La ciencia política

Panorama general

Se trata de una introducción al lenguaje y a los temas de la ciencia política contemporánea, ubicando sus orígenes en los años cincuenta y sesenta del siglo veinte. Sus primeros pasos estuvieron marcados inevitablemente por el contexto de la guerra fría. En los países bajo dominio soviético, la imposición por decreto de una ciencia única como doctrina oficial ahogó la posibilidad del pensamiento crítico en las universidades, e impidió que la tradición de los grandes historiadores, lingüistas y psicólogos rusos y del Este europeo tuviera un desarrollo institucional similar al de las ciencias sociales en las universidades capitalistas.

En Europa occidental mientras tanto, se adoptaba la etiqueta de “ciencias humanas” para agrupar a la antropología, la historia y la psicología en torno a las formulaciones del psicoanálisis, la lingüística estructural y las diferentes versiones críticas del marxismo occidental. A diferencia de lo que sucedía en los Estados Unidos, varias de las más importantes líneas de trabajo de las ciencias humanas europeas se desarrollaron al margen de las universidades, y dentro de éstas, en disputa de espacios con las disciplinas “tradicionales” como la filología, la filosofía y la historia política.

En Estados Unidos las llamadas “ciencias de la conducta”, que integraban a la antropología, la psicología, la sociología y la ciencia política, se hacían predominantes en las universidades estadounidenses en un momento de fuerte expansión y desarrollo de grandes programas de investigación social, realizados con abundancia de apoyos presupuestales públicos y privados estadounidenses, orientados hacia la política exterior, e interesados en la promoción de la economía de mercado y la democracia liberal, ante el avance del nacionalismo y el socialismo en los países del capitalismo dependiente y periférico en las nuevas sociedades poscoloniales.

La asignación de amplios recursos para la creación de escuelas, posgrados, centros y áreas de investigación especializadas da por resultado que en el curso de pocos años aparezcan un gran número de unidades y asociaciones académicas interconectadas por reconocerse como “ciencias de la conducta” y orientadas a la formación de especialistas en asuntos relacionados con el funcionamiento del estado de bienestar, los comportamientos y alineaciones electorales, los estudios de opinión, o los problemas del desarrollo en los países emergentes.

Una de las disciplinas académicas en donde el nuevo enfoque institucional tuvo mayor impacto fue en la ciencia política, que pudo separarse del análisis jurídico (la reglamentación institucional), de la historia política (acontecimientos y personajes ejemplares) y de la filosofía política (teoría ética o reformista), para acercarse más al dialogo analítico con la sociología, la economía, la psicología, las nuevas ciencias de la información, y las disciplinas europeas del psicoanálisis y la lingüística estructural.

El ambiente predominantemente anticomunista en la sociedad y el estado estadounidenses (el solo hecho de no llamarles ciencias sociales para evitar cualquier posible referencia al socialismo da cuenta de ello), obligó a la construcción de un lenguaje especializado deliberadamente abstracto, y formalizado en un cuerpo de conceptos validado mediante técnicas de procesamiento informático cada vez más sofisticado, lo cual, junto con la orientación hacia la política exterior, era clara evidencia de la “lealtad sistémica” de los “cientistas políticos” y un escudo de protección ante la vigilancia macartista y la campaña anticomunista en la sociedad estadounidense.

Este lenguaje es el que permite que la investigación empírica trabaje con términos y modelos equivalentes, e ir más allá del plano descriptivo, de elaboración y acumulación detallada y no sistemática de inventarios de hechos de la tradición empirista anglo sajona, para orientar la investigación hacia la producción de hipótesis operacionales y series de datos comparables. Al mismo tiempo, la etiqueta de ciencias de la conducta pretende integrar el imperativo empirista de la conducta observada y organizada como patrón o sistema de acción, con la orientación de la teoría de los sistemas generales² hacia la colaboración interdisciplinaria.

Así, a los ojos de sus principales académicos, el empirismo estadounidense, particularmente en Sociología y Ciencia Política, adquiría rango de “ciencia normal” según los cánones de validación y falsación del positivismo lógico y la filosofía de la ciencia, y se colocaba en el mismo nivel de consistencia teórica de las “ciencias humanas” europeas orientadas por la teoría del “inconsciente” psicoanalítico, “la larga duración” histórica y la lingüística y antropología “estructural”.

La nueva ciencia política “conductualista” consiste en un núcleo duro de conceptos e hipótesis integrados en el denominado “enfoque de los sistemas políticos”, construido centralmente por Easton (1953, 1965) y desarrollado por Deutsch (1963) que permite un marco de referencia conceptual común para distintas líneas de investigación como las “políticas públicas” con Lasswell (1950, 1958); la “política comparada” con Almond (1959, 1963), Dahl (1956, 1971), Sartori (1976), Liphart (1987); la “sociología política” con Lipset (1959), Smelser (1963), Offe, Schmiter, Linz, entre las más importantes.

Estas líneas de investigación logran sobrevivir a la dura crítica al “paradigma conductual estructural funcionalista” en los años sesenta y setenta, y forman parte de las orientaciones y áreas centrales de estudio en la ciencia política contemporánea, al mismo tiempo que conceptos derivados del enfoque de sistemas como ambiente, retroalimentación, flujos de información, producción, reducción y regulación de la complejidad y de la tensión, conversión, entrada (input) y salida (output), entre otros, son elementos del lenguaje especializado que determina el estado de la ciencia política como disciplina en la actualidad.

El éxito del modelo analítico se explica porque a pesar de que es construido en el estudio de unidades específicas dentro de los sistemas complejos en la sociedad industrial, también es posible aplicarlo, dentro de límites que es necesario definir en cada caso, al estudio de unidades poco diferenciadas como las comunidades agrarias de los nuevos países surgidos en las antiguas colonias europeas, y en tránsito de adopción de las instituciones del mercado y del estado-nación. De esta manera se avanza significativamente en establecer un lenguaje especializado común capaz de dar cuenta de relaciones básicas en cualquier situación social, y se cuenta con un instrumento analítico capaz de organizar la investigación empírica mediante procedimientos deductivos y resultados verificables y comparables.

1. Los sistemas políticos

Por sistema político se entiende la capacidad que una colectividad tiene para utilizar y movilizar en su favor condiciones y medios para la realización de un fin, conseguir una meta o lograr un objetivo. Esta capacidad opera como un sistema de interacciones sociales que se orientan predominantemente a la realización de medidas políticas consistentes en asignaciones obligatorias de valores (materiales y espirituales) para una sociedad. Una asignación es obligatoria cuando las personas que hacia ella se orientan se sienten presionadas por el temor al empleo de la fuerza o de una sanción psicológica severa, por el interés personal, la tradición, la lealtad, un sentido de la legalidad o de la legitimidad.³

La política consiste en decisiones colectivizadas. Podemos distinguir cuatro tipos de decisiones dentro de las colectividades: a) individuales; b) grupales (los pocos, unidades específicas); c) colectivas (los muchos, agregados mayores a un grupo); d) colectivizadas. Las tres primeras se refieren al sujeto que toma la decisión, la última se aplica y se hace cumplir en una colectividad, independientemente de si son tomadas por una persona, unas pocas o la mayoría. El criterio definidor no es quién toma la decisión, sino el alcance de la misma: quienquiera que decida, decide por todos. Puede haber decisiones colectivizadas que no son políticas, por ejemplo las económicas. La diferencia es más bien jerárquica, es decir, que las decisiones colectivizadas son políticas en la medida en que son: a) soberanas, anulan cualquier otra norma; b) sin escapatoria, porque se extienden hasta las fronteras que definen territorialmente a la ciudadanía; c) sancionables porque están respaldadas por el monopolio legal de la fuerza.⁴

Un sistema social en general es una colección de unidades reconocibles (individuos, grupos, organizaciones) que se caracterizan por su cohesión (permanecen unidas o forman un todo) y covarianza (cambian juntas: sí una cambia, la otra también). En la medida que parecen variar juntas, y que aparecen dotadas de cohesión, decimos que estas unidades son interdependientes y por lo tanto, componentes o partes de un sistema definido por confines determinados y en relación de interacción con el ambiente externo. Para que cualquier conjunto de actores individuales o colectivos pueda ser estudiado como un sistema social, es necesario que las interacciones específicas entre los componentes que se examinan sean más intensas, o de naturaleza distinta, respecto de las interacciones de los mismos componentes con otros; estos últimos serán entonces considerados como elementos del "ambiente" del sistema social en cuestión. Con el término "ambiente" se designa lo que se coloca externamente al sistema y que respecto a éste representa mayor grado de complejidad.⁵

La definición del sistema como unidad analítica puede ir de los grupos “cara a cara”, cuyos componentes son los actores que interactúan en roles individuales (plano micro); a las organizaciones cuyas unidades de acción son los grupos (plano medio); a las sociedades nacionales que integran a grandes organizaciones (plano macro); hasta los grandes agregados sociales del “sistema-mundo” como los estados nacionales, los organismos multilaterales y las empresas trasnacionales (plano global).

Figura I. Actores y planos en los sistemas de la acción social

2. La dominación legítima

Hacia su interior un sistema social debe ser definido como una pluralidad de actores individuales que crean una red de acciones interactiva, cada uno movido por la tendencia a la satisfacción óptima y cuya relación con esta situación se define de acuerdo con un sistema de normas culturalmente estructuradas y compartidas. La relación entre acción y sistema se realiza, según Parsons, por medio del concepto de “variables pauta o estructurales”, que se refieren a lo que se espera de una relación interpersonal, y qué cualidades se valoran a la hora de asignar recursos y recompensas en el ámbito societal. Se trata entonces de una reconstrucción de las posibles orientaciones alternativas de la acción, tanto en la actitud de las personas frente a los demás y a las necesidades propias y ajenas, como en el tipo de valores y normas imperantes en su grupo social.¹³

Esto permite determinar sistemas de papeles basados en la primacía de una determinada combinación de alternativas. Un sistema basado en la neutralidad afectiva, la orientación universalista y la prestación, es un sistema de roles profesionales dentro de organizaciones complejas, mientras que las orientaciones particularistas, afectivas y dirigidas a la cualidad de la persona, no a sus prestaciones, corresponden a sistemas de roles tradicionales como las relaciones de parentesco, religiosas y locales. Las alternativas emparejadas y establecidas como “variables pauta o estructurales”, describen el paso de una sociedad tradicional a una moderna, así como las posibles combinaciones en cada uno de los subsistemas y planos analíticos

Este es el punto de partida para preguntarse sobre el papel que los canales de comunicación horizontales, “cara a cara”, de los grupos primarios y las organizaciones informales juegan en la formación de las opiniones políticas. Según el patrón racional esperado en los sondeos de actitud de voto en las sociedades (pos) industriales de finales del siglo XX, este tipo de opiniones deberían ser moldeadas por los medios de comunicación de masas y las opiniones de expertos en distintas áreas. Sin embargo los resultados mostraron que aun en las sociedades industrializadas más complejas, el típico líder de opinión no es un experto sino un individuo que inspira confianza y cuya influencia política es una consecuencia difusa de otros roles.

De lo anterior se derivan dos características que orientan el estudio de los patrones de conducta política: 1) que cualquier análisis de los rasgos culturales de un sistema complejo debe tener en cuenta la permanente vigencia de las relaciones informales y tradicionales que modelan las acciones y actitudes de los individuos; y 2) que todos los sistemas políticos poseen culturas políticas mixtas o heterogéneas. La racionalidad instrumental se encuentra presente en la estructura y cultura de las sociedades más primitivas, de la misma manera que las sociedades más modernas y complejas se hallan impregnadas de relaciones y actitudes informales, adscritas, particularistas. El predominio relativo de uno u otro componente, la composición de la pauta mixta, es lo que establece las verdaderas diferencias entre distintos tipos de sociedades. La secularización, por tanto, no es más que una cuestión de grado y de distribución. El campo de estudio de la conducta política es establecido como análisis de los procesos políticos de aculturación.¹⁴

En su estudio comparado de la cultura política en cinco países durante los años sesenta, Almond construye una tipología de culturas políticas: 1) la parroquial formada por comunidades locales autónomas y sociedades tribales, con ausencia de roles políticos especializados y de previsiones de evolución iniciadas por el sistema político; 2) la de súbdito con una relación puramente subjetiva con el sistema político en un nivel general y respecto al elemento administrativo o “corriente inferior”, y se da de modo preferente en una sociedad en la que no existe una estructura política diferenciada; 3) la de participación, la más desarrollada, con una orientación explícita hacia el sistema como un todo y hacia sus estructuras y procesos políticos y administrativos. Esta orientación hacia los objetos políticos puede ser favorable o desfavorable, y se orienta a un rol activo de la persona que puede ir desde la aceptación hasta el rechazo total.

Los resultados obtenidos demostraron que en todos los casos las culturas políticas eran mezclas específicas de la modernización con la tradición. La conclusión es que si bien en las sociedades modernas las interacciones políticas se realizan en sistemas de roles especializados como las instituciones de gobierno, parlamentos, tribunales, partidos políticos, asociaciones de interés y medios de comunicación, esto no evita que en estas mismas sociedades, o en otras con menor grado de complejidad, las funciones políticas sean realizadas también por estructuras tradicionales como las relaciones de parentesco, étnicas y religiosas.¹⁵ Los estudios de opinión pública y de culturas y conductas políticas demostraron que las sociedades contemporáneas se constituían con combinaciones singulares de aspectos que corresponden tanto a sociedades tradicionales, precapitalistas, locales, como a las modernas sociedades industriales con su organización “racional” en torno al mercado, el derecho y la tecnología.

De esta manera los estudios de “caso”, de “coyuntura”, en localidades, regiones y naciones, se auxilian de las construcciones teóricas o tipos ideales de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, para situar los objetos de estudio en parámetros o escalas entre los extremos teóricos considerados, que son modelos de cómo se organizaría un sistema de acción si todos sus elementos pudieran desarrollarse en las mejores condiciones posibles y sin alterar las bases de una determinada situación o relación de fuerza entre los actores involucrados. Estas relaciones de fuerza “estabilizadas” hasta el punto de permitir su reproducción en el tiempo, es lo que Weber llamó la “dominación legítima”, con lo que se refiere a los componentes de los acuerdos básicos o estructurales, mas allá de los cuales una determinada organización social macro (sociedad) debe modificar los supuestos de su funcionamiento, para sobrevivir, ya sea mediante procesos de reformas, de cambios revolucionarios o de imposiciones militares en las reglas de aplicación de las relaciones y de la composición de los grupos dominantes y de las mayorías dominadas.

A lo que líneas arriba hemos llamado sistemas de roles tradicionales, corresponden, según Weber, dos tipos ideales de dominación legítima: la carismática y la tradicional. Cada uno de estos tipos se descompone en subtipos. El liderazgo carismático, o la fe en las virtudes extraordinarias de una personalidad, surge en situaciones históricas de emergencia, de conmoción colectiva, y sólo existe cuanto vive el dirigente que ejerce la autoridad personal. Uno de los primeros subtipos del carisma son los profetas iniciadores de las grandes religiones y las órdenes religiosas, quienes a partir de sus virtudes personales transmiten una orden divina bajo la forma de la profecía, que en todos los casos intenta sistematizar la conducta de los adeptos en una forma de vida regulada normativamente. Si triunfan en el intento, los profetas darán lugar a la formación de una comunidad religiosa permanente, en donde el carisma del fundador pasa a (se “rutiniza” en) instituciones y órdenes con reglas claras de bienes, cargos y conductas personales ejemplares o extremas (por ejemplo el celibato)

Otro subtipo histórico del carisma es la organización patriarcal, el caudillo tribal en comunidades agrarias, que combina todas las funciones del liderazgo: cabeza patriarcal de familia y de clan; jefe de las expediciones de caza y de guerra; mago principal, promotor de lluvias y curandero mayor; y sobre todo juez. El patriarca aparece dotado de poderes o virtudes excepcionales, y con la muerte y sustitución del titular de la autoridad, las propiedades del carisma –a cuenta de los cuales se tratará al sujeto como conductor- corresponderán más al rol y menos al individuo que lo ejerce, realizándose también una “rutinización del carisma”. El carisma se hace inherente al parentesco y se vuelve hereditario, dando lugar a lo que llamamos “linajes” y “castas”.

La autoridad tradicional deriva de la santidad inviolable representada por una sola persona, y sólo requiere extender este principio de legitimación patriarcal más allá de los límites de la comunidad doméstica. Esto se puede observar en las primeras tribus urbanas de las ciudades-estado monárquicas y posteriormente en las grandes y supralocales construcciones imperiales. La evolución supone la división de las funciones entre diferentes individuos, donde toda regularización de una función de liderazgo tiende a favorecer la permanencia institucional, sobre todo cuando se da lugar a la creación de un cuadro administrativo asociado al poder unipersonal y despótico.

Esto último es lo que Weber llamó la dominación “patrimonialista”, y significa que todos los cargos del gobierno se originan en la administración de la comunidad doméstica del rey, y todos los funcionarios son servidores y representantes personales del monarca, con todos los privilegios inherentes y sujetos siempre a las decisiones caprichosas y arbitrarias del patriarca-monarca-emperador. También significa la capacidad de establecer monopolios económicos y políticos como prerrogativa personal o extensión de la administración doméstica, esto es, hacer un uso privado de los recursos colectivos y públicos. El gobierno patrimonial es una ampliación del que ejerce el monarca sobre su comunidad doméstica; la relación entre el monarca y sus funcionarios se mantiene sobre la misma base de autoridad paternal y sumisión filial. El funcionario sólo es responsable ante quién lo nombró, mismo que en cualquier momento lo puede cesar en el cargo.

Otro subtipo de la dominación tradicional es la del gobierno feudal, que sustituye esta relación paternalista por un pacto de fidelidad, determinado contractualmente sobre la base del militarismo caballeresco, aristocrático y terrateniente, cuyos integrantes constituían un grupo estamental o de estatus (posición, puesto, rango, privilegios o “estilos de vida” y subculturas de exclusión de los extraños) basado en las relaciones de parentesco (la sangre y el honor) y en los derechos de propiedad del terrateniente, que se conjugan con sus derechos territoriales como gobernante local de colonos patrimoniales y súbditos políticos, y en la formalización de la herencia de un feudo mediante el “vasallaje”, que constituye un antecedente importante del contrato de hombres libres en la sociedad de mercado.

Los parlamentos medievales eran las instituciones representantes y garantes de las leyes tradicionales de la aristocracia militar terrateniente, de "auxilio y concilio", que regulaban el contrato de propiedad y autoridad, de señorío y servidumbre en toda la escala jerárquica de la organización feudal, desde el campesino hasta el Emperador. En la sociedad feudal europea, dentro de cada reino particular se desarrolló un sistema de estamentos o estados generales que organizaban en una asamblea tripartita a los representantes de las corporaciones estamentales (asociaciones de sangre y profesionales) de la nobleza, el clero y, posteriormente, el "tercer estado": los burgueses, representantes de las ciudades como sectores o clases distintos del sistema político feudal, esto es, corporaciones fundadas en principios de afinidad ocupacional y gremial, y no en los principios guerreros de la “sangre”.

Figura V. Procesos de dominación política

3. El estado nación

El arreglo institucional y normativo societal (macro) en las sociedades modernas, aparece bajo la figura del estado-nación entendido como la institución de las instituciones. El arreglo constitucional del estado de derecho racional-legal formaliza las reglas y orientaciones a las que habrán de sujetarse las reglamentaciones específicas y los fines inmediatos de la acción social y política. El conjunto de los individuos y las instituciones adquieren una existencia formal ya que son reconocidos legalmente por el poder constituido; de la misma manera, los individuos y las instituciones en sus acciones reales de acuerdo a las reglas establecidas, construyen el reconocimiento necesario de la autoridad gubernamental, que se organiza como estructura burocrática garante de toda relación contractual o aparato de estado que impone el apego al derecho y a los objetivos manifiestos mediante la expropiación y el monopolio de la violencia legítima, cuyo uso por parte de la autoridad aparece siempre como recurso legítimo, excepcional y extremo. Todo interés es particular (privado) frente a la asociación de todas las asociaciones, el estado, entendido como el acuerdo político general representante del interés común, nacional, formalizado en el orden jurídico constitucional.¹⁶

La nación es una idea de comunidad compartida por una población delimitada en un territorio específico, un idioma y una religión comunes, una historia imaginada (símbolos comunes) y una forma de gobierno reconocida, independientemente de la forma en cómo se hubiera constituido: por la fuerza, la costumbre y/o el convencimiento. Estos elementos constituyen el ambiente cultural o ideológico del poder instituido a escala nacional. Esta idea ha sido válida por lo menos desde la secuencia de acuerdos (equilibrios de fuerzas) que configuraron un sistema de naciones en la Europa continental a partir de la llamada “paz de Westfalia” en 1648, construyéndose una arquitectura mediante la cual las sociedades modernas se convierten en sociedades individuales y delimitadas las unas respecto de las otras. Estos límites externos permiten que en cada una de estas unidades territoriales se construya un espacio interno subdividido en categorías sociales o identidades colectivas (clases, estamentos, grupos religiosos, étnicos, sexuales, profesionales, comunitarios) y en sistemas organizados de acciones individuales y colectivas en los ámbitos económico, político, cultural y social.

Sin embargo puede haber naciones sin estado, bien por no conseguir nunca la soberanía estatal, bien porque la hayan perdido y formen parte de sociedades plurales complejas surgidas como resultado de la derrota militar, la conquista y la explotación colonial. Esto supone un conflicto entre la lealtad a la nación intermedia y la vinculación obligatoria al estado nacional (multinacional) al que está subordinada. También la competencia de identidades étnicas con lealtades de clase, partidistas o de ideologías políticas, y de género o preferencia sexual. Así, los arreglos estructurales existentes en la propia sociedad formalizan la relación de fuerzas entre estas lealtades enfrentadas. La homogeneidad interna de este conjunto de componentes es fundamentalmente una creación del control estatal, que se ejerce sobre una unidad territorial en donde todo tipo de práctica social aparece contenido en la sociedad nacional: “economía, lengua, literatura, historia... nacionales”.¹⁷

Hasta antes del capitalismo los mercados eran locales y regionales, y sólo con el desarrollo de las sociedades marítimas en el Mediterráneo se comienzan a vislumbrar las grandes transformaciones que implicaba el crecimiento del comercio por encima de las localidades y regiones. El cambio crucial se da a partir de que la producción manufacturera e industrial se generaliza como hegemónica con el surgimiento de los mercados nacionales en Europa, con la generalización del trabajo asalariado, y con el paso de la propiedad condicionada, comunal o aristocrática, basada en las reglas del parentesco y la sangre, a la propiedad privada sujeta a un contrato civil, de acuerdo a las leyes racionales del mercado de la propiedad comercial.¹⁸

Estas circunstancias favorecieron la aparición de una burocracia moderna en Europa occidental. El desarrollo de una economía monetaria determinó, en los gobiernos nacionales, la existencia correlativa de un sistema estable de tributación y una organización burocrática de gobierno, que es lo que Weber llamó la dominación “legal-racional”, característica de las sociedades capitalistas con economías de mercado, en donde el cuadro administrativo estatal asegura la continuidad en los asuntos oficiales, delimitando la autoridad mediante reglas estipuladas, con supervisión de su ejercicio, con una separación entre el cargo y el titular nombrado sobre base de contrato y aptitudes técnicas, y con un soporte documental para los trámites oficiales.¹⁹

Estas condiciones establecen el atributo central de la burocracia, la idea de calculabilidad: en una administración gobernada por reglas, las decisiones deben ser predecibles si las reglas se conocen, son universales, y eliminan la práctica de decidir en cada caso concreto. Tiene tan particular importancia para el análisis político el desarrollo del cuadro administrativo, que se afirma que la lucha por el poder en el estado moderno puede conducir a cambios en el control sobre el aparato burocrático, pero no a su destrucción.

Los entramados institucionales nacionales constituyen entonces el marco general en el que se realizan las acciones de los intereses políticos en contienda por prevalecer y participar en las decisiones políticas sobre las asignaciones obligatorias de valores para una sociedad. Las decisiones políticas se dan dentro de entramados institucionales que recogen y jerarquizan las demandas sociales, procesan el conflicto y establecen asignaciones obligatorias o políticas públicas. Se trata de un proceso de retroalimentación mediante el cual se fortalecen y recomponen las relaciones formales e informales básicas, para cuyo estudio la ciencia política construye modelos, escalas de grados y tipologías complejas de los sistemas de acción política a partir de una serie de indicadores susceptibles de comparación y contrastación empírica. El estudio de los procesos de decisión política requiere construir una escala de grados que tenga como extremos ideales la democracia (todos deciden) y la autocracia (uno solo decide). Es posible estudiar los grados intermedios gruesos del continuo resultante en el nivel societal, en sus rasgos más generales como versiones o modalidades de los sistemas políticos nacionales: pluralismo y autoritarismo. ²⁰

Figura VI. Sistemas y regímenes políticos nacionales

El pluralismo (sistemas de oligarquías competitivas) tiene como referencias empíricas a las democracias liberales representativas, en las que la autoridad gubernamental se constituye mediante la contienda electoral entre dos o más partidos políticos, planteándose como fines explícitos de la política las libertades individuales y públicas en lo que se refiere al comercio, la educación, y las opiniones religiosas, artísticas y políticas.²¹ El modelo político constitucional (la dominación racional-legal) es el característico de los sistemas llamados pluralistas, y supone la supremacía (soberanía) de las leyes, acordadas y pactadas por los "factores reales del poder", o sea, las fuerzas más importantes de la sociedad: las clases propietarias. Esta capacidad de legislar radica en el parlamento (poder legislativo), organizado inicialmente de manera estamental-corporativa y posteriormente en un sistema de partidos.

Las labores de gobierno (poder ejecutivo) son controladas primero por las monarquías aristocráticas, representantes de las leyes fundadoras del reino, para posteriormente quedar en manos de funcionarios civiles, primeros ministros o presidentes, que subordinan su actuación a la reglamentación y orientación generadas en el parlamento. La aplicación de la legislación referida a las relaciones entre los particulares (derecho privado), o entre los particulares y el poder político (derecho público), queda en manos de los tribunales de magistrados (poder judicial), que son funcionarios civiles electos por las comunidades o designados por los otros dos poderes.²²

Este modelo es el resultado de los procesos de construcción del pluralismo en las llamadas democracias liberales con economía de mercado en Europa occidental, las cuales se convertirán en las grandes potencias capitalistas colonizadoras del mundo, imponiendo reglas e instituciones a conveniencia. Las instituciones políticas pluralistas se construirán en combinaciones nacionales específicas de dos armados históricos teórico-constitucionales: el parlamentarismo y el presidencialismo.

Por parlamento entenderemos una asamblea o un sistema de asambleas en cuya base hay un "principio representativo", variadamente especificado, que determina los criterios de su composición. Esta o estas asambleas titulares de atribuciones formales distintas, se caracterizan todas por un común denominador: la intervención (directa o indirecta, poco o muy relevante) en la elaboración y ejecución de las elecciones políticas a fines de garantizar la correspondencia con la "voluntad general". El término "asamblea" indica una estructura colegial organizada no sobre la base de un principio jerárquico sino, por lo menos en líneas generales, sobre la base de un principio igualitario. Es decir que se trata de una estructura de tipo tendencialmente policéntrico.²³

Los sistemas parlamentarios más antiguos los encontramos en Europa occidental, en sociedades en las que la gama de opciones políticas e ideológicas se encuentran diversificadas, por lo que la representación debe de establecerse con base en el reconocimiento de las diversidades existentes, por medio de sistemas electorales que combinen los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, al tiempo que se obliga a las fuerzas políticas a establecer acuerdos duraderos que aseguren la formación de coaliciones para la creación de mayorías de gobierno. La forma típica es un gobierno de amplia coalición nombrado y controlado por mayorías parlamentarias pluripartidistas. La renuncia de miembros del gabinete o del jefe de gobierno no da lugar a crisis institucionales, sino a procesos de reconstrucción de alianzas entre las fuerzas políticas mediante procedimientos establecidos, que incluyen en última instancia la posibilidad de llamar a nuevas elecciones en el momento en que se requiera.

La representación proporcional permite que las minorías políticas comunitarias regionales y nacionales tengan presencia en el parlamento y en el gobierno. El caso británico (o “modelo Westminster”) constituye una excepción, ya que si bien el parlamento nombra y controla al gobierno, éste se constituye como de mayoría dentro de un parlamento bipartidista resultado de un sistema electoral de “mayoría relativa”, que excluye a las minorías y hace posible gobernar dentro del período establecido sin necesidad de establecer nuevas alianzas.

Figura VII. Sistemas electorales

En EUA la transición al pluralismo sigue muy de cerca el modelo inglés. Más que una revolución fue una escisión. La declaración de independencia de 1776 fue, esencialmente, una demanda del derecho de avanzar por el sendero de las libertades que ya existían en Inglaterra. A diferencia de Inglaterra, al no existir un jefe de estado hereditario con la suficiente legitimidad para representar en el imaginario popular la unidad nacional, se establece la figura presidencial que integra las funciones de jefe de estado y jefe de gobierno, electo por sufragio directo (popular) y, por lo tanto, con una representatividad propia, independiente del Parlamento pero sujeta a controles constitucionales (reelección limitada, aprobación parlamentaria del gabinete y de las políticas presupuestales, etcétera). Al igual que en Inglaterra el sistema electoral se basa en la mayoría relativa, pero el bipartidismo prevaleciente se parece más al modelo de representación oligárquico de los whigs y tories británicos²⁴ que a un sistema de partidos modernos.

Según muchos autores, no puede hablarse propiamente de partidos políticos en el caso de los EUA, sino de comités electorales cuya principal función es prestar un símbolo u operar como franquicia para que dos candidatos se enfrenten entre sí en los distritos electorales. La ausencia (o coincidencia) de definiciones (y responsabilidades) políticas de largo plazo, se combina con una homogeneidad ideológica fundamental (puritanismo, conservadurismo, pragmatismo) y un sentimiento compartido de gran potencia (identidad nacional en el american way of life). La acción política del parlamento y del gobierno no se orienta por objetivos programáticos generales (el new deal²⁵ después de la crisis de 1929 será la excepción que confirma la regla), sino por objetivos de corto plazo determinados por los grupos de interés. Esto hace que el presidente (a diferencia de otros jefes de gobierno) nunca cuente con una mayoría verdadera y confiable en el Congreso (salvo en los momentos de escaladas militares), por lo que la acción gubernamental y las alianzas parlamentarias se guían más por acuerdos específicos, que por el entendimiento duradero sobre una gama coherente de temas (coaliciones de gobierno).²⁶

El modelo presidencialista, cuyos orígenes históricos son los EUA, es adoptado fundamentalmente en aquellas sociedades cuyo tránsito a la democracia se da inscrito en la lucha por la obtención de la independencia nacional. El esfuerzo político reformador trata de asegurar la existencia de aquellas libertades políticas ya existentes en las respectivas metrópolis coloniales, combinado con la necesidad de un ejecutivo fuerte que logre mantener la unidad política nacional e integrar a los poderes locales en el contexto del poder centralizado (sobre todo por el hecho de que las demarcaciones territoriales nacionales fueron establecidas de manera arbitraria por arreglos entre las principales potencias coloniales). La ausencia de jefes de estado hereditarios o designados desde la metrópoli obliga a que la figura presidencial integre en un solo individuo las funciones de jefe de estado y jefe de gobierno, con el consiguiente predominio del ejecutivo sobre el parlamento y el poder judicial.

En la mayor parte de las naciones que logran su independencia después de la segunda guerra mundial, el fortalecimiento del ejecutivo se refuerza aún más por el predominio, en las nuevas élites dirigentes, de versiones autóctonas de ideologías nacionalistas, socialistas y confesionales, que provocan modelos de organización política concentrados, jerárquicos, monopólicos y tendencialmente autoritarios, con sistemas de partidos que se mueven entre el partido único, el hegemónico y predominante.²⁷

En la tipología de los sistemas políticos, se llaman autoritarios (sistemas de oligarquías no competitivas) aquellos regímenes en los que la competencia política no existe de manera explícita, a no ser bajo la forma de contiendas individuales o grupales subterráneas por captar los favores y la complicidad del grupo o partido gobernante, y en los que, minimizando la coordenada de la competencia política, se privilegia el aspecto del mando, concentrando el poder político en un hombre o en un solo partido, y restando valor a las instituciones representativas en las que se construye el consenso. De ahí la reducción a la mínima expresión de la oposición y la autonomía de los subsistemas políticos y la anulación o virtual eliminación del contenido de los procedimientos y de las instituciones destinadas a transmitir la autoridad política desde la base hasta lo alto. La oposición política está suprimida o invalidada; el pluralismo de los partidos, prohibido o reducido a un simulacro sin incidencia real; la autonomía de los demás grupos políticamente relevantes, destruida o tolerada mientras no perturbe la posición de poder del jefe o de la élite gobernante.²⁸

Las principales referencias empíricas de los sistemas autoritarios son los absolutismos, las dictaduras militares, las dictaduras de un solo partido, y los regímenes de partido dominante. Son sistemas políticos con un pluralismo político limitado y no responsable; sin una ideología elaborada y propulsiva (con características de mentalidad); sin una movilización política intensa o basta (excepto en algunos momentos de su desarrollo); y en los que un jefe y un pequeño grupo ejerce el poder dentro de límites que formalmente están mal definidos pero que de hecho son previsibles (reglas informales). Los sistemas autoritarios se caracterizan por la ausencia del parlamento y de elecciones populares o, cuando estas instituciones quedan con vida, por su reducción a meros procedimientos ceremoniales por el indiscutible predominio del vértice ejecutivo. Se distinguen también por la falta de libertad de los subsistemas, tanto formal como efectiva, que es típica del pluralismo.²⁹

Finalmente la situación extrema en el totalitarismo (sistemas de hegemonía cerrada), que es una forma de dominio radicalmente nueva, porque no se limita a destruir las capacidades políticas del hombre aislándolo de la vida política, como lo hacían las viejas tiranías y los viejos despotismos, sino porque tiende a destruir también los grupos y las instituciones que constituyen la urdidumbre de las relaciones privadas del hombre, sacándolo de este modo del mundo y privándolo hasta de su propio yo.³⁰ El concepto de totalitarismo designa cierto modo extremo de hacer política en el polo autoritario más que una cierta organización institucional, un cierto régimen; este modo extremo de hacer política que penetra y moviliza a toda la sociedad por entero destruyendo su autonomía, se encarnó en dos regímenes políticos únicos temporalmente circunscritos: el nazi-fascismo y el comunismo-estalinismo. El concepto de totalitarismo tiene un valor limitado en el análisis comparado de los sistemas políticos aunque es, sin embargo, un concepto importante del que no se puede ni debe prescindir porque denota una experiencia política real, nueva y de gran relieve, que dejó una huella indeleble en la historia y en la conciencia de los hombres del siglo XX.³¹

En el resto del mundo fuera de las metrópolis capitalistas, las transiciones hacia las instituciones del mercado y del estado-nación han seguido derroteros muy diversos que incluyen construcciones de sistemas autoritarios corporativos en dictaduras unipartidistas, militares, religiosas. Por otra parte, los procesos de tránsito combinan características locales, regionales, nacionales e internacionales que requieren arreglos constitucionales singulares de acuerdo a los elementos específicos en juego de orden histórico, cultural, político e ideológico. Las constituciones pueden ser federalistas o unitarias, escritas o no, incluir o no los derechos económicos y sociales, el referendo y el plebiscito, con legislatura unicameral o bicameral, con procedimientos para revisar la constitucionalidad de las leyes elaboradas por la legislatura, con sistemas electorales de mayoría y/o de representación proporcional, entre otras opciones institucionales. En la mayoría de los países del mundo los arreglos constitucionales del pluralismo son combinaciones específicas de dos grandes modelos de organización de la representación política y conformación de mayorías (formas de gobierno): los regímenes parlamentarios y los regímenes presidencialistas.

4. Ciudadanía y sociedad civil

El triunfo de la sociedad nacional como modelo de organización social, supone el establecimiento de un acuerdo o equilibrio que limita los conflictos entre las categorías sociales a partir de la imposición política de las mismas reglas y las mismas formas de vida para todos. Este equilibrio impuesto es resultado del proceso histórico que en los estados nacionales lleva de la configuración autocrática del poder político al modelo pluralista de las llamadas democracias liberales occidentales, y que en el nivel de la población constituida nacionalmente marca el paso en los individuos de la condición de súbditos a la de ciudadanos, esto es, de los privilegios a los derechos. Al cancelarse las diferencias en el plano formal-jurídico, se establece el principio de ciudadanía como prerrogativa de tener los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones.

El proceso de construcción de los derechos ciudadanos inicia propiamente en el siglo XVIII europeo con la obtención de los derechos civiles: derechos individuales de libertad, igualdad, propiedad, de libre desplazamiento, a la vida, a la seguridad, etcétera. Para la plena realización de estos derechos, la ilustración liberal exigía la existencia de un estado mínimo, así como la posibilidad de control y de responsabilidad (accountability) de la autoridad política.

En el siglo XIX se obtienen los derechos políticos: libertad de asociación y de reunión, de organización política y sindical, participación política y electoral, sufragio universal. Estos derechos constituyen la agenda republicana que se refiere a la participación ciudadana en el poder y la gestión dentro de la vigencia plena de la legalidad, y a la responsabilidad política en la formación cívica (escuela pública y servicio militar obligatorio).

El siglo XX será el escenario de los derechos sociales: al trabajo, a la salud, a la educación, a la jubilación, al seguro de paro o desempleo, a la garantía de acceso a los medios de vida y al bienestar social. El reconocimiento de los derechos sociales implicó que fueran las instituciones públicas las encargadas de satisfacerlos, esto es, demandarían la presencia de un estado fuerte para poder realizarse.³²

La obtención de los derechos civiles, políticos y sociales establece dos dimensiones de la ciudadanía: los derechos individuales del hombre privado (lo civil) y la participación política del hombre público (lo cívico). La primera se refiere al campo de las relaciones de los individuos entre sí en donde establecen acuerdos bilaterales bajo el principio de reciprocidad, y cuyas instituciones fundamentales son la propiedad y el contrato. La segunda dimensión hace referencia a las reglas y orientaciones a las que habrán de sujetarse tanto las reglamentaciones privadas específicas como los fines inmediatos de la acción política, y que aparecen como normas obligatorias (leyes) que son impuestas por la autoridad política, y reforzadas constantemente por la coacción que la autoridad ejerce de manera exclusiva.

De aquí se derivan dos órdenes normativos: el derecho privado y el derecho público. Ambas dimensiones de la ciudadanía y los órdenes normativos que a ellas corresponden, establecen las fronteras entre los dos componentes generales de la unidad nacional: por una parte la sociedad, esto es, el conjunto de las instituciones económicas y sociales que organizan a la población dentro de las relaciones de mercado, y por la otra el estado, entendido como el conjunto de instituciones políticas que aseguran la realización de las funciones de gobierno.

Figura VIII. Espacios institucionales públicos y privados

Sin embargo las fronteras ideales entre la sociedad y el estado rápidamente son desdibujadas por la emergencia de dos procesos históricos que actúan simultáneamente en el ámbito nacional: por una parte, el crecimiento de la estructura burocrática o aparato de estado que –al monopolizar la violencia institucional- progresivamente invade espacios cada vez más amplios de la vida social, sometiéndolos a una lógica de la acción política marcada por principios como la “responsabilidad”, la “calculabilidad”, la “anticipación”, la “razón de estado”, que permitieron un aumento en la especialización de la dinámica y la gestión políticas, pero que también excluían al resto de la población del conocimiento de los asuntos que necesariamente los afectaban.

Por la otra parte, la formación de las nuevas élites ilustradas que acompañan el desarrollo del mercado, la industrialización y la urbanización, dio lugar a nuevo espacio de crítica global al poder estatal por parte de las vanguardias ilustradas excluidas de todo ejercicio político. Este espacio de opinión “pública”, surgido en la Francia de la segunda mitad del siglo XVIII, puede definirse como “un público, o una multiplicidad de públicos, cuyos difusos estados mentales (de opinión) se interrelacionan con corrientes de información referentes a la res pública”.³³

La crítica del racionalismo ilustrado y de una opinión “pública” expresada en la difusión de las ideas por medio de publicaciones (libros, folletos y formas incipientes de prensa escrita) y la discusión en foros inicialmente privados (los “salones”), y después paulatinamente “públicos” (calles y plazas), marca el surgimiento de un nuevo espacio intermedio entre la sociedad y el estado que los teóricos de la Ilustración denominarán la “sociedad civil”, a la que consideran una realidad “anterior” al estado, en la que hay diversas formas de asociación que los individuos forman entre sí para satisfacer sus más diversos intereses y sobre los cuales el estado se sobrepone para regularlas, pero sin obstaculizar su desarrollo ni impedir su renovación constante.³⁴

Durante los siglos XIX y XX, y conforme los conflictos de clase cobran importancia en los ámbitos nacionales, la noción de sociedad civil se va refiriendo cada vez más al lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos. Los sujetos de estos conflictos, y por tanto de la sociedad civil, precisamente en cuanto contrapuesta al estado, son las clases sociales, o más específicamente, los grupos, los movimientos, las asociaciones, las organizaciones que las representan o que se declaran sus representantes.³⁵

Estas organizaciones o asociaciones se constituyen mediante un acuerdo para la solución de demandas económicas, culturales o políticas comunes de una colectividad específica (sindicatos, iglesias, comunidades, organizaciones empresariales, partidos políticos, etc.), y que se enfrentan a otras asociaciones en disputa de un mercado limitado (local, regional, sectorial, nacional) en donde se negocian e intercambian bienes de naturaleza diversa ubicados entre la economía y la política, como pueden ser los salarios, la ocupación, las inversiones, las facilidades de crédito, etcétera, y también la lealtad política, el consenso democrático o sencillamente la detención del disenso activo, el aplazamiento de sanciones. Toda transacción se expresa en arreglos o acuerdos o contratos de diferente tipo que son reglamentaciones –en cuanto a duración, jurisdicción y obligatoriedad- de los costos diferenciados a pagar por cada parte en connivencia, y constituyen la red institucional que integra el conjunto de relaciones de las asociaciones entre sí y con el estado.³⁶

La diferenciación entre la sociedad civil (organizaciones, asociaciones y corporaciones sociales) y el estado (partidos, parlamento y gobierno) implica que el conjunto de los individuos y las instituciones privadas adquieran una existencia formal ya que son reconocidos legalmente por el poder constituido. Pero de la misma manera, los individuos y las colectividades en sus acciones prácticas de acuerdo a las reglas establecidas, construyen el reconocimiento necesario de la autoridad gubernamental. De esta manera, el sistema político en su conjunto adquiere legitimidad.

Esto permite entender el problema de la gobernabilidad. Una sociedad se vuelve más ingobernable cuanto más aumentan las demandas (input) de la sociedad civil y no aumenta paralelamente la capacidad de las instituciones para responder (output) a ellas. La ingobernabilidad produce crisis de legitimidad. Cuando esto sucede, la sociedad civil es la sede donde se forman, especialmente en los periodos de crisis institucional, los poderes que tienden a obtener su legitimidad incluso en detrimento de los poderes legítimos, donde, en otras palabras, se desarrollan los procesos de deslegitimación y relegitimación.³⁷

Con la diferenciación entre la sociedad civil y el estado, lo público adquirirá una de sus connotaciones modernas: lo público como poder del estado que reclama la libertad de sustraerse a la publicidad (visibilidad) en la decisión política y el secreto de estado. El poder político encarna lo que es común, pero no abierto y manifiesto. El surgimiento de la “opinión pública” como resultado de la crítica del racionalismo ilustrado comenzó a trastocar estos límites entre lo privado y lo público. La esfera pública aparece como monopolio de un poder personalizado, autocrático, que mantiene un control excluyente del aparato gubernamental, y por lo tanto, sus decisiones escapan al escrutinio de los demás. Frente a esta política excluyente, el “interés público” aparecerá como la voz “desde abajo” que desafía las pretensiones del gobierno autocrático, dándose un paulatino acercamiento de lo público a lo social.³⁸

Lo público como asunto de “un público” (particulares reunidos en calidad de público) seguirá diferentes caminos en la Europa del siglo XVIII. En el caso inglés, la temprana adopción del parlamento en sentido moderno, el desarrollo de la prensa y la conquista de varios elementos del estado de derecho, hacen que la voz de ese público se traduzca primero en una opinión pública que controla, cuestiona y se enfrenta a las medidas de gobierno, y que más tarde lo hace en las asambleas públicas y por medio de asociaciones políticas locales que otorgarán una base más amplia y fuerte a los partidos como representantes del público. En el caso francés, el público se desarrolla en los ámbitos literarios y en el “secreto” protegido de la censura y el control estatales. Será hasta la revolución francesa cuando se intente dar forma institucional a la voz de ese público.

La aparición de la opinión pública ilustrada hizo posible la creación de un nuevo “espacio” o lugar para la selección, presentación y tratamiento de un conjunto de problemas comunes a todos, determinado por el principio básico de publicidad y, de esta manera, vuelto “público”, visible, manifiesto, y que necesariamente ponía de relieve una cierta idea de lo que podía significar “racionalizar” el poder político por medio de la argumentación pública y la discusión racional desplegada sobre la base de la libertad formal y la igualdad de derechos.³⁹

El desarrollo de las sociedades industriales significó un nuevo trastocamiento de los límites entre lo privado y lo público, dando lugar a dos procesos paralelos. Por una parte, la publicitación de lo privado, esto es, la progresiva intervención de los poderes públicos en la regulación de la economía y, por lo tanto, la ampliación de las funciones interventoras del estado en ámbitos sociales tradicionalmente considerados privados. Por otra parte, la privatización de lo público, o reaparición de las relaciones de tipo contractual, características del mundo de las relaciones privadas, en el nivel superior de las relaciones políticamente relevantes, por lo menos bajo tres formas: en las relaciones de las grandes organizaciones sindicales para la formación y renovación de los contratos colectivos; en las relaciones entre partidos políticos para la formación de las coaliciones de gobierno; y en la penetración de grandes organizaciones de origen “privado” en el ámbito estatal con la consecuente traslación de competencias públicas a esferas privadas.⁴⁰

La existencia de las relaciones contractuales modifica las relaciones de jerarquía entre ley y contrato. Sin embargo los contratos colectivos con respecto a las relaciones sindicales, las coaliciones de gobierno con respecto a las relaciones entre partidos políticos, y los grandes acuerdos corporativos en la planificación económica nacional, han sido elementos decisivos para la vida del estado contemporáneo, particularmente con el desarrollo, durante el siglo XX y hasta finales de la década de los años setenta, del llamado estado de bienestar o estado social, que implicó el fortalecimiento del gobierno político administrativo y la crisis del parlamentarismo. El no aportar información para el debate y el control públicos ya no se sustenta en una abstracta razón de estado, sino en la urgencia de tomar decisiones, en la autonomía de ciertas instancias de gobierno y en el monopolio técnico.

El reconocimiento de los derechos sociales implicó que fueran instituciones las encargadas de garantizarlos y satisfacerlos, abriendo formalmente al público lugares y servicios antes exclusivos de algunos grupos (salud, educación, vivienda, etcétera).

Esto hace más complejos los entramados institucionales que recogen y jerarquizan las demandas sociales, procesan el conflicto y establecen asignaciones obligatorias de políticas públicas. Se trata de un proceso de retroalimentación mediante el cual se fortalecen y recomponen las relaciones formales e informales básicas, de las cuales destacan las siguientes: la cantidad y calidad de las libertades políticas y garantías institucionales alcanzadas; las condiciones y reglas de la competencia y el debate político; la participación y representación ciudadana en las decisiones políticas en todos los niveles institucionales de la sociedad; y las políticas gubernamentales orientadas a compensar e igualar tendencialmente la distribución de bienes y oportunidades a la población. dentro de los dos primeros grupos de indicadores suponen procesos o avances

Los cambios positivos dentro de los dos primeros grupos de indicadores suponen avances en la democratización política, mientras que los cambios positivos en los dos últimos indicadores suponen avances en la democratización social. Y también implican la existencia de una sociedad civil fuerte y participativa. En contraparte, los cambios negativos en cualquiera de los indicadores marcan una tendencia regresiva hacia modalidades autocráticas, dentro de las cuales la existencia misma de la sociedad civil queda puesta en entredicho, aun y cuando, en situaciones de debilidad extrema, la sociedad civil sigue siendo el lugar donde se manifiestan todas las instancias de cambio de las relaciones de dominio, se forman los grupos que luchan por la emancipación del poder político, y adquieren fuerza los llamados contrapoderes.

5. Partidos políticos y corporaciones sociales

Al institucionalizarse el intercambio entre los individuos, las colectividades y el gobierno, se vuelve intermediación a cargo de grupos profesionales, especialistas en la gestión-dirección de las organizaciones, que suplantan a éstas en la negociación y establecen una asignación diferenciada del costo-beneficio. La intermediación cumple dos funciones centrales: 1) la representación (entrada), un arreglo para comunicar y transformar las preferencias de los miembros en demandas sobre otros; y 2) el control (salida), un arreglo para supervisar e influir el comportamiento subsiguiente involucrado en la realización de tales demandas. Los mecanismos de intercambio funcionan como canales de legitimación, y por consiguiente de integración social, tanto respecto del sistema político en general, que de los diversos gobiernos. La legitimación se obtiene a través de la existencia misma de las asociaciones de interés como organizaciones permanentes con reglas aceptadas de decisión y elección de cuerpos especializados de representación y control social.⁴¹

Los intereses concurrentes, para mantener e incrementar los valores en intercambio, deben establecer un equilibrio relativo y transitorio (impuesto) que haga posible un cálculo (conjura) para la obtención de beneficios por medio de una transacción en la que cada una de las partes contendientes acepta una satisfacción parcial (pospone la solución total) de sus demandas con base en su percepción de: 1) la composición y distribución de los valores en intercambio; 2) las perdidas y ganancias resultantes de una escalada del conflicto, y 3) la cantidad y calidad de los recursos en posibilidades de usarse por parte de los contendientes. La relación de fuerza es la base de toda transacción, y se expresa en arreglos o acuerdos de diferente tipo que son reglamentaciones –en cuanto a duración, jurisdicción y obligatoriedad- de los costos diferenciados a pagar por cada parte en connivencia. Los acuerdos entre asociaciones privadas constituyen contratos privados, sólo atañen a los afectados, y están garantizados por las leyes de observancia general que regulan y constituyen la red institucional que integra el conjunto de relaciones de las asociaciones entre sí y con el estado.

En su acepción general representar significa sustituir, actuar en lugar de, en nombre de alguien; cuidar los intereses de alguien; reproducir, reflejar las características de alguien o algo; evocar simbólicamente a alguien o algo; personificar. Tomado en su significado político, lo debemos diferenciar en dos grandes grupos: 1) como representación por delegación: ejecutor, carente de iniciativa y de autonomía, y dependiente de las instrucciones de sus representados. Se conoce con el nombre de "mandato imperativo", tiene un origen medieval y muchas de las constituciones modernas lo prohíben explícitamente. Algunos autores lo denominan también como la "representación-espejo" o representatividad sociológica o corporativa, ya que refleja puntualmente los intereses específicos de sectores particulares de la población: profesionales, confesionales, étnicos y sexuales; 2) como representación autónoma, fiduciaria, y supone que la única guía para su acción es el "interés" de sus representados tal y como es percibido por él, al servicio del "bien general" o "interés nacional" y no del simple "querer" y los "prejuicios" locales. En las sociedades contemporáneas se reconocen dos tipos de representación: la representación de intereses con mandato imperativo ejercida a través de las organizaciones sociales, profesionales, religiosas, étnicas, sexuales, etc., y la representación política o fiduciaria, que se ejerce de manera principal a través de los partidos políticos.⁴²

Tanto los partidos políticos como las corporaciones sociales son organizaciones o instituciones que median entre los individuos y las colectividades, cumpliendo la función de seleccionar, agregar y transmitir las demandas sociales, pero que establecen diferencias en cuanto a su composición interna, los objetivos perseguidos y los procedimientos para lograrlos. Los partidos políticos se proponen la construcción de decisiones políticas de consecuencias obligatorias y generales, con carácter de ley; las organizaciones sociales pretenden inicialmente la consecución de acuerdos locales, regionales e incluso nacionales, pero sólo de carácter sectorial, y en este sentido, privados, contractuales. En la sociedad contemporánea no es posible encontrar ninguno de los dos extremos: ni un sistema de intermediación totalmente "pluralista", ni uno totalmente "corporativista". Lo que encontramos son combinaciones históricas específicas de ambos en los ámbitos regionales, sectoriales, nacionales, internacionales.⁴³

El desarrollo y complejidad de los sistemas de intermediación en las sociedades altamente complejas y diferenciadas contemporáneas, ha provocado que el consenso, como integración social de las expectativas y como base de la legitimidad de las instituciones, ya no se funda en las convicciones comunes de los ciudadanos, sino que aparece "economizado" por las instituciones y asumido como "disponibilidad" a aceptar las decisiones vinculantes, sin particulares motivaciones. No se basa en la concurrencia activa de los implicados, sino en la aceptación pasiva de reglas y en la exclusión formal.⁴⁴

Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos, ideológicas, que se presentan como voluntades autónomas encarnadas en la igualdad ciudadana, las libertades públicas y el principio de mayoría para la obtención del acuerdo; son las asociaciones características de representación de los ciudadanos en los sistemas políticos pluralistas y liberales apoyados en la concurrencia privada, la libre asociación y el principio de mayoría (relativa, absoluta, calificada o derecho de minoría) para la toma de decisiones.

Las relaciones entre los partidos políticos y la sociedad civil son contradictorias ya que “tienen un pie en la sociedad civil y el otro en las instituciones políticas”,⁴⁵ y pueden ser entendidos “como agrupaciones que en concreto median entre los grupos (de interés) de una sociedad y el estado, que participan en la lucha por el poder (dominio) político y en la formación de la voluntad política del pueblo”,⁴⁶ y que en la práctica se comportan como instituciones pro-estatales. Orientados hacia la lucha por el poder, los partidos acaban asumiendo las “razones de estado”, pues su centro estratégico no se sitúa en el interior de la sociedad civil que pretenden representar, sino en el modelo de estado que pretenden conservar o cambiar” (sociedad política).⁴⁷

Figura IX. Organizaciones políticas y sociales en las sociedades industriales

Las corporaciones sociales son las organizaciones profesionales de las categorías económicas particulares dentro de la diferenciación estructural del trabajo social (asociaciones obreras, patronales, campesinas, religiosas, comunitarias), con posibilidad por tanto de establecer acuerdos sectoriales bajo la regla de la unanimidad negociada. Atienden más a un interés gremial (sectorial), y a una mayor intervención del estado en la regulación de los intercambios (estado de bienestar), que alcanza su nivel extremo en los sistemas corporativos de partido único.

En los países capitalistas industriales el sistema de intereses o de representación corporativa en el plano nacional (sociedad civil) ha funcionado a través del acuerdo “corporatista" entre los sindicatos, el patronato y el estado, en el que los tres actores se declaran positivamente interesados en intercambiarse favores y concesiones con la intención de una gestión casi gremial del desarrollo, asignando al estado el papel de garante de las reglas del juego y promotor de políticas sociales compensatorias (estado de bienestar). En un acuerdo mínimo, los tres actores admiten la necesidad negativa de no alterar los términos de su relación de fuerzas, debilitando demasiado una de las contrapartes y haciendo peligrar la resistencia global del sistema. El sistema funciona como un doble intercambio de influencias: de las asociaciones hacia el estado y del estado hacia las asociaciones a partir de dos características fundamentales: macro-organización de los intereses sociales y escena global de negociaciones. ⁴⁸

En la forma pluralista del “estado benefactor” los acuerdos corporativos -llamados “corporativismo social o neo corporatismo”- han sido en su mayor parte la salida no intencionada a una serie de conflictos de intereses y de crisis políticas en las que ninguno de los representantes involucrados de los grupos y de las clases sociales y del estado fue capaz de imponer sus preferencias a los demás. Comenzaron como compromisos secundarios, satisfactorios y no óptimos, que nadie realmente quería ni defendía abiertamente. La base estructural del corporativismo reside en ese nivel intermedio de los acuerdos por conveniencias mutuas entre representantes de las asociaciones de intereses y representantes del estado. Ambos tienen algo que ofrecer al otro, que no podrían obtener por si mismos. Ambos tienen también algo que temer del otro. Las organizaciones de intereses tienen la capacidad de conseguir la conformidad de sus miembros hacia aspectos específicos de las políticas públicas. Pero tienen que temer la cooptación: el transformarse en receptores dependientes de los favores públicos y agentes pasivos de la política del gobierno.⁴⁹

La manera como las organizaciones sociales se integran en los regímenes autoritarios, ha sido llamada tradicionalmente “corporativismo de estado”, donde la existencia de las organizaciones depende del reconocimiento por el poder político que las subordina y les asigna un monopolio condicionado de la representación y de los controles sobre la selección del liderazgo y la articulación de intereses.⁵⁰

6. Viejos y nuevos actores en el escenario global

Desde los orígenes de un verdadero sistema de estados en los acuerdos europeos de 1648, la política estatal –fuese por medio de conflictos armados, negociaciones o ambas vías- apuntaba, ante todo, a trazar y conservar (garantizar “internacionalmente”) las fronteras que separaban y encerraban el territorio de soberanía legislativa y ejecutiva de cada uno de aquellos. La imagen del “orden global” se reducía a la suma de órdenes locales, cada uno de ellos sostenido por el eficaz poder de policía de un solo estado territorial. La consolidación del sistema de estados nación no fue un proceso uniforme, ni afectó a cada país y a cada región de forma similar: desde el inicio, este proceso implicó grandes costos para la autonomía e independencia de muchas colectividades, especialmente en los estados menores y en las civilizaciones extraeuropeas, en donde el dominio de un estado sobre un territorio se volvió dominio colonial sobre otras sociedades.

Este modelo de equilibrio de los estados nación europeos funcionó hasta 1945, cuando la formación del bloque soviético dio lugar al modelo bipolar. Durante casi medio siglo XX y hasta 1990, sobre ese mundo parcelado por los estados soberanos se superpusieron dos bloques de poder. Ambos promovieron un grado de coordinación creciente entre los órdenes administrados por los estados basado en la hipótesis de la insuficiencia militar, económica y cultural de cada uno por separado. Se promovió así un principio nuevo –en la práctica política antes que en la teoría- de integración supraestatal. La escena global se convertía en el teatro de la coexistencia y la competencia entre grupos de estados, en lugar de entre todos estos.⁵¹

En el bloque capitalista liderado por EUA los acuerdos de Bretton Woods en 1944 en cuanto a los tipos de cambio fijos, el patrón oro de equivalencia universal y la creación de organismos financieros multilaterales para financiar la libre circulación de capitales (Fondo Monetario Internacional) y el fomento del desarrollo a través de préstamos a las economías pobres (Banco Mundial), funcionaron como reglas comunes en la internacionalización de las relaciones de mercado hasta inicios de los años setenta, cuando EUA, para compensar su rezago productivo manufacturero frente a Europa y Japón, así como su déficit comercial, fiscal y de deuda externa, abandona el patrón oro, convierte al dólar en el único medio internacional de cambio y hace crecer artificialmente el mercado de divisas, al incrementar el circulante monetario con la emisión de dólares destinados a la especulación monetaria y no a la inversión productiva, con lo que se ejerce presión en los tipos de cambio, se promueve la baja del dólar y el alza de las monedas europeas y japonesa, recuperando artificialmente competitividad mundial las manufacturas estadounidenses.

Esta situación provocó un aumento considerable de los intercambios de divisas en el mundo, la mayor parte de las cuales no corresponden a ningún intercambio real de mercancías, sino a la búsqueda de beneficios financieros inmediatos. Los movimientos especulativos provocan una gran inestabilidad del sistema monetario y causan una sucesión de graves y contagiosas crisis económicas, que arruinan en pocos días el esfuerzo de naciones enteras. La primera de estas grandes crisis aparece a principios de 1980 en dos cuestiones cruciales: el aumento de los precios del petróleo, y los ajustes de la política monetaria y fiscal en las metrópolis industriales, en los inicios de la estrategia neoliberal para frenar la explosión inflacionaria resultado de las políticas gubernamentales de expansión del gasto público (déficit presupuestal) para la estimulación de la demanda.

El resultado inmediato fue el aumento de las tasas de interés hasta niveles de castigo, y la cancelación de las fuentes de financiamiento externo. Las consecuencias para los países latinoamericanos –particularmente México- los países socialistas de Europa oriental, los países árabes y africanos, que durante la década de los setenta habían mantenido la expansión de las inversiones públicas y las políticas de fomento a la exportación mediante grandes préstamos de la banca internacional a tasas bajas, fueron devastadoras, frenándose por completo el crecimiento.^{52 53}

Figura X. Extremos teóricos en las transiciones desde las sociedades coloniales hacia el capitalismo periférico

Para el estado-nación una primera consecuencia fue la pérdida de un amplio espectro de controles, formales e informales, sobre las fronteras que anteriormente habían servido para restringir la circulación de bienes y servicios, equipo productivo y tecnología, y el intercambio cultural y de ideas. El resultado es la disminución de la capacidad del estado para controlar las actividades dentro y a través de sus fronteras. El impacto del flujo del capital privado a través de las fronteras puso en peligro las medidas antiinflacionarias, las tasas de cambio, la política impositiva y otras disposiciones gubernamentales.⁵⁴

A partir de los años setenta, las economías nacionales se han visto minadas por la extensión de empresas multinacionales capaces de organizar el flujo de información, capital, tecnología y capacidad manufacturera a través de las fronteras. Ya no existen empresarios, financieros, firmas, industrias y economías inmóviles en el espacio a los que se pueda regular, administrar y hacer pagar con fines nacionales. La obligatoriedad sólo se aplica a los individuos y no a las corporaciones económicas, las que operan en un espacio global donde no se han encontrado los sustitutos supranacionales de la administración nacional, aún y cuando la autosuficiencia militar, económica y cultural, incluso la sustentabilidad del estado, estén lejos, en muchas partes del planeta, de ser una perspectiva viable. Para ganar la confianza de los inversionistas, la única tarea económica que se le permite al estado, y se espera que éste cumpla, es mantener un “presupuesto equilibrado” al reprimir y controlar las presiones locales a favor de una intervención más vigorosa en la administración de los negocios y en la defensa de la población ante las consecuencias más duras de la arbitrariedad del mercado.⁵⁵

Así, con mercados financieros de gran alcance, instantáneos y de enorme volumen (en otros tiempos lo grande desplazaba a lo pequeño, ahora lo rápido desplaza a lo lento), lo que ahora le importa al capitalismo no es tanto dónde se fabrica un producto determinado como quién posee la patente. Lo que cuenta es el control de la idea, de la distribución, más que la producción. La producción se hace global distinguiéndose entre lugar de inversión, lugar de producción, lugar de declaración fiscal y lugar de residencia.

Esto es lo que algunos autores llaman la deslocalización del proceso productivo, que está en la base de la crisis del estado de bienestar, y que se manifiesta, en las metrópolis, en el aumento del paro y el aumento del gasto social para el desempleo, y en los países periféricos, en el crecimiento de mercados laborales no regulados (maquilas), así como la imposición de las políticas “desreguladoras” y “neoliberales” del consenso de Washington, el acuerdo multilateral de inversiones, el BM y el FMI.

Para finales de los años ochenta, particularmente en Latinoamérica, el modelo de desarrollo hacia dentro, de sustitución de importaciones y de estado interventor, es reemplazado por las nuevas políticas neoliberales en contra del estado “obeso” por el aumento en el gasto social y la corrupción adyacente. Estas políticas han consistido en la disminución del gasto social, la desregulación estatal, la privatización de los servicios públicos, la preeminencia del mercado, la eliminación de barreras arancelarias en países periféricos mientras que las mismas se mantienen en las metrópolis. Todo esto significa, como ya señalamos, la disminución de las funciones del estado a las de vigilancia policíaca y militar.

El resultado necesario es el aumento dramático de la polarización social, con un pequeño grupo de alta concentración del ingreso entre los que están dentro del mercado (con un consumo altamente diferenciado, cosmopolitismo de elite, movilidad territorial y en la Red) y los que están fuera de él (en situación de exclusión social, economía informal, migración forzada y delincuencia), con un estado que no regula el conflicto social y no puede establecer compensaciones diferenciadas, ya que se encuentra cada vez más al servicio de la elite, y con un aparato de justicia que sanciona la pobreza.

Al romperse los nexos que muchas asociaciones civiles tenían con el estado, y al desaparecer diversas formas de intervención estatal, la conflictividad (por ejemplo la delincuencia) tiende a crecer sin que el estado encuentre nuevas formas de amortiguar la desintegración social.⁵⁶ Esto tiene que ver con el debilitamiento del orden legal en un determinado territorio (cuyos ejemplos más dramáticos en América Latina son Colombia y México) y, por lo tanto, con el debilitamiento de la publicidad entendida como visibilidad y control, en cuanto el estado es incapaz de garantizar la dimensión pública (legal) en el territorio nacional por la aparición de zonas de violencia privada, circuitos regionales de poder virtualmente privatizados, territorios controlados por la delincuencia organizada o por movimientos sociales (EZLN, FARC).⁵⁷

El territorio urbano se convierte en el campo de batalla de una guerra continua por el espacio, que a veces estalla en disturbios en los vecindarios pobres, en los enfrentamientos multitudinarios en los espectáculos deportivos, o en la violencia homicida del narcotráfico en México. La localidad se convierte en una zona de riesgo en donde el “factor miedo” crece, proliferando los sistemas de seguridad en automóviles, casas y vecindarios, así como los mensajes de peligro emitidos por los medios de comunicación masivos.⁵⁸

El rol tradicional del estado se reduce cada vez más al control directo de ciertas categorías sociales: los pobres posmodernos redefinidos como “consumidores defectuosos”, y de modo más general, a todas las categorías sociales peligrosas (potencialmente criminales) que –al quedar excluidas de la agenda establecida por el mercado- recurren, presumiblemente, a alternativas que dicha agenda deja fuera. En cuanto al resto de la población, un espectro cada vez más amplio de opciones alternativas es considerado (explícitamente o por omisión), fuera de la incumbencia de las autoridades políticas.⁵⁹ Es el avasallamiento de los poderes económicos multinacionales en contra de las instituciones políticas y sociales que tradicionalmente habían constituido una barrera de protección para los individuos y las comunidades.

En lo que se refiere al ámbito físico, la “plaza” como delimitación de un espacio propiamente político que funciona como centro de referencia para todos, es víctima de la transformación de los espacios urbanos –donde los ocupantes de las zonas residenciales podían encontrarse cara a cara-, disminuyendo rápidamente en dimensiones y número, y los pocos que quedan tienden a ser cada vez más selectivos. Los espacios públicos tradicionales son reemplazados por espacios construidos y poseídos por entidades privadas y destinados al consumo y en donde el acceso depende de la capacidad de pagar. Los centros comerciales están construidos de manera tal que mantienen a la gente en movimiento, mirando a su alrededor, atraída y entretenida constantemente –pero en ningún caso durante mucho tiempo- por las interminables atracciones. La organización física del espacio no alienta a la gente a detenerse, mirarse, conversar, pensar, ponderar y debatir algo distinto de los objetos en exhibición, a pasar el tiempo en actividades desprovistas de valor comercial.

Esta privatización del espacio público tiene como consecuencia una disminución de la importancia de los líderes de opinión locales, aquellos que filtran, evalúan y elaboran para los demás residentes locales los mensajes que llegan desde “afuera” a través de los medios de comunicación. Para cumplir esa función, los líderes locales debían hacerse oír por la localidad, necesitaban un espacio donde los locales pudieran reunirse a hablar y escuchar. En esa ágora, las voces de los líderes locales competían con las que venían de lejos, y con su convicción eran capaces de sobreponerse a los recursos de la autoridad, debilitada por la distancia.⁶⁰

Al mismo tiempo, las antiguas formas de acción colectiva dejan de ser movimientos de liberación y crítica política para encerrarse en la defensa corporativa, afirmándose como grupos caracterizados por la lógica de los intereses económicos particulares y privados, como las organizaciones sindicales, empresariales, profesionales, comunitarias, etcétera, que se institucionalizan en campos definidos de acción, y se burocratizan con temas fijos y rígidos que no reconocen la existencia de un nuevo tipo de sociedad, intentando apropiarse de los espacios públicos en función de sus intereses particulares. A su vez, en la esfera estatal, las empresas y corporaciones estatales, aun y cuando son formalmente públicas, encuentran su lógica en la defensa de intereses particulares, económicos o sectoriales, comportándose en la práctica como organizaciones de mercado.⁶¹

La reducción de la esfera de acción de las instituciones políticas nacionales, así como el debilitamiento y burocratización de las asociaciones sociales tradicionales y su progresiva conversión en grupos de interés limitados a espacios privados, sectoriales y locales, ha implicado la emergencia de nuevos actores ciudadanos comprometidos con la construcción de organismos y movimientos no gubernamentales, no corporativos, no mercantiles y no partidarios. A diferencia de las organizaciones sociales tradicionales son privados en su origen, pero públicos en su finalidad. Estas nuevas organizaciones y movimientos no pretenden constituirse en voz única de la sociedad, sino que sus acciones construyen en los hechos nuevos espacios públicos constituidos por una pluralidad de voces organizadas como circuitos de comunicación estructurados en torno a temas que logran, como tales, especificar el abanico de lo políticamente posible, canalizar el potencial (escaso) de la atención consciente, y convocar a la formación de consensos y disensos con base en la discusión abierta de opiniones y posiciones diversas.

Los temas de debate y agrupamiento social, que forman la agenda en los nuevos espacios públicos ciudadanos, tienen que ver con la crisis del medio ambiente ante la ausencia de regulaciones contra la devastación ecológica (calentamiento global, deforestación, contaminación de ríos y mares, crisis alimentaria), en donde destacan organizaciones como Greenpeace y otros movimientos de defensa del ambiente; la salud pública en por lo menos dos cuestiones cruciales: la expansión global de las pandemias (sida, hepatitis C, gripe aviar, mal del ebola, influenza), y en las zonas de miseria extrema en el planeta afectadas por conflictos políticos y militares, en donde actúan asociaciones como Médicos Sin Fronteras; el problema de la defensa de los derechos humanos frente al atropello de los gobiernos, en donde organizaciones como Amnistía Internacional cuentan con una larga experiencia de intervención activa; el problema de las nuevas tecnologías genéticas y la disputa por los derechos de propiedad intelectual sobre los organismos vivos, que ha provocado que las organizaciones campesinas de pequeños productores agrícolas, entre las que destaca la Vía Campesina encabezada por José Bové, sean uno de los componentes más dinámicos de la actual lucha mundial en contra de las políticas neoliberales.

Otros actores históricos cuyas demandas están presentes por doquier en la opinión pública de las sociedades industrializadas desde finales de los años sesenta, son los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los miembros de las minorías sexuales. Un tema que en los últimos tiempos ha resurgido con particular dramatismo, es el de la polarización social en las metrópolis por la vía de la migración de los países periféricos a los centros desarrollados en busca de los mercados de trabajo (migración árabe y africana hacia Europa, latinoamericanos en EUA), y se refiere a realidades enfrentadas en torno a nociones como multiculturalismo, polivalencia cultural, nacionalismo cultural, fundamentalismo étnico y religioso, y en general a la relación entre culturas globales, nacionales y locales.

Figura XI. Componentes de la construcción de ciudadanía

Estos actores y voces actúan en el contexto de la revolución permanente en la información y las tecnologías de la comunicación, que para muchos ha implicado la posibilidad de revertir el modelo “panóptico” del poder moderno que, permaneciendo en la sombra, observa a sus ciudadanos sin dejarse observar por ellos. Para algunos autores esta supuesta reversión que en las sociedades modernas permite al público observar más al poder, provocada por el auge de los nuevos medios, encuentra, por lo menos las siguientes limitantes: la ampliación y extensión de bases de datos con fichas personales de todos los ciudadanos que permiten a quienes detentan el poder observar al público mucho mejor que los estados del pasado. También la “interactividad” de los nuevos medios constituye una exageración ya que la Internet y la Red no son para todos, y difícilmente serán algún día de uso universal. El resto de la población (los locales) queda relegado a la red de la televisión que es un medio unidireccional. Otra limitante de la Internet es que la mayoría de los usuarios no utiliza el instrumento para la adquisición de conocimientos e información de acuerdo a intereses intelectuales, sino que quedan atrapados en los circuitos de “entretenimiento”, por lo que la Red queda reducida a la misma función de la televisión. ⁶²

En contraparte la Internet ha mostrado sus amplias posibilidades de establecimiento de espacios públicos alternativos en donde es posible convocar a la formación de redes de acción internacional en torno a temas concretos. Los ejemplos más importantes son, en primer lugar, la formación de las redes de apoyo internacional al movimiento zapatista (la “primera insurrección contra la mundialización liberal”),⁶³ que logra la articulación ciudadana de lo local y lo global en torno a temas comunes relacionados con la libertad y la justicia, y con una nueva forma de lucha, la guerra de contra información en la red (netwar).

Otro ejemplo es la formación de la Asociación para la Tasación de las Transacciones financieras para la Ayuda al Ciudadano (Attac), o movimiento por la aplicación de la llamada “tasa Tobin”, un muy serio intento ciudadano para avanzar en el logro de límites normativos a la acción incontrolada de los fondos financieros globales, y que ha mostrado su capacidad de convocatoria en las protestas masivas desarrollada en los distintos foros gubernamentales y financieros internacionales. En enero de 2001 y junto con el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, la ATTAC convocó a la realización del I Foro Social Mundial (FSM) en Porto Alegre, que desde entonces y hasta la fecha, se ha reunido anualmente en diferentes sedes del mundo (el IX FSM se realizó en enero de 2009 en Belem, Brasil).

Los nuevos espacios públicos en gestación se desarrollan a través de la integración, en distintos niveles de escala –local, nacional, internacional-, de temas que articulan a una nueva configuración ciudadana capaz de construir amplias coaliciones que transitan por nuevas vías en las cuales la república está, para decirlo con Bauman,⁶⁴ “emigrando” del estado que durante unos cuantos siglos compartió con la nación. Tras haber perdido gran parte de su anterior soberanía, y al no ser capaces de equilibrar las cuentas o de conferir autoridad al tipo de orden social que prefieren, los estados contemporáneos no satisfacen la condición necesaria de una república viable: la capacidad de los ciudadanos de negociar y decidir conjuntamente “el bien público”, y de modelar una sociedad que estén dispuestos a reconocer como propia. ⁶⁵

Sin embargo esta última afirmación, válida sobre todo para el mundo “occidental”, es cuestionada por la emergencia de un fenómeno completamente novedoso y dinámico: los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana llegados al poder en elecciones competitivas y razonablemente limpias en tránsitos suaves, graduales, más consensuados, como en Brasil, Chile y Uruguay, o como resultado de las grandes protestas sociales que conmocionaron las calles de Quito, La Paz, Caracas y Buenos Aires. Y son gobiernos de izquierda porque, independientemente de las características nacionales de cada uno de ellos, ponen en el centro de las políticas estatales el problema de la desigualdad y la pobreza, asumiendo como compromiso el mantenimiento de mínimos de bienestar a través del gasto social, del fomento a la producción y el desarrollo de los mercados nacionales, programas de transferencia de renta, incentivos salariales, subsidios y créditos.

Esto parece ser el fin del ciclo de políticas neoliberales que se extendió en América del Sur desde finales de los años setenta a fines de los noventa, y si bien los gobiernos de la izquierda latinoamericana han podido estabilizar la economía y consolidarse políticamente, se enfrentan a graves dificultades y problemas en medio de una escalada en la polarización política entre una oposición de derecha cada vez más beligerante y dispuesta a llegar, como en el pasado reciente, a situaciones extremas, y los movimientos sociales que han depositado sus expectativas en los nuevos gobiernos de izquierda, y que no están en condiciones de posponer más la solución de sus demandas cruciales.⁶⁶