sindicalización | 1 | 1 | 0 | |||||
| Dirigentes | 6 | 6 | 0 | |||||
| Corrupción | 8 | 8 | 0 | |||||
| Finanzas | 5 | 5 | 0 | |||||
| Otros vida sindical | 1 | 1 | 0 | |||||
| Represión sindical | 4 | 4 | 0 | |||||
| Represión autoridades | 1 | 1 | 0 | |||||
Las acciones registradas en los conflictos laborales sumaron un total de 149, esto es un promedio de 11.4 por conflicto, lo que da una idea clara de la intensidad del enfrentamiento. Del total de acciones 68 corresponden al conflicto obrero patronal, 77 al intersindical y cuatro contra la autoridad. En cuanto a las formas de lucha el 62.4 por ciento fueron acciones directas, el 24.1 por ciento acciones legales y el 13.4 por ciento relativas a la vida sindical.
Vistas por contendientes más de la mitad del total de las acciones las realizaron grupos de trabajadores en apoyo a sus demandas, siendo estos lo que mayor número de acciones legales llevaron a cabo, desde demandas ante las autoridades laborales y fundamentalmente procedimientos judiciales por castigo para funcionaros sindicales venales. Las acciones directas se dieron en una amplia gama, desde las campañas de denuncia pública hasta diversas formas de movilización como marchas, plantones, mítines, bloqueos y huelgas de hambre. En cuanto a la vida sindical las acciones tuvieron que ver sobre todo con la demanda de elecciones limpias incluyendo la participación de observadores independientes que pudieran constatar las maniobras oficialistas para impedir la participación de las fuerzas opositoras.
Por parte de la empresa (patrones) las acciones legales se refieren a medidas administrativas realizadas a partir del cierre de la refinería de Azcapotzalco, omisiones en las actividades de mantenimiento de las instalaciones que dieron lugar a cruentos accidentes en los ductos de Guadalajara y en la refinería de Tula, así como la denuncia penal de trabajadores jubilados por pretender, según la empresa, cobrar más retribuciones de las que legalmente les correspondía. Las acciones directas patronales fueron fundamentalmente los despidos masivos junto con las liquidaciones y jubilaciones correspondientes, así como la realización de nuevas contrataciones a partir de 1995 por medio de empresas contratistas para la expansión de las instalaciones en Tula. En cuanto a las acciones relativas a la vida sindical, se registró el despido de los dirigentes de los técnicos y profesionistas que encabezaban un movimiento de protesta por el cambio de su situación contractual.
Por parte de la burocracia sindical destaca que no realizaran ningún tipo de acción legal. En el conflicto obrero patronal las acciones directas realizadas por los líderes oficialistas fueron para imponer los términos en los que se realizaron los pagos relativos a las jubilaciones forzosas, las liquidaciones y las indemnizaciones a los despedidos, incluyendo acciones de fuerza para desalentar la protesta de los trabajadores. En el conflicto intersindical las acciones directas oficialistas fueron para imponer jubilaciones forzosas por motivos políticos a dirigentes opositores junto con acciones de fuerza acompañadas de una campaña de difusión pública en la prensa nacional. En cuanto a las acciones relativas a la vida sindical estas consistieron centralmente en cambios de adscripción por motivos políticos y medidas para impedir la participación opositora en los procesos de elección de representantes seccionales.
En el caso de las autoridades las acciones legales consistieron, en cuanto al conflicto obrero patronal, en la decisión política de cerrar las instalaciones de la refinería de Azcapotzalco y en el retraso calculado en la JFCA de los procedimientos de contabilidad de los adeudos a los trabajadores. En el conflicto intersindical las acciones legales de las autoridades consistieron en la intervención de la STPS para validar mediante la “toma de nota” de las imposiciones de dirigentes en las diferentes elecciones seccionales, así como la negativa de la OGR para dar curso a las demandas de castigo penal contra Romero Deschamps por corrupción con los bienes seccionales.
| Sección 35 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total acciones | 79 | 21 | 39 | 10 | 149 |
| Legales | 20 | 16 | 13 | 9 | 58 |
| Directas | 49 | 4 | 17 | 1 | 71 |
| V. Sindical | 10 | 1 | 9 | 20 | |
| OP | 33 | 21 | 10 | 4 | 68 |
| Legales | 3 | 16 | 7 | 3 | 29 |
| Directas | 30 | 4 | 3 | 1 | 38 |
| V. Sindical | 1 | 1 | |||
| IS | 42 | 29 | 6 | 77 | |
| Legales | 17 | 6 | 6 | 29 | |
| Directas | 15 | 14 | 29 | ||
| V. Sindical | 10 | 9 | 19 | ||
| CA | 4 | 4 | |||
| Directas | 4 | 4 |
XV. Sección 34 del Distrito Federal
Hasta 1976 esta sección era prácticamente la única que desde 1959 había mantenido una vida interna relativamente democrática, existiendo distintos grupos sindicales que se federaban en una corriente mayoritaria denominada Movimiento Depurador 27 de Agosto. A diferencia de otras secciones este acuerdo o asociación de grupos no había derivado en un cacicazgo de "hombre fuerte" y mantuvo la competencia local por medio del voto secreto. A mediados de los setenta la sección agrupaba a nueve mil trabajadores, lo que la hacía una de las más grandes del sindicato. Estas dos cuestiones permitían que la sección mantuviera una cierta autonomía respecto a la dirección nacional, lo cual necesariamente chocó con la creciente hegemonía del quinismo .
En junio de 1976, en una asamblea manipulada y en la que se usaron golpeadores en contra de los trabajadores sindicalizados, es depuesto el comité seccional encabezado por Octavio Rivas Gómez. El golpe a la sección trataba de evitar la formación de una alianza con la sección 30 de Poza Rica, cuyo dirigente Heriberto Kehoe se encontraba a punto de ser designado secretario general del CEG por el acuerdo triseccional vigente en el sindicato. El nuevo comité seccional designado se forma con gentes cercanas al quinismo . La protesta de los trabajadores incluye una huelga de hambre que es rota por golpeadores presuntamente enviados por la dirección nacional. Kehoe muere asesinado pocos meses después de haber tomado posesión del cargo, en una supuesta "venganza personal". En su lugar es nombrado al frente del sindicato Oscar Torres Pancardo, hombre cercano a La Quina .
Dos años después, durante la 15 Convención Ordinaria del sindicato celebrada en diciembre de 1979, se decidió, por encima de los estatutos, dividir a la sección 34 creando una nueva, la 45, agrupando a los más de 1 mil trabajadores del Hospital Central de Concentración de PEMEX. Con la división la sección 34 se integra con los 5 mil trabajadores de planta y 3 mil transitorios que laboraban en las Oficinas Centrales, las unidades de Embarques y Repartos, la Central Añil, la Superintendencia de Ventas Barranca del Muerto, y la unidad de San Juan Ixhuatepec. 645 En 1982 la sección agrupaba a 4436 de planta, de los cuales 82 laboraban en las Agencias de Ventas de Mazatlán, Sinaloa; 1 mil 144 en las Terminales de Ventas del DF; y 3 mil 210 en las Oficinas Centrales del DF. En 1988 trabajaban en estas instalaciones 15 mil trabajadores, de los cuales 8 mil eran de planta y 7 mil transitorios. El 70 por ciento del total de trabajadores eran mujeres. Ese mismo año de 1988 son despedidos la mayor parte de los transitorios.
1. El quinismo modernizador
Horas después de la detención de la dirección nacional encabezada por La Quina y Barragán Camacho el 10 de enero de 1989, más de 10 mil trabajadores de las secciones del DF participaron en un gran mitin de protesta. El 20 de enero más de 600 trabajadores de las plantas de embarques y reparto realizaron un mitin en protesta por el nombramiento unilateral -en una reunión sorpresiva de incondicionales del líder seccional, Héctor Valladares Torres- de delegados a la Convención Nacional donde se formalizaría la designación de Guzmán Cabrera al frente del sindicato. En el mitin el presidente del Movimiento Petrolero Independiente Lázaro Cárdenas (MPI-LC), Máximo Hernández Ayala, demandó respeto a los estatutos que indicaban que se debía citar con 24 horas de anticipación a una asamblea para elegir delegados. El también líder del MPI-LC, Salvador Hernández Ayala, hizo un llamado al dirigente nacional provisional, J. Meléndez Maranto, para que hiciera respetar los estatutos. También dijo que la lucha contra los dirigentes seccionales quinistas se generalizaba en las secciones 45, 34 y 35 y denunció que el asesinato del secretario del Trabajo de la sección 35, M.A. Pérez Jiménez, podría tener móviles de “venganza política por la prepotencia y corrupción del difunto”. Finalmente anunció un plantón en las instalaciones nacionales del STPRM. 646
La identificación de Valladares Torres como quinista hizo obligada su renuncia después de la convención nacional petrolera. 647 El 15 de febrero la coalición mayoritaria en la sección -organizada en el Grupo Revolucionario Nacionalista y Humanista 27 de Agosto (GRNH)- intentó sin ningún aviso realizar una asamblea para imponer a José Antonio Medina Hernández como nuevo dirigente seccional. Esta persona era pariente de La Quina y miembro del grupo cercano al anterior líder seccional renunciante. Sin embargo la asamblea no pudo realizarse por la rápida movilización de la oposición sindical local que a partir de aquí logró un acuerdo de unidad para la formación de una planilla de coalición encabezada por Salvador Hernández Ayala y formada por los grupos Técnicos y Profesionistas, MPI-LC, Departamentos Unidos, Mujeres Petroleras en Lucha, la corriente de Francisco Sánchez Maldonado y la de Oscar Alvarez "El Cheyene".
El acuerdo fue anunciado en una conferencia de prensa en la que los representantes de la coalición, Gilberto Ramírez (DU), Ignacio Bringas (MPI-LC), Roberto Green (F. Sánchez), Raul Moreno (Cheyene) y Marlenin Torres (MPL), solicitaron garantías al CEG del STPRM para la realización de las elecciones con voto secreto y directo. Para apoyar su demanda la oposición inició movilizaciones a fin de exigir una elección limpia de la nueva directiva seccional, que incluyó la toma de las instalaciones sindicales durante 24 horas por un grupo de trabajadores del MPI-LC, lo que provocó el aplazamiento de la asamblea electoral por el CEG arguyendo falta de garantías "por la existencia de ocho grupos que se disputaban el poder seccional". El líder nacional petrolero, SGC, en declaraciones a la prensa denunció que la actitud de los hermanos Máximo y Salvador Hernández Ayala -dirigentes del MPI-LC- al tomar las instalaciones, fue una "protesta al estilo de la oposición de izquierda.., respetable desde todo punto de vista", anunciando también que las elecciones para elegir el comité seccional se convocaban para el día 22 de febrero.
La noche anterior al día de la asamblea el local fue tomado por 500 transitorios sin derecho a votar y el presidium copado por la gente de José Antonio Medina. Antes de iniciarse los trabajos, la oposición intentó el desalojo de los transitorios que habían tomado el auditorio. La llegada del presidente del Consejo Nacional de Vigilancia, Pablo Pavón Vinales, se dio en medio de la confusión general, a tal grado que desde el presidium se lanzaron botellas con amoniaco para asegurar la salida de Medina y Pavón Vinales. Después los opositores continuaron con la asamblea al final de la cual realizaron una marcha a las instalaciones nacionales del sindicato exigiendo la realización de elecciones limpias. Ahí fueron recibidos por el secretario particular de SGC, Raul Salinas Aragón, quien les aseguró que el día siguiente los recibiría el líder nacional. Esa misma noche el STPRM dio a conocer "el resultado oficial de la votación: 4 mil 500 en favor de Antonio Medina y 500 en contra".
Ante la imposición del CEG la Coalición convoca a un referéndum entre los 7 mil 740 miembros de la sección, mismo que se realizó el 26 de febrero con una concurrencia masiva de trabajadores y al final del cual, en una conferencia de prensa, el líder opositor Salvador Hernández Ayala anunció que presentarían a SGC un vídeo y un acta notarial en los que se demostraba que antes de que se iniciara la asamblea del día 22, el auditorio se encontraba ocupado a la mitad por transitorios sin derecho a votar. Según Hernández Ayala, el gerente de administración de la Subdirección de Producción Primaria, Mario López Escalera, permitió que el personal adicto a La Quina saliera muy temprano de sus labores para ir a votar por Medina. Un día después del referéndum, durante la 109 asamblea cetemista, SGC declaró a la prensa que en la sección 34 ya se había elegido y el ganador era José Antonio Medina Hernández. Sobre la disidencia dijo que era respetuoso de ella, pero "ésta a su vez, debe de respetar las decisiones de la mayoría". 648
El 12 de abril más de cien trabajadores de la sección 35 iniciaron un plantón frente al local del sindicato nacional en la plaza de San Fernando en demanda de restitución de trabajadores despedidos y jubilados por motivos políticos. Ese mismo día se anunciaba la formación de la Coalición Nacional Petrolera que agrupaba a trabajadores opositores de las secciones 1, 14, 30, 34 y 48 y era encabezada por los hermanos Hernández Ayala. Un día después los integrantes de la Coalición en la sección 34 realizaron un concurrido mitin fuera de las instalaciones centrales de Pemex.
Al terminar este mitin la nueva directiva de la sección 34 realizó por su parte una marcha de simpatizantes de las oficinas de Pemex al local nacional, encabezada por el secretario seccional Antonio Medina, y que culminó con un mitin en donde se pronunciaron discursos en apoyo al comité nacional "en su lucha por la depuración del sindicato" y en reconocimiento a la "tarea patriótica del presidente Salinas". Por su parte SGC salió del local sindical y en su discurso agradeció la "espontánea muestra de solidaridad", informando que la dirección nacional había abierto el diálogo con los hermanos Hernández Ayala -dirigentes del MPI-LC y de la Coalición Nacional Petrolera- y "otros que durante mucho tiempo se han significado por seguir banderas opuestas al las de nuestro Partido Revolucionario Institucional"; también afirmó que se les había ofrecido "a cambio de una conducta leal, un trato leal", pero que habían pretendido "sorprender a la opinión pública" al sostener que se les había prometido el 50% del comité ejecutivo de la sección 34. 649
Así las cosas las movilizaciones opositoras nada pudieron hacer para revertir la imposición de la directiva seccional, sobre todo porque el foco de atención pasó de los problemas político-gremiales a los laborales que se derivaban de la revisión del CCT y que afectaban al sector fundamental de la sección 34: los trabajadores técnicos y profesionistas. Esta categoría de trabajadores había sido convertida del régimen de confianza al sindical en 1976. Después del quinazo algunas organizaciones como el Colegio de Ingenieros Petroleros de México (CIPM) y la Asociación de Ingenieros Petroleros de México (AIPM) comenzaron a manifestarse públicamente por el regreso al régimen de confianza para los técnicos y profesionistas. Ante esto el representante sindical de este sector en la sección 34, arquitecto F. Domínguez, denunció que los organismos de los ingenieros petroleros estaban presididos por funcionarios de Pemex que presionaban a los sindicados para que firmaran desplegados a favor del régimen de confianza. El arquitecto Domínguez también informó que tanto él como su compañero A. Cruz Bencomo habían sido comisionados sorpresivamente a provincia para evitar su labor en la ciudad de México en defensa de la sindicalización.
En el mes de junio de 1989, al mismo tiempo que se realizaban las negociaciones de revisión del CCT, trabajadores técnicos y profesionistas de la sección 34 se encontraban en plantón frente al centro administrativo de Pemex en rechazo al acuerdo de modificar su situación laboral y pasarlos a la categoría de trabajadores de confianza. Sin embargo estas presiones poco pudieron hacer para revertir una decisión que ya había sido acordada entre la empresa y el sindicato, y el 1 de agosto SGC anunciaba a la prensa que nueve mil técnicos y profesionistas en todo el país habían pasado a ser trabajadores de confianza. 650
Días antes el dirigente del MPI-LC, Máximo Hernández Ayala, había denunciado que desde la época de Joaquín Hernández Galicia y al amparo del GRNH 27 de Agosto, los dirigentes habían utilizado a la sección 34 para hacer negocios millonarios en perjuicio de los trabajadores, por lo que reiteraban su demanda de realizar una depuración verdadera en la sección. 651 Pero las exigencias de defensa de los derechos laborales y democratización del sindicato poco a poco fueron menguando en la sección, en la misma medida en que el control de la directiva local sobre sus agremiados cada vez se hacía más intenso. Así, en octubre de 1990, el líder opositor, Juan García Obregón, denunciaba que "la sección 34 había sido la más reprimida a nivel nacional: nos descuentan, por la fuerza, el pago de un seguro de vida de 300 mil pesos anuales, nos pagan con una quincena de retraso, se ignora que pasa con las cajas de ahorro, no hay asambleas donde se informe el destino de las cuotas sindicales, ni tampoco informes de las auditorias que se realizan. Nada se sabe de las propiedades del gremio, no hay ascensos, no hay derecho de reunión, nos quitaron el bono de canasta básica". García Obregón también denunció que el líder local, Antonio Medina, amenazaba de muerte a sus opositores, investigaba a los familiares de los opositores y abusaba de las mujeres. En este contexto de poder incontrolado y autoritarismo, no fue difícil que en el mismo mes de octubre de 1990, Antonio Medina Hernández fuera reelecto para un periodo más. 652
Después de dos años de férreo control seccional se informó que a partir del 28 de febrero de 1992 se iniciaba el despido de más de dos mil trabajadores sindicalizados, de confianza y transitorios que trabajaban en la torre de Pemex en la Subdirección de Obras y Proyectos, Subdirección Comercial y Gerencia de Ventas, al tiempo que trascendió que se preparaba otro recorte de mil trabajadores más en las áreas de proveeduría, almacenes, informática, cómputo, seguridad, intendencia y limpieza, así como en los hospitales de Picacho y Azcapotzalco. En comunicado de prensa, la empresa informó que el proceso de supresión de plazas innecesarias proseguiría, sobre todo en aquellas áreas de apoyo no primordial.
El 3 de marzo del mismo año 1992, la Comisión de Petroleros Despedidos de la paraestatal realizó un mitin frente a las oficinas centrales en donde se denunció que a los despedidos simplemente "se les avisa que es el último día en que van a trabajar y que por ello tienen que pasar a que se les liquide, entregándoles unos formatos en los que el trabajador aparece como el solicitante de su renuncia", obligándolos a que los firmen con presiones, e incluso amenazas de muerte. Los despedidos informaron que todo obedecía a un acuerdo entre la empresa y el sindicato, por lo que las directivas nacional y seccional no habían hecho absolutamente nada por defender a sus agremiados. También anunciaron su disposición de seguir la lucha legal por medio de demandas en la JFCA, así como movilizaciones en las instalaciones de Pemex y en las instalaciones presidenciales de Los Pinos. 653
2. Contratismo privado y despojo de materia de trabajo
En octubre de 1992 se realizaron elecciones locales, siendo electo para encabezar el comité seccional Antonio Barajas Velarde sin que se registraran muestras de descontento visibles. Dos años después, en octubre de 1994, fue reelecto para un periodo más Antonio Barajas. Desde días antes la oposición agrupada entonces en el Frente de Lucha y Democracia Sindical (FLDS), impugnó el procedimiento de "mano alzada" para la asamblea electoral, exigiendo a cambio el escrutinio secreto; la directiva seccional por medio del presidente del consejo local de vigilancia, Victor Espinoza Castañeda, se opuso a cualquier modificación de la forma de elección. La asamblea fue citada en un local con capacidad para 1 mil 500 personas, por lo que no tuvieron posibilidad de participar en la elección la mayor parte de los 4 mil 800 trabajadores sindicalizados en la sección, además de que el auditorio fue copado horas antes con trabajadores transitorios a los que se les prometió estabilidad laboral a cambio de su apoyo a la dirección seccional. En conferencia de prensa el representante del FLDS, Jesús Galicia Yepes, denunció que además el dirigente reelecto, Barajas Velarde, amenazó a los trabajadores con retirarles prestaciones y ayudas familiares en caso de que su voto fuera por la oposición. 654
A lo largo de su segundo periodo (el primero de tres años para las directivas seccionales) Barajas Velarde hubo de enfrentar la permanente denuncia de la oposición por realizar un manejo irregular de los fondos y bienes sindicales, así como negociar con la empresa a espaldas de sus representados programas de reajuste en los departamentos y en la jurisdicción seccional. El 20 de septiembre de 1996, más de 300 trabajadores de la sección 34 realizaron un bloqueo y mitin en la calle de Marina Nacional en la ciudad de México para protestar por el despojo de materia de trabajo resultado de la apertura de la Terminal Azcapotzalco 2000 en donde se encontraban las instalaciones de la refinería cerrada en 1991. Según afirmaron los trabajadores inconformes -integrantes de la unidad de Embarques y Repartos en el DF-, la dirección seccional y la empresa habían llegado ya a un acuerdo mediante el cual las labores de oficinas, mantenimiento industrial, instrumentación, bodegas, patio y contra-incendio en las nuevas instalaciones serían desarrolladas por trabajadores de la sección 35, pasando por encima de los derechos de los inconformes. En el mitin también se denunció que a los trabajadores transitorios no se les tomaba en cuenta la antigüedad y las plazas de los trabajadores jubilados ya no eran cubiertas. Por todas estas razones los trabajadores exigían, además del respeto al derecho de la sección 34 para cubrir las nuevas plazas, la destitución del líder seccional, Antonio Barajas por no hacer nada ante el despojo y por malversación de fondos. En el mismo acto se informó que el local sindical había sido acordonado por patrullas policíacas para evitar la realización de una asamblea seccional. 655
En el mes de octubre de 1997 se renuevan las directivas en las secciones petroleras en medio de las protestas de las oposiciones locales exigiendo elecciones libres sin que logren evitar la imposición. Lo mismo sucedió en la sección 34, según informó Sandra García, integrante de Alianza Cívica y del Comité de Observadores Independientes, al impedirse el registro de una planilla opositora y convertirse el acto electoral en una parranda alcoholizada con mariachis y porras en donde por aclamación se impuso la planilla oficial encabezada ahora por Mario Martínez Aldana. 656
A los pocos días de renovarse la directiva seccional la empresa planteó por voz del director de Pemex-Refinación que la flota de auto-tanques de reparto en el Valle de México era "improductiva y costosa (y) estaría mejor en manos de empresas transportistas". En concordancia con esto se cancelaron 106 plazas y se detuvieron las compras de refacciones, herramientas y materiales para el mantenimiento de los equipos e instalaciones de reparto. En noviembre de 1997 trabajadores adscritos al sector Valle de México de Pemex Gas denunciaron que con la privatización de la distribución de gas natural se estaba regalando a los empresarios la obra de infraestructura al considerar todo el sistema de ductos de distribución "en su valor como simples tubos, sin considerar el valor agregado que tienen"; también afirmaron que preveían la liquidación o jubilación de 200 trabajadores más. 657
A principios de diciembre de 1998 un grupo de trabajadores agrupados como Coordinadora Democrática Petrolera (CDP) realizaron declaraciones a la prensa denunciando que la empresa se aprestaba a eliminar 600 plazas de trabajo, equivalentes al 40% del personal de los centros San Juan Ixhuatepec, Barranca del Muerto, Añil y Azcapotzalco. Los representantes de la CDP, Mario Alberto Moreno, Jesús Parra, Alfredo Guerrero y Jorge Reséndiz, señalaron que con motivo de la restricción presupuestal, la empresa había encargado el mantenimiento de las instalaciones a empresas contratistas "sin experiencia comprobada" y autorizado "compras y servicios por arriba de los costos reales". De todo esto los trabajadores inconformes habían informado tanto a la directiva seccional como al líder nacional Romero Deschamps, quién les había contestado que sus denuncias se encontraban "en proceso de análisis". 658
Dos meses después, el 15 de febrero de 1999 se publicó en la prensa una carta firmada por 62 integrantes de la CDP de la sección 34 encabezados por Javier Rosas, Aarón Hernández, Jesús Parra y Oscar Chávez, en la que denunciaban que en el año anterior se habían dilapidado recursos millonarios para pagar a contratistas por obras (reparación de tuberías) en las que, por inexperiencia, se corrieron riesgos innecesarios que costaron vidas humanas y que finalmente concluyeron los trabajadores sindicalizados. En el documento también se afirmaba que la restricción presupuestal para mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo provocaba un daño irreversible que las destinaba a convertirse en chatarra. Los trabajadores firmantes exigían un cambio en la política gubernamental que beneficiaba a unos cuantos en perjuicio de la mayoría; y en la sección 34, demandaban suspender la contratación de empresas privadas y en su lugar aumentar las plazas para sindicalizados de planta y transitorios. 659
A finales de octubre de 1999 los dirigentes de la CDP, Aarón Hernández y Alfredo Guerrero, denunciaron que el dirigente seccional, Mario Martínez Aldana, había acaparado 40 plazas de nueva creación, de las cuales ya las había asignado 10 a personal incondicional de nuevo ingreso, al tiempo que informaba que las 30 restantes “ya estaban comprometidas”. Según los denunciantes esto afectaba a más de 200 trabajadores transitorios de las terminales Satélite, norte, sur, oriente y Azcapotzalco del Valle de México, algunos de los cuales tenían más de 12 años de antigüedad sin acceso a ningún tipo de prestaciones ni seguridad laboral, no obstante lo cual pagaban cuotas sindicales y se les utilizaba como “acarreados” en los actos del PRI, actividad esta a cargo del ex-líder seccional y en ese momento presidente del consejo local de vigilancia, Antonio Barajas. 660
Como el año 2000 era un año electoral por partida doble (las elecciones presidenciales y la renovación de las directivas seccionales), arreciaron las acusaciones en contra de los dirigentes por la movilización ilícita de recursos sindicales a favor de los candidatos oficialistas. Unos días antes de las elecciones sindicales, programadas para el 5 de octubre, Héctor Sosa Rodríguez, líder disidente de la sección denunció que el dirigente seccional, Mario Martínez Aldana, obligaba a los trabajadores de planta y transitorios a comprar playeras con estampados propagandísticos como una forma de comprometer su voto, además de derrochar abundantes recursos económicos en su campaña por la reelección. Por su parte Armando Díaz López, dirigente de la Unión Democrática Sindical, organismo integrado en la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP), solicitó la intervención de las organizaciones civiles de derechos humanos para que participaran como observadores en el proceso electoral. Sin embargo esta campaña de denuncias no pudo traducirse en la postulación de candidatos de unidad por parte de la oposición sindical, quien se presentó dividida con cuatro candidaturas que en total sumaron 860 votos, de los cuales Armando Díaz López obtuvo 612, Donaji Zubert Deveaux 34, Octavio Rivas Robles 188, y Samuel García García 26. Por su parte Mario Martínez Aldana logró la reelección con 2383 votos. En total votaron 3274 trabajadores (70.93 por ciento del padrón) mientras que 1342 se abstuvieron. 661
3. Resumen
En total registramos 12 conflictos laborales de los cuales cinco fueron obreros patronales, seis intersindicales y uno contra la autoridad. Los conflictos obreros patronales se refirieron en primer lugar al cambio de régimen laboral de los trabajadores técnicos y profesionistas, los cuales después de haber logrado en 1976 mediante grandes movilizaciones el derecho a la sindicalización en el STPRM, fueron devueltos, mediante una de las primeras modificaciones al contrato colectivo después del quinazo , al régimen de confianza. Los restantes conflictos de este tipo tuvieron que ver con los despidos masivos realizados mediante varias maniobras como el traslado de materia de trabajo en varios departamentos de la sección 34 a la 35, feudo del nuevo hombre fuerte del sindicato: Carlos Romero Deschamps; también mediante la privatización del servicio de autotanques de reparto con toda la infraestructura correspondiente y la contratación de empresas privadas para la realización de las actividades de mantenimiento de las instalaciones.
Los conflictos intersindicales se debieron a la sistemática práctica de la burocracia sindical de imponer representantes sindicales mediante una serie de artilugios tendientes a impedir la participación de los trabajadores en aquellas decisiones que les competen. No podían faltar tampoco las acusaciones de corruptelas en el manejo de los bienes sindicales por parte de las directivas seccionales, así como las maniobras oscuras en la asignación de las plazas basificadas a favor de los recomendados de los dirigentes y en perjuicio de trabajadores transitorios con varios años de antigüedad y a los cuales se les escamotearon sus derechos a la seguridad en el empleo. En cuanto al conflicto contra la autoridad solo registramos las grandes movilizaciones realizadas en el zócalo de la ciudad de México el día de la detención de La Quina y de los otros integrantes de la dirección nacional petrolera.
| Sección 34 | OP | IS | CA |
|---|---|---|---|
| Conflictos | 5 | 6 | 1 |
| 1989 | 1 (may – jul 89) | 1 (ene 89) 1 (ene – feb 89) 1 (jul 89) |
1 (ene 89) |
| 1992 | 1 (feb – mar 92) | ||
| 1994 | 1 (oct 94) | ||
| 1996 | 1 (sep 96) | ||
| 1997 | 1 (nov 97) | 1 (oct 97) | |
| 1998 | 1 (dic 98) | ||
| 1999 | 1 (oct 99) | ||
Las demandas planteadas registradas sumaron un total de 20 de las cuales ninguna fue solucionada. Los conflictos obreros patronales concentraron el mayor número de demandas de las cuales cuatro tuvieron que ver con los despidos masivos, de los cuales contabilizamos 3 mil en 1992 y otros 706 en 1997 - 1998. Otras cinco demandas se ubicaron en el nivel de ejecución y del consejo de administración de la empresa en contra del despojo de la materia de trabajo y la suspensión de la privatización encubierta por medio de la contratación de empresas privadas para la realización de labores de mantenimiento y transporte. Dos más tenían que ver con aspectos contractuales como la modificación del régimen laboral de los técnicos y profesionistas, así como con la exigencia de dotar de plazas de base a los trabajadores transitorios.
Las demandas sindicales fueron en contra de los dirigentes tanto por las maniobras en los procesos de elección de los representantes, el acaparamiento de las plazas de nueva creación en perjuicio de los transitorios, la pasividad de los dirigentes ante los despidos y las modificaciones en las condiciones de trabajo, así como la prepotencia y autoritarismo en su relación con los agremiados. La demanda contra la autoridad era en contra de la represión desatada durante los acontecimientos del 10 de enero de 1989.
| PLANTEADAS | ||||
| Sección 34 | OP | IS | CA | Total |
| DEMANDAS | 11 | 8 | 1 | 20 |
| Despidos | 4 | 4 | ||
| Consejo de administración | 1 | 1 | ||
| Nivel de Ejecución | 4 | 4 | ||
| Contratación Colectiva | 2 | 2 | ||
| Dirigentes | 6 | 6 | ||
| Finanzas Sindicales | 1 | 1 | ||
| Represión de las Autoridades | 1 | 1 | ||
| Represión Sindical | 1 | 1 | ||
Las acciones realizadas en los conflictos laborales sumaron un total de 44 (un promedio de 3.6 por conflicto), de las cuales 17 correspondieron al tipo de conflicto obrero patronal, 26 al intersindical y 1 contra la autoridad. Respecto a las formas de lucha utilizadas destaca que solo la parte patronal realizó acciones legales, todas referidas a medidas administrativas de cierre y venta de instalaciones y equipo. El resto de las acciones de todos los actores se dividen entre directas y relativas a la vida sindical. Vistas por contendientes, 21 acciones correspondieron a los trabajadores, quienes combinaron una intensa campaña de denuncia pública con movilizaciones. Por parte de los patrones, además de las acciones legales señaladas registramos otras cinco acciones directas de despidos y amenazas a los trabajadores. La burocracia sindical sumó 14 acciones destacando que no participó en el conflicto obrero patronal salvo para acordar el cambio de materia de trabajo de la sección 34 a la 35 y, por parte de la dirección nacional, para dar largas a las demandas argumentando la necesidad de analizarlas con detenimiento. En el plano intersindical cabe destacar la capacidad del grupo hegemónico GRNH para reconvertirse organizadamente del quinismo al salinismo renunciando a los dirigentes más identificados y corriendo hacia abajo el escalafón político para asegurar una sucesión pactada. Por parte de las autoridades la única acción realizada fue en apoyo a los dirigentes seccionales en el conflicto sindical al impedir por la fuerza la realización de una asamblea convocada por trabajadores opositores.
| Sección 34 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total acciones | 21 | 8 | 14 | 1 | 44 |
| Legales | 3 | 3 | |||
| Directas | 13 | 5 | 4 | 22 | |
| V. Sindical | 8 | 10 | 1 | 19 | |
| OP | 7 | 8 | 2 | 17 | |
| Legales | 3 | 3 | |||
| Directas | 7 | 5 | 2 | 14 | |
| IS | 13 | 12 | 1 | 26 | |
| Directas | 5 | 2 | 7 | ||
| V. Sindical | 8 | 10 | 1 | 19 | |
| CA | 1 | 1 | |||
| Directas | 1 | 1 |
XVI. Sección 30 de Poza Rica, Veracruz
Sección emblemática del sindicalismo nacionalista en la formación del STPRM que a partir de 1947 representa a la sección norte en el pacto corporativo tripartita. El peso económico y político de Poza Rica permite que desde principios de los años cincuenta se instaure en la región un poderoso cacicazgo encabezado por Jaime J. Merino, superintendente de la refinería de Poza Rica, caracterizado por el escandaloso nivel de corrupción alcanzado. Merino utilizó a su antojo los recursos de la empresa, del sindicato y del municipio para apoderarse por la fuerza en la política regional e imponer candidatos propios al partido oficial. El brazo sindical de este cacicazgo estaba a cargo del dirigente de la sección 30, Pedro Vivanco García, quién desde 1952 desplaza de la dirección seccional a la corriente nacionalista que había impulsado la formación del sindicato nacional y participado en la nacionalización de la industria. Aún y desplazados de la dirección seccional, estos representantes de la vieja guardia seguirán participando en la vida sindical y política de la localidad integrados en el Grupo de Unidad y Depuración Sindical Gregorio L. González (primer secretario general de la sección), mejor conocidos como "Los Goyos".
En 1958 una manifestación encabezada por Los Goyos y el Partido Demócrata Pozaricense en protesta por fraude en favor del PRI durante las elecciones para presidente municipal de Poza Rica, es ametrallada por pistoleros vivanquistas desde la sede sindical con saldo de cinco muertos y decenas de heridos. La respuesta social es un ascenso de la movilización hasta llegar a convertirse en un verdadero levantamiento civil, que debe ser enfrentado con la intervención militar. A finales del mismo año Merino recibe ordenes de trasladarse en comisión de Pemex a la ciudad de Los Angeles, al mismo tiempo se inicia una averiguación administrativa en su contra que dará lugar a una orden de aprehensión que nunca se ejecuta ya que Merino se defiende alegando persecución política hasta que en 1965 obtiene un fallo judicial a su favor. 662 En el momento de la caída de Merino, Vivanco se desempeñaba como secretario general del CEG logrando sobrevivir y terminar su periodo en 1961. Sin embargo Vivanco no puede mantener el predominio en la sección cediendo el paso al liderazgo de Samuel Terrazas Zozaya quien es nombrado dirigente nacional del CEG en 1967 y mantiene durante todo su periodo una alianza política con el entonces director de la empresa, Jesús Reyes Heroles, en contra del predominio quinista y su control sobre los contratos de exploración y perforación. 663
Con el inicio de la administración federal de Luis Echeverría, las alianzas con el gobierno se modifican y en 1972, a pesar del amplio descontento de los trabajadores locales, el CEG encabezado por Salvador Barragán Camacho destituye arbitrariamente al secretario seccional, Donaciano Ortíz Hernández, ligado a la influencia de Terrazas Zozaya y con lo cual el predominio de este último pasa al grupo encabezado por Heriberto Kehoe Vincent, en ese momento aliado a la corriente quinista . En 1976 Kehoe es designado secretario general del CEG y un año después es asesinado por una venganza personal, según la versión oficial. El cargo nacional y el liderazgo local es heredado por Oscar Torres Pancardo, hombre también cercano a La Quina , quien fomenta las divisiones internas apoyando a Torres Pancardo, pero también al grupo encabezado por Efraín Ríos Hernández, con lo cual impedía la formación de un liderazgo fuerte y autónomo. 664 En septiembre de 1983 el líder de la sección 30, ex-secretario nacional y en ese momento presidente municipal de Poza Rica, Oscar Torres Pancardo, muere en un accidente automovilístico sin aclarar. Algunas versiones hablaban de que el líder muerto se preparaba a encabezar una coalición nacional en contra del quinismo. 665 Para entonces el peso económico y político de Poza Rica había reducido ante el boom del sureste petrolero y el abandono de la autosuficiencia en la refinación de aceites y gasolinas. En 1982 la sección agrupaba a 7 mil 513 trabajadores de planta y en 1988 a 8 mil 200 sindicalizados.
1. Crisis y reajuste en el liderazgo seccional
En el momento de la detención de La Quina era secretario general de la sección 30 Emérico Rodríguez García, quien también fungía como líder de la federación cetemista estatal. Este dirigente intento mantenerse en el cargo y negociar con Guzmán Cabrera con malos resultados, porque días después de la designación del nuevo CEG, en febrero de 1989, la sección era objeto de una auditoria y se había difundido un escrito firmado por más de 2 mil trabajadores de planta en el que se pedía su renuncia. Los firmantes lo acusaban de "haber sido quién coordinó el plan para jubilar a SGC" un año atrás 666 y beneficiarse de ello para poder ocupar el liderazgo estatal de la CTM en alianza con el quinismo, y después haber dado un viraje en sus alianzas y ostentarse "como el campeón de la lealtad" con SGC. En esos mismos días se realizó la 109 asamblea cetemista, durante la cual la prensa entrevistó a Rodríguez García, quién afirmó desconocer que se pidiera su renuncia, pero en caso de que se la solicitaran "por el bien del sindicato, tengo la edad, la antiguedad y mis servicios completos, así que no hay ningún problema". 667
A principios de marzo de 1989, después de una reunión secreta en la que estuvieron los directivos de la sección 30 y del Frente de Resistencia y Unidad Sindical (FRUS), grupo hegemónico local, se anunció oficialmente la renuncia de Emérico Rodríguez García como secretario general seccional y la postulación de Rubén Amador Castro Castro, quien era cuñado de SGC y laboraba en el departamento de Combustión Interna de la refinería de Poza Rica, para encabezar la dirección seccional. Por su parte el líder renunciado mediante un comunicado de prensa informó que aún conservaba la dirección de la federación cetemista estatal, a la que no pensaba renunciar. Según versiones en la zona Rodríguez García había tramitado un amparo federal contra cualquier orden de aprehensión por los resultados de la auditoria que se estaba realizando en la sección 30.
Una vez decidido quién encabezaría la planilla del FRUS se convocó a elecciones seccionales a mediados de junio de 1989 y, mediante el tradicional acarreo de transitorios y el control por la fuerza de la asamblea electoral, se impidió participar a la planilla de oposición llamada Democracia Sindical que encabezaba el diputado local Rodolfo Reyes Betancourt, y se impuso a Castro Castro como nuevo líder seccional. Los dirigentes de oposición, quienes afirmaban representar a 5 mil 500 trabajadores de los 8 mil 200 de que constaba la sección, impugnaron el proceso acusando a SGC de haber impuesto a su pariente político por encima de los intereses de la base trabajadora, razón por la cual decidieron tomar por la fuerza y mantener en sus manos por tiempo indefinido el local seccional. El nuevo líder local Castro Castro presentó una denuncia por despojo en contra de los seguidores de Reyes Betancourt y el 17 de mayo de 1989 intentó retomar por la fuerza las instalaciones sindicales, siendo repelido el ataque por los integrantes de Democracia Sindical que retuvieron en su poder las instalaciones después de un violento enfrentamiento con saldo de más de 100 lesionados y cuantiosos daños al inmueble. 668
Ante la gravedad de los acontecimientos Guzmán Cabrera tuvo que negar públicamente que pretendiera establecer un cacicazgo por medio de la imposición de parientes y allegados en las directivas seccionales. Durante un acto de toma de protesta de candidatos a diputados priístas en Jalapa, Veracruz, afirmó que en la sección 30 "lo que pasó fue que salió Emérico Rodríguez y se realizó el cambio de directiva de acuerdo con los estatutos". En contraparte los dirigentes opositores de la Coalición Nacional Petrolera, Alfredo Sosa Orozco, Guillermo Castellanos y Francisco Jiménez, denunciaron que en la sección 30 la elección de Ruben Amador Castro había sido el más claro ejemplo de la antidemocracia que privaba en el sindicato. 669
Mientras tanto continuaba la toma del local seccional por parte de Democracia Sindical. En los primeros días del mes de septiembre, el líder opositor Reyes Betancourt reiteró la demanda de elecciones con voto secreto y directo, y acusó a Castro Castro de hacer malos manejos del rancho Chichicoaxtla, propiedad del sindicato, saqueando las maderas preciosas en más de 5 mil hectáreas de bosques, así como haber jubilado ilegalmente a Raúl Coa Saavedra, dirigente de Democracia Sindical. Reyes Betancourt anunció también la próxima movilización de más de 5 mil trabajadores de la sección hacia la ciudad de México para iniciar un plantón frente al Palacio Nacional. El 8 de septiembre el mismo líder anunció que los trabajadores de Democracia Sindical habían aceptado entregar el local sindical y someterse al arbitraje de las autoridades laborales para definir la directiva de la sección. A cambio solicitaron que no hubiera represalias en contra de los que participaron en el movimiento. El 19 del mismo mes, y después de 103 días de toma del local sindical, se realizó la entrega de las instalaciones -mediante notario público- a las autoridades estatales para su custodia. Al acto asistió el secretario general de gobierno de Veracruz, Miguel Angel Díaz Pedroza y el director de Trabajo y Previsión Social estatal, Juan Hillman Jiménez. 670
La elección de una nueva directiva seccional tardó más de un año en realizarse, hasta el 24 de octubre de 1990 y donde ya no se presentó como candidato Castro Castro. Los trabajadores opositores demandaron que los comicios se realizaran mediante voto secreto, universal y directo, y que la STPS vigilara el proceso. Sobre el primer asunto no hubo ningún acuerdo por lo que los dirigentes de Democracia Sindical, Guillermo Castellanos y Alfredo Sosa, entregaron un escrito a las secretarias de Gobernación y del Trabajo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde denunciaban las irregularidades estatuarias en que habían incurrido la dirigencia saliente, afirmando su disposición a no permitir que la elección fuera por el sistema de mano alzada, y manifestándose en contra de que la asamblea fuera en el cine Hidalgo, que unilateralmente fue declarado recinto oficial de los comicios, ya que solo contaba con cupo para 3 mil 500 personas. También denunciaron que se les prometió a campesinos de la zona la entrega de tierras y 50 mil pesos a cambio de que no dejaran entrar a los disidentes a la asamblea de elección del nuevo comité. Aun así, los disidentes acordaron formar la planilla Blanca encabezada otra vez por Rodolfo Reyes Betancurt.
Finalmente se logró el acuerdo de trasladar la asamblea electoral al estadio Heriberto Jara donde se realizó el día fijado y en la cual fue electo por el sistema de mano alzada el candidato del FRUS y hasta ese momento secretario del interior del CEG del STPRM, Javier Inés Ramos Juárez. Los comicios fueron testificados por los comisionados del CEG, Carlos Romero Deschamps y Jorge Pulido Avendaño y el representante de la STPS, Víctor Manuel Moltalvo. El candidato opositor Rodolfo Reyes Betancurt consideró ilegal la asamblea puesto que no había quórum legal ya que, aseguró, sólo ingresaron al lugar de la asamblea 3 mil 726 trabajadores que en su mayoría eran transitorios, mientras que los estatutos marcaban el 66 por ciento de los agremiados para que fuera legal una elección, razón por la cual amenazó con impugnar el proceso electoral y recurrir al amparo contra lo que consideró un fraude.
El colegio electoral por su parte levantó una acta donde se asentó que asistieron a la asamblea 5 mil 500 trabajadores de los cuales 5 mil 382 votaron por la planilla del FRUS. Al mismo tiempo se reforzó la vigilancia del local sindical para que no fuera tomado por la oposición como en las votaciones anteriores. El colegio electoral fue integrado por Calixto Javier Rivera Díaz como presidente; Florencio Ortega González como secretario; y Víctor Manuel Galván López y Julio Fajardo Lagunes como escrutadores. Al final de la asamblea se corrió la versión de que los opositores golpearon a los funcionarios que comisionó el CEG del sindicato. Sin embargo al día siguiente Reyes Betancurt reconoció el triunfo de Ramos Juárez y negó que pensaran tomar nuevamente el local sindical. Días después el jefe de relaciones públicas de Pemex, José Luis Bermúdez Sánchez, y el alcalde de Poza Rica, Luis Villegas Salgado, acusaron a Reyes Betancurt de pintarrajear indiscriminadamente paredes de los edificios de Pemex, algunas bardas de edificios escolares y avenidas de la ciudad. 671
A partir de aquí la relación entre la oposición y la mayoría se equilibró y estabilizó y en octubre de 1992, en ocasión de la renovación de la directiva seccional, se logró un acuerdo entre el grupo mayoritario FRUS y la corriente Democracia Sindical para integrar una planilla de composición encabezada por el líder en funciones, Javier Inés Ramos Juárez. 672
2. Despidos masivos y acusaciones de corrupción
En el mes de marzo de 1991 la gerencia de Relaciones Públicas de Pemex dio a conocer que dos plantas primarias de producción fueron cerradas en la refinería de Poza Rica por considerarlas obsoletas, lo que implicó el cese de más de 300 trabajadores. También se informó de reajustes en los departamentos de Mantenimiento, Combustión Interna y el Taller Eléctrico. 673
El 25 de junio de 1993, cinco días después de la renuncia de Guzmán Cabrera a la dirección nacional, alrededor de 350 trabajadores transitorios despedidos de Poza Rica emprendieron una marcha hacia la ciudad de México a donde arribaron cinco días después 100 de los que la iniciaron, quedándose algunos en el camino por enfermedades o agotamiento. En la ciudad de México ya los esperaban otros trabajadores que se habían adelantado en diferentes medios de transporte para preparar la llegada. Según declaró a la prensa el asesor legal de los trabajadores, Carlos Luciano, en los últimos tres años fueron cesados 3 mil de ellos y recientemente se había anunciado el recorte de 1 mil 800 más, por lo que la marcha la iniciaron ante la falta de respuesta de la empresa y el sindicato para sus demandas consistentes en liquidación legal por despido, devolución de cuotas sindicales y de seguro de vida. Al llegar al DF los marchistas se integraron al plantón que desde el 31 de mayo mantenían en el zócalo capitalino los trabajadores despedidos de la paraestatal en el sur de Veracruz y Salamanca, y que se levantaría el 23 de julio, después de 55 días, en medio de protestas y divisiones por los términos del acuerdo: 2 mil pesos a los que se mantuvieron hasta el final y la promesas de dar celeridad a los juicios y negociaciones con la empresa y el sindicato. Los inconformes se integrarían a un nuevo plantón encabezado por dirigentes del PRD en Tabasco y el sur de Veracruz que concluiría el 19 de agosto con la revisión de 442 casos. 674
La directiva seccional se volvió a renovar en octubre de 1994 siendo electo al frente del comité local durante los siguientes tres años Calixto Javier Rivera Díaz. Un año después -en medio de la campaña nacional encabezada por Romero Deschamps contra la decisión gubernamental de privatizar las plantas petroquímicas- el 22 de octubre de 1995 la directiva seccional publicó un desplegado de prensa dirigido al presidente Zedillo, al gabinete, al Congreso de la Unión, al CEG del STPRM, a la CTM y al PRI, firmado por el CES, los comisionados nacionales y locales, los delegados departamentales y la directiva del FRUS (Frente de Resistencia y Unidad Sindical) de la sección 30, en el que apoyaban los pronunciamientos del líder petrolero nacional el pasado 18 de marzo para cancelar la privatización de PEMEX y los recortes de personal. 675
En marzo de 1996 el alcalde priista de Poza Rica, Enrique Basáñez Trevéthan, declaró a la prensa que dejar a la petroquímica en manos de unos cuantos pudiera significar el hundimiento del país, por lo cual de ser necesarias las ventas no deberían de hacerse a unos cuantos "y mucho menos a personas que sirven como prestanombres". Por su parte el director de Relaciones Públicas de Pemex Roberto Francio Quiróz informó que en cuanto al complejo petroquímico Escolín localizado en Poza Rica y que se encontraba dentro del paquete de licitaciones de las plantas básicas, su venta no daría lugar a nuevos despidos. Sin embargo el mismo día la JFCA emitió un comunicado afirmando que en dicha planta serían liquidadas próximamente 1 mil 200 plazas. 676
Dos meses después, en mayo del mismo 1996, se suscitó un tremendo enfrentamiento entre trabajadores jubilados disidentes y oficialistas con saldo de varios heridos, cuando alrededor de 600 jubilados disidentes encabezados por Donaciano Ortiz Hernandez, Humberto Cuervo, Roberto Lagos, Joel Blanco y otros, impidieron por la fuerza la reunión de la comisión mutualista de ayuda social voluntaria post-mortem del departamento de jubilados del STPRM. La disputa se originó por la denuncia de manejo irregular de los fondos mutualistas a cargo del líder de los jubilados oficialistas, Felipe Inglés Salazar, quién después de los hechos presentó una denuncia ante la procuraduría estatal por lesiones, insultos y amenazas en contra de los líderes disidentes. 677
Las acusaciones de corrupción también se habían dado en contra del dos veces secretario general de la sección en 1990-1994 Javier Inés Ramos Juárez, quién fue acusado de disponer de fondos de la caja de ahorros por 25 millones de pesos. El líder y prospecto de cacique ignoró las acusaciones y se postuló y fue electo por tercera ocasión como secretario general en octubre de 1996, y en mayo de 1998 consiguió la postulación del PRI a una diputación local. La respuesta de los trabajadores inconformes fue presentar una demanda penal en su contra en la procuraduría estatal. En julio de 1998, un mes antes de las elecciones en el estado de Veracruz, Ramos Juárez debió de renunciar a su candidatura en medio del escándalo de las acusaciones. En declaraciones a la prensa informó que su retiro era para evitar agresiones a su partido, y para buscar una solución basada en los estatutos del sindicato petrolero. El 25 de marzo de 1999, Javier Inés Ramos Juárez fue aprehendido en la ciudad de Jalapa por agentes de la policía judicial estatal. Menos de 14 horas después obtuvo la libertad provisional una vez que aseguró el pago de los 25 millones demandados y una fianza de 5 mil pesos. La policía judicial informó que otro de los ex-funcionarios sindicales implicados, Antonio Reyes Pulido, se encontraba en calidad de prófugo. En lugar del dirigente acusado fue nombrado para terminar el período al frente del CES Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. 678
A finales de mayo de 1999, el alcalde de Poza Rica, Marcos López Mora, informó a la prensa que en los últimos siete años se habían perdido en la zona aproximadamente 17 mil empleos, directos e indirectos, como resultado de los ajustes de personal de Pemex, lo cual había desequilibrado drásticamente la economía del lugar. En noviembre del mismo año López Mora volvió a insistir sobre el asunto afirmando que en 1988 Pemex “contaba con 12 mil obreros de base y cerca de 20 mil transitorios, de los cuales 17 mil fueron cesados durante el sexenio salinista”. Según López Mora su gobierno impulsaba la instalación de industrias en la región con el fin de aprovechar la mano de obra especializada que salió de Pemex. 679
Durante los siguientes meses de la directiva seccional, siguiendo las directrices de Romero Deschamps, realizó una intensa actividad de presión sobre los trabajadores para asegurar el voto a favor del pre-candidato y posteriormente candidato priísta Labastida. Días después de la jornada electoral, un grupo de petroleros acudió a las oficinas del presidente electo Vicente Fox en la ciudad de México para solicitarle apoyo ante lo que consideraron como represalias, persecución política y “terrorismo sindical” de parte del líder nacional Romero Deschamps, en contra de aquellos trabajadores que no apoyaron al PRI durante el proceso electoral. También solicitaron “la reinstalación de sus líderes” en la sección 30. 680
En las elecciones seccionales realizadas en octubre de 2000 fue reelecto Sergio Lorenzo Quiroz Cruz al frente del CES, obteniendo como candidato único 3 mil 325 votos de un padrón de 5 mil 70 agremiados, siendo la sección con el segundo menor porcentaje de votación en el país (66 por ciento) después de la sección 44 de Villahermosa.
3. Resumen
Seis conflictos en total de los cuales solo uno fue obrero patronal en relación a los despidos masivos y uno contra la autoridad por el intento gubernamental de privatizar la petroquímica. De los cuatro conflictos intersindicales uno tuvo que ver con las elecciones seccionales y el reacomodo en las alianzas producto del desplazamiento de cuadros dirigentes resultado del quinazo . Otros dos con acusaciones de corrupción en el manejo de los recursos sindicales. Uno más por las acciones duras para disciplinar el voto corporativo en las elecciones federales, incluyendo los despidos políticos.
| Sección 30 | OP | IS | CA |
|---|---|---|---|
| Conflictos | 1 | 4 | 1 |
| 1989 | 1 (feb 89 – oct 90) | ||
| 1993 | 1 (jun – jul 93) | ||
| 1995 | 1 (oct 95 – mar 96) | ||
| 1996 |
1 ( may 96) 1 (oct 96 – mar 99) |
||
| 2000 | 1 (jul 00) |
Registramos 13 demandas planteadas y ninguna solucionada. Sorprende el pequeño número de demandas obrero-patronales a pesar de que documentamos 4 mil 500 despidos entre 1991 y 1996 en distintos paquetes y en su mayoría transitorios. Las demandas intersindicales reflejan la dureza de la lucha interna por el control seccional, mientras que la única contra la autoridad expresa el obligado cierre de filas ante el intento privatizador.
| PLANTEADAS | ||||
| Sección 30 | OP | IS | CA | Total |
| DEMANDAS | 3 | 9 | 1 | 13 |
| Seguro de vida | 1 | 1 | ||
| Cierre de la fuente de trabajo | 1 | 1 | ||
| Liquidación | 1 | 1 | ||
| Despidos políticos | 1 | 1 | ||
| Dirigentes | 4 | 4 | ||
| Finanzas sindicales | 1 | 1 | ||
| Corrupción | 2 | 2 | ||
| Represión sindical | 1 | 1 | ||
| Consejo administración | 1 | 1 | ||
De las 67 acciones registradas el 82 por ciento (55) corresponde a los conflictos intersindicales en donde también se involucraron empresa y autoridades, 12 por ciento (8) al obrero patronal en donde la burocracia sindical no realizó ninguna acción y los trabajadores pocas pero de gran intensidad como la marcha al DF y la participación en el plantón de despedidos petroleros de Salamanca, sur de Veracruz y Tabasco en el zócalo capitalino. Las acciones en el conflicto contra la autoridad de todos los actores (4) son de difusión pública. En cuanto al tipo de acciones fueron legales el 19 por ciento (13) desde las solicitudes de intervención y conciliación de autoridades por parte de los trabajadores, hasta los procedimientos judiciales y administrativos (auditorias, cierre y venta de plantas y equipo) por parte de la empresa, la burocracia sindical y las autoridades. Las acciones directas representaron el 35 por ciento (24) y por parte de los trabajadores fueron de difusión pública y movilizaciones, por parte de la empresa los despidos y liquidaciones, y por la burocracia sindical difusión pública y acciones de fuerza y encubiertas. Las acciones relativas a la vida sindical representaron el 44 por ciento (30) y consistieron en el desconocimiento de dirigentes, disputas por los procedimientos de elección, acusaciones de corrupción, toma de instalaciones sindicales, enfrentamientos violentos e intentos de disciplinar corporativamente el voto partidario. En cuanto a los contendientes, 47 por ciento de las acciones las realizaron los trabajadores, 36 por ciento la burocracia sindical y el resto patrones y autoridades.
| Sección 30 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total acciones | 32 | 7 | 24 | 4 | 67 |
| Legales | 5 | 6 | 4 | 2 | 17 |
| Directas | 11 | 1 | 7 | 1 | 20 |
| V. Sindical | 16 | 13 | 1 | 30 | |
| OP | 3 | 5 | 8 | ||
| Legales | 5 | 5 | |||
| Directas | 3 | 3 | |||
| IS | 28 | 1 | 23 | 3 | 55 |
| Legales | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Directas | 7 | 6 | 13 | ||
| V. Sindical | 16 | 13 | 1 | 30 | |
| CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Directas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
XVII. Sección 24 de Salamanca, Guanajuato
Esta sección agrupa a los trabajadores de la refinería “Antonio M. Amor” que en 1982 sumaban 4 mil 285 y en 1993 seis mil. En el momento de la detención de La Quina el secretario general de la sección 24 era Fernando Carvajal Servín quién días después fue obligado a renunciar siendo electo en su lugar Ernesto Botello Martínez. Desde su inicio la gestión de Botello Martínez se caracterizó por la tendencia a centralizar en su persona las diferentes funciones de la gestión sindical llegando al extremo de que varios de los cargos del comité seccional eran ejercidos directamente por él: no solo era secretario seccional y presidente del grupo hegemónico, también era tesorero de la Caja de Ahorros, presidente de todos los Consejos de Administración y regidor del Ayuntamiento local. Este manejo autocrático de los asuntos sindicales implicó necesariamente la exclusión de otros dirigentes locales, una gran discrecionalidad en la utilización de los recursos financieros y el aplastamiento de toda oposición y crítica en el interior de la sección por medio de la utilización de la violencia.
1. Control autocrático y alianza con la empresa contra los
trabajadores
En octubre de 1990, y con motivo de la renovación de las directivas locales en el STPRM, 13 miembros del comité ejecutivo seccional y nacional publicaron dos desplegados, uno en la prensa local y otro en la nacional, éste último dirigido al presidente de la República, al secretario de Gobernación, al secretario de la STPS, al director de Pemex, al gobernador de Guanajuato, Rafael Corrales Ayala, y al secretario general del STPRM, en el que hacían pública su decisión de no apoyar la reelección de Botello Martínez al frente de la sección. En el desplegado denunciaban la prepotencia y absoluto desprecio por los derechos y la dignidad de los trabajadores de que había hecho gala Botello Martínez, quien nunca se había preocupado por la defensa de sus representados y había implantado un sistema de amenazas, represalias y terror en contra de la disidencia, negándose permanentemente a explicar el estado financiero de la tesorería seccional. También lo acusaban de que sus colaboradores cercanos habían acumulado rápidamente riquezas "cuyo origen no pueden explicar". En ocasión de los próximos comicios, Botello Martínez obligaba a los transitorios a realizar comidas en su honor, con la amenaza de suspender en sus derechos sindicales a los trabajadores que no asistieran, además de que usualmente obligaba a los mismos transitorios a trabajar gratuitamente en las casas particulares de su propiedad y de otros miembros del comité incondicionales suyos.
El desplegado, firmado por los miembros del CEG, Agustín Blakeley Arrieta, de la Comisión Nacional de Reacomodo; Jesús Valdez Chichela, de la Comisión Nacional de Seguro Individual; Jesús Vega Benítez, secretario de Previsión Social; y Alfonso Malibrán Chávez, asesor del CEG, además de otros miembros del comité local, demandaba que el proceso electoral para la renovación del comité ejecutivo local se llevara a cabo mediante el procedimiento de voto secreto, que cesaran las represalias y las prácticas "gansteriles" en contra de los trabajadores, una auditoria inmediata a la sección 24, así como la consignación de aquellos que hubieren malversado los fondos sindicales. 681 En respuesta a las demandas de los dirigentes firmantes del desplegado se acordó que las elecciones seccionales se realizarían por el procedimiento de voto directo y escrutinio, aunque las cédulas de votación incluirían el nombre, numero de ficha y firma de los votantes. Por su parte un grupo de "trabajadoras de planta de la sección 24", publicaron el día 29 del mismo octubre un desplegado firmado por Martha Elva Castro Ruiz, dirigido al secretario nacional del STPRM solicitando su intervención para que las elecciones se realizaran por medio de un procedimiento secreto y universal; también pedían garantías de que no hubiera represalias después de las votaciones. 682
Estas denuncias no lograron modificar el procedimiento electoral que ya había sido acordado, por lo que en los primeros días de noviembre se realizaron las elecciones con el resultado ya previsto del triunfo de la planilla "14 de Marzo" encabezada por Botello Martínez, quién iniciaba su segundo periodo al frente de la sección obteniendo 2 mil 561 votos, seguido por la planilla "Liberal Sindicalista" encabezada por Pedro Ramón Reyes Maza que obtuvo 1 mil 275 votos y en tercer lugar la planilla del anterior grupo hegemónico seccional quinista , el "Grupo Unificador Mayoritario" encabezada por Noé Salvador Laguna Colín con 206 votos. A pesar de las protestas de las planillas opositoras por las muchas irregularidades en el proceso, como la intimidación a los votantes en las proximidades de las ocho casillas electorales, los enviados del CEG presentes en la votación la dieron por legalmente realizada. 683 Después de la reelección Botello Martínez consolidó su control sobre la sección asegurando el apoyo del CEG y posteriormente en los procesos electorales para renovar la legislatura federal en 1991 resultó electo diputado por el PRI.
En el mes de febrero de 1992 se realizó una reunión entre SGC y la directiva local en el salón de actos de la sección 24 con la asistencia de más de 200 delegados y subdelegados departamentales de la refinería de Salamanca. El motivo de la reunión fue la entrega de una unidad habitacional para los trabajadores de la sección. Aprovechando la ocasión los trabajadores denunciaron ante SGC que la empresa no estaba cumpliendo con los obreros, a lo cual el líder nacional respondió que "grupos nacionales y extranjeros estaban tratando de desestabilizar a Pemex para permitir que la paraestatal fuera manejada como iniciativa privada", y defendió la política de recortes de personal de Pemex diciendo que la empresa "tendrá que desechar sus plantas obsoletas, adquiriendo nueva tecnología que exige menos mano de obra y ser más productivos", por lo que reprobó las movilizaciones masivas en contra de los recortes de personal llamando "estúpidos" a los que no comprendían la política del presidente Salinas. En su turno el líder seccional Botello Martínez llenó de elogios a SGC sin apoyar ninguna de las denuncias que los trabajadores planteaban en contra de la empresa. 684
En el mes de junio de 1992, el diputado local por el PPS y trabajador de planta de la paraestatal, Alberto Reyna García, informó a la prensa del despido de 500 trabajadores transitorios en la refinería como parte del programa de "modernización" de la paraestatal. Al día siguiente el líder seccional Botello Martínez informó que se trataba de 300 trabajadores que habían solicitado voluntariamente su baja y que a nadie se le había obligado a pedir su liquidación, la que se realizaría conforme a la LFT y el CCT. Sin embargo el 25 del mismo junio más de 100 trabajadores transitorios realizaron una serie de plantones en los accesos del local sindical para exigir la liquidación legal por despido involuntario y la devolución económica de sus aportaciones por seguro de vida. En la sede de la sección no encontraron a Botello Martínez y solo pudieron hablar con el secretario de Ajustes, Juan de Dios González, quién les dijo a los manifestantes que no tenían derecho a exigir nada porque estaba "fuera de la ley su reclamo" y que el líder seccional se encontraba en la ciudad de México "para ver que les podía conseguir" con la dirección nacional. Los trabajadores transitorios indignados por esta respuesta gritaban que "el triunfo en las elecciones seccionales y federales se lo dimos nosotros y ahora nos patea las nalgas". 685
En el mes de julio del mismo año el comité seccional decidió la destitución inmediata del presidente y secretario del Consejo de Vigilancia, Manuel Alberto López Aguilar y Fernando Viscaíno Ceceña respectivamente, del Tesorero Jorge Berrones Rodríguez y del titular de la Caja de Ahorros Jesús Figueroa Ruiz, acusados de "atentar contra la unidad sindical", sin explicar en que consistió tal atentado. En el mismo pleno del CES se acordaron los reemplazos a los destituidos, que recayeron en Jesús Alfonso Castro Peña, Vicente Arriaga Tobías y Carlos Castillo Pacheco, quedando pendiente el nombramiento del titular de la Caja de Ahorros.
El mismo día que sucedía lo anterior el ayuntamiento de Salamanca informó del hallazgo de interconexiones de drenaje de las empresas privadas Liquid Carbonic, Cryo Infra, Carga Urbina y Autotransportes Especializados de Líquidos, a los ductos de la refinería Antonio M. Amor, que a su vez descargaba desechos contaminantes a la Cuenca del Río Lerma. Las cuatro compañías manejaban sustancias altamente contaminantes, las que al mezclarse con los residuos de la refinería, podían ocasionar graves explosiones. Según el comunicado del ayuntamiento "nadie podía explicar como fueron realizadas las interconexiones, ni de donde salió el permiso para hacerlas". 686
En el mes de octubre de 1992, a unos días de las elecciones seccionales, el líder saliente Botello Martínez informó a la prensa de la firma de un convenio con la empresa para revisar el funcionamiento de la refinería "departamento por departamento" con el fin de "optimizar el recurso humano que sustente el incremento de la productividad". Según Botello la reestructuración no implicaría despidos masivos, aunque informó que ya se había iniciado el reajuste de personal en el hospital local y que proseguiría en las torres de enfriamiento, en la planta eléctrica y posteriormente en los carros-tanque. El dirigente también dijo que el personal reajustado "que así lo deseara" sería reacomodado en otros departamentos aunque aclaró que desconocía cuantos trabajadores serían liquidados y que la reestructuración en los otros departamentos se llevaría a cabo a principios de 1993. 687
2. Corrupción, encubrimiento y negligencia
En el proceso electoral para renovar la directiva seccional resultó electo el candidato impulsado por la directiva seccional saliente, Guillermo Aguilera Ruiz. Días antes de las elecciones el Frente Liberal Sindicalista "Eduardo Soto Innes" publicó un desplegado de prensa -dirigido al presidente Salinas, a los secretarios de Gobernación y del Trabajo, al director de Pemex y al secretario nacional del STPRM- en el que impugnaban la candidatura de Aguilera Ruiz por tener un proceso judicial pendiente, lo que le impedía ser candidato a secretario general de la sección. Además de afirmar que su candidatura era impulsada por el líder saliente, los firmantes del desplegado solicitaban que en el escrutinio se eliminara la obligación de señalar nombre, ficha, departamento y firma en las boletas electorales, misma cuestión que se había demandado en las elecciones de 1990, y que de la misma forma fue ignorada, consumándose por tanto la imposición de la nueva directiva seccional. 688
La estancia de Guillermo Aguilera Ruiz al frente de la sección 24 continuó las prácticas autoritarias de su antecesor negándose también a informar a la base trabajadora de la situación financiera de la sección, lo que provocó que el descontento se generalizara en un amplio movimiento de rechazo a su gestión y en junio de 1993, como resultado lateral de la renuncia de Guzmán Cabrera a la dirección nacional, Aguilera Ruiz hubo de renunciar a la secretaría general de la sección en medio de una serie de acusaciones por corrupción y malversación de fondos. En su lugar fue designado José Luis Flores Contreras como secretario interino y con la encomienda expresa de realizar una auditoria a los manejos financieros de las dos últimas directivas seccionales. 689
Cinco meses después, en octubre de 1993, el diputado local por el PPS Alberto Reyna denunció a la prensa los planes de la empresa para reducir en 50 por ciento las seis mil plazas de la refinería de Salamanca empezando por la planta de Amoniaco II. Según el diputado Reyna durante 1993 se habían despedido a más de 300 trabajadores en la refinería y las petroquímicas Fertimex y Negromex habían reducido personal por lo que existía una crisis de empleo en Salamanca con tendencia a agravarse. 690
El 20 de noviembre del mismo 1993 y después de salir de sus labores más de 1 mil trabajadores de las áreas de mantenimiento de la refinería "Antonio M. Amor" se manifestaron en las calles de Salamanca en contra de la política represiva de la empresa acusando al superintendente general de la refinería, Alfonso Flores Rodríguez, de atentar en contra de sus derechos gremiales por lo que demandan su cese y una investigación al ingeniero encargado de mantenimiento de la planta, Mario Humberto Cantú Salinas, al que llamaron "perro que muerde a los obreros". La manifestación concluyó en el edificio sede de la sección que fue tomado durante varias horas por los manifestantes quienes exigieron infructuosamente la presencia del líder seccional. Dos días después los trabajadores realizaron otra manifestación multitudinaria que finalizó también en la sede seccional en donde eran esperados por el líder interino José Luis Flores Contreras acompañado de unos 40 guardaespaldas. Ahí Flores les propuso a los manifestantes llevar a cabo una asamblea el 1 de diciembre, lo que fue rechazado por la mayoría siendo obligado a encaminarse al local sindical para realizar en ese momento la sesión. En medio de la confusión y con la ayuda de sus guardaespaldas, Flores logró escabullirse y abordar un vehículo para huir del lugar en medio de una persecución que se prolongó por varias calles.
Los trabajadores decidieron entonces constituirse en asamblea extraordinaria en la que acordaron insistir en su demanda de destitución del ingeniero Cantú Salinas y destituir en ese momento al comité seccional interino por negarse a asumir la defensa de los agremiados y no haber entregado ningún resultado de las auditorias a las anteriores directivas seccionales. Ahí mismo los trabajadores decidieron proponer a Juan de Dios Santander como candidato a encabezar el nuevo comité seccional. Al día siguiente una comisión de trabajadores viajó a la ciudad de México para hacer oficial ante el CEG del STPRM la destitución de Flores Contreras. Este último ofreció por la mañana una conferencia de prensa en Salamanca donde aseguró que su destitución había sido resultado de "un movimiento con tintes políticos"; también dijo que la auditoria a las gestiones de Botello Martínez y Aguilera Ruiz se había retrasado "porque se quiere llegar hasta el fondo del asunto". Por su parte Pemex informó mediante un comunicado del inicio de una investigación para determinar si procedía o no la solicitud de destitución del ingeniero Cantú Salinas, señalando también que los problemas intersindicales no habían repercutido en la producción diaria. 691
Como resultado de la entrevista de la comisión de trabajadores de la sección 24 con el CEG, el 6 de diciembre de 1993 se realizó una asamblea general extraordinaria a la que asistieron alrededor de 4 mil agremiados y una representación del CEG encabezada por el presidente del Consejo General de Vigilancia, Calixto Javier Rivera. Ahí se presentó el informe de la auditoria practicada a los bienes de la sección, encontrándose faltantes injustificados por alrededor de 15 millones de nuevos pesos, de los cuales correspondieron al bienio 1989-1990: 2 mil 821 millones de viejos pesos; al bienio 1991-1992: 5 mil 324 millones de viejos pesos; y al bienio 1992-1993: 6 mil 622 millones de viejos pesos, además de que en este último periodo la dirigencia local "obtuvo un activo fijo" por poco más de 4 mil millones de viejos pesos. El reclamo de los trabajadores no se hizo esperar y entre gritos e insultos demandaron el desafuero del diputado federal priísta y ex-líder seccional Ernesto Botello Martínez (enero de 1989 - octubre de 1992), así como la consignación penal de los ex-dirigentes Guillermo Aguilera Ruiz (octubre de 1992 - junio de 1993) y José Luis Flores Contreras (junio de 1993 - diciembre de 1993).
A pesar de que en la asamblea se encontraba un pequeño grupo de trabajadores simpatizantes de los ex-líderes impugnados, la mayoría resolvió la destitución del comité provisional encabezado por Flores Contreras. Al intervenir en la asamblea el representante del CEG, Calixto Javier Rivera, anunció que se ejercería acción penal en contra de quienes fueran responsables del fraude en contra de la sección. También anunció que el CEG se haría cargo provisionalmente de la administración de la sección 24 "en tanto se notifica a la STPS y se convoca a elecciones para un nuevo comité". La asamblea electoral fue convocada en cuanto se acordó un candidato de unidad -Pedro Orozco Reza- y un comité de coalición. La cita se fijó diez días después, el 16 de diciembre a las 15 horas. Por la mañana de ese día Calixto Javier Rivera anunció que el CEG del STPRM había presentado en la ciudad de México "y dentro del ámbito federal" una denuncia penal en contra del ex-secretario seccional Guillermo Aguilera por desfalco de 32 millones de nuevos pesos a la sección 24. De los otros líderes acusados nada se mencionó.
A la hora citada y en el momento en que estaba por instalarse la asamblea electoral, Guillermo Aguilera irrumpió violentamente acompañado por un nutrido grupo de seguidores impugnando el acto y tratando de apoderarse del presidium. En medio de la trifulca generalizada y sin que se hubiera realizado la votación correspondiente, el presidente del CGV Calixto Javier Rivera, tomó el micrófono y declaró que "por acuerdo general de asamblea" Pedro Orozco Reza era el nuevo dirigente seccional, procediendo de inmediato a evacuar el lugar mientras los seguidores de ambos bandos se golpeaban con sillas y palos y destrozaban el presidium . En el apogeo de la batalla alguien arrojó una botella de amoniaco desalojándose de inmediato el local; ya en la calle los seguidores de Guillermo Aguilera se dirigieron al edificio sindical con intenciones de tomarlo, encontrándose ahí con los seguidores de Orozco Reza y reiniciándose el enfrentamiento con singular violencia. El saldo fue de por lo menos 20 lesionados y daños materiales cuantiosos. En declaraciones a la prensa después del enfrentamiento Guillermo Aguilera informó que se hallaba protegido por un amparo provisional expedido por un juez de distrito y que nunca había renunciado a su cargo pero fue obligado "a firmar un permiso por oponerse a llegar a un arreglo con el Frente Liberal Sindicalista"; finalmente denunció que la designación de Orozco Reza era "una imposición del nuevo secretario nacional Romero Deschamps". 692
3. Contra la privatización abierta y por la privatización encubierta
Con la llegada de Orozco Reza a la secretaría general, la sección 24 pareció alcanzar una relativa estabilidad política basada en acuerdos entre las diferentes corrientes locales. En donde no se logró asegurar ninguna estabilidad fue en la situación del empleo, ya que la empresa continuó con su política de modernización, reubicación y cierre de plantas productivas con sus correspondientes cuotas de despidos masivos, ante lo cual la dirección sindical nada quiso o pudo hacer.
Al final del primer período de Orozco Reza al frente de la sección, en el mes de octubre de 1994, fueron suspendidas las labores en la planta LX de la refinería Antonio M. Amor y más de 100 trabajadores que ahí laboraban fueron puestos a disposición de la dirección de personal. Extraoficialmente se sabía que ésta planta, que a partir de los aceites básicos procesa mas de 100 tipos de aceites lubricantes para motores de combustión interna de gasolina y diesel y con capacidad de producir 4 mil barriles al día, sería trasladada a la localidad de Lagos de Moreno, Jalisco, como parte del programa de reorganización de la filial Mex-Lub de Pemex. En una reunión frente al edificio sindical los trabajadores afectados denunciaron que no habían recibido información alguna ni de la empresa ni del sindicato y que se encontraban en la total incertidumbre sobre su destino laboral. 693 Este mismo mes se realizaron elecciones seccionales siendo reelecto Pedro Orozco Reza.
Un año después, en septiembre de 1995, otro grupo de trabajadores informó a la prensa que la empresa se disponía a cesar o reubicar a 200 trabajadores por la modernización de distintas plantas ubicadas en la refinería de Antonio M. Amor empezando por los de mas de 20 años de antigüedad a los que se pediría su jubilación sin que la empresa ni el sindicato hubieran dado información al respecto. 694 Al mes siguiente, el 15 de octubre, más de 800 trabajadores pertenecientes a la Organización de Trabajadores Transitorios irrumpieron en el campo de béisbol junto a la refinería cuando se desarrollaba un encuentro de la Liga Petrolera. El dirigente de los inconformes, Faustino Ulloa Chaverry, después de pedir disculpas a jugadores y público asistente explicó que las movilizaciones era el único método de presión que tanto la empresa como el sindicato les habían dejado. Se trataba de trabajadores despedidos desde noviembre del año anterior y que hasta esa fecha no habían logrado obtener una liquidación justa. 695
En este mismo mes en distintas secciones del sindicato se realizaban movilizaciones en defensa de la planta petroquímica ante el anuncio de su privatización. El 24 de octubre 120 trabajadores de las plantas productoras de amoniaco y alcohol isopropílico realizaron una manifestación en la refinería de Salamanca; en el acto el líder de la sección 24, Pedro Orozco Reza, expresó el rechazó del sindicato a la privatización. El mismo día el dirigente estatal perredista, Ernesto Prieto, informó a la prensa que en los últimos 15 días habían sido despedidos 1 mil 200 trabajadores en la localidad. 696 Durante los siguientes meses la protesta en contra de la privatización se extendió a casi todas las secciones del sindicato petrolero. En el mes de mayo de 1996 el gobernador de Guanajuato y ya para entonces precandidato del PAN a la presidencia de la República, Vicente Fox, durante una gira propagandística en la ciudad de Nueva York se pronunció por la venta total de Pemex y afirmó que la oposición del sindicato a la privatización de la petroquímica se debía a que en realidad se estaba defendiendo un conjunto de prebendas derivadas de su "historia de corrupción". La reacción de los petroleros no se hizo esperar y la directiva de la sección 24 publicó el 20 de mayo un desplegado de prensa en contra de las declaraciones de Fox y firmado por el comité seccional y los consejos locales de Vigilancia y Honor y Justicia, reivindicando el carácter "histórico, nacionalista y de profundo sentido del bienestar colectivo" de la inconformidad gremial para con la iniciativa de privatización. 697
El 9 de octubre de 1997 se realizaron elecciones seccionales resultando electo Antonio Sánchez Sotelo en sustitución de Pedro Orozco Reza. El nuevo dirigente hizo un llamado a la unidad y a trabajar más para fortalecer la sección sindical. El candidato derrotado, propuesto por la Unión de Petroleros Libres (UPL), Benjamín Nava Cobarrubias, declaró a la prensa que la nueva dirección seccional heredaba un adeudo de 40 millones de pesos, un edificio embargado por instituciones bancarias y el patrimonio seccional diezmado, por lo que los 4 mil 500 trabajadores de la refinería "estarán imposibilitados de obtener a cabalidad sus derechos y en grave riesgo de perder hasta el fondo de ahorro de este año". Otro miembro de la UPL, Armando Ruiz Villalón, afirmó que las elecciones no fueron del todo limpias ya que se engañó a los trabajadores prometiéndoles viviendas "en un predio que ni siquiera se había adquirido". Ambos dirigentes opositores se preguntaron: "¿cómo podemos hablar de defender los derechos de los obreros con 80 compañías privadas desarrollando actividades que nos corresponden?; ¿puede afirmarse que se busca el bienestar de los mismos cuando desde hace tres meses no se nos dan horas extras (para mantenimiento)?". 698
Ante la falta de respuesta de la nueva directiva seccional y de los funcionarios de la empresa para aclarar la situación de las empresas contratistas, los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1997 más de 300 trabajadores realizaron una serie de actos y manifestaciones frente a la refinería y el edificio sindical demandando convocar a una asamblea sindical para informar sobre el contratismo privado y el recorte salarial para los trabajadores de planta por la pérdida de las horas extras, de lo cual responsabilizaban al gerente general de la refinería, Alberto Alcaraz Granados, "con la complacencia del secretario seccional saliente Pedro Orozco Reza". 699 A fines de diciembre la UPL repartió miles de volantes en la refinería de Salamanca en los que, además de expresar los parabienes para la ocasión, anunciaba que demandaría “cuentas claras” al dirigente seccional saliente Pedro Orozco y buscaría fincarle responsabilidades penales. El volante también planteaba que la UPL no era “una disidencia opositora por costumbre” aunque sus integrantes estaban en contra de la corrupción y la violación de leyes y reglamentos sindicales y contractuales, por lo que si la nueva dirección seccional cumplía con su deber y rescataba “la dignidad del sindicato”, estaban dispuestos a unirse al trabajo del nuevo dirigente, Antonio Sánchez Toledo. 700
A pesar de las protestas las labores de mantenimiento en el complejo petroquímico siguieron a cargo de compañías privadas. El 17 de abril de 1998 decenas de trabajadores se manifestaron frente a la refinería afirmando que las compañías contratistas absorbían el equivalente a 1 mil 500 plazas de tiempo completo para el sindicato. Dos días después y en el mismo lugar decenas de trabajadores de las compañías privadas que desarrollaban actividades en la refinería se manifestaron para defender su derecho a contar con una plaza de trabajo, afirmando que los petroleros tenían un empleo seguro y con las prestaciones necesarias para sostener una familia, mientras ellos solo dependían del sueldo recibido. 701
Durante los siguientes dos años no registramos ningún conflicto laboral en la sección 24. Será hasta el mes de julio del 2000, una vez pasadas las elecciones federales y teniendo en vista la próxima renovación de las directivas seccionales en el sindicato petrolero, que la oposición sindical en la sección, conformada por la Unión de Petroleros Libres (UPL), la Alianza Nacional Democrática (AND), el Nuevo Sindicalismo (NS) y el Grupo Liberal Petrolero (GLP), logró llegar a un acuerdo para constituir la Coalición de Trabajadores Petroleros (CTP) con el fin de presentar una opción unificada para las próximas elecciones seccionales. Según informaron los dirigentes opositores, Armando Ruiz Villalón y Genaro Navarro Contreras, en los siguientes días pedirían a la siguiente legislatura federal su apoyo para la modificación de los estatutos sindicales a fin de que el voto pudiera ejercerse de manera libre y directa, y propusieron que los comicios se desarrollaran con la presencia de observadores independientes y periodistas. También hicieron un llamado a sus compañeros de otras secciones sindicales a fin de formar un gran frente “para establecer las bases de un sindicato que nos defienda y no que beneficie a unos cuantos”. 702
Las elecciones se realizaron el 3 de octubre y la oposición se presentó dividida en dos planillas: la Coalición Sindical encabezada por Genaro Navarro Castro, que obtuvo 1 mil 65 votos, y la encabezada por Gustavo Ugarte Guerra, que obtuvo 159 votos. La planilla oficial fue encabezada por Fernando Pacheco Martínez, obteniendo 2 mil 383 votos. El padrón electoral era de 4 mil 363 afiliados, 682 no votaron y 68 votos se anularon. El nuevo dirigente seccional, Fernando Pacheco Martínez, era un viejo cuadro sindical que en los años ochenta formó parte de la dirección seccional y posteriormente continuó como comisionado en la ciudad de México. Se le consideraba hombre de confianza de Romero Deschamps y desde 1993 había fungido como secretario del Interior y Actas del CEG. Fue diputado federal y posteriormente candidato derrotado para diputado estatal en 2000, meses antes de las elecciones seccionales.
La oposición impugnó los resultados desde la misma noche en que terminó la votación afirmando que no había sido libre ya que aunque se votó en urnas en las boletas se tuvo que registrar el nombre y número de ficha respectivo. El vocero de la Coalición Sindical, Armando Ruiz Villalón, denunció a la prensa que los integrantes del Comité de Observadores Independientes fueron impedidos por el comité seccional de entrar en las instalaciones y poder permanecer junto a las urnas. También informó que los integrantes de la Coalición Sindical recopilaban pruebas documentales para ser presentadas ante la STPS para que fueran consideradas al momento de realizarse el registro correspondiente. Días después los integrantes de la Coalición Sindical reconocieron que todos los votos fueron válidos aún y cuando se hubieran omitido los datos pedidos. 703
4. Resumen
Los conflictos sumaron 10 de los cuales cinco son obrero-patronales, cuatro intersindicales y uno contra la autoridad. Este último son las acciones que las direcciones locales oficialistas (secciones 10, 11, 23 y 24) en apoyo a la campaña de Romero Deschamps contra la venta de 61 plantas petroquímicas estatales. De los conflictos obrero-patronales tres lo son por despidos y dos por malos tratos y desplazamiento de trabajadores por empresas contratistas. En cuanto a los intersindicales todos tienen que ver con las elecciones seccionales en donde se mezclan las tradicionales acusaciones de corrupción.
| Sección 24 | OP | IS | CA |
|---|---|---|---|
| Conflictos | 5 | 4 | 1 |
| 1990 | 1 (oct - nov 90) | ||
| 1992 | 1 (feb – oct 92) | 1 (jul 92 – jun 93) | |
| 1993 |
1 (oct 93) 1 (nov 93) |
1 (nov – dic 93) | |
| 1994 | 1 (oct 94 – oct 95) | ||
| 1995 | 1 (oct 95 – may 96) | ||
| 1997 | 1 (oct 97 – abr 98) | ||
| 2000 | 1 (jul 00) |
En total registramos 29 demandas planteadas de las cuales solo se solucionó una intersindical, la renuncia del dirigente seccional en junio de 1993. La mayor parte de las demandas se plantearon en los conflictos intersindicales en donde los trabajadores exigieron procedimientos democráticos en las elecciones locales y la destitución y castigo de dirigentes por corrupción en el manejo de los bienes y recursos sindicales. En los conflictos obrero-patronales la mayor parte tiene que ver con los despidos (en total 1 mil 100 en la sección) y liquidación así como con el deterioro de las condiciones de trabajo y contratación como el autoritarismo de funcionarios, la falta de pago de horas extras y la contratación de empresas privadas para realizar labores de mantenimiento y reparación de instalaciones, lo cual da lugar a situaciones delictivas y de alto riesgo para la población como la existencia de interconexiones clandestinas de empresas privadas con los ductos de Pemex para deshacerse de desechos contaminantes que van a parar al río Lerma. En el conflicto contra la autoridad la única demanda planteada se refiere al rechazo a la privatización de la petroquímica estatal realizada en el contexto de la campaña que sobre el asunto desarrolló la dirección nacional en los años 1995 – 1996.
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | ||||||
| Sección 24 | OP | IS | CA | Total | IS | Total | |
| DEMANDAS | 13 | 15 | 1 | 29 | 1 | 1 | |
| Jornada de trabajo | 1 | 1 | |||||
| Despidos | 6 | 6 | |||||
| Indemnización / liquidación | 2 | 2 | |||||
| Otros aspectos de la empresa | 1 | 1 | |||||
| Contratación colectiva | 2 | 2 | |||||
| Represión patronal | 1 | 1 | |||||
| Organización sindical | 4 | 4 | |||||
| Dirigentes | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Finanzas sindicales | 8 | 8 | |||||
| C. Admón y asamblea accionistas | 1 | 1 | |||||
Las acciones realizadas en los conflictos sumaron 78 de las cuales 35 correspondieron a los obrero-patronales, 39 a los intersindicales y cuatro contra la autoridad. Solo nueve del total de acciones fueron legales, 41 directas y 28 relativas a la vida sindical. Vistas por contendientes, los trabajadores realizaron la mayor parte de acciones con 39 de las cuales solo dos fueron legales solicitando la intervención de autoridades en el conflicto intersindical, 24 directas, la mayor parte en los conflictos obrero-patronales y consistentes en su mayoría en campañas de denuncia y difusión pública, marchas y acciones de fuerza enfrentando a los grupos oficialistas. Finalmente los trabajadores realizaron 13 relativas a la vida sindical, tanto como presión para que los funcionarios sindicales se hicieran cargo de la defensa laboral, y abiertamente en su contra pidiendo la destitución de las directivas y su consignación penal por corrupción.
La burocracia sindical realizó 28 acciones, la mayoría de las cuales en los conflictos intersindicales, en donde la intensidad de las acusaciones y acciones en contra de las directivas locales permitió a la dirección nacional manipular la situación y negociar con los diferentes grupos una nueva coalición mayoritaria oficialista cuya capacidad de convocatoria se demostró en las movilizaciones en contra de la privatización petroquímica. En los conflictos obrero-patronales las distintas direcciones locales no solo se negaron a encabezar la defensa de los trabajadores sino que abiertamente justificaron en diferentes ocasiones la necesidad de los despidos. Por parte de los patrones registramos que entre junio de 1992 y septiembre de 1995 se despidieron a 1 mil 100 trabajadores en su mayoría eventuales. Otras acciones de la empresa tuvieron que ver con medidas administrativas de cierre de departamentos y contratación de empresas privadas para realizar labores específicas. También registramos por parte de la empresa acciones encubiertas con empresas privadas en perjuicio del medio ambiente y de la población, cuestión que se logró conocer por la denuncia pública del ayuntamiento de Salamanca. La otra acción de las autoridades fueron las declaraciones del entonces gobernador de Guanajuato y ya precandidato presidencial por el PAN, Vicente Fox, quien desde Nueva York se pronunció por la privatización de Pemex, lo que provocó la publicación de un desplegado en su contra por parte de la dirección sindical local.
| Sección 24 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total acciones | 39 | 9 | 28 | 2 | 78 |
| Legales | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| Directas | 24 | 1 | 9 | 2 | 36 |
| V. Sindical | 13 | 15 | 28 | ||
| OP | 20 | 9 | 5 | 1 | 35 |
| Legales | 2 | 8 | |||
| Directas | 17 | 7 | 4 | 1 | 23 |
| Vida sindical | 3 | 1 | 4 | ||
| IS | 16 | 23 | 39 | ||
| Legales | 2 | 4 | 6 | ||
| Directas | 4 | 5 | 9 | ||
| V. Sindical | 10 | 14 | 24 | ||
| CA | 3 | 1 | 4 | ||
| Directas | 3 | 1 | 4 |
XVIII. Sección 46 de San Martín Texmelucan, Puebla
En 1969 se abre la primera planta de metanol en la localidad con una plantilla de 100 trabajadores que formaban una delegación de la sección 39 con sede en Huauchinango. En 1981 se inician las actividades de lo que sería el Complejo Petroquímico Independencia con secciones de especialidades, polietileno pigmentado, alquitolbeno o duodecilbenzo, así como servicios para la generación de energía consumida por la CFE. En 1983 se forma la sección 46. En 1985, en plena actividad constructora, Pemex ocupaba en la localidad a 1 mil 200 trabajadores de planta, 6 mil transitorios y 200 empleados de confianza. A finales de 1988 la obra de construcción estaba prácticamente terminada y se inicia el despido masivo que para 1993 sumaba a 5 mil 800 trabajadores transitorios y 550 de planta.
1. El cacique agazapado
A principios de 1989 la secretaría general seccional era ocupada por Luis Roberto Castro Lozada, quien desde años atrás había ejercido un fuerte cacicazgo en la sección. En los días posteriores a la detención de La Quina la oposición local aprovechó para impugnarlo acusándolo de corrupto. Ante los duros ataques y en acuerdo con la nueva dirección nacional, el viejo líder optó por renunciar al cargo y jubilarse anticipadamente, por lo que se convoca y realiza la elección seccional nombrándose una nueva directiva encabezada por Leopoldo Luna Domínguez y en la cual participa como secretario del exterior Miguel Machorro Nieves, dirigente opositor cercano al MNP.
Una de las primeras medidas de la nueva directiva consistió en realizar una auditoria que dura 4 meses al cabo de los cuales se comprueba la malversación de cuotas sindicales por 5 mil millones de pesos en perjuicio de 2 mil 500 trabajadores del CPQ Independencia, por lo que el CES presenta una demanda penal ante la PGR en contra del ex-líder seccional Castro Lozada y varios miembros de su comité: Rubén Quintero Rúa, Rómulo Quintero Aguiñaga Enciso, Ricardo de la Cruz Ceniceros, Ricardo Cruz Figueroa y Julieta Vargas de Castro. Castro Lozada por su parte había presentado una demanda de reinstalación para defenderse de las acusaciones. En conferencia de prensa en octubre de 1989 el secretario seccional Luna Domínguez informó que el fraude consistió en la alteración en los registros contables de los costos de obras realizadas a cargo de la sección sindical, depósitos en cuentas particulares y supuestas adquisiciones de seguros de vida y terrenos para la construcción de viviendas de los agremiados. Luna declaró también que existía una gran inquietud entre los integrantes de la sección por la demanda de reinstalación presentada por el dirigente jubilado y por el hecho de que la PGR no había realizado ningún movimiento en la demanda contra los ex dirigentes seccionales. 704
Y tenía razón el dirigente en funciones en sentirse inquieto ya que un mes después de las declaraciones anteriores la administración local de Pemex decidió “desconocer” al comité encabezado por Luna Domínguez al tiempo que se reinstala a Castro Lozada y el CEG del STPRM nombra como "delegado especial" encargado de sustituir a la dirigencia local a Mario Delgado, quién días después iniciaría una demanda en contra de Luna Domínguez acusándolo de fraude por 6 mil 800 millones de pesos. En este caso la PGR si actuó con prontitud procediendo a su inmediata encarcelación.
Antes de ser detenido, Luna Domínguez declaraba a la prensa que no se explicaba porqué de la ruptura de relaciones con él ya que lo único que había hecho era demandar transparencia en el manejo de los fondos seccionales. Luna pasaría seis meses detenido y desde la prisión mandó una carta al presidente Salinas afirmando que "nuestro centro de trabajo tiene 20 años de existencia; hasta el momento carecemos de una clínica digna, un deportivo, un recinto sindical, en fin, carecemos de todo, y lo más grave, en 20 años no se ha construido una sola casa para los trabajadores. En cambio, nuestros ex-líderes poseen residencias y negocios en diferentes partes de la República y en el extranjero". Luna fue liberado en mayo de 1990 mediante el pago de una fianza, después de lo cual declaró que había sido "traicionado" por sus compañeros de comité y que su detención fue resultado de una "maniobra" del ex-líder Castro Lozada. Por su parte el opositor Movimiento de Unificación y Solidaridad Sindical Independencia (MUSSI) de la sección 46, difundió en la prensa que Castro Lozada pagó 3 mil millones de pesos por su reinstalación. 705
En diciembre de 1991 se realizaron las elecciones de delegados a la convención nacional convocada para enero de 1992 con el fin de reelegir a SGC al frente del sindicato. En la sección 46 el MUSSI denunció que en la asamblea respectiva se habían violado los estatutos pues no se pasó lista ni se reunió quorum legal de socios activos por lo que anunciaron que desconocían a los delegados designados, entre los que se encontraba el ex-líder reinstalado, Castro Lozada. También informaron que el MUSSI había acordado apoyar, al igual que dirigentes disidentes de 28 secciones, la candidatura del líder del MNP, Hebraicaz Vázquez, para la secretaría general del sindicato. 706
En el mismo mes de diciembre de 1991 el MUSSI denunciaba que en el complejo petroquimico "Independencia" sólo quedaban 1 mil 200 trabajadores de los 6 mil que laboraban dos años atrás; del total de despedidos 300 eran trabajadores de base. En febrero de 1992 el líder del MUSSI y ex-integrante del comité seccional encabezado por Luna Domínguez, Miguel Angel Machorro Nieves, declaró a la prensa que había obtenido información de que se preparaba un despido masivo de petroleros disidentes en el complejo Independencia, calculándose que en marzo despedirían a 50 petroleros opositores, en abril 50 y en mayo 150. También denunció que en el interior de la planta petroquímica existían grupos de choque que provocaban a los trabajadores para que cometieran fallas y faltas con el fin de sancionarlos. Al mismo Machorro Nieves lo habían suspendido una semana por convocar a una reunión a los miembros del MUSSI. 707
2. El cacique oficializado
La denuncia penal en contra del ex-líder Castro Lozada presentada desde 1989 nunca tuvo ninguna consecuencia legal (a diferencia de la presentada en contra de Luna Domínguez) ya que la PGR se había declarado incompetente y turnado el asunto a la PGJ de Puebla, quién a su vez la envió a la Agencia del MP en San Martín Texmelucan donde misteriosamente el expediente "se extravió". Los integrantes del MUSSI solicitaron la intervención de la CNDH, que registró y dio seguimiento al reclamo, logrando que la Procuraduría de Puebla "iniciara" una investigación administrativa sobre el extravío de la documentación. Castro Lozada no solo evitó ser procesado legalmente: en noviembre de 1992 volvió a ser electo líder seccional en una votación coaccionada en la que se pidió anotar nombre y departamento en la boleta. El Mussi replica con una campaña de acusaciones contra Castro Lozada responsabilizándolo del fraude achacado a Luna Domínguez, campaña que no tuvo ninguna consecuencia. 708
En el mes de abril de 1993 el jefe de la Unidad de Relaciones Públicas de Pemex, Salvador Clavel Carmona, informó que en los últimos 4 años se despidieron en el complejo unos 500 trabajadores de base y que el recorte continuaría en los próximos meses; también dijo que el programa de despidos se concertó a través de un convenio signado entre la empresa y el sindicato para elevar la productividad y competividad. Según el censo laboral realizado en marzo de 1993 la planta laboral en el CPQ Independencia era de 650 sindicalizados, 250 transitorios y 250 empleados de confianza. 709
Durante el mes de junio de 1993, en los días en que Guzmán Cabrera renunciaba a la dirección nacional del STPRM, los dirigentes nacionales del MNP realizaron una huelga de hambre en la ciudad de México en contra de los despidos políticos y los reajustes masivos de personal (entre los que se incluía a la sección 46), así como de la corrupción de los funcionarios sindicales y de Pemex (en donde se incluía la demanda en contra de Castro Lozada). Durante los diez días que duró la protesta trabajadores de la sección 46 se hicieron presentes en solidaridad con los ayunantes. Entre los acuerdos que dieron fin a la huelga de hambre -y que fueron firmados el 18 de junio de 1993 por el MNP, el STPRM, la STPS y Pemex- se incluía un convenio de reinstalación paulatina o liquidación conforme a la ley para los despedidos en los reajustes. 710
Un mes después el líder nacional del MNP Hebraicaz Vázquez ofreció una conferencia de prensa en la que denunció al líder de la sección 46, Castro Lozada, quien acumulaba "una fortuna multimillonaria con la venta de los ranchos, granjas, tiendas y otras propiedades de la sección" y por las ganancias de una ladrillera supuestamente al servicio de los agremiados y en la que trabajaban gratuitamente trabajadores transitorios a quienes además se les descontaba entre el 10 y el 20 por ciento de sus salario acuenta de la venta de la plaza; también organizaba rifas sin entregar los premios (un coche) y obligaba a los trabajadores a asistir a los mítines de los candidatos del PRI. El líder nacional opositor también se refirió a la demanda penal presentada desde octubre de 1989 por el dirigente seccional encarcelado durante un año, Luna Domínguez, informando que el caso se había presentado en la Comisión de Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, ya que lo malversado por Castro Lozada "procedía de fondos de la federación". Según el MUSSI el ascenso de Romero Deschamps a la dirección nacional del STPRM favorecería a Castro Lozada.
Una semana después, en los momentos en que se revisaba el CCT (en donde la sección 46 estaba representada por Héctor Velázquez Castillo y Miguel Angel Acosta Hernández), el líder del MUSSI, Miguel Machorro Reyes, declaró a la prensa que se esperaba el próximo despido de 650 trabajadores más en la localidad de un total de 6 mil en el país, ante lo cual proponía la venta del CPQ Independencia a los trabajadores ya que se trataba de "una empresa próspera y dinámica que sí genera ganancias". 711 Ante la negativa de la empresa a cumplir los acuerdos de reinstalación paulatina y pago completo de liquidaciones firmados el 18 de junio anterior, los trabajadores opositores en la sección decidieron participar con un contingente en una marcha nacional a la ciudad de México organizada por el MNP y que se realizó el 13 de agosto de 1993. 712
En el mes de noviembre de 1993 Castro Lozada en su calidad de secretario general seccional informó a la prensa que se habían liquidado a 268 trabajadores transitorios del CPQ Independencia de un total de 400 que se pensaba cesar antes de fin de año por las "nuevas políticas" de la paraestatal. A su vez el líder disidente Miguel Machorro denunció que en las liquidaciones no se tomaba en cuenta la antigüedad, además de que los trabajadores transitorios no habían recibido ningún apoyo de la dirección seccional por la participación de los despedidos en las movilizaciones del MNP. 713 La empresa llevó a cabo los recortes de personal sin ningún obstáculo y sin cumplir con sus obligaciones legales, contando siempre con la complicidad del líder Castro Lozada, que de esta manera se deshacía también de los trabajadores opositores y aseguraba su control sobre la sección. En noviembre de 1994 Castro Lozada es reelecto para un periodo más, ahora de tres años.
En mayo de 1995 se conocieron las declaraciones a la prensa de una comisión de 10 ex-trabajadores de la sección 46 quienes informaron que solo 3 por ciento de los 400 despedidos en la sección durante los últimos dos años habían recibido su respectiva liquidación, mientras que el resto enfrentaba juicios laborales para exigir sus pagos porque el líder seccional Castro Lozada había ignorado las demandas de los trabajadores negándose a la tramitación de los seguros de vida para las viudas y créditos habitacionales pactados anteriormente. Según dijeron la mayoría de los despedidos contaba con 10 años de antigüedad en sus puestos en el momento de ser rescindidos, por lo que anunciaron que buscarían el apoyo del PRD para la defensa de sus derechos. 714
Castro Lozada mantuvo su política de bajo perfil, apoyo a las políticas de la empresa y ausencia de acciones en contra de los despidos y de la privatización petroquímica. En el mes de octubre de 1995 ante la inminencia de publicación de la convocatoria para la licitación que incluía a las instalaciones Independencia I y II, el líder Castro Lozada informó a la prensa que pese a que no se habían dado nuevos reajustes en las plantas los 1 mil 200 obreros que ahí laboraban se encontraban en la incertidumbre de conservar el empleo por lo cual realizaban "asambleas regulares para mantenerse unidos". 715
En 1997 fue designado para encabezar el CES Fernando Sandoval Sánchez y en las nuevas elecciones de octubre de 2000 la planilla ganadora estaba encabezada por cuarta vez en el período estudiado por Luis Roberto Castro Lozada, quien obtuvo 593 votos contra 125 de la oposición dividida en tres planillas diferentes, de un padrón electoral de 763 sindicalizados.
3. Resumen
Seis conflictos laborales de los cuales tres son obrero-patronales, todos ellos provocados por los despidos masivos de los que pudimos documentar 5 mil 400 trabajadores transitorios y 300 de planta de 1991 a 1993. Los conflictos intersindicales son tres momentos diferentes de la lucha en contra de un cacique sindical que sobrevive a las acusaciones de corrupción por parte de la oposición organizada en el MUSSI–MNP y que logra ocupar la dirección seccional, en un caso único en el período estudiado, por cincoo ocasiones (se volvería a reelegir en 2003), acumulando al final de su último mandato que termina en 2006 la cantidad de 13 años al frente de la sección desde 1988. Por otra parte sorprende que tratándose de uno de los complejos petroquímicos propuestos para venta, la dirección seccional no hubiera realizado ninguna acción en protesta o como parte de la campaña encabezada por la dirección nacional.
| Sección 46 | OP | IS |
| Conflictos | 3 | 3 |
| 1989 | 1 (ene – nov 89) | |
| 1991 | 1 (dic 91) | |
| 1992 | 1 (ene – feb 92) | |
| 1993 | 1 (abr – nov 93) | 1 (jun – sep 93) |
| 1995 | 1 (may – oct 95) |
Las demandas planteadas sumaron nueve de las cuales solo una se dio por solucionada: la promesa de paulatinamente llevar a cabo una recontratación de trabajadores de base despedidos y revisar las liquidaciones de los transitorios, “pactada” por el MNP en julio de 2003. Las demandas obrero-patronales se refieren casi todas a los despidos incluyendo un caso por motivos políticos, así como otro caso de corrupción de funcionarios de la empresa. Las demandas intersindicales se refieren todas a actos de corrupción de funcionarios sindicales estimados en 6 mil 800 millones de viejos pesos.
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | |||||
| Sección 46 | OP | IS | Total | OP | Total | |
| DEMANDAS | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | |
| Despidos | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Despidos políticos | 1 | 1 | ||||
| Corrupción | 1 | 4 | 5 | |||
De las 60 acciones registradas menos de la mitad corresponden a los conflictos obrero-patronales donde los trabajadores combinan procedimientos legales en la JFCA y propuestas de compra de plantas petroquímicas por cooperativas obreras, con acciones directas de difusión pública y movilizaciones incluyendo una huelga de hambre en la ciudad de México. La empresa golpea de 1989 a 1993 con paquetes de despidos negociados con el sindicato, impone el monto de las liquidaciones y mantiene una política agresiva frente al trabajador haciendo uso de acciones de fuerza, amenazas y rumores. Frente a los despidos la burocracia sindical los intenta justificar balbuceando frases acerca de la “política moderna” y evadiendo sus responsabilidades en créditos habitacionales pactados tiempo atrás.
En los conflictos intersindicales los trabajadores también combinan acciones legales como solicitudes de intervención de las autoridades con acciones directas de difusión y denuncia pública de malos manejos con los bienes sindicales y la constante violación a los procedimientos estatutarios en la vida sindical. La empresa toma claramente partido recontratando al principal acusado y ayudando a la destitución y encarcelamiento del líder caído en desgracia, así como negociando con el sindicato los despidos políticos en cada paquete. La burocracia sindical actúa legalmente con procedimientos judiciales y auditorias, con acciones directas de difusión pública y desvío de acusaciones hacia otros dirigentes y manipulación de los procesos electorales en la sección. Las autoridades por su parte colaboran con esta alianza tripartita retrasando y acelerando los procedimientos según quienes los demanden y a quienes afecten.
| Sección 46 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total acciones | 21 | 13 | 19 | 7 | 60 |
| Legales | 4 | 7 | 4 | 7 | 22 |
| Directas | 11 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| V. Sindical | 6 | 3 | 8 | 0 | 17 |
| OP | 11 | 10 | 6 | 27 | |
| Legales | 2 | 7 | 9 | ||
| Directas | 9 | 3 | 5 | 17 | |
| Vida sindical | 1 | 1 | |||
| IS | 10 | 3 | 13 | 7 | 33 |
| Legales | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| Directas | 2 | 2 | 4 | ||
| V. Sindical | 6 | 3 | 7 | 16 |
XIX. Otras secciones de la zona centro
1. Sección 15 de Venta de Carpio, Estado de México
Agrupa a los trabajadores encargados de la reparación y conservación de ductos con sedes en las localidades de Minatitlán, Ciudad Mendoza, Puebla, Querétaro, Venta de Carpio, Salamanca y Guadalajara. En 1982 agrupaba a 776 trabajadores de planta. En el momento del quinazo era líder de esta sección Santiago A. Achirica Gómez quien tuvo que renunciar al cargo y acogerse a una jubilación voluntaria. En su lugar fue designado para concluir el periodo en marzo de 1989 Miguel Ángel Salazar Valdivieso y un año después, en octubre de 1990, fue reelecto para el siguiente periodo de dos años.
Desde su primer periodo, según denunció en octubre de 1990 el trabajador disidente Erasmo Mojarro Aguilar, el líder Salazar Valdivieso en contubernio con el tesorero Blas Gil Molina se apropió de más de 8 mil millones de pesos producto de la venta del ganado, los ranchos, la tienda propiedad de la sección y de los recursos monetarios heredados de la anterior administración seccional. Según la versión de Erasmo Mojarro, Salazar Valdivieso se negó en todo momento a informar sobre el destino de los bienes sindicales y contó siempre con el respaldo de SGC y de los ex-dirigentes quinistas de la sección. Desde meses antes un grupo de trabajadores había pedido a la Contraloría de la Federación se investigara también porqué, pagando ellos dos seguros de vida, no se les había entregado ninguna póliza; también rechazaban los descuentos salariales que se les aplicaban unilateralmente para el Programa Nacional de Solidaridad. 716
En abril de 1991 los trabajadores Jorge Custodio, Abel García, Luciano Sánchez, Fernando López, Jesús García y Jorge Bernardo Zúñiga, denunciaron que el líder seccional, Salazar Valdivieso, se negaba a entregar cuentas del patrimonio sindical y reintegrar los bienes sustraídos a pesar de que se había presentado una demanda ante la PGR con pruebas consistentes en vales, comprobantes de cheques y documentos firmados por los funcionarios sindicales acusados. En entrevista de prensa los demandantes informaron que al finalizar el primer periodo de su gestión, los dirigentes seccionales "inflaron" los gastos de administración para justificar el quebranto financiero. Por su parte la PGR anunció que había iniciado una averiguación previa en contra de los acusados. 717
Las investigaciones en contra de Salazar nunca prosperaron y así este pudo negociar su situación en la sección, concluir su periodo en octubre de 1992 y dejar el cargo a Jorge Bernardo Zúñiga Quiroz, quién un año y medio antes lo había denunciado ante la PGR y ahora aparecía como el nuevo dirigente de la coalición mayoritaria en la sección. El nuevo secretario general se dedicó a administrar políticamente quienes serían los despedidos, cuyo número había sido decidido unilateralmente por la empresa (cuatro mil en la sección 15 de 1989 a 1995) y a continuar con la labor depredadora del patrimonio sindical emprendida por su antecesor.
Ante la indiferencia de la representación sindical pocos trabajadores despedidos llevaban a cabo demandas por reinstalación y/o indemnización, entre ellos algunos de los funcionarios sindicales desplazados por el cambio de la dirigencia nacional quienes se organizaron para realizar acciones de protesta. Así el 14 de mayo de 1994 se realizó una huelga de hambre que se levantó a los 10 minutos de iniciada ante la promesa del presidente de la JFCA -Pino de la Rosa- de resolver las demandas planteadas en un plazo no mayor a los 15 días. Los nueve huelguistas de hambre (pertenecientes a las secciones 15 y 24) constituían el Comité de Lucha Popular de los Trabajadores de Pemex (CLPTP) y eran ex-funcionarios del CEG del STPRM despedidos desde mediados de 1993 como resultado de la renuncia de SGC a la dirección nacional. El coordinador del CLPTP, Gerardo Mestre Martínez, en conferencia de prensa informó que el titular de la JFCA les aseguró que la tardanza de más de un año en resolver su demanda de reinstalación y pago de salarios caídos por un monto de 300 mil nuevos pesos, se debía a una sobrecarga de trabajo y no a una acuerdo con la dirección del sindicato. Mestre aprovechó también la ocasión para impugnar que el dirigente nacional petrolero, Carlos Romero Deschamps, hubiera sido postulado por el PRI para senador por el estado de Hidalgo, ya que "no cumplía eficazmente con su función ni atendía los problemas de los petroleros". 718
En noviembre del mismo 1994 Zúñiga fue reelecto y siete meses después, en junio de 1995, más de 100 trabajadores integrantes del Grupo Unificador Democrático de la sección 15 (GUD) presentaron en la PGJDF una denuncia penal por posible fraude, abuso de confianza, malversación de fondos y omisión de información en forma dolosa en contra de Zúñiga Quiróz y sus socios en el CES y antiguos co-demandantes contra la corrupción Abel García, Juan Ramírez, Juan Francisco Cruz, Cástulo Carballo, Fernando López y Vilma Gabriela Núñez. El GUD era encabezado por el anterior dirigente del CLPTP, Gerardo Mestre, quien en conferencia de prensa informó que el fraude denunciado ascendía a 10 millones de nuevos pesos que se sustrajeron a los recursos destinados a ayuda solidaria, prestamos de caja de ahorros e hipotecarios, gastos de defunción y la promoción del deporte, la cultura y eventos sociales para beneficio de los 1 mil 100 trabajadores que aún conservaban la plaza en la sección 15. Según explicó Mestre los funcionarios sindicales inculpados habían podido obrar con toda impunidad gracias a que el líder nacional, Romero Deschamps, había brindado todo su apoyo a los defraudadores negándose a atender las quejas de los trabajadores, por lo cual demandaban la intervención de las autoridades judiciales encabezadas por el procurador capitalino José Antonio González Fernández así como la realización de una asamblea seccional para proceder a la destitución de la directiva. 719
De la misma manera que con el anterior líder seccional Salazar Valdivieso, en el caso de Zúñiga Quiroz las denuncias penales en su contra se “congelaron” en las oficinas del Ministerio Público, pudiendo concluir su periodo y entregar en 1997 la dirección seccional a Abel García Guzmán, del mismo grupo que seis años antes había acusado ante la PGR a Salazar Valdivieso.
El primero de abril de 1999 alrededor de 40 petroleros encabezados por el diputado federal por el PRD, Joaquín Hernández Correa, solicitaron al procurador capitalino e integrante del mismo partido Samuel del Villar reactivar 14 averiguaciones previas en contra de dirigentes sindicales por malversación de fondos en las secciones 15, 34, 35 y 43, interpuestas desde 1994-1995 y detenidas en su tramitación por la agente del Ministerio Público del sector central, Alejandra Sandoval Ávalos. Entre los acusados destacaba Jorge Bernardo Zúñiga Quiroz, presunto responsable de malversar casi siete millones de pesos de cuotas sindicales y de la venta fraudulenta de dos ranchos en Villahermosa y Huimanguillo, Tabasco, propiedad de la sección sindical. El procurador del Villar les propuso la creación de una fiscalía especial que reuniera todas las averiguaciones previas y les diera seguimiento a fin de obtener resultados inmediatos. 720
En las elecciones seccionales de octubre de 2000 se presentó una planilla única encabezada por el secretario general seccional Abel García Guzmán, que obtuvo 845 votos de un padrón de 1 mil 4 afiliados.
Resumen
Registramos cinco conflictos de los cuales uno fue obrero patronal en torno a la reinstalación de ex comisionados seccionales en el CEG caídos en desgracia después de la renuncia de Guzmán Cabrera. Los intersindicales sumaron tres casos que correspondieron a una secuencia que se inicio con la denuncia por corrupción que un grupo de trabajadores realizó en contra de la directiva sindical que sustituyó a los líderes quinistas en 1989. Este grupo logró negociar su inclusión en la coalición dirigente y a partir de 1992 encabeza la sección hasta 2003 por lo menos. Pero a su vez este grupo es acusado de los mismos delitos de los que fue acusador. El único conflicto contra la autoridad fue por los descuentos obligatorios realizados para el programa federal de Solidaridad.
| Sección 15 | OP | IS | CA |
| Conflictos | 1 | 3 | 1 |
| 1990 | 1 (oct 90 – abr 91) | 1 (oct 90) | |
| 1994 | 1 (may 94) | ||
| 1995 | 1 (jun 95) | ||
| 1999 | 1 (abr 99) |
Ninguna de las demandas planteadas tuvo solución. El mayor número de ellas correspondieron a los conflictos sindicales y todas se referían a la corrupción de las directivas oficiales en el manejo de los bienes y recursos seccionales. Las demandas obrero-patronales eran resultado de las pugnas y reajustes de la burocracia sindical en las que la empresa tomaba partido. No hubo ninguna demanda por despidos a pesar de haberse documentado 4 mil de 1989 a 1994. Contra la autoridad se demandaba eliminar descuentos no pactados contractualmente.
| PLANTEADAS | ||||
| Sección 15 | OP | IS | CA | Total |
| DEMANDAS | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Despidos de personal | 1 | 1 | ||
| Recontratación | 1 | 1 | ||
| Contratación | 1 | 1 | ||
| Indemnización | 1 | 1 | ||
| Corrupción | 5 | 5 | ||
Registramos 26 acciones de las cuales dos correspondieron a los conflictos obrero-patronales, una contra la autoridad y 23 a los intersindicales. Vistas por contendientes los trabajadores realizaron 21 acciones, la empresa una y las autoridades cuatro. No registramos ninguna acción de la burocracia sindical que simplemente ignoró las demandas de los trabajadores confiando en su alianza con las autoridades. En el conflicto obrero patronal la única acción de los trabajadores en respuesta a los despidos fue un amago de huelga de hambre. En el conflicto intersindical los trabajadores utilizaron diversas formas de lucha como la denuncia pública y los procedimientos estatutarios y judiciales ante las autoridades federales y del Distrito Federal sin que hubieran tenido ninguna respuesta favorable. Las autoridades federales (PGR) se concretaron a dar largas a la tramitación legal mientras que las del DF proponían la creación de una fiscalía especial para delitos de corrupción en el sindicato petrolero. De cualquier forma el grupo hegemónico en la sección pudo evitar las acusaciones en su contra y mantener la dirección local en las elecciones de 2000.
| Sección 15 | Trabajadores | Patrones | Autoridades | Total |
| Total acciones | 21 | 1 | 4 | 26 |
| Legales | 5 | 1 | 4 | 10 |
| Directas | 8 | 8 | ||
| V. Sindical | 8 | 8 | ||
| OP | 1 | 1 | 2 | |
| Legales | 1 | 1 | ||
| Directas | 1 | 1 | ||
| IS | 19 | 4 | 23 | |
| Legales | 5 | 4 | 9 | |
| Directas | 6 | 6 | ||
| V. Sindical | 8 | 8 | ||
| CA | 1 | 1 | ||
| Directas | 1 | 1 |
2. Sección 9 de Veracruz, Veracruz
Esta sección agrupa a los responsables de las actividades de exploración y perforación de la Cuenca del Papaloapan y a los de las agencias de ventas del puerto de Veracruz y Tierra Blanca en el mismo estado, que en 1982 sumaban 844 trabajadores de planta. En enero de 1989, cuando la detención de la dirección nacional, el secretario general seccional Santiago Mange León presentó su renuncia. En su lugar fue designado para concluir el período estatutario Arturo Cabrera Mosqueda. Meses después, el seis de junio del mismo año, el viejo “hombre fuerte” local, Ramón Álvarez Jiménez, se suicidó ante la posibilidad de enfrentar penalmente acusaciones de fraude con los bienes sindicales seccionales.
En noviembre de 1990 Cabrera Mosqueda fue reelecto en el cargo encabezando la planilla única del "Grupo Mayoritario 20 de Noviembre" que en asamblea general extraordinaria fue designada por aclamación de 1 mil 200 trabajadores presentes. En el mismo acto, sancionado por la presencia de representantes del CEG del STPRM y de la STPS, Cabrera Mosqueda propuso la expulsión del trabajador Vicente Palacios Martínez, quien momentos antes había acusado al líder electo de "traidor" por no haber incluido en su planilla las propuestas que él había hecho. En medio del ruido producido por tambores, cornetas, botes y gritos, la asamblea aprobó la propuesta de su líder. 721
Más de dos años después, en el mes de diciembre de 1991, se anunció el despido de 350 trabajadores de la sección 9 por la falta de producción en las perforaciones que se realizaron en la Cuenca del Papaloapan. El secretario seccional Cabrera Mosqueda informó que los ajustes no eran arbitrarios dado que la cláusula 20 del CCT así lo preveía y que el sindicato no podía mantener personal cuando no resultara necesario, añadiendo que "nuestra función como sindicato es solo proporcionar los recursos humanos". También declaró que los despidos no afectarían la reelección de Guzmán Cabrera prevista para enero de 1992. Por su parte los empleados despedidos manifestaron su inconformidad porque sin explicación alguna empezaron a ser liquidados no obstante que varios de ellos tenían más de 15 años laborando en la paraestatal. En marzo de 1992 se reportó que 500 trabajadores más de la sección 9 habían sido despedidos sin que la dirección seccional hiciera nada en su defensa. 722
En el mes de octubre de 1992 se llevó a cabo la renovación de la directiva seccional resultando electo nuevo secretario general Rafael Vivanco Tlayer, quien poco después de tomar posesión en enero de 1993 denunció al anterior dirigente, Cabrera Mosqueda, por malversación de fondos sindicales equivalentes a 900 millones de viejos pesos. En asamblea ordinaria de la sección el tesorero David Jerónimo Díaz señaló que se habían detectado adeudos a Banca Serfin por 250 millones de viejos pesos, 290 millones a diversos proveedores, ocho millones más a los servicios funerarios del IMSS y seis millones al CEG por concepto de cuotas. El tesorero consideró que ni con dos años de cuotas -que en ese momento representaban ocho millones de pesos mensuales- se podrían cubrir los adeudos. La asamblea aprobó practicar una auditoria al ex-dirigente y de ser necesario llamarlo por medio la autoridad judicial para que explicara el destino de esos recursos. 723
Un mes después Rafael Vivanco firma junto con otros 13 secretarios seccionales el documento en el que se solicitaba una auditoria al CEG y a las secciones, y que provocaría tres meses después -en junio de 1993- la renuncia de Guzmán Cabrera. Pero en ese momento la respuesta inmediata del dirigente nacional fue la destitución de Vivanco y del secretario de la sección 44, apoyándose a su vez en otras denuncias en contra de los líderes locales presentadas anteriormente. En su defensa Vivanco declaró a la prensa que un rancho adquirido con recursos de la sección nueve y que anteriormente se encontraba a nombre del ex-secretario general del CEG, José Sosa Martínez, en ese momento aparecía a nombre de V. Guzmán, hijo de Guzmán Cabrera. De cualquier forma el CEG nombró una comisión integrada por Manuel Contreras y Santiago Vázquez para administrar el CCT en la sección, y cuya función se alargó seis meses, hasta finales de septiembre de 1993, cuando se eligió a Roger Manuel Pavón Espinoza para encabezar provisionalmente el comité seccional durante el periodo que concluyó en diciembre de 1994. 724
Pavón Espinoza se reeligió en el cargo por un periodo más y en 1997 fue sustituido por José Luis Lagunes Morales, quien se reeligió a su vez en las elecciones de 2000 en donde ganó con 803 votos a dos planillas opositoras encabezadas por el ex secretario seccional destituido, Rafael Vivanco Tlayer (183 votos) y por Gustavo Rodríguez Noriega (184). El padrón en ese año era de 1 mil 371 afiliados.
Resumen
Registramos seis conflictos laborales de los cuales dos son obrero-patronales por despidos masivos y cuatro intersindicales por corrupción e imposición de dirigentes seccionales.
| Sección 9 | OP | IS |
| Conflictos | 2 | 4 |
| 1989 | 1 (jun 89) | |
| 1990 | 1 (nov 90) | |
| 1991 | 1 (dic 91) | |
| 1992 | 1 (mar 92) | 1 (oct 92) |
| 1993 | 1 (mar 93) |
Los despidos sumaron 850 trabajadores entre 1991 y 1992. Las demandas por corrupción provocaron meses después del quinazo el suicidio de un ex dirigente local y en 1992-1993 se volvió a demandar cuentas claras de los bienes sindicales, las consecuencias serían la destitución del dirigente seccional y la renuncia del secretario general nacional.
| PLANTEADAS | |||
| Sección 9 | OP | IS | Total |
| DEMANDAS | 2 | 5 | 7 |
| Despidos | 2 | 2 | |
| Dirigentes | 2 | 2 | |
| Corrupción | 3 | 3 | |
Registramos 16 acciones de las cuales cinco correspondieron a los conflictos obrero-patronales en los cuales los trabajadores no pudieron reaccionar organizadamente frente a los dos paquetes de cientos de despedidos presentados por la empresa y ante los cuales la burocracia sindical simplemente estableció que eran legales según el CCT y se olvidó del asunto. Las 11 acciones en los conflictos intersindicales correspondieron en su gran mayoría a la burocracia sindical con una acción legal, la demanda de auditoria del CES (junto con otras 13 secciones) en contra del CEG y el resto relativas a la vida sindical en cuanto a acusaciones de corrupción, destitución de dirigentes y nombramiento de comisionados del CEG para administrar a la sección. Los trabajadores por su parte denunciaron a la dirigencia local de incumplir con la defensa de los despedidos, exigieron una auditoria e intentaron acordar en asamblea una demanda penal por fraude.
| Sección 9 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Total |
| Total acciones | 4 | 2 | 10 | 16 |
| Legales | 2 | 1 | 3 | |
| Directas | 1 | 2 | 2 | 5 |
| V. Sindical | 1 | 7 | 8 | |
| OP | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Directas | 1 | 2 | 2 | 5 |
| IS | 3 | 8 | 11 | |
| Legales | 2 | 1 | 3 | |
| V. Sindical | 1 | 7 | 8 |
3. Sección 40 del Distrito Federal
Esta sección tiene su sede en la capital del país y abarca delegaciones en toda la república correspondientes a plantas de distribución, agencias de ventas y auto-tanques de reparto. En 1982 agrupaba a 3 mil 251 trabajadores sindicalizados. En 1988 se calculaba en 12 mil 500 los trabajadores integrados en esta sección. En enero de 1989 el comité seccional era encabezado por Juan Francisco Patrón Márquez, quien fue obligado a renunciar después del quinazo , siendo sustituido por José P. González Márquez, quien se encargo de concluir el periodo del dirigente cesado.
El 31 de octubre de 1989 en la planta de Pemex en el puerto de Guaymas, Sonora, se descubrió el robo de 75 mil litros de diesel, gasolina y turbosina, por lo cual fueron detenidos el secretario general de la delegación 11 de la sección 40 del STPRM, Gabino Lucero Vega, el ex-secretario general de la misma delegación, Francisco Javier Lizarraga Rodríguez, el miembro de la sección 11, Manuel Félix Ramos y el hijo del diputado local por el XIII distrito, Marcos Ulloa Cadena. Según información proporcionada por el agente del Ministerio Público Federal, Guillermo Soltero Toro, los implicados confesaron que durante casi 20 años sustrajeron el combustible de los tanques de la planta de este puerto para comercializarlo en diversas gasolineras de la localidad con lo que obtenían ingresos calculados en 1 millón y medio de pesos semanales. Además de los detenidos se supo que se contaba con una lista de más de 20 trabajadores de la paraestatal implicados en el caso. 725
Durante los últimos meses de 1990 se llevó a cabo el proceso para renovar las directivas seccionales en el sindicato petrolero. En la sección 40 la elección se realizó en el mes de diciembre del mismo año en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, resultando triunfador Carlos Wong Montes de Oca. El proceso se realizó sin incidentes, con el reconocimiento de los otros contendientes y con la vigilancia del comisionado de la secretaria general del sindicato, Manuel Bárcenas. En su discurso de toma de posesión, Wong se comprometió a asumir las causas de sus compañeros petroleros como propias, agradeciéndoles haber sido elegido como su portavoz y representante sindical. 726
En el mes de enero de 1992, Erasmo Torres López, secretario de Trabajo de la sección 40, informó a la prensa que durante 1991 se habían despedido en la delegación 23, en los estados de Morelos, Querétaro, México y Nuevo León, a 2 mil 15 trabajadores, en su mayoría ayudantes de chofer y obreros de las categorías más bajas. Según Torres López, luego de los despidos quedaban en la sección 40 alrededor de 8 mil trabajadores, a quienes los despidos habían provocado gran inquietud. 727
En septiembre de 1993 trabajadores despedidos de la sección 40 en los municipios veracruzanos de Ixtazoquitlán y Ciudad Mendoza, se entrevistaron con funcionarios de la JFCA en la ciudad de Córdoba para pedir agilización en sus demandas contra Pemex por incumplimiento del programa de retiro voluntario al que se habían acogido los trabajadores sin haber recibido hasta ese momento ninguna de las indemnizaciones prometidas. Bernardo Martínez, vocero de los afectados, señaló a la prensa que la dirección seccional se había desentendido del problema por lo que habían decidido actuar de manera personal; también informó que en caso de que los tramites siguieran parados en la oficinas locales de la JFCA se trasladarían a la ciudad de México para protestar frente a la sede nacional del sindicato. 728
En octubre de 1992 es electo secretario general del comité seccional Ricardo Aldana Prieto en sustitución de Wong Montes de Oca. Al terminar su gestión a fines de 1994 Aldana Prieto es nombrado tesorero del nuevo CEG encabezado por Romero Deschamps. Al frente del comité seccional queda Marco Antonio Ramos Arizpe, quien en octubre de 1997 entrega la dirección local a Sergio López Salinas para cubrir el periodo que concluía en octubre del año 2000.
En diciembre de 1998 los trabajadores de la planta distribuidora de gasolina a carrotanques y pipas en la ciudad de Campeche decidieron cancelar los despachos de combustible en horarios extraordinarios e impedir que personal de confianza los realizara; la protesta se realizaba por la falta de pago de las horas extras y la asignación de éstas a personal de confianza. Según explicó el secretario de la delegación 17, Fernando Gómez Montejo, la empresa insistía en ocupar contratistas privados (en abierta violación al CCT) para cubrir los tiempos extras y escamoteárselos a los trabajadores de planta, lo que -a juicio del dirigente- había provocado ya una situación de riesgo en el manejo de equipo por personal sin la capacitación técnica necesaria. La actitud del superintendente de la distribuidora, David Ruiz Gutiérrez, era beligerante y rijosa: con motivo del paro el funcionario solicitó de inmediato la presencia del ejército y de personal de la VII zona naval con el fin de amedrentar. Los trabajadores afirmaron que el paro no provocaría desabasto en la península de Yucatán, ya que ellos continuaban laborando sus turnos normales de ocho horas. 729
El 1 de enero del 2000, el secretario de la delegación 11 en Guaymas, Sonora, informaba que "gracias a las presiones ejercidas" y a la amenaza de paro se había logrado que la empresa pagara los adeudos de aguinaldo a seis trabajadores. 730
A finales del mes de julio del 2000, y con motivo de la revisión salarial en la que se acordó un aumento del 12 por ciento, se publicó un desplegado en el que la directiva seccional y delegacional se congratulaba con el aumento obtenido y daba las gracias al director de Pemex, Rogelio Montemayor, y al dirigente nacional Romero Deschamps, a quien reconocían su “gran liderazgo” que había conducido al sindicato por un camino de progreso “nunca antes visto ni alcanzado”. Firmaban el documento Sergio López Salinas, Ernesto Curlango Limón, José Juan Castro Castañeda, Hugo Hernández García, Miguel Malacara Velazquez y Angel Mendoza Flores, secretarios General, de Ajustes, del Interior y Acuerdos, Tesorero, de Educación y Previsión Social y presidente del Consejo Local de Vigilancia respectivamente, así como los representantes de las diferentes delegaciones de la sección 40 en el país. 731 En octubre del mismo año se realizaron elecciones seccionales presentándose una sola planilla que postulaba la reelección de Sergio López Salinas logrando la total unanimidad entre los 4 mil 837 trabajadores sindicalizados en la sección.
Resumen
En total registramos seis conflictos de los cuales cinco fueron obrero-patronales y uno contra la autoridad. Este último tuvo que ver con la renuncia obligada del secretario seccional ante la detención de la dirección nacional del sindicato. Los conflictos obrero-patronales tuvieron que ver, en el primer caso, con el robo de gasolina que involucró a representantes sindicales delegacionales en Guaymas; el segundo caso con el despido de 2 mil 015 trabajadores en la delegación 23; el tercero con la falta de cumplimiento de los términos acordados para el retiro voluntario; el cuarto con el empleo de contratistas privados en el despacho de combustible a pipas y carros-tanque en horarios extraordinarios; el quinto con adeudos en el pago de aguinaldo en la delegación 11.
| Sección 40 | OP | CA |
| Conflictos | 5 | 1 |
| 1989 | 1 (oct 89) | 1 (ene 89) |
| 1991 | 1 (sep 91) | |
| 1993 | 1 (sep 93) | |
| 1998 | 1 (dic 98) | |
| 2000 | 1 (ene 00) |
Registramos cinco demandas planteadas en los conflictos obrero-patronales de las cuales solo una fue resuelta en cuanto al pago de gratificación anual. El resto tuvo que ver, en dos casos, con los despidos masivos, tanto para poner fin a estos, como para el pago de las indemnizaciones prometidas en el programa de retiro voluntario. Finalmente también se demandó el pago de horas extras en la jornada de trabajo y en contra de la utilización de contratistas privados para cubrir las actividades en las mismas horas extras.
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | |||||||
| Sección 40 | OP | IS | CA | Total | OP | IS | CA | Total |
| DEMANDAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gratificación anual | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Jornada de trabajo | 1 | 1 | ||||||
| Despidos de personal | 2 | 2 | ||||||
| Contratación colectiva | 1 | 1 | ||||||
En total registramos un total de 23 acciones en los conflictos reseñados, esto es 3.8 acciones por conflicto, la casi totalidad de las cuales se realizaron en el obrero patronal. En cuanto a las formas de lucha en total registramos cinco acciones legales, de las cuales dos las realizaron los trabajadores mediante tramitaciones en la JFCA, mientras que las otras tres correspondieron a las autoridades, dos por procedimientos judiciales por el robo de gasolina en Guaymas y una mediante el retraso de los tramites para el pago de las indemnizaciones por retiro voluntario. Las acciones directas representaron el 73.9 por ciento del total mientras que solo registramos una sola acción relativa a la vida sindical.
Vistas por contendientes los trabajadores realizaron 11 acciones de las cuales dos fueron legales y el resto directas, fundamentalmente acciones de difusión pública, una relativa a las condiciones de contratación en cuanto a la jornada de trabajo, dos acciones de fuerza impidiendo la participación de empleados de confianza en la realización de horas extras y dos amenazas de paro en apoyo a sus demandas. La empresa realizó seis acciones directas, de las cuales dos violaban los términos de la contratación colectiva utilizando trabajadores de confianza y empresas contratistas para evitar el pago de horas extras a los trabajadores; dos casos de despidos masivos (uno de ellos disfrazado de “retiros voluntarios”), dos acciones de liquidación de despedidos y una acción de fuerza al solicitar la presencia de elementos de la armada y el ejercito para vigilar las instalaciones ante las protestas de los trabajadores. La burocracia sindical solo realizó dos acciones directas en relación a los despidos, en una denunciándolos mediante declaraciones de prensa y en otra desentendiéndose del asunto del retiro voluntario no obstante las quejas de los trabajadores. También registramos una acción relativa a la vida sindical de los dirigentes oficialistas cuando obligaron a la renuncia del secretario seccional quinista aprovechando los acontecimientos del 10 de enero de 1989. De parte de las autoridades registramos tres acciones legales en el conflicto obrero patronal que fueron señaladas líneas arriba.
| Sección 40 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total acciones | 11 | 6 | 3 | 3 | 23 |
| Legales | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| Directas | 9 | 1 | 2 | 12 | |
| V. Sindical | 1 | 1 | |||
| OP | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 |
| Legales | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| Directas | 9 | 1 | 2 | 12 | |
| CA | 1 | 1 | |||
| V. Sindical | 1 | 1 |
4. Sección 45 del Hospital Central en Azcapotzalco, Distrito Federal
Esta sección se forma en la 17 Convención Ordinaria del sindicato en diciembre de 1979 dividiendo la sección 34 para agrupar a los 1 mil trabajadores del Hospital Central de Concentración de Pemex en Azcapotzalco, Distrito Federal, de los cuales 626 eran de planta y el resto transitorios 732 .
En el mes de enero de 1989, días después del encarcelamiento de La Quina , se informó de la integración de una planilla opositora en la sección 45 encabezada por E. Montes Trejo y E. Tapia Padilla para sustituir al líder Andrés de la Rosa, a quien acusan de corrupción por 200 millones de pesos que La Quina le había entregado para la construcción de una tienda de consumo. El líder de la Rosa aseguró desconocer el asunto puesto que era un acuerdo de los 32 secretarios que no habría destitución alguna hasta que el nuevo dirigente tomara posesión y decidiera sobre la conveniencia o no de realizar cambios. 733
El líder de la Rosa fue sustituido, no por un representante de las corrientes opositoras, sino por alguien resultado de la negociación entre la dirección local y nacional, Roberto H. Cervantes Guerrero, quién desempeñó el cargo interinamente hasta noviembre de 1990 cuando fue sustituido en elecciones locales por María Antonieta Rivera Muñoz en un acto que contó con la presencia de los representantes del CEG del STPRM, Armando Maldonado Orantes y Antonio Hernández Lorenzo, así como los representantes de la STPS, Hugo Sánchez Ruiz y Eduardo Pérez Miranda, quienes verificaron el cumplimiento de los requisitos estatutarios vigentes. 734
A finales de 1992, al tiempo que concluye su periodo al frente de la sección, Maria Antonieta Rivera Muñoz es asesinada en circunstancias misteriosas. 735 En su lugar se elige para encabezar el comité seccional a Armando Barrios Feria, que es sustituido en 1994 por Laura Rodríguez Acevedo quien en 1997 se reelige para el periodo que concluye a fines del 2000.
Mientras tanto trabajadores del Hospital Picacho de Pemex en la ciudad de México, que manifestaron su temor a ser identificados -y que, según afirmaron, frecuentemente se habían estado reuniendo de manera clandestina-, informaron a la prensa el 11 de agosto de 2000 que los 900 sindicalizados de base en su centro de trabajo no contaban con una sección sindical ya que dependían directamente del CEG del sindicato a través del representante designado Amado Contreras, quien no era empleado del nosocomio y desconocía “la problemática cotidiana que ahí impera”. Según denunciaron, en el centro de trabajo se vivía un ambiente de hostigamiento para todo aquel que manifestará opiniones diferentes a la oficial, por lo que los trabajadores tenían temor; “es algo así como una mafia: o te compran o te corren, aquí en el sindicato se manejan con la ley del más fuerte”. Según afirmaron, la existencia de la ANDTP, les daba “fuerza y aliento” en su propósito de constituir su propia sección sindical. En concordancia con estas declaraciones en los días siguientes se integraría un “comité unificador” en el Hospital Picacho para realizar el 8 de septiembre una consulta interna para decidir, mediante voto universal, directo y secreto, si constituían su propia sección sindical. 736
La consulta no fructificó manteniéndose la situación irregular de los trabajadores del Hospital Picacho. En tanto el descontento de los trabajadores de la sección 45 con la dirigencia oficialista iba en aumento, pero la división entre las corrientes opositoras impidió la democratización de la sección no obstante existir condiciones reales para esto. Así en octubre del mismo año 2000 la corriente oficialista gana las elecciones seccionales con una planilla encabezada por José Luis Suárez Esquivel quien obtuvo 267 votos, mientras que la oposición se presentó a las elecciones dividida en cuatro planillas encabezadas por Laura Hernández García quien obtuvo 203 votos; Rosana Monroy Gutiérrez que obtuvo 189 votos; Enrique Gerardo Villalba Torres con 85 votos; y María de Lourdes García Paredes con 15 votos. Se contabilizaron 782 votos (81 por ciento) de un total de 965 afiliados a la sección 45.
Resumen
Registramos dos conflictos intersindicales, el primero cuando la oposición aprovecha la detención de La Quina para intentar destituir a la directiva seccional y convocar a elecciones anticipadas, cuestiones ambas que no logra realizar. El segundo revela la situación anómala de los 900 trabajadores del Hospital Picacho en la ciudad de México que carecen de representación en el sindicato y dependen para efectos estatutarios del CEG.
| Sección 45 | IS |
| Conflictos | 2 |
| 1989 | 1 (ene 89 - feb 90) |
| 2000 | 1 (sep 00) |
El intento de elecciones anticipadas por parte de la oposición se justificó en acusaciones de corrupción en contra de la directiva seccional. La otra demanda plantea la constitución de una sección sindical para el Hospital Picacho.
| PLANTEADAS | ||
| Sección 45 | IS | Total |
| DEMANDAS | 2 | 2 |
| Corrupción | 1 | 1 |
| Organización sindical | 1 | 1 |
Las acciones de los trabajadores por sus demandas consistieron en la denuncia pública de fraude con bienes sindicales, la formación de una planilla de oposición para las elecciones locales y la realización de una consulta en el Hospital Picacho. Por parte de la burocracia sindical registramos la destitución del secretario general seccional y su sustitución por un dirigente interino negociado entre el CEG y el CES.
| Sección 45 | Trabajadores | B. Sindical | Total |
| Total | 3 | 2 | 5 |
| V. Sindical | 3 | 2 | 5 |
| IS | 3 | 2 | 5 |
| V. Sindical | 3 | 2 | 5 |
5. Sección 43 del Distrito Federal
En 1982 en esta sección se agrupaban 339 trabajadores de planta de los Almacenes y Talleres Centrales en el Distrito Federal. En enero de 1989 era dirigente seccional Gustavo Correa Rayo quien después de la detención de La Quina renunció a su cargo sindical y solicito su jubilación a la empresa. En su lugar terminó el periodo como secretario interino Luis A. Contreras Mondragón, quien se reeligió en octubre de 1990. El sucesor del cargo fue José Carmen Reyes Sánchez quien tomo posesión para su primer periodo en octubre de 1992 y se reeligió en octubre de 1994 para un nuevo periodo de tres años por las reformas estatutarias del mismo año.
A principios de abril de 1995 Pemex dio a conocer un documento con los nombres de 75 trabadores de base y más de 200 transitorios del área de almacenes y talleres que a partir de ese momento quedaban despedidos, retirándose sus tarjetas de los lugares de registro de personal. El 18 del mismo mes decenas de despedidos se manifestaron frente a las instalaciones de Pemex para denunciar que se les pretendía liquidar por debajo de lo que tenían derecho y sin la presencia de autoridades de la JFCA. Los manifestantes informaron que la dirección seccional no había hecho nada al respecto, por el contrario, junto con la empresa había realizado las listas de despedidos con trabajadores opositores de las políticas de la empresa y del sindicato. También acusaron a Pemex de utilizar empleados de otras áreas para cubrir las plazas vacantes por los despidos. 737
En octubre de 1997 fue electo al frente del comité seccional Mario Contreras Mondragón quién en octubre del 2000 es reelecto -en competencia con el candidato único opositor Francisco Javier Dorantes Ramírez- por 247 votos contra 103 de un padrón de 380 sindicalizados.
Resumen
Solo registramos un conflicto obrero patronal por despidos de 75 trabajadores de planta y más de 200 transitorios.
| Sección 43 | OP |
| 1995 | 1 (abr 95) |
| Sección 43 - PLANTEADAS | ||
| OP | Total | |
| DEMANDAS | 2 | 2 |
| Despidos | 2 | 2 |
Registramos un total de siete acciones en el conflicto obrero patronal, de las cuales cuatro correspondieron a los trabajadores con tres denuncias a la prensa y una manifestación que concluyó frente a las oficinas centrales de Pemex. Por parte de la empresa registramos dos, una correspondiente a los despidos y otra en la que utiliza trabajadores de otras áreas para cubrir las actividades realizadas por los despedidos. La burocracia sindical también intervino en el conflicto obrero patronal pero no a favor de los trabajadores, sino para elaborar las listas de los despedidos con criterios políticos.
| Sección 43 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Total |
| Total acciones | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Legales | 2 | 2 | ||
| Directas | 4 | 1 | 5 | |
| OP | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Legales | 2 | 2 | ||
| Directas | 4 | 1 | 5 |
ZONA SUR
XX. Sección 10 de Minatitlán, Veracruz
La sección 10 del STPRM en Minatitlán agrupa a los trabajadores de la Refinería Lázaro Cárdenas, del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, del Hospital Minatitlán, de la Terminal Marítima Pajaritos y del Sistema Ductos Sureste. La refinería de Minatitlán, la más antigua del país, es construida en el año de 1906, ampliada en 1913 y reinaugurada en 1956, cuando se construyó la primera planta de desintegración catalítica en el país que se convertiría en la mayor del sistema al ser receptora de gran parte de los crudos producidos en el sureste (con una producción diaria de 350 mil barriles refinados para 1982). El complejo petroquímico Cosoleacaque inicia sus actividades en los años cincuenta convirtiéndose en pocos años en uno de los principales productores mundiales de amoníaco, concentrando el 86 por ciento de la producción nacional en 1997.
Desde 1947, año en el se formaliza el acuerdo triseccional para la rotación de la dirección nacional, la sección 10 es dirigida por el grupo Oposición encabezado por Felipe Mortera Prieto, en alianza con el grupo Unificación primero, y después con el Frente Liberal Sindicalista (FLS). Durante más de diez años Mortera construirá un poderoso cacicazgo regional. En 1955 es nombrado secretario general del CEG, siendo el suyo el primer periodo de tres años. En el último año de su gestión, y en el contexto de la ofensiva en contra de los ferrocarrileros y maestros en 1958, Mortera es obligado por el gobierno federal a prorrogar unilateralmente la revisión contractual, lo cual provoca el descontento generalizado entre los petroleros.
Un año más tarde, en septiembre de 1959, Morera pierde la hegemonía en la sección en una asamblea controlada por funcionarios de la STPS y el Procurador de la República, el político veracruzano Fernando López Arias, quien días después acabaría de golpe con el otro gran cacicazgo de Merino y Vivanco en Poza Rica. La dirección seccional es ganada en una cerrada votación por una coalición encabezada por el FLS, que a partir de entonces se constituye como el grupo mayoritario indiscutible. En 1964, apoyado en su grupo étnico de los zapotecos ("tecos") en contra de los jarochos representados por Mortera, se consolida como el "hombre fuerte" del FLS Sergio Martínez Mendoza, quien a partir de entonces y hasta 1980 ejercerá el cacicazgo en la región. De 1973 a 1976 Martínez Mendoza ejerce su periodo respectivo como dirigente nacional.
En diciembre de 1980, y amenazado de ser acusado públicamente de corrupción y malversación de cuotas sindicales, el líder de la sección 10 de Minatitlán y senador de la República, Sergio Martínez Mendoza, anuncia su renuncia y jubilación, quedando como sucesor al frente del grupo mayoritario FLS Sebastián Guzmán Cabrera (en ese momento aliado de La Quina ) y en la secretaria general seccional, David Ramírez Cruz. El 8 de julio de 1981 Guzmán Cabrera publica un desplegado en la prensa en el que invita al CEG y al Consejo Nacional de Vigilancia a participar en las propuestas para plazas de nueva creación. Esta decisión provoca que la autonomía seccional quede anulada en la zona sur, la de más importante expansión en esos los años del "boom" petrolero, al tiempo que comienza a ser copada por cientos de trabajadores designados por la corriente quinista (lo cual ya ocurría en otras secciones, particularmente la 11 de Nanchital). 738
En 1982 la sección agrupaba a 5 mil 287 trabajadores de los cuales 3 mil 427 laboraban en la refinería Lázaro Cárdenas y el resto en el complejo petroquímico Cosoleacaque y como personal embarcado. También se calculaban en 10 mil los transitorios. En octubre de 1983 es destituido por el CEG el secretario general de la sección 10, David Ramírez Cruz, en su lugar es nombrado Sebastián Guzmán Cabrera, dirigente real del grupo mayoritario en la zona sur y en ese momento casi seguro próximo secretario nacional, tanto por su cercanía a La Quina , como por que le correspondía a la sección 10 en la rotación triseccional. En 1984, ante la ofensiva del gobierno federal encabezado por el secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas, con las reformas a la Ley de Obras Públicas, 739 La Quina maniobra para alterar la rotación triseccional y designar al frente del CEG a José Sosa Martínez de la sección 1. Por su parte el aspirante frustrado a la dirección nacional, Sebastián Guzmán Cabrera, fue compensado con el nombramiento de coordinador político nacional.
En 1987, tratando de evitar que interviniera en la renovación de la directiva nacional el ya para entonces candidato priísta a la presidencia Carlos Salinas, se obliga a la jubilación forzosa de Sebastián Guzmán Cabrera, amagándolo con acusarlo penalmente por el delito de venta de plazas. En la convención nacional del SRTPRM, se modifican los estatutos para ampliar de tres a seis años la gestión del secretario general, siendo nombrado por tercera ocasión Salvador Barragán al frente del sindicato para el periodo 1988-1994.
1. Regreso y despedida de Guzmán Cabrera
El día siguiente a la detención de La Quina en enero de 1989, la administración de Pemex informó que Sebastián Guzmán Cabrera (SGC) había sido reinstalado en su plaza de base, tomando inmediatamente posesión de la secretaría general de la sección a la que había renunciado en junio de 1988. Mientras tanto el anterior líder local quinista, Wilfrido Martínez Gómez, emprendía la huida precipitada. Desde su primer discurso SGC comenzó a hablar como virtual líder del CEG, deslindándose de los dirigentes nacionales detenidos y anunciando el fin de la "obra social" y el comercio de plazas, el inicio de la "verdadera autonomía seccional" y la implantación en el sindicato de la "política moderna" del presidente Salinas. El 13 de enero los dirigentes de las secciones 10, 11, 16, 22, 23, 26 y 31 del sur de Veracruz se pronunciaron en favor de que SGC ocupara la secretaría general del STPRM y en contra de los paros laborales. También se informó que se reinstalaban en sus plazas y se incorporaban al comité seccional dos de los hombres de confianza de SGC encarcelados 4 años antes por tráfico de plazas: Pedro Salinas Aragón y Andrés Izquierdo Johnson.
El 17 de enero los trabajadores transitorios se presentaron al local de la sección 10 para que les dieran sus turnos encontrándose con la noticia de que solo podrían tener acceso si presentaban su credencial de trabajador de planta, por lo que se expresaron protestas que intentaron ser acalladas mediante golpes y disparos de armas de fuego por los guardaespaldas del vicepresidente seccional del FLS, Perfecto Aguirre Santiago. Al día siguiente se instaló un plantón de trabajadores transitorios frente al local de la sección en protesta por la negativa a darles turnos de trabajo. El argumento de la dirección seccional era que a los turnos solo tenían derecho los trabajadores de planta quienes "se los deberán de dar a sus familiares". En ese lugar se conocieron las declaraciones del representante de los transitorios en plantón y diputado local, Rosendo Enríquez Guzmán, ex-secretario de Trabajo y Previsión seccional, cuestionando los cambios en la dirección local por considerarlos violatorios a los estatutos. En Minatitlán se corrió la versión de que los transitorios estaban siendo manipulados por cuadros del anterior secretario seccional, Wilfrido Martínez Gómez. 740
El 19 de enero se difundió en la prensa nacional una "carta de buena intención" firmada por 32 secretarios seccionales apoyando a SGC para ser electo en la convención nacional convocada para el 2 de febrero. Ese mismo día se levantó el plantón que desde 48 horas antes mantenían más de 1 mil trabajadores eventuales ante las instalaciones de la sección 10 en demanda de plazas de trabajo. El "acuerdo" al que llegaron fue que sus demandas serían atendidas en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque y en la refinería Lázaro Cárdenas. Ese mismo día los trabajadores transitorios bloquearon las calles de Minatitlán en repudió a la nominación de SGC a la secretaria general del STPRM y en demanda de una verdadera democratización gremial, al mismo tiempo que exigían que las autoridades judiciales investigaran la cuantiosa fortuna amasada por SGC mediante la corrupción y la explotación de los trabajadores. 741
Una vez que SGC hubo tomado posesión como secretario general del STPRM, el 10 de febrero se realizó en Minatitlán una asamblea seccional presidida por el nuevo líder nacional, en la que se eligió una nueva directiva seccional interina encabezada por Juan López Alcántara. El 16 de marzo se anunció la jubilación del dirigente opositor y diputado estatal, Rosendo Enríquez Guzmán, quien se mantendría como integrante de la legislatura estatal. Dos meses después, el 1 de mayo de 1989, un grupo de trabajadores del grupo disidente "Fraternidad Obrera" intentó realizar una marcha para protestar por la falta de mantenimiento en las instalaciones de Pemex siendo impedida por elementos de la policía local "ya que tenían instrucciones precisas para evitar desmanes". En declaraciones a la prensa el líder de los disidentes, José Luis de los Santos, acusó a SGC de actos de corrupción y de prestarse a los malos manejos de los secretarios seccionales y de la empresa, así como evitar el mantenimiento de las instalaciones. 742
En noviembre de 1990 el FLS designa a Irineo Gil Guzmán como secretario seccional, quién dos años después sería acusado de dedicarse solo a atender los negocios particulares del líder nacional Guzmán Camacho, en la constructora "18 de Marzo". El 18 de marzo de 1991 se realiza en Minatitlán una marcha y mitin de protesta por las malas condiciones de seguridad en la refinería. 743 Más de una año después, en julio de 1992, un grupo de trabajadores despedidos encabezados por Narciso León Martínez solicitó la intervención de la dirección estatal del PFCRN para que el sindicato petrolero les devolviera las cuotas pagadas por un seguro de vida. Según informaron a la prensa los quejosos, habían intentado entrevistarse con el líder nacional Guzmán Cabrera, pero este se había negado a recibirlos y aún a responder los oficios que se le habían dirigido. En noviembre de 1992 es electo nuevo secretario seccional el candidato del grupo oficial FLS, Encarnación López Hernández. 744
2. Sustitución patronal y permanencia del monopolio sindical
A raíz de la renuncia de SGC a la dirección nacional en junio de 1993 el control político del FLS quedó en manos del ex-presidente del Consejo Nacional de Vigilancia durante el periodo de Guzmán Cabrera y en ese momento diputado federal Pablo Pavón Vinales quién –con el aval de la nueva dirección nacional encabezada por Carlos Romero Deschamps- promovió auditorias a la tesorería seccional, al club de béisbol, a la tienda de consumo y a dos ranchos propiedad de la sección. El 3 de septiembre del mismo año el diputado Pavón informó en conferencia de prensa de la destitución de 10 comisionados de la sección 10 ante el CEG; según Pavón tal acción no constituía una "cacería de brujas" contra el grupo del ex-líder nacional, mas bien se trataba de la necesidad de que la nueva dirigencia "contara con gente de confianza". El 30 de septiembre, en el marco de una gira de Romero Deschamps por cinco secciones del sur de Veracruz, se informó de la jubilación de los principales aliados de SGC entre los que se contaban el ex-secretario general suplente Perfecto Aguirre Santiago, los ex-comisionados en el CEG del STPRM Víctor Martínez, Rosa Evelia Jiménez, Santiago de la Cruz Vargas, así como el ex-secretario general de la sección 10, Carlos Irineo Gil Guzmán y el ex-administrador de la tienda de consumo, Francisco Mazo. 745
Al finalizar su periodo como diputado federal, Pablo Pavón Vinales fue electo secretario seccional a fines de 1994. En ese mismo año es nombrado representante del CEG ante el Consejo de Administración de Pemex. En septiembre de 1995, meses después de que el gobierno anunciara la convocatoria para la venta de la petroquímica -y al mismo tiempo que en Coatzacoalcos se realizaban distintas movilizaciones en el marco de la primera Convención Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex en contra de la privatización-, más de 200 trabajadores realizaron una marcha del complejo Cosoleacaque al parque municipal de Minatitlán en protesta por la venta de las instalaciones. En el mitin con el que concluyó la movilización el ingeniero Lucas Orozco Gutiérrez afirmó que la venta de las plantas de amoniaco, producto básico para la elaboración de fertilizantes, atentaba directamente contra las posibilidades alimenticias de la población mexicana. También llamó a integrar un frente nacional contra la privatización. 746
El 24 de octubre el dirigente de la sección 10 y miembro del CEG del STPRM, Pablo Pavón Vinales, en declaraciones a la prensa señaló que los petroleros podrían reconsiderar su militancia en el PRI y la CTM ante la falta de apoyo concreto en contra de la privatización petroquímica. Informó también que el gobierno había prometido que quién comprara las plantas adquiriría también la responsabilidad de patrón sustituto y el STPRM mantendría la titularidad del contrato, aunque reconoció que todo esto era extraoficial y sin ninguna garantía. Finalmente Pavón Vinales anunció nuevas movilizaciones en distintos puntos del país y no descartó una movilización nacional hacia la capital que sería encabezada por los 2 mil 500 trabajadores sindicalizados de la planta de Cosoleacaque. 747 En enero de 1996, en las audiencias convocadas por la Subcomisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, Pavón Vinales explicó que en el complejo Cosoleacaque la tecnología había sido desarrollada por los propios trabajadores y en ese momento se tenía una producción de 7 mil 500 toneladas diarias de amoniaco, contando con 2 mil 500 trabajadores altamente capacitados. 748 Cosoleacaque produjo en 1994 cinco millones de toneladas de amoniaco, en 1995 fueron dos millones 132 mil toneladas de amoniaco, 35 mil toneladas de paraxileno y 19 mil de hidrógeno.
A finales de 1995 se realizó un reajuste de 80 trabajadores en la planta de amoniaco con vistas a su posible venta a la compañía Agronitrogenados, subsidiaria del Grupo Acerero del Norte de Xavier Autrey Maza y Alonso Ancira Elizondo, quienes eran los principales compradores del amoniaco (35% de la producción anual del complejo, la mayor parte utilizada para la elaboración de fertilizantes). En distintas visitas que los empresarios realizaron al complejo petroquímico con miras a su posible compra fueron recibidos por trabajadores con carteles y gritos manifestando su repudio a la venta de las instalaciones. Para ganar simpatías en la opinión pública local los empresarios habían entregado a los municipios de Coatzacoalcos y Cosoleacaque casi seis millones de pesos en equipo de limpia y seguridad, lo cual fue ampliamente publicitado en prensa, radio y televisión locales.
En el mes de mayo de 1996 Pavón Vinales reconocía ante la prensa que el sindicato había sido rebasado a partir de la sustitución de mano de obra por compañías contratistas, y consideraba que de 1990 a 1994 se había despedido a 110 mil trabajadores en el sistema nacional petrolero. Por su parte Lucas Orozco Gutiérrez, ingeniero del área de mantenimiento técnico de la planta de Cosoleacaque y miembro de la Coordinación de Trabajadores por la Defensa de Petróleos Mexicanos, informó que pese a la rentabilidad de la planta el número de trabajadores contratados se reducía constantemente. Así de 6 mil obreros que tenía hasta mediados de 1995, un año después contaba con 4 mil. En esos mismos días el dirigente local de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa de Pemex, Daniel de la Cruz Chung, informaba a la prensa que en la localidad, Pemex Exploración y Producción había jubilado anticipadamente en este año a 40 trabajadores además de los 80 en las plantas de amoniaco; según el líder opositor, Pemex disponía también de un fondo de 1 mil 100 millones de pesos para echar a andar un programa de jubilación en el complejo Cosoleacaque antes de su venta. Según Daniel de la Cruz en esos momentos el mantenimiento del complejo era nulo y los almacenes se encontraban vacíos. 749
En el mes de septiembre, días después de la 17 Asamblea Nacional del PRI, Pavón Vinales declaró a la prensa que los acuerdos tomados por los priístas habían sido "sin lugar a dudas" en contra de la privatización de las plantas petroquímicas. El líder de la sección 10 también consideró que Pemex no podía seguir siendo un gigante generador de ingresos para el erario público y número uno en la aportación de impuestos, derechos y divisas. 750
A principios de octubre de 1996 el gobierno federal redefinió su estrategia mediante las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en donde se establece la fórmula 51 / 49 para la venta de las 61 plantas petroquímicas de Pemex, las cuales se agruparon en nueve filiales, una por cada complejo, para ser operadas con la modalidad de SA de CV. En febrero de 1997 el sindicato firma los convenios de sustitución laboral con las filiales y en julio del mismo año se firman los nuevos contratos colectivos, entre los cuales estaba el del CP Cosoleacaque. Así la sección 10 administra dos contratos, el de la petroquímica local en Cosoleacaque y el nacional que incluye al resto de las instalaciones: la Refinería Lázaro Cárdenas, el Hospital Minatitlán, la Terminal Marítima Pajaritos y el Sistema Ductos Sureste.
Con la división del contrato el sindicato mantiene la titularidad aún y cuando las instalaciones se vendieran, con lo cual la burocracia sindical da por terminado el conflicto de la petroquímica satisfecha de los logros alcanzados. Los que no están contentos son los trabajadores transitorios despedidos. En octubre de 1997 se publicó una carta a la redacción firmada por 18 trabajadores de la superintendencia general de proyectos de la refinería "Lázaro Cárdenas" que habían laborado para la empresa de manera ininterrumpida durante 17 años en promedio, contratados sistemáticamente por periodos de 28 días sin que el sindicato hubiera hecho nada para corregir la situación. En el escrito denunciaban que desde hacía dos años demandaban la basificación de plazas temporales, jubilación por edad avanzada o por antigüedad a personal contratado transitoriamente y liquidación justa a personal despedido. La tramitación de las demandas la habían realizado por medio de la titular de la Unidad de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República, Leonor Ortiz Monasterio, quién en ese mismo lapso de dos años les mando dos comunicaciones informándoles de las gestiones del caso ante Pemex, lográndose que el 20 de octubre de 1995 la empresa mande un oficio al secretario seccional negando tener ninguna responsabilidad laboral con los transitorios demandantes, con lo cual el sindicato da por cerrado el expediente. 751
La atención de los trabajadores de base estaba en otra cosa. En ese mismo mes de octubre se realizaban movilizaciones en la mayor parte de la secciones de la zona sur en demanda de modificar el artículo 288 del estatuto para instaurar el voto universal y secreto para las próximas elecciones seccionales que, por la modificación del periodo de las directivas seccionales de dos a tres años (y de la nacional de tres a seis años), coincidían con las elecciones municipales. En una conferencia de prensa de representantes de trabajadores de 10 secciones petroleras agrupadas en la Alianza Democrática Zona Sur Sureste, el dirigente del grupo Nueva Cultura Laboral de la sección 10, Jesús Guzmán Matushima, denunció que Pablo Pavón Vinales, en ese momento candidato a la reelección sindical, candidato a alcalde suplente y uno de los voceros y activistas más importantes del CEG durante el conflicto de la petroquímica, ejercía coacción "en contra trabajadores que pretenden contender por el grupo opositor". 752 Aunque no ocupó el cargo de alcalde suplente por la victoria del PRD en MInatitlán, en noviembre de 1997 Pavón fue reelecto como secretario general de la sección 10 durante tres años más al tiempo que era ratificado como representante del STPRM ante el Consejo de Administración de Pemex.
Desde los inicios de las precampañas priístas Pavón se convirtió en un decidido impulsor de la candidatura de Francisco Labastida siendo nominado también candidato a la alcaldía. En las campañas hizo uso de todos los recursos del sindicato y de manera central el paquete de prestaciones negociadas con la nueva dirección de Pemex encabezada por Rogelio Montemayor. El 3 de junio de 2000 en una jornada de trabajo en Minatitlán el dirigente nacional Romero Deschamps, acompañado de Pavón Vinales, inauguró una unidad habitacional construida por el sindicato, una planta de lavado de autobuses de transporte público propiedad de la cooperativa de producción del FLS y la pavimentación con concreto de varias calles patrocinada por la sección 10. Posteriormente hizo entrega de documentos de basificación a trabajadores, puso en marcha un programa de construcción de 500 casas para igual número de familias de trabajadores y entregó cheques a más de 100 petroleros como aportación para la adquisición de vivienda; según anunció el líder, se trataba del inicio de un programa para dotar de vivienda a cada uno de los integrantes de la sección 10.
La jornada concluyó con una comida-mitin que congregó a más de 6 mil petroleros que escucharon un discurso proselitista de Romero Deschamps en apoyo a los candidatos priístas Labastida y Pavón, y en contra del candidato panista Fox; además informó que la refinería de Minatitlán “no solamente no cerrará, al contrario, recibirá recursos para reconvertirse y para abrir más empleos para los minatitlecos. Así lo hemos acordado con el director de Pemex, el licenciado Rogelio Montemayor”, anunciando también que desde el 1 de junio navegaba ya el primer barco con bandera mexicana, con lo que se iniciaba el programa de sustitución de embarcaciones, por medio del cual se garantizaba que cualquier barco que fuera dado de baja por obsoleto, fuera canjeado por uno nuevo en compra o en renta con opción de compra, y con tripulación mexicana para no desplazar a los marinos. 753
Este uso partidario de los recursos y prestaciones contractuales no fue suficiente para que Labastida ganara la presidencia de la república, pero si lo fue para que Pavón Vinales ganara la presidencia municipal de Minatitlán. En octubre del mismo año 2000 se realizan elecciones seccionales y solo se presenta una sola planilla encabezada por Jorge Wade González a quien se le contabilizan 5 mil 32 votos, el 76 por ciento del padrón de 6 mil 678 sindicalizados.
3. Resumen
Seis conflictos en total de los cuales dos son obrero-patronales, el primero resultado de la política de abandonar, en el momento en que quedaban concluida la construcción de las grandes instalaciones petroquímicas, la inversión en mantenimiento y actualización tecnológica con vistas a su venta en un futuro incierto. Los primeros afectados fueron los trabajadores que fueron obligados a trabajar en malas condiciones de seguridad. El segundo conflicto fue el único que registramos contra la empresa en relación a los despidos y liquidaciones, no obstante que se calculaba en más de 10 mil los trabajadores transitorios despedidos en la localidad a partir de 1988 y hasta 1996. La cuestión de los despidos también involucra al sindicato pero no en su función formal de defensa de los trabajadores, sino como patrón alterno o intermediario con responsabilidades laborales. Así dos de los tres conflictos sindicales se refieren al papel de la sección en la asignación de los turnos de trabajo para los eventuales y a la devolución de cuotas por seguro de vida a los transitorios despedidos. El tercer conflicto sindical tiene que ver con la purga de dirigentes cercanos a Guzmán Cabrera después de su renuncia en 1993, mucho más drástica que después del quinazo , y que consolida el control de la sección por parte de quien llegará a ser uno de los principales dirigentes nacionales del sindicato, además de alcalde de Minatitlán, Pablo Pavón Vinales, quien también es uno de los principales protagonistas del conflicto contra la autoridad por la privatización petroquímica.
| Sección 10 | OP | IS | CA |
| Conflictos | 2 | 3 | 1 |
| 1989 | 1 (may 89 – ene 91) | 1 (ene – may 89) | |
| 1992 | 1 (jul 92) | ||
| 1993 | 1 (jul – sep 93) | ||
| 1995 | 1 (sep 95 – oct 96) | ||
| 1997 | 1 (oct 97) |
Registramos 11 demandas planteadas y ninguna solucionada. La mayor parte corresponden al conflicto obrero patronal, tres de las cuales tienen que ver con despidos, liquidación y jubilación para transitorios que cumplen con la antigüedad y la edad. En total registramos 2 mil 120 despedidos en la sección. Dos demandas se refieren al trabajo eventual, tanto para regular la asignación de turnos de trabajo, como para la basificación de plazas eventuales con más de 15 años de antigüedad. Una más se refiere a la falta de mantenimiento en las instalaciones. En el conflicto sindical tres demandas son en relación con las finanzas sindicales, de las cuales dos son acusaciones por corrupción en contra de SGC y una por la devolución de cuotas por seguro de vida pagadas al sindicato por trabajadores transitorios despedidos. Una más exige el voto universal y secreto en las elecciones seccionales. En el conflicto contra la autoridad la demanda es no privatización de las plantas petroquímicas.
| PLANTEADAS | ||||
| Sección 10 | OP | IS | CA | Total |
| DEMANDAS | 6 | 4 | 1 | 11 |
| Jubilación | 1 | 1 | ||
| Condiciones de trabajo | 1 | 1 | ||
| Trabajo eventual | 2 | 2 | ||
| Despidos | 1 | 1 | ||
| Liquidación | 1 | 1 | ||
| Dirigentes | 1 | 1 | ||
| Finanzas sindicales | 3 | 3 | ||
| Consejo de administración | 1 | 1 | ||
40 acciones en total, la mitad de las cuales corresponde al conflicto intersindical, la tercera parte al obrero patronal y la quinta parte contra la autoridad. Destaca el poco número de acciones legales: una de los transitorios despedidos solicitando la intervención de la Presidencia de la República, dos de la empresa suspendiendo el mantenimiento de las instalaciones de Cosoleacaque con vistas a su venta y la firma del nuevo contrato colectivo, y una de la autoridad retrasando las indagaciones para la liquidación de transitorios despedidos. De las acciones directas la mayor parte la realizan los trabajadores por medio de marchas, mítines, bloqueos y, en el conflicto contra la autoridad, con protestas colectivas en las visitas de posibles compradores del complejo, mientras que las autoridades impiden por la fuerza la movilización de trabajadores y propician una campaña de opinión pública por parte de posibles compradores de las instalaciones que regalan equipo de limpia y vigilancia a los ayuntamientos. La empresa realiza despidos, jubilaciones forzosas y liquidaciones impuestas.
Las acciones directas de la burocracia oficialista en el conflicto sindical (no hubo ninguna acción en el obrero patronal) fueron la asignación facciosa de los turnos de trabajo a eventuales durante el regreso de Guzmán Cabrera, y de viviendas y basificación de transitorios durante las campañas electorales de 1999-2000. En el conflicto de la petroquímica la burocracia sindical también convoca a movilizaciones de masas y por medio de Pavón Vinales -que se convierte en el vocero más importante del STPRM después de Romero Deschamps- amenaza con desafiliarse del PRI ante la falta de apoyo. En 1996 Pavón Vinales reconoce en declaraciones a la prensa que la magnitud de los despidos masivos (110 mil en el sistema nacional), el cierre de plantas y departamentos, y el traslado de actividades a empresas contratistas privadas, había rebasado al sindicato. En la vida sindical las acciones respecto a los dirigentes oficiales parecen seguir el mismo guión: en 1987 Guzmán Cabrera es objeto de una auditoria por parte del CEG controlado por La Quina y obligado a jubilarse junto con sus principales allegados, algunos de los cuales son encarcelados como “chivos expiatorios”. Con el regreso relámpago de Guzmán Cabrera a la dirección seccional y nacional en 1989 son los quinistas los auditados y obligados a jubilarse y algunos detenidos. En 1993 con la renuncia de Guzmán Cabrera toca a sus allegados jugar por segunda vez el mismo papel. Los trabajadores en la vida sindical se limitan a denunciar a Guzmán Cabrera como corrupto inmediatamente después de su reaparición en 1989.
| Sección 10 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 16 | 5 | 16 | 3 | 40 |
| Legales | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| Directas | 13 | 8 | 2 | 23 | |
| V. Sindical | 2 | 8 | 0 | 10 | |
| OP | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| Legales | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| Directas | 4 | 1 | 5 | ||
| IS | 8 | 12 | 20 | ||
| Directas | 6 | 4 | 10 | ||
| V. Sindical | 2 | 8 | 10 | ||
| CA | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| Directas | 3 | 4 | 1 | 8 |
XXI. Sección 11 de Nanchital, Veracruz
A partir del asesinato del líder local Juan Pamuce Coronado en enero de 1969 la sección 11 fue controlada con mano dura por el pintoresco y poderoso cacique Francisco Javier " Chico " Balderas Gutiérrez y su hermano Felipe, aliados fundamentales de La Quina en la zona sur para contrarrestar la influencia de la sección 10 y, a partir de 1980, permitir el control sobre las nuevas plazas en la construcción de los megaproyectos. Desde las reformas estatutarias de 1981, propuestas entre otras por la sección 11, se autorizó al CEG proponer candidatos a las plazas definitivas de nueva creación que antes era prerrogativa exclusiva de las secciones. El apoyo incondicional de los Balderas a La Quina llegó al grado de proponer y lograr agregar al nombre de la localidad de Nanchital el apellido "de Hernández Galicia".
Caso prototípico del caciquismo regional, Chico Balderas todas las mañanas hacía ejercicio corriendo de cinco a seis acompañado de una veintena de allegados para después dirigirse al local sindical, tomar un portaestandarte de la Virgen de Guadalupe y asistir a misa a la parroquia central de Nanchital, regresar al local, depositar el portaestandarte e iniciar sus actividades cotidianas rodeado en todo momento por un numeroso grupo de seguidores. Su fervor exacerbado le hizo imponer que determinados días -so pena de descuento o rescisión de contrato- la sección en pleno lo acompañara en su recorrido. Las fiestas religiosas locales eran financiadas por los agremiados y una vez al año los trabajadores, familiares y vecinos encabezados por su líder "moral" se trasladaba a la ciudad de México en peregrinación a la Basílica de Guadalupe.
Esta actitud piadosa no evitó que fuera acusado del homicidio de decenas de obreros opositores y en 1984 de ordenar el asesinato de un periodista local sin que se le probara nada. La condición de "hombres fuertes" les permitió a los integrantes del clan Balderas manejar la sección a través de personeros que ocupaban los máximos cargos seccionales, teniendo representantes también en el aparato del CEG; por ejemplo durante el periodo 1979-1984 que encabezó Barragán Camacho, el grupo hegemónico de la sección 11 denominado Grupo Político Social Orientación Depurador (GPSOD) estuvo representado por Ignacio Martínez Lara en la secretaría del Trabajo y Felipe Balderas como asesor nacional. 754
En 1982 la sección contaba con 3 mil 313 trabajadores de base. En 1990 la sección agrupaba a 8 mil trabajadores de base y tenía responsabilidades con más de 17 mil trabajadores transitorios que laboraron en la construcción de los grandes complejos petroquímicos La Cangrejera, Morelos, Pajaritos, las plantas en Domos Salinas de Tuzan Depetl y el puerto de exportación de hidrocarburos Pajaritos. Buena parte de los trabajadores de base se habían trasladado hacia la zona sur desde las secciones controladas por el quinismo , en particular la 1 de Ciudad Madero.
1. Encierro, destierro o entierro
En el momento del "quinazo" el comité seccional era encabezado por Miguel Blanco Sánchez, siendo uno de los pocos en sobrevivir a la limpia de dirigentes quinistas y concluir su periodo a finales del siguiente año, lo que representaba un reconocimiento a la fuerza del cacicazgo local. Cuando el periodo de Blanco estaba a punto de terminar el 10 de noviembre de 1990 el GPSOD encabezado por el Chico Balderas realizó, unilateral y sorpresivamente, una asamblea electoral que inicialmente había sido citada para casi un mes después, el 6 de diciembre, en donde reeligieron al Chico como asesor, tesorero y jefe del GPOSD, y nombraron a Rubén Hidalgo Ledesma como nuevo secretario general de la sección 11. Los oradores en la asamblea justificaron la acción por los preparativos de la convención nacional para "la reelección de Sebastián Guzmán Cabrera" y por el propósito de "evitar la jubilación del Chico Balderas" tal y como había ocurrido con Onésimo Escobar Gómez y los hermanos Hiran y Roberto Ricárdez Orueta, caciques de las secciones 26 y 22 respectivamente. En el acto se hizo un recuento de las sangrientas luchas por el control seccional y de la unidad que se había alcanzado en torno al Chico a quien, después de que había tomado la protesta a la nueva directiva seccional encabezada por Hidalgo Ledesma, se le nombró por aclamación "padre de los petroleros". En los días siguientes se corrió el rumor en la localidad de que el Chico estaba en plena campaña por el liderazgo nacional del STPRM. 755
El 4 de agosto de 1991 el "líder moral" del GPSOD de la sección 11 se disparó un balazo en la sien derecha con una pistola calibre 38, según la versión "semioficial". Fue el segundo líder que se suicidó después de la llegada de SGC a la dirección nacional. El primero (el 6 de junio de 1989) fue Ramón Álvarez Jiménez, secretario de la sección 9 con sede en Veracruz y presidente del "Grupo Mayoritario 20 de Noviembre". Chico Balderas era reconocido como uno de los últimos caciques del sur, manteniendo su liderazgo local después del "quinazo" y con apoyo de otros liderazgos regionales se le mencionaba como fuerte contrincante de SGC por la dirección nacional en la próxima convención general, aunque se le identificaba por su estrecha liga con La Quina . Las causas de la muerte del viejo cacique se habían precipitado días antes: se había reabierto la investigación sobre el asesinato del director de la revista local "Primera Plana" Javier Juárez Vázquez, ocurrido el 30 de mayo de 1984 (mismo día que mataron en la ciudad de México al periodista Manuel Buendía), en donde Chico era implicado principal. También la sección había sido intervenida por la banca acreedora y sus bienes embargados, lo que se mantuvo en secreto. Días antes del suicidio había viajado a la ciudad de México de donde regresó "sumamente preocupado" según sus "allegados", uno de los cuales reveló años después que Balderas había recibido la visita de un "emisario del gobierno" quien le informó que "había llegado al final y le quedaban tres opciones: encierro, entierro o destierro".
El funeral contó con la asistencia de más de 20 mil personas que participaron en una misa con tres sacerdotes y un cortejo tumultuoso con descubierta de motociclistas, patrullas y mariachis. Según el dirigente del MPI-LC, Salvador Hernández Ayala, el cadáver del Chico fue enterrado sin ninguna autopsia o dictamen judicial y -como en los casos de Kehoe Vicent y Torres Pancardo- era ya una muerte violenta más sin aclarar en el sindicato petrolero. La versión semioficial del suicidio (otros rumores en circulación en ese momento eran que Balderas se desnucó al caer de una escalera, o que fue baleado por cuatro pistoleros que viajaban en una camioneta) fue puesta en duda por Hernández Ayala por un elemento que le parecía crucial: el carácter religioso, "hasta el fanatismo", de Chico Balderas. 756
2. El Frente Democrático de Solidaridad Sindical
Meses antes del suicidio del Chico Balderas, en febrero de 1991, el Frente Democrático de Solidaridad Sindical (FDSS) solicitó a la CNDH investigar 35 homicidios de trabajadores petroleros durante los 22 años en los que habían mantenido el poder seccional los hermanos Balderas. 757 Dos meses después, el 11 de marzo se produce una explosión en la planta de Clorados Tres del Complejo Pajaritos con saldo de siete muertos, de la que es responsabilizado y detenido el 24 del mismo mes el supervisor "B" Facundo Morales, cuya libertad demandaban días después trabajadores de las mismas instalaciones. Según afirmó a la prensa el representante sindical Cesar Espinoza Rosaldo, tanto el juez Víctor Maldonado Lara, como el agente del MPF José Antonio Herrera Reyes, carecían de experiencia para emitir un dictamen técnico, por lo que no procedía la consignación. El 18 de marzo la conmemoración del LIII aniversario de la expropiación petrolera se convirtió un una marcha y mitin de protesta en donde más de 3 mil trabajadores de la refinería de Minatitlán exigieron una mayor seguridad en la refinería pues consideraban que era "una bomba de tiempo", por lo que solicitaban se hiciera una investigación sobre las verdaderas causas de la explosión y se rindiera un informe amplio sobre los sistemas de seguridad en la empresa. Simultáneamente en Coatzacoalcos se realizaba una marcha silenciosa de más de 2 mil 500 trabajadores protestando por el mismo motivo.
Ese mismo día cientos de trabajadores encabezados por el líder del FDSS Guadalupe Narvaes Castellanos, se manifestaron en las calles de Nanchital exigiendo un informe detallado de los desaparecidos ya que afirmaban que había muchos más muertos que la versión oficial y acusaron a Chico Balderas de obstaculizar los trabajos de las comisiones integradas por los trabajadores para buscar a los desaparecidos. 758 El 1 de mayo de 1991, al final de una marcha de más de 5 mil trabajadores en Nanchital, un centenar de integrantes del FDSS así como perredistas contrarios al Chico Balderas denunciaron a la prensa haber sido agredidos por el vocal primero del Consejo Municipal. 759
El 5 de agosto de 1991, un día después del sepelio del Chico Balderas, llegó a Nanchital el secretario nacional petrolero Sebastián Guzmán Cabrera quien informó que se había iniciado una auditoria a la sección 11 ante las denuncias reiteradas de fraude en los fondos sindicales para vivienda; también se reunió con distintos grupos de trabajadores para -entre otras cosas- dar seguridades de que no se pretendía cerrar la sección 11, como se rumoraba en la zona. Los acuerdos a los que se llegó con SGC fue la renuncia del secretario seccional, Rubén Hidalgo Lezama, y convocar dos meses después, el 24 de octubre de 1991, a elegir una nueva directiva que cubriera el año restante.
A la elección el GPSOD presentó una planilla encabezada por Ramón Hernández Toledo, amigo cercano del extinto Chico Balderas y en ese momento funcionario municipal en Coatzacoalcos. La asamblea realizada en el local sindical "1 de Mayo" fue copada por trabajadores en estado de ebriedad incondicionales del GPSOD quienes hostigaron a los simpatizantes de la planilla del FDSS encabezada por Mario Cepeda, a quien los enviados del CEG negaron el registro, sancionaron la elección y reconocieron a Hernández Toledo. La designación del candidato oficial se consumó por aclamación sucintándose un enfrentamiento que culminó en la toma de las instalaciones sindicales por el FDSS, en donde más de 500 trabajadores rechazaron la intentona de retomar violentamente el local sindical por parte de los seguidores del GPSOD encabezados por Fernando Charlestón y Adrián Grijalva, diputado local y suplente respectivamente. Ante el fracaso de la acción el GPOSD estableció un cerco (plantón) para impedir la salida de los disidentes, con golpeadores que se embriagaban frente al local sindical al que le habían cortado todos los servicios de gas, electricidad, agua y teléfono, además de no dejar pasar alimentos.
Más de 50 trabajadores opositores se mantuvieron dentro de las instalaciones sindicales entre los que se encontraba el candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos por el PRD, Francisco Zamudio, trabajador de la sección y quien mantenía un litigio con la empresa por un arbitrario cambio de adscripción -a raíz de su candidatura- de Nanchital a Ciudad Camargo, Chihuahua. En los días siguientes los trabajadores inconformes informaron haber encontrado dentro del local sindical instalaciones desconocidas con sistemas de radiocomunicación, circuito cerrado de televisión y otros locales secretos, así como diversos documentos en los que se probaba la existencia de numerosas cuentas bancarias a nombre de Chico Balderas por montos millonarios producto de los descuentos catorcenales que realizaba a los 7 mil 900 trabajadores de planta, 15 mil transitorios y 5 mil más contratados por compañías privadas contratistas de Pemex. 760
El 1 de diciembre los trabajadores disidentes apoderados del local sindical, presentaron una denuncia en la PGR para que se abriera una investigación sobre posibles actividades delictivas de los líderes sindicales anteriores y en funciones, por los delitos de evasión fiscal, sabotaje, robo, despojo, usura, fraude y abuso de confianza, apoyándose en los documentos encontrados en el local sindical. También presentaron pruebas de prestamos usureros al 33 por ciento de interés, y exigieron que se dieran a conocer los resultados de la auditoria pedida por SGC.
En respuesta la gente de Hernández Toledo les dio un plazo de 72 horas para entregar el local sindical al cabo de las cuales realizaron una marcha de más de 2 mil partidarios de la dirección seccional por las principales calles de Nanchital demandando el desalojo del local sindical. Esta movilización organizada por el CES formaba parte de una campaña entre los trabajadores para que fueran ellos los que desalojaran a los ocupantes del local sindical con el argumento de que no se había pagado el fondo de ahorro por culpa de los disidentes. Por su parte voceros del FDSS dijeron a la prensa que la solución la tenía SGC ordenando una auditoria seria y nuevas elecciones donde pudiera participar la planilla opositora en igualdad de condiciones. Dos días después, el tres de diciembre, 40 trabajadores sindicalizados y transitorios interpusieron en la JFCA una demanda laboral en contra de la dirección seccional solicitando se devolviera el dinero que por concepto de canasta básica, del seguro "Amercot" y del fondo de resistencia, se les descontó durante diez y quince años a cada uno de ellos. 761
La toma de las instalaciones continuó y a finales de enero de 1992 el dirigente oficialista Ramón Hernández Toledo demandó a las autoridades el urgente desalojo de los miembros del FDSS del local sindical y que se les procesara penalmente por los daños y destrozos al inmueble. El gobierno estatal nombró como "comisionado político" al funcionario de la Secretaria de Gobernación estatal, Luciano Blanco Candelaria, quien se comprometió con los dos bandos a gestionar sus demandas. En las pláticas los integrantes del FDSS demandaron al comisionado del gobierno estatal: 1) aclarar el manejo de los fondos de la organización y de los 28 negocios de la sección entre propiedades y ranchos ganaderos; 2) garantías contra la represión a los disidentes mediante la desmovilización de varios trabajadores que agredían a sus compañeros; 3) nuevas elecciones por el procedimiento de voto secreto y universal. Sobre este último punto Felipe Espinoza Rosaldo, presidente del Consejo Local de Vigilancia, declaró a la prensa que no se convocaría a nuevas elecciones ya que las realizadas el 24 de octubre se encontraban sancionadas legalmente. 762
El 18 de marzo de 1992 se firmó un acuerdo entre el FDSS y la directiva seccional y nacional representadas por el secretario de Vigilancia nacional, Calixto Javier Rivera Díaz, para desalojar la sede de la sección 11 mediante: 1) la promesa de nuevas elecciones de la mesa directiva seccional en igualdad de condiciones y mediante voto secreto y directo; 2) que ningún miembro de la disidencia sería objeto de represión jurídica o sindical; 3) el retiro de las demandas penales y civiles. Firmaron como testigos los secretarios de Gobierno y del Trabajo estatales, Miguel Ángel Díaz Pedroza y Rubén Gallegos Vizcarro. Según el dirigente del FDSS José Pérez Zepeda, lo que se ganó con la toma del local sindical fue que "se logró hacer conciencia entre los trabajadores para que defiendan sus derechos, intereses y una mayor democracia en el sindicato"; indicó también que hasta el último momento las direcciones sindicales local y nacional se resistieron a firmar el acuerdo. 763
Mientras tanto los trabajadores transitorios despedidos en la sección seguían demandando a la empresa por la reinstalación o liquidación legal y al sindicato por la devolución de cuotas, fondo de ahorro, de vivienda y seguro de vida pagado durante el período laborado en la industria petrolera. El 21 de febrero 300 trabajadores demandaron a la empresa por despidos injustificados ante la JFCA. Según denunciaron los dirigentes del FDSS y representantes de los demandantes, Gonzalo Trujillo y Juan José Jiménez Ortíz, la empresa había suprimido más de 1 mil 500 plazas transitorias en los complejos petroquímicos La Cangrejera, Morelos y Pajaritos durante los dos últimos meses, además de que se había anunciado ya la supresión de otras 1 mil 500 plazas. Según el presidente de junta especial 38 de la JFCA, Manlio Gutiérrez Rodríguez, el juicio de los 300 trabajadores, tardaría entre tres y seis meses. El 27 del mismo mes la empresa anunció nuevos despidos que consistían en la cancelación de 957 plazas definitivas y de confianza, jubilación de 23 y liquidación de 159 más en las superintendencias locales en Minatitlán y Cosoleacaque, así como en los complejos petroquímicos "Pajaritos", "La Cangrejera" y Morelos. Ese día el abogado de los 300 demandantes, Laureano Malpica Alemán, informó a la prensa que los despidos masivos en la región no solo se daban en Pemex, también en Fertimex y Apsa. 764
En relación a las cuotas el secretario Hernández Toledo había declarado que la sección tenía fondos suficientes para cubrir los pagos a los 1 mil 500 despedidos, pero cuando se elaboraron las listas respectivas se pretendió excluir a los trabajadores simpatizantes del PRD por lo que el 2 de julio de 1992, en medio de un enfrentamiento con guardias de seguridad del sindicato quienes incluso dispararon repetidamente sin que se registrara ninguna víctima, más de 100 despedidos se volvieron a posesionar de las instalaciones sindicales reteniendo a 20 empleados de la sección. A nombre de los inconformes Heriberto Toledo López informó que mientras la directiva seccional no respetara los acuerdos seguiría tomado el local sindical. Por su parte el candidato del PRD a diputado local, Humberto Martínez, anunció que presentaría una demanda penal por las agresiones a balazos de los guardias de seguridad del sindicato en contra de los trabajadores inconformes, la mayor parte con militancia perredista.
El presidente del Comité de Vigilancia local Felipe Espinoza Rosado lamentó los hechos y aseguró que se cumpliría el convenio de pagar a los 1 mil 500 trabajadores el fondo de ahorro. El 3 de julio se anunció un acuerdo mediante el cual se regresaban las instalaciones sindicales a cambio de: 1) la "suspensión de los deberes sindicales" del secretario del Interior Cesar del Ángel, 2) cese inmediato de los dos vigilantes que agredieron a los manifestantes, y 3) pago del fondo de ahorro a los afectados por el "ajuste" en la plantilla laboral. El acuerdo fue firmado por el líder seccional Hernández Toledo y estipulaba el pago "sin distinciones políticas" a más de 5 mil trabajadores que en grupos de 400 deberían presentarse a la pagaduría sindical. Respecto al seguro de vida, Hernández se comprometió a realizar una reunión para "explicarles la situación".
La rapidez con la que se llegó al acuerdo anterior se debió a que las instalaciones sindicales fueron utilizadas el 5 de julio para la realización de un mitin encabezado por SGC en apoyo a Patricio Chirinos dentro de su campaña por la gobernatura del estado de Veracruz. A la misma hora en el centro de la localidad y en repudio a la presencia del líder nacional del STPRM, el FDSS realizaba una marcha y mitin con presencia de despedidos de las instalaciones de Azufrera Panamericana en Jaltipan y también un grupo de pescadores. Ahí los dirigentes del FDSS, Miguel Vidal Pavón, Humberto Morales, Gonzálo Escobedo Vigueras y Victor Varela, denunciaron que no se habían pagado las liquidaciones ni el fondo de ahorro, y que no se había informado del destino de dos ranchos con extensión de 1 mil 400 hectáreas y una flotilla de camiones propiedad de la sección. Según informaron, en la zona los despidos eran ya 15 mil y se anunciaban 10 mil más, mientras que habían aparecido talleres y empresas privadas que realizan labores que antes hacía Pemex.
El 8 de julio de 1992, y por tercera ocasión, 80 trabajadores despedidos de filiación perredista tomaron el local sindical y retuvieron a 30 empleados del sindicato, exigiendo la devolución de las cuotas sindicales y del fondo de ahorro, ante lo cual el presidente del Comité de Vigilancia, Felipe Espinosa Rosado, se entrevistó inmediatamente con los trabajadores explicándoles que el seguro de vida era responsabilidad de la empresa y no del sindicato. Una semana después, un contingente de 500 trabajadores despedidos de la sección 11, encabezados por Heriberto Toledo López y Nicandro Cruz Gómez, decidieron unirse a la marcha al Distrito Federal encabezada por el FDT-LC en la que sería la última de la ola de grandes marchas y plantones en la ciudad de México de transitorios despedidos que inició en junio de 92 y concluyo a principios de septiembre del mismo año. Sin embargo los dirigentes de los despedidos de la sección 11 rompieron con la marcha antes de llegar a la ciudad de México, a donde decidieron trasladarse en autobuses para instalar un campamento en las oficinas centrales de la Torre de Pemex. Al día siguiente trasladaron el campamento hasta el local nacional del STPRM en donde se entrevistaron con representantes del CEG, decidiendo regresar a Nanchital en medio de fuertes enfrentamientos internos y acusaciones de traición por parte del FDT-LC. 765
El 16 de septiembre del mismo 1992 otro grupo de trabajadores encabezados por la dirigente Irma Núñez (quien había jugado un papel importante en el plantón del FTD-LC en la ciudad de México) bloqueó las instalaciones de Pemex en Nanchital por dos horas para posteriormente secuestrar varias unidades de transporte de personal de la sección 11 y dirigirse a la ciudad de Villahermosa en donde realizaron un mitin frente a las oficinas locales de Pemex. 766
Mientras tanto la campaña por la dirección seccional se desarrollaba con acusaciones del FDSS quien, por medio de su vocero Néstor Guadalupe Narváez Castellanos, afirmaba que Hernández Toledo promovía mediante desplegados en la prensa local "adhesiones en favor de su reelección". El mismo vocero también denunció que el líder nacional SGC los días 9 y 11 de septiembre había efectuado reuniones plenarias en la ciudad de México para dar su beneplácito a los líderes locales que se reeligieran en reciprocidad al apoyo a su reelección al frente del STPRM.
El 30 de septiembre Pemex anunció que -como parte de la revisión de más de 4 mil trabajadores participantes en el contingente que se mantuvo en plantón durante 38 días en el zócalo del DF- en el caso de Nanchital se había liquidado a 27 trabajadores, con una erogación total de 334 millones 145 mil pesos; también se informó que seis casos se desecharon "por ser improcedentes". 767
Con pasos firmes hacía la reelección, Hernández Toledo promovió la jubilación anticipada de 15 dirigentes seccionales, entre ellos dos aspirantes a la secretaría seccional: Pedro Evenes Santos y Elfego Orozco Ruiz. Según dos de los representantes de los grupos disidentes, Rubén Valencia Rodríguez y Heriberto Toledo López, los trabajadores veían con buenos ojos la medida por las múltiples quejas que había contra los dirigentes "jubilados" a quienes se identificaba como allegados de Francisco Chico Balderas. Sin embargo también se suspendió a uno de los aspirantes por la oposición, Nicandro Cruz Gómez. 768 Finalmente se logró un acuerdo entre los diferentes grupos en contienda por la dirección seccional para que, por primera vez en 40 años, las votaciones fueran por voto secreto, universal y directo. Aún así, en los comicios Hernández Toledo fue reelecto en el cargo por mayoría de votos. 769
El 8 de octubre un grupo de trabajadores de un total de 500 eventuales al servicio de los complejos petroquímicos de Pajaritos y La Cangrejera, a quienes desde 40 días antes no se les daba trabajo pero tampoco se les indemnizaba por despido, bloquearon los accesos de la oficina regional de la empresa en Coatzacoalcos con la participación de 40 marinos de la flota petrolera inconformes con el monto de la liquidación que recibieron. El representante de los despedidos, Bruno Pérez Vázquez, informó que el bloqueo se mantendría hasta que Pemex les diera una respuesta. El vocero de la paraestatal, Rafael Márquez, aclaró que a los inconformes no se les liquidaría puesto que no se les había cancelado "la ficha", por lo que podrían ser recontratados, al tiempo que descartó el uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes e informó que se buscaría la negociación. Por su parte, el integrante del comité seccional, Ricardo Castillo Castillo, conminó a los manifestantes a deponer su actitud al tiempo que informaba que el día 19 podría empezar a pagárseles sus liquidaciones. 770
En el mes de diciembre del mismo año de 1992 se informó del despido de 1 mil 200 obreros en los campos petroleros del Plan Agua Dulce-Nanchital y en los complejos petroquímicos de la localidad, así como la cancelación de 126 plazas de trabajadores sociales, médicos, enfermeras e intendencia en la clínica local. También la empresa Tetraetilo de México -ubicada en el Complejo Pajaritos- anunció el cierre de sus instalaciones con la consiguiente pérdida de 250 plazas de trabajo. Esta empresa era la única en el país que procesaba el tetraetilo de plomo, que se agrega a las gasolinas como antidetonante; este producto sería abastecido a Pemex a partir de entonces mediante contrato con la empresa Dupont Nemaurs. 771
A principios de 1993 la sección tenía 6 mil 500 trabajadores de base y los despidos continuaban. Durante los tres primeros meses del año se despidió a 500 trabajadores transitorios más. A finales de marzo 180 de éstos, algunos con más de 10 años de antigüedad, realizaron un bloqueo de los accesos al Complejo Morelos y a la fábrica de Nanchital en protesta por la negativa a indemnizarlos. Después de seis horas de bloqueo el encargado de Pemex en la zona, Enrique de la Fuente, se comprometió con los trabajadores a revisar sus expedientes. Como las promesas no se cumplieron en el mes de julio de 1993 se volvieron a bloquear los accesos del Complejo Morelos en demanda de liquidación legal para los despedidos durante los primeros meses del año. También en este caso el vocero de la empresa, Rodolfo Vizcaíno, declaró a la prensa que existía "la mejor disposición para escuchar y analizar los casos expuestos por los inconformes". En esos mismos día Pemex realiza un nuevo "ajuste" en la plantilla laboral que en la región deja sin trabajo a más de 3 mil 500 obreros, 304 de los cuales laboraban en el distrito de Nanchital. 772
Mientras tanto las denuncias por malversación de fondos en la sección 11 eran realizadas persistentemente por la oposición. El 18 de marzo de 1993 los líderes del FDSS, Néstor Guadalupe Narváez y Gabino García, informaron que existía una denuncia contra Hernández Toledo por malversación de 50 mil millones de pesos invertidos en los ranchos, así como cuotas y bienes sindicales de los que no se había informado. Ese mismo día el líder seccional Hernández Toledo reconoció ante la prensa “los excesos" cometidos durante el predominio de La Quina y el Chico Balderas, pero afirmó que "se acabó todo y ahora tenemos que ser honestos y respetuosos de los trabajadores". Sobre las cuotas sindicales de la sección Hernández informó que se adeudaba al banco Comermex más de 12 mil millones de pesos por lo que existía una querella legal por la que Pemex mantenía retenido el equivalente a un año de cuotas (3 mil 500 millones de pesos) y los ranchos y bienes de la sección se encontraban embargados. 773
En septiembre de 1993 las indagatorias sobre los fondos sindicales faltantes alcanzaban la suma de 260 mil millones de viejos pesos según declaraba a la prensa a principios del mismo mes el dirigente del FDSS, José Luis Pérez Zepeda, denunciando también que las autoridades del fuero común mantenían estancadas las averiguaciones correspondientes. En los mismos días el líder seccional Hernández Toledo informó que continuaban las auditorias en torno a los bienes seccionales, la mayor parte de los cuales se encontraban gravados por prestamos adquiridos durante la administración encabezada por Francisco Chico Balderas. 774
En enero de 1994 un juzgado de lo civil concede a la sección 11 la condonación de un adeudo con Multibanco Comermex por 15 millones de nuevos pesos, despues de haber pagado al banco acreedor alrededor de 7 mil millones de pesos entre 1991 y 1992. El tres de enero la directiva seccional encabezada por Hernández Toledo publica un desplegado en la prensa local en el que se auto felicita por la desaparición de la deuda. 775
3. El Frente de Defensa Obrero Popular del Sur
En la medida que las liquidaciones por despido eran retenidas o negadas por la empresa paraestatal, las protestas de los trabajadores cesados se mantenían constantes, ahora organizadas también por el grupo opositor petrolero denominado Frente de Defensa Obrero Popular del Sur (FDOPS). El 11 de enero de 1994 se inició -rodeada de un plantón de más de 100 trabajadores- una huelga de hambre escalonada frente a las instalaciones de la Dirección General de Pemex Petroquímica encabezada por los dirigentes del FDOPS, Heriberto Toledo López y Nicandro Cruz Gómez, a la que se fueron agregando 22 despedidos más en demanda de pago de liquidaciones retenidas por la empresa desde hacía más de 12 meses; también solicitaban el otorgamiento de plazas y jubilaciones para algunos trabajadores con más de 15 años de antiguedad, así como la devolución de las cuotas sindicales y la relación del destino que se había dado a los bienes muebles e inmuebles de las diversas secciones petroleras de la región. Según afirmaban los líderes del ayuno, el problema se había complicado por la obstrucción deliberada del secretario seccional Hernández Toledo a todo intento de arreglo con los despedidos. Desde el inicio de la huelga de hambre Pemex declaró que se trataba de un problema intersindical y que en caso de existir inconformidades con las indemnizaciones ofrecía revisar cada uno de los casos y reponer el faltante, pero solo a través de la representación sindical.
El 17 de enero los 120 trabajadores en plantón, a quienes se habían agregado 80 despedidos más de la sección 26 en Las Choapas, bloquearon las oficinas de Pemex Petroquímica obligando a los 40 empleados que ahí trabajaban a trasladarse a las antiguas instalaciones de la gerencia zona sur. Previamente los demandantes habían detenido y tomado en su poder cinco camiones de la cooperativa de transporte de la sección 11 con el propósito, dijeron, de obligar a la empresa y al sindicato a responder a sus demandas. También informaron que "otros compañeros" habían hecho lo mismo con dos unidades más en la congregación de Cuichapa.
El mismo día 17 el secretario seccional Hernández Toledo declaró a la prensa que los trabajadores en plantón eran manipulados por los "líderes perredistas" Toledo López y Cruz Gómez, cuyos casos (con más de 15 años de antigüedad) no se habían solucionado "por la intransigencia" de los mismos. También informó que presentaría una demanda ante las autoridades judiciales por el secuestro de las unidades de transporte. Tres días después más de 100 trabajadores se presentaron ante la Subprocuraduría de Justicia estatal para exigirle agilizar la demanda en contra de Hernández Toledo acusado de malversación de fondos sindicales por 260 millones de nuevos pesos. El mismo día 20 el dirigente en ayuno Cruz Gómez informó a la prensa que se había realizado un dialogo con la empresa en torno a las indemnizaciones propiciado por el diputado perredista Víctor Cuervo, por lo que esperaban una pronta solución.
El 24 de enero de 1994, después de 14 días, concluyó la huelga de hambre realizada por 23 petroleros del FDOPS, con lo que también se levantaba el plantón y se entregaban los camiones retenidos a la policía. El acuerdo se realizó en la ciudad de Xalapa luego de la intervención del gobierno estatal ante los dirigentes del STPRM. Según informó el dirigente opositor Cruz Gómez, se estableció un compromiso con el sindicato para el pago de un bono de retiro a los ayunantes y la tramitación de las indemnizaciones para más de 150 despedidos. El gobierno estatal por su parte se comprometió a establecer una bolsa de trabajo para los despedidos de las secciones 11 y 26. Cruz Gómez informó también que ese mismo día se iniciaría la negociación con el secretario seccional Hernández Toledo para el cumplimiento de los acuerdos de Xalapa. 776
La negociación con la dirección seccional duró varios días para finalmente cancelarse al no haber ningún acuerdo respecto a la devolución de cuotas sindicales y los rubros y montos de indemnización. A partir del seis de febrero más de 600 ex-trabajadores de las secciones 11, 16 y 26 agrupados en el FDOPS iniciaron un plantón acompañado de una campaña de secuestro de vehículos de la cooperativa de transporte regional. El 12 del mismo mes, cuando las unidades retenidas sumaban 40 (de 65 con que contaba la cooperativa) y los inconformes movilizados eran 3 mil, fueron aprehendidos por la policía municipal 10 trabajadores que intentaban secuestrar un vehículo en las inmediaciones del complejo Morelos. Después de tres horas de movilizaciones en protesta los detenidos fueron puestos en libertad. Los dirigentes del FDOPS Nicandro Cruz y Heriberto Toledo culparon a la directiva seccional encabezada por Hernández Toledo del "secuestro" de sus compañeros y anunciaron que continuarían las movilizaciones hasta que el gobierno estatal diera una respuesta a sus demandas "a través del diputado federal por el PRD, Manuel Huerta Ladrón de Guevara".
La intervención de los dirigentes y diputados perredistas en la negociación del conflicto provocó una división dentro del movimiento y la formación de una corriente disidente encabezada por Juan Manuel Valencia Hevia, quien afirmaba representar a 1 mil 180 ex-trabajadores que igualmente reclamaban pago de faltantes en liquidaciones y devolución de las cuotas sindicales, pero declaraba su oposición al uso de la violencia, el secuestro de vehículos y la participación del PRD en el conflicto. La otra facción, encabezada por Heriberto Toledo López, agrupaba alrededor de 1 mil 800 despedidos, algunos de los cuales pertenecían a las secciones 16 de Cuichapa y 26 de Las Choapas. En esta última sección los trabajadores agrupados en el MLO mantenían tomado por la fuerza el local seccional desde el 1 de febrero.
Por su parte el dirigente seccional Hernández Toledo declaró que como consecuencia del secuestro de vehículos la cooperativa de transporte había sufrido pérdidas por 245 mil nuevos pesos durante los primeros siete días del conflicto. El líder sindical afirmó que el diálogo se había roto por las exigencias "imprudentes" de devolución de cuotas, y que los faltantes en liquidaciones tenían que ser negociados con la empresa, por lo que exhortó a los inconformes a acudir a los tribunales laborales. También dijo que el sindicato no caería en provocaciones y que solo esperaba que las autoridades judiciales dieran curso a la demanda interpuesta por secuestro de vehículos, la que se ampliaría por amenazas a vigilantes del complejo Morelos por parte de los despedidos.
El acuerdo que dio fin al conflicto se firmó el 19 de febrero de 1994 con la mediación del secretario de gobierno estatal, Miguel Angel Yúnez Linares, el diputado federal perredista, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y la dirigente municipal del PRD, Gloria Rasgado. Por los demandantes suscribieron el acuerdo Heriberto Toledo López y Manuel Valencia Hevia, por Pemex Julio Pinder y por el sindicato la directiva seccional. Según el convenio la empresa y las secciones 11, 16 y 26 se comprometían a establecer módulos donde se revisarían los expedientes de trabajadores que hubieran laborado en los dos años anteriores, así como los que sufrieron algún "riesgo de trabajo con grado de incapacidad determinada", para resolver el pago de las liquidaciones correspondientes. El sindicato por su parte tramitaría una aportación financiera de Pemex para construcción de vivienda a trabajadores en activo y jubilados, además de que retiraba las denuncias judiciales interpuestas por la retención de vehículos. El gobierno estatal anunció una serie de programas de capacitación a los despedidos para la integración de una bolsa de trabajo, así como el ofrecimiento de que los ex-petroleros y sus familias siguieran contando con servicios médicos durante seis meses. Los vehículos retenidos fueron entregados el mismo día en que se firmó el acuerdo. 777
En ocasión del aniversario de la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1994, más de 300 petroleros despedidos, colonos, comerciantes y militantes del PRD realizaron una marcha que partió de la sede perredista y llegó hasta las oficinas de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos. En el mitin con el que concluyó la movilización los dirigentes del FDOPS Nicandro Cruz Gómez y Heriberto Toledo López hicieron discursos en los que condenaban la entrega de la industria petrolera al capital privado extranjero y nacional y los más de 20 mil despidos ocurridos en la industria petrolera durante los últimos tres años. Días después, el 24 de marzo, el dirigente del FDOPS, Juan Carreón Sosa, fue detenido por policías estatales acusado de causar daños al edificio sindical, golpear a un vigilante y amenazar de muerte al secretario general seccional Ramón Hernández Toledo. Esa misma noche trabajadores del FDOPS secuestraron 14 vehículos de la sección en protesta por la detención de su dirigente. Ante la intervención de la policía estatal para recuperar los transportes retenidos los trabajadores decidieron incendiar uno de ellos provocándose un enfrentamiento en el que fueron detenidos un número indeterminado de trabajadores, entre ellos los principales dirigentes del FDOPS, Cruz Gómez y Toledo López. 778 Días después los líderes detenidos eran liberados. El 14 de abril el también dirigente del FDOPS, Jesús Gómez Rey, anunciaba en la ciudad de Coatzacoalcos, junto con el dirigente del MLO de la sección 26, José Antonio García Chablé, la formación de la Coalición Regional de Ex-Petroleros (CREP) que, según los dirigentes, agrupaba a más de 1 mil despedidos del sur de Veracruz. 779
El 4 de mayo, al mismo tiempo que era violentamente desalojado un plantón que ex-trabajadores del sur de Veracruz agrupados en el MDP (Movimiento de Dignificación Petrolera de las secciones del sur de Veracruz) realizaban en el parque municipal de Coatzacoalcos, otros 11 petroleros despedidos integrantes del FDOPS iniciaron una huelga de hambre frente a las oficinas de Pemex Petroquímica exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados el 24 de enero de 1994 para el levantamiento de la huelga de hambre que durante 14 días realizaron 23 petroleros del FDOPS. El vocero de los trabajadores, Juan Carreón Sosa, informó que solicitaban la revisión de finiquitos e indemnizaciones de acuerdo con el tiempo laborado para 30 trabajadores de planta y transitorios, así como la atención para 43 casos más de la misma sección 11 de Nanchital. Sin embargo menos de 24 horas después de instalada la huelga de hambre fue rota por la intervención de más de 200 policías municipales que rodearon el lugar y conminaron a los trabajadores a desalojarlo sin que se registraran hechos de violencia o detenciones. 780
En los primeros días de noviembre de 1994 se realizaron elecciones seccionales imponiéndose la planilla oficial encabezada por Ismael Uscanga Borbón. El secretario saliente Ramón Hernández Toledo sería designado meses después representante del CEG del STPRM ante el Consejo de Administración de Pemex.
Pocos días después de las elecciones seccionales, el 26 de noviembre, un grupo de petroleros representantes de 250 trabajadores a los que desde tres años antes se les asignaron casas de interés social en la colonia San Miguel Arcángel en Nanchital, efectuaron un plantón frente a las instalaciones de la sección 11 para protestar por el sobreprecio fijado a las viviendas, que en ese momento era de 93 mil a 120 mil nuevos pesos según el tipo de morada asignada, más un cinco por ciento anual de intereses. Según afirmó la dirigente de los trabajadores en plantón, Marisela Meza Domínguez, el precio no correspondía con el valor real de las viviendas, las cuales habían tenido que ser reparadas por los trabajadores de fallas en la construcción para poder ser habitadas y de cuyos gastos nadie se hacía responsable, por lo que demandaban que la sección interviniera para: 1) derogar el cinco por ciento anual de sobreprecio en las viviendas asignadas por el sindicato; 2) bonificar las inversiones hechas por los trabajadores para solucionar las deficiencias estructurales de las viviendas; 3) revisar el procedimiento de adjudicación y compra-venta de las viviendas. El integrante del CES, Pérez Negrón, informó a los demandantes que los secretarios seccionales saliente y entrante, Hernández Toledo y Uscanga Borbón respectivamente, ya gestionaban la solución al conflicto. 781
4. La “sustitución patronal” en la petroquímica
En los siguientes meses la serie de acontecimientos críticos en el país durante 1994 culminaba con el desplome económico desatado por los “errores de diciembre”. A pesar de la magnitud de la crisis, la política de la nueva administración encabezada por Zedillo se mantuvo de acuerdo a lo fijado por las dos anteriores administraciones, reforzada también por los compromisos establecidos con los EUA y los organizamos financieros internacionales para el rescate financiero de la que sería la primera (el “efecto tequila”) de una serie de “crisis sistémicas” en el mercado globalizado. Así, en los primeros días de marzo de 1995 el gobierno federal anunció que serían puestas a la venta 61 plantas petroquímicas. Pocos días después, en la ceremonia oficial del aniversario de la expropiación petrolera el 18 de mismo mes, el líder nacional del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, manifiesta el rechazo del gremio a la privatización, lo que es refrendado en la publicación de un desplegado de prensa firmado por los 36 secretarios generales de las secciones petroleras. 782
A finales de julio de 1995 el vocero oficial de Pemex en la región sur de Veracruz, Rafael Marquet Martínez de Escobar, informó que en vista del proceso de licitación de las plantas de petroquímica secundaria en los complejos Pajaritos, Morelos, La Cangrejera y Cosoleacaque, se había reiniciado la reestructuración de personal mediante la jubilación y liquidación de 30 empleados de los servicios médicos del corporativo en Nanchital, Minatitlán, Agua Dulce y el distrito El Plan de Las Choapas, y que los ajustes continuarían entre los trabajadores de confianza mientras que los sindicalizados solo serían reacomodados. Por su parte el ya para ese momento líder moral de la sección 11 y representante ante el consejo de administración de Pemex, Ramón Hernández Toledo, descartó que fueran a originarse nuevos despidos masivos ya que "estos se dieron durante 1992 y 1993", y confirmó que se realizarían "reacomodos" en los diferentes centros de trabajo de los complejos petroquímicos de la región, particularmente en las áreas de mantenimiento. 783 Sin embargo el 6 de septiembre Pemex anunció que se había iniciado la liquidación de 70 trabajadores, en su mayoría técnicos y empleados transitorios del régimen de confianza, que laboraban en los complejos petroquímicos Cangrejera, Pajaritos, Morelos y Cosoleacaque, al cancelarse las plazas que ocupaban. 784
La privatización afectaba la estructura sindical, ya que delegaciones o instalaciones hasta ese momento agrupadas en la sección podrían pasar a formar una nueva sección del sindicato petrolero, o del sindicato de la química y petroquímica, o a formar sindicatos de empresa y contar con contratos colectivos diversos en las plantas privatizadas. A la defensa del empleo, de las condiciones de trabajo y la exigencia de un manejo honesto de los bienes sindicales, se agregaba un problema nuevo: la división del patrimonio seccional común.
A la incertidumbre siguió el descontento y a principios de noviembre del mismo 1995 un nuevo grupo disidente de trabajadores llamado Liberación Democrática (LD) demandó un informe del comité seccional sobre el manejo de las cuotas sindicales y del estado financiero de las empresas creadas por la sección. En declaraciones a la prensa los dirigentes de LD, Alejandro Tenorio y Jaime Garrido, informaron que según sus cálculos, por cada camión de los 65 que prestaban el servicio de transporte de personal Pemex pagaba entre 150 y 200 mil nuevos pesos mensuales a la dirigencia seccional. La sección también era propietaria de dos tiendas de consumo, un cine, una gasolinera, la línea de transporte urbano, el mercado popular, el cementerio, la Purificadora de Agua Guadalupe Tepeyac que suministraba el líquido para consumo del personal en los complejos y oficinas administrativas, además de 13 ranchos que sumaban 10 mil hectáreas con personal de mantenimiento pagado por la empresa. Según los dirigentes de LD, el CEG del STPRM mañosamente se manifestaba en contra de la privatización, pero en el consejo de administración de Pemex se abstenía en las votaciones sobre la desincorporación. También afirmaron que la dirección nacional del sindicato pretendía prorrogar hasta el año 2000 la vigencia del CCT recién firmado con el fin de tener tiempo para llegar a un acuerdo con los nuevos dueños y mantener su coto de poder en la región. Durante la entrevista el dirigente de LD Jaime Garrido, quien había sido cercano colaborador de Chico Balderas, reveló que días antes del suicidio el viejo líder fue advertido por el gobierno de que "tenía tres opciones: encierro, destierro o entierro". 785
El descontento en el país con las medidas privatizadoras de Zedillo obligó a que la Subcomisión de Energéticos de la Cámara de Diputados realizara una serie de audiencias públicas, algunas de las cuales se realizaron en las localidades de Minatitlán y Coatzacoalcos en el mes de enero de 1996, en donde participó entre otros el dirigente de la sección 11, Ismael Uscanga Borbón, quien informó que en 1994 Pemex Petroquímica aumentó sus ingresos en 2 mil 169 millones de pesos -44 por ciento más en relación con 1993-, las ventas internas se incrementaron en 1 mil 354 millones de pesos y las exportaciones en 359. Los ingresos totales de 1993 fueron de 4 mil 912 millones de pesos, mientras que en 1994 fueron de 7 mil 81 millones de pesos. En este último año las ganancias netas fueron de 2 mil 300 millones de pesos, 12 por ciento mas que el año anterior.
En esos mismos días se conoció un documento realizado por trabajadores jubilados de la sección 11 del STPRM en el que manifiestan su oposición a la privatización, pero planteando que en caso de avanzar la propuesta gubernamental se debería dar prioridad a empresarios mexicanos obligándolos a ofrecer sus productos en el mercado nacional 40 por ciento abajo de los precios internacionales, además de comprometerse a mantener el mismo numero de trabajadores laborando en las plantas. También el líder del grupo LD, Jaime Garrido, declaró en los mismos días a la prensa que era casi un hecho que con la venta de los cuatro complejos petroquímicos de la zona se cancelaban en el corto plazo alrededor de 8 mil plazas eventuales para quedar operando solo con el personal de planta. Según el líder opositor la dirigencia seccional había permitido la violación del CCT al aceptar que más de 3 mil trabajadores en la sección no hubieran obtenido aún la planta, por lo que subrayó que con la trayectoria "oscura" de los líderes sindicales no se podía esperar una autentica defensa de los agremiados.
El día 23 del mismo mes de enero se conocieron las declaraciones a la prensa del líder de los más de 700 jubilados correspondientes a la sección 11, Jesús Griego Rosaldo, quién afirmaba haber sido electo desde octubre de 1994 y contar con la documentación que lo acreditaba como representante con el visto bueno de la empresa y la certificación de los representantes de los jubilados que le antecedieron, a pesar de lo cual el anterior líder seccional Ramón Hernández Toledo manipuló al gremio para imponer como representante de los jubilados a Cesar Valencia Medina, incondicional del líder seccional y a quién era posible manejar "para exprimir los fondos de retiro de los trabajadores". El mismo Griego Rosaldo informó que se presentó ante la JFCA una demanda contra el sindicato y la empresa por violaciones a las cláusulas 247 y 249 del CCT que se refieren al otorgamiento de pensiones por jubilación, exigiéndose también el pago de alrededor de 300 mil pesos en cuotas que la empresa tenía retenidas por "chantajes del sindicato", así como el reconocimiento del nuevo líder local de los jubilados por parte de la empresa y el sindicato. 786
En octubre de 1996 el gobierno federal retira su propuesta de venta de las plantas petroquímicas sustituyéndola por una propuesta de participación estatal mayoritaria (esquema 51/49) y reorganizando Pemex Petroquímica en nueve filiales con denominación jurídica de sociedad anónima de capital variable (SA de CV). En febrero de 1997 se iniciaba un proceso de “sustitución patronal” mediante el cual se fragmentaba el contrato único en la industria petrolera en nuevos contratos con nuevas condiciones para cada una de las empresas petroquímicas. En junio del mismo año se iniciaba la firma de los nuevos contratos. Ese mismo mes grupos de trabajadores de la sección 11 denunciaban a la prensa que a partir de la aplicación del programa de sustitución patronal en los complejos petroquímicos con vistas a su privatización, se violentaban los derechos de los trabajadores ante la indiferencia de las representaciones sindicales, razón por la cual se habían solicitado más de 400 amparos individuales en contra de las acciones de la empresa. 787
En diciembre del mismo año y con motivo de la liberación condicionada de La Quina en la ciudad de México, el ex-líder del grupo Liberación Democrática y en ese momento líder del Grupo Político Orientación Renovador (GPOR), Jaime Garrido Caballero, declaró a la prensa que la liberación del viejo dirigente fue obra del esfuerzo de su hijo y también diputado federal por el PRD, Joaquín Hernández Correa, quien a partir de ese momento "podrá dedicar más tiempo a otros menesteres". 788 A fines de 1997 Ismael Uscanga Borbon es reelecto para un nuevo periodo de tres años.
El programa de sustitución pactado entre Pemex y el sindicato dio lugar a la mutilación de una serie de prestaciones como el pago de gasolina, préstamos para viviendas, reparto de utilidades en el caso de liquidaciones, canasta básica y despensas. La restricción a estas prestaciones solo se aplicaba a los trabajadores de las unidades petroquímicas susceptibles de privatizarse, razón por la cual el 2 de julio de 1998 más de 1 mil 500 obreros de la sección 11 se manifestaron por las calles de la ciudad de Coatzacoalcos en contra de la privatización de la petroquímica secundaria y en demanda de la destitución del líder nacional, Carlos Romero Deschamps, por permitir la mutilación de las prestaciones contractuales en las filiales petroquímicas. 789
El 1 de febrero de 1999, en el marco de la fundación de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP), el vocero del Grupo Político Orientación Depurador, Edgar Tenorio Arellano, denunció que en la petroquímica Morelos más de 150 trabajadores habían interpuesto demandas por “el desplazamiento de sus derechos laborales”, así como por los continuos accidentes ocurridos en las instalaciones por las reducciones a las partidas presupuestales destinadas al mantenimiento. 790
A principios del mes de octubre del mismo 1999, el secretario general seccional, Ismael Uscanga, informó a la prensa que durante este año Pemex invertiría 40 millones de pesos para viviendas de más de mil trabajadores de la región de Coatzacoalcos y Nanchital. Según explico el líder sindical estos recursos –que formaban parte de las prestaciones pactadas en el CCT- se destinarían a la construcción, remodelación o ampliación de viviendas de sindicalizados de base y con al menos tres años de antigüedad, de los cuales alrededor de 400 ya habían recibido cheques por 35 mil pesos, mientras que otros 600 recibirían 45 mil pesos en lo que restaba del año. 791 Un año después, en octubre de 2000, el “líder moral” Ramón Hernández Toledo regresaba a ganar la secretaría general seccional al contabilizar 8 mil 574 votos contra 109 de sus opositores divididos en dos planillas encabezadas por David Montaño Concha y Alberto Barrios Martínez.
5. Resumen
16 conflictos en total de los cuales solo uno contra la autoridad por la privatización de la petroquímica hasta 1998, meses antes del anuncio de licitación y en realidad derivado del fallido esquema de asociación de la propiedad estatal con el capital privado (51 / 49) que implicó la división del CCT Pemex – STPRM en nuevos contratos colectivos para cada uno de los complejos en venta, mediante el proceso denominado de “sustitución patronal”, que no sindical ya que se mantuvo el monopolio de la representación. Los nuevos contratos obrero-patronales establecieron condiciones laborales diferenciadas y disminuyeron las obligaciones contractuales para una posible administración privada, traduciéndose esto en la mutilación de una serie de prestaciones para los trabajadores de los complejos petroquímicos. Del resto de conflictos obrero-patronales cinco son resultado de los despidos masivos de los cuales documentamos 5 mil entre 1989 y 1991, y otros 5 mil 65 entre 1992 y 1996. Un conflicto obrero patronal fue la acción de los trabajadores frente de los intentos de la empresa por evadir sus responsabilidades ante un accidente resultado de la falta de mantenimiento y reparación del equipo. De los conflictos intersindicales también dos son resultado de los intentos, en este caso del sindicato, por incumplir sus responsabilidades en la liquidación de fondos de ahorro, de vivienda y seguros médicos para los trabajadores despedidos. Dos más tienen que ver con procedimientos y atribuciones de los órganos sindicales en la designación de dirigentes. Otros dos se originan en acusaciones de corrupción. Finalmente uno por la acción penal en contra de un líder opositor acusado de daños y amenazas por el líder oficialista y otro por irregularidades en la venta de vivienda de “interés social” en el cual tanto la empresa, el sindicato y las autoridades se deslindan de responsabilidades en el asunto.
| Sección 11 | OP | IS | CA |
|---|---|---|---|
| Conflictos | 7 | 8 | 1 |
| 1991 | 1 (mar 91) |
1 (ago 91) 1 (oct 91 – mar 92) |
|
| 1992 |
1 (feb – sep 92) 1 (oct 92) |
1 (jul – sep 92) | |
| 1993 | 1 (mar – jul 93) | ||
| 1994 |
1 (ene – feb 94) 1 (may 94) |
1 (ene – feb 94) 1 (mar 94) 1 (nov 94) |
|
| 1995 | 1 (sep 95) | ||
| 1996 | 1 (ene 96) | ||
| 1998 | 1 (jun 97 – feb 99) | 1 (jul 98) |
Las demandas planteadas sumaron 27 y las solucionadas ocho de la cuales seis fueron los acuerdos de liquidación pactados con la empresa y el sindicato bajo la presión de los trabajadores despedidos movilizados, y las otras dos por la convocatoria a elecciones y la aceptación del sindicato para intervenir en el asunto de las irregularidades con las viviendas de los trabajadores. La mayor parte de las demandas planteadas se registraron en el conflicto intersindical siendo 10 de estas en torno a las elecciones de dirigentes y por los malos manejos de las finanzas sindicales, y el resto por el problema de la vivienda y la represión de los dirigentes oficialistas. Las demandas obrero-patronales en su mayoría son debidas a los despidos masivos así como a la falta de seguridad en las instalaciones que provocó una explosión con saldo de siete muertos, y a lo cual la empresa respondió intentando culpar a un funcionario menor que fue defendido por los trabajadores del departamento accidentado.
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | |||||||
| Sección 11 | OP | IS | CA | Total | OP | IS | Total | |
| DEMANDAS | 10 | 16 | 1 | 27 | 4 | 6 | 10 | |
| Jubilación | 1 | 1 | ||||||
| Seguridad instalaciones | 1 | 1 | ||||||
| Despidos / Recontratación | 2 | 2 | ||||||
| Liquidación | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| Contratación | 1 | 1 | ||||||
| Represión patronal | 1 | 1 | ||||||
| Vivienda | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Dirigentes | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Finanzas sindicales | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Represión sindical | 1 | 1 | ||||||
| C. Administración | 1 | 1 | ||||||
De las 137 acciones registradas casi el 75 por ciento corresponde a los conflictos intersindicales, y dentro de estos el 75 por ciento corresponde a las acciones directas de los trabajadores que incluyen el secuestro de 61 camiones de la cooperativa sindical, la quema de uno de ellos, la toma violenta en tres ocasiones y el bloqueo de las instalaciones seccionales, así como las movilizaciones y la difusión pública, combinadas con acciones legales como la negociación y los procedimientos legales en la JFCA y judiciales en la PGR, así como con acciones relativas a la vida sindical como el forcejeo por el control de las instalaciones sindicales y las asambleas electorales. En los conflictos obrero-patronales los trabajadores también realizan el mayor número de acciones fundamentalmente directas como el bloqueo de instalaciones, las movilizaciones y campañas de difusión pública. En el conflicto contra la autoridad registramos dos declaraciones a la prensa y se realizó una movilización contra la privatización y las mutilaciones contractuales resultado del convenio de “sustitución patronal” que el sindicato pactó con la empresa. Esta última en el conflicto obrero-patronal se limito a actuar directamente por medio de seis paquetes de despidos de 1992 a 1995 y a realizar en su caso revisiones administrativas individuales de las liquidaciones en litigio.
La burocracia sindical por su parte en el conflicto obrero patronal es obligada a encabezar dos movilizaciones de trabajadores en protesta por la explosión y sus victimas, para después justificar los despidos como “reacomodos” y acusar al PRD de manipular el descontento laboral. En el conflicto sindical los dirigentes oficialistas hacen uso de procedimientos judiciales ante la PGR, asisten a regañadientes a las negociaciones promovidas por el gobierno estatal y llevan a cabo acciones directas de difusión pública, movilización y acciones de fuerza contra opositores. También manipulan a su antojo los procedimientos electorales y desconocen unilateralmente al dirigente electo de los jubilados. Las autoridades estatales intervienen en los conflictos con los despedidos para obligar a las partes a negociar, prometiendo formar una bolsa de trabajo y mantener los servicios médicos por seis meses. Por otra parte la policía municipal interviene violentamente para romper una huelga de hambre en 1994. En los conflictos sindicales la actuación de las autoridades es similar: por una parte promueven la negociación y por la otra cumplen órdenes de aprehensión contra trabajadores opositores por secuestro de vehículos e instalaciones sindicales.
| Sección 11 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 102 | 8 | 18 | 9 | 137 |
| Legales | 7 | 8 | 3 | 8 | 26 |
| Directas | 91 | 9 | 1 | 101 | |
| V. Sindical | 4 | 6 | 10 | ||
| OP | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 |
| Legales | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| Directas | 14 | 2 | 1 | 17 | |
| V. Sindical | 1 | 1 | 2 | ||
| IS | 83 | 15 | 4 | 102 | |
| Legales | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| Directas | 74 | 7 | 81 | ||
| V. Sindical | 3 | 5 | 8 | ||
| CA | 3 | 3 | |||
| Directas | 3 | 3 |
XXII. Sección 26 de Las Choapas, Veracruz
En el momento del quinazo el secretario general de la sección era uno de los caciques más poderosos de la zona sur: Onésimo Escobar Gómez, a quien se le atribuía la frase de "mas vale ser un sinverguenza rico que un líder pobre", siendo de los pocos dirigentes que lograron mantenerse en el puesto, a pesar de que los trabajadores de su sección realizaron paros en repudio a la detención de Hernández Galicia. El viejo líder tenía 35 años de petrolero y siendo cabo de cuadrilla surgió a la vida sindical en 1970 al amparo del entonces secretario general seccional José Carmen Soberanis Pérez, a quien pocos años después sucedió en el cargo luego de su destitución por el CEG en medio de un escándalo de corrupción.
En 1976 y con el apoyo del entonces senador Sergio Martínez Mendoza -hombre fuerte de la sección 10 y ex-dirigente nacional petrolero-, Onésimo ganó la alcaldía de Las Choapas como candidato del PRI con un evidente fraude electoral, por lo que enfurecidos los seguidores del candidato opositor del PARM, Rafael Cámpos Gutiérrez, se apoderaron de palacio municipal durante un mes hasta que fueron desalojados por las fuerzas de seguridad pública del gobierno veracruzano, con saldo de decenas de heridos y la bandera nacional quemada por los policías.
Así Onésimo tomó posesión de la alcaldía, y a partir de entonces y durante 14 años, no solo impuso todos los alcaldes que le sucedieron, también designó los secretarios generales de la sección y todos los demás cargos seccionales, y a los dirigentes locales del PRI, CNOP, CNC, CTM, y de las asociaciones ganaderas y de comerciantes. Con el auge petrolero y la construcción de los complejos petroquímicos la sección 26 se convirtió en una de las más ricas del país, con lo que Onésimo manejaba a su antojo miles de millones de pesos producto de los negocios sindicales y la venta de plazas y turnos.
En 1983 Onésimo fue electo diputado local y un año después hizo una declaración patrimonial en la que manifestó bienes por 2 mil millones de pesos consistentes en un rancho agropecuario, varias fincas rurales y mansiones, una colección de relojes, un jet ejecutivo para uso particular, una colección de centenarios y diversas cuentas bancarias. Lo que no declaró -pero se denunció en la prensa- fue la propiedad de varias compañías contratistas con Pemex, equipos de fútbol y béisbol en Veracruz y Oaxaca, así como granjas para gallos de pelea y caballos de carrera.
En noviembre de 1984 policías municipales balacearon sin causa aparente a un joven estudiante causándole la muerte, lo que motivó las protestas de la población demandando castigo a los asesinos. Ante la falta de respuesta de las autoridades se realizó una concentración masiva demandando justicia, que intentó ser disuelta por la policía con disparos al aire. Esto enfureció a la población que en pleno motín saquea e incendia el palacio municipal, vehículos de limpia y patrullas, oficinas de Hacienda, así como las casas del presidente municipal y del en ese tiempo flamante diputado local Onésimo Escobar, quien estuvo en peligro de ser linchado. En auto desagravio Onésimo se construyó una mansión más grande cuyo costo fue de 1 mil millones de viejos pesos.
Esta sección contaba en 1982 con 4 mil trabajadores de planta que se distribuían en las localidades de El Plan en Veracruz, Cárdenas, Huimanguillo, San Manuel y Villahermosa en Tabasco, así como en la construcción del complejo petroquímico de Cactus, Chiapas cuyos trabajos más importantes terminaron alrededor de 1988, cuando se calculaba que la sección agrupaba a 30 mil de planta y transitorios. En febrero de 1989, en el congreso nacional donde se nombró a Sebastián Guzmán Cabrera para su primer periodo al frente del sindicato, la sección fue fraccionada y sus delegaciones en Cactus y Villahermosa integradas en la sección 48, mientras que los trabajadores de las oficinas administrativas de los complejos petroquímicos en Pajaritos, Cangrejera y Morelos eran incorporados a la sección 26.
1. Liquidación por la empresa y por el sindicato a los despedidos
El 10 de enero de 1989, al conocerse la detención de La Quina y de la dirección nacional del sindicato petrolero, los trabajadores de la sección 26 decidieron realizar un paro de labores en protesta que levantaron horas después ante las exhortaciones de quienes en ese momento se encontraban la frente del sindicato. Pasados los acontecimientos del quinazo y designada la nueva dirección nacional, a finales de febrero de 1989 un grupo de trabajadores de la misma sección enviaron varios escritos a la Presidencia de la República, a la Secretaria de Gobernación y al CEG del STPRM, demandando la destitución de Onésimo Escobar por fraude sindical en cuatro tiendas, equipo de construcción de carreteras por 50 mil millones de pesos, líneas de camiones y el rancho Santa Elena, propiedades de la sección. En la carta se calificaba al líder seccional de "cacique", responsable del paro del 10 de enero y saqueador del patrimonio sindical, y se preguntaban porque a la fecha no se había actuado en su contra, respondiéndose que se debía a que él y SGC eran originarios del Istmo de Tehuantepec (SGC de Tehuantepec, Oaxaca). Explicaban también en la carta que Onésimo acostumbraba dilapidar millones de pesos jugando a la baraja y utilizar para su servicio particular dos avionetas del sindicato. Como prueba del repudio a su cacicazgo citaban el episodio en el que su residencia fue saqueada y quemada por la población en 1984. 792
Las denuncias no surtieron ningún efecto. Meses después, en septiembre de 1989, la población se volvió a amotinar ante la salvaje golpiza que la policía local propinó a unos ciudadanos detenidos "por aliento alcohólico", volviendo a destruir y quemar la alcaldía, el ministerio público y el registro civil, así como vehículos oficiales de todo tipo. Ese día Onésimo decidió que era el momento de jubilarse. Días después del motín, SGC declaró a la prensa que "mi amigo Onésimo Escobar me ha dicho que desea retirarse a la vida privada". En Las Choapas trascendió que Onésimo maniobraba para dejar en su lugar a un incondicional: su cuñado, Nicasio Reyes Cruz, secretario del Interior o Francisco Brindis Ortiz, secretario del Trabajo. En lugar de Onésimo fue designado interinamente Nicasio Reyes Cruz, quién tendría que organizar las elecciones seccionales un año después. Días después de la renuncia de Onésimo se informó que el líder del MNP, Hebraicaz Vázquez Gutiérrez, fue reinstalado como trabajador de confianza en la Gerencia de Seguridad Industrial, por lo que se corrieron los rumores que la renuncia se debía a su regreso. 793
El 16 de noviembre de 1990 se realizó la elección seccional en la que fue designado nuevo secretario seccional el secretario del Trabajo del CEG durante los dos últimos periodos, Francisco Brindis Ortiz, quién fue postulado por la planilla "Solidaridad, Renovación y Cambio" obteniendo oficialmente 1 mil 027 votos de 1 mil 600 emitidos. El acto electoral estuvo sancionado por la presencia de los enviados del CEG Perfecto Aguirre Santiago y Jorge Pulido Avendaño, el inspector de la STPS, Luis Cárdenas Sandoval, y el notario público Honorato Alvarez Campos quién dio fe de la elección. Antes de la asamblea la policía había interceptado seis autobuses con trabajadores de las delegaciones impidiéndoseles llegar a la misma, que se armó sin quórum legal y con la votación de trabajadores transitorios a cambio de prebendas y con la promesa de otorgar plazas definitivas. Los dirigentes opositores, Alfredo Osuna Osuna y Miguel Cárdenas Madrigal, denunciaron la complicidad de SGC, Onésimo Escobar Gómez y Francisco Brindis en estos hechos con el fin de evitar una investigación sobre un fraude de 11 mil 075 millones de pesos en la finanzas sindicales. 794
Más de un año después, el primero de enero de 1992, 200 trabajadores transitorios y 40 de planta que habían sido despedidos en los campos petroleros de El Plan tomaron las instalaciones de la sección 26 en demanda de pago de indemnización por los años laborados. Los trabajadores, miembros del Grupo Unificador 18 de Marzo (GU-18), integrante del MNP, informaron a través de su vocero José Osuna, que a la mayoría de los trabajadores de planta despedidos sólo les faltaban unos días para jubilarse y que los transitorios venían laborando en forma interrumpida por más de 10 años, por lo que también habían presentado una demanda laboral en la JFCA. Osuna también informó que había dialogado con representantes del líder seccional, Francisco Brindis Ortiz, quienes les conminaron a abandonar la sede sindical cuanto antes. El 2 de enero se entregó el local sindical a cambio de integrar una comisión sindicato-despedidos para revisar las liquidaciones y su apego al CCT. 795
El 25 de septiembre del mismo año 1992 grupos de trabajadores pertenecientes al MNP y al PRD tomaron por varias horas el local de la sección exigiendo la no reelección del Francisco Brindis, a quien también demandaban rindiera cuentas del estado financiero de las propiedades del sindicato, además de la devolución de las cuotas sindicales y las aportaciones para el seguro de vida y vivienda que pagaron durante años los trabajadores que habían sido despedidos, según informó el vocero del GU-18 de Marzo, Alfredo Osuna. Como el líder seccional Brindis Ortiz se negara a dialogar con los inconformes, el 28 de septiembre el local seccional fue bloqueado quedando secuestrado adentro Brindis Ortiz y diez de sus seguidores, quienes demandaron la intervención del grupo móvil de la Dirección General de Seguridad Pública para desalojar a los trabajadores inconformes. Estos por su parte informaron a la prensa que seguirían con el bloqueo hasta la solución de sus demandas. Finalmente se llegó a un acuerdo comprometiéndose la dirección seccional a entregar un informe del estado financiero de las propiedades sindicales, así como estudiar cada uno de los casos de los despedidos para cubrir los adeudos que la sección pudiera tener con ellos.
Ese mismo mes Pemex informó que en El Plan se pagaron liquidaciones y gratificaciones a 164 trabajadores por 429 millones 821 mil pesos, mientras que 59 casos se declararon improcedentes. Dos meses después, en diciembre de 1992, se informó del despido de un número indeterminado de trabajadores en la clínica médica de Las Choapas. 796 En el mismo mes Brindis Ortiz se reelige al frente de la sección. Las otras partes del acuerdo -el informe financiero y la revisión contable de cada caso- se prolongaron por la larga tramitación, los meses pasaron y el 30 de septiembre de 1993, cuando el nuevo líder nacional Romero Deschamps se encontraba en Las Chopas como parte de un recorrido por las secciones de la zona sur de Veracruz, más de 150 trabajadores transitorios agrupados en el Movimiento Libertador Obrero "18 de Marzo" (MLO) sitiaron el edificio de la sección 26 exigiendo devolución de las cuotas sindicales y auditoria a los bienes de la sección. En el acto oficial (y también en el resto de la gira) Romero Deschamps afirmó que el problema de las cuotas se debía a un rezago desde 1990 en la entrega de más de 4 mil cheques por 15 mil nuevos pesos cada uno para apoyo de vivienda, según lo estipulado en la cláusula 154 del CCT; también dijo que el STPRM no cedería a presiones de grupos de transitorios ya que los únicos que podían demandar la devolución de cuotas eran los obreros de planta y los jubilados hasta dos años antes. 797
Ante la posición dura del sindicato más de 800 trabajadores transitorios representados por el MLO decidieron entregar una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del estado de Veracruz, quien les respondió que el caso era de competencia federal. A principios de diciembre los integrantes del MLO presentan la demanda ante la CNDH donde detallan el abuso a los derechos humanos de los trabajadores transitorios a quienes se obligó a realizar trabajos "voluntarios" o de "militancia" u "obras sociales" en los ranchos y talleres del sindicato petrolero con la amenaza de que si no lo hacían se les suspenderían los contratos de trabajo en la empresa. Según informó a la prensa el dirigente del MLO José Antonio García Chablé, los trabajadores inconformes demandaban ser indemnizados con lo obtenido por la venta de los inmuebles propiedad de la sección que fueron adquiridos con las cuotas y con el trabajo voluntario de los transitorios. 798
Un mes después, a principios de enero de 1994, otro grupo de 80 trabajadores transitorios deciden unirse al plantón que durante 14 días realizaron frente a las instalaciones de la Dirección General de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos más de 120 trabajadores de la sección 11 en apoyo a la huelga de hambre de 23 integrantes del FDOPS (ver sección 11). El 24 de enero se concluía la huelga de hambre, se levantaba el plantón y se devolvían cinco unidades de la cooperativa sindical de transporte retenidos por los participantes en el plantón. El acuerdo, logrado por la mediación del gobierno estatal, obligaba al sindicato al pago de un bono de retiro para los ayunantes de la sección 11 y la tramitación de las indemnizaciones para más de 150 despedidos de ambas secciones. 799
En la medida que los representantes de los inconformes siguieron demandando la devolución de las cuotas, las direcciones seccionales se negaron a tramitar las indemnizaciones, por lo que a principios de febrero de 1994 más de 3 mil trabajadores de las secciones 11, 16 y 26, integrantes del FDOPS volvieron a declararse en plantón durante 13 días en los que secuestraron más de 40 vehículos de la cooperativa de transporte sindical. Finalmente el 19 de febrero se firmó otro acuerdo en el que la empresa se comprometía a la instalación de módulos para revisar los expedientes individuales y fijar las indemnizaciones correspondientes; el sindicato tramitaría una aportación de Pemex para viviendas a trabajadores activos y jubilados; y el gobierno estatal aseguraría servicios médicos durante seis meses más a los despedidos, al tiempo que establecería programas de capacitación y una bolsa de trabajo. 800
A la par que se desarrollaba el movimiento del FDOPS los integrantes del MLO esperaban en vano la respuesta de la CNDH a su pliego de demandas, por lo que el primero de febrero del mismo 1994, 100 trabajadores toman por la fuerza el edificio de la sección 26 demandando a la empresa la indemnización completa para más de 1 mil despedidos; también demandan al sindicato devolución de cuotas, pago por la labor social realizada en ranchos e instalaciones sindicales, y auditoria a los bienes y recursos de la sección. Pemex por su parte se declara dispuesta a revisar bilateralmente con los trabajadores representados por el MLO los expedientes individuales, cuestión que se comienza a realizar con la mediación del gobierno estatal hasta que el día 19 de febrero, día en que se levanta el plantón del FDOPS en las oficinas de Pemex Petroquímica en Coatzacoalcos, el MLO decide suspender la revisión de los primeros 18 expedientes alegando que no se les reconocía beneficios como el pago de gas, trabajo insalubre y antigüedad. Según informó a la prensa el asesor del MLO (y ex-dirigente del GU-18) Alfredo Osuna, no regresarían a las revisiones ni devolverían las instalaciones sindicales hasta que la representación del gobierno estatal reconociera la justeza de las demandas.
El representante de la dirección general de Trabajo y Previsión Social estatal Alberto Pozos informó por su lado que “ante el empantanamiento jurídico laboral” el fallo correspondía a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por su parte el líder seccional Francisco Brindis Ortiz no acepta la mediación del gobierno estatal y se niega a reconocer ninguna responsabilidad con los transitorios despedidos. El 25 de febrero, aún con las instalaciones tomadas, el dirigente del MLO José Antonio García Chablé declara a la prensa que ante la intransigencia de la dirección seccional mantendrían la toma de las instalaciones sindicales. 801
A principios de marzo el secretario de Gobierno estatal, Miguel Angel Yunes Linares logra que Brindis Ortiz firme en la ciudad de Xalapa una minuta que lo compromete por enésima vez a llegar a un acuerdo con los inconformes, y también por enésima vez el líder seccional se niega después a negociar nada. La toma de las instalaciones se alarga y empiezan las diferencias entre los dirigentes del MLO García Chablé por una parte y Miguel Angel Tonchez Jiménez e Isidro Morales López por la otra. Así las cosas a finales de marzo y después de 59 días, los trabajadores son desalojados del edificio sindical por la fuerza pública municipal y estatal.
El 14 de abril de 1994 el dirigente del MLO, José Antonio García Chablé, junto con el dirigente del FDOPS, Jesús Gómez Rey, anunciaba en la ciudad de Coatzacoalcos la formación de la Coalición Regional de Ex-Petroleros que, según los dirigentes, agrupaba a más de 1 mil despedidos del sur de Veracruz. 802 Un mes después, el 18 de mayo, Juan Antonio García Chablé anuncia su renuncia a la dirección del MLO por "la inmadurez de las exigencias que los compañeros me hacen", informando también que las actividades políticas en el PRD "me dejan muy poco tiempo". No desaprovechó la ocasión para acusar a sus ex-compañeros Tonchez Jiménez y Morales López de "traición" y "complicidad" con Brindis Ortiz. Respecto al movimiento de febrero-marzo afirmó que "nada se había logrado por la cerrazón del sindicato y del gobierno estatal". 803
En octubre del mismo 1994 se realizaron elecciones seccionales quedando al frente del comité ejecutivo local Nicasio Reyes Cruz, quien concluye su gestión sin conflictos conocidos y poco después es electo presidente municipal de Las Choapas. En el cargo de secretario general seccional para el periodo 1997-2000 es designado Narciso Ferris Valdez.
2. Movimiento de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera
En febrero de 1998 el dirigente nacional Romero Deschamps y el secretario del Interior del STPRM, Fernando Pacheco, solicitan formalmente a Pemex la conversión a plazas definitivas de las plazas contratadas durante los últimos cinco años como “labores extraordinarias” en el Distrito Cárdenas y sus áreas San Manuel, Roberto Ayala y Huimanguillo, en Tabasco, correspondientes a la sección 26. El 3 de septiembre de 1998 los mismos directivos sindicales continúan las gestiones con la empresa logrando la conversión de un mil 252 plazas extraordinarias y por obras determinadas en plazas definitivas, de las cuales 879 corresponderían al Distrito Cárdenas, 69 al centro San Manuel y 304 al Sector Operativo El Plan en Las Choapas. El 27 de diciembre de 1998 se realizó una asamblea extraordinaria seccional, a la que asistió el dirigente nacional petrolero para informar que se habían conquistado 304 plazas definitivas para otros tantos trabajadores transitorios en El Plan, las cuales se deberían empezar a tramitar en marzo de 1999.
Durante los meses siguientes fueron asignadas las plazas correspondientes al Distrito Cárdenas y al centro San Manuel, mientras que las del sector El Plan permanecieron sin que se realizara ningún trámite al respecto. Por esto el 11 de junio de 1999 cientos de trabajadores petroleros de planta, transitorios y jubilados, integrantes de la recientemente creada (abril de 1999) Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera Asociación Civil (UTIPAC), realizaron un plantón frente a las oficinas de la sección 26 en Las Choapas para manifestar su inconformidad con la actitud asumida por el líder seccional Narciso Farris de negarse a la adjudicación de las plazas a quienes tenían el derecho de cubrirlas. En el acto los trabajadores denunciaron irregularidades en el manejo de las cuotas sindicales y de los recursos generados por la venta de inmuebles y la renta de un hotel, un cine y una tienda abarrotera propiedad de la sección. También afirmaron que la asignación de las plazas en Cárdenas y San Manuel se realizó privilegiando a incondicionales y familiares de los directivos sindicales.
El 16 de junio de 1999 se realizó otro acto frente a las oficinas sindicales en donde se pidió la renuncia de la directiva seccional y la realización de una asamblea extraordinaria. El 17 del mismo mes una comisión de representantes de cada departamento dirige un escrito al secretario seccional demandando la inmediata basificación de las 304 plazas autorizadas. Narciso Ferris citó a los representantes para el 13 de agosto en las instalaciones sindicales. El día acordado Ferris no se presentó a la cita, por lo que más de 50 trabajadores presentes decidieron instalar en el estacionamiento del local un plantón permanente hasta que el dirigente seccional accediera a negociar con ellos. A la medianoche de ese mismo día se presentaron al local el líder seccional Narciso Ferris y el viejo dirigente –y en ese momento secretario del Trabajo del CEG- Francisco Brindis Ortiz, quienes en estado de ebriedad interpelaron a los trabajadores en plantón.
Días después Ferris viajó a la ciudad de México y a su regreso declaró a la prensa que junto con Francisco Brindis se había entrevistado con el subdirector administrativo de Pemex, Julio Pinter, y con el director de Pemex Exploración y Producción, Jorge Chávez, por lo que el problema estaba en manos de la empresa, aunque ellos continuarían realizando gestiones. Mientras tanto los trabajadores de la UTIPAC publicaban en la prensa local un desplegado avisando “al pueblo choapense” la toma de las instalaciones de la sección 26 y solicitando el apoyo de la población para con su lucha; también dirigieron un escrito al presidente Zedillo solicitando su intervención en el conflicto, ya que de otra manera se verían “en la penosa necesidad de pedir apoyo a otro partido político”, lo que hasta ese momento no habían hecho.
Los días pasaban sin que se vislumbrara ninguna solución. El plantón se sostenía gracias a la activa participación de las esposas y familiares de los trabajadores, quienes cubrían las guardias durante los horarios de trabajo. Contaban también con la solidaridad de los locatarios del mercado, la parroquia, los jóvenes y la población de Las Choapas. La demanda laboral ante la JFCA se tramitaba por medio de un abogado en Coatzacoalcos. Un apoyo fundamental lo recibieron de las organizaciones no gubernamentales Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) e Integra, quienes hicieron posible la difusión del conflicto en la prensa y espacios locales y nacionales, al tiempo que desarrollaban un amplio trabajo de integración comunitaria y capacitación en la defensa de los derechos humanos.
Los trabajadores en plantón acusaban a las direcciones seccional y nacional de negligencia, ineficacia y abandono, denunciando que existían trabajadores con antigüedad laboral suficiente para alcanzar la jubilación y que hasta ese momento seguían sin basificación. El 17 de agosto se presentaron en las instalaciones sindicales agentes judiciales estatales encabezados por el subprocurador de la zona sur, Gerardo Mantecón Roló, para informarse acerca de un supuesto “deterioro” del local sindical, hecho lo cual se retiraron. A finales del mismo mes Víctor Manuel Meneses de los Santos, representante de 304 trabajadores transitorios -con antigüedad laboral de uno a 27 años- denunció a la prensa la venta de plazas y los criterios “discrecionales” para la asignación de estas por parte del líder seccional Ferris Valdez en detrimento de los derechos de los transitorios.
El 13 de septiembre los trabajadores deciden enviar a la ciudad de México una representación para realizar gestiones en la sede nacional del sindicato y solicitar la intervención del Senado de la República, regresando días después sin haber avanzado mucho. El 15 de septiembre los trabajadores realizan la ceremonia del “grito de independencia” en el lugar del plantón, donde se suscita un incidente ante la pretensión de los directivos sindicales de sacar los aparatos de sonido de las instalaciones sindicales para la ceremonia oficial en el Palacio Municipal, lo que es rechazado por los trabajadores. A finales de este mes se denuncia que los jefes de departamento y personal presionan a los eventuales en plantón amenazándolos con negarles nuevos contratos temporales.
El 25 de septiembre se realiza una reunión gestionada por el subsecretario de Gobernación de Veracruz, José Luis Utrera, a la cual no asiste (a pesar de haberse comprometido a ello) ningún representante de la empresa. Ahí los directivos sindicales Narciso Ferris y Francisco Brindis no presentaron ninguna respuesta por escrito (a la que también se habían comprometido) a las demandas de los trabajadores, limitándose a realizar promesas y solicitarles la devolución de las instalaciones con el argumento de que allí se encontraba la documentación necesaria para continuar las gestiones con la empresa. Estando así las cosas la reunión fracasó. Una semana después la directiva seccional presentó una demanda por despojo ante el ministerio público en contra de los trabajadores de la UTIPAC. El 5 de octubre comparecen ante las autoridades judiciales nueve trabajadores en plantón, los cuales son interrogados acerca de los dirigentes del movimiento y sus “vínculos” con el PRD.
El movimiento de la UTIPAC permitió que afloraran otras disidencias internas en la sección 26. En una entrevista publicada por la prensa local el 17 de octubre, un grupo de trabajadores de planta encabezados por Alfredo Barbosa Enríquez (ex-secretario de Ajustes del comité seccional), Pericles Díaz (ex-secretario de Previsión Social), Estela Paz, David García y Elizabeth Hernández, denunciaron que ante su solicitud de una asamblea informativa de los más de dos mil miembros de la sección para informar sobre la situación de los bienes sindicales, la directiva seccional respondió aprovechando un accidente de trabajo para acusar a Alfredo Barbosa de “sabotaje” y solicitar la rescisión de su contrato, lo cual se impidió por un dictamen técnico favorable al acusado, aunque tuvo que aceptar que en su expediente apareciera un “enérgico llamado de atención”. En la entrevista los trabajadores denunciaron que en una camioneta de último modelo que se hallaba inmovilizada en las instalaciones seccionales, se encontró que los documentos la acreditaban como propiedad de la comisionada sindical y también representante del Consejo de Integración de la Mujer del PRI, Rosa Rueda Ramos, no obstante que el vehículo había sido comprado con fondos de la sección. Otros bienes del sindicato de los que se pedía un informe eran un hotel, una tienda de abarrotes y un cine.
Desde principios de octubre las instalaciones sindicales habían sido privadas de energía eléctrica y de agua potable con el argumento de adeudos por parte de la sección. El 18 de octubre son dictadas órdenes de aprehensión en contra de los trabajadores Santos Infanzón, Norberto López, Irán Hidalgo, Luis F. Ramírez, Víctor Manuel Meneses, Guadalupe Urgell, Emmanuel Antillón, Carlos García y Olimpo R. Aguillón. El agente del ministerio público encargado del caso era Miguel Angel Piña Lara, yerno del fallecido cacique de la sección 11 de Nanchital, Francisco “Chico” Balderas. Ese mismo día la UTIPAC realiza una manifestación de apoyo a los inculpados que es ampliamente apoyada por la población de Las Choapas, asistiendo alrededor de 700 personas, al mismo tiempo que se tramitan amparos contra las órdenes judiciales por parte del Centro Pro de Derechos Humanos.
La marcha de la UTIPAC realizó dos mítines durante su recorrido, uno frente a la agencia del ministerio público en donde exigieron imparcialidad por parte del funcionario Miguel Angel Piña, a quien acusaban de seguir una “línea de ataque” trazada por el diputado federal por el PRI y “guía moral” de la sección 11, Ramón Hernández Toledo; el otro mitin se realizó frente a la alcaldía, en donde exigieron al presidente municipal, Nicasio Reyes Cruz, que actuara más allá de sus intereses personales e interviniera buscando la solución pacífica y dialogada. Reyes Cruz en ese momento también ocupaba el cargo de presidente del consejo de vigilancia local y había sido secretario general provisional de la sección 26 luego de la renuncia del viejo cacique Onésimo Escobar en octubre de 1989.
Terminada la marcha los dirigentes de la UTIPAC, Adrián Antillón Vidal, Víctor Meneses, Manuel Vasconcelos, así como el coordinador del Cereal, Carlos Rodríguez, declararon a la prensa nacional que los directivos sindicales, que también eran funcionarios del PRI -el hermano de Narciso Ferris, Abel, era en ese momento presidente del comité municipal priísta-, habían comprometido los votos de los sindicalizados en favor del precandidato a la presidencia de la República, Francisco Labastida, razón por la cual les urgía recuperar el local sindical para ocuparlo de centro de distribución de propaganda hacia las comunidades y ejidos, siendo esto lo que explicaba que se persiguiera judicialmente a los disidentes. En un intento de desinformación, un día después de la marcha estaciones de radio locales afirmaban que ésta había sido convocada “por la directiva seccional preocupada en encontrar soluciones a los problemas laborales”. 804
Ante el acoso judicial los trabajadores buscaron apoyo en los senadores Rosalbina Garavito del PRD, y Ricardo García Cervantes del PAN. Este último, ante el pleno del Senado del 23 de octubre señaló que las autoridades administrativas de Pemex y la dirigencia nacional del sindicato habían desatendido “y hasta exacerbado” el conflicto laboral y sindical, por lo que exigió al senador priísta Carlos Romero Deschamps dar una solución que evitara la encarcelación de los dirigentes de los trabajadores transitorios en plantón. A su vez los dirigentes disidentes Víctor Meneses y Luis Ramírez, anunciaron que entregarían una denuncia ante la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, en su próxima visita al país, al mismo tiempo que solicitaban la intervención de la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos. El 7 de noviembre fue decretada por el juez tercero de primera instancia en Coatzacoalcos la no procedencia de la acusación judicial en contra de los nueve dirigentes de los transitorios en plantón, después de una gran presión de la población de Las Choapas, organizaciones no gubernamentales, la ANDTP (de la que formaba parte la UTIPAC) y de la extensión de la lucha por la basificación de plazas a la vecina sección 22 del municipio de Agua Dulce (donde más de 400 transitorios tomaron las instalaciones sindicales a principios de noviembre) y a la sección 34 del Valle de México (ver capítulos respectivos). 805
Sin embargo el conflicto permaneció sin solución durante los dos meses siguientes, negándose la directiva sindical a realizar la asignación de plazas de acuerdo al escalafón y pretendiendo integrar una lista de incondicionales con menos de un año de antigüedad, varios de los cuales ni siquiera vivían en la localidad, buscándolos Narciso Ferris incluso en los EUA, según denunció en un comunicado de prensa la UTIPAC el 8 de enero del 2000, cuando se cumplían 150 días del plantón y ocupación de la sede sindical. En el documento se reproducía un oficio en el que Pemex autorizaba las plazas a la sección sindical, por lo que la directiva sindical ya tenía un convenio con la empresa para la asignación, pero ponía como condición previa para hacerlo público la entrega de las instalaciones sindicales.
En el mismo mes de enero el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, concertó una reunión de las partes en Xalapa con la presencia conciliadora del secretario de Trabajo estatal, Fernando Charlestón Salinas. La reunión se realizó con el secretario del Trabajo del CEG, Francisco Brindis Ortiz, habiéndose acordado que la UTIPAC entregaba las instalaciones siempre y cuando se anexara al acta respectiva el convenio firmado entre el sindicato y la empresa en el cual se autorizaba la basificación de 304 plazas. En una reunión celebrada en Las Choapas el 30 de enero para firmar el acuerdo, Francisco Brindis se negó a entregar el convenio firmado con Pemex, por lo que después de una gran discusión hasta altas horas de la noche, las pláticas se volvieron a romper, lo cual fue informado a la prensa por el dirigente de la UTIPAC Santos Infanzón. 806
Finalmente el 3 de febrero del 2000 se firmó el acuerdo mediante el cual se autorizaba la basificación de 304 empleados, algunos con más de 20 años de antigüedad. El compromiso fue avalado por el gobierno de Veracruz y dejaba sin efecto las denuncias de carácter penal y civil en contra de los petroleros de la UTIPAC, quienes se comprometieron a la entrega de las instalaciones tomadas desde el 13 de agosto de 1999, la cual se dio en medio del jubiló de los trabajadores y sus familias por el triunfo obtenido después de casi seis meses de plantón y toma de las instalaciones. 807
Meses después, en octubre de 2000, se realizaron las elecciones seccionales, en las que la coalición oficialista se dividió en dos planillas, la encabezada por el dirigente saliente Narciso Ferris, que solo logró obtener 288 votos, mientras que la encabezada por Salvador Zamora Ayala obtuvo 612 votos que fueron suficientes para ganar la elección. La oposición por su parte también se dividió en dos planillas, la encabezada por Guadalupe Mendoza Castillejos que obtuvo 419 votos, y la encabezada por Mario Toledo Toledo que obtuvo 305 votos, mientras que 454 trabajadores se abstuvieron de votar.
3. Resumen
Un total de 11 conflictos laborales de los cuales cuatro son obrero-patronales y al mismo tiempo intersindicales, porque el asunto de las liquidaciones para los transitorios despedidos (1 mil 240 en la sección) no solo competía a la empresa sino también al sindicato, tanto en su responsabilidad formal de gestor de contabilidades justas para sus agremiados, como en su papel de intermediario en la contratación de trabajadores transitorios a los cuales cobró cuotas de membresía, seguro de vida, fondo de vivienda y otros descuentos al salario, además de obligarlos a realizar “labor social” en la construcción de edificios e instalaciones que después fueron vendidos junto con otros bienes sindicales sin dar cuentas a nadie. Otro conflicto que implicó directamente a la empresa y al sindicato fue el de la UTIPAC por impedir que 304 nuevas plazas de planta negociadas por el sindicato fueran asignadas por la dirección seccional a incondicionales pasando por encima de los derechos de trabajadores transitorios con más de quince años de antigüedad. Del resto de los conflictos intersindicales uno es por acusaciones de corrupción a la dirección oficialista y otro por la imposición de una nueva dirección seccional a través de una asamblea a la que se negó acceso a la oposición. El conflicto contra la autoridad se expresó en los paros de labores que los trabajadores realizaron el día en que fueron detenidos los dirigentes nacionales encabezados por La Quina .
| Sección 26 | OP | IS | CA |
| Conflictos | 4 | 6 | 1 |
| 1989 | 1 (feb 89) | 1 (ene 89) | |
| 1990 | 1 (nov 90) | ||
| 1992 | 1 (ene – sep 99) | 1 (ene – sep 99) | |
| 1993 | 1 (sep 93 – mar 94) | 1 (sep 93 – mar 94) | |
| 1994 | 1 (ene – feb 94) | 1 (ene – feb 94) | |
| 1999 | 1 (jun 99 – feb 00) | 1 (jun 99 – feb 00) |
Registramos un total de 24 demandas planteadas de las cuales solo dos fueron solucionadas en el conflicto obrero patronal: la asignación de las nuevas plazas definitivas a los transitorios del sector El Plan en 2000, y la revisión de las contabilidades individuales de liquidación en 1992. El resto de las demandas de revisión de liquidación no fueron atendidas, especialmente las dirigidas al sindicato para la devolución de cuotas, descuentos, pago de “labor social” realizada, y participación en lo obtenido por la venta de los bienes de la sección. Las otras demandas sindicales eran por la no reelección y renuncia de dirigentes corruptos, cese de la venta de plazas por parte del CES, rendición de cuentas sobre los bienes seccionales, y el cese de las presiones a los trabajadores para que votaran por Labastida en la elección interna del PRI y en los comicios federales.
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | ||||||
| Sección 26 | OP | IS | CA | Total | OP | Total | |
| DEMANDAS | 4 | 19 | 1 | 24 | 2 | 2 | |
| Plazas definitivas para transitorios | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Liquidación | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | ||
| Dirigentes | 2 | 2 | |||||
| Finanzas sindicales | 7 | 7 | |||||
| Represión sindical | 1 | 1 | |||||
| Represión autoridades | 1 | 1 | |||||
En total 95 acciones dentro de los conflictos registrados de los cuales las dos terceras partes corresponden a los obrero-patronales que podemos dividir en dos períodos: los movimientos por liquidaciones justas encabezados por los grupos cercanos al MLN (GU-18 y MLO) entre 1992 y 1994, y la lucha por la asignación de las plazas definitivas a los transitorios con derechos encabezada por la UTIPAC entre 1999 y 2000. En ambos períodos el conflicto obrero patronal es al mismo tiempo intersindical, tanto por la exigencia al sindicato de tramitar la revisión de las liquidaciones, como por los adeudos sindicales reclamados por los transitorios despedidos. Es por esto que el número de acciones de todos los contendientes es mayor en los cuatro conflictos obrero-patronales que en los seis intersindicales.
Las acciones legales constituyen la quinta parte del total, la mayoría de las cuales fueron realizadas por las autoridades estatales combinando la negociación (que incluía la “oferta” de seis meses más de servicios médicos a los despedidos y sus familias) con procedimientos judiciales (como el desalojo por la fuerza pública de instalaciones sindicales y la orden de aprehensión para los dirigentes de los trabajadores) y medidas administrativas (como el corte de servicios de agua y luz al local sindical por parte del ayuntamiento oficialista, y el retraso en las indagaciones de la JFCA). Por parte de los trabajadores las acciones legales consistieron en la solicitud de intervención de autoridades laborales y políticas y la tramitación de amparos contra la acusación de despojo realizada por la burocracia sindical.
Las acciones directas son la mitad del total, la mayoría de las cuales las realizan los trabajadores en campañas de difusión y denuncia pública, movilizaciones y plantones y (sobre todo en el conflicto de la UTIPAC) con una red de alianzas y solidaridad con organizaciones no gubernamentales. Las acciones directas de la burocracia sindical las realizó por medio de campañas de difusión y desinformación pública, así como de la manipulación de los procedimientos y trámites de liquidación y contratación. Las acciones directas de la empresa consistieron en tres paquetes con alrededor de 1 mil despedidos, fijar unilateralmente los montos de liquidación en dos ocasiones y presiones contra los trabajadores demandantes.
Las acciones relativas a la vida sindical representan más de la cuarta parte del total, la mayoría de las cuales las realizan los trabajadores por medio de la participación en la formación de corrientes sindicales locales (GU-18, MLO, UTIPAC), regionales (FDOPS) y nacionales (MNP y ANDTP), y también de acciones de fuerza como el secuestro de dirigentes y vehículos sindicales y la toma de instalaciones sindicales en seis ocasiones. La burocracia sindical por su parte hizo uso de sus tradicionales formas de imposición de dirigentes seccionales y de encubrimiento de los actos de corrupción de estos. La empresa por su parte interviene en la vida sindical al reinstalar en 1989 en un cargo administrativo al máximo dirigente del MNP, una de las dos principales corrientes nacionales antiquinistas tradicionales (junto con el MPI-LC).
| Sección 26 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 52 | 7 | 24 | 12 | 95 |
| Legales | 8 | 5 | 1 | 12 | 26 |
| Directas | 26 | 1 | 15 | 42 | |
| V. Sindical | 18 | 1 | 8 | 27 | |
| OP | 31 | 6 | 18 | 10 | 65 |
| Legales | 5 | 5 | 1 | 10 | 21 |
| Directas | 17 | 1 | 14 | 32 | |
| V. Sindical | 9 | 3 | 12 | ||
| IS | 20 | 1 | 6 | 2 | 29 |
| Legales | 3 | 2 | 5 | ||
| Directas | 8 | 1 | 9 | ||
| V. Sindical | 9 | 1 | 5 | 15 | |
| CA | 1 | 1 | |||
| Directas | 1 | 1 |
XXIII. Sección 22 de Agua Dulce, Veracruz
En 1982 la sección 22 agrupaba a 2 mil 861 trabajadores la mayor parte de los cuales se localizaban en el distrito petrolero de Agua Dulce; también contaba con delegaciones en la zona de Paraiso-Dos Bocas (26 trabajadores) y Ciudad del Carmen, Campeche (584 trabajadores). A mediados de los años ochenta se construye el puerto de altura de Dos Bocas y durante el año y medio que duraron las labores la empresa ocupó a 20 mil obreros. Durante la XIX convención nacional de noviembre de 1987 -donde se designó a Salvador Barragán Camacho como secretario general- la delegación de Ciudad del Carmen fue convertida en sección 47. En la XX convención nacional de enero de 1992 -donde Sebastián Guzmán Cabrera se reeligió al frente del STPRM- la delegación de Paraiso-Dos Bocas fue convertida en sección 50. Desde los años sesenta y por más de 30 años la sección 22 estuvo sometida al cacicazgo de los hermanos Hiram y Roberto Ricárdez Orueta, el último de los cuales era secretario seccional en el momento del "quinazo", siendo de los pocos líderes sindicales locales que no tuvo que renunciar perentoriamente a su cargo.
1. Democratización de la sección y basificación de plazas transitorias
transitorias
Desde 1989 se llevaron a cabo despidos de personal en la sección. En julio del mismo año el presidente municipal de Agua Dulce, Sebastián Rodríguez Santos, informó a la prensa que Pemex había despedido 200 trabajadores en las instalaciones locales, causando severos daños a la economía de la región. 808 El 24 de abril de 1990 cerca de 200 trabajadores transitorios que laboraban en el puerto petrolero Dos Bocas secuestraron al delegado seccional Sergio Martínez Castillo junto con 17 personas más en demanda de plazas definitivas y la renuncia de Martínez. Los transitorios encabezados por el Frente de Lucha Revolucionaria Emiliano Zapata (FLREZ) rodearon el local de la delegación en Paraíso, Tabasco y cerraron con cadenas todos los accesos, aunque permitieron que los familiares de las seis mujeres y 12 hombres empleados del sindicato secuestrados les llevaran alimentos. Desde el interior del local Martínez se comunicó telefónicamente con la prensa informando que el secretario general seccional, Roberto Ricárdez Orueta, había solicitado a las autoridades "auxilio para que se les rescatara", ya que a pesar de sus intentos, los inconformes no querían pactar con él. La delegación Paraíso-Dos Bocas de la sección 22 agrupaba en ese momento a 400 trabajadores de planta y 700 transitorios.
Dos días después el dirigente del FLREZ Luis Baltazar Rey Solano Díaz exigió la creación de una nueva sección sindical como condición para liberar al delegado y los 16 empleados. Solano explicó que el movimiento se inició por la gran corrupción imperante en la sección, donde las plazas de transitorios se cotizaban a 500 mil pesos y las fichas para trabajar en 1 millón de pesos, habiendo negociado personalmente el delegado Martínez 100 de 300 plazas que recientemente se habían autorizado para Dos Bocas. Informó también que contaban con el apoyo de los trabajadores de planta a la demanda de separarse de la sección 22. Por su parte el agente del Ministerio Público local anunció el inicio de la averiguación previa en contra de los disidentes por secuestro y ataques a las vías de comunicación. El 27 de abril, y luego de 5 días de permanecer secuestrados, fueron liberados el delegado y los 16 empleados. Según declararon a la prensa los dirigentes del FLREZ Luis Baltazar Rey y Cruz Castillo García, el acuerdo se logró por la intervención del presidente del Consejo de Vigilancia del CEG, Pablo Pavón Vinales, quien obtuvo la renuncia de Martínez Corona y se comprometió a estudiar la creación de una nueva sección para Dos Bocas. 809
Ante la falta de representante, el CEG nombró a 2 funcionarios para administrar el CCT en la delegación Dos Bocas. El 17 de mayo el líder nacional SGC asistió a una reunión en el cine de Paraíso, en donde se comprometió a que en 30 días se entregarían las 400 plantas a los trabajadores de mayor antiguedad en la delegación. Al concluirse el plazo y no otorgarse ninguna plaza, el 24 de junio de 1990 el FLREZ secuestró a los enviados del CEG, Antonio Calderón y Carlos Hernández, para exigir que SGC cumpliera sus promesas. Los representantes de los trabajadores de planta en Dos Bocas, René Pérez y Juan Barrera, se entrevistaron con los líderes del FLREZ Luis Baltazar y Roberto Domínguez, solicitándoles que devolvieran las instalaciones de la delegación, cuestión que fue rechazada. Los líderes del FLREZ negaron que los funcionarios estuvieran secuestrados, pero no permitían que hablaran con la prensa.
En los siguientes días la dirección seccional llevó a cabo acciones intimidatorias contra los trabajadores adueñados de las instalaciones sindicales como disparos al aire, rondines con golpeadores armados, movilización de trabajadores de otras secciones. También se presentó una denuncia penal por los delitos de secuestro, asociación delictuosa, amenazas de muerte, ataque tumultuario y vejaciones. El 27 de junio el CEG del STPRM publicó una carta abierta en la prensa local, donde protestaba por la privación de la libertad de los enviados de la dirección nacional y pedía se acelerara la denuncia judicial contra los secuestradores. Días después el local sindical era entregado y los funcionarios del CEG liberados mediante el compromiso de que se atenderían las demandas de los trabajadores. 810
En el mes de septiembre del mismo año 1990 se publicó en la prensa nacional un desplegado firmado por los dirigentes del Grupo 1 de Mayo (G-1) de la sección 22: Robespierre Caoz Zapata, presidente; Selin Amezquita Martínez, vicepresidente; y Jesús Chable Cordova, asesor; entre otros, en el que denuncian los malos manejos de los dirigentes de la sección, los hermanos Roberto e Hiram Ricárdez Orueta, quienes formaban “un cacicazgo que llevaba ya 32 años de controlar la sección”, por lo que solicitaban su remoción y una investigación por enriquecimiento ilícito. También demandaban el otorgamiento de plazas de planta vacantes y extraordinarias para los trabajadores con derecho a ellas. Los firmantes del desplegado denunciaban de que para darles trabajo en la refinería, se obligaba a los trabajadores a trabajar sin pago en los ranchos o casas de los líderes, por lo que solicitaban la intervención del presidente Salinas, del gobernador de Veracruz, del secretario de la STPS, del director de Pemex y del secretario general del STPRM. Al mismo tiempo que se publicaba el desplegado, los trabajadores transitorios integrantes el G-1 se posesionaban de las instalaciones seccionales en la localidad de Agua Dulce, anunciando que no las entregarían hasta que se les autorizaran 160 plazas definitivas a transitorios y renunciaran los hermanos Ricárdez Orueta, a quienes el líder nacional SGC había apoyado y tolerado corruptelas.
El 19 de septiembre, después de 5 días de tomadas las instalaciones sindicales, se anunció que el CEG había acordado la destitución y jubilación de los dirigentes sindicales Roberto e Hiram Ricárdez Orueta, la designación de una comisión que administraría el CCT en la sección 22 -integrada por Antonio Hernández Lorenzo, Tomás Taracena Hernández, Alfredo Rebolledo y Andrés Cobos- y la convocatoria de elecciones seccionales para diciembre del mismo año. Según el líder del FLREZ en Dos Bocas, Luis Baltazar Rey Solano, contra los hermanos Ricárdez Orueta existían varias denuncias penales por venta de plazas y fichas, agresiones, abuso de confianza y fraude, así como 150 actos laborales ante la JFCA. El G-1 entregó el local sindical a la comisión que administraría el CCT, al tiempo que informó del otorgamiento de 800 plazas vacantes para trabajadores transitorios, así como la promesa de que el CEG gestionaría la conversión de las plazas extraordinarias en definitivas, para el resto de los trabajadores miembros del Grupo 1 de Mayo. 811
Una vez autorizado el proceso electoral mediante voto secreto, universal y directo, el 15 de diciembre de 1990 se presentaron 4 planillas, resultando electo secretario seccional el integrante del disidente Movimiento Nacional Petrolero, Salvador Morales Abrego, a quien los trabajadores exigieron aclarar el destino de los fondos sindicales por más de 2 mil millones de pesos que el grupo de los Ricárdez Orueta aseguraba haber dejado en caja. 812
2. Movimientos de despedidos y corrupción en la dirección seccional
A partir de enero de 1992 la delegación Paraíso-Dos Bocas se convierte en la sección 50. Meses después, del 13 al 15 de septiembre de 1992, un grupo de trabajadores despedidos ex-integrantes de la marcha y plantón en el zócalo del DF, conocidos como "Los Chimales" y una fracción perredista, encabezada por Judith Morfín Hernández y Onésimo Morales Márquez, realizaron un bloqueo completo de las instalaciones petroleros y de todos los accesos a la ciudad de Agua Dulce en demanda de nuevas fuentes de empleo, nueva revisión de liquidaciones e indemnizaciones a viudas, además de la reinstalación del módulo correspondiente. Después de 72 horas el plantón fue levantado mediante un acuerdo firmado entre los dos grupos de trabajadores y representantes de la empresa y de la sección 22, aunque los trabajadores advirtieron que tomarían medidas más drásticas si las promesas no eran cumplidas. El vocero de la empresa, Rodolfo Vizacaíno García, informó que se había accedido a las peticiones de los trabajadores referidas a la revisión, ampliación y atención a casos de trabajadores fallecidos para el pago a beneficiarios y accidentados. Luego de levantar el bloqueo a Pemex y a los accesos a la ciudad, los trabajadores efectuaron otro plantón frente a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común para exigir al fiscal, Félix García Guzmán, que aplicara la justicia contra el ingeniero, Rogelio Mendoza Diez, por atropellar a cinco mujeres, un hombre y un menor de edad, que estaban en uno de los bloqueos. 813 Dos semanas después del bloqueo, Pemex informó que se había indemnizado en la sección 22 a 46 trabajadores, con 124 millones 782 mil pesos, mientras que 12 casos se declararon improcedentes. Estos trabajadores habían participado en la marcha y plantón en el zócalo del DF. 814
A partir del 29 de noviembre del mismo año de 1992, Pemex realizó despidos masivos que en total afectarían a 1 mil 300 trabajadores en las instalaciones de explotación petrolera en el distrito de Agua Dulce. El 7 de diciembre más de 200 despedidos solicitaron el apoyo de la JFCA para que se les pagara la liquidación conforme al CCT, ya que denunciaron que Pemex estaba pagando por abajo de lo que marcaba la ley. El abogado de los despedidos, Abel Jiménez, denunció que la empresa hacía una serie de omisiones en las liquidaciones que repercutían en el monto de lo recibido por cada trabajador. Por su parte la gerencia regional de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, informó que las inquietudes que surgieran entre los despedidos se turnarían a la gerencia regional de Producción Primaria en Villahermosa. 815
Unos días después, el 18 de diciembre, un grupo de trabajadores despedidos, agrupados en la organización Trabajadores Reajustados de Pemex (TRP) en los Distritos de Agua Dulce, Veracruz, denunciaron que Pemex estaba ejerciendo coacción para que firmaran sus jubilaciones con montos inferiores a los que realmente les correspondían. También informaron que habían dirigido un documento al presidente Salinas demandando su intervención para que frenara las violaciones al CCT y la LFT por parte de Pemex al despedir trabajadores y aumentar los niveles y salarios de los altos funcionarios, y contratar empresas extranjeras para realizar el trabajo que estaban realizando los obreros despedidos. 816
Ese mismo mes se realizaron elecciones seccionales en las que fue electo al frente de la sección Heberto Sastré Rosado. Nueve meses después, en septiembre de 1993, Sastré informó a la prensa que había presentado una demanda judicial contra el anterior dirigente seccional, Salvador Morales Abrego, por malversación de fondos sindicales por un monto de dos mil millones de viejos pesos prestados por Pemex para la adquisición de 10 unidades de transporte de personal que nunca fueron adquiridas, sospechándose que dicha cantidad fue depositada en un banco del Distrito Federal. 817 La acusación nunca prosperó y al terminar el periodo de Sastré en diciembre de 1994 (dos meses antes Sastré había sido electo sindico del municipio de Agua Dulce) fue designado secretario seccional Erasmo Castillo Saldaña, quien en el mes de julio de 1995 solicitó a la asamblea seccional la realización de una auditoria a los fondos sindicales, misma que fue realizada por el despacho fiscal y contable de Javier Jasso con sede en Coatzacoalcos.
En septiembre del mismo año se dieron a conocer los resultados del estudio contable, documentándose manejos irregulares de alrededor de 2 millones 500 mil nuevos pesos durante la gestión 1992-1994, además de descubrirse adeudos por más de 1 millón 300 mil pesos, en su mayoría por gastos no justificados estatutariamente. Según declaró a la prensa el secretario seccional Castillo Saldaña, se había informado ampliamente de la auditoria al CEG del STPRM y se había programado también la realización de una próxima asamblea sindical en la que se determinaría actuar judicialmente. 818 La directiva seccional presentó el 2 de enero de 1996 una denuncia ante el ministerio público local en contra del anterior secretario seccional Heberto Sastré Rosado, del ex-secretario tesorero Cesar Heredia Fabré y del ex-presidente del consejo local de vigilancia -y en ese momento secretario del interior seccional- Angel Lieghiult, por los delitos de robo, fraude y administración fraudulenta por 2 millones 500 mil pesos, según declaró a la prensa el presidente del consejo de vigilancia de la sección 22, Hiram Mora Aspiri. 819 No sabemos si esto tuvo consecuencias penales pero Erasmo Castillo Saldaña, quien había ocupado puestos importantes en las dos anteriores administraciones seccionales acusadas de fraude, fortaleció su posición y en diciembre de 1997 fue reelecto para un nuevo periodo como secretario general de la sección.
A finales de octubre de 1999, al mismo tiempo que en la vecina sección 26 de Las Choapas se realizaba la lucha de la UTIPAC por la basificación de plazas eventuales, en Agua Dulce un grupo de trabajadores encabezados por Fidencio Castro Oliva, informaron a la prensa que a pesar de contar con una antigüedad de 7 a 24 años de laborar en Pemex no contaban con una plaza de base, por lo que demandaban la reconversión de las plazas transitorias en definitivas, así como el cese al “favoritismo” que había permitido la distribución de las plazas de base entre amigos, familiares e incondicionales de los secretarios General, del Interior y el presidente del consejo local de Vigilancia, Erasmo Castillo Saldaña, Jorge Flores Constante y Benedicto Aguirre respectivamente. En la medida que sus demandas no eran atendidas, más de 400 trabajadores transitorios tomaron las instalaciones seccionales el 7 de noviembre de 1999. 820 No tuvimos más información del caso.
Un año después se realizaron las elecciones seccionales a las cuales se presentaron cinco planillas, la oficialista encabezada por Jasiel López Avendaño que ganó con 612 votos, y la oposición dividida entre Gabriel Torres Martínez (387), Carlos Rodríguez Rodríguez (260), David Susterzyk Morales (62) y Leonardo Carrizales Mancilla (53). Voto el 93 por ciento del padrón de 1 mil 683 afiliados.
3. Resumen
Un total de ocho conflictos de los cuales cinco son obrero-patronales, consistiendo tres casos en la lucha por la basificación de plazas para trabajadores transitorios con antigüedades de siete hasta quince años, y dos casos derivados de las grandes marchas de despedidos a la ciudad de México en 1992 en las que se demandaba la revisión de los montos de liquidación decididos unilateralmente por la empresa. En total registramos a 1 mil 500 despedidos en la sección. Los conflictos intersindicales sumaron tres de los cuales dos se realizaron a la par de los obrero-patronales en 1990 pidiendo la renuncia del secretario delegacional en un caso y del secretario seccional en el otro. El último caso intersindical se trató de acusaciones de corrupción en contra de dirigentes seccionales.
| Sección 22 | OP | IS |
|---|---|---|
| Conflictos | 5 | 3 |
| 1990 |
1 (abr – jun 90) 1 (sep 90) |
1 (abr – jun 90) 1 (sep 90) |
| 1992 |
1 (sep 92) 1 (dic 92) |
|
| 1993 | 1 (sep 93 – ene 96) | |
| 1999 | 1 (oct 99) |
En los conflictos registramos 11 demandas planteadas y seis solucionadas, más del 50 por ciento, uno de los promedios más altos en todo el sistema sindical petrolero. Esto se debió a dos situaciones específicas: en 1990 la oposición movilizada logra un acuerdo con el secretario nacional Guzmán Cabrera para desplazar al grupo de los hermanos Ricardez de la dirección seccional y realizar una nueva elección con voto secreto en la que resulta triunfador un miembro del MNP, lográndose también la basificación de más de 400 plazas en la delegación de Paraíso, Dos Bocas, misma que dos años después será convertida en la sección 50. En este mismo año 1992 trabajadores despedidos de la sección 22 participan en las grandes marchas y campamentos en la ciudad de México en donde se pacta la revisión de las liquidaciones, que se realiza en la localidad lográndose la devolución del seguro de defunción. Otra demanda planteada fue castigo penal a un funcionario que embistió en su automóvil a trabajadores en plantón con saldo de varios heridos.
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | |||||
| Sección 22 | OP | IS | Total | OP | IS | Total |
| DEMANDAS | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 |
| Seguro de defunción | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Liquidación | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Contratación | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Represión patronal | 1 | 1 | ||||
| Organización sindical | 1 | 1 | ||||
| Dirigentes | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
32 acciones en total de las cuales 10 se realizan en el conflicto obrero patronal (ninguna de la burocracia sindical) y el resto en el intersindical. Vistas por formas de lucha observamos un cierto equilibrio entre las acciones legales (10), las acciones directas (14) y las relativas a la vida sindical (8). En cuanto a las primeras, las acciones legales de los trabajadores consistieron en la solicitud de intervención de autoridades, negociación y procedimientos legales en la JFCA. La burocracia sindical realizó tres procedimientos judiciales y una auditoria. La empresa una negociación y las autoridades una averiguación previa ante una acusación penal. En cuanto a las acciones directas los trabajadores realizaron actividades de difusión pública, bloqueos y acciones de fuerza en el secuestro de empleados sindicales y representantes del CEG. La burocracia sindical realizó actividades de difusión pública, gestiones para la contratación de plazas definitivas y acciones de intimidación y amenazas. La empresa realizó despidos y revisiones de las liquidaciones individuales. En las acciones relativas a la vida sindical los trabajadores ganaron con una planilla encabezada por el MNP las elecciones seccionales y tomaron en tres ocasiones las instalaciones delegacionales y seccionales. La burocracia sindical realizó destituciones de dirigentes delegacionales y seccionales obligándolos a la jubilación forzada.
| Sección 22 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 14 | 5 | 12 | 1 | 32 |
| Legales | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| Directas | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| V. Sindical | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| OP | 5 | 5 | 10 | ||
| Legales | 3 | 5 | 8 | ||
| Directas | 2 | 2 | |||
| IS | 9 | 12 | 1 | 22 | |
| Legales | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| Directas | 4 | 4 | 8 | ||
| V. Sindical | 4 | 4 | 8 |
XXIV. Sección 44 de Villahermosa, Tabasco
En 1982 la sección 44 agrupaba a 1 mil 430 trabajadores de las oficinas de la región sur, el hospital, la planta de distribución de gasolina Loma de Caballo y la agencia de ventas en Villahermosa. En 1989 también incluía las instalaciones del complejo procesador de gas Nuevo Pemex, o conglomerado industrial de alta tecnología para el procesamiento de hidrocarburos de la sonda de Campeche, con lo cual su membresía ascendió a 3 mil 600 sindicalizados. El crecimiento de la sección provocó una lucha por el control de las plazas de nueva creación entre los liderazgos locales y la dirección nacional, que provocó que en 1987 el entonces dirigente seccional fuera a la cárcel acusado de vender plazas. Según la versión local, se había tratado de una maniobra de La Quina para asegurar el control de la sección y de la CTM estatal. 821 La nueva dirección seccional estaba encabezada por Oscar Fernando Aguilera Hernández, a quien le tocaron los acontecimientos del quinazo en enero de 1989, y a pesar de que intentó negociar su posición tuvo que renunciar al cargo dos meses después.
1. El Movimiento Petrolero Independiente
El nuevo dirigente designado, Mario Ross García, sintiendo tener tras de sí todo el apoyo del estado, comenzó a llevar una vida de derroche, presuntamente resultado de la malversación de fondos sindicales. En junio de 1990 Ross García al frente de un grupo armado con metralletas asaltó las instalaciones de la CTM local en un intento por tenerla bajo su control. Para ese momento distintos grupos de trabajadores opositores lo acusaban de despilfarro, corrupción, nepotismo y prepotencia.
En octubre del mismo año se supo un documento enviado al presidente Salinas y firmado por los grupos locales Frente Depurador Sindicalista, Obrero de Solidaridad, de Solidaridad y Progreso Sindical, de Renovación y Unificación Sindical y de Solidaridad Sindical, el líder Ross García había dispuesto de ranchos, granjas, equipo agrícola, tractores y ganado propiedad de la sección sin dar cuentas a nadie, además de mantener en nómina a su padre, esposa, hijos y otros familiares sin que realizaran ninguna actividad en la sección. Los mismos grupos denunciaron a la prensa que Ross García presumía de que se reelegiría en la dirección seccional a cambio de 1 mil millones de pesos que había entregado al CEG y de 200 mil pesos a cada uno de los 3 mil 600 trabajadores de la sección que votaran por él. Sin que tuvieran ninguna consecuencia estas denuncias la asamblea electoral se realizó el 26 de octubre de 1990, en donde solo se permitió registrarse a la planilla del Grupo Unificador Mayoritario 6 de Mayo encabezada por Mario Ross García, quien de esa manera quedó al frente de la sección por un periodo más. 822 En 1991 Ross García fue electo diputado federal por el PRI, con lo que consolidaba su posición al frente del CES.
Sin embargo el descontento con su actuación crecía. A principios de octubre de 1992 el dirigente local del MNP, Miguel Angel Vicencio Torrano, informó a la prensa que el líder nacional del organismo opositor, Hebraicáz Vázquez, solicitó a Pemex la desaparición de la sección 44 y su conversión en delegación de la sección 31 ya que era “la que menos trabajadores agrupaba y no cubría ninguna función en defensa de los intereses de sus agremiados”.
Unos días después, el 18 de octubre del mismo 1992, un grupo de más de 80 trabajadores despedidos integrantes del MPI se declararon en plantón por tiempo indefinido en las instalaciones de la Comisión de Contratos de la sección 44, reteniendo también 11 camiones utilizados para el transporte de personal. Los trabajadores demandaban la liquidación del seguro de vida y el pago de utilidades sobre las cuotas sindicales. Dos días después, el 20 de octubre en la madrugada, un grupo de 150 golpeadores provistos con armas de fuego, palos y tubos, encabezados por el "hombre de confianza" de Ross García, Mario Hernández Izquierdo, agredieron a los trabajadores que se mantenían en el plantón desalojándolos con violencia de las instalaciones sindicales con saldo de un herido por arma de fuego y siete de los asaltantes detenidos, según denunció a la prensa el dirigente de los demandantes, Antonio Hernández García. En respuesta cuatro militantes del MPI iniciaron inmediatamente una huelga de hambre frente al palacio del gobierno estatal en Villahermosa demandando el desafuero de Ross García y su consignación por "intento de homicidio", además de solicitar la intervención del gobernador Gurría Ordóñez para obtener la solución a sus demandas. Por su parte las autoridades judiciales encarcelaron a los siete agresores detenidos por los trabajadores mientras el Ministerio Público iniciaba la averiguación previa correspondiente. 823
En tanto otro grupo del MPI volvió a reinstalar el plantón frente a la Comisión de Contratos de la sección 44. Como los días pasaban y no se obtenía ninguna respuesta a las demandas de los trabajadores, el 9 de noviembre del mismo 1992 integrantes del MPI instalaron un nuevo plantón en la Plaza de Armas de Villahermosa con las mismas demandas anteriores más la exigencia de auditoria a los bienes muebles e inmuebles de la sección. El 18 del mismo mes Manuel Barroso Escudero, Ambrosio Reyes, Martha González Márquez y otros cuatro trabajadores más se declararon en huelga de hambre en apoyo a los trabajadores en plantón, la cual se prolongaría durante 37 días hasta el 24 de diciembre, cuando se levantó no porque se hubieran solucionado las demandas, sino en protesta por la intromisión del PRD para dirigir el movimiento. Según declararon los huelguistas, “a pesar de que el diputado federal perredista, Cuitláhuac Vázquez era una excelente persona, no tenía nada que ver con las demandas de los ex-petroleros".
El plantón continuó y el 27 de diciembre el líder del MPI Antonio Hernández declaró que el gobierno estatal de Manuel Gurría Ordóñez “solo había intervenido en el plantón en calidad de mediador”, y que había "respaldado en forma moral y transparente, sin presiones" el movimiento de los petroleros. El mismo día el subsecretario de Gobierno estatal, Adán Augusto López Hernández, declaró que el secretario de Gobernación federal, Gutiérrez Barrios, les informó que la dirección nacional del STPRM había rechazado "definitivamente" el pliego petitorio por considerarlo "improcedente, por lo que el conflicto era entre ex-trabajadores y el sindicato, y que el gobierno estatal solo brindaría el apoyo indispensable como auxilio médico y de otro tipo, pero que "no habría posibilidad de apoyar con recursos económicos al MPI".
Ante esto el MPI presentó una propuesta al subsecretario de Gobierno estatal Jaime Lastra Bastar para la creación de fuentes de trabajo donde incorporar a obreros de esta entidad despedidos de Pemex, como una forma de solucionar el plantón de los ex-petroleros en la Plaza de Armas. La respuesta del gobierno estatal a la propuesta del MPI fue informar que "la llevaría al secretario de Gobernación federal para que mediara con los gobiernos de Campeche, Veracruz y Chiapas", ya que muchos de los participantes en el plantón procedían de esas entidades. El 29 de diciembre se elaboró conjuntamente por personal del MPI y de la Dirección de Gobierno estatal un padrón entre los asistentes al plantón "para conocer el número real de despedidos y las áreas de trabajo en que pueden ubicarse". El número ascendió casi al millar.
El 1 de enero de 1993 el líder del MPI Hernández García informó del levantamiento del plantón después de 53 días, afirmando que ante la actitud del STPRM de negar todas sus peticiones, habían acordado con el gobierno estatal la creación de micros y pequeñas empresas donde trabajar. Otro acuerdo fue el proporcionar autobuses para trasladar a los ex-petroleros a sus localidades. También se informó que los trabajadores que mantuvieron la huelga de hambre por 37 días, y que se encontraban hospitalizados, temían ser víctimas de un atentado. 824
El 4 de enero el periódico local Tabasco Hoy publicó declaraciones del sub-secretario Lastra Bastar en las que afirmaba que el levantamiento del plantón se había realizado mediante la creación de un "Fondo de Solidaridad" por cuatro mil millones de pesos que establecieron conjuntamente el gobierno del estado, Nafinsa y Pemex. Esto provocó que grupos de ex-petroleros se plantaran nuevamente frente al palacio de gobierno y entre gritos de "corrupto" y "vendido" exigieran al líder del MPI "aclarar a quien le fueron entregados los 4 mil millones", al tiempo que una comisión de ellos se entrevistaba con el director de Gobierno, Angel Mario Balcazar, quien rechazó la veracidad de las declaraciones publicadas. Al presentarse a la Plaza de Armas el diputado Cuitláhuac Vázquez, sufrió un intento de agresión física por parte del ex-huelguista de hambre Manuel Barroso, quien al frente de los inconformes le reprochaban que el acuerdo había sido una maniobra para levantar el plantón. Los dirigentes del MPI decidieron realizar en el mismo lugar un mitin en el que Cuitláhuac Vázquez afirmó que "nadie había recibido ninguna suma de dinero" y que habían "gentes infiltradas que trataban de desestabilizar al MPI con desinformaciones", aclarando que en los días siguientes se exhibirían las listas de ex-petroleros participantes en el plantón y el calendario elaborado por la Secretaria de Desarrollo Social para los tramites sobre la creación de fuentes de empleos.
Con la publicación de las listas y el calendario el conflicto pareció solucionarse pero un mes después, el 16 de febrero, mas de 100 ex-petroleros volvieron a manifestarse frente a la sede del gobierno estatal para denunciar que más de 400 trabajadores quedaron fuera del programa de microindustrias del Pronasol, al no poder cumplir con los requisitos de "un aval con solvencia moral y económica". El dirigente de los manifestantes, Rodrigo López García, dijo en entrevista que todos ellos carecían de propiedades por lo que estaban siendo excluidos, demandando que se hiciera público el acuerdo firmado por Antonio Hernández para el levantamiento del plantón, pues según dijo, "sabemos que vendió el movimiento y ahora anda custodiado por gente del gobierno estatal". 825
2. Las reglas informales del control político
Al mismo tiempo que se realizaba el plantón del MPI la vida de la sección iba por un rumbo diferente. En noviembre de 1992 es electo un nuevo comité seccional encabezado por José del Pilar Córdova, quién en marzo de 1993 forma parte del grupo de 14 líderes seccionales que demandan auditoria en todas las secciones y en el CEG 826 . La respuesta inmediata de Guzmán Cabrera fue la destitución de dos secretarios generales: en la sección 9 y en la 44. En esta última, Córdova es sustituido por Francisco José González Lara. Tres meses después, en junio de 1993, Guzmán Cabrera renuncia a la dirección nacional del sindicato petrolero. La situación del dirigente designado en la sección 44, que se suponía transitoria, se prolongó indefinidamente sin que se convocara a elecciones, lo que provocó el descontento de los agremiados sin que el CEG hiciera ningún intento por normalizar la vida seccional, ya que en los hechos estaba imponiendo al interino para que cubriera todo el período reglamentario.
Después de más de un año de protestas reiteradas de los trabajadores la nueva dirección nacional encabezada por Carlos Romero Deschamps responde gestionando la cancelación de los contratos de cuatro de los principales líderes opositores en la sección, quienes deciden trasladarse a la ciudad de México en donde se instala, desde el 12 de julio de 1994 y frente a la embajada de los EUA, una huelga de hambre de los dirigentes despedidos Noemí Medina, Víctor Peláez, Tomás Narváez y el secretario de Ajustes seccional Sergio Rosado Aparicio. Ante la negativa de Romero Deschamps para negociar con los disidentes, estos deciden solicitar la intervención del entonces candidato a la presidencia por el PRI Ernesto Zedillo, quien promueve una reunión en la secretaría de Gobernación que se realiza el 26 del mismo mes y a la cual no asiste el dirigente nacional petrolero, llegando en su representación el presidente del CNV, Calixto Javier Rivera, quien exculpó a Romero Deschamps por estar "centrado en su campaña como candidato a senador por el estado de Hidalgo".
A la reunión asistieron los huelguistas de hambre Tomás Narváez y Sergio Rosado, acompañados del funcionario de Gestión Social del PRI, Efraín Villanueva. Allí Calixto Javier Rivera le dijo al representante priísta que en los asuntos de los petroleros no podía intervenir partido alguno y que la convocatoria a elecciones seccionales era una prerrogativa de Romero Deschamps que ejercería "cuando quiera y crea conveniente". A los huelguistas Rivera les dijo también que podían seguir ayunando indefinidamente puesto que ya "ni petroleros son".
La huelga de hambre duró 28 días, y en este lapso coincidió en la ciudad de México con las protestas de más de mil trabajadores petroleros despedidos de los estados de Tabasco y Veracruz que sostenían un plantón en el Zócalo capitalino y en el deportivo Guelatao. 827 Sin embargo la protesta de la sección 44 se mantuvo siempre al margen de las otras movilizaciones y los ayunantes reivindicaron en todo momento ante la opinión pública su militancia priísta en esos tiempos de elecciones federales. Esto no impidió que en reiteradas declaraciones a la prensa los dirigentes despedidos acusaran al secretario seccional interino, González Lara, de haber convertido en negocio particular el manejo de los asuntos de la sección y de depositar las cuotas sindicales (alrededor de 300 mil nuevos pesos) en la cuenta bancaria de su esposa, la cual se encargaba de expedir los cheques que el tesorero seccional necesitaba. También lo acusaban de haber adquirido una nueva casa y de pagar la remodelación de otra con fondos sindicales.
Según los huelguistas de hambre, González Lara había aceptado también la cancelación de 300 plazas y permitido que tareas que realizaban sindicalizados fueran realizadas por la empresas privadas Sercom, Limpia Tap, Chocolimpieza, Transportes Seriesa y Servicios Especializados. También declararon que Carlos Romero Deschamps no había sido electo por los sindicalizados sino por el director de Pemex Francisco Rojas, razón por la cual no defendía los intereses de los agremiados y si los de la parte patronal. Según ellos, dentro de la sección contaban con el apoyo de 2 mil 100 de los 2 mil 500 trabajadores sindicalizados, y a pesar de haber recibido el apoyo y respaldo de parte de representantes del MNP y de Vanguardia Petrolera, afirmaron que "nosotros no queremos ningún compromiso porque este movimiento no es solamente de nosotros cuatro, sino de toda la sección 44, y tenemos que someter a discusión de asambleas la ayuda de otras organizaciones".
El día 11 de agosto de 1994 apareció en la prensa nacional un desplegado dirigido a Carlos Romero Deschamps y firmado por los cuatro dirigentes despedidos en el que anunciaban el levantamiento de la huelga de hambre y reconocían haber asumido "una actitud equivocada" sin haber imaginado que su lucha "iba a ser utilizada con fines políticos, sobre todo en esta temporada electoral", al mismo tiempo que reconocían el liderazgo de Carlos Romero Deschamps y exigían "responsabilidades a quienes, con falsas promesas y con argumentos que se han derrumbado, nos hicieron participar en estos acontecimientos que no deben volver a repetirse", sin especificar a quién se referían. En el escrito rechazaban haber dado un "paso vergonzoso" o haber llegado a "un arreglo que denigre nuestra condición de seres humanos", siendo que simplemente se trataba de "un cambio de actitud" que manifestaba su acuerdo con la política de la dirección nacional de adecuar todos los actos al interior de la organización a lo que marcaban los estatutos sindicales. 828 El acuerdo consistió en cerrar filas en torno a la candidatura de Romero Deschamps para un nuevo período al frente del sindicato, y participar dentro de una planilla unitaria encabezada por el secretario general depuesto, José del Pilar Córdova Hernández, para la gestión 1994-1997.
Una vez que el comité tomó posesión de su cargo se inició una auditoria a las finanzas seccionales, detectándose un faltante de 40 cheques por un monto de 15 mil pesos cada uno entregados por Pemex como apoyo para la liquidación de casas-habitación de trabajadores, por lo cual Córdova Hernández presentó en febrero de 1995 una denuncia en contra del ex-secretario general de la sección, Mario Ross García por abuso de confianza y fraude con recursos de los trabajadores. En vista de que las investigaciones revelaron nuevas irregularidades, en octubre de 1995 la directiva seccional decidió presentar una demanda en la procuraduría estatal contra de Mario Ross García, por un fraude superior a cinco millones de pesos en la Comisión del Transporte, créditos para la temporada navideña y la cuenta de los deudores de departamentos en la colonia Del Bosque, según informó a la prensa el secretario general Córdova Hernández. 829
Un año después, y cuando parecía que las denuncias no tendrían consecuencias legales, de manera sorpresiva el ex-dirigente seccional y ex-diputado federal por el PRI, Mario Ross, fue violentamente detenido por agentes de la policía judicial estatal cuando salía de su trabajo en el complejo petroquímico de Nuevo Pemex, el 7 noviembre de 1996, para ser recluido en el Centro de Readaptación Social del estado de Tabasco (Creset). En los momentos en que se formalizaba la aprehensión Ross García declaró que los cheques entregados por Pemex "los canalizó a la ciudad de México a nombre del ex-dirigente nacional Sebastián Guzmán Cabrera, desconociendo el destino que se le hubiera dado".
En esos momentos el fraude documentado en contra de la sección ascendía a la cantidad de 1 mil 525 millones de pesos, según informó a la prensa el juez sexto de lo penal, Raúl Méndez Cornelio, quién dictó el acto de formal prisión en contra Ross García, especificando que el acusado tenía derecho a fianza por 50 mil pesos para recobrar su libertad, además de tener que pagar una multa por dos mil pesos y garantizar la reparación del daño por el monto del que se le acusaba. El abogado del acusado, Pedro Pulido de la Rosa, calificó de improcedente la detención y resolución penal, debido a que la parte acusadora no se había presentado a ampliar sus declaraciones. 830
Un año después, en noviembre de 1997, la directiva seccional encabezada por Córdova Hernández en dos periodos consecutivos (con el interinato de González Lara), fue sustituida por una nueva encabezada por José Jesús Zamudio Aguilera. A los pocos meses de haber tomado posesión la nueva directiva seccional, el 31 de marzo de 1998 los trabajadores de la planta de distribución de gasolina Loma de Caballo (campo Carrizo) en Villahermosa suspendieron sus actividades provocando el desabasto en las gasolineras de la entidad. Para resolver el problema, el Centro de Distribución Nacional de Gasolina de Pemex decidió que los autotanques tabasqueños fueran surtidos en los centros de distribución del sur de Veracruz y Campeche, lo que provocó la protesta de los propietarios de las franquicias. El vocero de la empresa, Mario Martínez Rubio, reconoció la existencia de un conflicto laboral con los trabajadores de la sección 44, aunque rechazó que el desabasto se debiera a ello, sin precisar la causa. 831
Más de dos años después, el 23 de junio del 2000, en pleno cierre de las campañas para las elecciones federales, el líder nacional Romero Deschamps realizó una visita oficial a Villahermosa para declarar el inicio de la construcción de 500 casas para trabajadores de la sección 44 y entregar cheques de aportación financiera contractual para la adquisición de vivienda. También inauguró una gigantesca palapa, la más grande del país, en la que cabían los 3 mil integrantes de la sección, puso en marcha dos campos de fútbol y dio el banderazo de salida a varios camiones turísticos al servicio exclusivo de los trabajadores y sus familias. Romero Deschamps convirtió la visita en una jornada proselitista a favor del candidato priísta a la Presidencia de la República, Francisco Labastida, y de apoyo a la directiva local encabezada por José de Jesús Zamudio y Pilar Córdova, a quienes reconoció su “buen desempeño” al frente de la sección. 832 En octubre del mismo año José de Jesús Zamudio se reelegía para un período más al frente de la sección obteniendo en la elección 1 mil 354 votos frente a 13 para la planilla opositora encabezada por Manuel Camacho Medina. Para esa fecha el padrón de la sección 44 sumaba 2 mil 686 sindicalizados por lo que la sección tuvo el número más bajo de votantes de todo el sistema petrolero, el 51 por ciento.
3. Resumen
Siete conflictos en total de los cuales dos son obrero patronales. De estos el primero en 1992-1993 es una derivación del conflicto del MPI contra el sindicato por la devolución de cuotas sindicales y seguro de vida a los despedidos, en donde la intervención del gobierno estatal hace posible la formación de un fondo con aportaciones federales, estatales y de Pemex para la creación de micro y pequeñas empresas. El otro es el paro de los trabajadores de la distribuidora de gasolina Loma de Caballo en lucha por mejores condiciones de trabajo. Los casos intersindicales son dos por corrupción en 1990 y 1995-1996, uno en 1993 por destitución que el CEG hizo en contra del líder seccional co-demandante de la auditoria al sindicato (que finalmente le costaría el cargo a SGC); otro por despido atribuido a CRD de líderes oficialistas opositores a los que se les cancelan sus contratos de trabajadores transitorios y que daría lugar a una huelga de hambre en el Ángel de la Independencia de la ciudad de México; finalmente el plantón del MPI señalado anteriormente.
| Sección 44 | OP | IS |
| Conflictos | 2 | 5 |
| 1990 | 1 (jun – oct 90) | |
| 1992 | 1 (dic 92 – ene 93) | 1 (oct 92 – feb 93) |
| 1993 | 1 (mar 93) | |
| 1994 | 1 (jul-ago 94) | |
| 1995 | 1 (feb 95 – nov 96) | |
| 1998 | 1 (mar 98) |
Las demandas planteadas sumaron 14 y solo una fue solucionada: el fondo para la creación de mico y pequeñas empresas para trabajadores despedidos negociado con el MPI en 1992-1993. En total registramos 1 mil 300 despedidos en la sección. Otra demanda planteada a la empresa fue la mejora de condiciones de trabajo para los empleados de la planta de distribución de gasolina. Las demandas planteadas en los conflictos intersindicales fueron 12 de las cuales una era contra los despidos políticos de líderes opositores; otra pedía la desaparición de la sección 44 y su conversión en delegación de la sección 31; dos dirigidas a los dirigentes oficiales eran acusaciones de nepotismo en 1990 y también demandaban elecciones seccionales en 1994; cuatro eran por corrupción con bienes y recursos sindicales; tres relativas a las finanzas sindicales exigiendo la liquidación del seguro de vida y pago de utilidades sobre cuotas sindicales para los despedidos, así como una auditoria los bienes seccionales; y finalmente una contra el dirigente sindical en 1992 por intento de homicidio en la agresión de grupos de choque contra trabajadores en plantón.
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | ||||||
| Sección 44 | OP | IS | Total | OP | Total | ||
| DEMANDAS | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | ||
| Condiciones de trabajo | 1 | 1 | |||||
| Garantías empleo ante cierre fuente de trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Despidos políticos | 1 | 1 | |||||
| Organización sindical | 1 | 1 | |||||
| Dirigentes oficiales | 2 | 2 | |||||
| Corrupción | 4 | 4 | |||||
| Finanzas sindicales | 3 | 3 | |||||
| Represión sindical | 1 | 1 | |||||
En total registramos 48 acciones de las cuales dos correspondieron a los conflictos obrero-patronales y fueron realizadas por los trabajadores: el plantón del MPI en 1992 y el paro en la distribuidora de gasolina en 1998. En los conflictos intersindicales los trabajadores realizaron 24 acciones de las cuales tres fueron legales consistentes en solicitudes de intervención de autoridades y pláticas de negociación. Las acciones directas de los trabajadores sumaron 24 y consistieron en campañas de difusión pública, dos huelgas de hambre, dos plantones, mitin, secuestro de vehículos y acciones de fuerza para detener a siete golpeadores enviados por el CES para romper un plantón de protesta. Respecto a la vida sindical los trabajadores realizan ocho acciones denunciando la corrupción de los líderes sindicales, proponiendo elecciones, pidiendo la desaparición de la sección por ineficiencia de su representación sindical, tomando en dos ocasiones las instalaciones de la comisión de contratos y realizando alianzas tanto con el PRD como con el PRI. También se divide la oposición entre acusaciones contra el MPI de haber dejado fuera del financiamiento a microempresas a trabajadores sin aval en propiedades o conocidos económicamente solventes.
La burocracia sindical solo realizó acciones en los conflictos sindicales sumando 15, de las cuales cuatro fueron legales consistentes en dos auditorias y dos procedimientos judiciales del CES contra la anterior directiva sindical encabezada por Mario Ross. Las acciones directas fueron tres consistentes en campañas de difusión pública y en el violento intento de romper el plantón del MPI en 1992. Respecto a la vida sindical encontramos la renuncia del líder quinista en 1989, la destitución del CES por parte del CEG en la crisis de 1993 que concluyó con la renuncia de Sebastián Guzmán Cabrera a la dirección nacional así como la prepotencia de que hizo gala Mario Ross durante su mandato. También la cancelación de contratos transitorios y la negativa a negociar con los dirigentes de la oposición oficialista e independiente, la negativa a registrar planillas de oposición en las elecciones seccionales de 1990 y finalmente la alianza con el PRI que permitió que el delincuente golpeador Mario Ross se hiciera diputado federal en 1991.
Las autoridades también intervinieron en el conflicto intersindical con siete acciones de las cuales cinco fueron legales: dos iniciativas de negociación por parte de organismos federales y estatales y tres procedimientos judiciales consistentes en la detención y consignación tanto de siete golpeadores entregados por trabajadores en plantón, como del líder Mario Ross acusado de corrupción y obligado por un juez a reponer los montos defraudados. Además las autoridades realizaron dos acciones directas: en una exhibieron en la prensa al MPI recibiendo apoyos económicos del gobierno estatal y en otra también se filtró a la prensa el monto del fondo de microempresas para provocar reacciones de los trabajadores despedidos en contra de los dirigentes del mismo MPI a quienes acusaban de apropiarse de los recursos financieros.
| Sección 44 | Trabajadores | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 26 | 15 | 7 | 48 |
| Legales | 13 | 4 | 5 | 12 |
| Directas | 15 | 3 | 2 | 20 |
| V. Sindical | 8 | 8 | 0 | 16 |
| OP | 2 | 2 | ||
| Directas | 2 | 2 | ||
| IS | 24 | 15 | 7 | 46 |
| Legales | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Directas | 13 | 3 | 2 | 18 |
| V. Sindical | 8 | 8 | 16 |
XXV. Sección 48 de Reforma, Chiapas
Esta sección fue fundada en el congreso nacional de 1987 y agrupaba entonces a 4 mil trabajadores del complejo procesador de gas Cactus y La Venta en el distrito Reforma en la frontera entre Chiapas y Tabasco. En el momento de la detención de La Quina se encontraba al frente de la sección 48 uno de sus aliados más importantes en la zona sur, Raul Charles Treviño, que a su vez era líder estatal de la CTM, y quién en los primeros días parecía haber logrado negociar su situación y mantenerse en el cargo. Sin embargo la madrugada del 13 de febrero de 1989, más de 200 trabajadores integrantes del hasta ese momento desconocido Grupo Obrero Revolucionario Moralizador y de Unidad Sindical (GORMUS), ligados al ex-dirigente cetemista Andrés Sánchez Solís, se apoderaron de las instalaciones de la sección 48 en donde efectuaron una asamblea en la que desconocieron a la directiva seccional y "nombraron" una nueva directiva encabezada por Hector Gutiérrez Tsuda. Entrevistado cuando con su gente se encontraba posesionado del local sindical, Gutiérrez Tsuda, afirmó que Guzmán Cabrera "nos recibió en México y sabía lo que íbamos a hacer", y que si el actual líder Charles Treviño no renunciaba, su destino sería la cárcel.
1. Dos alegres compadres
Al amanecer del nuevo día más de 2 mil 500 trabajadores simpatizantes de Charles Treviño realizaron un mitin frente al local sindical al cabo del cual los opositores abandonaron las instalaciones, realizándose después una asamblea en la que se ratificó por aclamación a Charles Treviño al frente de la sección. Por la tarde se dio a conocer un comunicado de la directiva seccional en la que afirmaba que la mayoría de los integrantes del GORMUS eran jubilados, transitorios y de otras secciones. Sin embargo días después, Charles Treviño huyó de Villahermosa ante la lluvia de acusaciones en su contra por corrupción y malversación de fondos sindicales. 833 El 9 de marzo de 1989 se realizaron elecciones seccionales en las cuales se impidió la participación del candidato opositor del Frente Autónomo de Unidad Sindical (FAUS), Francisco Rodríguez Silva, siendo impuesto como secretario general de la sección Jorge Cifuentes Carrera, fundador, gente de confianza y compadre del líder del GORMUS, Gutiérrez Tsuda, quien en el nuevo comité seccional ocupó la presidencia de la Comisión de Contratos.
Menos de un año después, en enero de 1990, Gutiérrez Tsuda fue acusado penalmente ante la PGR de enriquecimiento "inexplicable" por un grupo de trabajadores encabezados por Francisco Rodríguez Silva. En su denuncia lo responsabilizaron de mantener en quiebra a la Comisión de Contratos a pesar de los 75 autobuses y 50 camionetas que eran rentadas para transporte de personal a Pemex y que reportaron ingresos por 1 mil 800 millones de pesos en los últimos doce meses, en los que a su vez adquirió varias camionetas y vehículos de lujo para uso personal con valor aproximado de 250 millones de viejos pesos, así como cinco casas en Reforma, Chiapas, y un rancho de 100 hectáreas en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. También lo acusaron de agresivo y déspota y de estar permanentemente armado y custodiado por decenas de guardaespaldas. 834
El 10 de febrero de 1990, en una asamblea de más de dos mil trabajadores del GORMUS presidida por el secretario seccional Jorge Cifuentes Carrera, se enfrentaron a golpes y sillazos seguidores de Cifuentes contra seguidores de Gutiérrez Tsuda, con resultado de más de 10 obreros heridos. El motivo fue la destitución de Gutiérrez de la Comisión de Contratos acusado de adeudos por 110 mil pesos a la banca, por venta de gasolinas y renta de autobuses y camionetas. Previamente a la misma asamblea, Gutiérrez Tsuda había acusado a Cifuentes ante la PGR de fraude por 2 mil millones de pesos. Viéndose en minoría en la asamblea, Gutiérrez se refugió en las oficinas, hasta donde lo siguieron los contrarios de donde lo sacaron por la fuerza y paseándolo por las calles le gritaban ratero y exigían que la autoridad lo encarcelara. Según versiones locales el enfrentamiento entre los dirigentes se inició desde que en 1989 Gutiérrez Tsuda expulsó de la Comisión de Contratos a un hermano de Jorge Cifuentes. La PGR por su parte anunció el inicio de la averiguación previa correspondiente contra Gutiérrez Tsuda por enriquecimiento inexplicable y malversación de fondos, y también en contra de Cifuentes Carrera y el presidente del Consejo de Vigilancia, Guillermo Alba Godinez, por tentativa de fraude, abuso de confianza y asociación delictuosa a partir de adeudos por 1 mil 091 millones de pesos a Multibanco Comermex y pagos por 929 millones de pesos de la Comisión de Contratos. 835
En vísperas de las elecciones seccionales de 1990, el 30 de agosto fue movilizado en forma definitiva a Ciudad Pemex el dirigente del MNP y posible candidato opositor Gerardo Villarreal Juárez. Según denunció el mismo Villarreal, se trataba de una maniobra de la empresa y de Cifuentes Carrera con el fin de eliminarlo de la competencia electoral. Sin embargo Cifuentes también fue impedido de postularse a la reelección por las acusaciones en su contra, siendo sustituido por Victor Compeán Oliva, quien cubrió el período 1990-1992, dejando el cargo a partir de entonces a Gregorio Torruco Ponce. 836
El 19 de abril de 1993, en ocasión de la asamblea local cetemista para el cambio de dirigencia celebrada en la localidad de Reforma los compadres, fundadores del GORMUS, ex-líderes de la sección 48 y denunciantes mutuos, Jorge Cifuentes y Héctor Gutiérrez Tsuda, se agredieron verbalmente cuando el segundo impidió que el primero postulara su candidatura a la dirigencia municipal cetemista, hasta que la disputa terminó cuando Gutierrez asesinó a Cifuentes de dos balazos ante el pasmo de los más de 200 asistentes al acto, dándose a la fuga con la ayuda de sus simpatizantes, siendo perseguido por la policía local que encontró la camioneta en la que huía y detuvo al chofer. También se detuvo al líder municipal cetemista saliente, Domingo León Martínez, a quién se consignó por encubrimiento aunque alcanzó libertad bajo fianza, no así otros cuatro consignados por coparticipación en el asesinato: Cenobio López de la Cruz, Víctor Manuel López Castro, Lorenzo Martínez Gallegos y Casto Aguilar Aguilar. En la localidad corrió la versión de que el asesinato de Cifuentes no había sido solo el resultado de un intenso rencor personal, sino de una conjura más amplia para asegurar el control cetemista en la zona. 837
2. La desesperación de los transitorios despedidos
El 12 de mayo del mismo 1993 más de 200 jubilados y pensionados agrupados en el MNP se manifestaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco para protestar por la excarcelación del ex-delegado departamental, José Asunción Villedas Salinas, quien desde el 23 de enero anterior se encontraba preso por un fraude de 134 mil nuevos pesos en contra de los quejosos. El coordinador en el sureste del MNP, Raúl Drouaillet Patiño, informó a la prensa que de manera sorpresiva Villedas Salinas fue liberado por el juez sexto de lo penal, Isidro Ascencio Pérez. Villedas había realizado una huelga de hambre dentro de la cárcel declarándose inocente de los cargos. Según afirmó el dirigente del MNP, los demandantes se manifestarían ante el presidente Salinas en su próxima visita a la entidad en caso de que las autoridades judiciales no dieran marcha atrás en la excarcelación. 838
El problema de la corrupción lejos de solucionarse tendió a agravarse. El 24 de enero de 1994 un grupo de trabajadores despedidos se manifestaron en la ciudad de Villahermosa para demandar el destino de ocho millones de nuevos pesos que la empresa había entregado a los dirigentes de la sección 48 para ser distribuidos entre más de 600 despedidos. Ante la falta de respuesta a sus reclamos tres semanas después, el 17 de febrero, más de 100 trabajadores despedidos y encabezados por los dirigentes del Grupo Unico de Unidad Sindical (GUUS), José Moncayo Ríos, Hector Cuevas Naranjo, Crispín Ramos Miranda y Sergio Solórzano Cano, tomaron por la fuerza las instalaciones sindicales reteniendo en su interior al secretario seccional Gregorio Torruco Ponce y a varios miembros de su comité ejecutivo. Los trabajadores extendieron en el exterior del edificio una gran pancarta dirigida al gobernador Gurría Ordóñez en la que afirmaban haber "agotado todas las instancias y paciencias" por lo que demandaban el cambio inmediato de dirigente seccional.
Entrevistado en el interior de las instalaciones sindicales, el secretario seccional Torruco Ponce afirmó a la prensa que se encontraba tranquilo, sin prisas y que prefería "no alterarse" para evitar el riesgo de un ataque cardíaco, por lo que "seguiremos prisioneros, pero tenemos todo el tiempo del mundo"; también negó haberse apropiado del dinero "que supuestamente les corresponde" a los trabajadores, culpando de la situación generada a "la incitación de vivales". Mientras tanto los seguidores del dirigente secuestrado, encabezados por Cutberto de la Cruz Arellano, se encontraban concentrados en la sede de la Federación de Trabajadores del Estado de Tabasco (CTM) en espera del resultado de la entrevista que Romero Deschamps ofreció a los trabajadores inconformes para el día 21 del mismo mes en la ciudad de México.
La entrevista prometida no se llevó a cabo ya que fue condicionada a la devolución de las instalaciones sindicales y la liberación de los dirigentes secuestrados, lo que los trabajadores descontentos no aceptaron. Al mismo tiempo los dirigentes del GUUS son desconocidos por los trabajadores despedidos quienes en un número aproximado de 400 mantienen retenidas a las instalaciones y a los dirigentes seccionales, constituyéndose así mismo como integrantes del Nuevo Movimiento Petrolero Independiente (NMPI), y sumando a la demanda de renuncia del comité seccional, la devolución de sus cuotas sindicales, seguros de vida y liquidaciones sobre los bienes del sindicato por un monto de 15 mil pesos por año de antigüedad para cada uno de los demandantes.
La madrugada del 28 de febrero más de 500 policías antimotines desalojaron por la fuerza y utilizando gas lacrimógeno a los integrantes del NMPI, logrando rescatar a los 12 dirigentes secuestrados, entre ellos el secretario seccional Gregorio Torruco. En la acción resultaron heridos alrededor de 30 trabajadores, reportándose también ocho desaparecidos. Dos horas después los trabajadores se volvieron a posesionar del edificio sindical en donde ofrecieron una conferencia de prensa para mostrar los destrozos realizados durante el desalojo y denunciar la violencia ejercida en contra de ellos. En la misma conferencia los dirigentes del NMPI Melvín Ramos Marín, José Mendoza Torres y Francisco Iglesia Rodríguez, acusaron al dirigente estatal del PRI, Roberto Madrazo Pintado, de haberlos "traicionado, pues nos prometió que (el candidato presidencial del PRI) Colosio intervendría para la solución del conflicto y que mientras (tanto) no habría represión". También dijeron que su dirigente Guadalupe Mayo León se encontraba en la ciudad de México con algunos "representantes del PRI", buscando entrevistarse con el dirigente nacional petrolero Romero Deschamps, quien se siguió negando a negociar con los inconformes. 839
Los integrantes del MNPI continuaron con sus protestas, instalando un plantón en la capital del estado de Tabasco, en donde un grupo decidió realizar una marcha a la ciudad de México, que partió de Villahermosa el 3 de mayo de 1994 con un contingente de 100 petroleros despedidos. El 12 del mismo mes la marcha llegó a la localidad de Agua Dulce, Veracruz. Para entonces sus filas se habían incrementado con la participación de despedidos de las secciones 14, 22, 26, 29, 44 y 47. Las demandas de todos ellos eran las mismas: pago de indemnización por años trabajados, devolución de cuotas sindicales, devolución de seguro de vida y liquidación por los bienes sindicales. 840
No todos los despedidos integrantes del NMPI marcharon a la ciudad de México, y los que se quedaron en la zona mantuvieron la movilización constante. El 16 de junio de 1994 más de 300 integrantes del NMPI se manifestaron por enésima ocasión en la ciudad de Villahermosa culminando su protesta con un plantón frente a la sede del gobierno, al tiempo que una comisión de representantes de los demandantes se entrevistaba con funcionarios estatales a quienes entregó una lista de 348 despedidos sin liquidación e indemnización. El alargamiento del conflicto ante la cerrazón de la empresa y el sindicato para negociar las demandas, provocó que las diferencias entre los trabajadores se agudizaran. La mayoría del NMPI decidió recurrir al apoyo del PRD, mientras que un grupo minoritario optó por continuar con sus gestiones de manera independiente.
El 20 de junio alrededor de 250 ex-petroleros del NMPI encabezados por el dirigente estatal perredista Wilbert Narváez Narváez, llevaron a cabo una marcha desde la sede estatal del PRD hasta la sede del gobierno estatal para realizar un mitin en donde Wilbert Narváez afirmó que en caso de que las autoridades estatales no pudieran gestionar sus peticiones, recurrirían a las autoridades federales por medio de una movilización nacional convocada para tal efecto. Ahí mismo se informó que se había empezado a elaborar un listado con los nombres de trabajadores despedidos de nueve secciones del STPRM que demandaban indemnización. El candidato del PRD a la gubernatura, Andrés Manuel López Obrador, se reunió el 23 de junio con cerca de 400 ex-trabajadores petroleros y productores con carteras vencidas, a quienes exhortó a "irse preparando" para iniciar una marcha a la ciudad de México y para bloquear las instituciones bancarias en caso de ser necesario.
Dos días después, el 25 de junio, alrededor de 200 despedidos encabezados por Wilbert Narváez, luego de romper las pláticas con las autoridades estatales iniciaron una marcha hacia la ciudad de México, en donde les esperaban contingentes de la sección 48 y otras secciones de la zona sur. 841 Según informó el dirigente perredista, el gobierno estatal contaba con un fondo de seis millones de nuevos pesos que fueron aportados por la Secretaría de Desarrollo Social estatal, Pemex y el gobierno federal para ser transferido a los demandantes, pero se negaba a entregarlo individualmente, como exigían los despedidos, planteando en cambio invertirlo en la creación de microindustrias. Por su parte el subsecretario de Gobierno estatal, Adán Augusto López Hernández, quién se encargaba de las negociaciones con los ex-petroleros, confirmó la existencia de un fideicomiso "como fondo de garantía para impulsar la productividad por medio de pequeñas y medianas empresas", aunque aclaró que había sido creado para atender las demandas de todos los grupos afectados por la actividad petrolera "y no exclusivamente a los ex-petroleros", además de que no se preveía "repartir dinero en efectivo" como ellos lo planteaban. Al no haber acuerdo los trabajadores decidieron iniciar la marcha que, según informó a la prensa Wilbert Narváez, representaba a 1 mil 800 demandantes integrados en el padrón realizado al efecto. 842
3. Dirigentes en las elecciones y trabajadores a los panteones
En octubre de 1994 se realizaron elecciones seccionales en las que resulto electo Cutberto de la Cruz Arellano, hombre de confianza del anterior dirigente seccional Torruco Ponce. En 1997 Cutberto se reelige para el periodo que terminaría en el año 2000. En el mes de julio de 1999 las divisiones priístas resultado de la elección del candidato presidencial se agudizan en el estado de Tabasco, cuyo gobernador, Roberto Madrazo, era el principal competidor de Francisco Labastida por la candidatura priísta. En vísperas de la renovación de la directiva estatal de la CTM, el 13 de julio un grupo de sindicalistas tomó el edificio sede de la CTM en Villahermosa en protesta por la pretensión del líder Bernardino Ochoa Salomón de reelegirse en el cargo. Esto motivó que el Comité Ejecutivo Nacional de la CTM nombrara como delegado especial en la entidad a Abelardo Carrillo Zavala, ex-gobernador de Campeche y secretario de Asuntos Económicos de la central, quien convocó a elecciones estatales para el 5 de septiembre de 1999, tiempo suficiente para poder armar una planilla “de unidad”. Sin embargo no se pudo llegar a ningún acuerdo y pocos días antes de la fecha señalada, Carrillo Zavala anunció que las elecciones quedaban suspendidas ya que se hallaban registradas siete candidaturas, lo que ponía en riesgo la unidad de la central en Tabasco, además de que corrían rumores de que diversos grupos tratarían de desestabilizar la asamblea electoral con actos de violencia, por lo que él asumía el mando de la CTM estatal en tanto el CEN nombrará otro delegado y “existieran condiciones” para celebrar las elecciones. Entre los candidatos registrados para dirigir la CTM estatal figuraba el dirigente de la sección 48 del STPRM, Cutberto de la Cruz. 843
Casi un año después, en el cierre de la campaña presidencial en junio del 2000, Cutberto de la Cruz fue acusado de coaccionar a los cinco mil trabajadores del complejo procesador de gas en Cactus, para que votaran e hicieran proselitismo a favor del candidato Labastida. En rueda de prensa que ofrecieron en las instalaciones del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, y en la que estuvieron presentes dirigentes estatales del PAN y del PRD, los trabajadores petroleros José Luis Rosas Muñoz y Gilberto Quintero Reyes, mostraron un documento con el padrón general y un listado denominado “Trabajadores de la República por Labastida”, donde se les obligaba a firmar como “promotores del voto”, al tiempo que se les exigía entregar los datos de la credencial de elector, bajo la amenaza de cancelarles prestaciones laborales como el préstamo para vivienda. Los trabajadores inconformes afirmaron también que Cutberto de la Cruz había trasladado a cientos de trabajadores petroleros para participar en un mitin de apoyo a Labastida en la ciudad de México, a cada uno de los cuales se les pagaron 500 pesos por su asistencia, por lo cual anunciaron que presentarían una denuncia ante la Cámara de Diputados para que se investigara el asunto y pedirían la apertura de un proceso penal en contra del dirigente seccional y funcionarios de Pemex que participaban en estos delitos electorales. 844
Si bien Cutberto de la Cruz se movilizaba activamente en la campaña presidencial del PRI, por contraparte hacia caso omiso del deterioro de las condiciones laborales y de salud de sus agremiados, como era el caso de la suspensión -desde 1995- del pago del “tiempo insalubre” establecido en el contrato colectivo para resarcir los daños causados por la exposición de los trabajadores a distintos contaminantes como azufre, ácidos, polvos reactivos y ruido por arriba de los 100 decibeles, según denunciaron en conferencia de prensa a principios del mismo mes de junio los trabajadores José Luis Rosas y Joel Chávez Medina, quienes afirmaron representar a más de 3 mil 800 trabajadores que en el complejo procesador de gas se encontraban en esa situación de insalubridad, y que a varios de ellos les había causado pérdida de la vista y el oído, malestar en garganta y pulmones, alergias, desvío de columna, artritis y algunos casos de fallecimiento por leucemia o cáncer.
Los denunciantes también acusaron a la paraestatal de no otorgarles el equipo de protección adecuado, como conchas auditivas y botas de uso industrial entre otros insumos, o bien les proporciona equipo de inferior calidad, “como los tapones auditivos que nos generan hongos”. La situación, dijeron, se agravaba al aumentar los niveles de contaminación por la falta de mantenimiento a la planta, y consideraron incongruente que a comunidades aledañas a ese centro de trabajo, ubicadas en un radio de 10 kilómetros, Pemex les pagara por concepto de afectaciones debidas a la contaminación, mientras que a ellos, que se encontraban en el interior de la planta, les suspendieran el pago del tiempo insalubre. Según informaron, desde hacía seis años habían presentado una demanda al respecto en la Junta de Conciliación y Arbitraje número 49 en Tuxtla Gutiérrez, sin que les hubieran dado nunca alguna respuesta clara, y sin que el dirigente nacional Romero Deschamps, “preocupado por servirse a sí mismo y al candidato presidencial del PRI”, hubiera hecho nada al respecto. También afirmaron que a quienes se atrevían a protestar, se les restringían los derechos laborales y se les “suspendían” por 15 días o más. 845
En octubre de 2000 se realizan elecciones seccionales en las cuales resulta electo el candidato oficialista Cesar Pecero Lozano con un total de 2 mil 317 votos a su favor, mientras que su contendiente, Carlos Samaniego Hernández, solo obtiene 60. Votó el 75 por ciento de un padrón de 3 mil 141 agremiados.
4. Resumen
Siete conflictos de los cuales dos fueron obrero-patronales. De estos últimos en el primero se negociaron 948 liquidaciones a cambio de ayudas monetarias y apoyos financieros para la creación de microempresas, y se desarrolla en el contexto del plantón en Villahermosa realizado por el NMPI y las marchas al DF encabezadas por el PRD en mayo y junio de 1994. El otro es una denuncia en la prensa nacional de la situación de altos riesgos por contaminación e insalubridad en las instalaciones. De los cinco conflictos sindicales en cuatro de ellos se trata de asuntos ligados a la corrupción que incluyen las renuncias del secretario general y el presidente de la comisión de contratos seccionales, un asesinato en asamblea entre dos dirigentes de la coalición oficialista, tomas de instalaciones sindicales y secuestro del CES, plantones en Villahermosa y una marcha al DF. El otro conflicto intersindical lo constituyeron las denuncias en contra de la movilización forzada de trabajadores petroleros en apoyo al PRI durante las elecciones presidenciales de 2000.
| Sección 48 | OP | IS |
| Conflictos | 2 | 5 |
| 1989 | 1 (feb – mar 89) | |
| 1990 | 1 (feb 90 – abr 93) | |
| 1993 | 1 (may 93) | |
| 1994 | 1 (jun 94) | 1 (ene – jun 94) |
| 2000 | 1 (jun 00) | 1 (jun 00) |
Las demandas planteadas sumaron un total de 20 de las cuales solo una fue resuelta, la renuncia del líder quinista en 1989. En los conflictos patronales solo se plantearon cuatro demandas: medidas y equipo de seguridad en las plantas procesadoras de gas, pago de tiempo insalubre según lo estipulado en el contrato colectivo, así como el asunto de la liquidación de los despedidos. En los conflictos intersindicales las demandas fueron 16, de las cuales dos eran por el registro de planillas opositoras para competir en las elecciones seccionales; una por la renuncia del líder seccional; seis por corrupción con los bienes sindicales; seis por asuntos de finanzas sindicales relativos a la devolución de cuotas, seguros de vida y participación en lo obtenido por la venta de los bienes sindicales para los trabajadores despedidos; y finalmente por el “acarreo” de trabajadores y uso de bienes sindicales en las campañas del PRI.
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | ||||||
| Sección 48 | OP | IS | Total | IS | Total | ||
| DEMANDAS | 4 | 16 | 20 | 1 | 1 | ||
| Medidas de seguridad | 3 | 3 | |||||
| Liquidación | 1 | 1 | |||||
| Elecciones | 2 | 2 | |||||
| Dirigentes oficiales | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Corrupción | 6 | 6 | |||||
| Finanzas sindicales | 6 | 6 | |||||
| Partidos políticos | 1 | 1 | |||||
Del total de 39 acciones en la sección solo cuatro fueron obrero patronales, y consistieron en gestiones en la JCA y en la empresa, y la elaboración de listados de despedidos. Las acciones intersindicales destacan no solo por su número sino por su intensidad que va, en el caso de los trabajadores, del secuestro de la dirección seccional, la toma de instalaciones sindicales, plantones y marchas en Villahermosa y la ciudad de México, campañas de difusión, pero también la división y los enfrentamientos internos. En cuanto a la burocracia sindical, también hay enfrentamientos internos con toma de las instalaciones sindicales, enfrentamientos físicos, asesinato de dirigente en plena asamblea, que reproducen en la localidad las divisiones internas de los dirigentes priístas ante las elecciones de 2000, así como otras acciones de intimidación física contra los trabajadores, además de un acarreo masivo en las campañas electorales del PRI.
| Sección 48 | Trabajadores | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 20 | 13 | 6 | 39 |
| Legales | 13 | 0 | 5 | 6 |
| Directas | 13 | 4 | 1 | 18 |
| V. Sindical | 6 | 9 | 0 | 15 |
| OP | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Legales | 1 | 1 | ||
| Directas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| IS | 18 | 12 | 5 | 35 |
| Legales | 5 | 5 | ||
| Directas | 12 | 3 | 15 | |
| V. Sindical | 6 | 9 | 15 |
XXVI. Sección 14 de Ciudad Pemex, Tabasco
La sección 14 agrupaba en 1982 a 1 mil 172 trabajadores de planta y desde entonces era controlada por un grupo encabezado por Lenín Falcón Méndez (que también fue presidente municipal de Macuspana de 1983 a 1985) y Gonzalo Guzmán Vázquez, quienes se distanciaron en el año de 1988 al no ponerse de acuerdo sobre quien encabezaba la planilla oficialista en las elecciones seccionales, siendo Falcón Méndez quien finalmente queda al frente del comité ejecutivo seccional. Unos meses después de la elección, el 10 de noviembre del mismo año, es asesinado en circunstancias nunca aclaradas el recién electo dirigente seccional Lenín Falcón Méndez, en ese momento enfrentado al grupo de Ciudad Madero, al que se le atribuyó el hecho sin poderse probar nada. Los seguidores del dirigente asesinado acusaron al director de Seguridad Pública del estado de Veracruz, Luis Uribe, de borrar evidencias en la escena del crimen. Otro policía involucrado, Enoc Cruz García, se desempeñó tiempo después como comandante de la policía judicial del estado de Tabasco. 846
1. Un cacicazgo violento
Después de la detención de La Quina , el líder seccional interino, Ovido Bocanegra Durán, renunció al cargo "por motivos de salud" por lo que se procedió al nombramiento de la nueva directiva local que fue encabezada por el viejo cacique, ex-dirigente seccional durante 1974-1975 y ex-secretario nacional de ajustes en 1977-1979, Gonzalo Guzmán Vázquez. Días antes de la elección, Julian Velázquez y Fermin Subiaur Gómez -ex-secretarios de ajustes y del interior de la sección y hombres de confianza de Lenin Falcón Méndez- declararon a la prensa que tratarían de impedir la imposición de Gonzalo Guzmán, a pesar de que "dice tener el apoyo de Guzmán Cabrera". Sin embargo no solo no pudieron evitar la llegada al cargo de su enemigo político, sino que ambos tuvieron que solicitar su jubilación en los días posteriores a la elección.
Una vez realizada la designación el “nuevo” líder seccional realizó declaraciones a la prensa desde la sala de su residencia en Macuspana, en la que acababa de colgar un cuadro de Sebastián Guzmán Cabrera con dedicatoria para quien "contribuirá a la nueva etapa sindical que instituya al STPRM su antiguo prestigio". Ahí Guzmán Vázquez informó que por instrucciones de la dirigencia nacional "nosotros vamos a ser los responsables de que esto marche bien en Ciudad Pemex... para que ya no haya trafiques", afirmando que en la sección había 500 trabajadores transitorios que pagaron entre siete y ocho millones de pesos por adquirir una plaza definitiva y que no sabían a quien reclamarle el dinero y la planta "porque el anterior secretario general renunció y el del Interior, Fermin Subiaurt, va a ser jubilado de un momento a otro", por lo que él investigaría la venta de plazas, de fichas y de turnos, "porque es el compromiso de nuestro líder máximo, desterrar la corrupción". 847
A partir de entonces se consolida el cacicazgo de Guzmán Vázquez en la sección 14 reeligiéndose en el cargo en octubre de 1990. En junio de 1991 Guzmán Vázquez gana la diputación estatal por el distrito de Macuspana. En octubre de 1992 impone en la dirección seccional al también diputado estatal Roosvelt Luna Zurita mientras que Guzmán Vázquez queda al frente del consejo de vigilancia de la sección. A finales de 1994 el mismo Guzmán Vázquez es electo de nueva cuenta secretario seccional a pesar de haber sido acusado penalmente de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. La procuraduría estatal archivó el caso argumentando que la denuncia debería haberla presentado el consejo de vigilancia seccional, cuyo presidente era justamente el acusado. Sin embargo los trabajadores inconformes siguieron insistiendo en la reapertura de la investigación sin lograrlo, no obstante las promesas del gobernador Roberto Madrazo de intervenir al respecto.
En septiembre de 1996 una comisión de trabajadores se encontraba en la ciudad de México gestionando la intervención de la Secretaría de Gobernación para la reapertura del caso. Ahí Encarnación Hernández, líder del grupo local Solidaridad Sindical 18 de Marzo, informó a la prensa que Guzmán Vázquez vendió sin consultar a nadie un rancho y dos tiendas sindicales, desmanteló dos cines y despidió a tres mil trabajadores al servicio de la sección, apoderándose del dinero de los socios cooperativistas y de los recursos generados por la renta de autobuses y la caja de ahorros. Su hijo Carlos era secretario seccional del Trabajo, su hija Rosa Icela representante seccional en la JFCA, su hija Dulce Maria representante en la JLCA, y Javier, el hijo menor, administrador de la sección. Tres familiares más eran contratistas del sindicato. Guzmán Vázquez, quien formalmente vivía del salario correspondiente a su plaza de conductor, era propietario de un número indeterminado de ranchos con ganado vacuno, casas-habitación residenciales, una discoteca y varios vehículos de transporte y de carga. 848
Las gestiones de los trabajadores ante el gobierno federal tampoco tuvieron ningún resultado y lejos de ser juzgado Guzmán Vázquez se dispuso a ser reelecto por cuarta ocasión. La disidencia agrupada en Solidaridad Sindical mantuvo su exigencia de consignación del viejo cacique, elecciones limpias y cese al hostigamiento en contra de los disidentes. Las dos últimas demandas eran las mismas que en la mayoría de las secciones de la zona sur, de tal manera que a mediados de 1997 grupos de 10 secciones deciden formar la Alianza Democrática Zona Sur Sureste (ADZSS) con vistas a la próxima renovación de las directivas seccionales prevista para octubre y noviembre del mismo año.
La formación de esta amplia coalición tuvo como respuesta un endurecimiento de las directivas seccionales cuestionadas y un escalamiento de la violencia. En los primeros días de octubre de 1997 los trabajadores agrupados en Solidaridad Sindical se apoderan por la fuerza de las instalaciones de la sección 14. El día 4 del mismo mes un grupo de golpeadores fuertemente armados dirigidos por Gonzalo Guzmán Vázquez e Ignacio Flores Correa llevan acabo un violento ataque en contra de los trabajadores que mantenían en su poder la sede sindical, quienes rechazan la agresión con un saldo de cuatro trabajadores lesionados. La intensidad del enfrentamiento llega a tal punto que para frenarlo tuvieron que intervenir elementos del 17 batallón de infantería del Ejercito Mexicano.
Un día después representantes de las corrientes opositoras agrupadas en la ADZSS realizaron una conferencia de prensa para denunciar los hechos y solicitar la intervención de los diputados federales por el PRD Luis Rojas Chávez (Coatzacoalcos), Héctor Sánchez López (Tehuantepec) y Joaquín Hernández Correa (Ciudad Madero), así como del líder nacional Carlos Romero Deschamps, para frenar la violencia, reformar el estatuto y permitir las elecciones mediante voto libre, universal y secreto.
El día siguiente, en la madrugada del 6 de octubre, las instalaciones sindicales fueron violentamente desalojadas por un comando integrado por siete camiones llenos de policías antimotines de seguridad pública y elementos de la policía judicial del estado de Tabasco. En el operativo -realizado en atención a una demanda por despojo presentada por la directiva seccional- fueron detenidos 62 trabajadores. Atrás de los cuerpos policíacos venía el grupo de choque de la directiva seccional causando destrozos a los vehículos de los trabajadores detenidos y saqueando una tienda de consumo propiedad del sindicato, después de lo cual tomaron posesión del local sindical. En las siguientes horas se realizó en la ciudad de México una conferencia de prensa denunciando el desalojo, en la que el diputado federal Luis Rojas Chávez informó que la violencia en las secciones de Tabasco no solo se debía a la renovación de las directivas seccionales, sino también porque se estaban desviando fondos de los trabajadores petroleros para apoyar las candidaturas priístas a las presidencias municipales que estarían en juego el 19 de octubre próximo. En los siguientes días Gonzalo Guzmán Vázquez sería reelecto por cuarta ocasión al frente de la directiva de la sección 14. 849
En el mes de octubre de 1999, en una intervención en el Senado de la República a propósito del movimiento de la UTIPAC en Las Choapas, el senador por el PAN, Ricardo García Cervantes, se refirió también a la sección 14, denunciando que 70 trabajadores protestaban por la violación de sus derechos laborales, ya que Pemex Petroquímica “traspasaba sus trabajadores” a compañías privadas, cerrando y vendiendo plazas de trabajo a su arbitrio. También informó que la subdirección corporativa de Relaciones Laborales de la misma empresa había enviado un oficio el pasado 9 de septiembre donde pedía la aplicación de un convenio acordado con el sindicato para el cambio de personal de base de la planta Criogénica II y el cierre de las plantas de Absorción y Endulzadora de Condensados del complejo procesador de gas Ciudad Pemex. 850
Durante la campaña electoral previa a los comicios federales del 2 de julio de 2000, en la sección 14, al igual que en la mayoría de las secciones petroleras, la directiva seccional hizo uso de los recursos sindicales para apoyar la candidatura priísta de Francisco Labastida. Esto produjo un desequilibrio en las finanzas seccionales que intento resolverse mediante el descuento a los trabajadores jubilados de una cantidad reportada como “cuota sindical”, según denunció a fines de julio del 2000 el dirigente opositor de la ANDTP, Francisco Javier Requena. 851
En octubre del mismo año se realizan elecciones seccionales ganando la planilla oficialista encabezada por Ignacio Flores Correa (quien había encabezado junto con Guzmán Vázquez el violento intento de desalojo del local sindical en octubre de 1997) con 1 mil 467 votos, mientras que la oposición se divide en dos planillas, la encabezada por María de los Ángeles Pérez Olivé que obtuvo 377 votos, y la encabezada por Herculano Naranjo Lara con 27 votos. En total votó el 95 por ciento de los 2 mil 11 trabajadores que formaban en ese momento la sección 14.
2. Resumen
Cinco conflictos en total de los cuales cuatro son intersindicales. El primero es un ajuste de cuentas en la directiva oficialista con acusaciones de corrupción para obligar a la jubilación forzosa al grupo del dirigente asesinado Lenin Falcón. Estas mismas acusaciones se harán después contra el sucesor Guzmán Vázquez en medio de un violento enfrentamiento del cual finalmente saldrá fortalecido el cacicazgo. Mientras tanto la empresa realiza sin oposición la privatización de distintas plantas del complejo procesador de gas en Ciudad Pemex. En 1996, y aunque no da lugar a ningún conflicto, se reporta el despido de 3 mil trabajadores al servicio de la sección.
| Sección 14 | OP | IS |
| Conflictos | 1 | 4 |
| 1989 | 1 (feb 89) | |
| 1994 | 1 (nov 94 – sep 96) | |
| 1997 | 1 (oct 97) | 1 (oct 97) |
| 2000 | 1 (jul 00) |
De las ocho demandas registradas siete son sindicales y una contra la empresa. Las primeras son por corrupción mediante la venta de plazas transitorias, fraude en la venta de bienes sindicales, nepotismo en los cargos sindicales y apropiación privada (familiar) de los recursos de la sección, así como por autoritarismo y represión contra opositores. La demanda obrero patronal es contra el traslado unilateral de personal de Pemex a las empresas privadas. No hay ninguna demanda solucionada.
| PLANTEADAS | |||
| Sección 14 | OP | IS | Total |
| DEMANDAS | 1 | 7 | 8 |
| Consejo administración | 1 | 1 | |
| Dirigentes | 1 | 1 | |
| Corrupción | 4 | 4 | |
| Represión sindical | 2 | 2 | |
De las 20 acciones registradas solo una corresponde al conflicto obrero patronal y fue la denuncia pública de la situación en las plantas de gas hecha por un senador panista. El resto de las acciones son en el conflicto intersindical y más de la mitad de las cuales las realizan los trabajadores. Tres de estas son legales (solicitud intervención autoridades, procedimientos judiciales) por una de la autoridad (retraso en las indagaciones). Las acciones directas de los trabajadores son de difusión pública, alianzas con diputados y senadores de distintos partidos y acciones de fuerza en la toma y defensa de las instalaciones sindicales en 1997. La burocracia sindical por su parte en 1989 con acusaciones de corrupción obliga a la renuncia y jubilación de la directiva seccional quinista con quien tenía cuentas que saldar. En 1997 actúa con extrema violencia y vandalismo en la retoma de las instalaciones sindicales y en alianza con fuerzas policíacas municipales y estatales, obligando incluso a la intervención del ejercito.
| Sección 14 | Trabajadores | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 11 | 6 | 3 | 20 |
| Legales | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Directas | 8 | 2 | 2 | 12 |
| V. Sindical | 0 | 4 | 0 | 4 |
| OP | 1 | 1 | ||
| Directas | 1 | 1 | ||
| IS | 10 | 6 | 3 | 19 |
| Legales | 3 | 1 | 4 | |
| Directas | 7 | 2 | 2 | 11 |
| V. Sindical | 4 | 4 |
XXVII. Sección 42 de Ciudad del Carmen, Campeche
En 1982 esta sección integraba a los trabajadores de la Barcaza Río Pánuco (que en ese momento sumaban 71). Seis años después, en enero de 1989 durante el congreso nacional en el que fue designado Guzmán Cabrera secretario nacional días después del quinazo , se acordó “trasladar” la sección a Ciudad del Carmen en donde agrupó a trabajadores de las plataformas marítimas en la Sonda Marina de Campeche, en donde coexistían también las secciones 47 y 31 de Ciudad del Carmen y Coatzacoalcos respectivamente. Los trabajos en la sonda se iniciaron en 1972, tres años después se terminó el primer pozo exploratorio en el campo Chac, en 1976 el campo Bacab y en 1977 el pozo Akal 1. En 18 años de actividad se habían perforado hasta 1992 un total de 1202 pozos exploratorios, de los cuales 70 resultaron productores de aceite y gas. Se habían descubierto hasta ese momento 32 campos con potencial de producción, entre ellos el complejo Cantarell, una de las pocas estructuras "super gigantes" descubiertas en el mundo. En Cayo Arca se localizaba una terminal marítima de exportación de crudo operada por 113 trabajadores. En 1992 existían en la sonda de Campeche 59 plataformas fijas operadas por 6 mil trabajadores (después del despido de alrededor de 4 mil trabajadores en la sonda durante los años 1990 a 1992) que laboraban 14 días por otros tantos de descanso y que lograban una producción de un millón 500 mil barriles al día, que para entonces representaba el 70 por ciento de la producción nacional. 852
1. Despidos masivos en las plataformas de perforación
En el momento del quinazo encabezaba a la sección Clemente Juárez Guzmán que inmediatamente renunció al cargo para ser sustituido por René Enríquez Valencia, quien a finales de 1990 fue reelecto al frente de la sección. Un año después, el 11 de diciembre de 1991, Enríquez Valencia declaró a la prensa que en la sección habían sido despedidos durante su segundo período 746 obreros. Solo en las semanas anteriores 317 trabajadores de diversas plataformas en la Sonda de Campeche fueron liquidados, de los cuales 99 eran de planta y el resto transitorios. El dirigente seccional afirmó también que el sindicato buscaba que los despedidos fueran contratados por otras compañías que prestaban servicio de perforación para Pemex y que, para esa fecha, 240 de los liquidados se encontraban laborando ya en compañías como Protexa y Perforadora México. 853
El 15 de mayo de 1992 el STPRM entregó un comunicado anunciando que el 26 de abril anterior había firmado un convenio con la empresa mediante el cual se liquidarían 400 trabajadores de 5 plataformas de perforación ubicadas en la Sonda de Campeche y pertenecientes a las secciones 42 y 47. Ese mismo día Pemex informó del despido de 350 trabajadores de las plataformas marinas correspondientes a la sección 42. En reacción a estos últimos despidos el secretario seccional Enríquez Valencia de manera inusitada acusó a la empresa de "vende patria" al asegurar que se estaba contratando a empresas extranjeras para renovar 10 plataformas marinas en la Sonda de Campeche, las que contratarían a su propio personal de operación, desplazándose a 300 sindicalizados más. El líder seccional también declaró a la prensa que aunque Pemex no había notificado oficialmente del desmantelamiento de las plataformas, ya había iniciado una revisión de los expedientes laborales para preparar la liquidación, en vista del vencimiento del contrato de arrendamiento de las empresas perforadoras privadas con Pemex. En tanto en una sesión del Congreso del estado de Campeche, el diputado perredista Abraham Bagdadi Estrella denunció en tribuna que Pemex se negaba a liquidar conforme a la ley a los despedidos, por lo que su partido "apoyaría en sus justas demandas a los petroleros despedidos", ya que la dirigencia nacional petrolera no tomaba ninguna medida en su defensa.
Unos días después, el 19 de mayo, los representantes de despedidos de las secciones 42 y 47, Raúl Lorma García, Gustavo Cervantes y Francisco Corino, anunciaron una marcha el día siguiente hacia la Gerencia de la Zona Marina en Ciudad del Carmen para exigir que su titular, Ricardo Palacio Calva, recibiera a una comisión para discutir que de 1990 a esa fecha 2 mil 400 petroleros que trabajaban en actividades de perforación habían sido despedidos sin que se les hubiera liquidado conforme a la LFT y el CCT. La empresa argumentaba que el equipo "se había terminado" y no había dinero para adquirir nuevo equipo de perforación. 854 Como se anunció el día 20 se realizó una marcha de más de 200 trabajadores despedidos en Ciudad del Carmen que después se transformó en plantón frente a las oficinas de Pemex mientras la comisión, encabezada por el diputado perredista Abraham Bagdadi Estrella, se entrevistaba con el gerente Palacios Calva, quien les aseguró que Pemex "no tenía objeción en liquidar a los despedidos, siempre y cuando comprobaran sus años de labor” y las gestiones se tramitaran a través de las secciones 42 y 47. También les ratificó la noticia del desmantelamiento de 10 plataformas marítimas de perforación ubicadas en la Sonda de Campeche y el cese de 350 trabajadores más.
En vista de que los trámites acordados en esa reunión no se iniciaron de inmediato, el 26 de mayo 350 petroleros se plantaron con mantas y pancartas frente a las oficinas de Pemex mientras una comisión encabezada por el dirigente local del PRD, Jorge Casanova Domínguez, intentaba infructuosamente entrevistarse con el gerente Palacios Calva para entregarle la lista de despedidos con derecho a liquidación. Palacios se negó a recibirlos "porque no iba con ellos el diputado Bagdadi Estrella", quien los había encabezado en la reunión anterior. Ante la actitud de la empresa los trabajadores tomaron el acuerdo de sumarse a la marcha de los petroleros de Tabasco, 855 por lo que salieron de las oficinas de Pemex en Ciudad del Carmen esperando que en el camino se les unieran otros petroleros despedidos. Gustavo Cervantes Jiménez, Marino Luciano y Marcos Díaz, coordinadores de la marcha, informaron que pernoctarían en Atasta, Campeche, a 40 kilómetros de la capital tabasqueña. 856
El día siguiente la gerencia de zona marina de Ciudad del Carmen difundió un comunicado en el que afirmaba que después de revisar junto con el representante de la JFCA en la entidad los casos presentados por la secciones 42 y 47, "a partir del lunes 25 de mayo se comenzaron a generar las liquidaciones" y ya se había pagado a 19 trabajadores, estimando que para el 15 de junio estarían liquidados la mayoría de obreros despedidos en la localidad, por lo que la marcha era innecesaria. Al mismo tiempo en la ciudad de Campeche el titular del Departamento de Relaciones Públicas de Pemex, Rodolfo Hernández, declaraba a la prensa que el despido de 500 obreros en la entidad no era una acción dirigida a la privatización de algunas de las áreas de la empresa y que tampoco habría en el corto plazo más despidos. Ese mismo día 27 de mayo los 350 trabajadores en marcha realizaron un mitin en las oficinas regionales de Pemex en Atasta donde informaron que ellos no estaban en las listas entregadas por los dirigentes seccionales, además que rechazaban la intervención de éstos en los trámites de liquidación. El presidente del PRD de Ciudad del Carmen, Jorge Casanova Domínguez informó que la marcha se reanudaría de Atasta al Puerto de Frontera. 857
La marcha de la sección 42 llegó a la ciudad de Villahermosa el 1 de junio, donde junto con otros 1 mil 800 trabajadores despedidos integrados al MPI-LC realizaron un mitin en el parque Hidalgo. Ahí el diputado federal del PRD Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, informó a los marchistas que el gerente de Relaciones Laborales de Pemex, Julio Pindter González, le comunicó que la empresa estaba dispuesta a dar solución a las demandas “igual que como se resolvió con los transitorios de Tabasco”. 858 La asamblea de marchistas de la sección 42 no aceptó la propuesta al considerar que el trabajo en las plataformas era distinto al trabajo que realizaban los despedidos de Tabasco. Por su parte el líder Jorge Casanova Domínguez informó que se discutía si proseguían la marcha o abordaban autobuses para alcanzar a la marcha de los petroleros veracruzanos y tabasqueños en Tlaxcala.
El 3 de junio se anunció que los marchistas habían llegado a un acuerdo con la empresa mediante el cual se les liquidaría en base a la cláusula 21 del CCT, y que los obreros que no cumplieran con los requisitos del convenio del 26 de abril pactado con el STPRM, "por una sola vez y sin que sentara precedente", serían liquidados en función del tiempo en que laboraron, conforme a los rangos autorizados. También se acordó una indemnización de 40 días de salario ordinario a las viudas, siempre y cuando sus cónyuges hubieran tenido más de dos años de servicio. 859
Un mes después, el 15 de julio, se entregaron nuevas listas de trabajadores no considerados en los acuerdos anteriores y que se agrupaban dentro de la Coalición Felipe Carrillo Puerto (CFCP) junto con campesinos y pescadores de la península de Atasta, municipio del Carmen, en Campeche. El 12 de septiembre, después de una difícil reunión a la que asistieron como mediador el gobernador de Campeche, Jorge Salomón Azar García, por Pemex Julio Pinder y Héctor Leyva, y como representantes de la CFCP el diputado federal y el líder local del PRD, Miguel Cuitláhuac Vázquez Hidalgo y José Casanova Domínguez respectivamente, se firmó un convenio con dos variantes: una para el caso de los trabajadores petroleros activos y ex-empleados de Pemex y otra para los pescadores y campesinos de la península de Atasta.
Respecto a los petroleros, Pemex se comprometió a la liquidación de trabajadores de planta y transitorios de acuerdo a lo que estipulaba el CCT en su cláusula 21, y de acuerdo a los listados entregados por la CFCP hasta el 15 de julio anterior. También se acordó analizar los casos de obreros que hubieran sufrido riegos de trabajo con grado de incapacidad dictaminado y a las viudas de trabajadores transitorios. Los módulos de liquidación y de revisión serían instalados del 17 al 30 de septiembre y se proporcionaría atención médica a los accidentados que no hubieran sido atendidos. Respecto a los campesinos y pescadores se acordó la realización de estudios técnicos del impacto ambiental en tierra, mar y cuerpos lacustres para determinar el grado de contaminación y, de acuerdo a los resultados, Pemex pagaría a los afectados con cheques nominativos de acuerdo con los tabuladores de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. El 30 de septiembre Pemex informó que había liquidado a 266 transitorios de los cuales 89 pertenecían al CFCP y 177 fueron representados por las secciones 42 y 47, mientras que 14 casos se desecharon por no tener razón. 860
A finales de 1992 se realizaron elecciones seccionales quedando al frente de la sección Moises Marín García quien en noviembre de 1994 es reelecto para un nuevo periodo de tres años. Meses antes Marín García había sido acusado de ser el autor intelectual de una golpiza que el secretario del Trabajo seccional junto con sus guardaespaldas había propinado a dos trabajadores sindicalizados, Santiago Díaz y Feliciano Dávila, durante una parranda en la que participaban. 861 Un año después, en octubre de 1995 Ciudad del Carmen fue azotada por dos huracanes que causaron graves destrozos y afectaciones a la población civil. Por tal motivo el auditorio de la sección 42 se convirtió en un enorme albergue para más de 1 mil 200 personas. El 22 del mismo mes, CRD presidió un acto en la localidad para hacer entrega de 14 toneladas de víveres destinados a los damnificados y que habían sido aportados por las 36 secciones, según afirmó el dirigente nacional. El alcalde Ricardo Ocampo recibió y agradeció la donación. 862
2. Trabajadores de servicios a plataformas y barcazas
El 20 de agosto de 1997, 28 trabajadores de la plataforma de perforación "Nahuatl" propiedad de Protexa ubicada 70 kilómetros mar adentro en la Sonda de Campeche, decidieron iniciar un paro de labores en demanda de pago de utilidades, aguinaldos y vacaciones adeudadas por varios años, servicio médico para ellos y sus familias, y en protesta por los malos tratos recibidos. Desde la plataforma los trabajadores inconformes, por medio del representante José Antonio Viveros Vicenteño, se comunicaron telefónicamente con la prensa informando que mantenían bloqueado el helipuerto y las grúas se encontraban fuera de servicio. Viveros Vicenteño afirmó también a los medios de comunicación que por el paro la compañía dejaba de percibir alrededor de 30 mil dolares diarios.
La empresa "Protexa" era propietaria de la plataforma, que a su vez era arrendada por Pemex Exploración y Producción desde julio de 1996 bajo el esquema de “cuota diaria con mantenimiento integral incluido”. En la plataforma laboraban otras 59 personas además de los inconformes, la mayoría empleados de Pemex. Los trabajadores de Protexa eran considerados "de confianza", se encargaban de los servicios de limpieza, alimentación y hospedaje, y les descontaban mensualmente 200 pesos como cuota a la sección 42 del STPRM, a cuyo líder Moisés Marín García acusaban de desentenderse de los problemas laborales a pesar de que su plaza de perforador se ubicaba en la misma plataforma. Por eso exigían la intervención del líder nacional del STPRM, Romero Deschamps, así como de las autoridades laborales federales y locales.
En respuesta Pemex decidió presentar una denuncia ante el ministerio público federal formulando cargos por ataques y daños a las vías generales de comunicación porque durante el paro laboral se impidió el uso normal de los sistemas de radiocomunicación y telefonía instalados en la plataforma; también acusó a los trabajadores de sabotaje y secuestro. Dos días después de iniciado el paro de actividades, el 22 de agosto, elementos de la PGR y de la Armada de México tomaron por asalto la plataforma de perforación y aprehendieron a 28 trabajadores a los cuales se les recluyó en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Koben en la ciudad de Campeche, después de permanecer incomunicados durante 72 hrs. en la delegación de la PGR en la misma ciudad.
Los líderes de los trabajadores, Luis Hernández Freyres y Pablo Domínguez Wong, denunciaron haber sido detenidos con lujo de violencia a pesar de haber mostrado un amparo judicial. La defensa de los detenidos fue emprendida por parte del ex-candidato a la presidencia municipal de Ciudad del Carmen por el PRD y dirigente de la corriente política local encabezada por Layla Sansores, Camilo Massa Pérez, quién en declaraciones a la prensa afirmó que la detención se realizó de manera ilegal y que se convirtió en un delito federal lo que simplemente era un conflicto laboral. Los trabajadores fueron liberados bajo fianza a principios de septiembre del mismo 1997. 863
La situación de los trabajadores de Protexa se repetía en toda la sonda de Campeche por lo que el 9 de agosto de 1998 en Ciudad del Carmen, los trabajadores prestadores de servicios en más de 20 plataformas fijas y diversas barcazas petroleras, cansados del atropello a sus derechos laborales por parte de los comités seccionales del STPRM y las empresas contratistas de Pemex, la mayoría de ellas extranjeras, decidieron constituirse en Sindicato Uníco de Prestadores de Servicios de Alimentación y Hospedaje a Plataformas y Barcazas (SUPSAHPB). El líder electo de la nueva organización, Román Bolón Palma, informó a la prensa que los promotores temían por sus vidas ya que “fuimos amenazados, pero ya dimos el primer paso y no abandonaremos el movimiento”, recordando que en agosto del año anterior los trabajadores que se habían declarado en paro en una plataforma petrolera de la sonda de Campeche habían sido violentamente aprehendidos por elementos de la PGR y el ejercito. También dijo que en la industria petrolera eran más de seis mil los trabajadores en esta situación de indefensión. 864
En noviembre de 1997, fue electo nuevo secretario seccional Conrado Alamina Hernández, quien poco tiempo después acusará al anterior secretario general durante los períodos 1992-1994 y 1994-1997, Moisés Marín García, de fraude por 30 millones de pesos producto de la venta de edificios propiedad de la sección. En febrero de 2000 Conrado Alamina entrega a la Procuraduría General de Justicia Estatal de Campeche un expediente en el que se documenta la acusación de fraude. Sin embargo el trámite queda congelado ahí sin que se turne el acta de averiguación al juez correspondiente. Según los demandantes esto se debía a la maraña de intereses económicos, políticos y familiares que vinculaban a Marín García con altos funcionarios estatales y con buena parte de los dirigentes seccionales. 865 Como resultado de las acusaciones la coalición mayoritaria se divide y aunque Conrado Alamina se presenta a las elecciones seccionales de octubre de 2000 buscando la reelección, es derrotado en una apretada votación por 409 votos contra 473 de la planilla encabezada por Juan Viveros Castillo, quien en su cargo de tesorero de la sección había sido uno de los principales acusados de encubrir el fraude con los bienes sindicales.
3. Resumen
Siete conflictos de los cuales cinco son obrero patronales. De estos los tres primeros en 1991 y 1992 son resultado de los despidos masivos en las plataformas de perforación que para 1992 sumaban 1 mil 850 obreros industriales, algunos de los cuales se volvían a contratar directamente o a través de la sección sindical (sub contratación) con las empresas privadas a cargo de las actividades de perforación. Las nuevas condiciones de contratación estaban muy por debajo de las anteriores. Los otros dos conflictos obrero patronales se dan con un sector diferente de trabajadores en la sonda de Campeche, los encargados de los servicios de alimentación y hospedaje en plataformas y barcazas, quienes también dan lugar a un conflicto intersindical en 1998 al formarse un sindicato de oficios independiente agrupando a trabajadores subcontratados por las secciones 42 y 47 a las que pagaban cuotas sin ninguna representación sindical real frente a las empresas. El otro conflicto gremial fue el enfrentamiento en el interior de la coalición dirigente en medio de acusaciones de corrupción, que provocó la competencia entre dos planillas oficialistas durante las elecciones seccionales de octubre de 2000 sin que afectara los mecanismos de control político.
| Sección 42 | OP | IS |
|---|---|---|
| Conflictos | 5 | 2 |
| 1991 | 1 (dic 91) | |
| 1992 |
1 (may – jun 92) 1 (jul – sep 92) |
|
| 1997 | 1 (ago 97) | |
| 1998 | 1 (ago 98) | 1 (ago 98) |
| 2000 | 1 (feb 00) |
Once demandas planteadas y solo dos solucionadas: las liquidaciones de 1992 de las cuales Pemex informó haber realizado 266 en la sección. Las demandas obrero patronales planteadas suman diez, de las cuales las relativas a despidos, liquidación y consejo de administración (en cuanto se demandaba no contratar empresas extranjeras para las actividades de renovación de las plataformas) corresponden a las movilizaciones de 1991 y 1992. El resto de las demandas obrero patronales son planteadas en los movimientos de los trabajadores de servicios de alimentación y hospedaje durante los años 1997 y 1998 y se refieren a las prestaciones y a las condiciones de trabajo y contratación. La única demanda intersindical se refiere a la corrupción con la venta de inmuebles sindicales.
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | |||||
| Sección 42 | OP | IS | Total | OP | Total | |
| DEMANDAS | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | |
| Gratificación anual | 1 | 1 | ||||
| Reparto de utilidades | 1 | 1 | ||||
| Atención médica | 1 | 1 | ||||
| Pago de Vacaciones | 1 | 1 | ||||
| Despidos | 1 | 1 | ||||
| Liquidación | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Consejo de administración | 1 | 1 | ||||
| Contratación colectiva | 1 | 1 | ||||
| Represión patronal | 1 | 1 | ||||
| Corrupción | 1 | 1 | ||||
En total registramos 37 acciones de las cuales 34 corresponden a los conflictos obrero-patronales y tres a los intersindicales. En estos últimos los actores son los trabajadores con la formación del SUPSAHPB (con lo que algunos de sus agremiados terminaban con el pago de cuotas a la sección 42), y la burocracia sindical con la renuncia del líder seccional después de los acontecimientos del quinazo en enero de 1989, y las acusaciones judiciales por corrupción que en 2000 el CES en funciones realizaba contra el CES anterior.
En los conflictos obrero-patronales los trabajadores realizan 19 acciones de las cuales cuatro son legales: solicitud de intervención de autoridades, negociación y conciliación y procedimientos de defensa legal de los trabajadores detenidos en 1997. Las acciones directas de los trabajadores son 12 la mayoría de las cuales corresponden a las movilizaciones de 1992 en torno a plantones, marchas a Villahermosa, contingentes en las caminatas y campamentos en la ciudad de México, difusión pública, así como al paro y bloqueo de la plataforma de Protexa. En cuanto a la vida sindical los trabajadores de servicios construyen un sindicato en 1998 y realizan alianzas con el PRD durante el conflicto de los despedidos en 1992.
La empresa realiza nueve acciones de las cuales dos son legales: contratos de mantenimiento y expansión con empresas privadas y procedimientos judiciales contra los trabajadores en posesión de la plataforma en 1997; seis son directas: despidos, liquidación y difusión pública de sus acciones; y una respecto a la vida sindical, cuando en las negociaciones con los despedidos en 1992 la empresa se niega a continuar por la presencia de asesores identificados con el PRD. La burocracia sindical realiza tres acciones directas en los conflictos obrero-patronales en cuanto a los despidos y la tramitación de las liquidaciones. En cuanto a las autoridades el gobernador estatal media para lograr las negociaciones con los despedidos en 1992 y en 1992 la PGR y las fuerzas navales intervienen para recuperar la plataforma de Protexa y detener a 28 trabajadores en cumplimiento de un mandato judicial.
| Sección 42 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 20 | 9 | 5 | 3 | 37 |
| Legales | 4 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Directas | 12 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| V. Sindical | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| OP | 19 | 9 | 3 | 3 | 34 |
| Legales | 4 | 7 | 3 | 14 | |
| Directas | 12 | 1 | 3 | 16 | |
| V. Sindical | 3 | 1 | 4 | ||
| IS | 1 | 2 | 3 | ||
| V. Sindical | 1 | 2 | 3 |
XXVIII. Sección 38 de Salina Cruz, Oaxaca
En 1982 la sección contaba con 1 mil 722 trabajadores, la mayor parte de los cuales se ubicaban en la refinería Antonio Dovalí Jaime. A raíz de la detención de La Quina el secretario general de la sección 38 Alfredo López Ramos fue obligado a renunciar y jubilarse anticipadamente. Lo sustituyó en el cargo José Romero Villalobos, propuesto por el grupo mayoritario Frente Liberal Sindicalista (FLS). En junio del mismo año 1989 López Ramos demandó ante la JFCA su reinstalación y que la empresa le reconociera sus 27 años de antiguedad laboral. 866 Meses después la SHCP decretó un embargo precautorio contra las propiedades de la Comisión de Contratos de la sección 38 por fraude en la diferencia de impuestos al valor agregado de 1985 a 1989, al no reportar un monto de 3 mil millones de pesos del IVA generados en las obras realizadas para la refinería Antonio Dovalí Jaime. También fue embargado el estadio de fútbol "Heriberto Kehoe Vincent" propiedad de la sección. En octubre de 1990 la SHCP decretó otro embargo precautorio sobre los bienes de la Cooperativa de Tiendas de Consumo de la sección, por el mismo delito de defraudación fiscal por 2 mil millones de pesos de enero de 1989 a julio de 1990. 867
Los embargos mostraron la corrupción y la ineficiencia administrativa de la dirección seccional generándose una ola de inconformidad que se agudizó al conocerse la pretensión de Romero Villalobos de reelegirse en el cargo. El 8 de septiembre del mismo 1990, SGC efectuó una sorpresiva visita a la sección, en donde manifestó su descontento por la división imperante. En vísperas de la elección, los dirigentes opositores del Frente de Modernización y Solidaridad Sindical (FMSS), Víctor Manuel Palomeque Martínez y Eduardo Mercado Miranda, informaron de un escrito enviado al superintendente de la refinería en el que denunciaban que Romero Villalobos ejercía represalias contra sus oponentes, al mismo tiempo que negaba a los opositores prestamos administrativos, no se aceptaba a sus recomendados o familiares, se negociaba con las fichas de nuevo ingreso, se promovían los cambios a otros centros de trabajo y se amenazaba con que no habría plazas definitivas para familiares de los petroleros que no apoyaran la reelección de Romero Villalobos, quien hacía campaña abierta por medio de pintas, carteles y anuncios en todos los medios de prensa locales. Aunque la oposición pedía voto secreto y universal, Romero Villalobos afirmaba que las "elecciones serían mediante planillas y con el voto directo y abierto tal y como lo demandan los petroleros". 868
La elección se realizó el 22 de noviembre de 1990 en una asamblea copada por trabajadores de planta y transitorios incondicionales de la dirección seccional, y con solo una planilla registrada encabezada por Romero Villalobos que alcanzó el 90 por ciento de los votos. En conferencia de prensa después de la asamblea, el líder reelecto acusó a La Quina de la crítica situación económica de la sección, por la cual debían en ese momento a la SHCP 5 mil millones de pesos, además del cierre de cinco tiendas de consumo "por resultar incosteables". Terminada la conferencia Romero Villalobos se dirigió a festejar junto con sus seguidores con una gran fiesta en el Centro de Integración Familiar de la localidad. En la ciudad de México el CEG del STPRM emitió un boletín asegurando que la elección en la sección 38 se había realizado "en un clima de unidad y democracia".
Ese mismo día el secretario seccional de Obras Sociales en el periodo de La Quina , Vicente Ramos, refutó a Romero Villalobos, asegurando tener pruebas de que ellos dejaron en las arcas 880 millones de pesos producto de las ganancias en las tiendas de consumo. Por su parte la oposición local encabezada por Víctor Manuel Palomeque Martínez realizó una marcha por las principales calles de la ciudad para denunciar lo que calificaron de "simulacro electoral" impuesto por el delegado del CEG, Perfecto Aguirre Santiago. Ahí anunciaron que impugnarían el proceso de elección ante las autoridades laborales. 869 La impugnación no procedió y por el contrario, Palomeque fue "jubilado" a pesar de no tener los 25 años de trabajo ni 50 de edad, tal y como marcaban los estatutos.
1. Despidos masivos, afectaciones laborales y negocios seccionales
Un año después, en noviembre de 1991, el dirigente del disidente Frente de Unidad Sindical (FUS) Manuel Velázquez García, denunció a la prensa que la política de SGC había llevado a los obreros petroleros a una situación lamentable, que la corrupción había aumentado y que los contratos de transitorios por un año se vendían en la localidad a 200 y 500 mil pesos. El líder opositor también informó que en la subdirección de Proyectos y Obras en Construcción se habían liquidado recientemente a unos 3 mil trabajadores de base y transitorios, y que era posible la desaparición de los Departamentos de Ingeniería Civil, Taller Mecánico y Vigilancia. 870
En octubre de 1992 fue designado nuevo dirigente seccional David Villalobos López. Un mes después, en los últimos días de noviembre, más de 1 mil 500 trabajadores despedidos de la refinería de Salina Cruz iniciaron una marcha en demanda de reinstalación que partiendo de esta localidad se dirigía a la ciudad de Oaxaca para llegar el primero de diciembre a la toma de protesta del nuevo gobernador, Diódoro Carrasco, donde también se anunciaba la asistencia de SGC. Sin embargo fueron interceptados por elementos de la seguridad del estado, permaneciendo varados cinco días en el poblado de La Reforma, municipio de Yautepec, adonde llegó una comisión del nuevo gobernador para entablar negociaciones logrando que los marchistas regresaran a Salina Cruz donde continuarían las pláticas. Durante la toma de protesta del nuevo gobernador en Oaxaca, SGC declaró que "es preferible enfrentar más problemas de trabajadores despedidos en Pemex, y no orillar al país a una insuficiencia de energéticos". También señaló que si no se hubiera construido la refinería de Salina Cruz, una de las más modernas del país, "se seguiría con las plantas actuales, como las de Minatitlán y Ciudad Madero, las cuales son las más viejas y ocupan mucho personal". 871
El 13 de abril de 1993 cientos de trabajadores despedidos encabezados por dirigentes del Movimiento Obrero Independiente del Istmo (MOII) realizaron un plantón frente al edificio sindical en demanda de revisión de las condiciones de su liquidación. El plantón terminó en zafarrancho entre simpatizantes de la dirección seccional y los ex-trabajadores, ante lo cual el líder sindical, Villalobos López, levantó una demanda penal en contra del MOII. El 23 de abril los despedidos realizaron un bloqueo carretero de 17 horas que fue levantado después de una negociación con Villalobos y el presidente del Consejo de Vigilancia del CEG, Calixto Javier Rivera Díaz, en donde los dirigentes sindicales se comprometieron a gestionar "mayores apoyos económicos". Ante el incumplimiento de las promesas, 400 trabajadores del MOII iniciaron el día 24 de mayo un nuevo cierre carretero en Juchitán que incluía el secuestro de camiones de transporte de pasajeros. Los trabajadores eran asesorados por dirigentes del Partido de los Trabajadores Zapatistas (PTZ). 872
Los despidos afectaban a todas las categorías de trabajadores, tal y como lo denunciaron en una conferencia de prensa ofrecida el 3 de julio de 1994 los dirigentes de la Coalición de Técnicos y Profesionistas de Pemex (CTPP), Bernardino Aquino y Alfredo Guadarrama Méndez. Según señalaron los líderes opositores, en la refinería "Antonio Dovalí" se negaban los contratos temporales y las prestaciones sociales a los trabajadores integrantes de su organización. En la misma conferencia de prensa dieron a conocer un amplio manifiesto en el que informaban del inicio de una amplia movilización para lograr el otorgamiento de contrataciones definitivas para el personal transitorio de confianza con derecho a ello y la recategorización de los puestos de trabajo de manera proporcional a los ascensos concedidos al personal de confianza en la empresa. También exigían la solución a las demandas laborales interpuestas y la reinstalación de los despedidos por haber señalado desviaciones administrativas en la refinería "Antonio Dovalí". 873
En este mismo mes se supo de la ruptura entre los dos principales dirigentes del grupo mayoritario Frente Liberal Sindicalista: por una parte quien por muchos años fue considerado "jefe político" del grupo, el ex-secretario general seccional José Romero Villalobos; y por la otra quien en ese momento fungía como secretario seccional, David Villalobos López. La ruptura se debió a la pretensión de este último por reelegirse al frente de la sección, cuestión que fue impugnada por Romero Villalobos al proponer la incorporación de "gente nueva" al frente de la dirigencia local con el objeto de llevar a cabo un "cambio total". La respuesta de David Villalobos fue inmediata retirándole a José Romero la posibilidad de hacer uso de las camionetas propiedad de la sección y negándole el acceso al local sindical en donde el líder del FLS despachaba cotidianamente. Ante esto José Romero Villalobos se trasladó a la ciudad de México en donde trató infructuosamente de ser recibido por el dirigente nacional Carlos Romero Deschamps, en vista de lo cual regresó a Salina Cruz y en entrevista radiofónica anunció que había llegado el momento de su jubilación, y que de ahí en adelante se dedicaría a atender a su familia, "a quien había sacrificado por atender las cuestiones sindicales". Al respecto David Villalobos comentó que "todo tiene un principio y un fin" y negó que en vísperas de las elecciones internas, previstas para el mes de octubre, existiera divisionismo entre "la familia petrolera".
Con relación a este enfrentamiento, el dirigente del grupo opositor Organización Sindical de Trabajadores Petroleros (OSTP), Ranulfo Martínez López, declaró a la prensa que la pugna era motivada por el deseo de seguir manteniendo el control político y económico de la sección. El dirigente de la OSTP denunció también que durante las administraciones de estos dos líderes (1989-1994) se permitió el despido de más de 5 mil petroleros transitorios, además de haberse repartido las cuotas sindicales y los ingresos derivados de la venta de los bienes de la sección. Dos meses después, en una carta a la redacción, el líder del Frente Unificador Revolucionario 22 de Octubre (FUR-22), Anáhuac Carrasco González, denunció también el saqueo indiscriminado de los bienes seccionales: el Centro Recreativo Ensenada La Ventosa, los ranchos San Isidro Pishishi y San Pablo Chihuitán, la granja avícola y la huerta de limones Jalapa del Márquez, los autobuses de transporte de personal de Pemex, tractocamiones, talleres mecánicos y de carpintería, la fábrica de blocks, tiendas de consumo, un estadio de fútbol, una gasolinera, un cine, una cafetería y otros bienes. 874
La única asamblea seccional que convocó David Villalobos López durante su primer periodo fue para reelegirse como dirigente seccional el 14 de octubre de 1994 mediante los tradicionales usos del acarreo, el control del auditorio y el reparto de prestamos administrativos inclusive el día de las elecciones, según denuncias de la oposición. En la misma asamblea David Villalobos informó a los trabajadores por medio de una circular, de un convenio para establecer una tienda del ISSSTE en un espacio dentro del edificio sindical, cuya renta se pagaría con siete vales de consumo por 150 pesos para cada trabajador al año. Días después de la asamblea electoral, el 21 de octubre, la directiva seccional permitió que dos trabajadores accidentados fueran trasladados a la ciudad de México en la bodega de paquetería de un avión comercial. Uno de ellos falleció y el otro permanecía hospitalizado reportado como grave. 875
Cuando se realiza el nombramiento de los representantes de los departamentos en el comité seccional, David Villalobos se negó a reconocer a los representantes electos en la Terminal de Amoníaco, razón por la cual 150 trabajadores de este departamento realizaron el 7 de enero de 1995 una manifestación desde la refinería hasta la sede sindical donde se instalaron en plantón durante media hora, al cabo de lo cual realizaron un mitin en la plaza cívica de Salina Cruz. Ahí el representante de los trabajadores, Luis Echeverría Cruz, denunció la negativa de la dirección seccional a reconocer a Jesús Toledo Alquiciris y Francisco Sarabia Vázquez como representantes, acusando a David Villalobos de asumir una "política revanchista y de hostigamiento sindical", negarse a la negociación y rechazar la mediación del gobierno estatal, como lo habían propuesto los trabajadores. 876
Unos días después, a mediados de enero, se supo de la cancelación de 100 plazas en los departamentos de amoníaco, fuerza, talleres y servicio medico en cumplimiento de un acuerdo secreto pactado meses antes por la empresa y la dirección seccional. El día 21 del mismo mes alrededor de 250 trabajadores de los mismos departamentos realizaron una marcha por las calles de Salina Cruz demandando la renuncia de Villalobos López, que culminó con la ocupación de las oficinas sindicales. Los trabajadores, encabezados por el Comité de Lucha del Movimiento Sindicalista Petrolero (CLMSP) dirigido por Lamberto Muñoz Lucero, Alfredo García Martínez y Anáhuac Carrasco González, mantuvieron en su poder el edificio y el día 28 de enero secuestraron 13 autobuses de la Comisión de Contratos seccional utilizados para el transporte del personal que labora en la refinería Antonio Dovalí. Los autobuses fueron encerrados en un patio cercano a las instalaciones sindicales.
Ante la escalada del conflicto representantes del gobierno estatal se entrevistaron con los inconformes para solicitarles que no realizaran actos que pudieran dañar a terceros, como los bloqueos carreteros, al mismo tiempo que les ofrecían solicitar una audiencia con el dirigente nacional Romero Deschamps, según informaron a la prensa los representantes opositores. Aún así dos días después, el 30 de enero de 1995, los trabajadores se apoderaron de las oficinas del patronato que administra los servicios públicos de la colonia petrolera en Salina Cruz, así como de la gasolinera "Oscar Torres Pancardo" propiedad de la sección. 877
Después de estas acciones que ponían en manos de los disidentes buena parte de los bienes de la sección, una comisión del CEG del STPRM integrada por el vocal del consejo de vigilancia, Lázaro de Mata y el secretario de ajustes José Juan Limón Hernández, llegó a Salina Cruz para entablar negociaciones con los inconformes representados por Anáhuac Carrasco, Alfredo García y Luis Modesto Echeverría, y con la directiva seccional representada por el integrante del consejo de vigilancia local Hermelindo Sánchez Leyton. Por parte del gobierno del estado participaba como mediador Claudio Toledo Villalobos. La reunión duró escasas dos horas al cabo de las cuales la representación de los trabajadores disidentes rechazó las condiciones propuestas por los representantes del CEG para concederles una cita con Romero Deschamps, consistentes en la devolución de las instalaciones y bienes sindicales secuestrados.
En vista del rompimiento de las pláticas una comisión del CLMSP se trasladó a la ciudad de México para visitar las redacciones de los periódicos de circulación nacional y difundir las demandas de su movimiento: renuncia del comité seccional; anulación del convenio de cancelación de plazas; una convocatoria para elección de nueva directiva seccional, y la congelación de los fondos sindicales en tanto se resolviera el conflicto. En la visita los representantes Anáhuac Carrasco, Jesús Romero Alegría, Alejo Jiménez Ordaz, David Ramírez Escobar, Víctor Villalobos, Rosa del Carmen Uncal Villalobos y Jorge Ramos Cabrera, entre otros, informaron que habían entregado cartas planteando sus demandas al presidente Zedillo, al gobernador de Oaxaca, al secretario de Gobernación, al director de Pemex y al dirigente nacional del STPRM. Unos días después del regreso a Salina Cruz de la comisión de los trabajadores inconformes, la empresa anunció la baja temporal en sus plazas de trabajo por un año, a solicitud del comité seccional, de los líderes opositores Lamberto Lucero y Anáhuac Carrasco. 878
La toma de las instalaciones y bienes sindicales duró más de cinco meses, al cabo de las cuales surgieron entre los dirigentes opositores diferencias sobre la conveniencia o no de aceptar las condiciones del CEG para la apertura de las pláticas. Finalmente el 28 de junio de 1995 integrantes y simpatizantes del comité seccional recuperaron por la fuerza las instalaciones sindicales y los autobuses secuestrados, quedando solo en poder de los disidentes la gasolinera, la cual sería desocupada días después. Ante estos hechos el líder opositor Alfredo García Ramírez, declaró a la prensa que el movimiento "fue vendido" por Anáhuac Carrasco, Lamberto Muñoz Lucero y Víctor Villalobos. 879
Con la derrota de la toma de instalaciones parecía que la normalidad regresaba a la sección, sin embargo otros sectores de trabajadores no sindicalizados resentían las nuevas políticas en la industria. Así, el 7 de agosto del mismo 1995 más de 20 integrantes de la Coalición de Trabajadores de Confianza de la Terminal Marítima de Pemex (CTCTM) intentaron obstaculizar la entrada a las instalaciones de los funcionarios responsables de mantenimiento y personal, Jorge Alberto Alfeirán Vega y José Guadalupe Galván Tejeda respectivamente, acusándolos de prepotencia, arbitrariedad, ineptitud y corrupción. El intento fue evitado por la intervención de elementos de la Armada de México quienes violentamente desalojaron a los inconformes, los que en declaraciones a la prensa responsabilizaron de la situación al jefe del departamento de Seguridad y al subgerente de Trafico y Operación, Jaime Gutiérrez y José Antonio Nieto. 880 Un mes después la prensa nacional publicó una carta a la redacción firmada por los representantes de la misma CTCTM (Rubén Gallegos Pérez, Jorge Aguilar M., Medardo Domínguez Torres, Jorge A. Ballado Rivera y Leobardo Herrera Carrillo), en la que denunciaban que los reclamos y protestas por el autoritarismo de los funcionarios habían tenido como respuesta "que los investigados fueran los trabajadores", a partir de demandas presentadas por los funcionarios ante el MPF por difamación. Los representantes laborales ratificaban sus acusaciones e informaban de una campaña de hostigamiento por parte del superintendente general Guillermo Cuesta Barajas, y el gerente de Transportación Marítima, José María Barria Álvarez. 881
2. El que se opone, apoya
A partir de aquí y durante el resto del segundo periodo de David Villalobos López no registramos ningún conflicto más hasta julio de 1997, en vísperas de las elecciones seccionales, cuando los integrantes del Frente Democrático Sindical Lázaro Cárdenas (FDSLC) encabezados por Ernesto Casillas, acusaron a Villalobos López de agresiones por medio de la policía local, y de nepotismo por favorecer a familiares e incondicionales otorgándoles plantas de base en Pemex, así como contratos y "aviadurías" con cargo a la nómina seccional. También lo acusaron de provocar la pérdida de posiciones políticas que a través del PRI el sindicato tenía anteriormente: la presidencia del comité municipal, la presidencia municipal, la diputación local y federal, "y otras en las áreas sociales y económicas". Los integrantes del FDSLC pedían la intervención de las "autoridades federales" para evitar "que se siga abusando del trabajador petrolero y les roben sus catorcenas en los bailes y funciones organizadas por la directiva para este efecto". 882
A principios de octubre del mismo 1997 se definieron los candidatos para encabezar el comité seccional. Por el grupo mayoritario se propuso a Luis Enrique Meléndez Vázquez, y por la oposición agrupada en el FUS (fundado en 1991) se propuso a Raúl López León. El 12 del mismo mes una comisión del FUS viajó a la ciudad de México para visitar las redacciones de los periódicos nacionales anunciando un posible traslado masivo de trabajadores de la sección 38 a la misma ciudad para exigir la intervención de las autoridades judiciales federales y del CEG del STPRM ante los cargos de nepotismo, fraude y uso faccioso de la policía local por parte de David Villalobos, a quien acusaban también de querer imponer como secretario general de la sección a un individuo, Meléndez Vázquez, que había estado preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México al ser sorprendido en flagrancia robando varias toneladas de acero inoxidable sustraídas de la refinería ocultas en camiones de carga. 883 Las acusaciones en contra de los dirigentes de la coalición mayoritaria no impidieron que Meléndez Vázquez fuera designado líder seccional y que Villalobos López quedara en la nueva directiva como presidente del Consejo Local de Vigilancia en una elección con boletas que llevaban nombre y firma. Pocos días después Villalobos era nombrado también secretario general de la CTM local, por lo que se consolidaba su papel de "hombre fuerte" y "guía moral" de la sección sindical. En esos mismos días se reportaba un incendio en la refinería de Salina Cruz, el cual generaría una escasez de gasnafta. 884
Un año después, en diciembre de 1998, un viejo funcionario sindical de la época de La Quina llamado Raymundo de la Rosa Caballero publicó una carta a la redacción en la revista Proceso dirigida al secretario nacional Romero Deschamps, en la que informaba que desde años atrás se le habían retirado sus derechos sindicales bajo la acusación de haber sido quinista . El trabajador denunciaba también la pasividad de la dirección seccional ante las violaciones contractuales de la empresa en aspectos como la seguridad industrial, el pago de tiempo extraordinario y la falta de personal; la imposición de representantes en los departamentos de pailería, máquinas-herramientas, servicio médico y taller mecánico; y el favoritismo en el manejo de las plazas para jubilación, de planta y transitorios con antiguedad. 885
Una acción individual que trascendió nacionalmente fue la huelga de hambre que por 37 días (marzo-abril de 1999) sostuvo frente al palacio del gobierno estatal en la ciudad de Oaxaca, el ingeniero despedido Leoncio Salinas Romero. Esta huelga de hambre era la tercera que el profesionista llevaba a cabo desde su despido en febrero de 1998; las dos anteriores las llevó a cabo en Salina Cruz y en la ciudad de México, frente a la torre de Pemex. La empresa se negó a su reinstalación y el ingeniero Salinas Romero demandó entonces una indemnización por un millón de pesos. La huelga de hambre fue levantada después de haber aceptado una liquidación por 406 mil pesos. En declaraciones a la prensa el ingeniero Salinas Romero expresó que nada repararía el daño causado al habérsele cancelado el futuro profesional y laboral, y que esperaba que su acción fuera un precedente para que otros empleados víctimas de la injusticia "exijan sus derechos de la misma manera que lo hice yo". 886
En agosto del 2000 se publicó también en la revista Proceso una carta a la redacción que antes había sido remitida al presidente Zedillo, al presidente electo Fox y a las dos cámaras del Congreso de la Unión. El documento, firmado por los coordinadores responsables Raymundo de la Rosa Caballero (Taller de Máquinas y Herramientas), Fredy de Paz Cruz (Terminal Marítima) y Juan Manuel Pérez López (Taller Eléctrico), demandaba para la próxima elección seccional el voto directo y secreto, la no reelección de los dirigentes y evitar que se usara en las campañas sindicales el dinero de la organización. Los dirigentes opositores anunciaban que en caso de que estas condiciones no se dieran, se abstendrían de participar en los comicios e iniciarían, a partir del primero de enero del 2001, “una resistencia cívico-sindical dentro de los marcos constitucionales”. 887
Las elecciones seccionales realizadas en octubre de 2000 fueron ganadas por el secretario seccional, quien de esa manera se reelegía en el cargo, obteniendo 1 mil 856 votos. La oposición se dividió en tres planillas: la encabezada por el viejo dirigente quinista a quien se le habían restituido los derechos sindicales que reclamaba, Raymundo de la Rosa Caballero, que obtuvo 282 votos; la encabezada por el ex-dirigente del FUS en octubre de 1997, Raúl López León, que obtuvo 34 votos; y la encabezada por el ex-dirigente del CLMSP en la toma de las instalaciones de enero a junio de 1995, David Ramírez Escobar, que obtuvo 14 votos. Votó el 95 por ciento de los 2 mil 487 afiliados.
3. Resumen
Registramos 13 conflictos en esta sección. Los obrero patronales sumaron cinco y de estos tres fueron consecuencia de los despidos masivos (4 mil 500 transitorios de 1989 a 1994 y un año después 100 de base más en talleres y servicios médicos), uno por plazas de base para técnicos y profesionistas transitorios y uno más contra el autoritarismo y malos tratos de funcionarios de la empresa. Los intersindicales sumaron siete y de estos cuatro fueron contra los dirigentes oficiales y tres más por asuntos relativos a las elecciones seccionales. El único conflicto contra la autoridad se refiere a los embargos a los bienes sindicales que la SHCP realizó por adeudos fiscales del comité seccional.
| Sección 38 | OP | IS | CA |
|---|---|---|---|
| Conflictos | 5 | 7 | 1 |
| 1990 | 1 (sep – nov 90) | 1 (oct 90) | |
| 1992 | 1 (nov 92) | ||
| 1993 | 1 (abr – may 93) | ||
| 1994 | 1 (jul 94) |
1 (jul 94) 1 (sep 94) |
|
| 1995 |
1 (ene – jun 95) 1 (ago 95) |
1 (ene – jun 95) | |
| 1997 |
1 (jul 97) 1 oct 97) |
||
| 1999 | 1 (abr 99) |
En total 25 demandas planteadas y una solucionada en una liquidación individual después de una huelga de hambre. 13 de las planteadas pertenecen al conflicto obrero patronal, más de la mitad de las cuales tienen que ver con los despidos masivos en cuanto a reinstalación, anulación de convenios para la reducción de plazas, y pago y revisión de montos de liquidación. El resto de las obrero-patronales eran por accidentes de trabajo (dos muertos), plazas de planta y recategorización de técnicos y profesionistas igual que los demás empleados de confianza, reinstalación a ex-líder quinista obligado a jubilarse, y autoritarismo de funcionarios de la empresa. Las demandas intersindicales sumaron 12, nueve de las cuales eran acusaciones de negligencia, corrupción y nepotismo de los funcionarios sindicales y por el reconocimiento a delegados departamentales electos por los trabajadores; dos se refieren a condiciones competitivas en las elecciones seccionales y una al congelamiento de los fondos seccionales mientras no se aclaren manejos turbios. En el conflicto contra la autoridad no hay ninguna demanda planteada por lo que es de suponer que el asunto de los embargos se manejo de manera soterrada.
| PLANTEADAS | SOLUCIONADAS | |||||
| Sección 38 | OP | IS | Total | OP | Total | |
| DEMANDAS | 13 | 12 | 25 | 1 | 1 | |
| Accidentes de trabajo | 1 | 1 | ||||
| Categorías de trabajo | 1 | 1 | ||||
| Despidos | 6 | 6 | ||||
| Liquidación | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Contratación colectiva | 1 | 1 | ||||
| Dirigentes oficiales | 1 | 5 | 6 | |||
| Represión patronal | 1 | 1 | ||||
| Elecciones | 2 | 2 | ||||
| Finanzas sindicales | 1 | 1 | ||||
| Corrupción | 4 | 4 | ||||
En total 61 acciones de las cuales la mitad las realizaron los trabajadores, 11 en los conflictos obrero patronales y 19 en los intersindicales. Las acciones legales de los trabajadores sumaron tres: una negociación en el obrero-patronal y dos solicitudes de intervención de autoridades en el intersindical. Las acciones directas fueron 20 divididas por mitad en los dos anteriores tipos de conflicto y siendo en ambos las mismas, sobre todo en los acontecimientos de enero a agosto de 1995: difusión pública, marchas, secuestro de vehículos, plantón, bloqueo, acciones de fuerza y una huelga de hambre. Las acciones relativas a la vida sindical fueron acusaciones contra dirigentes oficiales por malos manejos de los recursos sindicales y de la representación política vía PRI, y entre dirigentes opositores por “traición” al movimiento; también incluye la toma de instalaciones sindicales (oficinas, gasolinera, patronato).
La burocracia sindical por su parte realizó 21 acciones, casi la tercera parte del total, cinco en los obrero-patronales y 16 en los intersindicales. Las acciones legales de los líderes sindicales fueron tres, una en el obrero patronal contra transitorios despedidos en plantón por revisión de la liquidación, a quienes se acusó penalmente por agresiones, y dos en el intersindical: negociación y procedimientos en la JFCA. Las acciones directas fueron cinco, tres de las cuales corresponden al conflicto obrero patronal: declaraciones del líder nacional Guzmán Cabrera planteando la disyuntiva de despidos contra crisis energética, acuerdo CES y empresa para la reducción de plazas, y enfrentamiento a golpes con los transitorios despedidos en plantón frente al local sindical. La mayor parte de las acciones de la burocracia sindical fueron respecto a la vida sindical (13), en las cuales la única obrero patronal consistió en la promesa del CEG de intervenir para la revisión reliquidaciones de transitorios despedidos, mientras que las del conflicto intersindical consistieron en enfrentamientos dentro de la coalición mayoritaria, negativa a reconocer representantes electos en los departamentos, presionar para la liquidación anticipada de opositores y control por la fuerza de asambleas electorales.
La empresa realizó tres acciones, una legal mediante una demanda penal por difamación contra trabajadores que acusaban a funcionarios por malos tratos; una acción directa por despidos masivos y una relativa a la vida sindical por baja temporal de un año a dos líderes opositores a solicitud del CES. Las autoridades por su parte realizaron siete acciones de las cuales tres fueron de conciliación en ambos tipos de conflicto, dos acciones de fuerza de la policía en el conflicto obrero patronal: bloqueo de marcha durante cinco días y desalojo violento de instalaciones sindicales, y dos acciones de embargo de bienes sindicales.
| Sección 38 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 30 | 4 | 21 | 7 | 62 |
| Legales | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Directas | 20 | 1 | 5 | 2 | 28 |
| V. Sindical | 7 | 1 | 13 | 2 | 23 |
| OP | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 |
| Legales | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Directas | 10 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| V. Sindical | 1 | 1 | |||
| IS | 19 | 1 | 16 | 2 | 38 |
| Legales | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Directas | 10 | 2 | 12 | ||
| V. Sindical | 7 | 1 | 12 | 20 | |
| CA | 2 | 2 | |||
| V. Sindical | 2 | 2 |
XXIX. Otras secciones de la zona sur
1. Sección 47 de Ciudad del Carmen, Campeche
Esta sección es fundada en el año de 1984 como parte del esfuerzo del grupo quinista por controlar la representación de los trabajadores de las costas de Campeche, divididos desde entonces en tres secciones: la 31 con sede en Coatzacoalcos, la 42 con sede en Ciudad del Carmen y la 47 en la misma localidad. A raíz de la detención de La Quina el secretario general de esta sección, Macario Rodríguez Contreras, renuncia a su cargo siendo sustituido por José Miranda Córdova, cuya designación constituía, según trabajadores opositores, una imposición del líder nacional Guzmán Cabrera. En el mes de diciembre de 1990 Miranda Córdova es reelecto a frente de la sección encabezando una coalición mayoritaria denominada Frente Liberal Sindicalista (FLS).
La gestión de Miranda Córdova se caracterizó desde su inicio por el autoritarismo en el trato con sus representados y por el manejo arbitrario de los asuntos laborales, particularmente respecto a las plazas de nueva creación. A mediados de 1991 el secretario de Trabajo seccional y también integrante del FLS, Sergio Carmona Contreras, proporcionó información a los trabajadores sindicalizados en la que se documentaban 120 plazas asignadas por Miranda Córdova sin respetar las normas estatutarias y los derechos adquiridos por los agremiados. En respuesta a las acusaciones en su contra el líder seccional convocó a principios de octubre del mismo año a una asamblea seccional en la que pretendió destituir al integrante del comité seccional Sergio Carmona. Al ser rechazada la propuesta de destitución por la base sindical, Miranda Córdova optó por abandonar la asamblea ordenando a sus guardaespaldas cortar la energía eléctrica y quitar el equipo de sonido, ante lo cual los asistentes se trasladaron para realizar un plantón frente a las instalaciones seccionales.
El 17 de octubre de 1991 más de 300 trabajadores realizaron un plantón frente a las instalaciones de la sección, exigiendo la realización de una asamblea seccional extraordinaria para destituir legalmente al secretario seccional Miranda Córdova, a quien acusaban de atemorizar y reprimir a los sindicalizados además de traficar con las plazas. Según informaron a la prensa, cada trabajador que deseara laborar en las plataformas tenía que darle un adelanto de 500 mil viejos pesos al líder "para realizar los trámites de rigor y entregarles sus documentos", y al estar listas las plazas cada interesado debía aportar otros 2 millones de viejos pesos "por el favor", lo que les garantizaba acceder a las mejores plazas en detrimento de trabajadores que tenían años de espera y que por tanto eran relegados.
El 21 de octubre, por tercera ocasión, más de 300 trabajadores de planta de la sección efectuaron una nueva marcha y plantón en donde pidieron a Miranda Córdova que "por dignidad abandonara la dirigencia seccional". En medio de consignas en favor de Sergio Carmona, a quién Miranda Córdova había amenazado con inhabilitarlo del cargo si continuaba denunciando las anomalías detectadas, los manifestantes exigieron se aclarara la situación del rancho propiedad de la sección localizado en Punta Xicalango, en Ciudad del Carmen. También denunciaron los constantes descuentos de 22 mil pesos para el pago de seguro de vida, así como de 150 mil pesos para el fondo de ahorro para los 2 mil 700 afiliados a la sección, lo cual había significado un monto de más de 450 millones de los que se desconocía su destino, igual que con los ingresos obtenidos por el arrendamiento de autobuses para el transporte de personal. 888
La inconformidad y movilización de los trabajadores de base lograron que finalmente se realizara la asamblea seccional el 7 de febrero de 1992, en donde se suscitó un enfrentamiento a golpes en medio del cual Miranda Córdova estuvo a punto de sufrir un infarto al impedírsele que subiera al estrado, teniendo que ser sacado del local en vilo por sus seguidores, quienes en evidente minoría se trasladaron a las oficinas de la sección donde "ratificaron" a Miranda en el cargo y "acordaron" la expulsión de los dirigentes opositores Sergio Carmona Contreras, Alberto Martínez Arellano, José Luis Amaro y José Lorena Hernández, a quienes acusaron de ser miembros del MNP, según declaró a la prensa el apoderado legal de la sección, Miguel Angel Zamora Hernández. Mientras tanto los trabajadores disidentes decidían desconocer a la directiva seccional. En los días siguientes las oficinas sindicales permanecieron fuertemente custodiadas por gente adicta a Miranda Córdova. La intervención del CEG permitió que se llegara al acuerdo de permitir que el comité seccional siguiera en funciones hasta el mes de noviembre, fecha en la que se realizarían elecciones seccionales.
En el mes de octubre del mismo año 1992 el grupo mayoritario local FLS , realizó una reunión encabezada por el líder seccional Miranda Córdova, en la que se hizo la presentación del candidato oficial a la dirigencia seccional, Martín Rueda Nava, quien anteriormente era identificado con la corriente encabezada por Carmona Contreras, que también era propuesto para el mismo cargo. Esto significó que se logró dividir a la oposición ofreciéndose el cargo a uno de sus principales dirigentes. La reunión terminó en medio de gritos, abucheos y acusaciones de los seguidores de ambos candidatos. Sin embargo los inconformes no pudieron enfrentar a la mayoría oficialista, que en el mes de noviembre designó en una asamblea "controlada" a Rueda Nava como nuevo líder seccional. 889
Rueda Nava fué reelecto en el cargo a finales de 1994, y en abril de 1995 realizó declaraciones a la prensa informando que durante los últimos cuatro años Pemex había realizado 400 despidos en las instalaciones controladas por la sección y que se preveía que durante el último año se realizarían nuevos despidos y liquidaciones de personal como consecuencia de la política de compactación de la plantilla laboral de la empresa. Según Rueda Nava, esto se debía a la presión de "intereses extrasindicales y extranjeros para desplazar paulatinamente la mano de obra mexicana en la industria del petróleo", ya que constantemente arribaban nuevas compañías extranjeras con personal propio que exigía "comodidades sumamente contrastantes" con las que poseían los trabajadores nacionales. El dirigente seccional también informó que Pemex contaba con un empleado administrativo por cada tres trabajadores, lo que representaba una elevada burocracia. 890
Mientras tanto otro sector de trabajadores de la sección, los transitorios despedidos, se habían agrupado desde 1991 en el Movimiento Petrolero Independiente para realizar tramitaciones tendientes a su reinstalación. Durante más de cuatro años las gestiones fueron realizadas por el líder opositor Rodolfo Marín, a quien los trabajadores entregaban regulares cantidades de dinero para que viajara a diferentes lugares en busca del posible reacomodo de las plazas. Como durante todo este tiempo no se obtuvieron ningunos resultados, más de 300 trabajadores despedidos decidieron, el 27 de julio de 1995, desconocer a Rodolfo Marín como su representante, abandonar al MPI y afiliarse al PRD con la esperanza de que los legisladores federales de este partido pudieran intervenir para lograr una solución satisfactoria. El grupo de nuevos perredistas era encabezado por Ricardo García Pérez, según informó a la prensa la presidenta del comité municipal de ese partido, Francisca Zárate, quién también afirmó que "se les asignaría a un senador" para que analizara el caso, aunque aclaró a los trabajadores que no podía asegurar que se lograría la reinstalación de la totalidad de los demandantes. 891
A finales de agosto de 1995 el director de Pemex, Adrián Lajous, anunció a la prensa la existencia de abundantes reservas de crudo en el llamado pozo "Cantarell 2074". Sin embargo un día después del anuncio el jefe de Relaciones Públicas e Información de la paraestatal, José Luis Alvarado Segovia, aclaró que el anuncio de Lajous no debía "tomarse por los sindicatos como una nueva alternativa de trabajo" ya que no se aumentaría el número de pozos en producción, por lo que no sería necesario incrementar por el momento la planta de personal. 892
El 4 de mayo de 1996, un grupo de trabajadores de base encabezados por Jorge de la Cruz López y Antonio Vázquez Arias, informaron a la prensa que habían presentado una demanda penal en contra del dirigente seccional por fraude, luego de habérsele comprobado un faltante por 240 mil pesos en los fondos sindicales, mismos que fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre de la esposa del dirigente, Sandra Chávez Ferreiro. De acuerdo con la averiguación previa de las autoridades judiciales, en relación con el caso existía una denuncia anterior del ex-dirigente seccional, José Miranda Córdova, con el propósito de protegerse contra toda responsabilidad una vez que los trabajadores descubrieron el manejo irregular de los recursos del sindicato. De la Cruz López y Vázquez Arias, a nombre de los demandantes informaron que también realizarían gestiones legales por el presunto desvío de 1 millón 134 mil pesos del fondo mutualista formado con las aportaciones de 4 mil 330 trabajadores sindicalizados, y por la apropiación personal de un inmueble propiedad de la sección por parte de Rueda Nava. 893 Las demandas presentadas por los inconformes no tuvieron consecuencias legales y así la directiva seccional concluyó su periodo reglamentario para que en noviembre de 1997 fuera electo nuevo secretario seccional Arturo Martínez Rocha.
En ese mismo mes se supo de la explosión y posterior incendio registrado en la plataforma satélite Chuc Alfa, en la sonda de Campeche, cuestión que la empresa pretendió ocultar. En el momento del accidente se encontraban en la plataforma 31 obreros, de los cuales cinco pertenecían al área de Pemex Exploración y Producción, y 26 a la empresa Compañía Construcciones de Campeche, tres de los cuales resultaron con heridas considerables que requirieron hospitalización y uno desapareció en el mar. A pesar de que los familiares solicitaron información sobre lo sucedido, Pemex se negó a darla. 894
Poco más de un año después, a principios de marzo del 2000, el líder seccional Martínez Rocha, informó a la prensa local que personal que laboraba en el área industrial del kilómetro 4.5 de la carretera Ciudad del Carmen-Puerto Real había sido contaminado con mercurio desde tres meses antes con el resultado de un trabajador muerto. En un comunicado de prensa Pemex anunció que el departamento de Salud Ocupacional de la empresa realizaba “una exhaustiva valoración” del caso, admitiendo que a siete trabajadores se les había encontrado metal en la sangre, pero ninguno estaba “incapacitado para desarrollar sus labores”, y que el daño podía “disminuir con la reubicación a otra área de trabajo”. 895
En el mes de octubre del mismo año Martínez Rocha se reeligió en el cargo en una apretada votación en la que la planilla oficialista obtuvo 1 mil 576 votos contra una oposición dividida en cuatro planillas, la primera de las cuales, encabezada por Rubén Zárate Turrubiates, obtuvo 1 mil 204 votos, seguida de la de Antolín Gómez Cevallos con 71, Sergio Carmona Contreras con 18 y Aulo Zapién Rueda con 9 votos. Quién ocupó el cuarto lugar en las votaciones, Sergio Carmona, era el secretario del Trabajo del CES que en 1991 acusó de venta de plazas al entonces secretario general José Miranda Córdova, y que un año después le disputó al mismo la dirección seccional perdiendo la elección después de una maniobra política de la corriente oficialista que logró dividir a la oposición ofreciéndole el máximo cargo seccional a quien en ese momento era el principal lugarteniente de Sergio Carmona, Martín Rueda Nava, quién se mantendría en el cargo hasta 1997 cuando fue sustituido por Arturo Martínez Rocha. En octubre de 2000 el padrón registraba a 3 mil 661 afiliados, de los cuales votó el 80 por ciento.
Resumen
Seis conflictos en total, la mitad son obrero-patronales y de estos dos como resultado de los despidos, de los cuales registramos 400 entre 1994 y 1995, y el último por la contaminación con mercurio de trabajadores en el área industrial de Ciudad del Carmen. La otra mitad son intersindicales, dos por corrupción y tráfico de plazas y el otro por el desconocimiento que trabajadores despedidos hicieron del líder opositor del MPI-LC para afiliarse al PRD y pasar a ser asesorados por el comité municipal del mismo.
| Sección 47 | OP | IS |
|---|---|---|
| Conflictos | 3 | 3 |
| 1991 | 1 (oct 91 – nov 92) | |
| 1995 |
1 (abr 95) 1 (jul 95) |
1 (jul 95) |
| 1996 | 1 (may 96) | |
| 2000 | 1 (mar 00) |
Las demandas planteadas sumaron nueve, ninguna de ellas solucionada. Cuatro fueron dirigidas a la empresa y se referían a accidentes por contaminación, despidos, liquidación y en contra de la privatización de áreas de trabajo en las plataformas marítimas. Las cinco intersindicales se referían una a la destitución del líder seccional en 1991 y cuatro por tráfico con 120 plazas de nueva creación, informe de la situación de los bienes seccionales, del fondo de ahorro y seguro de vida, así como por desvío de recursos sindicales.
| PLANTEADAS | |||
| Sección 47 | OP | IS | Total |
| DEMANDAS | 4 | 5 | 9 |
| Accidentes de trabajo | 1 | 1 | |
| Despidos | 1 | 1 | |
| Liquidación | 1 | 1 | |
| Consejo de administración | 1 | 1 | |
| Dirigentes | 1 | 1 | |
| Finanzas sindicales | 4 | 4 | |
Registramos 24 acciones en total de las cuales seis correspondieron a los conflictos obrero-patronales y 18 a los intersindicales. Los trabajadores realizaron nueve acciones: una en el obrero patronal con las alianzas establecidas entre los trabajadores despedidos y el PRD. Las otras ocho acciones las realizaron en los conflictos intersindicales: denuncia judicial por desvío de fondos, difusión pública, mítines y alianzas con el PRD. La empresa por su parte solo realizó tres acciones en el conflicto obrero patronal: la rápida reubicación de afectados por contaminación, anunciar el descubrimiento de nuevas reservas sin la creación de nuevas plazas y encubrir la explosión en una plataforma con saldo de un muerto y tres heridos en 1996. La burocracia sindical realiza 12 acciones en total de las cuales dos son en los conflictos obrero-patronales consistentes en dos denuncias a la prensa, una sobre los despidos en 1995 y otra contra la contaminación de trabajadores en 2000. La mayor parte de las acciones de la burocracia sindical las realiza en los conflictos intersindicales, de los cuales una es la filtración de información sobre el tráfico de plazas de trabajo en 1991, siete en relación a la renuncia del secretario seccional quinista en enero de 1989 y a los enfrentamientos entre facciones contrarias de la mayoría oficialista en 1990 y 1992, así como el intento de expulsar al líder opositor y la exitosa maniobra de ofrecer el máximo cargo seccional al segundo en la jerarquía de la dirección opositora dividiéndola.
| Sección 47 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Total |
| Total | 9 | 3 | 12 | 24 |
| Legales | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Directas | 5 | 2 | 3 | 10 |
| V. Sindical | 3 | 0 | 9 | 12 |
| OP | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Legales | 1 | 1 | ||
| Directas | 1 | 2 | 2 | 5 |
| IS | 8 | 10 | 18 | |
| Legales | 1 | 1 | ||
| Directas | 4 | 1 | 5 | |
| V. Sindical | 3 | 9 | 12 |
2. Sección 31 de Coatzacoalcos, Veracruz
En 1982 agrupaba a 1 mil 109 trabajadores, la mayor parte de los cuales se localizaban en las instalaciones de la Gerencia Zona Sur en Coatzacoalcos, en la Delegación Villahermosa y una brigada en Ciudad Pemex, Tabasco. En 1989 también agrupaba a los trabajadores de 12 de las 59 plataformas fijas que operaban en la Sonda de Campeche -el resto de las cuales eran jurisdicción de las secciones 42 y 47 de Ciudad del Carmen-, así como a los de la parte administrativa de los complejos petroquímicos en Nanchital.
En cuanto se supo del arresto de La Quina el 10 de enero de 1989 los trabajadores de la sección se declararon en suspensión de actividades como protesta, para reanudarlas horas después ante la exhortación aprobada por el CEG. Ese mismo día efectivos militares detuvieron en Coatzacoalcos al viejo cacique sindical y aliado de La Quina , Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, quien fue trasladado a la ciudad de México acusado de promover el paro de labores. Por su parte el secretario general seccional José Francisco Tenorio Martínez declaró a la prensa que no renunciaba a su puesto ya que "eran institucionales y se adecuaban al CEG", además de que la obra de La Quina continuaría "esté quien esté" en la dirigencia nacional. Unos días después Tenorio Martínez fue obligado a renunciar y jubilarse, siendo designado en su lugar Gilberto Luna Silva. 896
El 4 de marzo del mismo año trabajadores inconformes encabezados por Rufino Islas Murcia, tomaron por la fuerza las instalaciones de la delegación sindical en Villahermosa en demanda de la renuncia del delegado seccional, José Salud Ramón Magaña, a quien acusaban de enriquecimiento inexplicable además de ser identificado como quinista . Ante la nula respuesta de la dirección seccional un mes después, el 10 de abril, 400 trabajadores de la misma delegación de Villahermosa se posesionaron de las instalaciones del CES en Coatzacoalcos. Ahí el dirigente opositor Islas Murcia advirtió que darían un plazo de 24 horas al dirigente seccional Gilberto Luna para convocar a elecciones delegacionales, ya que en caso contrario realizarían un plantón en las oficinas sindicales en la ciudad de México. 897
En el mes de noviembre comenzó a circular en la prensa veracruzana y nacional la versión de que el ex-líder petrolero recientemente liberado, Héctor García Hernández "El Trampas" 898 , podría reincorporarse al sindicato e incluso ser promovido a la secretaría general del STPRM. Estos rumores causaron gran agitación en la zona sur y dieron lugar a un pleno de secretarios seccionales para reafirmar su apoyo al líder nacional Guzmán Cabrera y declararse en contra de la excarcelación del Trampas, al tiempo que denunciaban a "dirigentes" de Coatzacoalcos y Minatitlán por tratar de "revivirlo sindicalmente". En la primera localidad la dirigencia de la sección 31, encabezada por el secretario seccional Gilberto Luna Silva, publicó un desplegado contra la reinstalación del Trampas y en el que se denunciaba que el rumor lo único que pretendía "era desestabilizar al gremio petrolero". 899
El 16 de febrero de 1990, el dirigente nacional SGC entregó en Coatzacoalcos 120 departamentos a trabajadores de la sección 31 en el conjunto habitacional Rancho Alegre. El subdirector técnico administrativo de Pemex, Cuauhtémoc Santana, en representación del director de la paraestatal Francisco Rojas, hizo la entrega de las viviendas. En la ceremonia SGC señaló que más de 25 mil trabajadores transitorios se verían beneficiados por la política sindical "que instrumenta la jubilación y mejoramiento de lo niveles escalafonarios a los transitorios con más de 17 años de labores". 900
En mayo del mismo año un grupo de 60 personas encabezadas por el ex-delegado sindical Antonio Matey Cárdenas se apoderaron por la fuerza del local de la delegación 3 de la sección 31 en Ciudad del Carmen, Campeche, y tras mantener secuestrados durante 13 horas a los integrantes de la directiva delegacional encabezada por José Adriano Padrón, cuyo automóvil fue saqueado y destrozado, hubieron de retirarse al no obtener el apoyo general. Según declaró a la prensa Matey Cárdenas, la acción fue en protesta porque el delegado les había descontado 300 mil pesos sin motivo y “exigía una cuota adicional”, además de que traficaba con la venta de plazas.
El secuestro fue calificado ante la prensa por el secretario de Educación y Previsión Social seccional, Jesús Rivera Peralta, como una provocación "con porros traídos de Nanchital" a fin de "romper la unidad sindical en torno a SGC", denunciando que Matey Cárdenas había vendido 83 plazas fijas cuando fue delegado "porque esa era la práctica de antes y la quiere revivir". Otra versión que corría entre los petroleros señalaba que los ataques a la sección 31 eran patrocinados por los dirigentes de la sección 42, viejos quinistas de Ciudad Madero. La sección 31 seguía controlando solo 12 plataformas en la zona, mientras que la 42 manejaba muchas más. 901
Un mes después, en junio de 1990, se realizó una acalorada asamblea seccional en Coatzacoalcos donde los trabajadores rechazaron la propuesta del líder Luna Silva de comprar con los fondos sindicales una sala cinematográfica con costo de 750 millones de pesos. En su lugar, la asamblea decidió la compra de cuatro unidades de transporte para el traslado de los trabajadores petroleros de las zonas habitacionales a los centros de trabajo. Los trabajadores censuraron que se pretendiera derrochar recursos en cuestiones ajenas a la organización sindical, y también rechazaron la pretensión de la dirección seccional de vender las tiendas de consumo que en ese momento estaban cerradas por operar con números rojos, según afirmaba Luna Silva. 902
La elección de la nueva directiva seccional se realizó en noviembre de 1990 siendo impuesto como secretario general Federico García Alemán, a quien se identificaba como incondicional del viejo cacique sindical Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, el mismo que con gran alarde de fuerza y publicidad había sido detenido casi dos años antes por “promover paros durante el quinazo ” y liberado poco después. Los trabajadores opositores acusaban a García Alemán de haber sido copartícipe de actos ilícitos con los fondos sindicales, por lo que su imposición representaba un acuerdo de impunidad para el cacicazgo local. También acusaron a García Alemán de orquestar una agresión contra la trabajadora Josefina Martínez López. 903
Durante los tres primeros meses de 1992 se reportaron más de 2 mil despidos en la zona sur de los cuales 500 correspondían a la sección 31; de estos 250 presentaron demandas por liquidación legal en la JFCA que se atendían en la Junta Especial 38. En marzo Manlio Gutiérrez Rodríguez, presidente de la Junta Especial, declaró que se trabajaba doble turno para agilizar las demandas de los petroleros. Por su parte el delegado de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, José Manuel Arias Solís, dijo a la prensa que Pemex “violaba los derechos de los transitorios despedidos y la LFT al no pagar ningún tipo de indemnización”. El grupo local del Frente Democrático de Solidaridad Sindical (FDSS), que desde el 24 de octubre de 1991 mantenía en su poder el local de la sección 11 en Nanchital, y que representaba en la sección 31 a 200 transitorios, denunció que lo que se pretendía con tanto despido era dejar el campo libre a empresas particulares para que ellas ejecutaran esos trabajos. De la misma opinión era el bufete de abogados Malpica y Asociados, que representaba a otros 200 despedidos, y cuyo representante Jesús Cruz Malpica informó de marchas y manifestaciones programadas para el 18 de marzo en la ciudad. 904
Aunque Pemex se comprometió a revisar los expedientes de los despedidos para fijar los montos de indemnización, los meses pasaron y nada se resolvía. El 7 de octubre del mismo 1992, alrededor de 150 obreros transitorios bloquearon los accesos a las oficinas regionales administrativas de la empresa y a las oficinas sindicales en Coatzacoalcos, en demanda de liquidación legal o apertura de plazas para más de 500 despedidos. Dos días después el líder local del MNP, Miguel Ángel Vicencio Torrano, denunció a la prensa que se despediría a más de 1 mil 500 trabajadores de la zona sur-sureste “según se dijo en una reunión del líder del MNP, H. Vázquez, con SGC, donde éste le informó de la próxima desaparición de varias secciones en Tabasco para convertirlas en delegaciones de la sección 31”. 905
En marzo de 1993 García Alemán aseguró que luego de la caída de La Quina el sindicato había empobrecido, y que ser líder sindical "ya no era negocio", pues apenas ganaba 2 mil nuevos pesos mensuales. Sin embargo Nestor Guadalupe Narváez y Gabino García, líderes del FDSS, afirmaron que lejos de empobrecerse, García Alemán había procedido a la venta de los inmuebles de las tiendas de la sección sin rendir cuentas a nadie.
En otro asunto García Alemán informó el mismo mes de marzo de 1993 que las brigadas de exploración serían integradas a la sección 31 y que más de 30 equipos de perforación permanecían parados en la zona Tabasco-Veracruz, ya que toda la actividad se había centrado en la sonda de Campeche. 906
En octubre de 1994 es designado secretario general de la sección Moisés Morales Martínez. Tres años después -en octubre de 1997- Morales impondría por la fuerza su reelección en medio de una campaña de hostigamiento en contra de la oposición que incluyó una salvaje golpiza por parte de funcionarios sindicales en contra de un trabajador que repartía volantes en contra de la reelección del líder seccional, a quién acusaba también de violaciones a los derechos sindicales de los agremiados y de "beneficiar solo a su camarilla". 907 En 2000 Edith Carrillo Díaz gana la dirección sindical por 226 votos contra 82 de Mario A. Patraca Ruiz, que en conjunto representaron el 85 por ciento de los 374 registrados en el padrón.
Resumen
Siete conflictos, dos obrero-patronales: los despidos masivos en la zona sur durante 1990 – 1992, de los cuales se documentaron 500 para la sección, y las denuncias a la empresa en 1997 por mantener paradas las actividades de perforación en Veracruz. Los intersindicales sumaron cuatro de los cuales los dos primeros fueron luchas en delegaciones por la destitución de dirigentes locales deshonestos. El tercero se da por la participación de los trabajadores en la decisión de que tipo de nuevos bienes deben ser adquiridos por la sección y el último conflicto es por la prohibición violenta a que la oposición participe en los comicios seccionales. El conflicto contra la autoridad es por el paro de labores en protesta por el quinazo .
| Sección 31 | OP | IS | CA |
|---|---|---|---|
| Conflictos | 2 | 4 | 1 |
| 1989 | 1 (mar – abr 89) | 1 (ene 89) | |
| 1990 | 1 (feb 90 – oct 92) |
1 (may 90) 1 (jun 90) |
|
| 1993 | 1 (mar 93) | ||
| 1997 | 1 (oct 97) |
En total 10 demandas planteadas, dos obrero-patronales por pago de liquidación legal a despedidos, siete intersindicales contra dirigentes locales corruptos, y por el derecho de los trabajadores de base a participar en la elección de sus representantes y en las decisiones sobre las inversiones productivas de la sección. En el conflicto contra la autoridad se pedía la liberación de los dirigentes nacionales presos con La Quina .
| PLANTEADAS | ||||
| Sección 31 | OP | IS | CA | Total |
| DEMANDAS | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Liquidación | 2 | 2 | ||
| Elecciones | 2 | 2 | ||
| Dirigentes | 2 | 2 | ||
| Corrupción | 2 | 2 | ||
| Finanzas sindicales | 1 | 1 | ||
| Represión de las autoridades | 1 | 1 | ||
Registramos 25 acciones de las cuales 15 las realizaron los trabajadores en los tres tipos de conflicto: una sola legal mediante procedimiento en la JFCA, 12 directas: difusión pública, marchas y bloqueos de oficinas en el conflicto obrero patronal, y acciones de fuerza como el secuestro de la directiva delegacional y otras acciones de la vida sindical contra dirigentes y por el control de los bienes seccionales en el conflicto intersindical. Finalmente el paro de labores contra la autoridad en 1989. La burocracia sindical solo se manifiesta en el conflicto intersindical mediante campañas de difusión pública, acciones de fuerza para impedir la participación de la oposición en las elecciones seccionales así como presiones que obligan a la renuncia y jubilación de dirigentes locales. Las autoridades solo aparecen en la detención violenta del cacique local quinista quien finalmente sale impune de las acusaciones para seguir manteniendo el control de la sección. La empresa realiza una única acción directa con los despidos masivos.
| Sección 31 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 15 | 1 | 7 | 2 | 25 |
| Legales | 1 | 1 | 2 | ||
| Directas | 8 | 5 | 2 | 15 | |
| V. Sindical | 6 | 2 | 8 | ||
| OP | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| Legales | 1 | 1 | 2 | ||
| Directas | 5 | 1 | 6 | ||
| IS | 8 | 7 | 15 | ||
| Directas | 2 | 5 | 7 | ||
| V. Sindical | 6 | 2 | 8 | ||
| CA | 1 | 1 | 2 | ||
| Directas | 1 | 1 | 2 |
3. Sección 23 de Minatitlán, Veracruz
Esta sección en 1982 agrupaba a 193 trabajadores que se encontraban diseminados en distintas localidades como Ciudad Pemex y Villahermosa en Tabasco, así como Nanchital y -donde se concentraba la mayor parte- en la Superintendencia Marina Zona Sur en Pajaritos, Veracruz.
A raíz del quinazo el secretario general de la sección 23 Jorge Tenorio Symes fue sustituido en el mismo mes de enero de 1989 por Severo García Esteban. Dos meses después, el 29 de marzo, Tenorio Symes fue violentamente sacado de su domicilio en Minatitlán por un grupo de obreros jubilados que estuvieron a punto de lincharlo al reclamarle la devolución de cerca de 500 millones de pesos de los que se apropió cuando se encontraba al frente de la sección. Los recursos reclamados correspondían a los fondos sindicales y a la tienda de consumo de la organización. Según declararon a la prensa los representantes de los jubilados Arnulfo Luna Romero y Leoncio Romero Ortiz, el ex-dirigente junto el ex-secretario del interior seccional Juan de Dios Nazaralá, -quien se encontraba huyendo- exigían de 300 a 500 mil viejos pesos por una ficha para trabajar en la paraestatal.
Finalmente los obreros inconformes decidieron entregar a Tenorio Symes a las autoridades policíacas locales, para que media hora después fuera dejado en libertad al mostrar un amparo federal. Al ser cuestionado por la prensa el comandante de la policía Ezequiel Luis Salinas -quien había realizado el arresto del ex-funcionario sindical- señaló que se vio obligado a dejarlo en libertad por el amparo que portaba por lo que rechazó tener ningún interés en beneficiarlo. Por su parte el nuevo secretario general del STPRM -Guzmán Cabrera- les hizo saber a los jubilados que ya estaba enterado de la situación y que se comisionaría a funcionarios del CEG para que investigaran las irregularidades en la sección. 908
Severo García Esteban fue reelecto en noviembre de 1990 al frente de la sección y en 1992 le sustituyó en el cargo Julio Cobos Avilés, quien a su vez se hizo reelegir para el periodo 1994-1997. En este último año fue electo como nuevo secretario general de la sección Enrique Edmundo Aguirre Martínez.
Paralelamente a a la licitación fallida de las plantas petroquímicas se inicia desde 1998 la venta de la flota petrolera. En marzo de 1999 se había realizado ya la primera venta del buque-tanque "Ahkatum" y se procedía de inmediato al "protocolo de dimisión de bandera", según informó a la prensa el vocero de Pemex Rafael Marquet Martínez de Escobar, quien también anunció que estaban a punto de concluir las licitaciones de las embarcaciones pertenecientes a Pemex Gas y Petroquímica Básica, "Emiliano Zapata", Monterrey", "Reynosa", "Cantarell" y "Nuevo Laredo". Los pormenores de la venta del Ahkatum se mantuvieron en secreto "pues todo se maneja a nivel gerencial de Pemex", según declaró a la prensa el representante de "la consignatoria" Martínez, Rodolfo Armas, informando que lo único que podía decir en ese momento era que la empresa compradora tenía nacionalidad inglesa. La tripulación del Ahkatum constaba de 42 marinos que hasta ese momento no tenían idea de la situación en que se encontraban ya que ni Pemex ni la directiva seccional les habían informado al respecto. En la misma situación estaban las tripulaciones (en número similar) de los restantes barcos en licitación. Descontando los seis barcos en venta, la flota de Pemex conservaba hasta ese momento 32 buques-tanque. 909
En las elecciones sindicales de 2000 Enrique E. Aguirre Martínez fue reelecto al frente de una planilla que obtuvo 106 votos contra la oposición encabezada por Oscar Rivera González con 29 votos de un padrón de 164 sindicalizados.
Resumen
Un solo conflicto intersindical por fraude con bienes seccionales.
| Sección 23 | IS |
| Conflictos | 1 |
| 1989 | 1 (mar 89) |
Dos demandas de castigo penal por apropiación privada de recursos sindicales y venta de fichas para trabajos eventuales en la empresa.
| PLANTEADAS | ||
| Sección 23 | IS | Total |
| DEMANDAS | 2 | 2 |
| Corrupción | 2 | 2 |
Siete acciones registradas todas en el conflicto intersindical a excepción del anuncio de venta de seis buques tanque que aunque no dio lugar a ninguna respuesta en contra afecta la relación laboral por los marinos. Los trabajadores realizan una acción de fuerza (secuestro de dirigentes locales), una de difusión pública de sus demandas y un procedimiento judicial que es anulado por un amparo otorgado por un juez en favor del dirigente acusado.
| Sección 23 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Legales | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Directas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V. Sindical | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| OP | 1 | 1 | |||
| Legales | 1 | 1 | |||
| IS | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Legales | 1 | 1 | 2 | ||
| Directas | 2 | 2 | |||
| V. Sindical | 2 | 2 |
4. Sección 16 de Cuichapa, Veracruz
En 1982 la sección agrupaba a 364 trabajadores de planta. Siete años después el número rebasaba el millar, la mayor parte de los cuales eran trabajadores transitorios. Cuando los hechos del 10 de enero de 1989 la dirección seccional era encabezada por Armando A. Linares González, quien inmediatamente presentó su renuncia al cargo siendo sustituido por Víctor Manuel Martínez Fernández.
Ese mismo año, el 11 de noviembre de 1989, un grupo de trabajadores transitorios y de planta de la sección solicitaron la intervención de la dirección nacional, inconformes con los descuentos injustificados de 10 mil pesos mensuales a cada trabajador sindicalizado que el CES realizaba para “sostener la sala cinematográfica de esta localidad” construida con aportes del sindicato. Los representantes de los inconformes María del Carmen Sotelo, Valentín Flores Castellanos y Raúl Gutiérrez López, explicaron a la prensa que el secretario general seccional Martínez Fernández no hacía caso de sus demandas, por lo que se dirigían a SGC para que interviniera y resolviera esta situación que mermaba los de por si exiguos salarios. 910
A pesar del descontento Martínez Fernández fue reelecto en el cargo a finales de 1990 y en 1992 fue sustituido por Lucio Gómez Morales. En el siguiente período, el primero de tres años, encabeza el CES Mario Hernández González e iniciando su gestión estalla el gran conflicto de febrero de 1994, donde más de 3 mil transitorios despedidos de las secciones 11, 16 y 26 agrupados en el Frente de Defensa Obrero Popular del Sur de Veracruz secuestraron durante 13 días más de 40 vehículos de la cooperativa de transporte regional en demanda de pago de faltantes en las liquidaciones y devolución de cuotas. Los acuerdos que dieron fin al conflicto fueron firmados el 19 de febrero con la mediación de funcionarios del gobierno estatal y de líderes regionales del PRD (lo que se detalla en el capítulo correspondiente a la sección 11). 911
En 1997 Hernández González se reelige en el cargo por tres años más. En las elecciones de 2000 la oposición se divide en dos planillas encabezadas por Moisés Rodríguez Samado que obtiene 87 votos y por Rubén Cruz Domínguez con 73 votos. La planilla oficialista es encabezada por Omar A. Ricardes Chong quien triunfa con 178 votos de un padrón de 362 sindicalizados.
Resumen
Tres conflictos el primero de los cuales en 1989 es intersindical por descuentos sindicales injustificados. En 1994 el conflicto obrero patronal con los trabajadores transitorios despedidos se vuelve intersindical por la devolución de cuotas.
| Sección 16 | OP | IS |
| Conflictos | 1 | 2 |
| 1989 | 1 (nov 89) | |
| 1994 | 1 (feb 94) | 1 (feb 94) |
Cuatro demandas, dos obrero-patronales por liquidación y dos en relación a las finanzas sindicales: por descuentos injustificados y por devolución de cuotas y otros descuentos sindicales a transitorios despedidos.
| PLANTEADAS | |||
| Sección 16 | OP | IS | Total |
| DEMANDAS | 2 | 2 | 4 |
| Liquidación | 2 | 2 | |
| Finazas sindicales | 2 | 2 | |
Cinco acciones registradas, tres de las cuales las realizan los trabajadores: denuncia a la prensa, solicitud de intervención del CEG y secuestro de vehículos de la cooperativa de transporte por transitorios despedidos de las secciones 11, 16 y 26. La burocracia sindical solo interviene en la renuncia del secretario seccional quinista en 1989 y en la empresa se registran los despidos masivos de 1989 a 1994 (más de tres mil en el sur de Veracruz.
| Sección 16 | Trabajadores | Patrones | B. Sindical | Total |
| Total | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Legales | 1 | 1 | ||
| Directas | 2 | 2 | ||
| V. Sindical | 1 | 1 | 2 | |
| OP | 1 | 1 | ||
| Legal | 1 | 1 | ||
| IS | 3 | 1 | 4 | |
| Directas | 2 | 2 | ||
| V. Sindical | 1 | 1 | 2 |
5. Sección 29 de Comalcalco, Tabasco
En 1975 muere calcinado en su auto el dirigente de la sección, Jaime María Cervera. El gobernador de Tabasco, Mario Trujillo, declara a la prensa que "los líderes petroleros se matan o se suicidan por el control del poder político en una abierta lucha por el manejo de millones de pesos que obtienen por la venta de las plazas de los trabajadores”. 912 Dos años después, en 1977, el secretario seccional Hector Rosas Martínez es consignado por la venta de plazas. A partir de entonces se instaura como grupo hegemónico en la sección el Grupo Renovador de Unificación Sindical (GRUS). 913 En 1982 la sección agrupaba a 862 trabajadores. En el momento del quinazo se encontraba al frente de la sección Rodolfo Miranda Román, quien renuncia inmediatamente siendo sustituido en el cargo por Oscar Cabrales Díaz.
Un año después, el primero de marzo de 1990 un grupo de trabajadores de la sección organizados en el Grupo Unificador Liberal Sindicalista (GULS), sitian el local sindical en Comalcalco en donde se encontraba acuartelado el líder Cabrales Díaz, a quien los descontentos demandaban su renuncia por la serie de irregularidades y corrupción existentes en la sección, así como por malversación de fondos por 500 millones de pesos. En su defensa Cabrales Díaz había declarado a la prensa que el movimiento en su contra lo impulsaba el ex-dirigente local Rodolfo Miranda, a quién acusaba de cacique y de ser secundado por su hijo José Miranda, y el ex-gerente de las tiendas de consumo seccionales, Alberto Vargas Navarrete. Al tiempo que el local sindical permanecía sitiado por los miembros del GULS, los partidarios de Cabrales Díaz efectuaron una marcha desde el parque central de la ciudad hacia el casino petrolero. El CEG por su parte, nombró una comisión que partió a Comalcalco para escuchar a ambas partes y realizar un referéndum entre los 2 mil trabajadores de planta que se agrupaban en esta sección. 914
El 13 de mayo de 1991 el comité seccional publicó un desplegado en la prensa local repudiando el asesinato del hijo de un trabajador petrolero a manos de un agente de protección de la empresa, quien en estado de ebriedad disparó su arma en contra de tres adolescentes con saldo de un muerto y dos gravemente heridos. El secretario del Interior y de Acuerdos de la sección, Julián González Osuna, denunció a la prensa la extralimitación de las funciones de los cuerpos de seguridad de Pemex, solicitando la erradicación de este cuerpo armado y su sustitución por el ejercito para el resguardo de las instalaciones. Por su parte el jefe del Departamento de Protección y Seguridad, Mayor Carlos René Juárez Badouín negó los cargos que le hacía el sindicato al cuerpo a su mando, afirmando que la muerte del adolescente había sido un caso excepcional por el que ya había sido consignado el culpable. 915
En 1992 es designado al frente de la sección Felipe Ovando Olan. Un año después, en octubre de 1993, el Tribunal Superior Agrario de la federación, encabezado en ese momento por Sergio García Ramírez, determinó expropiar en beneficio del ejido Miguel Hidalgo, del municipio de Comalcalco, 141 hectáreas de terreno propiedad de la sección 29 por considerarlas ociosas. Este terreno formaba parte del sistema de ranchos formado por La Quina para la producción de bienes agropecuarios que eran vendidos en las tiendas de consumo sindicales. Según se comunicó a la prensa, la expropiación se basó en las reformas del artículo 27 constitucional y del 251 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. 916
Ovando Olan se reeligió en 1994 para un nuevo periodo de tres años, al final de los cuales, en 1977, fue sustituido por Carlos Puig Castellanos. En las elecciones sindicales de 2000 hay una nueva disputa por el control en la coalición dominante y la votación se divide en tres partes equivalentes, siendo ganador en una reñida competencia Pedro Raúl Hernández Cruz con 389 votos contra 371 del ex-secretario seccional 1992-1997 Felipe Ovando Olán y 277 de José de J. Medellín Cano. Votó el 90 por ciento de los 1 mil 142 afiliados.
Resumen
Dos conflictos. El obrero patronal se refiere a la seguridad y vigilancia armada de las instalaciones y el intersindical es un asunto de corrupción.
| Sección 29 | OP | IS |
| Conflictos | 1 | 1 |
| 1990 | 1 (mar 90) | |
| 1991 | 1 (may 91) |
Tres demandas de las cuales las dos obrero-patronales plantean castigo al policía al servicio de la empresa que ebrio disparó contra tres adolescentes hijos de petroleros matando a uno y por lo cual, sustituir al cuerpo de seguridad de la empresa sustituyéndolo por el ejercito en el resguardo de las instalaciones. La intersindical por devolución de bienes y castigo al responsable secretario general.
| PLANTEADAS | ||||
| Sección 29 | OP | IS | Total | |
| DEMANDAS | 2 | 1 | 3 | |
| Seguridad | 2 | 2 | ||
| Finanzas sindicales | 1 | 1 | ||
Nueve acciones, ninguna de ellas de los trabajadores. De la burocracia sindical registramos siete que van de la publicación de desplegado y declaraciones en la prensa local y nacional en el conflicto obrero patronal, hasta las marchas y acciones de fuerza que obligan a la intervención del CEG ante la intensidad del enfrentamiento dentro de la coalición mayoritaria. Una acción aislada y contundente de las autoridades de la que no registramos ninguna respuesta fue la expropiación de terrenos agrícolas propiedad de la sección y considerados como “tierras ociosas” para darlos a ejidos colindantes.
| Sección 29 | Patrones | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Directas | 1 | 4 | 0 | 5 |
| V. Sindical | 0 | 3 | 1 | 4 |
| OP | 1 | 2 | 3 | |
| Directas | 1 | 2 | 3 | |
| IS | 5 | 1 | 6 | |
| Directas | 2 | 2 | ||
| V. Sindical | 3 | 1 | 4 |
6. Sección 50 de Paraíso – Dos Bocas, Tabasco. Resumen
A mediados de los años ochenta se inicia la construcción del complejo petrolero y puerto de altura de Dos Bocas, en cuyas labores que duraron alrededor de dos años se llegó a ocupar a 20 mil trabajadores en su mayoría transitorios que quedaron desempleados al terminar las obras. Ya con las instalaciones funcionando los trabajadores a cargo de estas seguían con la categoría de transitorios, por lo que en 1990 realizan diversas movilizaciones y acciones de fuerza para lograr la definitividad, planteándose también la separación de la sección 22 de la que formaban una delegación. En enero de 1992 la XX convención nacional del sindicato decide constituir la sección 50 con los trabajadores de la zona de Paraíso – Dos Bocas.
El 8 de julio de 1992 pescadores y trabajadores despedidos bloquearon el acceso al puerto petrolero de Dos Bocas en demanda de indemnización por la contaminación de las zonas pesqueras y de liquidación legal para los despedidos. El día siguiente los demandantes fueron desalojados con lujo de violencia por un operativo policiaco en el cual fueron detenidas más de 30 personas que participaban en el bloqueo. Las instalaciones petroleras fueron resguardadas por efectivos del ejército con el fin de impedir cualquier acto de protesta en la localidad. 917
Seis meses después, el 6 de enero de 1993, el local de la sección 50 en Paraíso fue tomado por más de 200 trabajadoras transitorias en demanda de basificación de 350 plazas transitorias para trabajadoras con mayor antigüedad, y en protesta por el tráfico de plazas y las continuas violaciones al escalafón fomentadas por quien era el primer dirigente seccional, Antonio Balcázar Suárez. Según las trabajadoras, se estaba desplazando a quienes tenían más de 13 años de antigüedad y contratando temporalmente a personas sin derechos gremiales a pesar que siempre habían cumplido "con el pago de la cuota". Desde temprano las trabajadoras habían realizado una marcha por las principales calles de la localidad, y un plantón frente al domicilio de Balcázar Suárez. Ante la falta de respuesta del dirigente, decidieron tomar la sede seccional y permanecer ahí indefinidamente. Por su parte el líder Balcázar declaró a la prensa que las plazas se otorgaban en acuerdo entre sindicato y empresa, y que las trabajadoras demandantes serían atendidas "en su momento". 918 No tuvimos más información del caso.
En 1994 fue designado secretario seccional Salvador Magaña Tejeda y en 1997 Gustavo Guerra Espinoza, quien se reeligió en el cargo en 2000 en una elección en la que obtuvo 860 votos frente a una oposición dividida en tres planillas encabezadas por Delfino de los Santos que obtuvo 271, Hirán González Alvarado con 171 y Aurelio Hernández Santos con un voto, habiendo votado el 91 por ciento de los 1 mil 675 afiliados.
Resumen
Tres conflictos de los cuales dos son obrero-patronales y uno intersindical derivado del anterior por la basificación de plazas para trabajadoras transitorias con mayor antigüedad. El primer conflicto en 1992 se da en el contexto de las grandes movilizaciones al DF y en las localidades de los transitorios despedidos y las comunidades afectadas por las actividades de Pemex.
| Sección 50 | OP | IS |
| Conflictos | 2 | 1 |
| 1992 | 1 (jul 92) | |
| 1993 | 1 (ene 93) | 1 (ene 93) |
Cinco demandas planteadas de las cuales las relativas a la contratación son simultáneamente para la empresa (basificación) y al sindicato (violaciones al escalafón) además del tráfico de plazas. Las otras demandas son revisión pago de liquidación e indemnización por daños ambientales.
| PLANTEADAS | |||
| Sección 50 | OP | IS | Total |
| DEMANDAS | 3 | 2 | 5 |
| Liquidación | 1 | 1 | |
| Contratación | 1 | 1 | 2 |
| Contaminación | 1 | 1 | |
| Corrupción | 1 | 1 | |
Seis acciones de las cuales la mitad la realizan los trabajadores con movilizaciones, toma de instalaciones sindicales y bloqueo de los accesos a Dos Bocas que da lugar a un violento desalojo por las policías municipal y estatal y al resguardo de las instalaciones por el ejército. La directiva seccional solo hace una declaración a la prensa negando cualquier tráfico de plazas.
| Sección 50 | Trabajadores | B. Sindical | Autoridades | Total |
| Total | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Directas | 2 | 1 | 2 | 5 |
| V. Sindical | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OP | 2 | 2 | 4 | |
| Directas | 2 | 2 | 4 | |
| IS | 1 | 1 | 2 | |
| Directas | 1 | 1 | ||
| V. Sindical | 1 | 1 |
Conclusiones generales
1. El cambio estructural en la industria petrolera
La política neoliberal planteó un nuevo papel para el sector paraestatal de la economía dentro de un modelo de desarrollo que modificaba el patrón de acumulación que el Estado mexicano impuso desde la década de los cuarenta hasta finales de los setenta. Dentro del nuevo modelo, a Pemex se le mantuvo la tarea de producir intensivamente crudos para el mercado internacional (establecida desde la administración de José López Portillo), con lo que se aseguraba la captación de las divisas necesarias para financiar el gasto gubernamental y renegociar la deuda externa. El resto de las actividades de Pemex -perforación, refinación, petroquímica y gas- se consideraron no prioritarias y susceptibles de ser asumidas por la inversión privada, nacional y extranjera en una privatización encubierta mediante la supresión de áreas y departamentos y su sustitución por empresas contratistas, cuando no se cancelaba la inversión en mantenimiento y desarrollo, y se cerraban instalaciones. En la petroquímica algunas instalaciones están cerradas desde que se concluyó su construcción, nunca se han utilizado.
El boom petrolero de los años setenta convierte a Pemex en exportador de crudos ligeros y la crisis de 1982 lo sorprende con una exorbitante deuda externa y con megaproyectos de inversión ya emprendidos, sobre todo en la petroquímica básica y secundaria. Esto fortalece la visión neoliberal de apertura al mercado externo y privatización de la industria, que se traduce en una política petrolera con los siguientes rasgos principales: 1) retiro paulatino del Estado: reclasificaciones de la petroquímica básica, contratos con empresas privadas para exploración, perforación, expansión y mantenimiento; 2) nuevos esquemas de financiamiento: ventas anticipadas en la petroquímica básica, coinversiones en petroquímica secundaria y en empresas de servicios llamadas filiales, nuevo reglamento de inversión privada nacional y extranjera en México; 3) orientación productiva hacia la exportación de crudos ligeros y maquila de productos petroquímicos finales; 4) reestructuración financiera: freno a nueva inversión y descentralización administrativa de la empresa. Hasta 1988 sólo restaba de las anteriores medidas la reestructuración de la empresa, para lo cual se requería de dos acciones cruciales: cambios al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) eliminando toda participación del sindicato en la gestión y aumentando la discrecionalidad empresarial en el uso y clasificación de la fuerza de trabajo. La segunda medida, que antecedió a la anterior, fue el recorte masivo de personal.
La política petrolera del sexenio de Miguel de la Madrid castigó fuertemente la inversión en gastos de operación, mantenimiento y exploración, mientras que en contraparte se favoreció la producción de crudos para la exportación mediante la sobrexplotación de centros de producción primaria en las costas de Tabasco y Campeche. También se tuvo que cumplir con los compromisos de inversión pactados en 1980-1981 para los megaproyectos en la petroquímica básica y en la red nacional de oleoductos. Esto explica por qué, adicionado a una política estatal que oficialmente asumía la austeridad presupuestal como norma, el número de trabajadores empleados en la industria se cuadriplicaba en los mismos años: en 1982 Pemex empleaba a 66 mil trabajadores y en 1988, año de inicio de los despidos masivos, a 240 mil en total para la industria, incluyendo a los empleados de las empresas contratistas para construcción, mantenimiento, perforación y transporte. El gobierno tuvo que gastar la deuda en los proyectos acordados, mientras que con la sobreproducción de crudos para la exportación pagaba (bajaba) el monto de esta.
La mayor parte del explosivo aumento de trabajadores petroleros se dio en la zona sur. Por ejemplo, en las instalaciones correspondientes a las secciones 11 de Nanchital y 26 de Las Choapas (petroquímicas La Cangrejera, Morelos y Pajaritos), el número de empleados pasó de 7 mil 400 en 1982 a 55 mil en 1989; en las nuevas secciones 47 de Ciudad del Carmen (plataformas) y 48 de Villahermosa (petroquímicas en Cactus y La Venta), el número de trabajadores aumentó durante el mismo periodo en más de 7 mil; en la sección 29 de Comalcalco (campos productores) y 44 de Villahermosa (oficinas exploración y producción primaria) el aumento fue de más de 4 mil trabajadores. En el mismo periodo y en la zona centro la sección 40 de la Ciudad de México (red nacional de ductos) aumentó de 3 mil 251 a 8 mil trabajadores, mientras que la 46 de Texmelucan (petroquímica) aumentó de 359 a 6 mil. En la zona norte la sección 1 de Ciudad Madero pasó de 8 mil 429 trabajadores agrupados en 1982, a 13 mil 100 en 1989.
Durante el periodo 1989 a 2000 se mantuvieron nueve refinerías funcionando distribuidas en tres por cada una de las zonas en que se divide el sistema productivo y sindical petrolero; en 1991 se cierra la planta de Azcapotzalco y la de Poza Rica parcialmente. La gasolina faltante se cubre con importación (de mejor calidad que la producida nacionalmente). En cuanto a los complejos petroquímicos, cuatro se localizaban en la zona norte, cuatro en la zona centro y ocho en la zona sur; en esta última zona los seis principales complejos petroquímicos representaban el 60% de la capacidad instalada para la rama en la industria paraestatal y privada. La construcción de las instalaciones en los grandes complejos se concluye entre 1988 y 1991. 919
La producción primaria incluía instalaciones en seis secciones de la zona norte (campos y ductos), tres de la zona centro (ductos) y ocho de la zona sur (campos, plataformas marítimas, ductos, exploración y perforación). Los servicios administrativos, integrados por las oficinas, plantas de distribución, almacenes, talleres y hospitales, se ubicaban en las localidades de Tampico, Distrito Federal, Agua Dulce, Las Choapas, Coatzacoalcos y Villahermosa. Finalmente los puertos y barcos petroleros se localizaban en Tampico, Nanchital, Coatzacoalcos, Salina Cruz y las nuevas instalaciones en Dos Bocas-Paraíso.
En 1987 la llamada flota mayor tenía alrededor de 26 buques-tanques en operación con un promedio de 20 años de uso, mientras la flota menor consistía en 22 remolcadores, 56 lanchas, 99 chalanes, un buque abastecedor, dos lanchas contra incendio, un buque recuperador de hidrocarburos, una draga, y en construcción tres remolcadores. En 1988 se inicio la “desincorporación” de la flota petrolera, por una parte mediante la venta de seis de los buques – tanques más grandes, tres remolcadores (a los que les acababa de dar una reparación completa) y 28 unidades de la menor; por la otra, mediante el procedimiento de “dar de baja” a unidades en activo dejándolas sin mantenimiento, desmanteladas y vendidas por partes. A partir de 1990 se inició la renta oficial de 15 buques-tanques y 24 unidades de flota menor con un costo inicial para Pemex de 200 mil millones de pesos anuales. En 1994 el líder de la sección 1 afirmaba que en ese año la flota petrolera contaba con 50% de las unidades respecto a 1987.
De 1982 a 1989 el número de secciones del STPRM crece de 29 a 32. La sección 46 fue creada a raíz de la construcción del complejo petroquímico Independencia, y hasta ese momento era una delegación de la sección 39 con sede en Huauchinango. La creación de la sección 47 en Ciudad del Carmen significó fraccionar aún más la representación de los trabajadores de las plataformas marítimas de la costa de Campeche, en donde coexistían también las secciones 42 de la misma Ciudad del Carmen y 31 de Coatzacoalcos. A su vez la sección 48 de Villahermosa agrupó a los trabajadores de las plantas petroquímicas en La Venta y Cáctus. La creación de estas dos últimas secciones implicaba la posibilidad de que la dirección nacional quinista aumentara su presencia política en la zona sur tanto en lo que se refiere a la designación de los nuevos funcionarios sindicales locales y regionales, como a la posibilidad de cubrir las nuevas plazas con trabajadores provenientes de la zona norte, la de mayor influencia quinista.
De 1989 a 1993 el número de secciones aumenta de 32 a 36. En la zona norte se crean las secciones 49 de Cadereyta y 51 de Tuxpan, que anteriormente eran delegaciones de la sección 1. En la zona centro se crea la sección 52 que agrupa a trabajadores de los hospitales en la Ciudad de México y Guadalajara, con lo cual se divide a su vez la sección 45 de la misma Ciudad de México. En la zona sur se divide la sección 22 de Agua Dulce para crear la sección 50 en el puerto petrolero de Dos Bocas-Paraíso. En todos estos casos de creación de nuevas secciones, el objetivo político fue debilitar al quinismo -sobre todo en la sección 1- y a los cacicazgos locales capaces de constituirse en núcleos de poder regional -sobre todo en la zona sur-, rodeándolos -en el mismo estilo quinista - de funcionarios sindicales nombrados por la dirección nacional.
En 1988 se calculaba en alrededor de 240 mil el total de trabajadores empleados en el conjunto de la industria petrolera estatal, incluyendo las empresas contratistas en la construcción de los grandes complejos petroquímicos terminados ese mismo año, salvo el Morelos, que se terminaría en 1991. Según informó Pemex 920 , durante 1988-1989 se despidió a más de 50 mil trabajadores, la mayoría transitorios de las empresas contratistas que trabajaron en las obras de construcción. En este estudio la contabilidad de despedidos por secciones se inició en el año 1989, cuando registramos 7 mil 200 despedidos, casi todos en la zona norte, lo que significa que en el año anterior se despidieron a más de 40 mil trabajadores en los complejos de la zona sur. 921
A finales de 1999 el Comité Ejecutivo General (CEG) estimaba en 112 mil el total de trabajadores en la industria estatal, de los cuales 67 mil eran de planta sindicalizados, 15 mil transitorios sindicalizados y 30 mil de confianza (15 mil técnicos y manuales reclasificados como de confianza de 1990 a 1993). 922
Los despidos se realizaron de distintas formas según las diferentes categorías: para los de planta sindicalizados (alrededor de 13 mil despidos) mediante la jubilación forzosa o "anticipada" y la liquidación por cierre de planta de trabajo y/o reorganización de las unidades productivas. Las jubilaciones y liquidaciones de los trabajadores de planta sindicalizados se realizaron de manera expedita y respetando las condiciones establecidas por la legislación laboral y el contrato colectivo, y en muchos casos los montos recibidos superaron los mínimos establecidos, razón por la cual se pudo evitar las explosiones masivas de descontento en este importante sector de trabajadores y su posible concurrencia en las grandes movilizaciones de los transitorios.
Los grandes afectados por los despidos masivos fueron los trabajadores transitorios (alrededor de 110 mil despedidos de 1988 a 1998), quienes quedaron excluidos mediante la no recontratación o el cese por la cancelación y/o traslado a otras empresas contratistas en proyectos de expansión y mantenimiento. Las diferentes modalidades de contratación con Pemex, con el sindicato y con las empresas contratistas permitieron que las liquidaciones se realizaran con contabilidades individualizadas que, en la mayoría de los casos, se situaron por abajo de los derechos laborales contractuales y legales de los afectados, y que, a partir de 1991 provocaron la necesidad de tramitar demandas colectivas agrupadas por secciones, categorías y centros de trabajo, a cargo de abogados y líderes de la oposición sindical y política, ante la indiferencia y rechazo de parte de las direcciones sindicales seccionales y nacional.
Pemex fue dividido en 1992 en cuatro filiales: Exploración y Producción, Refinación, Gas y Petroquímica Básica, y Petroquímica. A partir de entonces la exploración prácticamente se canceló y la perforación se concentró en las reservas probadas de los campos súper productores en la costa de Campeche, en alta mar, y a cargo de grandes consorcios internacionales con la infraestructura requerida. Esta política de sobre explotación de las reservas se realiza con tecnologías de punta a muy alto costo y con procedimientos de muy alto riesgo, como la inyección de nitrógeno en el proyecto Cantarell, cuestiones que dieron lugar a un gran debate nacional durante la segunda mitad de los años noventa sobre la necesidad de legislar para reglamentar los trabajos petroleros y establecer una plataforma de producción de hidrocarburos.
En las actividades de refinación la inversión se encontraba parada desde los años setenta, siendo duramente castigada la planta industrial al destinársele a la producción de crudos pesados para la generación de energía eléctrica, lo cual aumenta los costos de producción, el desgaste del equipo, y su consumo en las termoeléctricas provoca graves daños ambientales por las altas emisiones de vapores y deshechos contaminantes. El abasto del mercado interno de gasolinas y aceites industriales se realizaba cada vez más por importaciones de refinerías estadounidenses, sobre todo desde 1991 cuando se cierra la refinería de Azcapotzalco. Un área en la que la privatización aumentó de manera importante es la distribución y comercialización de gas industrial y doméstico, sobre todo en el norte del país, donde buena parte de este gas es importado también de plantas estadounidenses, aunque en los últimos años se había estimulado la perforación por parte de contratistas privados en las zonas productoras de gas del norte de Tamaulipas.
Respecto a la petroquímica, de 1986 a 1992, se realizan varias reclasificaciones mediante las cuales Pemex deja de tener el monopolio exclusivo en la producción de setenta productos, para quedar reducido a ocho. En 1995 se anuncia la venta de 61 plantas petroquímicas iniciándose el proceso con la convocatoria para el complejo de Cosoleacaque. Sin embargo la movilización nacional en contra de la medida, impulsada por la izquierda nacionalista, por la oposición sindical petrolera y también por la dirección del sindicato, obliga al gobierno a dar marcha atrás y plantear un esquema de participación mixta con mayoría estatal (51 - 49) en nueve consorcios bajo la modalidad SA de CV, que en los hechos significó posponer la decisión de la venta hasta la nueva administración que habría de surgir de los comicios presidenciales de 2000. Mientras tanto la política para el sector consistió en cancelar la inversión en la modernización de las plantas bajo control de Pemex, cerrar algunas de ellas y sustituir su producción abriendo el mercado nacional a la competencia externa, situación que disloca a las empresas petroquímicas privadas nacionales, particularmente a aquellas destinadas a la producción de agroquímicos (fertilizantes, amoniaco y urea), las cuales dependen para sus insumos del abasto de Pemex, que les impone en el mercado interno con otros productores que cuentan -ellos sí- con subsidios de sus respectivos gobiernos. A partir de 1999 las principales empresas privadas productoras de agroquímicos empiezan a cerrar sus instalaciones dejando sin empleo a miles de trabajadores.
La división administrativa de Pemex en una serie de subsidiarias hizo que los precios de los productos petroleros para el mercado nacional se encarecieran artificialmente por la decisión de fijar los precios de transferencia entre organismos de acuerdo con los precios internacionales y no por los costos reales de producción. La complicación administrativa de los intercambios productivos entre procesos industriales en empresas jurídicamente diferentes -aunque muchas de ellas funcionando en las mismas instalaciones-, provocó que aumentara el saqueo y la corrupción, además de que el régimen fiscal que grava los ingresos brutos y no las utilidades, condujo a una descapitalización de la planta industrial y a una reducción de los niveles de seguridad en las operaciones. Los accidentes provocados por la falta de mantenimiento y control se hicieron cosa de todos los días, siendo los más espectaculares en el período estudiado la explosión en la zona urbana de Guadalajara en 1992 y el incendio del complejo petroquímico de Cáctus en 1996, con un alto costo en vidas humanas, y en infraestructura y equipo destruido. Otras consecuencias derivadas de la falta de inversión en las operaciones petroleras son los daños ambientales a las actividades agrícolas y piscícolas, lo que provocó una constante movilización de protesta por parte de las comunidades de campesinos y pescadores afectadas, que ha incluido el cierre de carreteras y el bloqueo de instalaciones, sobre todo en el sureste del país.
2. Crisis y reajuste sindical
Las “reformas estructurales” comienzan en Pemex con las modificaciones sufridas por el contrato colectivo de trabajo en 1991. En cuanto a las condiciones salariales y prestaciones se eliminó el reparto de utilidades sustituyéndolo por el concepto de rendimientos con pago de sólo ocho días promedio durante el año, siempre y cuando se hubiera laborado por lo menos tres meses. También se redujeron los créditos hipotecarios y se fijo una tasa de cuatro por ciento de intereses más uno por ciento adicional para gastos de administración.
Se modificaron las condiciones contractuales de trabajo y de seguridad en el empleo eliminando al sindicato de la definición del número de plazas vacantes, temporales y definitivas y liberando a la empresa de cualquier sanción por despidos injustificados, al tiempo que se reducía la duración de los permisos sin prestaciones contractuales. El sindicato aceptó que más de 15 mil técnicos y profesionistas sindicalizados pasaran al régimen de trabajadores de confianza. Asimismo se redujeron drásticamente las indemnizaciones y liquidaciones por despido y se otorgó a la empresa plenos poderes para suprimir puestos y departamentos. De 1988 a 1998 se modificó radicalmente la estructura del empleo en la industria petrolera estatal al pasar de 240 mil empleados a la mitad. Más de 100 mil de los despedidos fueron trabajadores transitorios, la mayoría de ellos provenientes de las obras de construcción de los grandes complejos petroquímicos del sureste del país. A partir de 1999 el número de trabajadores tiende a estabilizarse en alrededor de 120 mil trabajadores, de los cuales sólo 20 mil corresponden a la categoría de transitorios o temporales.
En cuanto a las prerrogativas sindicales se eliminó la obligación de la empresa de destinar recursos para las empresas sindicales, cajas de ahorro y gastos de los dirigentes gremiales, suprimiéndose también el pago al sindicato del dos por ciento del costo total de los contratos de obra y servicios, aplicándose exclusivamente sobre el costo de la mano de obra. La empresa obtuvo completa libertad para modernizar las instalaciones y contratar libremente con quien deseara los trabajos requeridos en cualesquiera de las áreas de actividad. Con esto se excluyó al sindicato como intermediario y subcontratista, sin embargo con los líderes sindicales y sus asociados se mantuvo la relación, pero ya no como representantes del sindicato, sino como empresarios privados, en particular con Sebastián Guzmán Cabrera y después con Sergio Galindo, el empresario asociado y encarcelado con La Quina .
Frente al quinazo los trabajadores realizaron paros de labores y movilizaciones en por lo menos 16 secciones, incluyendo un acto masivo en el DF, aunque debieron regresar a laborar bajo la vigilancia de los cuerpos policíacos y militares. Sólo en la sección uno se mantuvo primero una asamblea permanente y luego una protesta intermitente y permanente a través de asociaciones de familiares de detenidos y de otras organizaciones civiles. Los despidos masivos de 1989 a 1993 establecieron una clara diferenciación entre los trabajadores de planta y los eventuales, ya que mientras los primeros optaron por disciplinarse a las direcciones sindicales oficialistas ante la perspectiva de perder el empleo, los segundos -que no tuvieron esta opción- fueron dramáticamente expuestos a una situación de total indefensión con la indiferencia de las direcciones sindicales locales y nacional.
Ante la falta de opciones muchos de los trabajadores despedidos encontraron una salida temporal en su participación como demandantes de reinstalación y/o indemnización legal en las agrupaciones que –encabezadas por abogados laborales y dirigentes políticos, fundamentalmente ligados al PRD, y en alianza con los campesinos y pescadores afectados por los daños ambientales producto de las actividades petroleras- durante los años 1992 a 1994 formaron parte de las grandes movilizaciones en el sureste del país y en la ciudad de México. Dentro de este proceso, a las demandas contra la empresa se añadieron otras dirigidas al sindicato: devolución de cuotas sindicales, compensación económica por la participación en las obras sociales, y devolución de lo aportado a fideicomisos, fondos de ahorro, seguros de vida, proyectos de vivienda y otros.
Las grandes movilizaciones masivas en los años señalados dieron pocos resultados para los trabajadores despedidos, entre otras causas por el divisionismo y enfrentamientos entre los dirigentes de los demandantes, lo que permitió a la empresa negarse a establecer acuerdos colectivos y dirigir las negociaciones individuales a los centros de trabajo. Entre los pocos acuerdos que se lograron en la ciudad de México después de los grandes campamentos en el Zócalo y los plantones, figuraban el pago de “compensaciones extraordinarias” y el pago de los gastos de traslado a los marchistas, lo cual incluso dio lugar a enfrentamientos internos entre los trabajadores por acusaciones de manejo irregular de los montos recibidos.
La detención de La Quina y de sus asociados cumplió un objetivo estratégico de primera importancia, ya que así se evitaba que el sindicato actuara como opositor a las medidas privatizadoras, lo cual -como se vería posteriormente en los años 1995-1996- no resultó tan cierto, dado que el activismo de la dirección nacional resultó ser decisivo para posponer la venta de las plantas petroquímicas. Lo que sí se logró plenamente fue suprimir la resistencia sindical frente a la drástica modificación (mutilación) del contrato colectivo, consistente en “flexibilizar” o cancelar cualquier límite a la gestión empresarial de la mano de obra; cambiar las reglas de contratación y ascenso de personal; y en general aumentar la productividad de los trabajadores a costa de precarizar las condiciones de trabajo y de seguridad en el empleo.
Otro objetivo político que se cumplió fue cancelar la influencia de La Quina ante la posible sucesión en la CTM y restar capacidad de maniobra a la burocracia cetemista, exhibida públicamente en toda su debilidad. La detención de los líderes petroleros se realizó con la movilización de toda la fuerza del Estado (ejército, marina, Procuraduría General de la República), con arbitrariedad y atropello por parte de las instituciones judiciales y políticas de las localidades, y mediante el control militar de las instalaciones petroleras, eléctricas y telefónicas. La actitud del presidente Carlos Salinas de no recibir al líder de la CTM Fidel Velázquez y de obligarlo a desdecirse -en lo que fue tan sólo una inicial y tímida protesta- del nombramiento del dirigente sustituto (el senador Camero Cardiel), reafirmó que el control del sindicato había pasado a la Presidencia de la República. A la muerte del viejo líder en 1997 el sindicato petrolero seguía siendo el más importante, junto con el electricista, en la jerarquía cetemista, pero el peso político de su liderazgo no podía competir con quién finalmente fue designado heredero, Leonardo Rodríguez Alcaine.
Con la detención de los dirigentes petroleros se logró también unificar a la clase política bajo el liderazgo de Carlos Salinas de Gortari y dar un golpe de efecto ante la opinión pública en lo que se presentó como una ofensiva contra el charrismo, que incluyó la caída -durante 1989- de otros importantes cacicazgos sindicales: Carlos Jonguitud en el SNTE, Venus Rey en el sindicato de Músicos y Antonio Punzo en el IMSS. Las consecuencias lograron incluso dividir a la izquierda política, y muchos de los contingentes que en 1988 participaron en la oleada cardenista, un año después habían modificado sus alianzas hacia el gobierno salinista.
Con el quinazo el gobierno salinista se propuso también realizar un “castigo ejemplar” para con una dirección sindical que había roto con las reglas tradicionales de sumisión corporativa al presidente de la República en turno, sobre todo con las que tenían que ver con la disciplina del voto a favor del partido oficial. Se trataba de retomar el control gubernamental sobre el sindicato enfrentando la influencia cardenista para contrarrestar el voto anti-Partido Revolucionario Institucional en las zonas petroleras.
Mientras esto sucedía la dirección sindical petrolera enfocaba su atención en dos aspectos centrales al interior del sindicato: la reconstrucción del sistema de alianzas y la descentralización sindical. En cuanto a lo primero, en los días posteriores al quinazo se dio la renuncia de la mayoría de los liderazgos seccionales (25 de las 32 secciones). A los viejos dirigentes se les ofreció una salida política por medio de las jubilaciones "voluntarias" y el retiro discreto. A los que quisieron ofrecer resistencia se les amenazó con posibles demandas judiciales por los "resultados de las auditorias" (los cuales nunca se conocieron). A continuación se realizó un relevo automático del liderazgo mediante el corrimiento del escalafón dentro de los “grupos mayoritarios” locales. Los nuevos liderazgos seccionales simplemente se acomodaron a la nueva situación aceptando la preeminencia del CEG en cuanto vocero del presidente, asegurándose la disciplina de los cuadros medios locales con la ostentación del apoyo del Estado a la directiva nacional.
La recomposición del sistema de alianzas y de la estructura de control político dentro de los grupos mayoritarios no se dio de manera totalmente tersa y pacífica, requiriéndose en muchas ocasiones la intervención del CEG en las negociaciones locales, las que a veces provocaron rupturas y exclusiones que dieron lugar a enfrentamientos de gran violencia y, en algunos casos, “suicidios” y asesinatos de dirigentes locales. La división de la oposición y la ausencia de políticas alternativas permitieron que el tejido corporativo armado en torno a los llamados grupos mayoritarios en las secciones no se alterara sustancialmente, ni por el proceso de renovación de mandos, ni por la extensión de los conflictos laborales y sindicales en las secciones. Hacia el interior, el sindicato permaneció unido, y mantuvo en lo básico las reglas de funcionamiento de la red patrimonial y clientelar tradicional. En relación con la empresa y el gobierno, el sindicato perdió autonomía, convirtiéndose en un mero apéndice o en una especie de oficialía de partes para asuntos laborales.
En cuanto a la descentralización sindical, el recorte de las atribuciones del sindicato en las actividades de la empresa implicó la desaparición de las comisiones de contratos y su sustitución por empresas privadas sin ninguna relación formal con el sindicato. Con la eliminación de la Dirección de Obras Revolucionarias se trasladaron los activos sindicales a las secciones para su venta, realizándose por lo tanto una privatización de los bienes sindicales, que se convirtió en un jugoso botín político para los grupos locales, quienes de esta manera se enfrascaban en la disputa por los restos de lo que en algún momento constituyó un modelo de unidades económicas bajo el régimen de propiedad social. También se eliminó estatutariamente la práctica del trabajo gratuito en las obras sociales, lo cual en los hechos significó un intento del sindicato por evadir sus responsabilidades laborales con los trabajadores despedidos. Finalmente se descentralizó también la administración seccional de las plazas de trabajo que, en vista del reajuste masivo, consistió en seleccionar no cuántos, sino quiénes serían despedidos, con un trato diferenciado a las distintas categorías laborales y clientelas políticas.
El petrolero es uno de los sindicatos con mayor influencia y capacidad de voto disciplinado en el país. En las elecciones federales de 1985 y 1988, al tiempo que mantenía el voto tradicional en favor de sus candidatos de mayoría por el PRI, también logró orientar el voto plurinominal por la oposición (el PST primero y después el PFCRN-FDN). Carlos Salinas no ganó las votaciones presidenciales en los distritos petroleros importantes porque se convirtieron en bastiones cardenistas. Con el cardenismo, el quinismo obtuvo un diputado federal que después sería presidente municipal de Tampico por el PRD. La influencia quinista en la zona de Ciudad Madero, Tampico y Altamira se mantuvo durante toda la administración salinista y de Ernesto Zedillo, conservando alianzas con prácticamente todos los partidos de oposición. Un hijo de La Quina ha sido presidente de Ciudad Madero y el otro diputado federal y local.
En las localidades petroleras de la zona sur también se ha mantenido el voto antipriísta desde finales de los ochenta, aunque ahí la influencia quinista no es tan importante como en la zona norte (no obstante contar con la presencia de viejos cuadros sindicales provenientes de las secciones norteñas – quinistas - en las secciones nuevas de Tabasco y Campeche). En estas localidades la oposición ciudadana se ha construido también en alianzas diversas con todos los partidos de oposición, formando coaliciones que han disputado con éxito las posiciones en los ayuntamientos y las legislaturas locales y federales. En las secciones de la zona sur la oposición sindical petrolera reúne a las viejas corrientes antiquinistas con nuevos agrupamientos sindicales de la izquierda nacionalista. Ambas corrientes establecen alianzas con los partidos de izquierda para los cargos de representación política, pero en el caso de los cargos de representación sindical, los desacuerdos entre ellos han imposibilitado la formación de planillas únicas de oposición.
Frente a esto las direcciones oficialistas encabezadas por Guzmán Cabrera y Romero Deschamps asumieron el compromiso del activismo político electoral en favor del PRI, logrando con esto si no evitar, al menos poner límites al crecimiento político de la oposición en las zonas petroleras del sureste mexicano, disputando con éxito algunos ayuntamientos y manteniendo su cuota corporativa en las listas de la representación obrera priísta en las legislaturas locales (sobre todo en Veracruz y Tabasco) y federales. De esta manera el objetivo de frenar el voto antipriísta durante los gobiernos de Salinas y Zedillo fue cumplido parcialmente.
A su vez la dirección nacional del sindicato petrolero impulsará por su cuenta una intensa campaña de movilización nacional en contra de las medidas privatizadoras, en la cual Romero Deschamps insistirá reiteradamente para que el PRI se pronuncie en apoyo a la posición del sindicato petrolero, a fin de “evitar que la oposición se apodere de las banderas nacionalistas”. La repulsa nacional a la venta de las plantas petroquímicas permite que durante la XVII Asamblea Nacional del PRI se apruebe un pronunciamiento en contra de las medidas privatizadoras. En esta misma Asamblea es en donde se establece el requisito de haber desempeñado cargos de elección popular (los llamados “candados”) para los aspirantes a la candidatura presidencial. Ambas medidas serán un fuerte golpe a la tecnocracia gobernante, encabezada por Ernesto Zedillo, por parte de los sectores tradicionales del priísmo (los llamados “dinos”), redundando en el debilitamiento de la posición presidencial y dándose marcha atrás a la estrategia de venta mediante la formula 51-49. Sin embargo en donde sí logra avanzar la política gubernamental, con el aval del sindicato petrolero, es en la modificación del contrato colectivo para los trabajadores de las plantas petroquímicas.
3. La oposición sindical 923
De las corrientes sindicales nacionales y regionales opositoras encontramos en primer lugar a dos que constituyen la oposición anti- quinista tradicional, que ante el quinazo y sus secuelas mantuvieron una posición equívoca tratando de evitar la confrontación con la política del gobierno federal, limitándose a atacar a los funcionarios " quinistas " del sindicato y de la empresa, y tratando de aprovechar las contradicciones internas en la cúpula sindical para lograr participar en los cargos de representación. De éstas, la corriente más importante durante el período estudiado es sin duda el Movimiento Nacional Petrolero (MNP), fundado en 1971 y encabezado por un viejo dirigente oficialista, Hebraicáz Vázquez, exsecretario general de la sección 15, detenido por su militancia opositora en 1972 y a quien se rescindió el contrato y se aplicó la cláusula de exclusión en 1978. Hebraicáz fue reinstalado en Pemex como trabajador de confianza de la zona de Villahermosa en julio de 1989, en una acción que, en opinión de muchos, fue resultado de una negociación con el gobierno, opinión que se fortaleció a raíz del reconocimiento hacia el triunfo electoral de 1990 en la sección 22. El MNP contaba con núcleos importantes en las secciones 22, 26, 31, 47 y 50 de la zona sur, así como la 15 y 46 de la zona centro.
El peso del antiquinismo llevó a la dirección nacional del MNP a mantenerse en un discurso político enfocando la crítica en contra de Guzmán Cabrera y de Romero Deschamps, porque "no le habían cumplido al presidente" en su propósito de erradicar las viejas prácticas del quinismo , del que eran una reedición aún más corrupta. Una de las acusaciones centrales del MNP en contra de Romero Deschamps es la de “sabotaje a la nación” por su responsabilidad en el paro parcial de la refinería de Azcapotzalco durante los acontecimientos del quinazo. Con grandes expectativas Hebraicáz se postuló como candidato independiente a la secretaría general del sindicato en enero de 1992, pretendiendo negociar su inclusión en la nueva coalición nacional, sin haber logrado siquiera que se registrara su postulación. Durante las grandes movilizaciones de los trabajadores transitorios hacia el Distrito Federal en 1992-1994, el MNP, con importante presencia en la zona sur, evitó inmiscuirse con otras organizaciones no obstante que en algunos momentos las respectivas movilizaciones coincidieron temporalmente. Hebraicáz mantuvo una agenda propia centrando su acción en las denuncias por corrupción sindical y en la disputa infructuosa de las direcciones de las contadas secciones en las que mantenían cierta presencia y capacidad de movilización.
En 1993 son despedidos varios dirigentes locales y regionales del MNP, quienes no son reinstalados a pesar de dos huelgas de hambre encabezadas por la dirección nacional. Un año después, durante el proceso de elecciones presidenciales, Hebraicáz protagonizó una serie de extrañas situaciones exhibiendo ante reporteros y cámaras de televisión fajos de billetes producto de un supuesto soborno de Romero Deschamps, al tiempo que su hijo -y también vocero del MNP- denunciaba la existencia de un supuesto “informe elaborado en el área de seguridad nacional e inteligencia política” en el que se involucraba al organismo sindical opositor en una “reunión secreta para acordar una serie de atentados y sabotajes” en alianza con la “fuerza clandestina del PRD”.
A imagen del sindicato, el MNP siempre ha sido una red nacional de alianzas, donde han coexistido difícilmente las posiciones de negociación con el gobierno y con la dirección nacional del PRI vs las posiciones más radicales de los organismos regionales en mayor contacto con la base. El primero de ellos, el Modetra, aparece en escena en el año de 1992, con la toma de instalaciones administrativas de Pemex en Villahermosa durante los mismos días en los que el PRD encabeza la primera Marcha de la Dignidad y, consecuentemente, hará que éste acuse al Modetra de provocador y de priísta. Hasta 1994 Modetra mantiene una movilización constante de trabajadores despedidos, viudas y pensionados, en la ciudad de Villahermosa, logrando concretar acuerdos y soluciones parciales que le otorgan un cierto reconocimiento entre la base trabajadora, siendo en esos años el Modetra la organización opositora más consolidada de la zona sur y la que encabezaba a los contingentes más importantes, tanto en los conflictos sindicales como en los obrero-patronales. A partir de entonces -y bajo la influencia del zapatismo- el MNP en Tabasco, encabezado por Raúl Drovaillet, impulsa la formación del FAC-MLN en el estado y organiza bloqueos de vialidades e instalaciones en un enfrentamiento con el gobierno estatal, que en los momentos de mayor intensidad de 1996 a 1997, provoca que Drovaillet tenga que retirarse del escenario y volverse clandestino, mientras el resto de los principales dirigentes eran detenidos, acusados de motín y sabotaje.
La segunda organización de la oposición antiquinista tradicional es el MPI-LC, formado a finales de los años setenta y que también trata de evitar la confrontación directa con el gobierno, limitándose a atacar a los funcionarios quinistas del sindicato y de la empresa, y librando sus propias batallas por despidos políticos fundamentalmente. En 1989 el MPI-LC contaba con núcleos de activistas localizados sobre todo en las secciones 34 y 35 del Distrito Federal, en la 30 de Poza Rica y en la 44 de Villahermosa. Su dirección, encabezada por los hermanos Hernández Ayala, no sólo saludó con entusiasmo el inusual despliegue de fuerza en la detención de La Quina , sino que incluso aseguró a la prensa que las acciones militares se habían apoyado en planos y señalamientos proporcionados por ellos mismos. También denunciaron que desde 1985 La Quina proporcionaba recursos económicos no sólo a los cuadros dirigentes del PST (lo cual era de sobra conocido), sino a dirigentes de la izquierda socialista como Valentín Campa.
En los días previos a la designación de Guzmán Cabrera como dirigente nacional petrolero, los líderes del MPI-LC trataron de lograr una alianza que permitiera su inclusión en la nueva coalición dirigente. Lejos de ello, la designación de Carlos Romero Deschamps (cacique de la sección 35 y enemigo principal de los Hernández Ayala) en el segundo cargo de la jerarquía sindical, significó para el MPI-LC enfrentar una ofensiva que incluyó el despido político de sus principales dirigentes, aunque lograron que fueran reinstalados mediante una ocupación (plantón) en la plaza de San Fernando en el D.F. durante 1989. Ese mismo año el MPI-LC impulsó la formación de una corriente nacional denominada Coalición Nacional Petrolera que pudo negociar una candidatura perredista, misma que se convirtió en 1991 en una diputación federal para el líder del MPI-LC en Tabasco, Cuitláhuac Vázquez.
Este mismo dirigente encabezó en sus inicios la primera marcha a la ciudad de México en 1992, así como, el mismo año, un plantón de 53 días, en demanda de liquidación del seguro de vida y pago de utilidades sobre cuotas sindicales, que los trabajadores levantaron mediante un acuerdo con el gobierno tabasqueño, Nafinsa y Pemex, para la creación de fuentes de empleo a través de un programa de fomento a las microindustrias. Días después, la prensa local difundió la existencia de un fondo de cuatro mil millones de pesos presuntamente entregado a los líderes cuando levantaron el plantón, lo que provocó airadas protestas y maltratos al diputado Cuitláhuac Vázquez en la plaza pública. Fuera de estas dinámicas locales, el MPI-LC se limitó a una mera acción testimonial de denuncia de viejos cuadros quinistas reconvertidos a la "política moderna", a quienes acusaba, entre otras cosas, de haber promovido los paros y movilizaciones el día de la detención de La Quina . A partir de 1994 el MPI-LC desaparece del panorama sindical petrolero.
Las grandes marchas de los trabajadores despedidos durante los años 1992 a 1994 permitieron que algunas organizaciones adquirieran importancia nacional aunque de existencia efímera. El PRD contaba en 1989 en las zonas petroleras con un importante capital político por los resultados de las elecciones federales del año anterior. Sin embargo hasta 1991 la política perredista con los petroleros consistió en establecer alianzas electorales con la fracción quinista de la sección 1 y con el grupo antiquinista del MPI-LC en el estado de Tabasco. A partir de 1991 ambas corrientes formarían parte de la bancada del PRD en la legislatura federal. Otros grupos igualmente vinculados al perredismo realizarían durante estos años una labor discreta pero constante en las secciones petroleras de la zona sur, que fructificaría, en el plano sindical, en la formación de organismos como el FDSS, el FDT-LC y el MDP-CNTD que llegaron a coordinar el gran esfuerzo de construcción y mantenimiento de los primeros contingentes masivos de despedidos, campesinos y pescadores marchistas a la ciudad de México.
Con presencia en la mayoría de las secciones del sur de Veracruz y Tabasco, la influencia perredista en la lucha sindical petrolera se debilitó sin embargo a raíz de la ruptura entre las direcciones locales por el liderazgo de las grandes marchas en 1992-1994, además del desprestigio que el gobierno federal logró crear con el manejo publicitario de la entrega a los líderes de un "fondo de ayuda" para cubrir los gastos de traslado a las localidades de origen, y para ser repartido entre los marchistas en plantón. Estos fondos de ayuda fueron convertidos por el gobierno y la empresa ante la opinión pública en "ayudas discrecionales" y ante la justicia en acusaciones penales. La mayor parte de estos dirigentes no eran trabajadores petroleros en activo y mucho menos ostentaban algún cargo sindical. Eran abogados laborales y/o dirigentes partidarios que habían logrado agrupar a núcleos de trabajadores despedidos para constituir organizaciones de demandantes que tenían una existencia efímera bajo una lógica de funcionamiento similar: acuerpamiento, movilización, negociación bajo presión, soluciones parciales, enfrentamientos internos y acusaciones mutuas, nuevo acuerpamiento, movilización, etcétera.
Las disputas entre los liderazgos locales también tenían que ver, en el plano político, con la nominación y elección de cargos en las legislaturas locales y federales, en los ayuntamientos de los estados de Veracruz y Tabasco y, a partir de 1997, en el gobierno del Distrito Federal. Esto implicó el tránsito en los liderazgos locales de la representación gremial a la política, por lo que la cuestión laboral pasó a ser un aspecto particular dentro del universo de problemas inherentes a los cargos políticos. Aún así los legisladores perredistas locales y federales en muchos momentos jugaron el papel de voceros de las demandas de los trabajadores despedidos ante la opinión pública, y en buena medida las grandes marchas a la ciudad de México y los campamentos en el zócalo capitalino pudieron realizarse gracias al apoyo logístico del aparato partidario perredista.
Durante el conflicto de la petroquímica en 1995-1996 los trabajadores, técnicos y profesionistas de los grandes complejos en el sureste del país constituyen el Frente Nacional contra la Privatización de Pemex, que poco después se convertiría en la Coordinación de Trabajadores por la Defensa de Pemex. Estos agrupamientos, en alianza con el PRD, mantendrán una movilización permanente en las principales localidades petroleras.
En las elecciones federales de 1997 la oposición política logra derrotar a los candidatos oficialistas en las principales localidades petroleras del país, en donde también logra la mayoría en algunos de los ayuntamientos más importantes como Ciudad Madero, Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas, Cárdenas, entre otros. Sin embargo en las elecciones del sindicato en ese mismo año, la oposición sindical vuelve a ser derrotada en todas las secciones. Las causas de esta situación contradictoria de avance político y de estancamiento sindical de la oposición ya las hemos señalado repetidamente: la incapacidad para poner por delante el objetivo común de derrotar al oficialismo por encima de las diferencias particulares; la amplia capacidad de maniobra de las direcciones sindicales en el manejo y asignación de las prestaciones laborales; y las amplias atribuciones de la dirección sindical para definir las reglas electorales.
En estas mismas elecciones seccionales de 1997 varias de las corrientes sindicales opositoras lograron construir un frente común al que llamaron Alianza Democrática de la Zona Sur Sureste que, aún y cuando fracasó en su intento de ganar las direcciones seccionales, constituyó un núcleo de acuerpamiento de numerosos activistas sindicales que en 1999 lograron constituirse como la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros. Esta nueva coalición representa el intento más serio en el período estudiado de construcción de un frente nacional opositor, aunque de cualquier manera no se logró integrar a todas las fuerzas independientes dentro del sindicato petrolero. De las corrientes que se han mantenido integradas dentro de la ANDTP se puede mencionar a aquellas ligadas al PRD, al PT, al quinismo y a los núcleos cristianos socialistas. De las que quedan fuera se distinguen el MNP, el FNP (corriente disidente de la primera organización), las corrientes oficialistas desplazadas en las secciones, y los pequeños núcleos disidentes organizados en torno a líderes locales de opinión que mantienen su autonomía respecto a las distintas ofertas partidarias.
Esta división siguió siendo la base de la debilidad opositora, tal y como se demostró en los resultados de las elecciones seccionales del año 2000, en donde pese a la gran expectativa creada por la histórica derrota oficialista en los comicios presidenciales, la oposición se presentó dividida (de dos a seis candidatos) en 17 secciones, mientras que en otras diez no hubo ningún candidato opositor. Sólo en nueve secciones la oposición se agrupó en torno a un solo candidato, y únicamente en una sección la candidatura opositora fue realmente competitiva. Los resultados en estas elecciones fueron otra vez los mismos que en todas las ocasiones anteriores: el oficialismo triunfó en todas las secciones.
4. Los conflictos en las secciones sindicales petroleras 924
Durante el período estudiado (1989 – 2000) localizamos un total de 201 conflictos laborales en la industria petrolera estatal, de los cuales 81 (40% del total) fueron obrero-patronales, 104 (52%) fueron intersindicales y 16 (8%) contra la autoridad. Vistos por zonas geográficas, 38 (19% del total) correspondieron a la zona norte, 61 (30%) a la zona centro y 102 (51%) a la zona sur). Vistos por años, la mayor parte de los conflictos se llevaron a cabo en los primeros seis años del período estudiado, esto es, 137 casos (que representan 68% del total) entre los años 1989 a 1994 (siendo el primer año donde registramos el mayor número), esto debido a que es el periodo de mayores acciones de los trabajadores transitorios despedidos por la terminación de la construcción de los grandes complejos petroquímicos. A partir de 1995 y hasta el año 2000 el número de conflictos tiende a decrecer a 67 (32% del total). 925
En los 201 conflictos laborales registrados en las diferentes secciones del sindicato petrolero, encontramos un total de 443 demandas planteadas, esto es, en promedio 2.2 demandas por conflicto. Las demandas solucionadas sumaron un total de 39, representando 9% del total de demandas planteadas. Se puede ver la dureza de los contendientes de los trabajadores. Por otra parte registramos 1 mil 424 acciones diferentes en los tres tipos de conflictos y para los cuatro contendientes. Del total de acciones, la mitad fue realizada por los trabajadores (713, agrupados o no en grupos organizados), la tercera parte por la burocracia sindical (443, dirigentes locales y nacionales), y dos décimas partes para los funcionarios patronales (144, considerados así los funcionarios responsables de la gestión de la empresa) y las autoridades (124, considerados así los funcionarios responsables de la estructura política local, regional y nacional).
5. Los conflictos obrero-patronales
Del total de demandas planteadas en los tres tipos de conflictos, 193 (41% del total), corresponden a los 81 conflictos obrero-patronales en las secciones sindicales durante el período estudiado. Más de la mitad de estas demandas (102) tienen que ver con el grupo de la seguridad en el empleo, en primer lugar en contra de los despidos por cierre de instalaciones exigiendo la reinstalación y aceptando posteriormente la jubilación forzosa en condiciones especiales de reducción de los requisitos y con el pago de bonos extraordinarios a trabajadores de base en las refinerías cerradas en las zonas norte y centro. Con esto se evitó que los trabajadores de base despedidos se unieran a las protestas de los transitorios, quienes por otra parte demandaban el pago de indemnizaciones para los miles de cesados por el fin de la construcción de los grandes complejos petroquímicos en la zona sur. 926
Un segundo grupo de demandas en los conflictos obrero-patronales que suman 25 (14%) se refiere a las condiciones de trabajo, comenzando por las medidas de higiene y seguridad, los accidentes en las instalaciones, la falta de equipo y medios de trabajo y la reubicación de personal por cierre de instalaciones. El tercer grupo de demandas en orden de importancia cuantitativa son las que tienen que ver con la contratación, 22 casos (12%). Aquí encontramos las luchas de los trabajadores de las empresas privadas encargadas de realizar labores de construcción, ampliación, limpieza y mantenimiento de instalaciones, y las demandas de convertir los trabajos eventuales y transitorios en definitivos.
Un cuarto grupo corresponde a las demandas relativas a la gestión de la empresa con 16 (9%), en contra del despojo de la materia de trabajo y la privatización encubierta por medio de la contratación de empresas privadas para la realización de labores de mantenimiento y transporte automotor en las zonas norte y centro del país, así como actividades de producción en el complejo procesador de gas en Ciudad Pemex, actividades de extracción en las plataformas marítimas del golfo de Campeche, y también buques tanque en Minatitlán. Pero junto con esto también se demandaba y denunciaba el abandono, la falta de mantenimiento y el desmantelamiento de las instalaciones industriales, a pesar de los graves accidentes con pérdidas de vidas ocurridos en la refinería de Tula, en Nanchital, en plataformas marítimas, y la gran tragedia de la explosión en Guadalajara en 1992.
Las demandas referidas al salario sumaron 20 (11%), de las cuales la cuarta parte corresponde al salario directo, que incluye la antigüedad, la gratificación anual y el reparto de utilidades, así como el pago de salarios caídos por los días de protesta. Las otras dos terceras partes de este grupo de demandas atañen al salario indirecto o prestaciones sociales como la ayuda para vivienda, el seguro de defunción, seguro de vida, los servicios médicos, vacaciones y ayuda para vivienda. Tanto el salario como las prestaciones se fijan contractualmente, siendo extendidas estas últimas también a los trabajadores transitorios que laboraban en la construcción de los complejos petroquímicos. El pliego petitorio de las grandes movilizaciones de los trabajadores transitorios en el sureste y en la capital del país, tiene como enfoque particular la demanda de pago de estas prestaciones y de una indemnización por despido.
Los últimos dos grupos de demandas obrero-patronales se refieren al reconocimiento de sindicatos independientes (dos casos) de los técnicos y profesionistas trasladados al régimen de confianza, y de los trabajadores de oficios varios en barcazas y plataformas en la sonda de Campeche. Finalmente las demandas contra la represión patronal (cinco casos) por el autoritarismo y malos tratos de funcionarios, como por la responsabilidad en accidente por falta de mantenimiento en las instalaciones.
Del total de demandas planteadas en los conflictos obrero-patronales sólo se resolvieron favorablemente 24 (13% del total), de las cuales 15 corresponden al grupo de seguridad en el empleo, en donde sólo mediante la movilización se logró en algunas secciones fijar como tope cinco años de antigüedad para la liquidación de los transitorios, así como 40 días por año laborado (sólo en las refinerías de Azcapotzalco y Reynosa), y de manera diferenciada cuatro meses de salario, pago de vacaciones completas, prima de antigüedad, seguro de defunción y mantenimiento de servicios médicos para viudas. Otra demanda solucionada de manera excepcional por la situación política local fue el caso de la basificación de 400 plazas interinas en la sección 22 de Agua Dulce.
En el conflicto obrero patronal registramos un total de 469 acciones, de las cuales 207 (44%) corresponden a los trabajadores, 135 (29%) a los funcionarios patronales, 91 (19%) a la burocracia sindical y 36 (8%) a las autoridades. 927
Las formas de lucha de los trabajadores abarcan una gama con distintos grados de drasticidad en las acciones, que van desde las más suaves como la negociación directa de las peticiones hasta la suspensión de la producción. Clasificamos estas formas en tres grandes grupos: acciones legales, acciones directas y acciones relativas a la vida o a la organización sindical.
Las acciones de los trabajadores se concentraron fundamentalmente en las acciones directas, que representaron las cuatro quintas partes de las acciones realizadas por los trabajadores en el conflicto obrero-patronal (164). Estas acciones consistieron sobre todo en movilizaciones de todo tipo: paros o huelgas de hecho, mítines, huelga de hambre, plantones en las localidades y en la ciudad de México como parte de las grandes marchas de los transitorios despedidos desde las secciones del sureste hacia el centro del país. Junto con las movilizaciones, los trabajadores realizaron una multiplicidad de acciones de difusión pública y propaganda de distinto tipo, fundamentalmente la información cara a cara, el boteo para obtener fondos económicos a fin de sostener el movimiento, el perifoneo en las localidades, la propaganda mediante volantes, pintas en muros y edificios, mantas, carteles y en menor medida desplegados de prensa pagados con la solidaridad de organizaciones sociales y políticas. También llevaron a cabo, en menor medida, acciones de fuerza como el cierre de instalaciones, el bloqueo de carreteras y caminos, el secuestro de vehículos, así como enfrentamientos violentos con grupos de choque enviados por la empresa, por los funcionarios sindicales o incluso con los cuerpos policiacos y militares.
Las acciones legales de los trabajadores en los conflictos obrero-patronales (26) representaron un poco más de la décima parte, y consistieron en actividades de conciliación solicitando la intervención de las autoridades laborales y políticas, así como la disposición a la negociación con la empresa para tratar de obtener acuerdos que resolvieran lo fundamental de las demandas, así como para colaborar en la solución de los graves problemas derivados de la falta de mantenimiento de las instalaciones que provocaron graves accidentes como el ya mencionado de Guadalajara en 1992. Otras acciones legales utilizadas por los trabajadores en los conflictos obrero-patronales consistieron en la utilización de procedimientos judiciales en contra de funcionarios de la empresa ejerciendo acusaciones por corrupción y malos manejos en los procesos de privatización de instalaciones y bienes de la empresa, así como por acciones violentas en contra de trabajadores.
Un tercer grupo de acciones de los trabajadores en los conflictos obrero-patronales es la relativa a la vida sindical (17), que representa menos de la décima parte. Se trata de acciones en las que se exige a la organización sindical, tanto a los comités seccionales como a la dirección nacional, que intervengan en la defensa de los trabajadores y sus demandas. Ante la negativa o indiferencia de los representantes sindicales, los trabajadores tomaron por la fuerza locales sindicales en diferentes secciones, sobre todo de la zona sur y particularmente en la sección 26 de Las Choapas. Otras acciones de este tipo fueron las alianzas con partidos políticos, particularmente el PRD en la zona sur y en especial durante las grandes marchas hacia la ciudad de México en los años 1992-1993.
Las acciones de los funcionarios de la empresa o, en los términos utilizados en este trabajo, los representantes patronales, sumaron 135 (29% del total de acciones en los conflictos obrero-patronales). A diferencia de los trabajadores, las cuatro quintas parte de las acciones fueron de tipo legal, y dentro de éstas, casi ninguna orientada a la conciliación o negociación. El grueso de las acciones legales se concentró en asuntos de la gestión de la empresa y consistieron en los despidos masivos (51 casos), la liquidación y jubilación forzosa para trabajadores de planta (26), el cierre y venta de plantas y equipo (12), la contratación de empresas privadas para la realización de actividades de mantenimiento y expansión (12), y medidas administrativas para la reubicación arbitraria de trabajadores en las instalaciones y las localidades, así como la negativa a entregar equipo contra riesgos en las plantas (3).
En cuanto a las acciones directas registramos 25 acciones (19%) de los representantes patronales. Más de la mitad de éstas (16) fueron campañas de difusión pública por medio de desplegados, boletines de prensa y entrevistas. Más de la tercera parte (nueve) fueron acciones de fuerza mediante la utilización de grupos encubiertos de golpeadores, así como de amenazas a los dirigentes de los grupos de trabajadores demandantes. En cuanto a la vida sindical sólo registramos dos acciones de la empresa en los conflictos obrero-patronales: el despido político de los dirigentes de los técnicos y profesionistas que encabezaban un movimiento de protesta por el cambio de su situación contractual y la negativa a negociar con la presencia de asesores del PRD.
Las acciones de la burocracia sindical en los conflictos obrero-patronales sumaron 91 (19% del total de acciones en este tipo de conflictos), lo que evidencia el poco interés por asumir la representación de las demandas de los trabajadores despedidos. La mayor parte fueron acciones directas: de difusión pública (66), sin faltar las acciones de fuerza (8) ejercidas por golpeadores en contra de las concentraciones de los trabajadores demandantes. También registramos tres movilizaciones en la sección 11 en donde la directiva seccional es obligada a encabezar la protesta de los trabajadores por las víctimas de la explosión en la planta.
En los mismos conflictos obrero-patronales registramos 36 acciones de las autoridades políticas (8%). Más de las dos terceras partes fueron acciones legales, que si bien incluyeron la negociación directa, también recurrieron a las acusaciones judiciales por vandalismo y daños a la producción en contra de líderes de los trabajadores. Las acciones respecto a la gestión de la empresa significaron fundamentalmente la aplicación de las modificaciones al CCT en cuanto a indemnizaciones por despidos y manejos arbitrarios de personal en el contexto del cierre de instalaciones y la privatización de áreas y departamentos productivos por la división administrativa de Pemex en una serie de empresas subsidiarias. Las acciones directas, que representaron menos de la tercera parte de las acciones de las autoridades políticas en este tipo de conflictos, consistieron en el uso de la fuerza para reprimir y detener violentamente a dirigentes y trabajadores movilizados por sus demandas, así como la intervención violenta en instalaciones en paro o tomadas por los trabajadores, por parte de autoridades judiciales o militares, aun en el caso de las plataformas marítimas.
6. Los conflictos intersindicales
En los 104 conflictos intersindicales sucedidos durante el período estudiado, registramos 241 demandas planteadas (54% del total en los tres tipos de conflicto), de las cuales cuatro quintas partes corresponden al grupo denominado vida sindical, 928 donde agrupamos las demandas (200) contra la corrupción de las dirigencias seccionales en el proceso de privatización de los bienes sindicales, resultado de la desaparición de la Comisión de Contratos y la Dirección de Obras Revolucionarias y el consiguiente desmantelamiento del gran y complejo sistema de unidades económicas del sindicato bajo el régimen de propiedad social, y que incluía sociedades cooperativas en múltiples giros, ranchos ganaderos y agrícolas, tiendas de consumo, centrales de abasto, flotillas de vehículos de transporte, maquinaria de construcción, cajas de ahorro, depósitos bancarios, estadios y centros deportivos, gimnasios, equipos de futbol y béisbol, edificios y bodegas, fábricas de ropa, de muebles, de zapatos, de materiales de construcción, de masa y tortillas, de agua embotellada, restaurantes, parques de diversión, centros sociales y casinos, cinemas, funerarias, hoteles, clínicas médicas, predios rústicos y urbanos, unidades habitacionales, aviones ejecutivos, entre otros.
Este sistema, único en el mundo sindical nacional, construido bajo la dirección de La Quina, y en relación con la tradición solidarista del anarco sindicalismo presente en los nacientes sindicatos de la industria petrolera en los primeros decenios del siglo XX, se pudo llevar a cabo mediante prerrogativas sindicales pactadas con Pemex para destinar recursos para las empresas y cajas de ahorro sindicales, así como mediante el pago del dos por ciento del costo total de la mano de obra en los contratos de obra y servicios. A los trabajadores transitorios, como condición para contratarlos, se les exigía el pago de cuotas para las “obras revolucionarias”, además de trabajo “voluntario” en las mismas. A los trabajadores de planta también se les descontaba un porcentaje de su salario que iba a la creación y mantenimiento de los bienes sindicales.
Al cancelarse las prerrogativas sindicales desde el sexenio de Miguel de la Madrid, y sobre todo a partir del arresto de la dirección del sindicato encabezada por La Quina , desapareció todo el sistema de unidades económicas, decidiéndose regresar el manejo de los bienes, con vistas a su venta, a cada una de las secciones. Esto constituyó un botín increíble de miles de millones de pesos para las direcciones seccionales, que provocó que las distintas facciones y corrientes organizadas en las diferentes localidades se vieran confrontadas en medio de duras disputas. Pero también implicó la movilización firme de los trabajadores transitorios y los jubilados en demanda de la devolución de sus cuotas y del pago correspondiente en la liquidación de los bienes. Esto explica por qué, a pesar de las decenas de miles de trabajadores transitorios despedidos, de los trabajadores de base jubilados de manera forzosa y de los miles de técnicos y profesionistas convertidos al régimen de confianza, el número de conflictos y demandas obrero-patronales en las secciones fuera menor que los conflictos y demandas intersindicales. Así, no obstante las grandes protestas locales y nacionales, pudo avanzar abiertamente la privatización de los bienes sindicales de manera paralela a la encubierta primera fase de privatización de los bienes de la empresa, de la nación.
Dentro del mismo grupo de demandas relativas a la vida sindical, y en estrecha relación con la lucha en contra de la verdadera rapiña que se desató con la venta de los bienes sindicales, otra demanda importante que se repitió en 18 de las 32 secciones del sindicato petrolero fue la de pedir la destitución y el encarcelamiento de las directivas seccionales acusadas de corrupción, y el derecho a tener procedimientos democráticos en las elecciones locales, esto es, elecciones por voto secreto en lugar de las asambleas donde el voto se realiza a mano alzada. También se demandó el reconocimiento a los delegados departamentales electos por los trabajadores y desconocidos por las directivas seccionales.
Otras demandas importantes en el conflicto intersindical se referían a la represión violenta de las protestas de los trabajadores (17 casos) mediante la utilización de grupos de golpeadores para disolver por la fuerza las asambleas, los mítines y las tomas de los locales sindicales, así como la intervención de cuerpos policiacos y militares para disolver los bloqueos de instalaciones y las marchas en avenidas y carreteras. Respecto a la seguridad en el empleo (16 casos), las demandas fueron por los despidos políticos en diversas secciones, sobre todo en el feudo del nuevo hombre fuerte del sindicato, Carlos Romero Deschamps, en la sección 35, así como en la 26 de Las Choapas.
Del total de demandas planteadas en los conflictos intersindicales en las secciones, sólo se resolvieron favorablemente 15 (6%), de las cuales nueve correspondían al grupo de demandas relativas a la vida sindical, fundamentalmente la convocatoria a elecciones seccionales democráticas. En dos casos gana la planilla apoyada por los trabajadores opositores, siendo reconocida por la dirección nacional. Un caso sucede en la sección 22 de Agua Dulce, en donde, en la lucha por desplazar al cacicazgo local enfrentado con la dirección nacional, se acepta el triunfo del líder local del opositor MNP. El otro caso se da en la sección 1 de Ciudad Madero, en donde la ya para ese entonces oposición quinista logra el reconocimiento de una nueva dirección seccional apoyada por la mayoría, después de una maniobra de aparente división en el quinismo y aparición de un auténtico caballo negro . En esta misma sección se lleva a cabo una auditoría minuciosa al manejo por parte de La Quina de los bienes sindicales, resultando que no se encuentra ninguna anomalía. Sin embargo poco después el nuevo líder democráticamente electo es encarcelado y destituido bajo acusaciones de malos manejos con los recursos de la sección. Aun así, la resistencia quinista demuestra un respaldo mayoritario en la base trabajadora y en la población local, y una cohesión y disciplina ejemplares en el avance y el retroceso táctico, así como una visión pragmática e informada de las condiciones y medios de la contienda. Otra sección en donde la movilización de los trabajadores de base logra la renuncia de un importante líder y cacique sindical es en la 24 de Salamanca. El resto de las demandas solucionadas por parte del sindicato fueron las liquidaciones de adeudos a trabajadores transitorios por actividades realizadas en las instalaciones sindicales en las secciones 11 y 35, así como el cese de funcionarios policiacos locales por acciones violentas en contra de trabajadores de la sección 1.
Las acciones de todos los contendientes en el conflicto intersindical sumaron 887, de las cuales 463 (52%) correspondieron a los trabajadores, 341 (38%) a la burocracia sindical, 8 (1%) a los funcionarios patronales y 75 (8%) a las autoridades políticas. 929
Del total de acciones de los trabajadores 71 (15%) son acciones legales, cuya mitad son gestiones de conciliación, y sobre todo de solicitud de intervención de autoridades laborales para la realización de procedimientos estatutarios para la remoción y elección de direcciones seccionales. La otra mitad de las acciones legales se refieren a procedimientos penales solicitando la intervención de las autoridades judiciales en los casos de acusaciones de corrupción y malos manejos de los bienes sindicales.
Las acciones directas de los trabajadores sumaron 249 (54%), la mayoría de las cuales consistía en acciones de difusión pública como la información cara a cara, la propaganda mediante volantes, pintas en muros y edificios, mantas, carteles y en menor medida desplegados de prensa pagados con aportaciones de los trabajadores, así como conferencias de prensa. Destaca la realización de ceremonias religiosas (misas) para pedir la liberación de La Quina y sus asociados en la sección 1 de Ciudad Madero. Poco menos de la tercera parte de las acciones directas consistió en movilizaciones de todo tipo como marchas y manifestaciones, mítines y ocupaciones de plazas y espacios públicos, y algunos casos de huelga de hambre. La tercera parte restante consistió en acciones de fuerza como el secuestro de vehículos de transporte propiedad de las secciones, quemas de camiones secuestrados ante la intervención de la policía, bloqueos de instalaciones y vías de comunicación, así como enfrentamientos violentos con grupos de golpeadores enviados por las direcciones sindicales oficialistas.
De las acciones relativas a la vida sindical por parte de los trabajadores registramos 143 (31%). Poco menos de la mitad de éstas corresponde a la organización sindical (65), siendo la mayoría de éstas relativas a la realización de elecciones en las secciones mediante procedimientos democráticos, esto es, en urnas cerradas y con voto secreto, en lugar de las acostumbradas en asambleas a mano alzada, procedimiento habitual y fácilmente manipulable por parte de las direcciones sindicales. Buena parte de las formas de lucha relacionadas con las elecciones se dan como consecuencia del desconocimiento de las direcciones seccionales, en especial en cuanto a actos de corrupción. Sin embargo, aun y cuando la lucha por elecciones libres la encontramos en la casi totalidad de las secciones sindicales, en la mayoría de los casos las burocracias sindicales se logran imponer, no sólo por la utilización de los tradicionales métodos de cooptación, manipulación e imposición violenta, sino también por la incapacidad de las corrientes opositoras y de trabajadores de base para ponerse de acuerdo sobre la formación de planillas únicas con capacidad de enfrentar a las oficiales. Sólo en cinco casos encontramos planillas únicas que surgen del acuerdo entre las corrientes opositoras, y sólo en dos las planillas opositoras triunfan y tienen la fuerza para que se reconozca. Y esto por coyunturas muy específicas, según señalamos líneas arriba, en la sección 1 de Ciudad Madero y en la 22 de Agua Dulce.
Las acciones en torno a las instalaciones y bienes sindicales (69) fueron ampliamente utilizadas también por los trabajadores en las secciones, de las cuales destacan tomas violentas de las mismas, que en algunos casos incluyó el secuestro de líderes locales, para reclamar cuentas claras respecto a los bienes sindicales y en contra de la corrupción de los dirigentes en el proceso de privatización de éstos. En busca de apoyo hacia su lucha en contra de las direcciones corruptas, los trabajadores acudieron a los partidos políticos, tanto PRI como PRD, y se acercaron a funcionarios municipales y a candidatos en campaña en los ámbitos municipal, estatal y federal, con la mediación de alcaldías que facilitaron la negociación… aunque las promesas de los candidatos nunca se cumplieron.
Las dos terceras partes de las acciones de la burocracia sindical en los conflictos intersindicales están también relacionadas con la vida sindical (203). El mayor número de acciones se refiere a los dirigentes oficiales. La transición de liderazgos en las secciones no fue fácil, sobre todo en el período de Guzmán Cabrera. A los viejos dirigentes se les ofreció una salida política mediante jubilaciones "voluntarias". A los que ofrecían resistencia se les amenazó con posibles demandas judiciales por los "resultados de las auditorias" (los cuales nunca se conocieron). Algunos huyeron para negociar después su retiro y jubilación. Otros se suicidaron, como en las secciones 9 y 11.
Fueron descabezadas las dirigencias seccionales pero la estructura caciquil con sus viejos liderazgos y redes clientelares se mantuvo no sin grandes sobresaltos en su tránsito de una federación de caciques a otra federación igual. Guzmán Cabrera era un viejo cacique de la sección 10 de Minatitlán enfrentado con La Quina quien lo había obligado a jubilarse después de haber sido considerado el sucesor en la dirección nacional. Al resucitarlo a la vida sindical, el gobierno de Carlos Salinas pretendió sustituir al quinismo con un “hombre fuerte” local que pudiera jugar un papel similar. Esto nunca se logró. Durante los cuatro años al frente del sindicato, Guzmán Cabrera enfrentó la oposición quinista , particularmente en la sección 1, pero en general en toda la zona norte, así como en las secciones nuevas en Tabasco y Campeche, en donde la sustitución de direcciones seccionales se dio de una manera pacífica mediante negociaciones en las que la dirección nacional hubo de transigir con las corrientes locales quinistas .
No fue la misma situación en el resto de las secciones en las zonas centro y sur, en donde la oposición sindical reunía a las viejas corrientes antiquinistas con nuevos agrupamientos sindicales de izquierda nacionalista aliados con partidos de izquierda: PFCRN, PRD, PT. Y también en donde los grandes cacicazgos en las secciones 11, 26, 31 y 29 no estuvieron dispuestos a ser desplazados por un viejo conocido a quien consideraban su igual en la zona sur. La mayoría de las acusaciones penales contra funcionarios y líderes seccionales no las hicieron los trabajadores ni las corrientes de oposición, sino las direcciones sindicales locales y nacionales. Muchas direcciones seccionales fueron desconocidas por el CEG por cargos de corrupción y en algunos casos sustituidas por “comisionados” encargados de administrar los bienes de la sección. Tanto líderes de oposición como dirigentes oficiales fueron detenidos utilizando a las fuerzas policiacas y militares. El mismo Guzmán Cabrera renunció por la demanda sorpresiva de auditoría a todas las secciones y al Comité Ejecutivo General (CEG) presentada por 14 dirigentes seccionales. Con la renuncia, las acusaciones se diluyeron. Guzmán Cabrera libró la prisión y si ya era un hombre rico desde su cacicazgo en Minatitlán, terminó como riquísimo empresario contratista (outsourcing) para labores de mantenimiento y expansión. Cuatro años después de su renuncia, su hijo sería secuestrado y liberado mediante un pago millonario en dólares.
La principal medida para consolidar el control político del nuevo CEG encabezado por Carlos Romero Deschamps, fue asegurarse de no perder las direcciones seccionales disciplinando a las clientelas y presentando planillas únicas del oficialismo en asambleas copadas por golpeadores. Esta política permitió que los cacicazgos disciplinados con la dirección nacional tuvieran el camino libre para administrar y distribuir la abundancia derivada de la privatización de los bienes sindicales. Al mismo tiempo, Carlos Romero Deschamps movilizó al sindicato en la militancia priista para enfrentar el avance de los partidos de izquierda en alianza con las corrientes quinistas y opositoras en el sindicato petrolero.
Registramos muchas acciones de difusión pública (no tantas como las de los trabajadores, pero sí con intensidad) tanto en las declaraciones a la prensa y los desplegados en los periódicos locales como en la utilización de la radio local para informar o desinformar sobre días, horas y lugares de movilizaciones opositoras. Cada sección manejó por su cuenta la “desincorporación” de los bienes sindicales, sea por administraciones privadas por concesiones o mediante la venta parcial o total de los activos. Tan amplia discrecionalidad provocó una verdadera rapiña y acusaciones de corrupción que fueron enfrentadas con medidas de fuerza, desde la imposición de informes en asamblea, hasta los incendios intencionados de oficinas, locales y archivos para evitar la rendición de cuentas. Las acciones legales de la burocracia sindical en los conflictos intersindicales consistieron en procedimientos y contratos de venta, renta, concesión y cambios de razón social de bienes colectivos a privados a nombre de los directivos seccionales, testaferros y empresarios privados. En contraparte, las direcciones oficialistas enfrentadas utilizaron las solicitudes de auditoría, acusaciones y procedimientos judiciales.
Por parte de las autoridades políticas, las acciones realizadas en los conflictos intersindicales fueron de total apoyo a las direcciones oficialistas, ya sea mediante acciones de fuerza con intervención de policías y cuerpos militares, o sobre todo con acciones legales mediante auditorías, embargos y procedimientos judiciales en contra de las direcciones seccionales oficialistas no subordinadas a los nuevos grupos dirigentes en el CEG, y en contra de los grupos de trabajadores que impugnaban las imposiciones de liderazgos locales, lo cual incluyó en varias secciones la detención violenta de líderes disidentes.
7. Los conflictos contra la autoridad
Las demandas en los 16 conflictos contra la autoridad sumaron 19 (4% del total de demandas planteadas en los tres tipos de conflicto), de las cuales más de dos terceras partes (14) tienen que ver con la misma represión, 930 que en los primeros años después del encarcelamiento de La Quina y sus asociados, implicó toda la fuerza del Estado, incluyendo el uso de la policía, el ejército, la marina de guerra y los tribunales judiciales. La sección en donde se concentra el uso de la fuerza, y por lo tanto el mayor número de demandas de este grupo, es la 1 de Ciudad Madero, en donde el quinismo demostró gran capacidad de resistencia y cohesión, aunque con el paso de los años el proceso de privatización de bienes sindicales tuvo sus necesarias consecuencias corruptoras provocando divisiones internas que finalmente llevaron a su desaparición como fuerza organizada. Las demandas contra la intervención violenta de fuerzas armadas locales, estatales y/o nacionales en los conflictos laborales, también las encontramos en seis secciones más, correspondientes a las tres zonas geográficas consideradas.
Las restantes demandas contra la autoridad relevan de la gestión de la empresa por parte de sus funcionarios, de los cuales se demanda responsabilidades por el abandono y falta de mantenimiento de las instalaciones, maquinaria y equipo; por el manejo turbio de las condiciones de operación de las empresas privadas contratadas para realizar y sustituir actividades anteriormente realizadas por Pemex; también se demandaba a los funcionarios por los malos tratos hacia los trabajadores y por el manejo arbitrario de las funciones y adscripción del personal desplazado por las empresas contratistas. Ninguna de estas demandas tuvo una solución favorable.
En este grupo de gestión de la empresa encontramos la única demanda que en todo el conflicto estudiado fue enarbolada simultáneamente por los trabajadores, las corrientes opositoras y las burocracias sindicales locales y nacionales. En marzo de 1995 el gobierno federal anuncia la venta de las 61 plantas petroquímicas pertenecientes a Pemex. Unos días después la dirección nacional del sindicato encabezada por C. Romero Deschamps manifiesta públicamente su oposición a la medida, lo cual es secundado prácticamente en todas las secciones tanto por los trabajadores de base como por las direcciones locales.
Las acciones en los conflictos contra la autoridad sumaron 68, de las cuales 43 (63%) fueron realizadas por los trabajadores, 1 (1%) por los funcionarios de la empresa o patronales, 11 (16%) por la burocracia sindical y 13 (19%) por los funcionarios o autoridades políticas. 931
En cuanto a las acciones de las autoridades políticas, la detención de La Quina se realizó con la movilización de toda la fuerza del Estado (ejercito, marina, PGR), con total arbitrariedad y atropello de las instituciones judiciales y políticas de las localidades, y mediante el control militar de las instalaciones petroleras, eléctricas y telefónicas. En contra de los líderes quinistas y de los trabajadores transitorios, la acción de las autoridades federales fue dura: acusaciones penales por denuncias de corrupción, arrestos y acciones de fuerza de policías y militares. Aún así, el quinismo mantuvo la resistencia en las secciones y en las localidades en alianza con el cardenismo en el plano político electoral. La Quina permaneció en prisión durante todo el sexenio de Carlos Salinas y sólo fue liberado hasta diciembre de 1997, con la condición de que no regresara a Ciudad Madero, por lo que vivió durante tres años en arraigo domiciliario en un hotel de la ciudad de Cuernavaca, al cabo de los cuales pudo volver a su tierra natal donde murió en 2013.
En 1992 Pemex fue dividido en cuatro filiales: Exploración y Producción, Refinación, Gas y Petroquímica Básica, y Petroquímica. De 1986 a 1992 se realizan varias reclasificaciones mediante las cuales Pemex deja de tener el monopolio exclusivo en la producción de setenta productos, para quedar reducido a ocho. En 1995 el gobierno federal anuncia la venta de 61 plantas petroquímicas pertenecientes a Pemex. El sindicato ni avisado estaba. Cuando el conflicto de la petroquímica estalló días después, el gobierno federal se quedó pasmado, no esperaban la respuesta militante del sindicato petrolero, que no sólo llamó a movilizaciones en todo el país con una agresiva campaña de desplegados y declaraciones a la prensa, sino que también convocó a los sectores del PRI y los obligó a manifestarse en contra de la privatización de la petroquímica en su asamblea nacional. Un mes después el gobierno federal da marcha atrás a las medidas privatizadoras (les da la vuelta) y propone un esquema de participación mayoritaria estatal en las plantas petroquímicas (51 por ciento), al tiempo que invita a la participación de inversionistas privados nacionales y extranjeros a cubrir el restante. También reorganiza a Pemex Petroquímica en nueve filiales bajo la modalidad SA de CV. Esto es, se continua con la privatización, ya no encubierta, y se mantiene el monopolio de la representación sindical. En unos cuantos días el nuevo esquema es aprobado en la Cámara de Diputados realizándose al mismo tiempo convenios de sustitución laboral en las nuevas empresas filiales de Pemex y el sindicato petrolero representado por las secciones respectivas. Meses después firman los nuevos contratos colectivos de trabajo entre el STPRM y las empresas petroquímicas filiales de Pemex.
Las acciones de los trabajadores en el conflicto contra la autoridad representaron casi dos terceras partes del total, la mayoría de las cuales consistieron en movilizaciones como mítines, marchas, plantones, junto con acciones de difusión pública como volantes, pintas, mantas, desplegados, declaraciones a la prensa en torno a tres cuestiones centrales: la detención de La Quina , sobre todo en las secciones del norte; la privatización de las actividades mantenimiento y expansión en las instalaciones de las refinerías, oficinas, producción primaria en pozos y plataformas marítimas, flota y puertos.
8. Post scriptum (2022). El dinosaurio corporativo
El estudio termina en el momento de la transición hacia un sistema de partidos competitivos y gobiernos divididos. El año 2000, cuando el PRI pierde la Presidencia de la República a manos del PAN, la oposición de izquierda gana (por segunda vez) la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y en las gubernaturas y parlamentos de los estados, así como en los ayuntamientos municipales, el panorama poco a poco se vuelve multicolor. Pareciera que el país entraba en una nueva era democrática que dejaba atrás todos los vicios y rémoras de lo que con un gran optimismo algunos caracterizaban como el “antiguo régimen”. Sin embargo no pasó mucho tiempo para despertar del sueño y darnos cuenta de que “el dinosaurio todavía estaba ahí”. El primer síntoma de que las cosas no operaban como se había prometido, fue la manera en que se arreglaron los escándalos, tanto de la desviación de recursos públicos desde Pemex a la campaña priista, como del manejo inescrupuloso de fondos privados de procedencia obscura en la campaña panista. Ambos casos fueron resueltos mediante negociaciones y acuerdos poco claros y sanciones pecuniarias por parte de las autoridades electorales, en el desarrollo de una solida colaboración y alianza transexenal entre ambos partidos, para de común acuerdo establecer las políticas de gobierno y los criterios para la asignación de recursos en el país, y en específico en el caso que nos ocupa, en la industria petrolera.
Desde los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo la política petrolera consistió en apostar a la extracción de crudo para el mercado internacional, abandonando la inversión en el mantenimiento y expansión de la planta industrial. Las gasolinas para el mercado local se importan y las refinerías quedan inactivas o con una producción mínima. Las plantas petroquímicas son abandonadas esperando que puedan ser vendidas o destinadas a la herrumbre y chatarrización o a la corrupción truculenta, como en el caso de Fertinal y Agronitrogenados. La inversión en la industria se dirige fundamentalmente al mantenimiento y renta del equipo e instalaciones necesarias para la extracción, almacenamiento y transporte de crudos, sin dedicar recursos a la exploración y perforación en tierra y mar. Explotar el recurso hasta que se agote, fue la consigna, y todos los insumos y productos derivados del petróleo necesarios para el consumo nacional industrial, agropecuario y doméstico “se pueden conseguir en el mercado internacional sin necesidad de mantener un aparato tan grande como Pemex”.
El sexenio de Vicente Fox se benefició de los altos precios del petróleo, pero las ganancias fueron, como en los gobiernos priistas, sustraídas a Pemex y ejercidas como gasto político, hacia los gobiernos estatales, a los partidos políticos, a los intereses privados en el “gobierno de empresarios” de Vicente Fox y claro, al sindicato petrolero. En México, a diferencia de Brasil, no se invirtió parte importante de los recursos extraordinarios derivados de los altos precios del petróleo en la producción de maquinaria, infraestructura y tecnología petrolera de punta. En estos inicios de la tercera década del siglo XXI, Petrobras es autosuficiente en tecnología para aguas profundas, mientras que Pemex está obligado a concesionar a empresas privadas extranjeras el proceso de extracción, almacenamiento y distribución en la producción de gas en el norte del país, y de petróleo en el litoral del Golfo. A diferencia de Brasil, México no tiene actividad productiva en las aguas profundas. Siempre se pensó dejar esta parte del proceso a las empresas extranjeras, quienes tienen la tecnología para realizarla. Pero estas se han mantenido reacias a invertir mientras no se resuelva el asunto de propiedad del subsuelo, por lo que no se está explotando el recurso.
De los grandes proyectos de inversión estatal y privada heredados por Ernesto Zedillo a sus sucesores destacan los llamados Pideregas (Proyectos de infraestructura diferidos en el registro del presupuesto), así como los contratos de servicios múltiples (concesiones a largo plazo de 15 a 20 años) con empresas privadas. Los primeros contratos de este tipo se destinaron a la producción de gas en gran escala para exportar a EUA y para alimentar las nuevas plantas de ciclo combinado generadoras de electricidad propiedad de empresas extranjeras, que comenzaron a operar mercados privados paralelos para la distribución de energía eléctrica en todo el país, utilizando la infraestructura pública de Pemex y CFE.
La privatización de los recursos petroleros, las llamadas reformas estructurales, fueron realizadas puntualmente por los gobiernos panistas y priistas, con las mismas prácticas de corrupción asociadas, sólo que aumentadas por el sorpresivo crecimiento de la derrama petrolera en los primeros años del nuevo siglo, y el caos derivado de una privatización de la industria realizada en la perspectiva del lucro privado y personal. Y todo esto apuntalado por una serie de reformas a la legislación correspondiente.
En 1995 se modifica la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional para permitir que el sector privado construya, opere y tenga en propiedad sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. También se crea la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para administrar los contratos y asignaciones de Pemex, en especial las grandes obras de infraestructura petrolera con empresas de todo el mundo. En 2008 el Congreso, con la alianza PRI-PAN aprueba una reforma energética que flexibiliza las condiciones de contratación con empresas privadas. Ese mismo año más del 35% de la energía eléctrica que se producía en el país se genera con gas, sobre todo por el consumo de empresas extranjeras, la mayoría de las cuales son españolas, entre ellas Repsol, que acababa de adquirir cinco plantas de ciclo combinado y un gasoducto en México. Al mismo tiempo se intentó activar la producción en aguas profundas (2008-2011) mediante la renta de plataformas de perforación, con sobreprecios escandalosos comparados con las mismas operaciones con otras empresas en el mundo. Lo mismo sucedió en la compra de barcos tanques petroleros usados con más de 30 años de antigüedad.
En 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la misma alianza PRI-PAN y ahora incluyendo también al PRD, encabeza una nueva reforma constitucional que modifica los artículos 25, 27 y 28 para permitir que las empresas privadas participen en el sector energético por medio de contratos de servicios, de utilidad compartida, producción compartida o de licencia, entre otras modalidades. También planteó el paso de Pemex y la CFE, de organismos descentralizados, a “empresas productivas del Estado”, así como la modificación del Consejo de Administración de la petrolera mexicana, entre otras reformas que apuntaban a una mayor liberalización en el modelo energético. Esta alianza tripartita provoca la salida del PRD de Andrés Manuel López Obrador y seguidores para encabezar la formación del nuevo partido Movimiento de Renovación Nacional-Morena.
Inmediatamente después de la promulgación de las reformas, el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó las llamadas cuatro “rondas” de licitaciones, donde las empresas privadas y las ahora llamadas empresas productivas del Estado pueden participar asociadas o individualmente en la asignación de bloques de producción terrestre y marítima. Entre la ronda 1 y 2 se firmaron más de 90 contratos y en la ronda 3, para empresarios nacionales, 19 de los 29 bloques ofertados. La ronda 4, para aguas profundas, hasta donde se sabe, no avanza. En el periodo de vigencia de las rondas 1 y 2 para capital extranjero, se estima que la inversión pueda alcanzar los 150 mil millones de dólares.
Con el nuevo gobierno encabezado por Morena, en 2018 Pemex anuncia que centrará la extracción en aguas someras y en tierra, donde no se necesitan capitales privados, dejando de lado las aguas profundas. También se informa de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en la zona de Paraíso, Tabasco, la primera desde la construcción, en 1979, de las refinerías de Cadereyta y Salina Cruz. En 2019 se anuncia una campaña nacional de combate al llamado “huachicol”, esto es, al robo de combustible en la red de ductos. Ese mismo año se cancelan las rondas de licitación y se anuncia que se dejarían de entregar, temporalmente, contratos a empresas privadas para la exploración y extracción. También se informa que se respetarán los contratos otorgados al sector privado durante las licitaciones de las dos primeras rondas. En tanto, se revisaba la ronda 3. En abril de 2021 se aprueban reformas a las leyes reglamentarias que dibujan cuatro líneas de acción: combatir el contrabando; acabar con el robo en el expendio de combustible; optimizar el almacenamiento y gestionar los permisos en función de la seguridad energética y nacional. Con este fin se faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para revocar los permisos cuando los titulares de éstos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. En ese mismo año se informaba que el Estado, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, administra 111 contratos y 415 asignaciones de PEMEX y regula las actividades petroleras en México de 76 empresas de 20 países.
Evidentemente se trata de un giro de timón que pretende atenuar las consecuencias de 34 años de “reformas estructurales” y de políticas neoliberales de capitalismo “salvaje” y “de cuates”.
Al llegar a la dirección nacional del sindicato petrolero en 1933, Carlos Romero Deschamps ya era el “hombre fuerte” del aparato, con un amplio reconocimiento entre los distintos sectores de la estructura formal de representación por su capacidad para asegurar la disciplina y el control interno del aparato sindical, función que cumplió con gran eficacia y rudeza por lo menos desde mediados de la década de los setenta, bajo el liderazgo de La Quina y, posteriormente, de Sebastián Guzmán Cabrera. Esto le permitió tejer una sólida red de alianzas y una base real de poder construida desde la sombra, desde un cauteloso segundo plano, logrando evitar inmiscuirse personalmente en el enfrentamiento del quinismo con el gobierno federal. Como afirmamos anteriormente, era el “nuevo” cacique sindical porque, a diferencia de su antecesor Guzmán Cabrera, su liderazgo era indiscutido, y también porque era un “viejo” cacique, legítimo heredero del orden corporativo construido por La Quina.
El liderazgo de Romero Deschamps se consolidó y cobró autonomía respecto al gobierno federal a partir del conflicto de la petroquímica en 1995, en donde aprovechó los errores de instrumentación en las medidas adoptadas por la administración de Ernesto Zedillo, quien, con una total ausencia de manejo político, se limitó a poner en práctica decisiones acordadas por la administración anterior y que habían sido pospuestas por la falta de condiciones favorables. Al ponerse al frente de las protestas en contra de la privatización, la dirección sindical petrolera demostró capacidad de movilización y convocatoria, arrebatando las banderas nacionalistas a la oposición de izquierda, obligando a que el partido oficial se manifestara de manera inusual en contra de las medidas gubernamentales y colocándose como un interlocutor crítico de las políticas de la empresa. Esto no le impidió aceptar la división del contrato colectivo en las plantas petroquímicas y la ampliación de las atribuciones de Pemex en lo relativo al manejo del personal.
Otro elemento que paradójicamente jugó en su favor fue el desastroso resultado para el oficialismo en las elecciones federales de 1997, cuando por primera vez el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Ante la alarma suscitada en las altas esferas del poder político, la administración de Zedillo tuvo que voltear su atención hacia el sindicalismo corporativo, que había sido minimizado dentro de las estrategias políticas y electorales de los gobiernos neoliberales. En ese momento el sindicato petrolero parecía fortalecido y con gran capacidad de acción política, por lo que se llegó a un acuerdo de mutuos beneficios.
El activismo electoral del sindicalismo petrolero jugó un papel importante en los comicios internos del partido oficial, ayudando al triunfo del candidato del grupo gobernante. Los beneficios obtenidos por el sindicato petrolero de este acuerdo con el gobierno de Zedillo fueron, en primer lugar, el reconocimiento oficial a la maniobra mediante la cual Romero Deschamps se reeligió en la dirección nacional adelantando casi ocho meses la fecha de la convocatoria respectiva, sorprendiendo a la oposición sindical que nada pudo hacer para frenar la imposición, y tomando posiciones frente a la previsible derrota priista en la presidencia. Al mismo tiempo buena parte de la cúpula sindical petrolera encabezada por Romero Deschamps obtenía candidaturas a distintos puestos de representación política por parte del partido oficial, entre ellos el ahora nuevo secretario general, Ricardo Aldana, quien entraba al relevo del líder petrolero en el Senado.
La utilización de los recursos públicos en apoyo a las campañas electorales oficialistas era una práctica tradicionalmente realizada, y en la cual el sindicato petrolero –con o sin La Quina al frente-, al igual que otros sindicatos al servicio de las empresas paraestatales, habían servido de intermediarios para canalizar grandes sumas de dinero al financiamiento de las tareas partidarias. Las nuevas administraciones se encargaban de ajustar las cuentas para borrar las huellas de estas prácticas ilícitas. Pero en la campaña del año 2000 el desenlace no fue el previsto. El PRI perdió la Presidencia de la República y, en la revisión de los estados financieros de Pemex, se descubrió un desvío de recursos de la empresa al sindicato por un monto aproximado de 1 mil 500 millones de pesos que fueron aportados ilegalmente al comité de campaña oficialista.
Inicialmente se fincaron responsabilidades penales a cuatro de los más altos cargos de la empresa durante el último año del gobierno de Zedillo encabezados por su director Rogelio Montemayor. En la denuncia también se involucraba a la directiva sindical encabezada por Romero Deschamps. Sin embargo, no se tomó ninguna medida al respecto. El desenlace de esta situación implicaba un complejo juego político con muchas aristas, entre las que destacaban la acusación de financiamiento externo a la campaña de Fox y, de manera relevante, las negociaciones con el PRI sobre la gobernabilidad en un Congreso en el cual el gobierno de Fox se encontraba en minoría. En cuanto a la industria petrolera, estaba también en juego el destino de la propuesta gubernamental de “contratos de servicios múltiples” que permitirían a Pemex pagar a empresas privadas por servicios de exploración y producción de gas natural en la Cuenca de Burgos situada al norte de Nuevo León y Tamaulipas.
La acusación en contra del sindicato fue una carta que estuvo presente en las negociaciones entre el gobierno de Fox y la nueva dirección nacional del PRI encabezada por el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien entre otras cosas fue el principal contendiente por la candidatura presidencial priista ganada por Francisco Labastida con el apoyo fundamental del sindicato petrolero. Dentro del PRI la relación entre las fuerzas más importantes encabezadas por los dos principales precandidatos presidenciales se resolvió mediante un acuerdo con el nuevo gobierno encabezado por Fox, en el cual ninguna de las personas involucradas en esta operación fue presentada ante la justicia y la sanción sólo se limitó al PRI como institución.
Los líderes sindicales no enfrentaron un juicio de desafuero, ni tampoco el director general Rogelio Montemayor. El Instituto Nacional Electoral tan sólo amonestó al PRI por haber recibido 500 millones y el tribunal electoral lo condenó a pagar el doble del monto implicado (1 mil millones). A diferencia de la sanción dictada por la autoridad administrativa, el caso penal no prosperó. La sanción del PRI fue histórica, aunque nunca apareció en la argumentación la palabra corrupción, porque la responsabilidad fue atribuida al partido político y sus operadores como tales y no a los funcionarios gubernamentales. Tampoco se sancionó a la dirección del sindicato petrolero, ya que como resultado de los arreglos con la candidatura de Francisco Labastida, sus dirigentes encabezados por Romero Deschamps contaban con fuero por ocupar cargos de representación en el Senado y en la Cámara de Diputados.
El desenlace de la situación creada después de la campaña electoral del año 2000 por el descubrimiento del desvío de fondos de Pemex al sindicato petrolero conocido popularmente como el “Pemexgate”, mostró de manera clara los límites de la democratización del país alcanzada con el triunfo del candidato panista en las elecciones presidenciales del año 2000. Como resultado de los acuerdos con Vicente Fox, la dirección del sindicato petrolero permaneció intocada. El gobierno de Fox no tenía la misma capacidad de intervención en el sindicato que tuvo el gobierno salinista: podía eventualmente desencadenar los cambios, pero no controlarlos. Por su parte Romero Deschamps optó por regresar a su vieja táctica de mantenerse en un segundo plano, moviéndose en la sombra, y guardando un discreto silencio para, desde ahí, esperar que las cosas se serenaran por inercia. Sabía muy bien que su posición era clave dentro de la gran red de intereses involucrados en el gobierno “de la transición”, y que un golpe decisivo en su contra podría tener consecuencias para la gobernabilidad del país.
A cambio de que los gobiernos panistas o priistas respetaran el predominio del grupo encabezado por Romero Deschamps, el sindicato petrolero guardó silencio y respaldó las acciones de los gobiernos en turno en el proceso de desmantelar a Pemex y exprimirlo con grandes negocios en beneficio de empresas y fondos de inversión extranjeros, así como de las “derramas” necesarias hacia los gestores públicos y privados. En 2004 la administración de Pemex pagó al sindicato un paquete de prestaciones por alrededor de siete mil millones de pesos, argumentando que se trataba de compromisos adquiridos entre el sindicato y el gobierno de Zedillo en anteriores negociaciones del CCT.
Durante los dos sexenios de los gobiernos del PAN, el sindicato mantiene una clara disciplina con las políticas de gobierno y hace caso omiso de los evidentes excesos en el desmantelamiento del gigantesco aparato productivo paraestatal. A cambio de esto, los gobiernos panistas voltean la vista para ignorar los excesos en el manejo discrecional de los recursos sindicales. Así, el control político se mantiene con las sucesivas reelecciones de la camarilla dirigente. Con el regreso del PRI a la Presidencia de la República, Romero Deschamps y sus asociados viven una época dorada. Vuelve a ser Senador y en poco tiempo estalla el escándalo al ser revelada por la prensa la fastuosidad de la riqueza personal del dirigente sindical: yates y aviones privados, propiedades en diversas ciudades y zonas de lujo, una vida de jeque petrolero para él y su familia. Sin embargo el escándalo mediático poca mella le hace al viejo líder, quién se exhibe en su vida pública de Senador y de miembro de la “clase dorada” del priismo de Enrique Peña Nieto.
Con la llegada del nuevo gobierno de Morena, Romero Deschamps negocia una salida discreta y renuncia a la secretaría general del sindicato petrolero en octubre de 2019. El estallido de la pandemia ayuda a quitarle reflectores a él y al sindicato, en donde la camarilla dirigente dispone del tiempo necesario para preparar las siguientes elecciones seccionales en 2021 y la elección de la secretaría general en 2022. El candidato del grupo oficial es Ricardo Aldana, otro “hombre del aparato” muy parecido al renunciante líder, aunque, si bien uno era el hombre de la violencia física, el otro es el hombre de las finanzas. Fue secretario tesorero del STPRM de 1979 a 1989, con el aliado de La Quina , Salvador Barragán Camacho, y de 1993 a 2019, los mismos 26 años que Romero Deschampas estuvo al frente del sindicato. Sucesor del líder en el Senado durante el gobierno de Vicente Fox, Ricardo Aldana representa sin duda a la misma camarilla dirigente que, como es tradición, a cambio de que se respete un reajuste pacífico en la estructura de poder del sindicato, apoya disciplinadamente las políticas del gobierno en turno.
La historia se repite puntualmente, Ricardo Aldana gana con el 45% de los votos ante 24 contrincantes. Unos meses antes había ganado la totalidad de las secciones, en la mayoría de las cuales la suma de votos de la oposición dividida era mayor que los de la planilla oficialista. La división entre las corrientes sindicales en las localidades y regiones impide la presentación de planillas opositoras unidas ¿Por qué la oposición no puede unificarse en candidaturas comunes?
Los liderazgos locales y nacionales en el sindicato petrolero (y lo mismo con los electricistas y telefonistas) tienen más de treinta o cuarenta años de mantenerse en el poder usufructuando en su beneficio, y el de los grupos que les acompañan, los bienes sindicales: clínicas, hospitales, ranchos, cooperativas y empresas sindicales en múltiples giros. A lo largo de estos decenios de poder, tuvieron la posibilidad de desarrollar una densa red de relaciones políticas, económicas, familiares, religiosas y colusiones de todo tipo: lo que conocemos como la institución del cacicazgo, muy representativo de la comunidad local y uno de los puntales del sistema de control político en el país. En las regiones petroleras, los dirigentes seccionales instauran un verdadero caciquismo patriarcal que les permite intervenir en actividades tan disímbolas como apadrinamiento de los nuevos hijos, patrocinio de las festividades religiosas, asesoría en la creación y expansión de negocios, nombramiento de funcionarios públicos locales y atribución de una amplia gama de “favores”, así como apoyo político incondicional a los poderes en turno, con una base social que no se limita a los sindicalizados sino que llega a los diversos estratos y sectores sociales.
Como hemos intentado mostrar en este estudio, desde sus orígenes, el sindicalismo petrolero mexicano forma un entramado complejo de culturas rurales y urbanas, de representación tradicional con organización burocrática y de una cultura política híbrida resultado de una industria petrolera que se construye en enclaves industriales omnívoros sobre territorios y comunidades agrícolas. Es por lo que caracterizamos al sindicato petrolero como una federación oligárquica de caciques que operan como intermediarios entre la sociedad local y las autoridades formales y superiores del sistema de poder sindical y político.
A su vez, las direcciones seccionales y nacional siempre han contado con disposiciones estatutarias y diversos mecanismos de seguridad legales y extralegales que les brindan un amplio campo de maniobra para impedir la expresión de posiciones disidentes, desde los procedimientos de votación, las condiciones de realización de las asambleas electorales, adelantando unilateralmente las fechas electorales, la utilización de transitorios y trabajadores no sindicalizados habilitados como votantes, el uso de grupos de choque y el reparto de bebidas alcohólicas durante los procesos comiciales, así como la amenaza de utilizar la cláusula de exclusión en contra de los trabajadores disidentes. Todos estos elementos juegan a favor de la estructura de control político, a los que se suma, en los últimos 20 años por lo menos, la amenaza del desempleo por los continuos recortes en la plantilla laboral en un sector de trabajadores cuyo nivel de vida se coloca por encima del de la población circundante. Como resultado de la falta de inversión en la industria, se reportaba, en 2007, que miles de trabajadores se hallaban en campos y refinerías “sin hacer nada”.
Esto ha propiciado la fragmentación de la oposición en las secciones impidiendo la formación de nuevas mayorías. En los hechos, cada grupo o corriente local ha operado “por su cuenta”, con sus propios ritmos y formas de lucha, haciendo que la acción opositora tuviera una eficacia menor. La división opositora se da en todos los niveles: por categorías (transitorios, de planta, técnicos y profesionistas, jubilados), por afinidades partidarias, por afinidades con las corrientes sindicales nacionales, regionales y locales, así como con personalidades locales excluidas de las nuevas coaliciones dirigentes.
En los últimos años la oposición sindical, salvo en el caso de los enfrentamientos intergremiales entre facciones, o de los movimientos de trabajadores formalmente excluidos (despedidos, transitorios, técnicos y profesionistas), es casi inexistente. Desde el año 2000 las corrientes sindicales opositoras más importantes han optado por concentrar sus esfuerzos en la lucha dentro de los partidos políticos con el fin de ganar posiciones en los ayuntamientos y en las cámaras de diputados estatales y federal. Después de conocer las campañas, proyectos y “presentaciones” de los candidatos en la pasarela organizada para la rueda de prensa que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene cada mañana, y antes de la elección de la dirección nacional en 2022, se puede conjeturar que las tendencias opositoras en el sindicato petrolero no están abocadas a “democratizar” a las secciones y a la gestión de los bienes sindicales, ya que predominan intereses particulares encontrados, razón por la cual no pueden llegar a acuerdos sobre candidaturas de coalición. No hay interés común. Entonces, en realidad no se necesitan regalos, dinero y acarreo, el sistema está en excelentes condiciones para asegurar la reproducción de la estructura de control político.
A los distintos gobiernos no les ha interesado desactivar los cacicazgos sindicales petroleros, más bien se ha tratado de utilizarlos a su favor, como disciplinadores de la fuerza de trabajo en la empresa, como contenedores de votos para los procesos electorales y/o como gestores asociados en las políticas de negocios en Pemex. En este sentido, el pacto corporativo del sindicato petrolero con el Estado sigue vigente, y todo hace ver que seguirá funcionando como parte importante del mecanismo de gobernabilidad, independientemente de las orientaciones que para la industria petrolera sean impulsadas desde los sucesivos gobiernos federales.
El corporativismo es la aportación del sindicalismo al sistema de gobierno en México. Históricamente ayudó a que los estamentos (terratenientes, religiosos, burgueses) se volvieran corporaciones sujetas a derecho y escrutinio: ejército, iglesia, asociaciones de interés y sindicatos. El corporativismo es un acuerdo de beneficios mutuos y un marco reconocible para la negociación del conflicto social. En una sociedad como la nuestra, con una alta desigualdad, los beneficios se reparten de similar manera. Pero el sindicato petrolero y su contrato colectivo de trabajo, por la rama de actividad en la que opera, por el papel que ésta tiene en el imaginario nacional, y por la importancia que también tiene en la economía del país, sigue representando, sobre todo para sus agremiados, la promesa cumplida del Estado institucional y revolucionario.
En la actualidad, en su posición taimada de mantenerse en segundo plano sin pronunciarse ante la situación de la industria y del país, el sindicato petrolero sigue siendo un actor importante en el contexto político nacional, y en determinado momento, internacional. Ricardo Aldana, el nuevo secretario general, tiene más de 40 años de formar parte del primer nivel en la dirección nacional, igualmente el equipo que lo acompaña. Esto puede significar experiencia, pero también anacronismo. Lo cierto es que tiene una legitimidad demostrada en las recientes elecciones seccionales y nacional. Pero lo que destaca sobre todo es la importancia global que la industria petrolera vuelve a tener en una coyuntura de máxima complejidad: guerra, crisis alimentaria y energética, cambio climático y todas las consecuencias que de todo ello deriven.
ANEXOS
Nota a los cuadros-resumen
El enfoque utilizado para la elaboración de los cuadros-resumen considera al sindicalismo petrolero como un sistema de intereses formado por la interacción de tres tipos de conflicto: obrero-patronal, intersindical, contra la autoridad, y por cuatro actores o contendientes principales: grupos de trabajadores demandantes, funcionarios empresariales, burocracia sindical y autoridades legales. Otros actores sociales y políticos importantes (partidos, sindicatos, organizaciones sociales y estatales), cuya acción juega en la modificación de la relación de fuerzas existente, son considerados como contendientes secundarios y parte del contexto de alianzas en el que se desarrollan los casos de conflicto.
La idea central es que el conjunto de las interrelaciones estudiadas constituyen una unidad de acción: a) hacia el interior, en cuanto a la integración de los actores constituyentes en un equilibrio de relaciones establecido por las reglas formales (reglamentos, estatutos, contratos, leyes), e informales (usos, costumbres, situaciones de hecho) que forman el vínculo institucional del trabajador con la colectividad laboral, y b) hacia el exterior, en cuanto a las reglas de operación de otros sistemas (empresa(s), sindicato, gobierno y comunidad) con los que interactúa y ejerce la práctica del sindicalismo el trabajador organizado en la representación formal del sindicato y/o en grupos y corrientes organizadas.
El conflicto laboral se genera porque ha ocurrido una alteración significativa en el equilibrio de relaciones. El interés del investigador consiste entonces en encontrar: a) cuáles son los términos de la relación que se violentan (y quiénes participan de ello) y de qué manera son expuestos en las demandas, b) cuál es la capacidad de respuesta organizada de los trabajadores a través del sindicato, corrientes políticas o grupos con distintos grados de organización, mediante series de acciones organizadas como formas de lucha, y c) cuál es el nuevo estado de cosas que resulta de la conclusión o posposición del conflicto. Así construimos los casos de conflicto laboral, en donde cada una de las partes que forman el entramado institucional interactúa con las otras para reordenar un estado de cosas alterado o atemperar los costos de una modificación. El desarrollo de la contienda se elabora en secuencias de acciones que forman conductas colectivas organizadas y que expresan un choque de intereses entre dos o más actores o contendientes.
Las demandas son la formulación constituyente de un actor o contendiente que intenta modificar un estado de cosas. Las demandas buscan (cuando menos) el respeto al vínculo institucional y definen el tipo de conflicto según a quién estén dirigidas y por tanto quiénes son los contendientes principales. Son los trabajadores los que demandan porque los otros tres actores establecen decisiones obligatorias apoyadas en el control institucional y en el monopolio de la fuerza. Por esta razón, los actores de la demanda son los colectivos de trabajadores, y sólo en raros (e ideales) casos, la burocracia sindical (cuando se hace vocera de los intereses de sus agremiados), la empresa (cuando se hace vocera de los intereses nacionales) o las autoridades (cuando se hacen voceras de los intereses ciudadanos). En la mayor parte de los conflictos estudiados, estos tres actores aparecen como contendientes principales y secundarios en alianza contra los trabajadores. Así, las demandas son los términos máximos de compensación exigida por una colectividad agraviada y organizada para la acción con un objetivo común. La lucha por la solución de las demandas convierte a la colectividad en una unidad de acción, en un actor, en un contendiente.
A las series de acciones realizadas para lograr acuerdos mínimos de solución al conflicto, las llamamos formas de lucha y las consideramos secuencias intencionales que tienen lugar dentro de una situación definida por el cálculo de las relaciones de fuerza, de las condiciones y medios a disposición de los actores, y de las pérdidas y ganancias resultado de una escalada del conflicto. Los conflictos laborales tienen reglas para la negociación entre las partes. Cuando estas reglas no se aplican, o son insuficientes, el conflicto crece e involucra a más contendientes, da lugar a nuevas demandas y puede transformarse o dar lugar a un nuevo conflicto, a nuevas reglas o al rompimiento total del vinculo laboral. Las formas de lucha son los medios de presión de los trabajadores sobre la contraparte para conseguir parcial o totalmente las reivindicaciones, que se combinan de acuerdo con la resistencia que ofrezca el adversario. La combinación de las acciones por lo regular es el resultado de un diagnóstico de la situación y de un proceso de toma de decisiones que configura orientaciones tácticas y estratégicas.
Los relatos reconstruyen en la crónica la simultaneidad de los conflictos en un esquema de exposición armado desde la localización histórica (periodización) y geográfica (adscripción). La construcción de las crónicas por sección sindical permite también que la base de datos pueda ser sometida con cierta confiabilidad (verificabilidad) a un nuevo registro, en este caso estadístico y realizado sobre el relato cronológico de las acciones en los conflictos. La estadística individualiza las acciones, las separa del relato (sin perder la relación con él) y las convierte en series de datos que se agrupan en indicadores y categorías de análisis. El primer registro se refiere a la acción específica, al hecho singular, a lo que aconteció (marcha de 100 trabajadores, demanda de ropa y equipo de seguridad, etcétera).
El nuevo registro da por resultado un cronograma, un listado de acciones organizado cronológicamente sobre el cual es posible elaborar una clasificación temática, cuyos criterios y rangos derivan de las categorías centrales: demanda, forma de lucha, tipo de conflicto y contendiente. Esto permite realizar tres cuadros por sección sindical. El primer cuadro muestra la distribución de los conflictos locales por año, tipo de conflicto y duración. El segundo cuadro presenta los subgrupos de demandas planteadas y solucionadas por tipo de conflicto en el período estudiado. El tercer cuadro distingue para el período los tres principales grupos de formas de lucha (legal, directa y vida sindical) en su distribución por tipo de conflicto y contendientes. Estos tres cuadros aparecen en un apartado al final de cada crónica por sección, acompañados de una breve narración que describe el contenido de éstos bajo el titulo de “resumen”. Estos cuadros permiten elaborar los cuadros-resumen de las demandas y formas de lucha por zonas geográficas, instalaciones, tipo de conflicto y contendientes que se exponen a continuación.
Cuadro 1 - Principales instalaciones y número de trabajadores sindicalizados por secciones y zonas 1982-2000
| Secc | Localidad | Entidad | Instalaciones | 1982 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONA NORTE | 16256 | 14869 | |||
| 1 | Ciudad Madero | Tam. | Refinería | 8428 | 6658 |
| Flota petrolera | |||||
| Planta petroquímica | |||||
| 3 | Ebano | SLP | 1204 | 1130 | |
| 13 | Cerro Azul | Ver. | 892 | 476 | |
| 21 | Ciudad Camargo | Chih. | Planta petroquímica | 207 | |
| 25 | Naranjos | Ver. | 595 | 331 | |
| 33 | Tampico | Tam. | Oficinas zona norte | 946 | 132 |
| Exploración | |||||
| 36 | Ciudad Reynosa | Tam. | P. petroquímica | 3984 | 3578 |
| Perforación | |||||
| Refinería | |||||
| 49 | Cadereyta | NL. | Refinería | 2022 | |
| P. petroquímica | |||||
| 51 | Barra Norte, Tuxpan | Ver. | |||
| ZONA CENTRO | 28131 | 27950 | |||
| 9 | Veracruz | Ver. | Exploración | 844 | 1371 |
| 15 | Venta de Carpio | Mex., Nac. | Ductos | 776 | 1004 |
| 24 | Salamanca | Gto. | Refinería | 4285 | 4363 |
| Planta petroquímica | |||||
| 30 | Poza Rica | Ver. | Refinería | 7513 | 5070 |
| Planta petroquímica | |||||
| 34 | México | DF. | Oficinas centrales | 4436 | 4616 |
| 35 | México | DF | Refinería Azcapotzalco | 4926 | 3524 |
| Tula | Hgo. | Refinería Miguel Hidalgo | |||
| P. petroquímica | |||||
| 39 | Huauchinango | Pue. | 776 | ||
| 40 | México | DF, Nac. | Plantas de distribución | 3251 | 4837 |
| 43 | México | DF. | Almacen y talleres | 339 | 380 |
| 45 | México | DF. | Hospital central | 626 | 965 |
| 46 | S. Martín Texmelucan | Pue. | CPQ. Independencia | 359 | 763 |
| 52 | Guadalajara | Jal. | |||
| Hospital Picacho | DF. | ||||
| ZONA SUR | 22900 | 39221 | |||
| 10 | Minatitlán | Ver. | CPQ. Cosoleacaque | 5827 | |
| Refinería L. Cárdenas | |||||
| 11 | Nanchital | Ver. | CPQ. La Cangrejera | 3313 | 9936 |
| CPQ. Morelos | |||||
| CPQ. Pajaritos | |||||
| Puerto exportación | |||||
| Domos, salinas Tuzan Depetl. | |||||
| 14 | Ciudad Pemex | Tab. | Planta petroquímica | 1172 | 2011 |
| 16 | Cuichapa | Ver. | 364 | 362 | |
| 22 | Agua Dulce | Ver. | Campos, oficinas, | 2861 | 1683 |
| Puerto petrolero Dos Bocas | |||||
| 23 | Minatitlán | Ver. | 193 | 164 | |
| 26 | Las Choapas | Ver. | Refinería | 3976 | 2078 |
| Campos | |||||
| Oficinas de los CPQ´s | |||||
| 29 | Comalcalco | Tab. | 862 | 1142 | |
| 31 | Coatzacoalcos | Ver. | Oficinas de los CPQ´s | 1109 | 374 |
| Campos | |||||
| 12 plataformas Cd. Carmen | |||||
| 38 | Salina Cruz | Oax. | Refinería A. Dovalí J. | 1722 | 2487 |
| Terminal amoníaco | |||||
| Planta petroquímica | |||||
| 42 | Ciudad del Carmen | Cam. | Plataformas marínas | 71 | 1143 |
| 44 | Villahermosa | Tab. | Ventas | 1430 | 2686 |
| 47 | Ciudad del Carmen | Tab. | Plataformas marinas | 3661 | |
| 48 | Reforma | Tab. | CPQ. Cactus | 3141 | |
| Planta petroquímica La Venta | |||||
| 50 | Dos Bocas, Paraíso | Tab. | 1675 | ||
| TOTAL | 67287 | 82040 | |||
| Fuente: elaboración propia. Los datos de 1982 en Alonso, Angelina y López Roberto, El sindicato de trabajadores petroleros y sus relaciones con Pemex y el Estado, 1970-1985. El Colegio de México. México 1986. p. 270 bis, cuadro 52. | |||||
Cuadro 2 - Número de despedidos por zona, sección y años 1989 - 1998
Cuadro 3 - Conflictos laborales por zona, sección, año y tipo de conflicto 1989 - 2000
Cuadro 4 - Demandas planteadas y solucionadas por tipo de conflicto 1989 - 2000
| TOTAL POR AÑOS | ZONAS | TIPO CONFLICTO | TOTAL GRAL. | % | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | ZN | ZC | ZS | OP | IS | CA | |||
| DEMANDAS PLANTEADAS | 51 | 47 | 47 | 63 | 55 | 64 | 28 | 20 | 27 | 14 | 17 | 10 | 105 | 148 | 190 | 193 | 235 | 19 | 447 | 100% |
| Salario directo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1% |
| Salario indirecto | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3% |
| Condiciones de trabajo | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6% |
| Seguridad en el empleo | 10 | 3 | 20 | 24 | 20 | 22 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 35 | 38 | 45 | 102 | 16 | 0 | 118 | 26% |
| Gestión de la empresa | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5 | 16 | 0 | 5 | 20 | 4% |
| Contratación | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | 1 | 0 | 24 | 5% |
| Vida sindical | 28 | 38 | 17 | 25 | 25 | 21 | 12 | 10 | 12 | 2 | 9 | 4 | 41 | 66 | 96 | 2 | 200 | 0 | 203 | 45% |
| Represión | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 11 | 5 | 17 | 14 | 35 | 8% |
| Otras demandas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| DEMANDAS SOLUCIONADAS | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 21 | 24 | 15 | 0 | 39 | 100% |
| Salario directo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8% |
| Salario indirecto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8% |
| Condiciones de trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3% |
| Seguridad en el empleo | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 15 | 3 | 0 | 18 | 46% |
| Contratación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5% |
| Vida sindical | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 10 | 26% |
| Represión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5% |
| OP: Obrero patronales · IS: Intersindicales · CA: Contra la autoridad · ZN: Zona norte · ZC: Zona centro · ZS: Zona sur Fuente: elaboración propia |
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Cuadro 5 - Formas de lucha y por tipo de conflicto, conciliadas y zonas 1989-2000
| Obrero-patronal | Intersindical | Contra la Autoridad | Nacional | Zonas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | BS | A | Total | T | P | BS | A | Total | T | P | BS | A | Total | T | P | BS | A | Total | ZN | ZC | ZS | |
| Totales | 207 | 135 | 91 | 36 | 469 | 463 | 8 | 341 | 75 | 887 | 43 | 1 | 11 | 13 | 68 | 713 | 144 | 443 | 124 | 1424 | 362 | 475 | 587 |
| ACCIONES LEGALES | 26 | 108 | 10 | 26 | 170 | 71 | 1 | 54 | 63 | 189 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 100 | 109 | 64 | 93 | 366 | 99 | 139 | 128 |
| Conciliación | 11 | 1 | 1 | 6 | 19 | 34 | 0 | 5 | 8 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 | 6 | 14 | 69 | 19 | 13 | 37 |
| Gestión de la empresa | 1 | 104 | 7 | 6 | 118 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 14 | 6 | 125 | 25 | 61 | 39 |
| Procedimientos legales | 14 | 3 | 2 | 14 | 33 | 37 | 1 | 42 | 55 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 51 | 4 | 44 | 73 | 172 | 55 | 65 | 52 |
| ACCIONES DIRECTAS | 164 | 25 | 74 | 10 | 273 | 249 | 0 | 84 | 9 | 342 | 38 | 1 | 10 | 6 | 55 | 451 | 26 | 168 | 25 | 670 | 160 | 200 | 310 |
| Difusión pública | 68 | 16 | 66 | 3 | 153 | 92 | 0 | 46 | 2 | 140 | 12 | 1 | 4 | 5 | 22 | 172 | 17 | 116 | 10 | 315 | 90 | 117 | 113 |
| Movilizaciones | 83 | 0 | 3 | 0 | 86 | 69 | 0 | 13 | 0 | 82 | 26 | 0 | 6 | 0 | 32 | 178 | 0 | 32 | 0 | 200 | 54 | 59 | 87 |
| Acciones de fuerza | 13 | 9 | 5 | 7 | 34 | 88 | 0 | 25 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 101 | 9 | 31 | 14 | 155 | 16 | 26 | 113 |
| VIDA SINDICAL | 17 | 2 | 7 | 0 | 26 | 143 | 7 | 203 | 3 | 356 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 162 | 9 | 211 | 6 | 388 | 103 | 136 | 149 |
| Organización sindical | 9 | 1 | 5 | 0 | 15 | 65 | 7 | 153 | 2 | 227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 8 | 159 | 2 | 244 | 55 | 98 | 91 |
| Instalaciones y bienes | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 69 | 0 | 39 | 1 | 109 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 41 | 4 | 120 | 46 | 29 | 45 |
| Otras vida sindical | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 24 | 2 | 9 | 13 |
| T: Trabajadores · P: Patrones · BS: Burocracia sindical · A: Autoridades · ZN: Zona norte · ZC: Zona centro · ZS: Zona sur Fuente: elaboración propia |
|||||||||||||||||||||||
Listado 1 — Corrientes sindicales por sección y año de actividad
| ZONA NORTE | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección 1 | |||||||||||||||
| CPDBDS | Comité Pro-Defensa de los Bienes y Derechos Sindicales (jubilados) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| CPDPP | Comité Pro Defensa de los Petroleros Presos | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| FRSS | Frente de Reivindicación y Solidaridad Sindical | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| FUR-12. | Frente Unificador Revolucionario "12 de agosto" | 1 | 1 | ||||||||||||
| GUM | Grupo Unificador Mayoritario (mayoría) | 1 | 1 | ||||||||||||
| GUM-19 | Grupo Unificador Mayoritario 19 de diciembre | 2 | 2 | ||||||||||||
| MPDTAJT | Movimiento Pro Defensa de los Trabajadores Activos, Jubilados y Transitorios | 1 | 1 | ||||||||||||
| SSRG | Sociedad de Solidaridad Social "Roger Gómez" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Sección 36 | |||||||||||||||
| FSDS | Frente de Solidaridad y Dignidad Sindical. | 1 | 1 | ||||||||||||
| GRUM | Grupo Revolucionario de Unidad Mayoritaria | 1 | 1 | ||||||||||||
| GRUMO | Grupo Modernizador (mayoría) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| GUL | Grupo Unificador Liberal.(mayoría) | 1 | 1 | ||||||||||||
| MNP | Movimiento Nacional Petrolero. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MUP | Movimiento Unificador Petrolero. | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 49 | |||||||||||||||
| FDLS | Frente Democrático de Liberación Sindical | 1 | 1 | ||||||||||||
| SMP | Sociedad Mutualista de Petroleros | 1 | 1 | ||||||||||||
| ZONA CENTRO | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | Total | ||
| Sección 9 | |||||||||||||||
| GM-20-N | Grupo Mayoritario 20 de Noviembre | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 15 | |||||||||||||||
| CLPTP | Comité de Lucha Popular de los Trabajadores de Pemex | 1 | 1 | ||||||||||||
| GUD | Grupo Unificador Democrático | 1 | 1 | ||||||||||||
| PRD | Partido de la Revolución Democrática | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 24 | |||||||||||||||
| ANDTP | Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros | 1 | 1 | ||||||||||||
| CTP | Coalición de Trabajadores Petroleros | 1 | 1 | ||||||||||||
| FLS | Frente Liberal Sindicalista "Eduardo Soto Innes" | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| GLP | Grupo Liberal Petrolero | 1 | 1 | ||||||||||||
| GUM | Grupo Unificador Mayoritario (exmayoría) | 1 | 1 | ||||||||||||
| NS | Nuevo Sindicalismo | 1 | 1 | ||||||||||||
| OTT | Organización de Trabajadores Transitorios | 1 | 1 | ||||||||||||
| PPS | Partido Popular Socialista | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| UPL | Unión de Petroleros Libres | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Sección 30 | |||||||||||||||
| CNP | Coalición Nacional Petrolera | 1 | 1 | ||||||||||||
| DS | Democracia Sindical | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| FRUS | Frente de Resistencia y Unidad Sindical (mayoría) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Sección 34 | |||||||||||||||
| CDP | Coordinadora Democrática Petrolera | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| CLPTP | Comité de Lucha Popular de los Trabajadores de Pemex | 1 | 1 | ||||||||||||
| CPD | Comisión de Petroleros Despedidos | 1 | 1 | ||||||||||||
| DU | Departamentos Unidos | 1 | 1 | ||||||||||||
| FLDS | Frente de Lucha y Democracia Sindical | 1 | 1 | ||||||||||||
| GRNH | Grupo Revolucionario Nacionalista y Humanista 27 de Agosto | 1 | 1 | ||||||||||||
| MPI-LC | Movimiento Petrolero Independiente Lázaro Cárdenas | 3 | 3 | ||||||||||||
| MPL | Mujeres Petroleras en Lucha | 1 | 1 | ||||||||||||
| TP | Técnicos y Profesionistas | 1 | 1 | ||||||||||||
| UDS (ANDTP) | Unión Democrática Sindical | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 35 | |||||||||||||||
| ANDTP | Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros | 1 | 1 | ||||||||||||
| CNTDP | Coordinadora Nacional de Trabajadores Despedidos de Pemex | 2 | 2 | ||||||||||||
| CPDDTAJ (FDS-FNP) | Consejo Pro Defensa de los Derechos de los Trabajadores Activos y Jubilados | 2 | 2 | ||||||||||||
| FDS (MNP-FNP) | Frente Democrático Sindical | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| FRS | Frente de Reestructuración Sindical. | 2 | 2 | ||||||||||||
| GRU | Grupo Renovador Unidad (mayoría) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MD | Movimiento Depurador. | 2 | 2 | ||||||||||||
| MNP | Movimiento Nacional Petrolero | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MPI-LC | Movimiento Petrolero Independiente Lázaro Cárdenas de la zona sur. | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| UTD | Unión de Trabajadores Democráticos. | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 46 | |||||||||||||||
| MUSSI (MNP) | Movimiento de Unificación y Solidaridad Sindical Independencia | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| MNP | Movimiento Nacional Petrolero | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| ZONA SUR | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | Total | ||
| Sección 10 | |||||||||||||||
| CTDP | Coordinación de Trabajadores en Defensa de Pemex. sur de Veracruz | 1 | 1 | ||||||||||||
| FLS | Frente Liberal Sindicalista | 1 | 1 | ||||||||||||
| FO | Fraternidad Obrera | 1 | 1 | ||||||||||||
| NCL (ADZSS) | Nueva Cultura Laboral | 1 | 1 | ||||||||||||
| PFCRN | Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 11 | |||||||||||||||
| CREP | Coalición Regional de Ex-Petroleros del sur de Veracruz | 1 | 1 | ||||||||||||
| FDOPS | Frente de Defensa Obrero Popular del Sur | 4 | 4 | ||||||||||||
| FDSS | Frente Democrático de Solidaridad Sindical | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||
| GPOR | Grupo Político Orientación Renovador | 1 | 1 | ||||||||||||
| GPSOD (ANDTP) | Grupo Político Social Orientación Depurador (mayoría) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| LD | Liberación Democrática | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| PRD | Partido de la Revolución Democrática | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| Sección 14 | |||||||||||||||
| ANDTP | Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros | 1 | 1 | ||||||||||||
| SS-18-M (ADZSS) | Solidaridad Sindical 18 de Marzo | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| Sección 16 | |||||||||||||||
| FDOPS | Frente de Defensa Obrero Popular del Sur | 1 | 1 | ||||||||||||
| PRD | Partido de la Revolución Democrática | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 22 | |||||||||||||||
| FLREZ | Frente de Lucha Revolucionaria Emiliano Zapata, delegación Dos Bocas-Paraíso | 3 | 3 | ||||||||||||
| G-1 | Grupo 1 de Mayo | 1 | 1 | ||||||||||||
| LCH | Los Chimales | 1 | 1 | ||||||||||||
| MNP | Movimiento Nacional Petrolero | 1 | 1 | ||||||||||||
| PRD | Partido de la Revolución Democrática | 1 | 1 | ||||||||||||
| TRP | Trabajadores Reajustados de Pemex | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 26 | |||||||||||||||
| CREP | Coalición Regional de Ex-Petroleros del sur de Veracruz | 1 | 1 | ||||||||||||
| FDOPS | Frente de Defensa Obrero Popular del Sur | 2 | 2 | ||||||||||||
| GU-18 (MNP) | Grupo Unificador 18 de Marzo | 1 | 1 | ||||||||||||
| MLO | Movimiento Libertador Obrero "18 de Marzo" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MNP | Movimiento Nacional Petrolero | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| PRD | Partido de la Revolución Democrática | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| UTIPAC | Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera A.C. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Sección 29 | |||||||||||||||
| GULS | Grupo Unificador Liberal Sindicalista | 1 | 1 | ||||||||||||
| GRUS | Grupo Renovador de Unificación Sindical (mayoría) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 31 | |||||||||||||||
| FDSS | Frente Democrático de Solidaridad Sindical | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MNP | Movimiento Nacional Petrolero | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 38 | |||||||||||||||
| CLMSP | Comité de Lucha del Movimiento Sindicalista Petrolero | 1 | 1 | ||||||||||||
| CTCTM | Coalición de Trabajadores de Confianza de la Terminal Marítima | 2 | 2 | ||||||||||||
| CTPP | Coalición de Técnicos y Profesionistas de Pemex | 1 | 1 | ||||||||||||
| FDSLC | Frente Democrático Sindical Lázaro Cárdenas | 1 | 1 | ||||||||||||
| FLS | Frente Liberal Sindicalista (mayoría) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| FMSS | Frente de Modernización y Solidaridad Sindical | 1 | 1 | ||||||||||||
| FUR-22 | Frente Unificador Revolucionario 22 de Octubre | 1 | 1 | ||||||||||||
| FUS | Frente de Unidad Sindical | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| MOII | Movimiento Obrero Independiente del Istmo | 1 | 1 | ||||||||||||
| OSTP | Organización Sindical de Trabajadores Petroleros | 1 | 1 | ||||||||||||
| PTZ | Partido de los Trabajadores Zapatistas | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 42 | |||||||||||||||
| CFCP (PRD) | Coalición Felipe Carrillo Puerto | 1 | 1 | ||||||||||||
| MPI | Movimiento Petrolero Independiente. | 1 | 1 | ||||||||||||
| PRD | Partido de la Revolución Democrática | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| SUPSAHPB | Sindicato Único de Prestadores de Servicios de Alimentación y Hospedaje a Plataformas y Barcazas. | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 44 | |||||||||||||||
| FDS | Frente Depurador Sindicalista | 1 | 1 | ||||||||||||
| FOS | Frente Obrero de Solidaridad. | 1 | 1 | ||||||||||||
| FRUS | Frente de Renovación y Unificación Sindical. | 1 | 1 | ||||||||||||
| FSPS | Frente de Solidaridad y Progreso Sindical. | 1 | 1 | ||||||||||||
| FSS | Frente de Solidaridad Sindical. | 1 | 1 | ||||||||||||
| GUM-6-M | Grupo Unificador Mayoritario 6 de Mayo (mayoría) | 1 | 1 | ||||||||||||
| MNP | Movimiento Nacional Petrolero. | 1 | 1 | ||||||||||||
| MPI | Movimiento Petrolero Independiente. | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| PRD | Partido de la Revolución Democrática | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 47 | |||||||||||||||
| FLS | Frente Liberal Sindicalista (mayoría) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| MNP | Movimiento Nacional Petrolero | 1 | 1 | ||||||||||||
| MPI-LC | Movimiento Petrolero Independiente | 1 | 1 | ||||||||||||
| PRD | Partido de la Revolución Democrática | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sección 48 | |||||||||||||||
| FAUS | Frente Autónomo de Unidad Sindical | 1 | 1 | ||||||||||||
| GORMUS | Grupo Obrero Revolucionario Moralizador y de Unidad Sindical. | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| GUUS | Grupo Único de Unidad Sindical | 1 | 1 | ||||||||||||
| MNP | Movimiento Nacional Petrolero | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| NMPI | Nuevo Movimiento Petrolero Independiente. | 3 | 3 | ||||||||||||
| PRD | Partido de la Revolución Democrática | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Fuente: elaboración propia | |||||||||||||||
Listado 2 — Secretarios Generales de las Secciones del STPRM 1988-2000
| SECCIÓN | 1988-1990 | 1990-1992 | 1992-1994 | 1994-1997 | 1997-2000 | 2000-2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA NORTE | ||||||
| 1 | Juan José García Rodríguez | Narciso Villaseñor Villafuerte | Jesús Suárez Mata | Ignacio Killam Martínez | Jesús Olvera Méndez | Jesús Olvera Méndez |
| 3 | Eusebio Ordaz Ortiz | José D. Navarro de la Torre | Juan Silva Villanueva | Eduardo Acuña Herrera | Eduardo Acuña Herrera | Juan Silva Villanueva |
| 13 | Sabino Mar Casados | Sabino Mar Casados | Carlos Michel Pulido | Carlos Michel Pulido | Gabriel Castro Leyva | Gabriel Castro Rivera |
| 21 | Francisco Cortés Valadéz | Francisco Cortés Valadéz | Manuel Flores Hernández | Roberto García Juárez | Manuel Flores Hernández | Manuel Flores Hernández |
| 25 | Guillermo García García | Abdón R. Sánchez Canales | Ricardo Sánchez Juárez | Ricardo Sánchez Juárez | Jorge Martínez González | Jorge Martínez González |
| 33 | Genaro Méndez Izeta | Saúl Treviño Briones | Jorge Gómez Aguirre | Jorge A. Gómez Aguirre | José Luis Aguilar Ramírez | José Luis Aguilar Ramírez |
| 36 | Tomás Cano Charles | Nicolás Ortiz Castro | Luis E. Yáñez Treviño | Luis Enrique Yáñez Treviño | Jorge Pulido Avendaño | Jorge P. Pulido Avendaño |
| 49 | Cuauhtémoc Flores Cabrera | Víctor Campean Oliva | Víctor Campean Oliva | Hilario Vega Zamarripa | Hilario Vega Zamarripa | |
| 51 | Jaime Rojas Vázquez | Cipriano Ramírez Gómez | Rubén Ramírez Castillo | Amador Rivera Medina | ||
| ZONA CENTRO | ||||||
| 9 | Santiago Mange León | Arturo Cabrera Mosquera | Administrada por el CEG | Roger M. Pavón Espinoza | José Luis Lagunes Morales | José Luis Lagunes Morales |
| 15 | Santiago A. Achirica Gómez | Miguel A. Salazar Valdivieso | Jorge B. Zúñiga Quiróz | Jorge Bernardo Zúñiga Quiróz | Abel García Guzmán | Abel García Guzmán |
| 24 | Fernando Carvajal Servín | Ernesto Botello Martínez | Guillermo Aguilera Ruiz | Pedro Orozco Reza | Antonio Sánchez Sotelo | Fernando Pacheco Martínez |
| 30 | Emérico Rodríguez García | Rubén Amador Castro / Javier Inés Ramos Juárez | Javier Inés Ramos Juárez | Calixto J. Rivera Díaz | Sergio Lorenzo Quiróz Cruz | Sergio Lorenzo Quiroz Cruz |
| 34 | Héctor Valladares Torres | José A. Medina Hernández | Antonio Barajas Velarde | Antonio Barajas Velarde | Mario Martínez Aldana | Mario Martínez Aldana |
| 35 | Leocadio Mendoza Olivares | Leocadio Mendoza Olivares | Joél Martínez Andrade | Leonel Pulido Avendaño | Daniel Aguado Rojas | Daniel Aguado Rojas |
| 39 | Fernando Ortiz Aldana | Fernando Ortiz Aldana | Enrique Gutiérrez Walkinshaw | Enrique Gutiérrez W. | Carlos Soto Islas | Carlos Soto Islas |
| 40 | Juan Fco. Patrón Márquez | José P. González Márquez / C. Wong Montes de Oca | Ricardo Aldana Prieto | Marco Antonio Ramos Arizpe | Sergio López Salinas | Sergio López Salinas |
| 43 | Gustavo Correa Reyo | Luis A. Contreras Mondragón | José Carmen Reyes Sánchez | José Carmen Reyes Sánchez | Mario Contreras Mondragón | Mario Contreras Mondragón |
| 45 | Andrés de la Rosa Reyes | Roberto H. Cervantes Guerrero / M. Antonieta Rivera | Armando Barrios Feria | Laura Rodríguez Acevedo | Laura Rodríguez Acevedo | José Luis Suárez Esquivel |
| 46 | L. Roberto Castro Lozada | Leopoldo Luna Domínguez / Mario Delgado (delegado CEG) | Luis R. Castro Lozada | Luis Roberto Castro Lozada | Fernando Sandoval Sánchez | Luis Roberto Castro Lozada |
| 52 | Adulfo Barba Raya | Adulfo Barra Rayas | Manuel Aguila Calderón | Juan Manuel Avila Carreón | ||
| ZONA SUR | ||||||
| 10 | Wilfrido Martínez Gómez | Juan López Alcántara | Encarnación López Hernández | Pablo Pavón Vinales | Pablo Pavón Vinales | Jorge Wade González |
| 11 | Miguel Blanco Sánchez | Fco. Balderas G. / Miguel Blanco Sánchez / R. Hidalgo Lezama | Ramón Hernández Toledo | Ismael Uscanga Borbón | Ismael Uscanga Borbón | Ramón Hernández Toledo |
| 14 | Ovidio Bocanegra Durán | Gonzalo Guzmán Vázquez | Dip. Roosvelt Luna Zurita | Gonzalo Guzmán Vázquez | Gonzalo Guzmán Vázquez | Ignacio Flores Correa |
| 16 | Armando A. Linares González | Víctor M. Martínez Fernández | Lucio Gómez Morales | Mario Hernández González | Mario Hernández González | Omar A. Ricardes Chong |
| 22 | Roberto Ricardez Orueta | Roberto Ricardez Orueta / S. Morales Abrego | Heberto Sastre Rosado | Erasmo Castillo Saldana | Erasmo Castillo Saldaña | Jasiel López Avendaño |
| 23 | Jorge Tenorio Symes | Severo García Esteban | Julio Cobos Avilés | Julio A. Cobos Avilés | Enrique Edmundo Aguirre Martínez | Enrique E. Aguirre Martínez |
| 26 | Onesimo Escobar Gómez | Onesimo Escobar Gómez / Francisco Bríndis Ortiz | Francisco Bríndis Ortiz | Nicasio Reyes Cruz | Narciso Ferris Valdez | Salvador Zamora Ayala |
| 29 | Rodolfo Miranda Román | Oscar Cabrales Díaz | Felipe Ovando Olan | Felipe Ovando Olan | Carlos Puig Castellanos | Pedro Rafael Hernández Cruz |
| 31 | José Fco. Tenorio Martínez | Gilberto Luna Silva / Federico García Alemán | Federico García Alemán | Moisés Morales Martínez | Moisés Morales Martínez | Edith Carrillo Díaz |
| 38 | Alfredo López Ramos | José Romero Villalobos | David Villalobos López | David Villalobos López | Luis Enrique Meléndez Vázquez | Luis E. Meléndez Vázquez |
| 42 | Clemente Juárez Guzmán | René Enríquez Valencia | Moisés Marín García | Moisés Marín García | Corado Alamina Hernández | Juan Viveros Castillo |
| 44 | Oscar Fdo. Aguilera Hernández | Mario Ross García | (int.) Fco. J. González Lara | Pilar Córdova Hernández | José Jesús Zamudio Aguilera | José de J. Zamudio Aguilera |
| 47 | Macario Rodríguez Contreras | José Miranda Córdova | Martín Rueda Nava | Martín Rueda Nava | Arturo Martínez Rocha | Arturo Martínez Rocha |
| 48 | Raúl Charles Treviño | Jorge Cifuentes Carrera | Gregorio Torruco Ponce | Cutberto de la Cruz Arellán | Cutberto de la Cruz Arellán | Cesar Pecero Lozano |
| 50 | Juan A. Balcazar Suárez | Salvador Magaña Tejeda | Gustavo Guerra Espinoza | Gustavo Guerra Espinoza | ||
| Fuente: elaboración propia | ||||||
Cronología nacional
1989
Enero. Violenta detención de La Quina y de los principales integrantes del Comité Ejecutivo General.
Enero. Se levanta la Asamblea Extraordinaria Permanente de la sección 1 en Ciudad Madero, que se había instalado durante ocho días en protesta por la detención de los dirigentes petroleros.
Febrero. Toma de posesión de Sebastián Guzmán Cabrera al frente del sindicato, para concluir con el período correspondiente a Salvador Barragán Camacho. En el mismo acto se acuerda eliminar el adjetivo “Revolucionario” del nombre del sindicato y eliminar la Dirección de Obras Revolucionarias, Sociales y Políticas, así como la Comisión Nacional de Contratos.
Febrero. Se acuerda regresar al “Trampas” los bienes –calculados en mas de un mil millones de pesos- que habían quedado en custodia del sindicato después de la detención del ex-dirigente por fraude.
Abril. Creación de la Coalición Nacional Petrolera, encabezada por los dirigentes del MPI-LC, para oponerse a la gestión de Guzmán Cabrera en el sindicato.
Mayo. Se crea la empresa privada “Proyectos y Construcciones Sociales 18 de Marzo”, propiedad del dirigente nacional Guzmán Cabrera, con el fin de que pudiera sustituir a la Comisión Nacional de Contratos del Sindicato.
Julio. Firma del CCT en donde se formalizan los primeros recortes contractuales y se traslada a más de nueve mil técnicos y profesionistas al régimen de confianza.
Agosto. Formación del Sindicato Nacional de Profesionistas al Servicio de Pemex, organización de efímera existencia ante la pérdida de sindicalización de los técnicos y profesionistas.
Septiembre. Incendio de las instalaciones sindicales del STPRM en el que se pierde la documentación necesaria para la realización de la auditoria al sindicato.
Noviembre. Es liberado El Trampas después de haber cumplido seis años de su condena de diez.
1990
Julio. El dirigente del MNP, Hebraicaz Vázquez, es contratado como trabajador de confianza en el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Octubre. El CEG decide de manera unilateral y sorpresiva adelantar tres meses las convocatorias para las elecciones seccionales, con lo cual impide que la oposición pueda integrar planillas únicas.
Octubre. Es despedido de su plaza en la sección 35 el dirigente del MPI-LC, Maximino Hernández Ayala.
1991
Enero. Es reelecto para un nuevo período al frente del sindicato Sebastián Guzmán Cabrera. Carlos Romero Deschamps, gente del circulo cercano a La Quina , es designado secretario del Interior. Por primera vez no asiste al acto de toma de protesta de la nueva directiva el Secretario general de la CTM, Fidel Velázquez. Días después se da a conocer la lista de los integrantes de la nueva directiva cetemista, en la cual, también por primera vez, no figuraba ningún representante del sindicato petrolero.
Marzo. Cierre definitivo de las instalaciones de la Refinería de Azcapotzalco.
Julio. Firma del CCT en el que se elimina el escalafón ciego, se suprime la obligación de pagar al sindicato el dos por ciento sobre el costo total de los contratos de obra y se flexibilizan las condiciones de trabajo y la seguridad en el empleo. Otros cinco mil técnicos y profesionistas pasan al régimen de confianza.
1992
Enero. Se realiza el Éxodo por la Democracia , en el que miles de ciudadanos tabasqueños, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, protestan por el fraude electoral en los comicios tabasqueños. Como resultado de estas acciones se anulan los resultados en cinco municipios y renuncia el gobernador Salvador Neme castillo para dar lugar al interinato de Manuel Gurría Ordóñez.
Abril. Explosión en la zona urbana de Guadalajara con saldo de varias decenas de muertos y heridos resultado del derrame de grandes cantidades de gasolina que fueron a parar al drenaje de la ciudad.
Mayo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la recomendación 100/92 para la indemnización por afectaciones derivadas de la actividad petrolera en regiones de cultivos y cuerpos de agua en el sureste del país.
Junio. Llega a la ciudad de México la Marcha por la Dignidad Petrolera , que desde finales de abril había iniciado en las localidades de Tabasco, y que agrupaba a trabajadores despedidos de las instalaciones del sureste del país. Después de varios días de campamento en la capital del país, el contingente se divide por diferencias internas, negociando cada cual por separado hasta concluir la movilización en los días 21 al 25 de junio.
Julio. Arriba a la Ciudad de México el contingente de la Marcha por el respeto a los Derechos Laborales , que desde un mes antes había partido del estado de Tabasco, encabezado por el FDT-LC. Este contingente también se había dividido en el curso de la caminata a la capital del país. El campamento se levanta hasta el 6 de septiembre del mismo año.
Agosto. Se anuncia la reestructuración de Pemex mediante la división en cuatro empresas filiales: Exploración y Producción, Refinación, Gas y Petroquímica Básica, y Petroquímica.
1993
Marzo. En una insólita rebelión, 14 dirigentes seccionales demandan auditoria a todas las secciones y al CEG del sindicato, así como que Guzmán Cabrera informe sobre el destino de los bienes patrimonio del sindicato.
Mayo. Es liberado el ex-dirigente nacional José Sosa Martínez, quien había sido encarcelado durante los acontecimientos del 10 de enero de 1989.
Mayo. Inicia en el zócalo de la ciudad de México un plantón de despedidos petroleros encabezados por los abogados laborales de la ANAD. Después de 55 días el plantón es levantado el 23 de julio.
Junio. Sebastián Guzmán Cabrera renuncia a la dirección nacional del STPRM. En su lugar es designado el viejo dirigente de la sección 34 y en ese momento secretario del Interior del CEG, Carlos Romero Deschamps.
Julio. Se inicia el campamento en la ciudad de México encabezado por el FNTEPDAC, y que integraba también a inconformes con el levantamiento del plantón encabezado por los abogados de la ANAD. Dos semanas después se les uniría otro contingente de campesinos proveniente de Tabasco y encabezado por el dirigente del PRD, López Obrador. Después de una revisión de 442 casos, el plantón concluye el 19 de agosto.
Julio. Se forma el Frente de Defensa de Campesinos y Pescadores que agrupa a 17 comunidades de la zona costera de Veracruz y Tabasco, quienes de inmediato inician una serie de bloqueos a las instalaciones de Pemex de la zona, en demanda de indemnizaciones por las afectaciones que las actividades petroleras habían causado en las tierras agrícolas y silvícolas.
Agosto. Se firma el nuevo CCT en el que se otorgan nuevas facultades a la empresa para facilitar el recorte de personal.
Septiembre. Campesinos y pescadores de 36 comunidades de la zona costera de los municipios costeros de los municipios tabasqueños de Cárdenas y Huimanguillo secuestran a 15 empleados de la CIAR-100 ante la falta de respuestas a las demandas de indemnizaciones por afectaciones petrolera.
Septiembre. Se anuncia la reubicación de la Dirección de Pemex Exploración y Producción a la ciudad de Villahermosa.
Noviembre. Es liberado el empresario Sergio Bolaños, acusado de ser por muchos años el prestanombres de La Quina , y quien había sido encarcelado por el delito de evasión de impuestos.
1994
Febrero. Campesinos integrantes del Movimiento Democrático del Pueblo bloquean las instalaciones del complejo petroquímico en Ciudad Pemex, Tabasco. Unos días después agentes judiciales intentan retomar las instalaciones por la fuerza siendo rechazados por los campesinos demandantes. En represalia las autoridades detienen al dirigente Julio César Álvarez de los Santos. Los campesinos a su vez secuestran a un funcionario de la petroquímica al que liberan poco después. El bloqueo es levantado hasta finales del mes de marzo.
Mayo. El ex-dirigente nacional petrolero y principal aliado de La Quina , Salvador Barragán Camacho, es liberado al acogerse a la Ley de Normas Mínimas.
Agosto. Días antes de las elecciones nacionales el dirigente del MNP, H. Vázquez, muestra a la prensa fajos de billetes que, según el líder opositor, le fueron enviados por Romero Deschamps a cambio de retirar sus acusaciones y denuncias penales por compra de votos a favor del PRI.
Noviembre. Se reelige Carlos Romero Deschamps al frente del sindicato. En la Convención Nacional en donde se acuerda lo anterior, se decide también ampliar el plazo de la gestión de la dirección nacional a seis años, al tiempo que los de las direcciones seccionales se amplían a tres años.
1995
Marzo. El gobierno federal anuncia la venta de 61 plantas petroquímicas pertenecientes a Pemex. Días después Carlos Romero Deshamps manifiesta públicamente su oposición a la medida, lo que es reafirmado en un desplegado de prensa firmado por los 36 secretarios generales de las secciones del sindicato petrolero.
Septiembre. En la Convención Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, realizada en la ciudad de Minatitlán, se acuerda convocar a la creación del Frente Nacional Contra la Privatización de Pemex, llamar a la movilización nacional en contra de la venta de las petroquímicas y promover una consulta nacional al respecto. En ese mismo mes trabajadoras de las plantas petroquímicas del sur de Veracruz anuncian la formación de la Coordinación de Trabajadores por la Defensa de Pemex.
Octubre. Las direcciones oficialistas de las secciones 10, 11 y 23 realizan una marcha mitin en Salina Cruz en oposición a la venta de las instalaciones petroquímicas. Días después la dirección sindical de la sección 24 convoca a una manifestación en Salamanca por el mismo motivo. El líder de la sección 10 declara a la prensa nacional que los trabajadores petroleros podrían reconsiderar su militancia en el PRI y en la CTM ante la falta de apoyo concreto en contra de la privatización.
Noviembre. Se publica en la prensa nacional la convocatoria para la venta del complejo de Cosoleacaque. Días después la dirección nacional petrolera solicita a la dirección nacional del PRI un pronunciamiento de respaldo a la posición en contra de la privatización.
1996
Enero. Se realizan en las ciudades de Minatitlán, Coatzacoalcos y México una serie de audiencias públicas convocadas por la Subcomisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, en las que la opinión casi unánime de los participantes fue en rechazo a la privatización.
Marzo. En las principales ciudades petroleras y en las capitales de los estados del país se realizan masivas manifestaciones en oposición a las medidas privatizadoras. En el acto oficial de conmemoración de la expropiación, Romero Deschamps afirmó que la política gubernamental hacia pensar en un “desmembramiento sistemático” de la empresa. Días después, durante una sesión del Consejo Nacional del PRI, Romero Deschamps insistió en la urgencia de un pronunciamiento de su partido, a fin de que la oposición no les arrebatara las banderas.
Julio. Se registra una violenta explosión y un posterior incendio en las instalaciones del complejo petroquímico en Cactus, Chiapas, con saldo de siete trabajadores muertos y otros tantos heridos. El director de Pemex culpa de lo acontecido a una “falla humana”. El sindicato por su parte lo achaca a la falta de inversión en actividades de mantenimiento de las instalaciones. Interviene también el dirigente patronal Carlos Abascal, afirmando que el accidente se debió a la negligencia y corrupción del sindicato.
Septiembre. Durante la 17 Asamblea Nacional del PRI, se aprueba un pronunciamiento ratificando “el compromiso histórico de defender el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos como propiedad de la nación”. En los días siguientes se realizará una polémica entre los priístas sobre los alcances del pronunciamiento.
Octubre. El gobierno federal da marcha atrás en las medidas privatizadoras, proponiendo un esquema de participación mayoritaria estatal en las plantas petroquímicas (51 por ciento), al tiempo que invita a la participación de inversionistas privados nacionales y extranjeros. También reorganiza a Pemex Petroquímica en nueve filiales bajo la denominación jurídica de SA de CV. Días después el nuevo esquema es aprobado en la Cámara de Diputados. El STPRM por su parte apoya plenamente la decisión presidencial.
Octubre. Se informa en la prensa nacional que el hijo de Sebastián Guzmán Cabrera fue secuestrado. Para su liberación se pagaron 10 millones de dólares
1997
Febrero. Se inician las firmas de los convenios de sustitución laboral entre las nuevas empresas filiales de Pemex y el sindicato petrolero representado por las direcciones de las secciones respectivas.
Junio. Muere el dirigente de la CTM, Fidel Velázquez. Al frente del organismo es designado el líder de los electricistas, Leonardo Rodríguez Alcaine. En la jerarquía cetemista el segundo lugar es ocupado por el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps.
Julio. Se firman los nuevos contratos colectivos de trabajo entre el STPRM y las empresas petroquímicas filiales de Pemex.
Agosto. Jesús Reyes Heroles es sustituido como secretario de Energía del gobierno federal y nombrado embajador en los EUA. En su lugar es designado Luis Téllez.
Octubre. Se funda la Alianza Democrática de la Zona Sur Sureste (ADZSS) con trabajadores disidentes de 10 secciones de la zona sur para presentar planillas unitarias competitivas en las elecciones seccionales, lo cual no se logra por la división interna y la manipulación oficialista de un paquete de créditos de vivienda.
Diciembre. Se informa de la libertad condicionada a La Quina . Según los términos de la liberación, el ex-dirigente petrolero debería de permanecer en la ciudad de Cuernavaca hasta el fin de su sentencia en enero de 2001.
1998
Julio. Como resultado lateral de un conflicto legal entre el ex-presidente José López Portillo y sus hijos, sale a la luz pública que en 1981 el sindicato petrolero había regalado al entonces presidente de la República, una residencia en la exclusiva zona de Punta Diamante en Acapulco, por la cual el sindicato pagó nueve millones de pesos.
Septiembre. Se publica la convocatoria para la venta del complejo petroquímico Morelos bajo el nuevo esquema 51 – 49. El PRD interpone un amparo en contra de la venta.
Octubre. La dirección nacional del sindicato petrolero publica en la prensa nacional un desplegado en el que rechaza “con toda energía” las declaraciones del gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, que, en visita a Nueva York, afirmó que Pemex tendría que dejar de estar bajo control del Estado.
1999
Febrero. Se funda en la ciudad de Coatzacoalcos la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (ANDTP) que integraba a corrientes opositoras de 10 secciones sindicales.
Marzo. En ocasión del aniversario de la expropiación petrolera, Romero Deschamps da inicio a una campaña de denuncias en contra de la administración de Pemex acusándola de aumentar injustificadamente el número de trabajadores de confianza y de incurrir en grandes gastos para sostener clubes privados, miles de autos para servicio particular, y altos incentivos económicos y salariales para los funcionarios de la empresa.
Julio. Después de una supuesta “auscultación” a la base de trabajadores petroleros, las distintas secciones del sindicato decidieron “unánimemente” respaldar la precandidatura de Francisco Labastida, a quien acompañaron con un nutrido contingente a la realización de su registro forma en el PRI. Días después el director de Pemex, Adrián Lajous, fue cuestionado en la Cámara de Diputados por el uso de recursos de la paraestatal para apoyar la campaña de Labastida, lo cual fue negado por Lajous diciendo que la empresa no tenía control sobre las determinaciones del sindicato.
Agosto. Después de que Romero Deschamps hubiera reafirmado públicamente el apoyo del sindicato petrolero a la precandidatura de Labastida, el líder de la sección 10, Pablo Pavón Vinales, se comprometió a otorgar 80 mil votos a favor de Labastida, aunque rechazó que esto se pudiera considerar como voto corporativo.
Agosto. Ante la eliminación de las barreras arancelarias a la urea y otros fertilizantes, las principales empresas privadas productoras de agroquímicos, Ferquimex, Real del Monte y Agromex, deciden cerrar sus instalaciones en protesta por los altos precios de los insumos petroquímicos de Pemex y la competencia desleal de productos agroquímicos procedentes de Rusia, Alaska y Letonia.
Noviembre. Unos días antes de las elecciones internas del PRI para definir la candidatura presidencial, voceros de la ANDTP denunciaron a la prensa que los funcionarios sindicales presionaban a los trabajadores de planta y transitorios para obligarlos a acudir a votar a favor de Labastida.
Diciembre. Se informa de la renuncia de Adrián Lajous a la dirección de Pemex. En su lugar es designado Rogelio Montemayor, ex-gobernador de Coahuila. En ese mismo mes otra empresa petroquímica privada, Celanese Mexicana, decide cerrar sus instalaciones en Celaya y Ocotlán.
2000
Enero. Trabajadores petroleros encabezados por el hijo de La Quina , Joaquín Hernández Correa -en ese entonces diputado federal por el PRD-, denuncian en la Cámara de Diputados un fraude a las arcas del sindicato por más de dos mil millones de pesos, del que responsabilizaron al dirigente nacional Romero Deschamps. Días después otros trabajadores protestaron frente a la sede nacional del PRI exigiendo la expulsión de l mismo Romero Deschamps por “corrupto”.
Febrero. De manera sorpresiva se realiza una Convención Nacional Ordinaria del STPRM en donde por aclamación se aprueba la reelección de Carlos Romero Deschamps para el período 2000-2006. El acto debió de haberse realizado al menos ocho meses después, al mismo tiempo que las elecciones seccionales.
Marzo. Los grupos disidente petroleros Todos por Pemex , ANDTP, CTDP y los Ingenieros Pemex Constitución de 1917 , publican un “Manifiesto a la Nación” en el que presentan un “Programa Emergente para Rescatar la Industria y el Mercado Petroleros Nacionales”.
Marzo. Romero Deschamps convierte la ceremonia oficial de la expropiación petrolera en un acto partidista al afirmar ante el presidente Zedillo que los trabajadores petroleros llevarían a Francisco Labastida a la Presidencia de la República. Ahí también hizo una larga enumeración de los grandes logros obtenidos en los tres meses de gestión de Montemayor al frente de la empresa.
Mayo. Se anuncia un programa de basificación de más de cinco mil plazas para trabajadores petroleros de las categorías más bajas. También se inicia un programa de créditos para vivienda y de inversión del sindicato en obras de urbanización en las comunidades petroleras.
Julio. Tres días después de las elecciones presidenciales, las direcciones nacionales y seccionales del sindicato petrolero publican un desplegado de prensa en el que manifestaban su “respeto y acatamiento a la decisión de las mayorías” y su empeño en mantener una “relación transparente” con el nuevo gobierno federal a partir del respeto a la industria nacionalizada y al contrato colectivo de trabajo.
Agosto. Romero Deschamps participa en un foro sindical en donde se acuerda publicar un pronunciamiento que aparece días después firmado por el STPRM, el SME, el SNTE, la COR y la FSTSGEM. En el documento se plantean una serie de propuestas agrupadas en cuatro temas: reforma democrática del Estado, política económica, política social y política laboral. Por su parte la ANDTP anuncia que una decena de organismos no gubernamentales y sindicatos acordaron constituir el Comité de Observación Independiente para vigilar las próximas elecciones seccionales y evitar la realización de posibles fraudes.
Septiembre – Octubre. Se realizan las elecciones seccionales. La oposición sindical no logra presentar planillas unificadas con el resultado de que, como en ocasiones anteriores, los candidatos oficialistas ganan todos los cargos en disputa.
Lista de siglas nacional
AC Alianza Cívica.
ACUDE Acuerdo Nacional para la Democracia.
ADZSS Alianza Democrática Zona Sur Sureste.
AIPM Asociación de Ingenieros Petroleros de México.
AMDH Academia Mexicana de Derechos Humanos.
ANAD Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
ANDTP Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros.
ANIQ Asociación Nacional de la Industria Química.
ANTPP Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.
CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
CAP Congreso Agrario Permanente en Tabasco.
CCI Central Campesina Independiente en Tabasco.
CCT Contrato Colectivo de Trabajo.
CDHMAPJ Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
CDPAC Comité de Defensa Petrolera A.C.
CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos.
CEG Comité Ejecutivo General del STPRM.
CEN Comité Ejecutivo Nacional del SNTIMP.
CEREAL Centro de Reflexión y Acción Laboral.
CES Comité Ejecutivo Seccional.
CFE Comisión Federal de Electricidad.
CFTP Coalición Federal de Trabajadores Petroleros.
CGV Consejo General de Vigilancia del STPRM.
CIAR-100 Comisión Interinstitucional para la Atención de la Recomendación 100/92 de la CNDH para la costa de Tabasco.
CONVERGENCIA Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia en el estado de Tabasco.
CIOAC Central Independiente de Obreros, Agricultores y Campesinos.
CIPM Colegio de Ingenieros Petroleros de México.
CLV Consejo Local de Vigilancia.
CMDPDH Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
CNC Confederación Nacional Campesina.
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CNI Comité Nacional Independiente Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos.
CNRTP Coalición Nacional Reestructuradora de Trabajadores Petroleros (ex-CNTDP).
CNTDP Coordinadora Nacional de Trabajadores Despedidos de Pemex.
CODEHUTAB Comité de Derechos Humanos de Tabasco.
CODEZPET Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras, organismo del gobierno de Tabasco.
CODIRET Comisión Dictaminadora de Reclamaciones del Estado de Tabasco.
COI Comité de Observación Independiente.
COR Confederación Obrera Revolucionaria.
CPQ Complejo Petroquímico.
CRD Carlos Romero Deschamps.
CRE Comisión Reguladora de Energía.
CREP Coalición Regional de Ex-Petroleros del sur de Veracruz.
CRPJD Coordinadora Regional por la Paz con Justicia y Democracia.
CTDP Coordinación de Trabajadores en Defensa de Pemex.
CTM Confederación de Trabajadores de México.
CTP Coalición de Trabajadores Petroleros de la zona sur.
CTPP Coalición de Técnicos y Profesionistas de Pemex.
DDF Departamento del Distrito Federal.
FAC-MLN Frente Amplio Cívico - Movimiento de Liberación Nacional.
FAT Frente Autentico del Trabajo.
FDCP Frente de Defensa de Campesinos y Pescadores de la costa de Tabasco.
FDN Frente Democrático Nacional.
FDT-LC Frente Democrático de Trabajadores Lázaro Cárdenas de la zona sur.
FESEBES Federación de Sindicatos de Bienes y Servicios.
FNAD Frente Nacional de Abogados Democráticos.
FNCPP Frente Nacional contra la Privatización de Pemex.
FNP Frente Nacional Petrolero.
FNTEPDAC Frente Nacional de Trabajadores Ex-Petroleros Desempleados AC.
FNTP Frente Nacional de Trabajadores Petroleros.
FSTSE Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
FSTSGEM Federación de Sindicatos al Servicio de los Gobiernos de los Estados y Municipios.
FTEM Federación de Trabajadores del Estado de México-CTM.
GAN Grupo Acerero del Norte.
IMP Instituto Mexicano del Petróleo.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.
INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
ISSSTE Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.
JFCA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
JLCA Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
LFT Ley Federal del Trabajo.
MCD Movimiento Ciudadano por la Democracia.
MDP Movimiento de Dignificación Petrolera de las secciones del sur de Veracruz.
MDP Movimiento Democrático del Pueblo de Tabasco.
MDTT Movimiento para la Defensa del Derecho del Trabajador Transitorio de la zona sur.
MODETRA Movimiento para la Defensa de los Trabajadores Petroleros.
MP Ministerio Público.
MPF Ministerio Público Federal.
MPI-LC Movimiento Petrolero Independiente Lázaro Cárdenas.
PAN Partido Acción Nacional.
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
PFCP Policía Federal de Caminos y Puentes.
PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
PGJ Procuraduría General de Justicia estatal.
PGR Procuraduría General de la República.
PJDF Policía Judicial del Distrito Federal.
PJF Policía Judicial Federal.
PRODECOT Programa de Desarrollo de la Costa de Tabasco.
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.
PRONASOL Programa Nacional de Solidaridad.
PPS Partido Popular Socialista.
PRD Partido de la Revolución Democrática.
PRI Partido Revolucionario Institucional.
PST Partido Socialista de los Trabajadores.
PT Partido del Trabajo.
PTZ Partido de los Trabajadores Zapatistas.
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SDN Secretaría de la Defensa Nacional.
SECOFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social.
SGC Sebastián Guzmán Cabrera.
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SITRACE Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavación, Similares y Conexos.
SME Sindicato Mexicano de Electricistas.
SNTICTC Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Terraceros y Conexos - CTM.
SNTIMP Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo.
STIQPCSCRM Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana.
STPRM Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
STRM Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
STUNAM Sindicato de Trabajadores de la UNAM.
SUPSAHPB Sindicato Uníco de Prestadores de Servicios de Alimentación y Hospedaje a Plataformas y Barcazas.
SUTERM Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
TFCA Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
TLC Tratado de Libre Comercio.
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.
UNT Unión Nacional de Trabajadores.
Hemerografía
Crónica (Cro)
El Día (Día)
El Financiero (Fin)
El Nacional (Nac)
El Sol (Sol)
El Universal (Uni)
Excélsior (Exc)
Heraldo de México (Her)
La Jornada (Jor)
La Prensa (Pre)
Milenio (Mil)
Ovaciones (Ova)
Proceso (Pro)
Punto (Pun)
Uno más Uno (UU)
Publicaciones periódicas
El Cotidiano.
Petróleo y Electricidad.
Videos
Fomento Cultural y Educativo A.C. – Proyecto Centro de Reflexión y Análisis Laboral (Cereal). No a la muerte de Las Choapas . México 2000. 35 minutos.
Canal Once de Tampico. La Quina acusa a Carlos Salinas . México 1995. 48 minutos.
La Jornada – Clío. Los sexenios. Miguel de la Madrid . México 1998. 44 minutos.
a Jornada – Clío. Los sexenios. Carlos Salinas de Gortari. México 1998. 46 minutos.
La Jornada – Clío. Los sexenios. Ernesto Zedillo. México 2000. 43 minutos.
Bibliografía
1. Libros y tésis
Aguayo, Sergio. El panteón de los mitos . Ed. Grijalbo – El Colegio de México. México 1998. 443 pp.
Aguilar García, Javier. La población trabajadora y sindicalizada en México en el período de la globalización . FCE – IIS – UNAM. México 2001. 423 pp.
Aguilar Mora, Manuel. El bonapartismo mexicano II. Crisis y petróleo. Juan Pablos Ed. México 1982. pp. 198
Aldape Barrera, Fernando. Petroleros ¡ánimo... ánimo! Editora Tamaulipas del Golfo. Tampico 1984. 141 pp.
Allub, Leopoldo y Michel, Marco A. Industria petrolera y cambio regional en México. El caso de Tabasco . Centro de Investigación para la Integración Social. México 1980. 65 pp.
Alonso, Angelina y López, Roberto. El sindicato de trabajadores petroleros y sus relaciones con Pemex y el Estado 1970-1985 . El Colegio de México. 339 pp.
Alonso González, Francisco. Historia y petróleo. México: el problema del petróleo . Ed. Ayuso. México 1972. 322 pp.
Arriaga Ceniceros, Lorenzo. Relación del movimiento obrero con el Estado en México. La consolidación del poder sindical, 1959-1971 . Tesis de doctorado en Ciencia Política. FCPS - UNAM. México 1999. 363 pp.
Barbosa Cano, Fabio. Exploración y reservas de hidrocarburos en México . Ed. Miguel Angel Porrúa – IIE – UNAM. México 2000. 385 pp.
Barbosa Cano, Fabio. Recursos petroleros de México, 1974-1994. Estudios e informes de México y Estados Unidos. IIE - UNAM. México 1994. 115 pp.
Beltrán Mata, José Antonio. México: crónica de los negros intereses del petróleo . Ed. Diez. México 2005. 293 pp.
Bensunsán, Graciela. El modelo mexicano de regulación laboral . Ed. Plaza y Valdés – UAM – FLACSO – Fundación Friedrich Ebert. México 2000. 494 pp.
Bermúdez, Antonio J. La política petrolera mexicana . Cuadernos de Joaquín Mortiz. México 1976. 124 pp.
Bonilla Sánchez, Arturo (Coordinador). Cambios en las industrias petrolera y de la energía . IIE-UNAM-Juan Pablos. México 2008. 238 pp.
Bouzas Alfonso y De la Garza, Enrique. Flexibilidad del trabajo y contratación colectiva en México . IIE-UNAM / Ed. Cambio XXI. México 1998. 149 pp.
Buendía, Manuel. Los petroleros . Ed. Océano. México 1985. 312 pp.
Canudas Sandoval, Enrique. Trópico Rojo . Inquietudes Ediciones. México 1994. Tomo IV. 576 pp.
Cárdenas, Cuahutémoc. No a la venta de la petroquímica. Una política petrolera patriótica. Ed. Grijalbo. México 1996. 104 pp.
Castillo Heberto. Heberto y el petróleo. Ed. Proceso. México 1999. 250 pp.
Castillo, Heberto y Viqueira, Jacinto. Los energéticos, el petróleo... ¿y nuestro futuro?. Representaciones y Servicios de Ingeniería. México 1980. 156 pp.
Castillo, Heberto y Naranjo, Rogelio. Cuando el petróleo se acaba . Ed. Océano. México 1984. 279 pp.
Centeno, Roberto. El petróleo y la crisis mundial . Alianza Universidad. Madrid 1982. 500 pp.
Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Las perspectivas del petróleo mexicano . El Colegio de México. México 1979. 403 pp.
Clark, Marjorie Ruth. La organización obrera en México . Ed. Era. México 1979. 244 pp.
Colmenares, Francisco. Petróleo y lucha de clases en México 1864-1982 . Ed. El Caballito. México 1982. 235 pp.
Córdova, Arnaldo. La ideología de la revolución mexicana . Ed. Era – IISUNAM. México 1973. 508 pp.
Córdova, Lorenzo y Murayama, Ciro. Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox . Ed. Cal y Arena. México 2006. 236 pp.
Corona Armenta, Gabriel. La burocracia sindical frente a la modernización del estado mexicano . UNAM - ENEP Acatlán. México 1998. 268 pp.
Cuellar, Angélica. Golpe al STPRM en 1949 . Tesis de maestría en Sociología. FCPS-UNAM. México 1980.
De Buen, Nestor. Derecho del Trabajo . Ed. Porrúa. México 1986. 670 pp.
De la Garza, Enrique (coordinador). Modelos de industrialización en México . UAM - I. México 1998. 338 pp.
De la Vega Navarro, Angel. La evolución del componente petrolero en el desarrollo y la transición de México. Programa Universitario de Energía - UNAM. México 1999. 400 pp.
Díaz Serrano, Jorge. Yo, Jorge Díaz Serrano . Ed. Planeta. México 1989. 263 pp.
Estrada Iguíniz, Margarita. Después del despido. Desocupación y familia obrera . Ciesas. México 1996. 226 pp.
Ferrari, Juan Carlos. La energía y la crisis del poder imperial . Ed. Siglo XXI. Buenos Aires 1975. 336 pp.
García Páez, Benjamín. La política de hidrocarburos en el proceso de reordenación económica. 1981-1983 . Facultad de Economía – UNAM. México 1989. 292 pp.
Garrido, Luis Javier. El partido de la revolución institucionalizada . SEP – Siglo XXI. México 1986. 493 pp.
Gershenson, Antonio. El petróleo de México: la disputa del futuro . Ed. Debate. México 2010. 250 pp.
González Rodarte, Jorge. Conflictos laborales en la industria petrolera 1911-1921. Tesis de Licenciatura en Ciencia Política. FCPS-UNAM. México 1996. 217 pp.
González Rodarte, Jorge. Conflictos laborales en la industria petrolera 1989-1993. Tesis de Maestría en Ciencia Política. FCPS-UNAM. México 1999. 489 pp.
Granados Chapa, Miguel Angel. ¡Escuche, Carlos Salinas! Ed. Océano. México 1996. 190 pp.
Heftye, Fernando. Los tiempos del petróleo . Edición del autor. México 1984. 287 pp.
Hernández Galicia, Joaquín. La Quina. Como enfrenté al régimen priísta . Ed. Océano. México 2000. 535 pp.
Huacuja, Mario y Woldenberg, José. Estado y lucha política en el México actual. Ed. El Caballito. México 1979. 281 pp.
Jalife-Rahme, Alfredo. Los cinco precios del petróleo . Ed. Cadmo&Europa. Buenos Aires 2006. 331 pp.
Jalife-Rahme, Alfredo. La desnacionalización de Pemex . Ed. Orfila. México 2009. 243 pp.
Kaplan, Marcos (coordinador). Petróleo y desarrollo en México y Venezuela . Ed. Nueva Imagen – UNAM. México 1981. 451 pp.
Laurent, Eric. La cara oculta del petróleo . Arcopress. Madrid 2007. 384 pp.
Leal, Juan Felipe. Agrupaciones y burocracias sindicales en México , 1906-1938. Ed. Terra Nova – PINEM. México 1985. 213 pp.
Leal, Juan Felipe. México: estado, burocracia, sindicatos. Ed. El Caballito. México 1976. 146 pp.
Leduc, Renato, Los diablos del petróleo . Ed. Nuestra América. México 1986. 131 pp.
Lindau, Juan D. Los tecnócratas y la élite política mexicana. Cuadernos de Joaquín Mortiz. México 1992. 167 pp.
López Obrador, Andrés Manuel. Entre la historia y la esperanza. Corrupción y lucha democrática en Tabasco . Ed. Grijalbo. México 1995. 269 pp.
López Obrador, Andrés Manuel. La gran tentación. El petróleo de México . Ed. Grijalbo. México 2008. 207 pp.
López Pardo, Gustavo. La administración obrera de los ferrocarriles nacionales de México. Ed. El Caballito - IIEUNAM. México 1997. 217 pp.
Loret de Mola, Carlos. Los caciques . Ed. Grijalbo. México 1979. 237 pp.
Luna, Matilde y Pozas, Ricardo H. (coordinadores). Relaciones corporativas en un período de transición. IIS - UNAM. México 1992. 275 pp.
Manzo, José Luis y Garavíto, Rosa Albina (coordinadores). La petroquímica mexicana . Ed. Nuestro Tiempo – IERD. México 1996. 170 pp.
Manzo, José Luis. ¿Que hacer con Pemex? Una alternativa a la privatización. Ed. Grijalbo. México 1996. 181 pp.
Martré, Gonzálo y Quintero, Laura. El gabinete. Ed. Planeta. México 1994. 245 pp.
Mejido, Manuel. Los amos del petróleo . Excélsior. México 1975. 263 pp.
Mendívil López, Leopoldo. Secreto Pemex . Ed. Grijalbo. México 2020. 307 pp.
Meyer, Lorenzo. Liberalismo autoritario . Ed. Océano. México 1995. 282 pp.
Morales Rubio, Josafat. El petróleo en el imaginario social mexicano . Upaep – Tirant Humanidades. México 2020. 246 pp.
Moreno Andrade, Saúl Horacio. Dilemas petroleros. Cultura, poder y trabajo en el Golfo de México . Ciesas. México 2007. 413 pp.
Moreno Andrade, Saúl Horacio. Dinámicas sociohistóricas en el sureste petrolero mexicano . Universidad Veracruzana. Xalapa 2015. 170 pp.
Novelo, Victoria. La difícil democracia de los petroleros . Ciesas - El Caballito. México 1991. 162 pp.
Nussbaum, Bruce. El mundo tras la era del petróleo . Ed. Planeta. Barcelona 1983. 284 pp.
Ocampo Torrea, José Felipe. Pemex. Mitos, realidades, testimonios y propuestas. UACM . México 2006. 312 pp.
Pazos, Luis. Mitos y realidades del petróleo mexicano . Ed. Diana. México 1979. 149 pp.
Pemex. Anuario estadístico . 1989 – 1999.
Pemex. Contrato Colectivo de Trabajo . 1989 - 1999.
Pemex. Memoria de labores . 1989 – 1999.
Pérez, Ana Lilia . Camisas azules, manos negras . Ed. Grijalbo. México 2010. 344 pp.
Pérez, Ana Lilia . El cartel negro . Ed. Grijalbo. México 2011. 303 pp.
Pérez Linares, Rosalía. Charrismo y burocracia sindical en la década de los setenta. El sindicato petrolero . Tesis de licenciatura. FCPS-UNAM. México 1982. 196 pp.
Prieto, Raúl. Pemex muere . Ed. Posada. México 1981. 264 pp.
Proceso (redactores y escritores). Petróleo y soberanía . Ed. Proceso. México 1979. 491 pp.
Programa Universitario de Energía. Hidrocarburos y socio-economía . UNAM 1983. 223 pp.
Ramírez, Carlos. Cuando pudimos no quisimos . Ed. Océano. México 1995. 333 pp.
Ramírez, Carlos. El asesor incómodo . Ed. Océano. México 1997. 243 pp.
Ramírez Heredia, Rafael. La otra cara del petróleo . Ed. Diana. México 1979. 150 pp.
Rendón Corona, Armando. González Rodarte, Jorge. Bravo Flores, Angel. Los conflictos laborales en la industria petrolera 1911-1938 (Volúmenes I-II) . Ed. UAM-I. México 1997. 932 pp.
Rendón Corona, Armando. La renovación de la clase política en México, 1940-1977 . Ed. UAM-I. México 1990. 320 pp.
Rex, John. El conflicto social. Ed Siglo XXI. Madrid 1985. 149 pp.
Rousseau, Isabelle (Coordinadora). América Latina y petróleo . El Colegio de México. México 2010. 413 pp.
Ruiz García, Enrique. La estrategia mundial del petróleo . Ed. Nueva Imagen. México 1982. 230 pp.
Rusconi, Gian Enrico. "El intercambio político", en Cupolo, Marco (Compilador). Sistemas políticos: Términos conceptuales. Temas del debate italiano. Ed. UAM Azcapotzalco. México 1986. pp. 65-96.
Scherer García, Julio. Estos años . Ed. Océano. México 1995. 195 pp.
Schmitter, Philippe C. Teoría del neocorporatismo. Ed. Universidad de Guadalajara. Guadalajara 1992. 517 pp.
Schmitter, Philippe C. y Lehmbruch, Gerhard (coordinadores). Neocorporativismo I-II. Más allá del estado y el mercado. Alianza Editorial. México 1992. 680 pp.
Schwarts, Ramy y Wanless, Marcos. Mitos geniales de la modernización . Ed. Planeta. México 1995. 208 pp.
Shields, David. Pemex, un futuro incierto . Ed. Planeta. México 2003. 168 pp.
Shields, David . Pemex, la reforma petrolera . Ed. Planeta. México 2005. 159 pp.
Story, Dale. Industria, estado y política en México . CNCA - Grijalvo. México 1990. 326 pp.
Székely, Gabriel. La economía política del petróleo en México , 1976-1982. El Colegio de México. México 1983. 293 pp.
Tablada, Carlos y Hernández, Gladys. Petróleo, poder y civilización . Ed. Popular. Madrid 2004. 271 pp.
Taller de Coyuntura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. Economía petrolizada . Facultad de Economía – UNAM. México 1981. 317 pp.
Teitel, Simón y Westphal, Larry E. (compiladores). Cambio tecnológico y desarrollo industrial . Ed. FCE. México 1990. 257 pp.
Tirado, Manlio. El problema del petróleo: Tabasco, Chiapas y el gasoducto . Ed. Quinto Sol. México s/f. 103 pp.
Trejo Delarbre, Raúl. Crónica del sindicalismo en México (1976-1988) . IISUNAM - Siglo XXI. México 1990. 420 pp.
Tudela, Fernando (coordinador). La modernización forzada del trópico: el caso de Tabasco . El Colegio de México / Cinestav / Ifias / Unrisd. México 1992. 475 pp.
Unger, Kurt. Ajuste estructural y estrategias empresariales en México. CIDE. México 1994. 283 pp.
Unidad de análisis prospectivo El Financiero. Sucesión pactada: la ingeniería política del salinismo. Ed. Plaza y Valdés Ed. México 1993. 230 pp.
Vilar, Pierre. Crecimiento y desarrollo . Planeta – Agostini. Barcelona 1993. 422 pp.
Zaid, Gabriel. Adiós al PRI . Ed. Océano. México 1995. 269 pp.
2. ARTICULOS
Aguilar García, Javier. "Los sindicatos nacionales", en El Obrero Mexicano No. 3. Organización y sindicalismo. Siglo XXI - IISUNAM. México 1985. pp. 117-209
Barbosa, Fabio. "El movimiento petrolero en 1938-1940", en Los sindicatos nacionales. Petroleros . GV Editores. México 1986. pp. 59-112.
Barbosa, Fabio. "De la experiencia sindical de los técnicos y profesionistas de Pemex", en Memoria . No. 35. CEMOS. México, septiembre de 1991. pp. 52-58
Barbosa, Fabio. “Petróleos Mexicanos: la tercera etapa de su reestructuración”, en Barbosa, Fabio y De la Garza, Enrique (coordinadores). Modernización neoliberal y sindicatos . México 1991. Multicopiado, pp. 71-86.
Barbosa, Fabio. "La reestructuración de Pemex", en El Cotidiano , No. 46. México 1992. pp. 20-26.
Barbosa, Fabio. "Las elecciones en el sindicato petrolero", en La Jornada Semanal . México, noviembre de 1992. p. 6
Barbosa, Fabio. "Los retos del sindicalismo petrolero", en El Cotidiano , No. 56. México 1993. pp. 33-39.
Berrios, Pilar y Bolívar Espinoza, Augusto. "El nuevo impulso de lo privado: petróleo, afores, protección ciudadana", en El Cotidiano , No. 77. México 1996. pp. 73-82
Bizberg, Ilán. "La crisis del corporativismo mexicano", en Foro Internacional . El Colegio de México. Vol. XXX, No. 4, abril-junio de 1990, No. 120. pp. 695-735.
Bizberg, Ilán. "La transformación del régimen político mexicano: entre el pluralismo y el neocorporativismo", en México: una agenda para fin de siglo . Ed. La Jornada / CIICH-UNAM. México 1996. pp. 93-108.
Bueno, Gerardo M. "Petróleo y planes de desarrollo en México", en Energía en México. Ensayos sobre el pasado y presente . El Colegio de México. México 1982. pp. 209-228.
Camacho, Manuel. "Control sobre el movimiento obrero en México", en Lecturas de política mexicana . CEI-El Colegio de México. México 1977. pp. 229-270
Camacho, Manuel. "Los nudos históricos del sistema político mexicano", en Las crisis en el sistema político mexicano (1928-1977) . CEI-El Colegio de México. México 1977. pp. 151-217
Canales, Claudia. "El caso de los trabajadores petroleros transitorios. Una aportación de la historia oral a la historia del movimiento obrero", en Segundo Coloquio de Historia Obrera . CEHSMO. México 1979. Tomo II. pp. 1131-1138
Córdova, Arnaldo. "El legado de Salinas", en Nexos , No. 234. México junio 1997. pp. 39-47.
Cruz Bencomo, Miguel Angel. "El quinismo, una historia del charrismo petrolero", en El Cotidiano , No. 28. México 1989. pp. 23-29.
De la Garza Toledo, Enrique. "El nuevo patrón de las relaciones laborales en México". Fotocopia s/f. pp.
Garrido, Celso y Puga, Cristina. "Transformaciones del empresariado mexicano en la década de los ochenta", en Los empresarios mexicanos, ayer y hoy. Ed. El Caballito. México 1992. pp. 131-150
Garrido, Luis Javier. “La transición a la democracia en México: los esfuerzos frustrados, 1986-1992”, en Alcántara, Manuel y Martínez, Antonia (compiladores). México frente al umbral del siglo XXI . Ed. Siglo XXI. Madrid 1992, pp. 151-190.
Lara Ceballos, María Cecilia. "La sección 30 del STPRM (Poza Rica) y las compañías contratistas", en Los sindicatos nacionales. Petroleros . GV Editores. México 1986. pp. 329-342.
Loyola Díaz, Rafael. "En Pemex los cambios se anticiparon", en Las relaciones laborales y el Tratado de Líbre Comercio . Fundación Friedrich Ebert / Flacso / UAM - Xochimilco / Ed. Miguel Angel Porrúa. México 1992. pp. 177-208.
Luna, Matilde. "La estructura de representación empresarial en México. La década de los noventa y los cambios en las estrategias corporativas", en Los empresarios mexicanos, ayer y hoy. Ed. El Caballito. México 1992. pp. 267-286.
Manzo, José Luis. "Petróleo y seguridad nacional", en El Cotidiano , No. 71. México 1995. pp. 43-49.
Manzo, José Luis. "Política petrolera y neoliberalismo en México", en Planeación energética y empresa pública. Ed. Plaza y Valdés. México 1995. pp. 287-305.
Manzo, José Luis. "Privatización y eficiencia económica en Pemex Petroquímica", en La privatización en México: consecuencias sociales y laborales . Ed. IERD. México 1998. pp. 283-298.
Meléndez de la Cruz, Juan y Cruz Bencomo, Miguel Angel. "La caída de Sergio Martínez. La extensión del sistema quinista a la sección 10 del STPRM (Minatitlán)", en Los sindicatos nacionales. Petroleros . GV Editores. México 1986. pp. 343-382.
Molina, Daniel. "Pemex: la reprivatización de facto", en El Cotidiano , No. 32. México 1989. pp. 27-34.
Orozco, Lourdes. "Pemex y la crisis del petróleo", en Cuadernos políticos , No. 15. México 1978. pp. 76-89.
Orozco, Lourdes. "Explotación y fuerza de trabajo en México: los trabajadores transitorios", en Cuadernos políticos , No. 16. México 1978. pp. 65-74.
Pérez Linares, Rosalía. "Vigencia y formas del charrismo en el STPRM", en Los sindicatos nacionales. Petroleros . GV Editores. México 1986. pp. 113-206.
Pérez Pérez Gabriel. "El STPRM, bajo las cadenas de la subordinación y el control estatal", en El Cotidiano , No. 67. México 1995. pp. 73-79
Prevot-Schapira, Marie-France. "Trabajadores del petróleo y poder sindical de México", en Energía en México. Ensayos sobre el pasado y presente . El Colegio de México. México 1982. pp. 143-170.
Quintal, Ella Fanny. "La sección 30 del STPRM (Poza Rica)", en Los sindicatos nacionales. Petroleros . GV Editores. México 1986. pp. 289-328.
Rendón Corona, Armando. "El corporativismo sindical y sus transformaciones”, en Nueva Antropología , No. 59. Ed. Plaza y Valdés – CONACULTA – INAH – UAM. México, abril 2001, pp. 11-30
Rivera Castro, José. "Periodización del sindicalismo petrolero", en Los sindicatos nacionales. Petroleros . GV Editores. México 1986. pp. 15-58
Rivera Castro, José. "Corrupción y disidencia obrera en Pemex", en Iztapalapa , No. 5. UAM-I. México julio-diciembre de 1981. pp. 95-110
Rodríguez Reyna, Ignacio. "La privatización de la petroquímica básica", en El Cotidiano , No. 29. México 1989. pp. 16-22.
Salazar Segura, "El movimiento sindical petrolero, 1960-1980", en Los sindicatos nacionales. Petroleros . GV Editores. México 1986. pp. 207-288.
Saxe-Fernández, John. "El gas natural mexicano: su integración vertical a Estados Unidos y la seguridad nacional", en El Cotidiano , No. 71. México 1995. pp. 31-42.
Székely, Gabriel. "La crisis de los precios del petróleo", en Varios autores. México ante la crísis . Vol I. Ed Siglo XXI. México 1985. pp. 231-245
Trejo Delarbre, Raúl y Woldenberg, José. "Partidos de izquierda y movimiento sindical frente al auge petrolero", en El auge petrolero: de la euforia al desencanto . UNAM - Facultad de Economía. México 1987. pp. 133-174.
Vidal, Godofredo. "Petróleo, política y comercio en el TLC", en El Cotidiano , No. 43. México 1991. pp. 76-79.
Vega López, Eduardo. "La política económica de México durante el periodo 1982-1994", en El Cotidiano , No. 67. México 1995. pp. 94-103
Wionczek, Miguel S. "Limitaciones de la política energética de México", en Energía en México. Ensayos sobre el pasado y presente . El Colegio de México. México 1982. pp. 229-235.
Notas
-
11. Rendón, A., González, J. Bravo, A. Ob. Cit. Volúmenes I-II.
-
18. Hernández Galicia, Joaquín. Como enfrenté al régimen priísta Ed. Océano. México 2000, pp. 131-194.
-
20. “Fui el primer demócrata del PRI”. Entrevista con La Quina de Jesús Hernández. Fin, 28-07-00.
-
21. Alonso, Angelina y López, Roberto. Ob. Cit. p. 312; Hernández Galicia, Joaquín. Ob. Cit pp. 257-311.
-
29. UU, 6-01-89
-
31. Barbosa, Fabio. “La reestructuración de Pemex”, en El Cotidiano. No. 46. 1992. pp. 20-26.
-
36. Pun, 27-02-89.
-
39. Uni, 23-03-89.
-
43. Exc, 1-06-89.
-
45. Exc, 2-06-89.
-
47. Sol, 16-07-89.
-
48. Día, 1-07-89.
-
51. Exc, 7-08-89.
-
52. Exc, 16-08-89.
-
53. Fin, 27-10-89.
-
54. Uni, 6-11-89.
-
55. Uni, 18-11-89.
-
56. Uni, 23-11-89.
-
57. Jor, 14-11-89.
-
58. UU, 1-12-89.
-
60. UU, 11-01-90.
-
61. Exc, 17-02-90.
-
62. Exc, 24-02-90.
-
64. Jor, 21-06-90; Jor, 15, 27-07-90; Uni, 11, 13, 25-07-90; Nac, 27-07-90.
-
65. Jor, 14-11-90.
-
66. Jor, 2-12-90.
-
67. UU, 18-01-91.
-
70. Jor, 31-07-91.
-
74. Día, 17-08-91.
-
75. Jor, 31-08-91.
-
76. Uni, 27-08-91.
-
78. Fin, 22-11-91.
-
80. Uni, 2-03-92.
-
83. Jor, 18-03-92.
-
85. UU, 19-03-92.
-
90. UU, 19-06-92.
-
93. Día, 23-07-92.
-
94. Jor, 21-07-92.
-
95. Día, 28-07-92.
-
97. UU, 10-09-92.
-
98. Sol, 5-12-92.
-
100. Jor, 10-03-93.
-
101. Barbosa, Fabio. “La reestructuración de Pemex”, Ed. Cit
-
102. Comunicado Pemex, en Jor, 14-11-89; Informe Semip, en Jor, 14-11-90
-
103. UU, Uni, 3-02-89.
-
105. Uni, 6-02-89.
-
106. UU, 13-02-89.
-
108. Uni, 23-02-89.
-
109. Jor, 10-02-89.
-
111. Jor, 17-02-89.
-
112. Uni, 22-02-89.
-
113. UU, 23-02-89.
-
114. Uni, 23-02-89.
-
116. Uni, Jor, 27-02-89.
-
118. Día, Jor, 14-04-89.
-
119. UU, 17-04-89.
-
120. Jor, 5, 10-07-89.
-
121. Jor, 10-07-89.
-
122. Jor, 14-07-89.
-
123. Jor, 15-07-89.
-
126. Uni, 8-08-89.
-
127. Uni, 26-08-89.
-
128. Día, 3-09-89.
-
129. Jor, 5,9-09-89.
-
130. Sol, 22-09-89.
-
132. UU, Jor, 18-03-90.
-
133. Exc, 16-08-89.
-
136. UU, 1-12-89.
-
138. Exc, 2-02-90.
-
139. UU, 11-02-90.
-
140. Exc, 12-03-90.
-
141. Uni, 22-10-90.
-
142. Jor, 15, 27-07-90; Uni, 11, 13, 25-07-90; Nac, 27-07-90.
-
143. Pro, 22-10-90.
-
144. Uni, UU, 23-10-90.
-
145. Jor, 22-11-90.
-
146. Uni, 15-02-91.
-
147. Uni, 17-04-91.
-
149. Pro, 25-11-91.
-
151. Jor, 28-12-91.
-
152. UU, Jor, 3-01-92.
-
154. Nac, 4-01-92.
-
155. Jor, 5, 11-01-92.
-
157. Jor, 15-01-92.
-
158. Exc, 30-01-92.
-
159. Nac, Jor, 4-02-92.
-
160. Nac, 5-02-92.
-
161. Exc, 27-10-92.
-
163. Jor, 15-03-93.
-
164. Jor, UU, 17-03-93.
-
166. UU, 19-04-93.
-
167. Pro, 17-05-93.
-
170. Barbosa Cano, Fabio. Recursos petroleros de México IIEc. – UNAM. México 1974, pp. 28-36.
-
175. Martínez Assad, Carlos. Ob. Cit. , pp. 202-214; Canudas Sandoval, E. Ob. Cit. , p. 513.
-
177. Martínez Assad, C. Ob. Cit. , pp. 213-214; López Obrador A.M. Ob. Cit. , pp. 115-126.
-
178. Jor, 21, 22-06-92.
-
180. Exc, 27-01-93.
-
183. Her, 6-08-93; UU, 7, 17-08-93; Día, 18-08-93; Jor, 20-08-93.
-
184. López Obrador, A.M. Ob. Cit. pp. 133-134; Martínez Assad, C. Ob. Cit. , p. 217; Jor, 7-09-93.
-
185. Uni, 14-09-93.
-
186. Jor, 25-01-94.
-
187. Fin, 3, 8, 13, 19-03-94; Jor, 3, 8-03-94, Sol, 12-03-94; UU, 15-03-94.
-
188. Fin, 19-03-94.
-
189. UU, 24-06-94.
-
190. Jor, 3-06-97.
-
191. Jor, 15-12-93.
-
192. Jor, 8-03-94.
-
193. Barbosa Cano, Fabio. Recursos petroleros de México Ed.Cit., pp. 32-33.
-
194. Barbosa Cano, Fabio. Exploración y reservas de hidrocarburos en México Ed.Cit., pp. 253-257.
-
195. Shields, David, Columna Petróleo Spot, en Fin, 14, 16-10-97, 29-09-98.
-
198. Uni, 21-04-98.
-
200. Uni, 14, 15-01-00.
-
201. Uni, 4-06-00.
-
202. Jor, 5, 6-07-94.
-
204. Jor, 16-10-94.
-
205. Jor, 6-05-97.
-
207. Exc, 1-09-93.
-
208. Exc, 28-04-95.
-
209. Exc, 14-11-96.
-
210. Uni, 22-07-97.
-
211. Uni, 1-04-98
-
213. Jor, 28-01-00.
-
214. Uni, 17-04-97
-
215. Fin, 8-09-99.
-
218. Comunicado Pemex, en Jor, 14-11-89; Informe Semip, en Jor, 14-11-90
-
219. Pro, 30-12-91
-
220. Uni, 21-02-92.
-
222. Jor, 19-03-92.
-
234. Jor, 23-06-92.
-
235. Jor, 22-06-92.
-
238. Jor, 21, 22-06-92.
-
248. Jor, 13-08-92.
-
249. Jor, 18-08-92.
-
250. Jor, 19-08-92.
-
253. Jor, Dia, 10-09-92.
-
256. Sol, 1-10-92.
-
258. Día, 24-10-92.
-
259. Jor, 28-11-94.
-
260. Jor, 12, 14-07-93; Fin, 15, 16, 19-07-93; Día 19-07-93; UU, 28-07-93.
-
261. Día, 30-03-93.
-
262. Jor, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 20, 25, 26-06-93; Sol, 4-06-93; Fin, 15, 19-06-93; Día, 24-06-93.
-
265. Día, 6, 11, 12, 15, 19-08-93; Jor, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 23-08-93; Exc, 15-08-93.
-
268. Jor, 3, 15, 31-07-94, 1, 2-08-94; Nac, 7-07-94; Uni, 30-07-94.
-
270. Uni, 9-03-97.
-
273. Fin, 15-01-99.
-
274. Fin, 13-08-99.
-
275. Jor, 6-01-00.
-
276. Fin, Jor, 7-07-00.
-
280. Uni, 7-08-00.
-
281. Jor, 13-12-92.
-
283. Jor, 14-07-93.
-
284. Jor, 23-09-96.
-
285. Jor, 19-11-96.
-
288. Jor, 16-04-94.
-
290. Jor, 9-06-94.
-
291. UU, 7-08-96.
-
292. Jor, 5-11-97.
-
293. Jor, 16-12-97.
-
294. Uni, 7-07-00.
-
295. Jor, 6-04-94.
-
296. UU, 28-02-96.
-
297. Uni, 25-11-97.
-
298. Uni, 17-06-99.
-
300. Exc, 23-08-00.
-
303. Uni, 14-08-00.
-
306. Jor, 12, 14-07-93; Fin, 15, 16, 19-07-93; Día 19-07-93; UU, 28-07-93.
-
308. Pun, Jor, 8-08-93.
-
311. Jor, 18-01-94.
-
312. Sol, 26-02-94.
-
313. Fin, 19-03-94.
-
314. Nov, 22-05-94.
-
315. Exc, 20-07-94.
-
316. Ref, 25-08-94.
-
317. Jor, 14-08-93.
-
318. Jor, 22-09-93.
-
319. Uni, 1-10-93.
-
320. Exc, 28-09-93.
-
321. Día, 7-10-93.
-
322. Exc, 6-10-93.
-
323. Jor, 28-10-93.
-
324. Día, 28-12-93.
-
325. Jor, 13, 27-1-94.
-
329. Exc, 10-11-94.
-
334. Uni, 15-07-95.
-
335. Uni, 23-08-05.
-
337. Uni, 23-10-95.
-
339. UU, 9-04-96.
-
340. Jor, 22-07-97; Najar, Alberto. “El ensueño del líder”, en Jor, 31-01-99.
-
341. Jor, 9-03-98.
-
343. Exc, 17-08-97; UU, 10-09-97; Fin, 28-10-97; Sol, 11-09-97.
-
344. UU, 9-08-97.
-
345. Jor, 23-02-98.
-
346. Uni, 4-08-98.
-
347. Jor, 29-10-97.
-
348. Fin, 17-02-98.
-
349. Jor, 13-03-98.
-
351. Sol, 12-04-98.
-
353. Uni, 4-08-98.
-
354. Uni, 25-08-98.
-
355. Exc, 27-11-98.
-
356. Fin, 5-01-99.
-
357. Jor, 2-11-98.
-
358. Uni, 19-10-98.
-
359. UU, 13-02-89.
-
363. Pro, 17-05-93; Hernández Galicia, Joaquín. Ob. Cit. pp. 60-69, 75.
-
367. Jor, 5-03-94.
-
368. Uni, 1, 7-03-94.
-
369. Pro, 13-03-94.
-
370. Jor, 18-02-95.
-
372. Uni, 6-02-96.
-
373. Uni, 12, 28-05-96.
-
375. Jor, 10-12-96.
-
376. Uni, 19-03-97.
-
377. Jor, 19-06-97.
-
380. Sol, 19-02-98.
-
381. Uni, 8-07-98.
-
382. Uni, 10-08-99.
-
383. “Fui el primer demócrata del PRI”. Entrevista con La Quina de Jesús Hernández. Fin, 28-07-00.
-
387. Día 11-11-93.
-
388. Fin, 11-11-93.
-
389. Sol, 18-06-93.
-
391. Jor, 4-05-94.
-
392. Día, 15-11-93.
-
393. Jor, 18-01-94.
-
394. Jor, 30-07-94.
-
398. Jor, 14, 19, 22, 25-10-96; Exc, 22-10-96; Uni, 23-10-95.
-
399. Fin, 1, 4-11-95; Jor, 7, 13-11-95; Exc, 7-11-95; Día, 13-11-95.
-
401. Jor, 18, 30-01-96; Fin, 18, 22, 24-01-96; UU, 20-01-96; Uni, 31-01-96.
-
402. Jor, 18-06-96.
-
408. Exc, 26-03-96.
-
409. Jor, 7-04-96.
-
411. Exc, 6-07-96.
-
412. Uni, 1, 16-08-96; UU, 2-08-96; Jor, 3-08-96: Pro, 5-09-96.
-
413. Jor, 25-09-96.
-
414. Uni, 28-09-96.
-
415. Uni, 1-10-96.
-
417. Jor, 25-11-96.
-
418. Fin, 12-12-96.
-
421. Sol, 11-09-97.
-
422. Fin, 28-10-97.
-
423. Uni, 20-04-98.
-
425. Fin, 4-08-98.
-
426. Fin, 15-09-98.
-
427. Fin, 3, 24-11-98.
-
428. Fin, 12-01-99.
-
429. Fin, 1-02-99.
-
431. Día, 13-11-95.
-
432. Fin, 12-12-96.
-
433. Fin, 13-10-95.
-
435. Exc, 21-09-97.
-
436. Exc, 26-10-97.
-
437. Nac, 22-11-97.
-
438. Uni, 7-12-97.
-
440. Fin, 23-12-98.
-
441. Fin, 20-01-99.
-
442. Uni, 15-08-99, 6, 8, 15-09-99; Exc, 5-09-99; Fin, 6-09-99; Jor, 7-10-99.
-
443. Fin, 3-11-99.
-
444. Fin, 15-11-99.
-
445. UU, 26-12-99.
-
446. Jor, 11-01-00.
-
448. Sol, 26-07-97.
-
449. Sol, 26-09-97.
-
452. Jor, 28-02-99.
-
453. Ref, 14-01-00.
-
454. Jor, 28-01-00.
-
455. Jor, 16-03-00.
-
456. Uni, Jor, 19-03-99.
-
457. Fin, 15, 16-06-99.
-
459. Ref, 23-07-99.
-
460. Exc, 12-07-99; Uni, 12-07-99; Jor, 14-07-99, 19-08-99; Ref, 13-08-99.
-
461. Fin, 27-09-99.
-
462. Jor, 6-11-99.
-
463. Ortega Pizarro, F. “Se despeja el camino hacia la privatización de Pemex”, en Pro, 19-12-99.
-
464. Jáquez, Antonio. “La mala fama del nuevo director de Pemex”, en Pro, 19-12-99.
-
466. Jor, 19-03-00.
-
467. Jor, 15-05-00.
-
468. Uni, 15-05-00.
-
469. Sol, 16-05-00.
-
471. Nac, 5-07-00.
-
473. Fin, Jor, 7-07-00.
-
474. Uni, 29, 31-07-00.
-
475. Jor, 24-07-00.
-
477. Fin, 8-09-00.
-
479. Jor, 25, 30-09-00.
-
480. Uni, 30-09-00.
-
481. Jor, 3-10-00.
-
482. Sol, 3-10-00.
-
483. Jor, 3-10-00.
-
486. Ibid.
-
491. Nac, 29-03-89.
-
492. Día, Jor, 14-04-89.
-
493. Jor, 21-04-89.
-
495. UU, 11-05-89.
-
496. UU, 6, 7, 8, 13-06-89; Jor, 7, 8-06-89; Uni, 8-06-89; Día, 6-06-89.
-
497. Jor, 4, 5-07-89.
-
500. UU, 29, 31-07-89.
-
501. Exc, 16-08-89.
-
502. Uni, 4-10-89.
-
503. UU, 22-07-90.
-
504. Uni, 8-11-90.
-
506. Fin, 8-02-91.
-
507. UU, 15-02-91; Nac, 17-02-91; Sol, 18-02-91; Jor, 27-12-93.
-
508. Uni, 13, 26-03-91; UU, 27-03-91; Sol, 2-05-91; Pro, 27-12-93.
-
510. Sol, 4, 9-03-92.
-
514. UU, 24-09-92.
-
519. UU, 25-08-93.
-
520. Jor, 28, 29-11-93.
-
522. Jor, 25, 27-12-93.
-
527. Jor, 3-05-94.
-
528. Uni, 2-06-94.
-
529. Uni, 28-05-95.
-
532. Jor, 18-02-95.
-
534. Uni, 19-04-96.
-
535. Uni, 12, 28-05-96.
-
536. Pro, 5-08-96.
-
538. Uni, 21, 31-01-97.
-
539. Uni, 2-03-97.
-
540. Uni, 19-03-97.
-
541. Jor, 19-06-97.
-
544. Uni, 22, 24-11-97.
-
545. Exc, 18-06-01.
-
546. Uni, 29, 31-12-98.
-
548. Uni, 13-11-99.
-
549. Pro, 1-10-00.
-
551. Pro, 1-10-00.
-
553. Jor, 4-02-01.
-
554. Ref, 5-02-02.
-
555. Exc, 16-02-89.
-
556. Her, 20-05-89.
-
559. Exc, 17, 30-11-89.
-
560. Exc, 15-04-90.
-
561. Exc, 21-10-90.
-
562. Uni, 14-02-91.
-
563. Her, 2-03-91.
-
565. Exc, 17-01-93.
-
566. Jor, 17-02-93.
-
567. Exc, 6-09-93.
-
568. Jor, 30-12-93.
-
570. Exc, 15-09-95.
-
571. Exc, 22-10-95.
-
572. Uni, 6-11-95.
-
573. Uni, 12-05-96.
-
575. Uni, 19, 29-07-97.
-
576. Uni, 17, 18-12-97.
-
577. Nac, 16-08-98.
-
578. Uni, 1-07-99.
-
579. Nac, 19-11-00.
-
580. Exc, Uni, 13-05-90.
-
581. Día, 16-07-90.
-
582. Uni, 15-08-90.
-
583. Nac, 1-05-98.
-
584. Nac, 19-09-98.
-
586. Uni, 18-11-89.
-
587. UU, 20-10-90.
-
588. Jor, 12-12-91.
-
589. Sol, 24-07-92.
-
590. UU, 11-09-93.
-
591. Sol, 9-02-94.
-
592. Uni, 9-04-96.
-
593. UU, 28-10-90.
-
594. UU, 7-05-91.
-
596. Sol, 19-1-94.
-
597. Exc, 30-05-97.
-
598. Jor, 27-10-90
-
599. Jor, 12-12-91
-
600. Ver “El sindicalismo petrolero en perspectiva”. Capítulo I de este libro
-
603. Jor, 13, 17, 22, 23, 26, 28, 29-04-89; Uni, 18, 19-04-89; UU, 2-05-89.
-
604. Exc, 17-03-89.
-
605. UU, 19-10-90.
-
606. Jor, 20-03-91.
-
607. Día, 22-03-91.
-
608. Día, 24-03-91.
-
609. Jor, 26-03-91.
-
610. Jor, Uni, 4-04-91.
-
611. Uni, 14-05-91.
-
613. Día, 29-01-92.
-
614. Uni, 14-02-92.
-
615. Uni, 18-02-92.
-
618. Sol, 9-03-92.
-
619. Nac, 21-03-92.
-
621. Jor, Uni, 7-05-92.
-
622. Jor, 21-05-92.
-
623. Sol, 7-10-92.
-
624. Día, Exc, 29-10-92.
-
625. Exc, 2-02-93.
-
626. Uni, 20-06-92.
-
627. Exc, 28-09-93.
-
628. Jor, 5-03-94.
-
629. Uni, 16-04-94.
-
630. Jor, 6-08-94.
-
631. Uni, 6-11-94.
-
632. Jor, 16-10-94.
-
633. Uni, 7-03-95.
-
634. Jor, 11-05-95.
-
635. Fin, 12-06-95.
-
636. Exc, 4-07-95.
-
638. Ver “El conflicto de la petroquímica”. Capítulo IX de este libro
-
639. Jor, 11-09-97.
-
641. Jor, 1-11-97.
-
642. Jor, 10-02-99.
-
643. Fin, 10-12-99.
-
644. Jor, 16-11-99.
-
648. Jor, 16, 17, 20, 22, 23-02-89; Uni, 22, 27-02-89; Exc, 23, 28-02-89.
-
649. Día, Jor, 14-04-89.
-
653. Uni, 4, 5-03-92.
-
654. Jor, 2-10-94.
-
655. Jor, 21-09-96.
-
656. Jor, 11-10-97.
-
658. Jor, 6-12-98.
-
659. Fin, 15-02-99.
-
660. Jor, 25-10-99.
-
661. Jor, 29-09-00; Informe del CEG-CGV del STPRM, 24-10-00.
-
665. Ibidem
-
667. Uni, 27-02-89.
-
672. Jor, 29-10-92.
-
673. Uni, 6-03-91.
-
675. Exc, 22-10-95.
-
676. Jor, 7-03-96.
-
677. Jor, 18-05-96.
-
680. Uni, 27-07-00.
-
681. Exc, 2-10-90.
-
682. Exc, 29-10-90.
-
683. Uni, 9-11-90.
-
684. Uni, 15-02-92.
-
686. Jor, 29-07-92.
-
687. Exc, 27-10-92.
-
688. Exc, 28-10-92.
-
689. Jor, 23-11-93.
-
690. Exc, 6-10-93.
-
693. Uni, 20-10-94.
-
694. Uni, 21-09-95.
-
695. Jor, 16-10-95.
-
696. Jor, 25-10-95.
-
697. Uni, 20-05-96.
-
698. Uni, 11-10-97.
-
699. Uni, 19, 21-11-97.
-
700. Uni, 27-12-97.
-
701. Uni, 18, 20-04-98.
-
702. Uni, 31-07-00.
-
706. Uni, 11-12-91.
-
707. Uni, 29-02-92.
-
709. Uni, 19-04-93.
-
710. Uni, 13-09-93.
-
713. UU, 23-11-93.
-
714. Uni, 31-05-95.
-
715. Fin, 4-11-95.
-
716. Pro, 22-10-90.
-
718. Uni, 15-05-94.
-
719. Jor, UU, 15-06-95.
-
720. Jor, 1-04-99.
-
721. Jor, 11-11-90.
-
723. Exc, 15-02-93.
-
725. Exc, 1-11-89.
-
726. Exc, 12-12-90.
-
727. Nac, 6-01-92.
-
728. Sol, 24-09-93.
-
729. Uni, 10-12-98.
-
730. Uni, 2-01-99.
-
731. UU, 29-07-00.
-
733. Sol, 21-01-89.
-
737. Jor, 19-04-95.
-
738. Melendez de la Cruz, Juan y Cruz Bencomo Miguel Angel. Ob. Cit , pp. 343-381.
-
740. Jor, UU, 19-01-89.
-
741. Uni, UU, 20-01-89.
-
743. UU, Uni, 19-04-91
-
744. Jor, 4-07-92.
-
746. Jor, 17-09-95.
-
747. Jor, 25-10-96
-
748. Fin, 18-01-96.
-
750. Uni, 25-09-96.
-
751. Exc, 8-10-97.
-
752. Uni, 5-10-97.
-
753. Uni, 4-06-00.
-
757. Uni, 15-02-91.
-
758. UU, Uni, 19-04-91.
-
759. Uni, 2-05-91.
-
761. Jor, 2, 4-12-91.
-
762. Uni, 26-01-92.
-
763. Jor, 19-03-92.
-
764. Uni, 21, 27-02-92.
-
766. Uni, 17-09-92.
-
768. Uni, 8-10-92.
-
769. Jor, 29-10-92
-
770. Jor, 9-10-92.
-
771. Jor, 22-12-92.
-
773. Uni, 19-03-93.
-
774. Uni, 4-09-93.
-
775. Fin, 5-11-95.
-
779. Jor, 16-04-94.
-
781. Exc, 27-11-94.
-
782. Ver “El conflicto de la petroquímica”. Capítulo IX de este libro
-
783. Uni, 25-07-95.
-
784. Jor, 7-09-95.
-
785. Fin, 5-11-95.
-
787. Jor, 4-06-97.
-
788. Uni, 28-12-97.
-
789. Uni, 3-07-98.
-
790. Uni, 2-02-99.
-
791. UU, 2-10-99.
-
796. Uni, 26, 29-09-92; Jor, 29-09-92, 29-12-92; Sol, 1-10-92.
-
797. Uni, 1-10-93.
-
798. Uni, 7-12-93.
-
799. Jor, 18, 25-01-94.
-
800. Uni, Exc, 20-02-94.
-
802. Jor, 16-04-94.
-
803. Uni, 4-05-94.
-
807. Jor, 5-02-00.
-
808. Nac, 20-07-89.
-
813. Uni, 17-09-92.
-
814. Sol, 1-10-92.
-
815. Jor, 8-12-92.
-
816. Sol, 19-12-92.
-
817. Uni, 4-09-93.
-
818. Uni, 13-09-95.
-
819. Uni, 3-01-96.
-
821. Uni, 6-02-96.
-
828. Jor, 27-07-94, 1, 2, 10, 12-08-94; Sol, 7-08-94; Exc, 11-08-94.
-
829. Exc, 31-10-95.
-
831. Uni, Exc, 1-04-98.
-
832. Uni, 24-06-00.
-
834. Jor, 31-01-90.
-
836. Pro, 22-10-90.
-
838. Jor, 13-05-93.
-
841. Ver “Otros movimientos de trabajadores en el sureste petrolero”. Capítulo VII de este libro
-
844. Jor, 27-06-00.
-
845. Jor, 1-06-00.
-
846. Martínez Asad, Carlos. Breve historia de Tabasco , FCE. pp. 211-212; Fin, 14-11-93.
-
848. Jor, 29-09-96.
-
850. Jor, 24-10-99.
-
851. Jor, 24-07-00.
-
852. Fin, 29-03-93.
-
853. Jor, 12-12-91.
-
859. Jor, 2, 4-06-92.
-
860. Exc, 12-09-92; Jor, 13-09-92; Pun, 21-09-92; Uni, 30-09-92.
-
861. Uni, 22-05-94.
-
862. Uni, 23-10-95.
-
864. Uni, 10-08-98.
-
865. Uni, 7-10-00.
-
866. UU, 6-01-89.
-
867. Uni, 16-10-90.
-
868. Uni, 5-11-90.
-
870. Nac, Día, 22-11-91.
-
871. Exc, 2-12-92.
-
872. Uni, 25-05-93.
-
873. Uni, 4-07-94.
-
874. Uni, 20, 22-09-94.
-
875. Pro, 12-12-94.
-
876. Uni, 8-01-95.
-
879. Jor, 29-06-95.
-
880. Uni, 8-08-95.
-
881. Fin, 9-09-95.
-
882. Exc, 29-07-97.
-
883. Exc, 13-10-97.
-
884. Fin, 11-11-97.
-
885. Pro, 6-12-98.
-
887. Pro, 27-08-00.
-
890. Uni, 18-04-95.
-
891. Uni, 28-07-95.
-
892. Exc, 2-09-95.
-
893. Fin, 5-06-96.
-
894. Uni, 3-11-97.
-
895. Fin, 15-03-00.
-
896. Her, 20-01-89.
-
897. UU, 11-04-89.
-
900. Exc, 17-02-90.
-
901. Uni, 24-05-90.
-
902. Exc, 16-06-90.
-
903. Pro, 31-12-90.
-
904. Jor, 3-03-92.
-
905. Uni, Día, 8-10-92.
-
906. Uni, 19-03-93.
-
907. Uni, 5-10-97.
-
908. Uni, 30-03-89.
-
909. Uni, 10-03-99.
-
910. Exc, 12-11-89.
-
911. Exc, Uni, 20-02-94.
-
914. Uni, 2-03-90.
-
915. Uni, 14-05-91.
-
916. Sol, 24-09-93.
-
917. Pro, 3-08-92.
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918. Jor, 7-01-93.
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920. Comunicado Pemex, en Jor, 14-11-89; Informe Semip, en Jor, 14-11-90
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922. Ver cuadro 1
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924. Ver la Nota a los cuadros-resumen, en los anexos de este trabajo
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926. Ver cuadro 4